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Australia: Prohibirán en Queensland la gasificación subterránea de carbón

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(Australia, 18/04/16) El Gobierno de Queensland prohibirá la técnica de gasificación subterránea de carbón (UCG, por su sigla en inglés) debido a los impactos ambientales que genera. Según el ministro de Minería, Anthony Lynham, enviará al parlamento estadual un proyecto de ley a fines del corriente año. El funcionario sostuvo que los posibles riesgos para el ambiente y la industria agrícola superan por mucho el potencial económico de la actividad. Según la organización Lock the Gate Alliance, se ha comprobado que la UCG es peligrosa y contaminante.

El ministro afirmó que la prohibición será inmediata a nivel de política gubernamental y que presentará un proyecto en el parlamento de Queensland a fin de año para que esta sea ley. Ha habido solo tres proyectos piloto de UCG en el estado australiano: Carbon Energy, cerca de Dalby; Cougar Energy, cerca de Kingaroy y Linc Energy en Chinchilla. El Dr. Lynham aseguró que hasta el momento nadie ha logrado que la UCG sea un éxito y que el potencial económico no justificó el riesgo ambiental.

En un comunicado el ministro explicó: “Hemos estudiado las pruebas obtenidas en la operación piloto de UCG y evaluamos la compatibilidad entre las tecnologías actuales y las necesidades ambientales y económicas de Queensland”. Y agregó: “Los riesgos potenciales para el ambiente y las valiosas industrias agrícolas superan por mucho cualquier potencial económico de la actividad (…) No tiene sentido continuar con la actividad de UCG en Queensland. Aquí tuvimos tres sitios piloto, y ahora es necesario su desmantelamiento”.

El ministro de Ambiente, Steven Miles, dijo que el proyecto de Linc Energy, cerca de Chinchilla, fue “probablemente el caso de contaminación más grave en la historia de Queensland”. Y aclaró, “sin dudas, se trata de la mayor investigación y causa penal por contaminación como consecuencia, según el Departamento de Medioambiente, de las actividades de gasificación subterránea de carbón que realiza Linc Energy”.

El activista Drew Hutton, de Lock the Gate Alliance, dijo que la prohibición es un paso muy importante porque que se ha comprobado que la UCG es peligrosa y contaminante: “Le dije al Gobierno estadual que estas tecnologías deberían haberse prohibido hace seis años; no es difícil darse cuenta de que la quema subterránea de carbón y el gas de esquisto son una mala idea”. Y añadió: “Me alegra que el Gobierno por fin haya decidido darme la razón y ayudarme a proteger a los propietarios de tierras, los agricultores, las tierras y el agua”.

Pedido para difundir públicamente “la totalidad de las pruebas”

Sin embargo, Greg Lane, actual director ejecutivo del Consejo de Recursos de Queensland (QRC, por su sigla en inglés) se mostró decepcionado con la decisión del Gobierno de la primera ministra Annastacia Palaszczuk, tomada sin consulta. Lane declaró: “Este anuncio inesperado de otra prohibición contra un producto básico sin haber difundido las pruebas desencadenantes no hace más que perjudicar la confianza empresarial y las inversiones en este estado”.

“Hace tan solo tres años la evaluación de la Oficina del Director Científico confirmó la conclusión del Panel Científico Independiente emitida en 2012, según la cual ‘en principio, la gasificación subterránea de carbón podría llevarse a cabo de manera socialmente aceptable y ambientalmente segura en comparación con un amplio abanico de otras actividades actuales que utilizan recursos’”, dijo el director de QRC. Y concluyó: “Por lo tanto, el Consejo solicita al Gobierno que haga público el conjunto de pruebas que supuestamente tiene en su poder y que demuestran que los riesgos ambientales de los proyectos de UCG de cualquier tipo son muy altos”.

Compañía intervenida

Mientras tanto, el 15 de abril  fue intervenida la compañía de petróleo y gas Linc Energy, y se convocó a la consultora PPB Advisory para barajar distintas opciones junto con la gerencia de Linc, que incluyen una posible restructuración de la firma. En un comunicado dirigido al Mercado de Valores de Australia el mismo día, la compañía explicó que tras haber recibido asesoría legal y financiera y haber realizado una prospección comercial, la junta directiva decidió dar el paso. La compañía tomó la resolución un mes después de ser notificada que iría a juicio por cinco cargos relacionados con la violación de leyes ambientales de Queensland en su proyecto de UCG. El Departamento de Medioambiente del estado acusó a la compañía de daño intencional en su sitio piloto cercano a Chinchilla en Darling Downs.

El activista Hutton aseguró  que Linc Energy podría recibir multas de hasta 56 millones de dólares si se determina su culpabilidad. Sin embargo, aclaró que es probable que la compañía nunca las pague ya que la intervención es una maniobra legal común para evitar penalidades y costosos saneamientos.

Fuente: ABC Traducción: Nancy Viviana Piñeiro


Foto// Diario Primicia

Se firmó acuerdo con INVAP durante la visita del presidente Hollande a Argentina

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Por Lucile Daumas-Durante la visita de Hollande a Argentina a fines de febrero, se firmaron unos 20 acuerdos bilaterales con alcances a empresas privadas.

Foto// Diario Primicia
Foto// Diario Primicia

El acuerdo fue rubricado entre la empresa estatal Investigación Aplicada (INVAP) dedicada a tecnologías de altas complejidades y la empresa francesa AREVA quienes son los líderes en el mercado energético nuclear. El mismo tiene como objetivo “ofrecer conjuntamente un reactor de investigación y otro de potencia a Sudáfrica”, según informó oficialmente el gobierno argentino. El anuncio pasó desapercibido y sólo fue enumerado como uno más de todos los alcanzados entre ambos mandatarios.

La historia de AREVA en el suelo sudafricano ha sido más que conflictiva. La construcción de la única central nuclear sudáfricana fue acordada en 1976 y comenzó a construirse en 1984, en pleno período de apartheid, con participación de Framatome empresa accionaria del gigante energético nuclear Areva. Por entonces la empresa francesa fue muy criticada y las obras fueron objeto de actos de sabotaje de parte del Umkhonto we Sizwe, brazo armado del Consejo Nacional Africano (ANC).

