Tag Archives: Áreas protegidas

Total1

Viejas noticias para nuevos negocios

Total y Shell avanzan con sus proyectos de no convencionales en la cuenca neuquina. Tras serios cuestionamientos por parte de las organizaciones sociales, trabajadores de áreas naturales protegidas y campesinos superficiarios, las empresas pusieron en papel sus pilotos e inversiones. A dos años del acuerdo YPF-Chevron.

Por OPSur-

Tras la escasez de anuncios de nuevas inversiones y en medio de una grave crisis del sector producto de la baja del precio del petróleo, el gobierno provincial dictó en papel lo que en los hechos era una realidad, aprobó concesiones no convencionales a 35 años a la angloholandesa Shell de dos bloques –Cruz de Lorena y Sierras Blancas- sobre la meseta del chañar, zona productora de vid, ganado y frutales.

En distintos trabajos hemos podido mostrar a fondo las situaciones de ambas áreas vecinas a Loma Campana, en donde hoy se concentra la actividad no convencional. Algunos valieron de la atención de medios internacionales que hicieron informes sobre el tema y hacemos especial énfasis en “Fracturando Límites”, informe realizado con Amigos de la Tierra (Francia, Europa y Holanda) junto a un mapa de Vaca Muerta de Iconoclasistas.

fracturando-los-límitesA continuación compartimos distintos trabajos que desnudan, desde avances sin consulta sobre los territorios, impactos, malas prácticas y estudios de impacto ambiental con errores e imprecisiones.

Total y un desarrollo no convencional en áreas naturales protegidas

Esta semana se conoció la conexión de tres pozos de no convencionales horizontales en el área neuquina Aguada Pichana, cercana al área protegida Auca Mahuida. La empresa francesa viene siendo fuertemente cuestionada por la Multisectorial contra la Hidrofractura y los trabajadores Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Neuquén, desde donde se impulsa la campaña Auca Mahuida Libre de Petróleo frente a la expansión de la frontera, la persecución a aquellos que deben ejercer el poder de policía ambiental y la aplicación de un doble estándar (el Estado francés prohibió el fracking en su territorio fruto de las movilizaciones en 2011).

Total1En 2014, durante la asamblea de accionistas de la compañía en Paris, Francia, Carolina García, ingeniera ambiental que trabaja en Áreas Protegidas, alertó sobre las nuevas perforaciones en Auca Mahuida. Al mismo tiempo, denunció la demanda administrativa, iniciada por Total, que pesaba sobre ella y sus compañeros por rechazar el otorgamiento de licencia ambiental a un pozo no convencional en el área protegida. Como fue rubricado en el expediente, las numerosas irregularidades incluían hasta mención a especies inexistentes en la región. En ese momento, el CEO, Christophe de Margerie, se comprometió a ver de cerca el asunto pero no fue hasta varios meses después que se celebró una reunión con de la Multisectorial contra la Hidrofractura en el Obispado de Neuquén. Con una demanda clara por parte de las organizaciones sociales, que la única opción que tiene Total es retirarse de Auca Mahuida, la compañía se comprometió a no fracturar en el Área en 2016.

Compartimos varios informes más detallados sobre el tema:

A dos años del acuerdo YPF-Chevron

El acuerdo buscó crear condiciones de posibilidad para el desarrollo masivo de no convencionales en la Cuenca Neuquina, único en etapa de explotación hasta el momento. Varios de los puntos problemáticos que allí se plasmaron fueron línea de continuidad en los acuerdos y reformas que siguieron. En primer lugar, el régimen promocional que obtuvo el proyecto (decreto nacional 929/13, incluyó remisión parcial de utilidades e hidrocarburos libre de impuestos, contrato por 35 años si bien la legislación contemplaba 25, entre otros temas). En segundo, la lucha sostenida por YPF para no publicar el contrato firmado. A pesar de esto, el acuerdo con Neuquén mostró fuertes pérdidas de soberanía donde destacó el traslado de arbitraje a la Cámara de Comercio Internacional, si bien ese mecanismo está contemplado en la ley de hidrocarburos neuquina en instancias provinciales. Finalmente, la garantía prestada al capital concentrado por las fuerzas del orden al reprimir abierta y salvajemente por 8 horas frente a la Legislatura, no conducir la consulta obligatoria a la comunidad mapuche Campo Maripe y, por si fuera poco, prender fuego sus casas.

Estos tres movimientos, como decíamos y veíamos más arriba con Total y Shell, se repiten, a otras escalas, en cada concesión. El decreto 929/13 fue incorporado y ampliado en la reforma de la ley de hidrocarburos impulsada a fines del año pasado. Iniciados por el OPSur y amparados en la garantía de información pública, diversos pedidos de acceso a los contratos que goza la alemana Wintershall, asociados con GyP, tuvieron como respuesta oficial el burdo silencio. Y, otra vez, finalmente, la política de la provincia del Neuquén ha sido la persecución y la creación de jurisprudencia, con alcances preocupantes para la protesta social, de líderes indígenas.

Las organizaciones sociales convocamos a seguir movilizándonos, a continuar los procesos de organización, difusión y defensa de nuestro derecho a la vida y la búsqueda de futuros justos y emancipatorios. A dos años del repudiable acuerdo, invitamos a la caravana a realizarse en la ciudad de Neuquén.

Caravana
calilegua

Masivo rechazo a la explotación de petróleo en P.N. Calilegua

calilegua

Más de 60 organizaciones sociales, comunidades indígenas, especialistas y dirigentes políticos de todo el país firmaron un documento conjunto en repudio a la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua, ubicado en la provincia de Jujuy. Denuncian que la actividad petrolera en el área protegida viola tres leyes nacionales e implica riesgos de contaminación por derrames, incendios y derrumbes, y solicitan a las autoridades su inmediata cancelación y la remediación de los pasivos ambientales. (1)

Más de sesenta organizaciones sociales, comunidades indígenas, especialistas y legisladores nacionales de diferentes partidos políticos, manifestaron su “rechazo a la explotación hidrocarburífera en el Parque Nacional Calilegua, en tanto que implica riesgos de contaminación por derrames, incendios y derrumbes, y viola la Ley de Parques Nacionales (22.351), la Ley de Bosques Nativos (26.331) y la Ley de Hidrocarburos (17.319)”.

Las instituciones y personas advirtieron que “la zona noreste del Parque Nacional Calilegua, donde se encuentra el Yacimiento Caimancito, es uno de los pocos corredores que quedan entre la Selva de Yungas y el Bosque Chaqueño”, por lo que solicitaron “a las autoridades provinciales y nacionales la inmediata cancelación de las actividades hidrocarburíferas dentro del área protegida y la remediación de los pasivos ambientales”. El Parque Nacional Calilegua fue creado con el fin de preservar un área representativa de la Selva Tucumano-Oranense, también conocida como “Yungas”, la cual constituye el ambiente de mayor biodiversidad del país junto con la Selva Paranaense o Misionera. Calilegua es el único parque nacional de la provincia de Jujuy; y su superficie de 76.306 hectáreas lo convierte en el área protegida más grande en nuestro país dedicada a la conservación de las selvas tropicales de montaña. Es una de las áreas núcleo de la Reserva de Biósfera de las Yungas (UNESCO) y el hogar de la mitad de las especies de aves que habitan el territorio nacional.

