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Bolivia: exploración petrolera en la Amazonía

En el año 2012 el gobierno boliviano promulgó  un decreto mediante el cual le dio continuidad a otra de las fases de ampliación de la frontera petrolera y estableció 98 áreas destinadas a ser reservadas a YPFB.    Varias de estas áreas reservadas han resultado en contratos de exploración/explotación por parte de empresas transnacionales, como los casos de Azero (Total E&P – Gazprom) o Huacareta (BG Bolivia, ahora Shell)1 . Una de las áreas reservadas para la exploración/ explotación hidrocarburífera es Nueva Esperanza, al norte paceño, que incluye el Parque Nacional Madidi y zonas con presencia de varios pueblos indígenas como los Tacanas o los Araonas2 en la amazonia boliviana.

En Octubre del año 2015 se reeditó el proceso ampliatorio de áreas reservadas para YPFB a una superficie inédita de 29.966.894 Ha. que incluyen los contratos petroleros homologados de la época neoliberal y las nuevas áreas reservadas a favor de YPFB3 . Muchas de las nuevas áreas se ubicaron en la amazonia.

El Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) realizó el informe “Exploración petrolera, en la Amazonía, reporta la presencia de indígenas no contactados o en aislamiento voluntario”, en el que concluye que “Las últimas evidencias y acontecimientos respecto a la presencia de pueblos indígenas aislados o no contactados en el bloque Nueva Esperanza, demuestra que no existen los mecanismos necesarios ni la voluntad política para garantizar la protección de un pueblo que se encuentra en total estado de indefensión ante un proyecto que puede tornarse aún más agresivo e irrumpir con mayor grado de peligro a la vida de estos indígenas. Situación que convierte en urgente la necesidad de recoger el aprendizaje de países vecinos para evitar un posible etnocidio”. 

Descargar “Exploración petrolera, en la Amazonía, reporta la presencia de indígenas no contactados o en aislamiento voluntario”

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Notas relacionadas:

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Indígenas tacanas alertan sobre “pueblos no contactados” y piden frenar tareas de exploración sísmica


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Un área protegida amenazada por Blaquier y Petro Ap

Entrevistamos a Moisés “El Negro” Corregidor, trabajador del Parque Nacional Calilegua.

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Miguel López

La actual área protegida llamada Parque Nacional Calilegua fue cedida por la empresa Ledesma S.A.A.I. y se fundó el 19 de Julio del año 1979, en medio de un contexto de dictadura militar, genocidio y apagones del terror, al parecer como un modo de limpiar culpas, dotarse de una imagen conservacionista ante la opinión pública; pero sobre todo, para que la Administración de Parques Nacionales proteja los arroyos y ríos de los que hace usufructo el monopolio agro industrial propiedad de la familia Blaquier-Arrieta. Sobre las contradicciones que tiene dicha institución a 37 años de su fundación, nos habla Moisés “El Negro” Corregidor, trabajador del Parque Nacional Calilegua.

Objetivos contrapuestos: Conservación vs. Capitalismo

“Tenemos varias amenazas dentro del área protegida, ya que es un vasto territorio de más de 76 mil hectáreas las que gestiona la Administración de Parques Nacionales en el territorio de Ledesma. Y esto es todo un desafío, porque hay un emprendimiento agroindustrial, por todos conocidos en la zona del departamento Ledesma, que trabaja en la producción básicamente de monocultivos, ocupando las tierras del pedemonte de las yungas, que es un área de mucha biodiversidad y de lo más sensible porque en el país queda menos del 10% de este tipo de ambiente. Los emprendimientos privados explotan el piso de yungas, porque es un territorio productivo el valle de San Francisco, y además porque se encuentra atravesado por varios cursos de agua dulce, arroyo y ríos, como el San Lorenzo, Ledesma y San Francisco. Lo que convierte a esta tierra en una zona rica, por eso este emprendimiento agro industrial lo usufructúa desde hace más de 100 años. Entonces aquí, podemos ver dos objetivos contrapuestos, por un lado la conservación, de la que se encarga la Administración Nacional de Parques, y por otro lado producción capitalista, de Ledesma S.A.A.I., que arrasa con el corredor de yungas. Sin embargo, ya son 37 años que la institución estatal esta en el medio, con un cuerpo de trabajadores en todas sus aéreas que ha demostrado compromiso con la tarea de la conservación”.