En el 2009 la empresa estuvo en medio de un escándalo por la compra a precios muy por encima de su valor de tres minas de uranio en Namibia, África Central y África del Sur todos los diagnósticos las daban por agotadas. Las pérdidas para AREVA fueron de 2 600 millones de euros y el plan resultó un complejo fracaso, incluyó lobbys, corrupciones y compras de voluntades de medios de comunicación. Los fines fueron conseguir contratos nucleares con África del Sur.

La empresa AREVA está pasando por una grave crisis financiera con pérdidas de 4 800 millones de euros en 2014 y de 2 000 millones de euros en 2015. Tuvo que pasar un acuerdo para su compra por EDF, la empresa eléctrica francesa, para evitar la quiebra por el disparo de los precios de los reactores construidos en Flamanville, Francia (de 3300 à 10 500 millones de euros), Olkiluoto Finlandia (de 3 500 à 8 000 millones de euros). Después de Fukushima en el 2011, la debacle del mundo de la energía nuclear se hizo sentir en una caída estrepitosa del precio internacional del uranio enriquecido y con ello todas las expectativas de AREVA.

En diciembre del 2015 la justicia sudafricana anuló el contrato de mantenimiento de su central nuclear de Koeberg con la empresa Eskom. Cuestión que pone en peligro que la empresa francesa pueda ganar el contrato de construcción de nuevos reactores.

Es en este contexto que se da la firma de contrato entre INVAP y AREVA recientemente firmado por los mandatarios de ambos países. Quienes trabajamos temas energéticos nos tenemos que plantear interrogantes sobre el alcance del mismo. Es muy poco creíble que INVAP haya podido firmar tal contrato desconociendo el turbio presente y pasado de lo que fue presentado en algún momento la flor y nata de las empresas multinacionales francesas.

Internacional


campo maripe

Serie documental sonora: Territorio Crudo

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Recorrimos el norte de la Patagonia y los conflictos producidos por el avance de los hidrocarburos no convencionales, a través de los sonidos. Por medio de entrevistas y un panorama sonoro retratamos la realidad de cuatro territorios afectados por el fracking.

Territorio 1: Área Natural Fracturada, Auca Mahuida
Auca Mahuida

Auca Mahuida es un Área Natural Protegida del norte de la provincia de Neuquén. Sin embargo, en su interior hay cerca de 70 pozos petroleros que la afectan directamente y contravienen el objetivo mismo de su creación: conservar a perpetuidad su valiosa flora y fauna patagónica. Estos riesgos se redoblaron en 2013 cuando la francesa Total realizó el primer pozo de fracking, que se convirtió en el primer antecedente de un área natural fracturada en el mundo.

 
Territorio 2: Fuelmapu, Comunidad Mapuche Campo Maripe

campo maripe

Cuando en 2013 YPF y Chevron comunicaron el inicio del proyecto conjunto en Vaca Muerta, omitieron información crucial. Entre otras precisiones nada dijeron en torno a que el área del acuerdo se emplaza directamente en el territorio de un Lof [comunidad] mapuche, llamado Campo Maripe, que desmostró estar asentado hace casi 100 años en esa región de  Puel Mapu [territorio mapuche al este de la cordillera]. Desde entonces, las y los comuneros -en un principio tratados como “criollos” y hoy reconocidos legalmente como mapuche por la provincia del Neuquén luego de una larga lucha- emprenden acciones en pos de la defensa de sus derechos colectivos. Esta es su historia de conflictiva vecindad en medio del Fuelmapu, el territorio empetrolado.

Territorio 3: Mi Vecino Pluspetrol, Valentina Norte Rural
valentina norte En Valentina Norte, el barrio más al oeste de la ciudad de Neuquén, hay poco Estado y mucha empresa. La escuela, los tráileres sanitarios, los eventos sociales, la red de agua, el tendido eléctrico fueron y son financiados por los programas de responsabilidad social empresarial de Pluspetrol. Un barrio público de gestión privada. Un barrio que produce gas y no tiene gas. Ante esta situación los vecinos se organizan para mejorar su calidad de vida. ¿Cómo se “convive” medianera de por medio con un pozo? ¿Cuáles pueden ser los impactos de esta “convivencia”? Las respuestas, que debería dar el Estado, las da, como casi todo, el vecino, Pluspetrol.
Territorio 4: Fruta Amarga, Allen
  allen

La producción de fruta de pepita, centenaria actividad en la zona, está hoy bajo amenaza. Luego de ser librada al azar del mercado, una nueva actividad, más rentable para la provincia de Río Negro, comienza a ganar terreno en el Valle. Es la explotación de gas de formaciones de arenas compactas, que requieren de fracking para su extracción. A partir de una fuerte promoción estatal, mes a mes, las torres van ganando terreno a las chacras, alquiladas por productores económicamente hundidos. Los vecinos han realizado una serie de movilizaciones para evitar los riesgos de esta imposible “convivencia”. Intentan también que la zona más importante de producción de peras y manzanas del país no termine dando una fruta amarga

 


fracking

18/03 | La Paz: Seminario internacional sobre fracking

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fracking

“Daños y riesgos del fracking. Herramientas para prevenirlos y detenerlos. Experiencias de Argentina, Bolivia, México, Francia y Estados Unidos”

Viernes 18 de marzo de 2016, de 8:30 a 13:00 (ingreso libre)

Paraninfo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés (Monoblock Central).

Av. Villazón 1995, Plaza del Bicentenario. La Paz, Bolivia.

El fracking de hidrocarburos no convencionales avanza a ciegas en América Latina.  Los países de la región no conocen los alcances de los riesgos y daños graves e irreversibles en la salud y el ambiente que puede ocasionar esta técnica.  Francia, Holanda o el Estado de Nueva York (EE.UU.), entre muchos otros, han prohibido o declarado la moratoria del fracking en sus territorios. Los países de América Latina, ante los desafíos históricos del calentamiento global, tienen la oportunidad y necesidad de prohibir o declarar la moratoria del fracking para preservar la vida y la salud de las generaciones presentes y futuras.