Ver documento conjunto “Rechazo a la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua”

Greenpeace

pasivos-210x3001

Pasivos ambientales e hidrocarburos en Argentina

pasivos

Hubo momentos en la historia reciente en que la preocupación por los pasivos ambientales que manifiestan las poblaciones directamente afectadas estuvo en el centro del debate de los organismos públicos. Entre los años 2012 y 2014, durante la expropiación de las acciones de  Repsol – YPF; en el año 2008, con la renegociación de los contratos petroleros por parte del gobierno neuquino; y en el año 1997, con la declaración de Emergencia Ambiental en la provincia de Neuquén -tras una serie de graves derrames que impulsaron el pedido al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de una evaluación global de los impactos. Estos tres casos (tomados como ejemplo)  dan cuenta de la existencia de daños y pasivos ambientales concretos. Los mismos,  a pesar de haber sido probados y reconocidos por funcionarios y gobiernos, siguen siendo al día de hoy olvidados y sus consecuencias no cesan.

 Ver/Descargar Informe

Pasivos ambientales e hidrocarburos en ArgentinaAnálisis de casos y marcos jurídicos para un debate urgente, investigación a cargo de Diana Rodríguez López y Andrea Burucua, aborda –sin ninguna intención de agotarla – la problemática de los pasivos ambientales, haciendo eje en los producidos por la industria hidrocarburífera. Incluye una breve reseña sobre el tratamiento que se les da en otros países y los avances en Argentina, tanto en materia de gestión como legislativos. Las autoras reflexionan sobre el daño ambiental y la responsabilidad frente a aquel, tomando como bases  la Ley General del Ambiente, el Código Civil vigente y el que comenzará a regir en pocos días.

El inminente avance hacia la explotación de hidrocarburos no convencionales que, sin dudas, profundizará y complejizará la cuestión en torno a los daños ambientales, es lo que motiva estos debates, que publicamos para poder continuarlos con otros.

Fundación Ecosur y Observatorio Petrolero Sur

escrache1

25/06 | Neuquén: Escrachamos la cumbre de las malditas petroleras

escrache

Declaración ante el escrache a los buitres de Vaca Muerta

Del 23 al 25 de junio se llevará adelante en la ciudad de Neuquén el Encuentro Mundial Shale oil y gas, cumbre latinoamericana. En este lugar las empresas, funcionarios y lobbystas se encuentran para afinar el saqueo de nuestros bienes comunes y garantizar sus negocios extractivos, que nos dejan contaminación, enfermedades y crisis económicas.

Desde la Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén convocamos a escrachar estos eventos, como ya lo hicimos con el Cluster Shale en el 2013. El avance de la explotación de hidrocarburos no convencionales, con la técnica de la fractura hidráulica, ampliamente cuestionada en muchas partes del mundo, es producto del beneplácito tanto del gobierno nacional como provincial, obligando al pueblo a financiar su desarrollo.

Del progreso prometido hoy hay poco y nada. Las grandes obras para shale mayoritariamente salen de los recursos del Estado y de los bolsillos de toda nuestra sociedad. Infraestructuras como rutas, caminos, viviendas, hospitales, cuarteles de bomberos fueron realizadas sólo en cercanías de los yacimientos y están en función de bajar costos para las empresas. Además, son financiadas con deudas públicas, como los compromisos asumidos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). ¿Deben los fondos del Estado estar destinados a garantizar las ganancias de las multinacionales petroleras?

Fábricas recuperadas, cooperativas, pequeños y medianos emprendedores, se encuentran en una crisis económica enorme, poniéndose en peligro muchos puestos de trabajo. Esto es producto del ahogo que le genera un mercado dominado por el mundo petrolero y un Estado que sólo genera políticas públicas en función de garantizar el avance extractivo. Debemos preguntarnos como sociedad, ¿porqué financiamos a las multinacionales petroleras mientras se les niega y traban los créditos a fábricas recuperadas como Zanon-Fasinpat?

En Neuquén, vecinos y vecinas conviven con los pozos gasíferos, sin contar con gas para calefaccionarse en los duros inviernos, y debiendo pagar las garrafas a un precio desmedido para sus ingresos. Mientras tanto la clase alta, los empresarios y la clase media abonan el servicio de gas subsidiado por el Estado. ¿Qué idea de progreso puede contener semejante discriminación?

El aumento sistemático de los combustibles de los últimos tiempos acumula un 144 por ciento entre el 2012 y la actualidad, encareciendo la vida de nuestro pueblo trabajador en detrimento de los salarios, ya que la mayoría de lo que se consume se traslada vía terrestre en camiones. Además, la mayoría de nosotrxs nos trasladamos a nuestros trabajos en transporte públicos deficientes y caros, o en automóviles en los que también sentimos estas políticas de financiación de la explotación del shale. ¿Por qué los trabajadores y las trabajadoras tenemos que financiar a las multinacionales petroleras?

El precio del barril de crudo en Argentina es 77 dólares, por decisión del gobierno, desacoplado del precio internacional, que está muy por debajo–rondando los 60 dólares. Esta es otra de las medidas que busca garantizar que el parate del mundo shale no alcance a Vaca Muerta y que los dólares de las inversiones petroleras sigan llegando. Nuevamente nos preguntamos ¿por qué el pueblo financia la locura del fracking que tantos daños nos hace?

En el valle de Río Negro y Neuquén, los productores frutícolas se encuentran ahogados por un mercado trasnacionalizado y un Estado garantista de estas multinacionales exportadoras. Mientras tanto las empresas petroleras avanzan sobre las chacras con los desarrollos de tight gas utilizando fracking para su extracción. El alquiler y la compra de tierras productivas encuentran “casualmente” su mejor contexto. ¿Por qué el avance del fracking se debe hacer a costas de atentar contra las economías regionales que incluso generan más puestos de trabajo que la actividad extractiva petrolera?

Vecinos y vecinas de Plottier conviven con pozos y torres de perforación, sin saber cuáles son las consecuencias de esa actividad frente a sus casas. Las familias están expuestas a graves accidentes como la explosión e incendio de un pozo gasífero en 2013 frente a las viviendas que duró cinco días, ya que tuvieron que venir bomberos de EEUU para poder apagarlo.

El área natural protegida Auca Mahuida sigue siendo perforada por distintas empresas, atentando contra toda su diversidad biológica. A pesar de las denuncias y las acciones públicas en defensa de la biodiversidad, el gobierno sigue permitiendo el avance de la extracción petrolera.