Otras amenazas: furtivismo maderero y contaminación petrolera

“Pero he aquí que sufrimos amenazas de distinta índole, el furtivismo maderero, donde tenemos zona de presión hacia el norte, hacia Caimancito, donde hay una cantidad importante de aserraderos y madereras, y toda una comunidad aledaña al parque que se dedica a esta labor. Hay antecedentes de denuncias a empresarios que se dedican a la tala indiscriminada de árboles en lugares donde es ilegal la tala como en el Parque Nacional Calilegua. Otra amenaza son los emprendimientos hidrocarburiferos, puntualmente el Yacimiento Caimancito, concesionado actualmente a la empresa Petro Ap, de capitales chinos, que está en una situación muy particular porque hace mas de 40 años que se extrae petróleo en la zona, pero ahora el gobierno de la provincia y su legislatura han sacado un ley que ordena el cese de esta actividad hidrocarburifera. Pero todavía están en tratativas, ya que se sabe que han creado un órgano contralor, una Comisión Técnica Ad hoc de reparación petrolera dentro del parque, que la componen la Secretaria de Ambiente, el Ministerio de Minería y Energía de la Nación, la Administración de Parques Nacionales, todos menos los trabajadores de parques nacionales, los pobladores y los pueblos originarios. No nos quieren adentro de la misma, porque nosotros consideramos que Petro Ap debiera irse inmediatamente. Por eso presentamos un petitorio solicitando que se retire la petrolera, porque es un absurdo a la conservación que siga la explotación petrolera en el Parque Calilegua, mucho más después de esta Ley.”

Hecha la ley hecha la trampa

“Aceptar un emprendimiento de este tipo en un parque nacional es totalmente ilegal, y esto está estipulado en varias leyes y normativas nacionales, que sostienen que esta explotación no puede llevarse adelante, sin embargo la petrolera sigue aquí por orden del mismo poder ejecutivo. La ley que pregona el gobernador Morales dice que las petroleras debieran irse, pero en el terreno no hay muchos avances. Lo que si hay es reuniones institucionales de diagnóstico y evaluación pero la petrolera sigue aquí, de hecho ha propuesto un plan de abandono de pozos a una determinada cantidad de años que están arreglando en esa Comisión Técnica Ad Hoc. En principio los capitales chinos plantearon el abandono de pozos al cabo de 10 años, luego hicieron una nueva propuesta de cese de actividad en 6 años, pero la plata para las actividades de mitigación no aparecen”. Aquí también puede verse que como dice el dicho “hecha la ley, hecha la trampa”. El gobierno “conservacionista” de Gerardo Morales impulsa una Ley, que la legislatura promulgó, pero a 8 meses de su promulgación todavía no la reglamentaron. Mientras tanto Petro Ap continúa su actividad hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua y negocia el abandono de pozos después que termine la gestión de este gobierno.

LA IZQUIERDA DIARIO


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EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental

logo ejesEJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental– lanzó el primer boletín electrónico mensual.

Esta iniciativa motorizada por Taller Ecologista (Rosario) y Observatorio Petrolero Sur, (Buenos Aires y Neuquén) pretende ser una nueva articulación de organizaciones involucradas en el debate energético y socioambiental de la Argentina.

Teniendo en cuenta las políticas y territorios implicados abordará distintas aristas del megaproyecto Vaca Muerta. El foco está puesto sobre los ángulos económico‐financieros y de justicia socioambiental para exponer las implicancias ocultas de la obstinación hidrocarburífera.