Programa

Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de AIDA,  Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA, y Waldo Albarracín Sánchez, Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, invitan al seminario internacional a desarrollarse en el Paraninfo Universitario de la UMSA, el viernes 18 de marzo de 2016.

(8:30 a 9:00) Registro de participantes.

(9:00 a 9:15) Bienvenida al evento: Waldo Albarracín Sánchez, Rector de la Universidad Mayor de San Andrés.

(9:15 a 9:25) Presentación del objetivo y agenda del seminario: Ariel Pérez Castellón, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Panel 1 – Operaciones de fracking, sus impactos y resistencias sociales

Modera: Waldo Albarracín Sánchez.

(9:25 a 9:45)  ¿Qué es el fracking? ¿Cuáles son sus principales impactos en la salud pública y el ambiente?: Felipe Gutiérrez Ríos, investigador y comunicador social del Observatorio Petrolero Sur (Argentina).

(9:45 a 10:05) Fracking en Argentina: Felipe Gutiérrez Ríos, Observatorio Petrolero Sur.

(10:05 a 10:25) Fracking en México: Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar y Coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (México).

(10:25 a 10:45) Hidrocarburos no convencionales en Bolivia: Elizabeth Peredo Beltrán, activista e investigadora del Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo  (Bolivia).

(10:45 a 11:10) Preguntas y comentarios.

(11:10 a 11:20) Descanso.

Panel 2 – Herramientas para prevenir o detener al fracking

Modera: Waldo Albarracín Sánchez

(11:20 a 11:40) Principio de precaución, herramienta legal para prevenir o detener al frackingAriel Pérez Castellón, AIDA.

(11:40 a 12:00) Las prohibiciones del fracking en Francia y el Estado de Nueva York: Hillary Aidun, Licenciada en Ciencias Políticas y candidata a abogacía en la Universidad de Yale (EE.UU.).

(12:00 a 12:20) Preguntas y comentarios.

(12:20 a 12:30) Pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking: Ariel Pérez Castellón, AIDA.

(12:30 a 12:50) Conclusiones y cierre: Waldo Albarracín Sánchez, Rector de la UMSA.

Más información

Por favor comunícate con Ariel Pérez Castellón: aperez@aida-americas.org

Organizan: La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)  y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

Con el apoyo de:

Fundar, Alianza Mexicana contra el Fracking, Observatorio Petrolero Sur, Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, Fundación Heinrich Böll México,Centroamérica y El Caribe, y el Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo


ESABA TOLOSA2

Convocatoria IX Encuentro Socio- Ambiental Buenos Aires

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Al día de hoy, las problemáticas socioambientales siguen presentes empeorando nuestra calidad de vida con más fuerza que nunca.

Los cambios de color político en el gobierno, las modificaciones económicas y su impacto social no sólo brindan una continuidad en la forma de abordar nuestra relación productiva con la naturaleza y el habitat si no que la profundizan. Sólo basta nombrar la eliminación de impuestos a las grandes multinacionales extractivistas para blanquear este panorama.

ESABA TOLOSA2

La Provincia de Buenos Aires conglomera una gran diversidad de problemáticas socioambientales que afectan directamente nuestros espacios de vida. El modelo del agronegocio se adueña de nuestras semillas y nos enferma a través de la exposición directa a las fumigaciones con agrotóxicos sobre nuestros campos, pueblos y escuelas rurales, y a través de la exposición indirecta a esos tóxicos a través del consumo de alimentos. La presencia de diferentes industrias contaminantes (como pasteras, refinerías y curtiembres, entre otras) afectan el aire, el agua y la tierra con sus vertidos, enfermando a las poblaciones cercanas y sus trabajadores. La falta de acceso al agua potable y de programas eficaces y expeditivos  para garantizar el acceso a una vivienda digna, nos condena a vivir en barrios precarizados, rodeados de contaminación electromagnética (subestaciones eléctricas y antenas), sin servicios sociales básicos (agua, cloacas), deficientes tratamientos de los residuos sólidos urbanos (CEAMSE, quemas a cielo abierto, basurales clandestinos,  microbasurales, etc), con espacios públicos privatizados, agravando nuestras condiciones de laborales, económicas y de existencia. La usurpación de las costas de nuestros ríos, la pretendida explotación de carbón mediante fracking, así como también la destrucción de bosques, selvas y humedales que generan los constantes procesos de inundaciones que sufrimos cada vez más en todo el país, tosqueras, plantas nucleares, incineradores, entre muchas otras, son sólo algunas de las problemáticas que atraviesan a nuestros barrios y pueblos.

El panorama actual de la provincia de Buenos Aires se ve agravado por la existencia de organismos ambientales del Estado (OPDS, Autoridad del Agua, OCABA) que callan con el fin de ser funcionales a los intereses del capital. A todo este cuadro de situación tenemos que sumar la violencia institucional de las policías municipales y provinciales.

Quienes venimos luchando hace décadas por una vida digna entendemos que somos nosotros y nosotras los que debemos decidir sobre nuestras formas de vida, sobre qué, cómo y para quién producir. Seguimos luchando y construyendo propuestas alternativas a este sistema y a este modelo, con la construcción colectiva y democrática de proyectos de agroecología, reutilización y reciclado de RSU, relocalización y reconversión tecnológica de las industrias contaminantes, autodeterminación y control ciudadano de los procesos productivos, promoción e inversión en la investigación, uso de energías renovables y sustentables (para uso domiciliario e industrial) y del uso y alcances de los espacios públicos, todo ello a través de la gestión participativa de la ciudadanía.

Porque entendemos que, para vivir dignamente, tenemos que respetar las diferentes formas de vida, aceptando que tanto en la ciudad como en el campo la pobreza no son el camino para generar un ambiente saludable y sustentable y porque no nos pararán ni con la implementación de la Ley Antiterrorista, el Proyecto X, las causas judiciales, el Protocolo Antipiquete ni la represión, nos reunimos para construir colectivamente el 9no Encuentro Socio Ambiental Buenos Aires.