La expansión territorial de los basureros petroleros insertos dentro de nuestras ciudades también ha sido muy significativa. La empresa Comarsa ha crecido con su basura petrolera un 460 por ciento desde que comenzó la avanzada del shale en 2009, siendo su mayor desarrollo entre 2013 y 2014. Contaminación de la tierra, aire, agua en las inmediaciones de nuestros barrios es una muestra clara de la desidia gubernamental. La empresa Indarsa fue recientemente multada por el derrame de 100 metros cúbicos de crudo provenientes de una pileta clandestina. Ambas empresas trasladan los residuos que tratan por más de 100 km y la mayoría de las veces lo hacen en contenedores sin tapa ocasionando derrames de crudos, químicos peligrosos, tierras empretroladas, etc. Así, contaminan todo durante el traslado por la ruta provincial 7 que cruza muchos de nuestros cascos urbanos.

Las comunidades Mapuce no han sido consultadas y las empresas siguen avanzando en una completa ilegalidad e inconstitucionalidad. Además, muchas de ellas padecen procesos de judicialización graves, como signo de criminalización de la protesta social y la defensa de nuestros territorios. En el mismo sentido, mientras la causa por el compañero docente baleado con plomo en las protestas de rechazo al acuerdo con Chevron está totalmente paralizada, los militantes sociales de distintas organizaciones fueron encausados y convocados por el poder judicial.

Por estas y otras cosas debemos mostrarles que no los queremos y que no dejaremos que nuestro pueblo financie el saqueo.

Fuera buitres de Vaca Muerta!!

 

No al fracking !!!

 

Cristina Linkopan presente!!!

 

Desprocesamiento de todos los luchadores sociales que defienden su territorio!!!

 

Desprocesamiento de las autoridades del Lof Winkul Newen!!!

 

Jueves 25/06 Escrache- 09 hs en la Universidad del Comahue (salimos en caravana)

10 hs en Espacio Duam

Adhieren:

ADUNC – Colectiva Feminista La Revuelta – Conferación Mapuce de Neuquén – Emancipación Sur (Buenos Aires, Neuquén, Nacional) – Tierra para Vivir Comahue – Encuentro para cambiar la UNCo (ECU) –  MST Nueva Izquierda – Red ecosocialista -ECOSUR -Ecología cultura y educación desde los pueblos del Sur- Observatorio Petrolero Sur (OPSur) –  Movimiento Popular La Dignidad- Movimiento Tupaj Katari – Frente Popular Dario Santillan Alto Valle – Partido Socialista

Contactos prensa: Martín 0299/5946968 – Facundo  0299/4182955 – Martín 0299/5040213

fracking1

Diversas organizaciones logran frenar un informe pro-fracking presentado por el Eurolat

fracking

“Estuve en Bruselas en el parlamento Europeo participando de esta cumbre que es un espacio birregional entre Europa y América Latina. El trabajo que se desarrolla ahí consiste principalmente en recomendaciones legislativas para los países de ambos continentes, participamos de un debate con un informe pro-fracking que parece que lo hubiesen escrito Chevron, Total, o la Shell”, afirmó Felipe Gutiérrez al dar inicio a la conversación.

Durante la entrevista destacó que fue la participación de todas estas personas y organizaciones enfrentadas al fracking que pudo hacer cambiar la postura que se tenía respecto del informe, sobre el cual Gutiérrez aclaró: “los argumentos que aparecían en el mismo eran todos los clásicos que escuchamos siempre, que el fracking puede ser un buen apoyo para reducir los gases de efecto invernadero, cuestión que es falsa ya que se emite metano al hacer uso de esta técnica”.

Los legisladores que lo presentaron querían que pasara sin mayor discusión, aclara el entrevistado, agregando que habría resultado en una promoción pública del fracking en un sentido regional sin precedentes, ya que, generalmente hay acuerdo con países específicos pero no es una cuestión de común acuerdo entre todo un continente.

“Desde nuestro país la senadora Higonet del PJ de La Pampa y la senadora Crexell del Movimiento Popular Neuquino trajeron una delegación de diputados provenientes de América Latina que forman parte del Eurolat, para que vieran Loma Campana y Vaca Muerta, para llegar a una coordinación en la votación. Sin embargo, nosotros, junto a otras organizaciones, presentamos un comunicado que fue firmado por más de 200 organizaciones de América Latina, para demostrar que esto no va a pasar así nomás.” Explicó Gutiérrez

En tanto a los distintos actores con los que vienen trabajando para frenar esta avanzada del fracking en América Latina el entrevistado destacó a los diputados de Cuba, de Venezuela, de México y Chile que se manifiestan en contra de este proceso. En Europa los partidos de izquierda o verdes, apoyaron los argumentos que este grupo de organizaciones presentaron y llevaron más de 177 enmiendas que es todo un record para este tipo de informes, por tanto se cambió la fecha de la votación para el próximo año.

Felipe Gutiérrez además agregó: “este trabajo previo que hicimos logró que la discusión girara en otros términos, se empezó a hablar de la necesidad de una moratoria, de una consulta con las organizaciones que si conseguimos que se haga podríamos dar un sentido distinto a la discusión, y sería un antecedente muy importante para defenderse frente a esta práctica.” Hoy en día hay prohibiciones en Francia y en Bulgaria, además de varias moratorias en muchos países principalmente del occidente europeo. En República Checa los grupos que se enfrentan al fracking están trabajando fuertemente para hacer las prohibiciones; en Europa del este en cambio las condiciones son más similares a las presentes en América Latina.

Gutiérrez explicó que el Parlamento Europeo trabaja a través de bancadas por partidos políticos, por lo tanto hay una actuación en función del partido político de procedencia. En Francia está prohibido el fracking pero hay tenciones internas, hay diputados de la derecha que salen a defender esta técnica de explotación. “Fue muy cerrada la oposición al informe por eso creemos que de no haberse cambiado la fecha de la votación podríamos haber conseguido un buen antecedente frente al fracking, por supuesto que no lo resuelve todo pero sí nos suma herramientas para detener esta forma de extraer los hidrocarburos”, afirmó el integrante de OPSUR.

Desde OPSUR consideran que el hecho de que se haya reformado la discusión original y que no saliera el informe tal cual estaba es un triunfo. Sobre esto Gutiérrez explicó que: “El próximo año hay que hacer una cumbre y discutir este tema, discutir las enmiendas que se trabajaron para dar un informe en muchas mejores condiciones, llamando a regular el doble estándar, porque muchas de las empresas que operan son europeas, que no trabajan con los mismos reglamentos en su país de origen que como lo hace en nuestra región. Estas cosas también tienen que aparecer en este informe.”

