Cristina volvió a negociar con los gobernadores petroleros y quiere un acuerdo para el viernes

La presidenta se reúne con Sapag y Buzzi. Aceptaría que participen empresas provinciales a cambio de un pacto fiscal.

Cristina Kirchner desistió de imponer la ley de hidrocarburos sin la venia de los gobernadores petroleros, a quienes recibirá estos días para avanzar en un marco de acuerdo con el objetivo de anunciar el viernes al menos el trazo grueso del mismo.
El primer paso lo dará mañana, cuando se reúna nada menos que con Jorge Sapag, el gobernador de Neuquén y principal detractor de los dos borradores que escribió el CEO de YPF Miguel Galuccio. Por problemas en la retina, debió viajar en auto.
También se sumará a la reunión de mañana el chubutense Martín Buzzi, que acaba de ser denunciado penalmente por la AFIP por orden directa de Cristina, que intentó así obligarlo a ceder en esta pelea.
Y el viernes se sumaría el mendocino Francisco “Paco” Pérez (Mendoza), para intentar ese día presentar al menos un avance en el trazo grueso de un posible acuerdo.
El otro mandatario que se había plantado en rebeldía es el rionegrino Alberto Weretilneck, reciente incorporación del massismo, quien el fin de semana dio un gesto de acercamiento: Confirmó que sus dos diputados seguirán en el bloque del Frente para la Victoria y votarán el canje de deuda que impulsa Cristina.
Qué se negocia
Según pudo saber LPO, para retomar la negociación Cristina aceptó que las provincias conserven sus empresas provinciales, que suelen asociar a los inversores bajo el sistema llamado carry, cuestionado públicamente por Galuccio.
“Galuccio quería que las licitaciones sólo se adjudicaran por el monto de inversión y no por el valor del recurso. La licitación la seguirá haciendo y manejando la provincia”, aseguran cerca del gobernador neuquino.
“Eso es inconcebible, porque el recurso es nuestro. Debe entender que a las empresas les gusta hacer acarreo porque encuentran de ese modo un compromiso mayor con la inversión que cuando pagan un canon de entrada. De hecho, Enarsa está produciendo gas en nuestra provincia junto a Gas y Petróleo de Neuquén (G&P)”, agregaron las fuentes consultadas por LPO.
El Gobierno aceptaría esa tesis, pero intentaría disimular la derrota con una redacción al menos confusa que disimule el demonizado acarreo.
A cambio la Casa Rosada exigirá una suerte de pacto fiscal que defina el costo tributario de las futuras inversiones en el sector. Se fijaría un 12% de regalías y un 3% de ingresos brutos en todas las provincias, un límite que los gobernadores se negaban a aceptar.
Otro punto de discordia es el tiempo de renovación de las concesiones, que para los no convencionales es de 35 años. Galuccio estaría interesado en ampliarlo, tal vez a la espera de ofertas más apetitosas.
En el Gobierno repiten que no se tocará “la ley corta” como se llama a la norma que en 2006 a instancias de Néstor Kirchner, reglamentó la potestad de las provincias sobre los recursos hidrocarburíferos incorporados en la reforma constitucional de 1994. Los gobernadores quieren ver reflejadas esas competencias en cada uno de los artículos de la nueva ley que se negocia.
Llegar a un acuerdo permitiría a esa norma un paso más calmo por el Congreso. Como no tienen legisladores para bloquearla, los gobernadores ya planeaban un planteo de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. Cristina prefiere evitarlo.
Sapag no puede ser reelecto pero el domingo ratificó su poder: su ministro de Economía Omar Gutiérrez ganó la siempre convocante interna del Movimiento Popular Neuquino, ante el senador y líder de los petroleros Guillermo Pereyra, también crítico de los borradores de la ley de hidrocarburos que trascendieron.
De inmediato trazó una tregua con el Gobierno: ordenó a sus legisladores evitar cruces con la Nación. Recibió el mismo trato: el kirchnerismo neuquino había planeado una marcha por la ley de hidrocarburos. No la hicieron.
LPO