Los/as invitamos a todos y a todas el Sábado 5 y el Domingo 6 de Marzo a partir de las 9hs para encontrarnos, compartir, discutir, y generar alternativas colectivas que unifiquen nuestras luchas en la búsqueda de una vida digna. Los esperamos a construir en comisiones, en plenarios y en talleres, a “El Galpón de Tolosa” (La Plata, provincia de Buenos Aires) Calle 526 entre 2 y 3, estación de tren “Tolosa” Línea Gral. Roca.

Para INSCRIPCIONES y CONSULTAS:

http://somosesaba.blogspot.com.ar/p/inscripcion.html

somosesaba@gmail.com

Fcb: Esaba Baires

CONTACTOS DE PRENSA:

Fernando- Naturaleza de Derechos (011) 153864-0522

Carlos- Foro por la Salud y el Ambiente de Vicente López (011) 154144- 9192

Carla- Espacio de Lucha Territorial Río Bravo (011) 156012- 5965

Alita- Tierra Para Vivir- COB La Brecha (011) 155867-7879

 


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Vienen por todo

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Ante el avance de las invasiones mineras y de políticas que intentan legitimar la rapiña extractiva las organizaciones ecologistas y movimientos vecinales seguimos rechazando las actividades de la megaminería hidrotóxica  como parte de un modelo globalizado y corporativo, vehículo del saqueo y la contaminación de nuestros territorios y nuestras comunidades. 

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El presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri anunció el fin de las retenciones a las exportaciones mineras; con esta medida no hace más que profundizar el saqueo y confirmar que  se sigue insistiendo con la mentira de la “minería sustentable”, apostando a un gobierno que pretende que “la sociedad se reconcilie con la minería” y ni siquiera aplica la ley de glaciares, cuyo inventario debería estar terminado y empresas como Barrick expulsadas por destruirlos.

Los recientes desastres que provocaron las mineras en Mina Gerais y  Jáchal, San Juan, demuestran a los riesgos a los cuales que estamos expuestos y la impunidad que tienen las empresas frente a Estados que ni las controlan ni las sancionan.

Después de los casos irresueltos de espionaje contra vecinos organizados, después de dos décadas  de sostener negocios contaminantes y de manipular la información desde el Estado hacia el Pueblo, llega esta decisión: la vía libre, la definitiva confirmación de la entrega del territorio, de los bienes comunes y del destino de las futuras generaciones.

Rechazamos el abastecimiento a los proyectos extractivos con nuestro agua, bien común con el que pretenden sostener la megaminería y el fracking: El agua es de la vida; y para la vida.

Desde nuestras organizaciones, desde nuestras comunidades seguiremos resistiendo al avance de la megaminería contaminante y denunciando y repudiando a sus impulsores.


extractivismo

Extractivismo o subdesarrollo: el falso dilema de los gobiernos progresistas en América Latina

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Actualmente las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del extractivismo.  Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.

extractivismo

Ricardo Bustamante.- Mucho se ha analizado sobre los cuestionamientos al modelo de desarrollo y reales cambios efectuados por los gobiernos progresistas o de sensibilidad de izquierda que han dirigido nuestro subcontinente en los últimos años. Sin embargo, en algunos de estos países el panorama nos muestra que la derecha neoliberal y conservadora comienza a lograr triunfos significativos, como ya sucedió con la elección presidencial de Mauricio Macri en Argentina y la derrota del chavismo en las últimas legislativas en Venezuela.

No obstante, e independiente de los gobiernos de turno en la región, hay un dato que no miente: En Latinoamérica los ingresos provenientes del sector extractivo -que incluye la explotación minera y petrolera- se han incrementado 20 veces durante la última década. Una situación que ha ocasionado la propagación de un sinnúmero de conflictos socio-ambientales a lo largo de la región y la consiguiente violación de derechos sociales, ambientales, económicos y culturales de millones de latinoamericanos.

Y es que las banderas de lucha de los gobiernos llamados progresistas en el continente, si bien descansaban en un discurso que siempre cuestionó los modelos de desarrollos tradicionales, y por ende, al extractivismo. Se criticaba la dependencia de las exportaciones, el papel de las economías de enclave, las condiciones laborales, el enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal o la baja tributación. Con el fin de desarmar los entramados neoliberales, diversificando la producción e industrializando las materias primas, apuntando precisamente a los sectores extractivos típicos: la minería y el petróleo.

Sin embargo, la realidad ha logrado ser otra muy distinta. Actualmente las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del extractivismo, incluso a través de reformas legislativas o de subsidios financieros. Y no sólo eso, sino que han generado una versión de agricultura basada en monocultivos y orientada a la exportación, que termina resultando ser una nueva forma de extractivismo, esta vez, agrícola. Muy bien lo sabe Chile con millones de hectáreas plantadas con pino y eucaliptos y sus nocivas consecuencias socio-ambientales, y la aplicación del subsidio estatal DL-701.

La dirigente ambiental ecuatoriana, Esperanza Martínez, ha estado en Chile para relatar su experiencia en instancias académicas, y destaca cómo el proceso de reposicionamiento del rol del Estado en las sociedades latinoamericanas, llevado a cabo durante los últimos 15 años y más allá de otros méritos, responde a una nueva fase de capitalismo extractivista, caracterizada por una economía sostenida mediante el agotamiento del petróleo y los minerales.

En Ecuador, país que lleva varios años viviendo de la renta petrolera, las zonas más pobres del país son aquellas de donde se saca petróleo. ¿Cómo es posible aquello?, Simple, como en el caso de Chile -con la explotación minera en el norte, la forestal y salmonera en el sur- “estas políticas extractivas lo que generan, justamente, es pobreza local”. Porque los recursos que se quedan en el país de turno no se traspasan a las regiones impactadas, sino que se traspasan -en una lógica colonial- hacia las grandes ciudades industrializadas. Martínez, y su comunidad, llaman a este suceso la “deuda ecológica a escala local”.