Por esta razón, el boletín contiene información vinculada a grupos afectados, análisis económicos, datos sobre degradación ambiental y deterioro democrático. Además, le dedica una sección especial al desarrollo de YPF-Chevron en Neuquén y una ventana con vínculos externos que acercan recursos, materiales y noticias relacionadas a la temática.  También aporta un pequeño resumen en inglés.

En este número 1 de julio 2016, se relatan las consecuencias sociales del aumento de los precios de los alquileres en las zonas petroleras y se presenta el “mapa del fracking”, que da cuenta del avance de los pozos sobre los suelos de producción frutícola en Río Negro. También se evalúan las transferencias de recursos de la sociedad hacia las compañías petroleras y se informa sobre la decisión de la legislatura neuquina de no restringir la perforación en “zonas sensibles”.

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Vaca Muerta


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22/06: Debate en la Legislatura Neuquina por zonas de exclusión a las petroleras

Invitados por la Comisión de Hidrocarburos de la Legislatura provincial, el Observatorio Petrolero Sur defenderá a necesidad de que se prohíba la explotación hidrocarburífera en zonas sensibles. En particular en lo referido a áreas urbanizadas, comunidades indígenas, áreas naturales protegidas, zonas de densidad productiva y las que pudieran poner en riesgo los cursos o reservorios hídricos.

En abril, la diputada Patricia Jure del PO-FIT presentó un proyecto para regular las “zonas de exclusión”. En mayo, la Comisión de Hidrocarburos del órgano legislativo le dió tratamiento. En esa oportunidad se planteó la necesidad de profundizar el debate y escuchar otras voces, en ese marco se invitó al Opsur, a la Asociación Rincón del Limay de Plottier, y al geólogo Mario Yunnis de Zapala.

La actividad se realizará el 22 de junio desde las 12 en la Legislatura. La sesiones de las comisiones son abiertas, están invitados todos aquellos interesados en el tema.

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2 al 8/06 | Proyección de Territorio Crudo en el FINCA

Territorio Crudo

La serie documental Territorio Crudo, realizada en conjunto entre el OPSur y el Colectivo Vaca Bonsai en 2015, fue seleccionada para el 3° Festival Internacional de Cine Ambiental, que se realizará en Buenos Aires entre el 1 y el 8 de junio.  Dividida en capítulos de aproximadamente 5 minutos cada uno, la serie aborda la situación de cuatro territorios de la Patagonia afectados por el fracking: El Área Natural Protegida Auca Mahuida, la Comunidad Mapuche Campo Maripe, el barrio Valentina Norte Rural de la ciudad de Neuquén y el Alto Valle de la provincia de Río Negro.

Horarios de las proyecciones
En el Espacio INCAA Cine Gaumont (Rivadavia 1635)
  • SÁBADO 4 de JUNIO, 20HS
  • DOMINGO 5 de JUNIO, 16HS (solo capítulos 1 y 2)
  • LUNES 6 de JUNIO, 13HS
  • MIÉRCOLES 8 de JUNIO, 13HS
En el Centro Cultural Rojas (Corrientes 2038)
  • VIERNES 3 de JUNIO, 19HS cc rojas
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El Festival Internacional de Cine Ambiental [FINCA] es un encuentro cinematográfico organizado por el Instituto Multimedia DerHumALC-IMD, cuya 3ra edición se llevara a cabo del 1 al 8 de junio del 2016 en más de 10 sedes de la ciudad de Buenos Aires y 4 subsedes simultáneas en la provincia.

En esta edición se resalta la urgencia de abordar el tema de la soberanía alimentaria a través de diversas actividades que contarán con la destacada presencia internacional de la activista ecofeminista y filósofa india Vandana Shiva y la documentalista francesa Marie-Monique Robin.