Escuchá la entrevista al OPSur en Enredando las Mañanas

eurolat-3

Debate en Eurolat: un triunfo del movimiento antifracking

La reciente intervención al interior de la Asamblea que reúne a parlamentarios de Europa y América Latina, conocida como Eurolat, mostró una vez más la unidad del movimiento global antifracking y la fortaleza de nuestros argumentos. Gracias al esfuerzo conjunto desde ambos lados del Atlántico, logramos cambiar el eje de la discusión en torno a un informe que en su redacción original buscaba promover esta degradante técnica. Esto permitió construir una plataforma para avanzar con una recomendación de moratoria al fracking en ambas regiones.

eurolat 3

OPSur exponiendo en el encuentro Eurolat – Sociedad Civil /Julieta González 

Felipe Gutiérrez (*) y Antoine Simon (**).- Cuando conocimos la existencia del informe sobre “oportunidades y desafíos del gas de esquisto” , desarrollado por la Comisión de Desarrollo Sostenible del Eurolat, nos generó una gran preocupación el tono que sostenía. Escrito por la eurodiputada española Pilar Ayuso (PP) y el representante colombiano Mauricio Gómez (PL), su redacción buscaba la promoción irrestricta de la técnica del fracking, llamando a los parlamentarios de ambas regiones a legislar en su favor. El reporte inicial tenía dos bases fundamentales:

– los cuestionados informes del gobierno de Estados Unidos que sostienen evaluaciones demasiado optimistas respecto de las reservas mundiales de gas y petróleo de lutitas/esquistos;

– la idea de que la experiencia de EE.UU. en torno a los no convencionales puede ser replicada, ignorando los numerosos obstáculos económicos, geológicos y ambientales observados en la mayoría de las otras regiones del mundo (omitiendo además las controversias ambientales que esa explotación generó en EE.UU.).

A pesar de que el Eurolat no es un espacio legislativo -de ese encuentro sólo emanan recomendaciones no vinculantes- consideramos crucial generar una alerta temprana, debido a que la aprobación de dicho informe hubiera constituido un primer antecedente de promoción pública al fracking en un espacio birregional. Por esto, junto a más de 200 organizaciones de 20 países de ambos continentes, elaboramos una carta de recomendaciones s que hicimos llegar a los miembros del Eurolat antes de la reunión realizada en marzo en Ciudad de Panamá. A pesar de destacar algunos argumentos como la aplicación del principio precautorio y la propuesta de fortalecer instituciones de monitoreo, incorporados en el documento,  llamamos la atención sobre el desbalance del texto que, entre otras cosas, obviaba el negativo impacto que esta técnica genera en el cambio climático, la compleja situación financiera que transita el sector -sobre todo a partir de la baja del precio del petróleo-, además del importante movimiento global que ha prohibido esta técnica en numerosos países, estados y municipios.

Ante esto hicimos una serie de recomendaciones que podemos sintetizar en tres argumentos principales. En primer lugar, llamamos a regular el doble estándar en el que incurren las empresas europeas al operar en América Latina. Un ejemplo de esto es el caso de la petrolera francesa Total, mientras en su país de origen el fracking está prohibido, en la Argentina, fractura incluso al interior de sitios de alto valor de conservación de una importante porción de flora y fauna de la Patagonia como es el Área Natural Protegida Auca Mahuida. La reacción de la empresa solo ocurrió después de que viajamos a su Junta de Accionistas en París para denunciar lo que están haciendo en la Patagonia, convocando a una reunión en Neuquén donde señaló que no volverían a fracturar dentro del área en el corto plazo.  Este es sólo uno de las decenas de casos de cómo operan en América Latina las empresas transnacionales del sector.

Por otra parte consideramos que el Eurolat debe llamar a que se desarrollen consultas a las poblaciones locales, más aún cuando estas tienen derechos específicos que las resguardan, como es el caso de los pueblos indígenas. Esta consulta debe ser previa, es decir no debe hacerse sobre los hechos consumados, y debe darse de manera libre e informada. Finalmente, y basándonos en el principio precuatorio citado en la redacción original del texto, sostenemos que éste debe llamar a declarar una moratoria de la utilización del fracking en ambas regiones.

Con ese documento, que contenía recomendaciones y numerosas evidencias de los impactos ambientales de esta industria, iniciamos el contacto con decenas de diputados de ambas regiones. Nuestro trabajo tuvo eco en muchos de ellos, de distintas bancadas y países, lo que generó que se propusieran 177 enmiendas al reporte. La votación de estas enmiendas debía ocurrir a principios de junio, durante la reunión de Eurolat en Bruselas, sin embargo fue pospuesta luego de que los autores del texto inicial fueran tomados por sorpresa por la cantidad de enmiendas críticas.

 eurolat loma campana

El representante colombiano Mauricio Gómez (PL), visita Loma Campana junto a la senadora Lucila Crexell (MPN) /Facebook Sen. Crexell

La plataforma para una moratoria

Finalmente el informe  fue abordado al interior de la Comisión de Desarrollo Sostenible, donde solo tuvo la defensa de sus redactores. Ayuso reconoció la importancia de “aplicar el principio precautorio” en la discusión energética, aunque advirtió que si el informe finalmente llamaba a una moratoria, ella quitaría su firma. Por su parte Gómez, relató una visita que hizo a la formación Vaca Muerta -coordinada por representantes argentinas del Eurolat- para luego sostener que “en  Argentina, en materia de medio ambiente, no le ha pasado absolutamente nada con el fracking”. Finalmente agregó que los químicos utilizados en la fractura son los mismos que utilizan los dentistas.

“Yo tengo todos mis dientes y no precisé hacer fracking”, respondió el eurodiputado portugués José Inácio Faria (ALDE), quien llamó a la prudencia con la utilización de esta técnica. Por su parte el senador brasileño Roberto Requiao (PMDB) instó a considerar técnicas alternativas, mientras que el italiano Ignazio Corrao (EFDD) pidió no generar una “falsa dicotomía entre desarrollo y medio ambiente”. Uno a uno los demás miembros de la comisión fueron tomando la palabra para plantear sus diferencias con el informe. El senador chileno Alfonso de Urresti (PS) le recordó al diputado Gómez el impacto sobre las poblaciones mapuche que habitan sobre la formación Vaca Muerta en Argentina, llamando a aplicar la consulta previa en estos casos y a utilizar el principio precautorio para “no hacer experimentación en nuestros territorios”. En la misma línea se pronunciaron el portugués Carlos Zorrinho y el inglés Seb Dancce (ambos socialdemócratas), mientras que en favor de las enmiendas también se manifestaron los españoles Tania González Peñas de Podemos (GUE/NGL) y Ernest Urtasún (Verdes). “Queríamos traer este debate al Eurolat, quiero agradecer a las organizaciones que aportaron con su experiencia y su voz y nos ayudaron a hacer frente al fracking, que en este momento es una de las grandes amenazas medioambientales que tenemos”, señaló Urtasún. Y  agregó: “Si el texto sale aprobado tal y como está sería un desastre. No lo vamos a permitir, vamos a luchar para que eso no sea así”.

El debate en comisión demostró que hubo un giro en 180 grados de la discusión, a partir de nuestras intervenciones y las enmiendas propuestas. Esto sienta un precedente muy importante, y nos permite avanzar hacia la búsqueda de la prohibición fracking en ambas regiones. Aunque no significa detener la expansión de la industria no convencional, sienta un precedente y demuestra que nuestro trabajo conjunto puede tener un impacto en el más alto nivel del proceso de toma de decisiones. Creemos que ese trabajo puede ser una de las claves para ganar esta batalla.