En Colombia, en tanto, la superficie utilizada para la extracción minera ha pasado de 1,1 millones de hectáreas en 2002 a 8,4 millones de hectáreas en 2009. Según Sergio Coronado, del Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia, el 80% de violaciones a los derechos humanos y laborales se dan en esos territorios. “La minería a gran escala no ha facilitado la superación de la pobreza”, y agrega que esto no sólo sucede en su país, “la experiencia histórica de América Latina está mostrando una muy mala relación entre la garantía de derechos sociales y la presencia de industrias extractivas. En la mayoría de los casos, la situación de los derechos sociales y humanos es mucho peor en zonas mineras”.

Cifras del falso dilema

Como señala el investigador uruguayo Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), a pesar de los profundos cambios políticos continentales hacia la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo actuales.

En paralelo al gran peso de los sectores extractivos en las exportaciones y la economía nacional de los países latinoamericanos, buena parte de estos mismos gobiernos enfrentan bajos niveles de desarrollo humano, alta incidencia de la pobreza e incluso limitaciones en el acceso a la alimentación. Para algunos expertos, esto es la llamada “maldición de la abundancia”.

Como el caso de Ecuador, que exporta el 59% de su producción de hidrocarburos, tiene un 36% de pobreza y un 11% de niños desnutridos, o el de Colombia, en que el 60% de sus exportaciones la componen materias primas, suma un 31% de pobreza y un 11% de desnutrición. O sumar el ejemplo de Bolivia, que si bien desde el arribo al poder de Evo Morales ha rebajado sostenidamente sus índices de pobreza e indigencia, el 91% de sus exportaciones la siguen constituyendo commodities, registrando un 36% de pobreza y un 19% de desnutrición, según cifras de la FAO y CEPAL.

Aunque el estilo extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores. O si se observa el caso de Brasil, se verá también una presencia estatal más enérgica, que incluso empuja a una expansión de la empresa Petrobrás, y que ha llegado a discutir un nuevo marco legal y administrativo para el sector petrolero.

De esta forma, es posible postular un neo-extractivismo de cuño progresista (Gudynas), el que, sin embargo, no ha modificado sustancialmente el modelo de esta industria, y que por consiguiente, haya comenzado a resolver los grandes impactos sociales y ambientales a los que son sometidas las comunidades.

Un desafío mayor, que no solo basta con diversos postulados sobre el cambio del modelo de desarrollo de nuestras naciones, sino que muchas veces, los análisis no tienen en cuenta la existencia de mayorías parlamentarias -sumado a la voluntad política necesaria- que mitigue los múltiples impactos ocasionados por esta industria. Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.

El Mostrador, Chile


minas gerais brasil mineria

Matar un río

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minas gerais brasil mineria

La furia de 62 mil millones de litros de pesado lodo tóxico arrasó con todo el pueblo de Bento Rodrigues, en el municipio de Mariana, Minas Gerais, Brasil, el 5 de noviembre de 2015, al romperse dos gigantescos diques de contención de residuos de la minera Samarco, propiedad de la brasilera Vale y la australiana BHP Billiton, ambas entre las cinco mayores empresas mineras del planeta.

Era sólo el comienzo de una tragedia anunciada, como lo formuló el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués), que se convirtió en el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil y en uno de los mayores crímenes industriales del mundo. Las mineras no atendieron las advertencias que le hicieron expertos desde 2013, por ahorrar gastos en medidas de seguridad. Sabiendo de la fragilidad, aumentaron exponencialmente la presión de los diques para conseguir más ganancias en tiempos de crisis. El precio del hierro, principal explotación de esa mina, bajó 76 por ciento desde 2009, pero la compañía siguió obteniendo enormes ganancias, más de mil millones de dólares en 2014 . Lo logró aumentando la producción 56 por ciento en cuatro años, con las mismas instalaciones que le habían advertido eran demasiado vulnerables. (1)

Mujeres, hombres, niños, ancianas, todos los 600 habitantes de Bento Rodrigues perdieron sus casas, su pueblo y su historia en un momento, y los que no pudieron escapar perdieron también la vida. El crimen terminó con la vida de 17 personas entre pobladores y trabajadores de la mina, y una cantidad indeterminada de desaparecidos.

Desde allí el deslave siguió su viaje letal, devastó regiones enteras, mató a su paso los ríos Gualaxo do Norte y Rio do Carmo, avanzó sobre tierras aledañas hasta llegar al tramo de cauce más amplio del Río Doce. En menos de tres semanas la corriente de lodo tóxico recorrió más de 700 kilómetros, atravesando los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo con decenas de poblaciones ribereñas y alcanzó el oceáno Atlántico, donde la enorme mancha se sigue extendiendo aún. Ahora está llegando al archipiélago de Abrolhos, una reserva de flora y fauna, donde el desembarco de seres humanos está prohibido para conservar el ecosistema, con la sola excepción de una isla, donde se permitían visitas estrictamente restringidas.

Samarco, Vale y BHP Billiton mataron el Río Doce y todo su sistema fluvial, uno de los más importantes de Brasil. Ninguna multa –que además son mucho menos que las millonarias ganancias de esas industrias– puede compensar la destrucción de los pueblos, los ríos, los millones de peces y animales, las decenas de miles de árboles y plantas, la destrucción de ecosistemas enteros que brindaban agua, alimento y sustento a cientos de miles de personas y muchas culturas.

En medio del desastre están las tierras ancestrales del pueblo Krenak. “Watu e kwen” (mataron el Río Doce) resuenan sus voces en luto. Watu, el verdadero nombre del río, era la fuente de agua de la reserva en que la que viven luego de muchos saqueos. Hace tres siglos los conquistadores navegaron río arriba para tomar los metales que encontraban, sembrando muerte y desolación a su paso. A fines del siglo XIX y principios del XX, la construcción del ferrocarril para sacar minerales y café de las haciendas, partió su territorio nuevamente. La muerte del río es quizá el peor ataque contra la vida de los Krenak hasta ahora, y viene arriba de la instalación de represas y otras obras que invadieron su territorio en las últimas décadas. Nunca dejaron de resistir y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. La muerte de Watu es un crimen insondable, de profundidad difícil de abarcar. “Murieron todos los peces y todas las plantas y medicinas que tomábamos de sus orillas. Allí enseñábamos a los niños a nadar, a bailar en el río, a llamar la lluvia. Ahora no podemos ni acercarnos” dijo Laurita Charuk Mik, de 72 años, al MAB. “Casi morimos de tristeza. ¿Por qué alguien haría esto? … Cuando descubrimos que era la Vale, bloqueamos las vías del tren. Ningún dinero puede pagar la muerte de Watu”. (2)