Ver la programación del FINCA 2016


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Eurolat define políticas internacionales sobre fracking

El 16, 17 y 18 de mayo se realiza en Lisboa una nueva reunión del Eurolat, espacio parlamentario que reúne a diputados de América Latina y Europa. En dicha reunión, se discute un informe sobre fracking, que servirá de recomendaciones para los países participantes, a la hora de habilitar o no este tipo de método de extracción de petróleo. “Lo que se busca es modificar, tener una visión más completa y holística respecto a fracking y que incorpore teorías, que recalque decisiones que se han tomado en otros países, respecto a fracking, por su nocividad”, manifestó Diego di Risio, del Observatorio Petrolero del Sur

Enredando las mañanas – RNMA    


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Calilegua: claroscuros de la remediación y persistencia de los intereses extractivistas

Trabajadores y las trabajadoras del parque y la Asamblea de Organizaciones en Defensa del Parque Nacional Calilegua se movilizaron ante la llegada a la zona de autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) con un petitorio que va desde los despidos y la contaminación petrolífera del parque hasta la continuada violación de leyes internacionales sobre consulta a los pueblos originarios.

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Por Colectivo Radio Pueblo

[Escuchar audio de la entrevista]

Enterados los trabajadores y las trabajadoras del Parque Nacional Calilegua (PNC) y la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC de la llegada a la zona de autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) se movilizaron al sitio de reunión, a la que no fueron invitados pese a su conocida lucha, para expresarles sus reclamos en varios puntos que, aún con el cambio de autoridades, siguen sin respuesta desde las administraciones anteriores y que van desde los despidos y la contaminación petrolífera del parque hasta la continuada violación de leyes internacionales sobre consulta a los pueblos originarios.

Si bien en un principio el presidente de la APN, Eugenio Brèard, no se avino a entrevistarse con los integrantes de la asamblea por “estar ocupado”, en palabras del jefe de Gabinete, Santiago Montanaro, sin embargo la permanencia de los trabajadores y la asamblea logró la entrevista buscada y el planteo de algunos de los puntos principales del petitorio por el que vienen movilizando.

Uno de los varios puntos exigidos fue respecto de la situación laboral de una compañera del Parque Nacional Calilegua, Lucía Brunetto, que aún se encuentra despedida pese a las promesas que se vienen sucediendo. Lucía era quien administraba distintos proyectos sociales vinculados al parque para las comunidades colindantes tales como infraestructura y capacitación, labor social del PNC que queda así desatendida.

Sobre este particular cabe mencionar que la respuesta del presidente de la APN fue desconocer la existencia de despedidos de Parques Nacionales, argumento que fue rebatido in situ por la propia compañera despedida pero que, para no prolongar la nota, resultó un argumento reiterativo de las autoridades frente a casi todos los items planteados: el desconocimiento de situaciones debido a su novedad en el cargo. Vale aclarar que el presidente de directorio de Parques Nacionales fue designado por el decreto 236/2016 del 25 de enero de este año, hace más de 4 meses.

Otra exigencia de los trabajadores y trabajadoras del parque y de la asamblea fue la limitada e irregular designación de la comisión ad hoc para la remediación petrolera del PNC.

Limitada en el sentido que no cuenta esta comisión con participación de la parte civil, y por supuesto ninguno de los integrantes de la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC ni de los trabajadores y trabajadoras de parques que la integran, quienes son precisamente los que han hecho conocer nacionalmente la crisis ambiental de la explotación petrolífera del parque.

En cuanto a lo irregular, pues tiene varias aristas. Por un lado varios de los pueblos originarios cuyos territorios históricos se superponen con el del PNC y que forman parte de la asamblea en defensa del mismo no fueron invitados a participar de la comisión, pese a la existencia de leyes internacionales que exigen la consulta previa, libre e informada de todos los pueblos afectados en su territorio. Por otro lado, los representantes de Parques Nacionales nombrados para la comisión, Julio Monguillot y Raúl Chiesa, no sólo no fueron elegidos bajo ningún proceso de consulta, sino que a Monguillot le fue abierto un sumario en 2013 por el entonces guardaparque del PNC y fiscalizador del yacimiento, Guillermo Nicolossi, por acciones que favorecían a las empresas petroleras a través de un proyecto de explotación que se extendía por 24 años; Chiesa, en ese momento vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, fue quien cajoneó la investigación mientras Carlos Corvalán, presidente de la APN, avalaba el proyecto extractivo; razón por la Nicolossi presentara en 2014 una denuncia administrativa ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas frente a las actuaciones de Chiesa y Corvalán. En febrero de 2016 la denuncia ante la citada fiscalía fue ampliada por Néstor Sucunza, Intendente del PNC.

