Rosa Rojas
La Jornada
Denuncian impactos negativos en lo social, ambiental y cultural en 510 megaproyectos. Informarán a la CIDH la pretensión india de restructurar la Iniciativa para la Integración Regional.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que agrupa a pueblos originarios de Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile y Argentina, exigirá el próximo lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la restructuración estratégica de la Iniciativa para la Integración Regional Sudamericana (IIRSA) “bajo vigilancia indígena local, nacional y regional en el contexto de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur)”.
Esto, debido a que los 510 megaproyectos –con financiamiento de 70 mil millones de dólares– que incluye para los 12 países sudamericanos, están teniendo impactos negativos sociales, ambientales y culturales en sus comunidades y se ejecutan violando los derechos de los pueblos, comunidades y personas indígenas a la consulta previa para el consentimiento a decidir y controlar las prioridades de su desarrollo.
La IIRSA nació en agosto de 2000 por acuerdo de la reunión de presidentes de los países sudamericanos. Su objetivo central es conectar la infraestructura sudamericana para facilitar la extracción de los bienes naturales.
Una delegación de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), encabezada por su coordinador Miguel Palacín Quispe, participará en Washington en una audiencia ante la CIDH, en la que presentará el documento “¿Integrando negocios y desintegrando pueblos? Por la reestructuración estratégica de la IIRSA”, en el que propone, para realizar dicha vigilancia, la creación de un Consejo Consultivo de Pueblos Originarios.
Estaría integrado por representantes de los pueblos indígenas originarios campesinos ribereños, mestizos y afroamericanos de los países sudamericanos involucrados en la IIRSA y la Unasur al mismo tiempo, ya que “fue en el seno de la Unasur y en sus marcos que se dio origen a la IIRSA y contó y sigue contando con el respaldo político del más alto nivel”.
La citada restructuración estratégica de la IIRSA deberá darse “sobre la base de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas sobre cada uno de los megaproyectos de esta iniciativa. En tanto se realice dicha consulta, la ejecución de los megaproyectos debe ser suspendida”, afirma la CAOI.
Subraya además que la conducción de esta iniciativa no debe estar en manos de las instituciones financieras –Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata y el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil– sino de la Unasur, de acuerdo con sus postulados declarados de respeto al medio ambiente y la pluriculturalidad de sus naciones integrantes.
En el citado documento, al que tuvo acceso La Jornada, la CAOI define a la IIRSA como “una megapolítica-estrategia-programa de profunda restructuración de Sudamérica en los negocios globales bajo el comando del capital trasnacional instalado en Brasil”.
Entre los megaproyectos incluidos en la IIRSA están la construcción de carreteras, hidrovías, hidroeléctricas, transmisión de energía eléctrica, oleoductos, gasoductos, comunicación digital y otras modalidades de “integración” en torno de 12 ejes que conectan las regiones vinculadas con los océanos Atlántico y Pacífico, “orientados a satisfacer las necesidades de la gran inversión localizada en las áreas de los proyectos, donde predominan los intereses del gran capital brasileño asociado al capital internacional”.
Señala la CAOI que “Sudamérica está repleta de más de mil pueblos y comunidades y 30 millones de indígenas que requieren saber adónde nos están llevando nueve años de la IIRSA, que incluye más de 510 megaproyectos y financiación por más de 70 mil millones (de dólares), aportados principalmente por la deuda externa de los ciudadanos de 12 países sudamericanos, entre ellos los pueblos indígenas y comunidades”, que se generará ante las mencionadas instituciones financieras.
Critica que la iniciativa tiene un sesgo “economicista”, que no incorpora las visiones del llamado “desarrollo local”, mediano o pequeño capital, y mucho menos de los pueblos y comunidades indígenas, sino que su exigencia de alta rentabilidad para la financiación de los megaproyectos “supone priorizar los grandes negocios en su mayor parte relacionados con el mercado de minerales, hidrocarburos, soya, madera, agronegocios, agrocombustible, agua. Es decir, de mercantilización de la vida en general”.
Esa visión, agrega, se traduce en 11 ejes de priorización de inversiones que están reordenando y reconfigurando Sudamérica, sus mercados internos, expansión de ciudades y sectores económicos, “así como también las áreas de expansión de la depredación de biodiversidad, invasión y colonización territorial, desplazamiento poblacional y choques culturales”.
Detalla que los proyectos específicos “son concertados entre la tecnocracia de las entidades financieras, los constructores y autoridades nacionales”. Dado el carácter binacional o trinacional de los mismos, los arreglos son a escala internacional. Aunque las obras e impactos ocurran a nivel comunal, local, provincial, estas instancias no son tomadas en cuenta, sino que “simplemente son receptores de la información de los planes diseñados” y, a lo más, se permiten espacios para observaciones secundarias “pero que en ningún caso impliquen una restructuración de aspectos centrales del proyecto ya decididos por la mencionada tecnocracia internacional”.
Asimismo, afirma que las finanzas y las decisiones son globales, pero todo lo demás se posterga a lo nacional. “IIRSA organiza un gigantesco fondo de financiamiento global que invade Sudamérica, pero los impactos socioambientales que genera, los ‘separa’ y los traslada a las coordinaciones nacionales, que como se ha visto en Perú, hacen muchos talleres supuestamente ‘participativos’ pero sin presencia de las comunidades y sus organizaciones de los pueblos originarios”.
Fuente: Rebelión