No existe siquiera una evaluación total de los daños. La propia Samarco reconoce 1300 personas directamente afectadas. Pero autoridades de Minas Gerais estiman que hay más de un millón de afectados, tomando en cuenta la población de 35 núcleos habitacionales sólo en ese estado. Por lo menos 500,000 personas abastecían sus sistemas de agua potable en el río y no podrán seguirlo haciendo. La crisis por falta de agua crece día a día. (3) El lodo contiene varios metales pesados y al ser espeso, se depositó en varios recodos del río, de tal manera que no hay estimación de si se podrán limpiar alguna vez. El flujo del desastre sigue activo, la mancha tóxica y sus impactos se siguen extendiendo.

Increíblemente, hasta el día de hoy las empresas afirman que las causas del “accidente” son “desconocidas”. Es de un cinismo descabellado que pretendan que el crimen, que fue cometido con total conocimiento de causa, sea un accidente. No sólo no es accidental, es parte constituyente de la especulación premeditada que hacen todas las empresas mineras, con mayor o menor suerte, sabiendo que los riesgos los corren otros, que son casi siempre los pobres y los más vulnerables. Es parte del núcleo duro del modelo industrial de producción y consumo, basado en el extractivismo feroz, que no respeta ciclos, ni ecosistemas ni culturas, destruye los recursos y los bienes comunes de la mayoría de la humanidad, para beneficio de una ínfima minoría.

En todas partes los ríos son fuentes de vida y por eso los pueblos se asientan en sus orillas. De otro orden, pero en el mismo sentido y también con cientos de miles de evacuados, tampoco fueron “accidentales” ni “catástrofes naturales” las inundaciones que pocas semanas después de la tragedia de Mariana, asolaron grandes áreas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Movimiento sociales y organizaciones populares de esos países denunciaron que lo que sí era un fenómeno natural, se transformó en desastre por ese mismo modelo de explotación industrial y extracción descontrolada de recursos: por la construcción de represas, por la deforestación, en gran parte para abrir paso a los extensos monocultivos de soja transgénica, por la siembra de monocultivos de pinos y eucaliptos, por el uso intensivo de agrotóxicos; todo lo cual ha provocado la destrucción de los ecosistemas que contenían las inundaciones, con una gran erosión de suelos, que en lugar de absorber el agua se volvieron impermeables y la hacen correr.

La devastación ambiental no es nunca un accidente: es parte constitutiva del modelo industrial de producción y consumo y crímenes como estos van a seguir aumentando. No nos queda otro camino que cuestionar de fondo esos modelos, desde nuestras luchas, análisis y propuestas. Mientras tanto, siguen siendo las comunidades locales las que en todas partes resisten esos embates y cuidan los ecosistemas que nos permiten seguir vivos.

Desinformémonos 


cambio climatico

Pedido a Naciones Unidas que Aborde los Impactos del Fracking en los Derechos Humanos

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Esta carta será enviada a Naciones Unidas el 15 de enero, pidiendo que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos se informe y trate los riesgos e impactos de la fracturación hidráulica en los derechos humanos. Por favor apoyen a esta iniciativa firmando la carta!

Enviar la indicación de su firma institucional a: jdtaillant@gmail.com

Estimados miembros del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la ONU:

Estamos en contacto con ustedes para transmitirles una creciente preocupación mundial que afecta a la plena realización de los derechos humanos debido a la evolución de una actividad empresarial de alto riesgo social y ambiental llamada fracturación hidráulica.

La fracturación hidráulica o fracking, es un proceso industrial desarrollado recientemente, pero que evoluciona rápidamente en la industria del petróleo y gas. Consiste en perforar al suelo e inyectarle agua, sílice y productos químicos tóxicos a niveles profundos de la geología (esquisto, arenas compactas u otras formaciones geológicas que contienen hidrocarburos) a muy alta presión, con el fin de crear grietas en la geología que luego liberan petróleo y gas atrapadas en el roca.

A diferencia de las operaciones de petróleo y gas convencionales, el fracking emplea cantidades voluminosas de agua dulce. También genera grandes cantidades de residuos tóxicos líquidos para los que no existen instalaciones de tratamiento y eliminación segura y adecuada. Los residuos de fracking, que son a veces radiactivos, se inyectan bajo tierra en pozos destinados a inyecciones industriales, a veces causan retornos a superficie, o simplemente se entierran en los mismos sitios donde se hace el fracking o en rellenos sanitarios municipales.

Desde que empezaron las preocupaciones por las operaciones de fracking durante la última década, han aparecido más de 600 estudios científicos[1] y miles de informes periodísticos que han demostrado que la fracturación hidráulica provoca impactos adversos significativos. Estos incluyen la contaminación del agua y del aire, terremotos, deforestación, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por químicos utilizados en el fracking, hidrocarburos, residuos de petróleo y residuos radiactivos, así como cicatrices en la tierra. También se ha registrado contaminación lumínica, contaminación acústica, el aumento de accidentes de tránsito y muertes, la caída en valores de la propiedad, la rápida industrialización de zonas residenciales y de la vida silvestre, la fragmentación de la comunidad, y otros típicos efectos negativos que conlleva el rápido desarrollo industrial. También y aun más preocupante son los impactos registrados en la salud, incluyendo enfermedades respiratorias, lesiones en la piel, nauseas, y malformaciones de nacimiento.

