Santiago Medina frunce el ceño cuando recuerda la crisis económica de la época del default de deuda soberana de 2001, cuando se quedó sin trabajo y participó en las protestas callejeras.
Esos fueron tiempos difíciles, dice Medina, que vende diarios en un pequeño kiosco junto a una avenida abarrotada de tráfico de Buenos Aires. No entiendo como el Gobierno quiere arriesgarse otra vez al default. Es irresponsable: la gente va a sufrir.
A pesar de esos recuerdos dolorosos, los argentinos están preparados para un nuevo default el próximo miércoles. El tercero en apenas 30 años. El disparador sería el incumplimiento de un pago de intereses por u$s 539 millones luego de que aparentemente no se avanzara con negociaciones en mediación entre el Gobierno y un grupo de acreedores holdout.
La creciente posibilidad de caer en default comenzó a hacer que las cabezas se concentren en lo que vendrá después. La mayoría de los economistas supone que una recesión en el país se profundizaría, que la inflación subirá y que habrá fuga de capitales, lo cual posiblemente desencadene una segunda devaluación del peso este año.
Sin embargo, algunos creen que las consecuencias de un default serían tan funestas como hace 13 años, cuando el desempleo alcanzó casi el 25% y obligó a decenas de miles de argentinos a salir a las calles a escarbar en la basura en busca de cartón para vender a plantas de reciclado.
La economía no está atravesando una crisis tan profunda como en 2001, cuando Argentina había sufrido una recesión de cuatro años antes de caer en default. La envergadura de la deuda condonada también sería menor: un máximo de u$s 30.000 millones en comparación con los u$s 80.000 millones de 2001.
Además, un default es poco probable que tenga consecuencias en todos los mercados emergentes. A diferencia de 2001, la deuda argentina ahora está en manos de un grupo de inversores más pequeño, tales como fondos de cobertura, que están acostumbrados a fluctuaciones marcadas de precios y gran volatilidad.
Simplemente no hay temor de contagio a gran escala. La mayoría de los inversores saben que Argentina es única y que esta situación no es indicio de lo que está ocurriendo en el resto de la región, sostiene Siobhan Morden, director de estrategia latinoamericana del banco de inversión Jefferies.
Para Argentina, el impacto inmediato de un default se sentiría en el mercado: los inversores en canjes de default de crédito exigirían el pago y las calificadoras de riesgo bajarían la nota de los bonos argentinos. Luego de las grandes pérdidas de la semana pasada, ocasionadas por crecientes dudas de que se alcanzaría un acuerdo, los precios de esos papeles podrían caer aún más.
Arturo Porzecanski, director del Programa de Relaciones Económicas Internacionales de la American University de Washington, dice que una posible consecuencia del default es que puede cerrar mercados de crédito o aumentar los costos de los préstamos para bancos, agencias del gobierno, provincias y municipalidades, e YPF, el grupo petrolero estatal que está desarrollando las vastas reservas argentinas de shale.
Es posible que esas entidades gubernamentales y otros actores del gobierno no central no puedan acceder a mercados internacionales para recaudar fondos. En lugar de refinanciar sus deudas, tendrán que abonarlas y sencillamente gastar menos, afirma Porzecanski. En última instancia, esto es un revés para la inversión, dice.
Un default vendría como anillo al dedo a los abogados. Los juicios realmente van a empezar a llover, sostiene Tim Samples, profesor de estudios jurídicos de la Universidad de Georgia. En términos legales, esto podría ponerse muy feo. Hay demasiadas vías de responsabilidad posibles.
Los analistas creen que un default permitiría a los acreedores acelerar sus bonos exigiendo reembolso completo e inmediato. Las cláusulas de default cruzado de la totalidad de los u$s 30.000 millones de bonos extranjeros de Argentina podrían desencadenar un default de deuda automático no sujeto a las leyes de Estados Unidos y, la sentencia, ratificada en junio por la Corte Suprema de EE.UU, por la que Argentina debe pagarles a los acreedores holdout la totalidad de la deuda al mismo tiempo que a los acreedores que aceptaron reestructuraciones de deuda después del default de 2001.
