Galuccio no revela su patrimonio

 

Tras un pedido de la Oficina Anticorrupción, el entrerriano titular de YPF se resiste a dar a conocer su patrimonio. Argumenta que la ley no lo obliga.

“Es muy selectivo el conocimiento público y el acceso que se tiene a las declaraciones juradas.” Esta frase de la Presidenta en la apertura de sesiones del Congreso fue dirigida al Poder Judicial, pero le calzaría perfecto a uno de los hombres más importantes de su gestión. Miguel Galuccio, titular de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), no cumple con la Ley de Etica Pública, porque hace nueve meses que ocupa el cargo y aún no presentó ninguna declaración patrimonial, informa en su edición de este domingo el diario Perfil, en una nota firmada por Leonardo Nicosia.

La Oficina Anticorrupción (OA), que depende del Ministerio de Justicia, le exigió que declare el listado completo de sus propiedades, tal como deben hacerlo todos los funcionarios con su rango. Sin embargo, Galuccio le respondió al órgano de control que no lo hará, porque sostiene que la obligación no se aplica a YPF y porque, como sociedad anónima, ya “ha brindado la información sobre su patrimonio personal requerida por las normas de la Comisión Nacional de Valores”.

Este ingeniero de 44 años es uno de los más ricos de la administración nacional. En los últimos diez años amasó una fortuna en el extranjero y trabajó para petroleras privadas como la inglesa Schlumberger.

La Ley de Etica abarca a los directivos de empresas públicas. Al artículo quinto, inciso “m”, nadie le podría echar más agua: establece como obligados a presentar declaración a los “empleados con categoría o función no inferior a la de director o equivalente” que presten servicios en “las empresas del Estado”, “las sociedades del Estado”, “las sociedades de economía mixta” y en “las sociedades anónimas con participación estatal”.

Esa última categoría incluye al joven ingeniero. El 3 de mayo del año pasado, el Congreso convirtió a YPF en una firma con porcentaje estatal del 51 por ciento. Y cuatro días más tarde, la Presidenta firmó el decreto presidencial 676, que designó a Galuccio “gerente general de YPF Sociedad Anónima”.

Negativa. La OA mantuvo un debate interno sobre si Galuccio debía informar sus bienes y la conclusión de los expertos fue que –en efecto– está obligado a hacerlo. Por ese motivo, la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Economía le envió una intimación por escrito.

Sin embargo, el funcionario respondió que no presentará declaraciones juradas. Este diario consultó a sus voceros los motivos de la curiosa negativa: aseguran que el artículo 15 de la Ley 26.741 excluye a YPF “de todas las normas referidas al control, la gestión y administración de las sociedades en las que el Estado nacional tiene participación”.

Además, argumentan que ya está controlado por “la CNV de nuestro país y la SEC de Estados Unidos”. Incluso afirman que la intimación, “un error administrativo”, fue suspendida. El titular de la OA, Julio Vitobello, no respondió a los llamados del diario Perfil.

“Las excusas de Galuccio no son válidas, lo que está fuera de control es YPF pero no las personas que trabajan allí”, asegura Ezequiel Nino, abogado y codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

“En realidad, todos tienen que presentar la declaración jurada, creo que esto es necesario e imprescindible”, exigió la Presidenta el viernes pasado. ¿Le hará caso Galuccio?

El Entre Rios

 

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