A nivel local, las personas que viven cerca de las zonas donde se realiza la fracturación hidráulica, informan de una amplia gama de efectos adversos para la salud que se pueden atribuir a la exposición a productos químicos utilizados en el fracking, entre estos hidrocarburos y otras emisiones provenientes de operaciones tanto en la exploración como en la extracción del combustible por este método. Los productos químicos utilizados en las diferentes etapas de la fracturación hidráulica, pueden dañar y deteriorar todo el sistema humano.[2] La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y científicos independientes han identificado más de 1.000 ingredientes químicos utilizados como fluidos de fracturación hidráulica, que se inyectan en el suelo. [3] La EPA señala los riesgos de la fracturación hidráulica para la salud debido a la posible contaminación de cursos de agua, citando “casos específicos en los que uno o más mecanismos provocaron impactos sobre recursos de agua potable, incluyendo la contaminación de los pozos de agua potable.”

Los más notorios estudios de fracking documentados provienen de la propia industria de petróleo y gas, mostrando, por ejemplo, que las cañerías de cemento  y acero subterráneas, por las que fluyen los combustibles fósiles extraídos junto a los fluidos del fracking que contaminan las fuentes subterráneas de agua potable, estallan o se agrietan con frecuencia asombrosa. El cinco por ciento de todos los pozos de petróleo y gas producen fugas inmediatamente después de la perforación inicial y en casi el 60% de los casos se producen fugas después de un período de 30 años, según un estudio sobre fugas realizado por una conocida empresa de petróleo y gas. La Sociedad de Ingenieros de Petróleo ha descubierto recientemente que el 35% de todos los pozos de petróleo y gas en el mundo evidencian fugas.[4]

Los emprendimientos de fracturación hidráulica raramente consultan a las partes interesadas en las decisiones relativas a los usos del suelo o sobre la expansión de sus operaciones, incluyendo por ejemplo en tierras indígenas. En algunos casos, las decisiones de inversión en la fracturación hidráulica se realizan en el marco de negociaciones secretas entre empresa y Estado mientras que las comunidades que deben enfrentar los impactos del fracking son víctimas de represión brutal de la policía cuando exigen legítimamente participar en las decisiones que gobiernan la inversión.

A nivel mundial, el impacto acumulativo de la fracturación hidráulica también es profunda. Pese a las afirmaciones de la industria que la extracción de gas natural mediante la fracturación hidráulica ayudará a hacer frente a las tendencias de cambio climático mediante la sustitución de energías que emiten CO2. La realidad es que la tecnología empleada actualmente por empresas que realizan fracturación hidráulica es inadecuada, y resulta en la significante emisión de metano fugitivo a la atmósfera. Teniendo en cuenta que el gas metano es aproximadamente 72-100 veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2, la fracturación hidráulica está exacerbando el cambio climático, no mitigándolo.

Evidentemente, los impactos de la fracturación hidráulica coloca prácticamente a todos los derechos humanos en situación de riesgo, incluyendo el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la tierra, el derecho a la propiedad, y a un medio ambiente sano, el derecho a libre determinación, al trabajo, a un nivel de vida digno, y el derecho al acceso a la información y al acceso a la justicia, así como a la libertad de expresión y participación. Inclusive, el derecho humano más esencial y básico a la vida está en riesgo por las operaciones de fracturación hidráulica.

Considerando la gravedad de los riesgos implicados en la fracturación hidráulica, muchos gobiernos, entre ellos los de Texas, Nueva York, Colorado y Vermont, así como los países de Francia, Bulgaria y Alemania, han adoptado una posición cautelosa ante la actividad. Después de fundadas consideraciones y numerosos estudios que revelan los peligros del fracking, estos gobiernos o bien han prohibido la actividad o decidido suspender las operaciones de fracking hasta poder evaluar la información existente sobre los riesgos e impactos sociales y ambientales de la actividad.

Otros gobiernos, a pesar de estos riesgos, han preferido cortar camino y arriesgar respecto a estos impactos desarrollando políticas energéticas que incluyen fracturación hidráulica sin consultar las partes interesadas, mientras que muchas empresas han ignorado procedimientos de debida diligencia para identificar, evaluar y abordar las dimensiones de derechos humanos afectadas por esta actividad industrial.

Solicitud al Grupo de Trabajo:

El propósito de esta carta es advertir al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales (Grupo de Trabajo) sobre los riesgos de la fracturación hidráulica respecto a la plena realización de los derechos humano, y para pedirle al Grupo de Trabajo que registre y aborde este tema. Nos gustaría hacer hincapié en que el fracking es de importancia primordial para el mandato del Grupo de Trabajo, dadas sus profundas implicaciones para la realización de los derechos humanos, entre estos, en relación con el deber del Estado de proteger, la responsabilidad empresarial de respetar, y los derechos de las víctimas a tener acceso a la remediación efectiva.

Las operaciones de fracturación hidráulica, incluidas las actividades de exploración y extracción, están en aumento en todo el mundo. Visto que esta práctica está en etapa evolutiva, su relevancia en cuestiones de derechos humanos seguirá siendo importante y por su gravedad en los impactos sociales y ambientales que conlleva, estará en el centro de conflictos locales donde se pretende realizar esta práctica industrial. Por esta razón, es importante que el Grupo de Trabajo participe en esta discusión, que adquiera conocimientos sobre la práctica y sus consecuencias para la sociedad a fin de que pueda comprender los riesgos que supone para los derechos humanos, y lo más importante, para ayudar a guiar a la sociedad, a Estados y a empresas, para hacer frente a estos impactos antes de que se materialicen y para remediarlos una vez que los impactos hayan ocurrido.

Proponemos al Grupo de Trabajo:

Adoptar un enfoque preventivo sobre la fracturación hidráulica y teniendo en cuenta la información ya ampliamente disponible y documentada sobre la salud y el medio ambiente, emitir una declaración de preocupación sobre los impactos potenciales de las operaciones de fracking a los derechos humanos; Colaborar con los Estados, con académicos, con el sector de petróleo y gas, con organizaciones de derechos humanos y con otros grupos interesados, a identificar las cuestiones pertinentes de derechos humanos implicadas por operaciones de fracturación hidráulica; Colaborar con socios afines y buscar ayuda para elaborar un informe sobre las implicancias para los derechos humanos, los riesgos y los impactos de la fracturación hidráulica; Colaborar con especialistas para el desarrollo de materiales de orientación para los Estados y para las empresas de petróleo y gas, para considerar de forma adecuada los impactos en los derechos humanos y realizar evaluaciones antes, durante y después de cualquier operación de fracturación hidráulica prevista o en curso; Invitar a que grupos de interés envíen información respecto a sus experiencias con la fracturación hidráulica, incluyendo presuntas víctimas individuales y comunitarias de las operaciones de fracking para informar al Grupo de Trabajo en cuanto a sus preocupaciones sobre los riesgos de derechos humanos reales, potenciales o supuestos y los impactos causados ​​a ellos por operaciones de fracturación hidráulica; Estamos a disposición para asistir al Grupo de Trabajo con estas tareas.