Se llega de esta manera al absurdo actual donde los denunciantes del extractivismo vulnerante del PNC quedan como meros espectadores de un necesario proceso de remediación del parque nacional y donde los representantes de la APN en la comisión ad hoc que debe decidir y fiscalizar las acciones de saneamiento del PNC son nada más ni nada menos que los trabajadores de parques sospechados o denunciados por favorecer a las petroleras, cuyas secuelas ambientales son ahora los responsables (un eufemismo) de resolver.

Los claroscuros no paran allí, pues Chiesa y Monguillot fueron nominados a la comisión ad hoc por la funcionaria del área conservación de la APN, quien luego de nominarlos renunció a su puesto, quedando hasta ahora dos personas sospechadas nominadas por la anterior funcionaria y el área virtualmente desierta para nuevas actuaciones.

Las consecuencias de tal situación son insospechadas, pues así las cosas quedan algunas preguntas clave sin responder. En una entrevista a Moisés Corregidor, trabajador del PNC y miembro de la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC, algunos de los alcances del gris pueden auscultarse: “como dato para la opinión pública, sellar uno de estos 32 pozos (petroleros abiertos en el Parque Nacional Calilegua) significa un gasto que ronda los 30 millones de pesos, millones más millones menos, y sellar el pozo 3, que ellos piensan como primera medida, es más caro, aproximadamente 5 veces lo que significan los otros pozos, o sea 150 millones de pesos para ese pozo que está colapsado”. Al preguntarle quien pagaría ese costo, la respuesta fue concisa y clara “es lo que no sabemos”. Acaso ese punto oscuro acabe arrojando en realidad más luz a los hechos.

La Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC exigió al presidente de la APN, quien alegó desconocer a fondo la situación, la impugnación de los designados a la comisión ad hoc y consecuentemente la designación de nuevos representantes a dicha comisión, donde también se debe tener en cuenta la participación de la parte civil, y en particular el respeto a las leyes internacionales que exigen la consulta previa, libre e informada de todos los pueblos originarios afectados.

Para finalizar al menos en los puntos centrales del petitorio, y rizando el rizo de esta nota, los trabajadores del PNC expresaron su apoyo a los trabajadores del Parque Nacional los Glaciares, que vienen denunciando violencia laboral consistentes en maltratos y amenazas de despidos en ese parque. El denunciado por ello es el actual intendente del Parque Nacional los Glaciares, anterior presidente de la APN y ya citado más arriba en esta mismo texto: Carlos Corvalán.

Red Eco Alternativo


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Calilegua: trabajadores exigen integrar la comisión por actividad petrolera en el PNC

Calilegua

Los trabajadores del Parque Nacional Calilegua, junto con organizaciones sociales e indígenas, cuestionaron la Comisión Ad Hoc, que tiene como objetivo detener la explotación petrolera ilegal al interior del parque. Las organizaciones exigieron que sean integrados a la Comisión los trabajadores del Parque, así como también representantes de los pueblos originarios, de los vecinos y  de los trabajadores petroleros. Al mismo tiempo impugnaron a dos miembros de la comisión por “haber faltado a sus deberes de funcionarios públicos que intentaron durante la gestión anterior garantizar la entrega”.

Ver el Comunicado de la Asamblea de Organizaciones en defensa del Parque Nacional Calilegua

Ver también:

Organizaciones en Defensa del PN Calilegua se pronuncian por ley de cese a explotación

Parque Nacional Calilegua: ¿La ley 5889 es suficiente?


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Serie documental sonora: Territorio Crudo

Recorrimos el norte de la Patagonia y los conflictos producidos por el avance de los hidrocarburos no convencionales, a través de los sonidos. Por medio de entrevistas y un panorama sonoro retratamos la realidad de cuatro territorios afectados por el fracking.

