EJES N°14 – El fracking en debate

En este número de EJES hicimos foco en la provincia de Mendoza, donde la Legislatura discute un proyecto de prohibición del fracking presentado por asambleas que buscan defender el agua. El mismo objetivo persiguen las organizaciones uruguayas que no confían en la integridad de los pozos exploratorios ya realizados y en cuyo subsuelo se extiende el acuífero Guaraní. Señalamos cómo las empresas internacionales tienen injerencia en la toma de decisiones de las políticas públicas del sector energético que hoy apuestan por el desarrollo del gas. También analizamos la desregulación de los precios de los combustibles y el aumento de las importaciones. En relación a las corporaciones del sector, Pan American Energy y Axion Energy anunciaron su fusión y todos los caminos conducen a los paraísos fiscales.

— Boletín EJES Nº 14 – Octubre 2017 —

En Argentina y la región se registra un derrotero político de creciente violencia. Especialmente sobre aquellos y aquellas que obstruyan el camino del mercado. América Latina ya cuenta con la mayor cantidad de asesinatos en conflictos socioambientales a nivel global, donde proyectos de minería e hidrocarburos son la principal causa.

Hasta dónde llega el Estado de derecho y sus garantías para la población es una pregunta abierta. Hasta dónde el conflicto social será criminalizado, también. En este sentido, la agenda que empujan las empresas sobre Vaca Muerta ha ido virando a medida que obtuvo victorias (subsidios, marco regulatorio y la flexibilización laboral). Si bien cada punto debe actualizarse a medida que las compañías lo necesiten, es ahora donde la infraestructura y los conflictos sociales aparecen como los próximos temas a discutir, tal como señaló hace unos días en Neuquén, el CEO de Shell Argentina Teófilo Lacroze. En ambos casos el sector corporativo no confía exclusivamente en las capacidades estatales.

En cuanto a la infraestructura, la propuesta más clara son los acuerdos público-privados, herramienta que permite una gestión mixta de los activos. Tal instrumento es promovido fuertemente por el ministerio de Finanzas y forma parte de la agenda que discutirá el G20 el año próximo. En relación al  conflicto social (o “bloqueos” como lo denominó Lacroze), la estrategia es más difusa por los altos costos políticos que implica. El desalojo reciente de la comunidad mapuche Fvta Xayen y la reapertura de causas contra Campo Maripe en Neuquén pone en el ojo de la tormenta a las comunidades mapuche. Por lo pronto, la campaña mediática anti-mapuche está creciendo también en Neuquén, foco que ya había priorizado el mismo ministerio de Seguridad a fines del año pasado. Sin brindar cobertura previa, el portal corporativo iProfesional publicó cinco notas (1, 2, 3, 4, 5) en poco más de dos meses y el programa de Jorge Lanata hizo lo suyo en agosto. Una nota en Perfil cuantificó en US$ 60 millones el “costo mapuche”. Las organizaciones mapuche aparecen como preocupantes amenazas para el desarrollo de Vaca Muerta porque según el discurso mediático atentan de forma “cuasi mafiosa” con sus “intereses empresarios”.

Pero no todo se resuelve de forma tan sencilla sino que es producto de los conflictos y la lucha: Argentina tendrá que responder ante la ONU por las implicancias climáticas y de derechos humanos del Megaproyecto Vaca Muerta. Si bien sabemos que el gobierno de Mauricio Macri no es propenso a respetar el marco jurídico internacional de derechos humanos, también sabemos que necesitaremos todas las instancias de protección a nivel nacional e internacional.

Bienvenidos sus comentarios y sugerencias.

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