C.C.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente Relator Especial de la ONU sobre los pueblos indígenas Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Lecturas Sobre Derechos Humanos y Fracking

El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CHRE). Derechos Humanos y el negocio de Fracking: Aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos de fracturamiento hidráulico. CHRE.2015: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2015/08/Fracking-and-UNGPs-Consulation-Draft-August-20-2015.pdf

EHRA. Medio Ambiente y Derechos Humanos Asesor. Una evaluación de los Derechos Humanos de hidráulico Fracturamiento para Gas Natural. 2.011.

Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA). La evaluación de los posibles impactos de fracturamiento hidráulico para Petróleo y Gas en recursos de agua potable. 06 2015: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2015/06/HF_ERD_JUN2015.pdf

Grear, E. Grant, T. Kerns, K. D. Morrow y Short. Una evaluación de los Derechos Humanos de la fracturación hidráulica y otra no convencional Desarrollo de gas en el Reino Unido. Octubre 2014: http://www.sas.ac.uk/sites/default/files/files/UK%20HRIA%20w%20appdx-hi%20res.pdf LM. McKenzie, R. Witter, L. Newman, J. Adgate. Evaluación de los riesgos para la salud humana de las emisiones a la atmósfera desde el desarrollo de los recursos de gas natural no convencionales. En Ciencia of the Total Environment. 2012.

D. Breve et.al. Energía extrema, “fracking” y los derechos humanos: un nuevo campo para las evaluaciones de impacto de los derechos humanos? El Diario de los Derechos Humanos. 2015: http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2015.1019219

T. y M. Rotkin Srebotnjak. Fracking Humos: contaminación atmosférica ocasionada por fracturamiento hidráulico Amenaza Salud Pública y Comunidades. Consejo de Defensa de Recursos Naturales. 2014: http://www.nrdc.org/health/files/fracking-air-pollution-IB.pdf

UNANIMA. El fracturamiento hidráulico para el gas natural: Una nueva amenaza para los derechos humanos. 2011: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/160/72/PDF/G1116072.pdf?OpenElement

[1] Zotero. Citation Database: https://www.zotero.org/groups/pse_study_citation_database/items

[2] TEDX. Chemicals in Oil and Gas Operations, Health: http://endocrinedisruption.org/chemicals-in-natural-gas-operations/health

[3] TEDX. Chemicals in Oil and Gas Operations, Health: http://endocrinedisruption.org/chemicals-in-natural-gas-operations/health

[4] Schlumber.“


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Un paraíso para los contaminadores

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Cómo los derechos de los inversores en los acuerdos comerciales de la UE sabotean la lucha por la transición energética. unnamed Los acuerdos internacionales de inversión representan un obstáculo para la transición energética que exige la lucha contra el cambio climático, ya que limitan la capacidad de los Gobiernos para determinar sus políticas en todos los ámbitos. Evitar un cambio climático catastrófico es el desafío que define nuestro tiempo. Si queremos tener la posibilidad de impedir que se alcancen unos niveles extremadamente peligrosos en el calentamiento global, la mayor parte de los combustibles fósiles del mundo —petróleo, carbón y gas— se debe dejar bajo tierra, sin explotar. Las sociedades deben dirigirse hacia un sistema de energía basado en fuentes renovables como el sol, el viento y el agua. Este enorme cambio exigirá una fuerte acción por parte de las autoridades públicas. Pero la capacidad de estas para promulgar las leyes y normas necesarias se ve gravemente limitada por un sistema jurídico muy poco conocido pero muy poderoso. En las últimas décadas, este régimen internacional de inversiones ha atrapado a muchos países en sus redes legales. Miles de acuerdos comerciales y de inversión firmados entre países permiten a las empresas multinacionales demandar a los Gobiernos si se considera que los cambios normativos adoptados por las autoridades públicas reducen sus ganancias, aunque se trate de normas para proteger el medio ambiente o para combatir el cambio climático. A finales de 2014, se tenía constancia de 608 demandas de este tipo, planteadas por inversores contra Estados, ante tribunales internacionales. El peso de estas demandas recae en gran medida sobre los Gobiernos, ya sea en la forma de unos astronómicos costes jurídicos o del menoscabo de las normas sociales y ambientales. Cada vez son más las demandas inversor-Estado que se interponen contra las medidas de los Gobiernos en el sector energético, y que irían desde la eliminación gradual de la energía nuclear a las moratorias sobre operaciones de riesgo para el medio ambiente, como la explotación de gas de esquisto (‘fracking’). Como los bufetes de abogados ganan dinero cada vez que un inversor demanda a un Estado, esto fomenta que cada vez surjan más demandas corporativas; por ejemplo, sobre la legislación en el sector de las energías renovables. A pesar del riesgo evidente que esto supone para la transición energética, aún se están negociando otros acuerdos de comercio e inversión que permitirían a las grandes empresas bloquear la acción resuelta de los Gobiernos en materia de cambio climático. Entre estos, cabe mencionar la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (más conocido como TTIP, por su sigla en inglés), que están negociando actualmente la UE y los Estados Unidos, y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá, cuyo proceso de ratificación podría comenzar en 2016. Sin embargo, aunque los grandes contaminadores están presionando con fuerza a favor de estos acuerdos, un movimiento creciente está haciendo frente a este acaparamiento de poder por parte de las grandes empresas. En efecto, hoy en día se constata un mayor examen y debate público sobre los acuerdos de comercio y de inversión del que era habitual en los últimos años.   Descargar informe completo