Territorio 1: Área Natural Fracturada, Auca Mahuida
Auca Mahuida

Auca Mahuida es un Área Natural Protegida del norte de la provincia de Neuquén. Sin embargo, en su interior hay cerca de 70 pozos petroleros que la afectan directamente y contravienen el objetivo mismo de su creación: conservar a perpetuidad su valiosa flora y fauna patagónica. Estos riesgos se redoblaron en 2013 cuando la francesa Total realizó el primer pozo de fracking, que se convirtió en el primer antecedente de un área natural fracturada en el mundo.

 
Territorio 2: Fuelmapu, Comunidad Mapuche Campo Maripe

campo maripe

Cuando en 2013 YPF y Chevron comunicaron el inicio del proyecto conjunto en Vaca Muerta, omitieron información crucial. Entre otras precisiones nada dijeron en torno a que el área del acuerdo se emplaza directamente en el territorio de un Lof [comunidad] mapuche, llamado Campo Maripe, que desmostró estar asentado hace casi 100 años en esa región de  Puel Mapu [territorio mapuche al este de la cordillera]. Desde entonces, las y los comuneros -en un principio tratados como “criollos” y hoy reconocidos legalmente como mapuche por la provincia del Neuquén luego de una larga lucha- emprenden acciones en pos de la defensa de sus derechos colectivos. Esta es su historia de conflictiva vecindad en medio del Fuelmapu, el territorio empetrolado.

Territorio 3: Mi Vecino Pluspetrol, Valentina Norte Rural
valentina norte En Valentina Norte, el barrio más al oeste de la ciudad de Neuquén, hay poco Estado y mucha empresa. La escuela, los tráileres sanitarios, los eventos sociales, la red de agua, el tendido eléctrico fueron y son financiados por los programas de responsabilidad social empresarial de Pluspetrol. Un barrio público de gestión privada. Un barrio que produce gas y no tiene gas. Ante esta situación los vecinos se organizan para mejorar su calidad de vida. ¿Cómo se “convive” medianera de por medio con un pozo? ¿Cuáles pueden ser los impactos de esta “convivencia”? Las respuestas, que debería dar el Estado, las da, como casi todo, el vecino, Pluspetrol.
Territorio 4: Fruta Amarga, Allen
  allen

La producción de fruta de pepita, centenaria actividad en la zona, está hoy bajo amenaza. Luego de ser librada al azar del mercado, una nueva actividad, más rentable para la provincia de Río Negro, comienza a ganar terreno en el Valle. Es la explotación de gas de formaciones de arenas compactas, que requieren de fracking para su extracción. A partir de una fuerte promoción estatal, mes a mes, las torres van ganando terreno a las chacras, alquiladas por productores económicamente hundidos. Los vecinos han realizado una serie de movilizaciones para evitar los riesgos de esta imposible “convivencia”. Intentan también que la zona más importante de producción de peras y manzanas del país no termine dando una fruta amarga

 


Auca Mahuida

Documental Sonoro: Área Natural Fracturada

Capítulo 1 de 4 del documental sonoro “Territorio crudo”, sobre los conflictos producidos por el avance petrolero en el norte de la Patagonia.

Auca Mahuida

Capítulo 1 – “Área Natural Fracturada”: Auca Mahuida es un Área Natural Protegida del norte de la provincia de Neuquén. Sin embargo, en su interior hay cerca de 70 pozos petroleros que la afectan directamente y contravienen el objetivo mismo de su creación: conservar a perpetuidad su valiosa flora y fauna patagónica. Estos riesgos se redoblaron en 2013 cuando la francesa Total realizó el primer pozo de fracking, que se convirtió en el primer antecedente de un área natural fracturada en el mundo.

“Soy Auca Mahuida. Setenta pozos. Setenta heridas”

 

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Ver también

Fuelmapu

Mi Vecino Pluspetrol

Fruta Amarga