(*) Observatorio Petrolero Sur, Argentina (**) Amigos de la Tierra Europa.

Debate en Eurolat: un triunfo del movimiento antifracking

La reciente intervención al interior de la Asamblea que reúne a parlamentarios de Europa y América Latina, conocida como Eurolat, mostró una vez más la unidad del movimiento global antifracking y la fortaleza de nuestros argumentos. Gracias al esfuerzo conjunto desde ambos lados del Atlántico, logramos cambiar el eje de la discusión en torno a un informe que en su redacción original buscaba promover esta degradante técnica. Esto permitió construir una plataforma para avanzar con una recomendación de moratoria al fracking en ambas regiones.

eurolat 3

OPSur exponiendo en el encuentro Eurolat – Sociedad Civil /Julieta González 

Felipe Gutiérrez (*) y Antoine Simon (**).- Cuando conocimos la existencia del informe sobre “oportunidades y desafíos del gas de esquisto” , desarrollado por la Comisión de Desarrollo Sostenible del Eurolat, nos generó una gran preocupación el tono que sostenía. Escrito por la eurodiputada española Pilar Ayuso (PP) y el representante colombiano Mauricio Gómez (PL), su redacción buscaba la promoción irrestricta de la técnica del fracking, llamando a los parlamentarios de ambas regiones a legislar en su favor. El reporte inicial tenía dos bases fundamentales:

– los cuestionados informes del gobierno de Estados Unidos que sostienen evaluaciones demasiado optimistas respecto de las reservas mundiales de gas y petróleo de lutitas/esquistos;

– la idea de que la experiencia de EE.UU. en torno a los no convencionales puede ser replicada, ignorando los numerosos obstáculos económicos, geológicos y ambientales observados en la mayoría de las otras regiones del mundo (omitiendo además las controversias ambientales que esa explotación generó en EE.UU.).

A pesar de que el Eurolat no es un espacio legislativo -de ese encuentro sólo emanan recomendaciones no vinculantes- consideramos crucial generar una alerta temprana, debido a que la aprobación de dicho informe hubiera constituido un primer antecedente de promoción pública al fracking en un espacio birregional. Por esto, junto a más de 200 organizaciones de 20 países de ambos continentes, elaboramos una carta de recomendaciones s que hicimos llegar a los miembros del Eurolat antes de la reunión realizada en marzo en Ciudad de Panamá. A pesar de destacar algunos argumentos como la aplicación del principio precautorio y la propuesta de fortalecer instituciones de monitoreo, incorporados en el documento,  llamamos la atención sobre el desbalance del texto que, entre otras cosas, obviaba el negativo impacto que esta técnica genera en el cambio climático, la compleja situación financiera que transita el sector -sobre todo a partir de la baja del precio del petróleo-, además del importante movimiento global que ha prohibido esta técnica en numerosos países, estados y municipios.

Ante esto hicimos una serie de recomendaciones que podemos sintetizar en tres argumentos principales. En primer lugar, llamamos a regular el doble estándar en el que incurren las empresas europeas al operar en América Latina. Un ejemplo de esto es el caso de la petrolera francesa Total, mientras en su país de origen el fracking está prohibido, en la Argentina, fractura incluso al interior de sitios de alto valor de conservación de una importante porción de flora y fauna de la Patagonia como es el Área Natural Protegida Auca Mahuida. La reacción de la empresa solo ocurrió después de que viajamos a su Junta de Accionistas en París para denunciar lo que están haciendo en la Patagonia, convocando a una reunión en Neuquén donde señaló que no volverían a fracturar dentro del área en el corto plazo.  Este es sólo uno de las decenas de casos de cómo operan en América Latina las empresas transnacionales del sector.

Por otra parte consideramos que el Eurolat debe llamar a que se desarrollen consultas a las poblaciones locales, más aún cuando estas tienen derechos específicos que las resguardan, como es el caso de los pueblos indígenas. Esta consulta debe ser previa, es decir no debe hacerse sobre los hechos consumados, y debe darse de manera libre e informada. Finalmente, y basándonos en el principio precuatorio citado en la redacción original del texto, sostenemos que éste debe llamar a declarar una moratoria de la utilización del fracking en ambas regiones.

Con ese documento, que contenía recomendaciones y numerosas evidencias de los impactos ambientales de esta industria, iniciamos el contacto con decenas de diputados de ambas regiones. Nuestro trabajo tuvo eco en muchos de ellos, de distintas bancadas y países, lo que generó que se propusieran 177 enmiendas al reporte. La votación de estas enmiendas debía ocurrir a principios de junio, durante la reunión de Eurolat en Bruselas, sin embargo fue pospuesta luego de que los autores del texto inicial fueran tomados por sorpresa por la cantidad de enmiendas críticas.

 eurolat loma campana

El representante colombiano Mauricio Gómez (PL), visita Loma Campana junto a la senadora Lucila Crexell (MPN) /Facebook Sen. Crexell

La plataforma para una moratoria

Finalmente el informe  fue abordado al interior de la Comisión de Desarrollo Sostenible, donde solo tuvo la defensa de sus redactores. Ayuso reconoció la importancia de “aplicar el principio precautorio” en la discusión energética, aunque advirtió que si el informe finalmente llamaba a una moratoria, ella quitaría su firma. Por su parte Gómez, relató una visita que hizo a la formación Vaca Muerta -coordinada por representantes argentinas del Eurolat- para luego sostener que “en  Argentina, en materia de medio ambiente, no le ha pasado absolutamente nada con el fracking”. Finalmente agregó que los químicos utilizados en la fractura son los mismos que utilizan los dentistas.

“Yo tengo todos mis dientes y no precisé hacer fracking”, respondió el eurodiputado portugués José Inácio Faria (ALDE), quien llamó a la prudencia con la utilización de esta técnica. Por su parte el senador brasileño Roberto Requiao (PMDB) instó a considerar técnicas alternativas, mientras que el italiano Ignazio Corrao (EFDD) pidió no generar una “falsa dicotomía entre desarrollo y medio ambiente”. Uno a uno los demás miembros de la comisión fueron tomando la palabra para plantear sus diferencias con el informe. El senador chileno Alfonso de Urresti (PS) le recordó al diputado Gómez el impacto sobre las poblaciones mapuche que habitan sobre la formación Vaca Muerta en Argentina, llamando a aplicar la consulta previa en estos casos y a utilizar el principio precautorio para “no hacer experimentación en nuestros territorios”. En la misma línea se pronunciaron el portugués Carlos Zorrinho y el inglés Seb Dancce (ambos socialdemócratas), mientras que en favor de las enmiendas también se manifestaron los españoles Tania González Peñas de Podemos (GUE/NGL) y Ernest Urtasún (Verdes). “Queríamos traer este debate al Eurolat, quiero agradecer a las organizaciones que aportaron con su experiencia y su voz y nos ayudaron a hacer frente al fracking, que en este momento es una de las grandes amenazas medioambientales que tenemos”, señaló Urtasún. Y  agregó: “Si el texto sale aprobado tal y como está sería un desastre. No lo vamos a permitir, vamos a luchar para que eso no sea así”.

El debate en comisión demostró que hubo un giro en 180 grados de la discusión, a partir de nuestras intervenciones y las enmiendas propuestas. Esto sienta un precedente muy importante, y nos permite avanzar hacia la búsqueda de la prohibición fracking en ambas regiones. Aunque no significa detener la expansión de la industria no convencional, sienta un precedente y demuestra que nuestro trabajo conjunto puede tener un impacto en el más alto nivel del proceso de toma de decisiones. Creemos que ese trabajo puede ser una de las claves para ganar esta batalla.

(*) Observatorio Petrolero Sur, Argentina (**) Amigos de la Tierra Europa.

20 Mitos y realidades del fracking

Descargá el libro gratis en formato pdf fracking_mitosyrealidades Prefacio

Las advertencias sobre los riesgos e incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado, durante décadas desestimadas en nuestro país, actualmente ocupan un lugar en la agenda de amplios movimientos sociales y políticos. Así, aquellos megaproyectos que antes eran aceptados sin discusión por la población, hoy comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales. Los daños sistemáticos en el ecosistema –en algunos casos irreversibles–, que afectan y amenazan cada vez más el desarrollo y la reproducción de la vida, han volcado el tablero.

Los debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas de las metrópolis hoy son disputados por la participación ciudadana, que en más de una oportunidad crece desde pueblos y parajes olvidados de la extensa geografía del país. Así ha sucedido con la megaminería a cielo abierto en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. Asimismo, comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, sobre todo relacionado a sus impactos socio-sanitarios, al desplazamiento y criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, al avance del desmonte y la tendencia al monocultivo.

La extracción de los hidrocarburos no convencionales, con la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta en este registro controversial, aún así posee rasgos propios que le dan un carácter más amplio y complejo. Los cuestionamientos científicos, las resistencias y los graves conflictos que está suscitando la imposición del fracking en diversas regiones del planeta, más aún, el horizonte civilizatorio que implica la consolidación de una determinada matriz energética, hacen necesaria la producción y divulgación de información plural, interdisciplinaria y crítica sobre el tema, así como la apertura de un debate verdaderamente democrático en nuestra sociedad.

Desde nuestra perspectiva, tres son los ejes esenciales en dicho debate colectivo. Uno, el eje que sostiene la necesidad de construir un enfoque integral y multidisciplinario; dos, el eje que defiende la pluralidad del saber científico y su independencia respecto de los diferentes poderes (económico, político, mediático, religioso); tres, el eje que conecta la discusión con la cuestión de la democracia y sus fronteras, esto es, que construye un abordaje complejo e interdisciplinario, en convergencia con una visión participativa de la democracia.

Así, el primer eje está vinculado a la multidisciplinariedad. Dada la complejidad del tema, así como el carácter controversial ya evocado, el debate sobre el fracking exige desarrollar un enfoque integral y multidisciplinario, que dé cuenta de las múltiples dimensiones que atraviesan la problemática, desde las más generales (la cuestión geopolítica, la cuestión de la matriz energética, la normativa especial que ésta genera, el rol de las empresas nacionales y las trasnacionales), pasando por aquellas estrictamente técnicas (si el fracking es una técnica segura o no; qué implicaciones puede tener en su carácter de técnica experimental, el impacto ambiental sobre el agua, sobre el territorio, sobre la salud de las personas y animales, sobre el cambio climático), hasta aquellas más políticas y sociales (qué sucede con las economías regionales; qué configuraciones urbanas y sociales aparecen asociadas a esta matriz, porqué se niega la participación de las poblaciones afectadas, qué cuestiones involucra la criminalización de las luchas, entre otros).

El segundo eje inserta esta discusión en un escenario de fuertes asimetrías de poder. Por un lado, es conocida la capacidad de lobby de las grandes corporaciones trasnacionales ligadas a la extracción de hidrocarburos, así como el lugar cada vez mayor que el fracking, de la mano de Estados Unidos, tiene en la agenda global. Por otro lado, hay que destacar el interés del gobierno argentino por identificar la explotación de hidrocarburos no convencionales con soberanía energética, en un contexto de fuerte déficit, lo cual lleva a descalificar o minimizar los diferentes argumentos que colocan el fracking en un campo de importantes riesgos e incertidumbres, negando así los impactos que este tipo de extracción pueda provocar en los ecosistemas y la salud de las poblaciones. A esto se suma que cualquier cuestionamiento sobre el fracking, conlleva también una discusión sobre la matriz energética, la cual en el caso argentino es fuertemente dependiente de los hidrocarburos. Y en este campo, antes que la apuesta por una transición en dirección hacia energías limpias y renovables, resulta claro que el gobierno nacional y los oficialismos provinciales han decidido profundizar la actual matriz energética, descalificando cualquier discusión o alternativa como “irrealista”, o producto de visiones “fundamentalistas”, ligadas a los movimientos y asambleas socioambientales y las organizaciones indígenas.

Todo ello torna aún más difícil y espinosa la cuestión, insertando el debate en una escena asimétrica, donde sólo unos pocos (los que avalan el fracking) tienen voz y difusión. En este sentido, es importante destacar que la aprobación del convenio entre YPF-Chevron-provincia del Neuquén (28 de agosto de 2013), habilitó el ingreso a gran escala del fracking en nuestro país. A través de una fuerte campaña publicitaria, que no ha escatimado medios económicos ni simbólicos, el gobierno nacional y sus socios provinciales han buscado establecer una suerte de consenso sobre el fracking, dando a entender que la discusión ya fue saldada y que las dudas han sido evacuadas. La defensa del fracking aparece, además, avalada por técnicos y expertos, mayormente ligados al mundo de las empresas petroleras, que creen detentar el monopolio del saber, y se escudan detrás de una concepción monolítica y cerrada de la ciencia. Muchas de esas voces expertas tienen intereses económicos claros o, en su defecto, han naturalizado la actual matriz energética y el desarrollo de la industria hidrocarburífera, a la cual aceptan sin cuestionamientos. Así, muchas de esas voces, interesadamente o no, piensan que no existe otra alternativa que la que propone el gobierno, a través de la YPF modelo 2012 y sus socios transnacionales, y tienden a acantonarse en una defensa acérrima del actual modelo energético.

Es por esta razón que en un contexto cada vez más unilateral –y monocromático– de avasallamiento y de cierre de los canales de discusión sobre el tema, la producción de un saber experto independiente tanto del poder económico como del poder político, se hace imprescindible. Se trata de producir y sistematizar información y conocimiento de manera clara, veraz y fundada, en gran medida muy poco accesible al público que está o puede estar interesado en el tema, así como a las comunidades que cuestionan el fracking y desconfían de las fórmulas triunfalistas de los gobiernos y empresas.

Es por esta razón también que consideramos necesario incorporar los más diversos saberes y disciplinas científicas, a fin de problematizar aquello que algunos expertos y políticos buscan acotar y redefinir como una cuestión estrictamente técnica, como si la temática fuera monopolio exclusivo de los especialistas del campo del petróleo. Ante esa mirada acotada, proponemos la conjunción de diversos saberes y disciplinas científicas: el equipo así conformado para la elaboración de este libro está constituido por un ingeniero especialista en petróleo (Eduardo D´Elía), un geógrafo y técnico con trayectoria en el campo del petróleo (Roberto Ochandio), un ingeniero especialista en temas de energía (Pablo Bertinat), un abogado especialista en cuestiones ambientales (Enrique Viale), un periodista y un especialista en ciencias políticas (Hernán Scandizzo y Diego di Risio, de Observatorio Petrolero Sur) y una doctora en sociología (Maristella Svampa).

En tercer lugar, estamos convencidos que además de ser un debate colectivo, en el mismo tienen un rol fundamental las comunidades afectadas. En nuestro país, son cada vez más las voces de los pueblos originarios, organizaciones multisectoriales y asambleas ciudadanas, que reivindican su derecho a decidir respecto de la sustentabilidad o no de megaproyectos que ponen en vilo formas de vida y horizontes colectivos. Como hemos señalado en este prefacio, creemos que no sólo está en cuestión lo que entendemos por modelo de desarrollo y su relación con la problemática ambiental; sino también lo que entendemos por democracia, quiénes tienen derecho a decidir y porqué. Más simple, se trata de abrir la discusión sobre la cuestión de la democratización de las decisiones colectivas. Así, esta es una disputa que nos coloca en las fronteras mismas de la democracia, que habla acerca de su posibilidad y de su alcance.

20 mitos y realidades del fracking en Argentina tiene por objetivo proporcionar información veraz y documentada, apoyada en una argumentación pluridisciplinar, sobre este tema tan complejo y controversial.

Tal como lo habíamos hecho respecto de la megaminería, por esta vía, apuntamos a deconstruir el discurso hegemónico y los lugares comunes sobre el fracking, desmontando y desactivando los “mitos” que sobre la explotación de los hidrocarburos no convencionales y a gran escala repiten con total impunidad sus actuales defensores (corporaciones petroleras, representantes del gobierno nacional y de las diferentes provincias petroleras, voceros periodísticos y cierto saber experto, como institutos ligados a la industria petrolera), amparados en la escasa información y conocimiento que el argentino medio tiene sobre estos temas.

Finalmente, el libro que presentamos aquí es tanto la conjunción de diferentes disciplinas como el producto de un intenso trabajo colectivo. Y aunque hayamos optado por señalar quienes han contribuido de modo fundamental en la elaboración de cada mito, cabe aclarar que el libro es producto del trabajo y la discusión colectiva, que ha llevado varios meses de reuniones y múltiples escrituras, hasta llegar a esta versión consensuada que hoy ofrecemos al público. Pero por sobre todas las cosas, es un libro que apunta a romper con la visión monolítica que hoy se impone sobre el fracking a partir de la producción de un saber experto independiente. Una tarea necesaria y cada vez más difícil en un contexto de invisibilización de las críticas y de los cuestionamientos que colectivos de ciudadanos y miembros de la comunidad científica hacen actualmente sobre el fracking.

Agradecemos a la editorial El Colectivo, vinculada al Frente Popular Darío Santillán, por el compromiso asumido con estos temas, no siempre visibles desde las grandes urbes. Asimismo, nuestro agradecimiento a la Fundación Rosa Luxemburgo por el apoyo económico en la coedición de este libro. Y nuestra dedicatoria a aquellos y aquellas personas que desde las asambleas, organizaciones mutisectoriales y pueblos originarios reclaman la necesidad de un debate acerca de los modelos de desarrollo, el respeto del ambiente y las formas de participación.

Aunque somos conscientes del debate desigual en el que se inserta este trabajo, esperamos poder contribuir a pensar una sociedad mejor, más respetuosa del futuro de las próximas generaciones, más crítica y plural en su concepción de la vida y la democracia.

Los autores, Julio del 2014.

Desde Buenos Aires, Esquel, Morón, Río Gallegos y Rosario.

Imprimir

YPF construyó otro pozo en la zona más importante del Área Protegida Auca Mahuida

Los y las trabajadores/as de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Neuquén denunciaron públicamente la instalación de un nuevo pozo petrolero convencional en la zona intangible de la reserva provincial Auca Mahuida y la construcción de una nueva locación de aproximadamente tres hectáreas la cual terminará albergando seis pozos. Estos pozos se suman a los 62 que la empresa parcialmente estatizada ya ha perforado en el sector.

Auca Mahuida es un área natural protegida que se ubica en el noreste de la provincia, a unos 200 km de la ciudad de Neuquén. La zona intangible, donde se realizó esta perforación, es la de mayor valor de conservación por las características que posee, destacándose la presencia de la única aguada permanente presente en la zona. Sin embargo, las empresas y los gobiernos que las autorizan, continúan realizando actividades fuertemente nocivas para la vida natural, como todas las relacionadas con la puesta en producción de un nuevo pozo petrolero y de los seis restantes que se perforaran en la nueva locación.

“Cuando no es la francesa Total Austral o la anglo-holandesa Shell, es la empresa argentina YPF la que genera terribles impactos en el Área Natural Protegida Auca Mahuida”, comienza el comunicado firmado por quienes trabajan en la dirección de Áreas Naturales Protegidas

Los profesionales indican que el camino de acceso al nuevo pozo pasa a sólo diez metros de la única aguada permanente de la reserva, donde abreva toda la población de guanacos, que el ANP busca conservar. “El disturbio asociado a la apertura de un pozo (como ya sucedió en el pasado y fue oportunamente denunciado) dificulta el acceso al agua a los guanacos en la época más seca, que no tienen por lo tanto de donde beber”, precisan.

Explican también que la construcción de la nueva locación elimina completamente el suelo fértil y la vegetación (donde habitan muchas especies endémicas -únicas- de plantas y animales) y aumenta considerablemente el tránsito, los ruidos, la presencia de personas y la posibilidad de accidentes, como los tres derrames ocurridos en menos de 10 días que fueron denunciados a comienzos de octubre de 2014.

El comunicado concluye expresando claramente la indignación de los/as trabajadores/as del Área. “Da bronca y tristeza a la vez que la empresa argentina YPF trate a nuestros recursos naturales y a nuestras áreas protegidas de forma tan depredatoria como las multinacionales petroleras. Todas estas actividades por supuesto son autorizadas por los funcionarios provinciales”. Algo que junto a organizaciones sociales vienen ya denunciando desde la campaña Auca Mahuida libre de petróleo.

Auca Libre de Petróleo

El Decreto 2366 dicta la sentencia a las áreas protegidas en Bolivia

En abril del 2013 el Vicepresidente García Linera anunciaba la decisión gubernamental de abrir las Áreas Protegidas a la actividad hidrocarburífera; lo que no decía en ese entonces el Vicepresidente es que un año antes, ya el gobierno había definido la mayor superficie jamás dispuesta para actividades petroleras. Alrededor de 24 millones de hectáreas fueron dispuestas como parte de la nueva frontera petrolera que comprende alrededor del 22% del total del territorio nacional y que se superpone sobre 11 de las 22 Áreas Protegidas nacionales existentes en el país. Casi de inmediato iniciaron las negociaciones con las empresas transnacionales para suscribir contratos sobre áreas de la nueva frontera petrolera, hasta el momento 7 han culminado los proceso necesarios para su aprobación y 5 de esos 7 afectan Áreas Protegidas Nacionales. Hoy se ha conocido el texto del DS 2366 que termina por “legalizar” el trastocamiento de las Áreas protegidas, riqueza natural y patrimonio de los bolivianos, en áreas destinadas al extractivismo. Entre esos 5 nuevos contratos superpuestos a Áreas Protegidas destacan el firmado con la transnacional francesa Total E&P Bolivie, que se adjudicó el bloque Azero, ubicado principalmente en el departamento de Chuquisaca y una parte en Santa Cruz; este bloque ocupa una superficie de 785.625 ha y cubre un 90% de lo que viene a ser el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Iñao, reserva natural de vida silvestre que tiene entre sus principales objetivos de creación la protección de ecosistemas como el bosque tucumano – boliviano, bosques de yungas relictuales y sobre todo la transición del bosque chaqueño a bosque chiquitano, además de la protección de una gran cantidad de flora y fauna silvestre. Otro de los contratos nuevos que se firmaron sobre áreas protegidas es el que adjudicó a la empresa china Eastern Petroleoum and Gas, la zona de Sanandita, correspondiente al Parque Nacional (PN) y Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) Aguaragüe, una reserva que ha sido golpeada constantemente por la actividad petrolera y que puede ser considerada sin ningún problema como una zona de sacrificio, a pesar que este PN tiene la función de regular la provisión de agua en la zona del chaco e igualmente conservar una muestra de ecosistemas de transición frágiles y únicos. Una nueva fase de aprobación de más contratos tiene dados pasos firmes, entre ellos se tiene aprobada la autorización de firma de los contratos Astillero y San Telmo donde la protagonista es Petrobras Bolivia S.A. y cuya afectación va directamente sobre la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía donde también se suma, aunque en parte, la gigante BG con un contrato de gran proporción en Huacareta. Menciono estos casos porque en la actualidad se realizan actividades petroleras en áreas protegidas vulnerando las diferentes categorías de protección que se mencionan en la normativa hasta hoy vigente referida a Áreas Protegidas. Para las petroleras simplemente no existe limitante alguna para su expansión; la importancia y la razón de creación de nuestros parques, incluyendo las prohibiciones expresas en las leyes, son solo pequeños contratiempos que fácilmente se superan cuando se tiene complicidad del estado convertido hoy en socio estratégico de las multinacionales. Con esta sociedad/complicidad han penetrado impunemente y doblegado al Sistema Nacional de Áreas protegidas, ni que decir con la ley del medio ambiente. Actualmente de las 18.271.699 ha de superficie protegida existente a nivel nacional, 3.043.797 ha son  afectadas por la superposición de contratos petroleros y nuevas áreas destinadas a la frontera petrolera bajo la figura de áreas reservadas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que están a disposición de las petroleras extranjeras. Es decir que cerca al 17% de lo que constituye el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es ahora una zona de extractivismo o donde ya se realizan actividades petroleras.   AREAS PROTEGIDAS Y CONTRATOS PETROLEROS
 

AP

Sup AP

(ha)

Porcentaje

comprometido

 

Contratos

  IÑAO   263161  

90,8

  Total – Gazprom
  TARIQUIA

247435,1

2

 

55

  PETROBRAS BOLIVIA; BG Bolivia
    AGUARAGUE     108348    

72,5

YPFB Chaco; Petroandina SAM; Eastern Petroleum and Gas
  TIPNIS   1225347  

35

  Petroandina SAM; PETROBRAS BOLIVIA
  PILON LAJAS   398451  

85,5

  PETROBRAS BOLIVIA; REPSOL
  MADIDI   1871060  

75,5

  PETROBRAS BOLIVIA; REPSOL; petroandina SAM
  TUNARI   326366  

2,03

  Petroandina SAM
  APOLOBAMBA   471383  

1

  Petroandina SAM
  CARRASCO   686979,9  

6,87

  Petroandina SAM; YPFB Chaco
  MANURIPI   747215   31,16   Reservada a YPFB
  AMBORO   598608,3  

20

  YPFB ANDINA
Fuente: Datos YPFB y SERNAP   Ante la promulgación del DS 2366 del pasado 20 de mayo el panorama es desolador. Este decreto es parte de un paquete que se ha venido desarrollando desde hace tiempo para vulnerar los derechos y los esfuerzos por mantener una zona de protección ecológica. Parte de este paquete fue el de reducir a un simple trámite administrativo el proceso de consulta a los pueblos indígenas para actividades petroleras (DS 2298 de marzo, 2015) y que fue antecedido por el de otorgación de compensación por impactos ambientales en Tierras Comunitarias de Origen (TCO) -DS 2195 de noviembre de 2014. En el DS 2366 solo se deja a resguardo del extractivismo petrolero, las de Santuario y Monumento Natural, además de los sitios RAMSAR. Pero, en el primer caso no existe ninguna AP nacional que tenga esta categoría, es decir de las 22 áreas que componen el sistema, todas estarían expeditas para que se desarrollen actividades petroleras, incluyendo las que por DS 24781 de 31 julio del 97 son consideradas de máxima protección: los parques nacionales, donde está prohibida la realización de actividades extractivas y consuntivas y solo se permitía legalmente hasta ahora la investigación, ecoturismo y educación ambiental; a partir de hoy la prohibición pasó a ser historia pues la disposición final del DS 2366 se encarga de anular cualquier normativa previa existente que tenga al mismo rango. Lo más atemorizante es que a partir de este decreto se modificará radicalmente la estructura del AP,  por decir lo menos, pues según la norma el descubrimiento de un yacimiento potencial para ser comercializado dentro de cualquier Área Protegida, permite a la empresa demandar ante el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) la reconfiguración de las características internas del parque. Vale decir que por ejemplo, en el caso de una zonificación (protección irrestricta, uso moderado, recuperación natural, uso intensivo no extractivo y otros) a demanda de las petroleras interesadas, el Área Protegida y su zonificación sería replanteada conforme a los criterios de explotación y no sobre criterios de conservación y protección. Dicho de otra forma el DS 2366 es un certificado de defunción previa a nuestro patrimonio Natural. Estamos ante un escenario trágico para nuestras reservas naturales, muchas de ellas ya son golpeadas impunemente por la minería y ahora se culmina con sentencia final. CEDIB