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Extractivismo o subdesarrollo: el falso dilema de los gobiernos progresistas en América Latina

Actualmente las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del extractivismo.  Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.

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Ricardo Bustamante.- Mucho se ha analizado sobre los cuestionamientos al modelo de desarrollo y reales cambios efectuados por los gobiernos progresistas o de sensibilidad de izquierda que han dirigido nuestro subcontinente en los últimos años. Sin embargo, en algunos de estos países el panorama nos muestra que la derecha neoliberal y conservadora comienza a lograr triunfos significativos, como ya sucedió con la elección presidencial de Mauricio Macri en Argentina y la derrota del chavismo en las últimas legislativas en Venezuela.

No obstante, e independiente de los gobiernos de turno en la región, hay un dato que no miente: En Latinoamérica los ingresos provenientes del sector extractivo -que incluye la explotación minera y petrolera- se han incrementado 20 veces durante la última década. Una situación que ha ocasionado la propagación de un sinnúmero de conflictos socio-ambientales a lo largo de la región y la consiguiente violación de derechos sociales, ambientales, económicos y culturales de millones de latinoamericanos.

Y es que las banderas de lucha de los gobiernos llamados progresistas en el continente, si bien descansaban en un discurso que siempre cuestionó los modelos de desarrollos tradicionales, y por ende, al extractivismo. Se criticaba la dependencia de las exportaciones, el papel de las economías de enclave, las condiciones laborales, el enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal o la baja tributación. Con el fin de desarmar los entramados neoliberales, diversificando la producción e industrializando las materias primas, apuntando precisamente a los sectores extractivos típicos: la minería y el petróleo.

Sin embargo, la realidad ha logrado ser otra muy distinta. Actualmente las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del extractivismo, incluso a través de reformas legislativas o de subsidios financieros. Y no sólo eso, sino que han generado una versión de agricultura basada en monocultivos y orientada a la exportación, que termina resultando ser una nueva forma de extractivismo, esta vez, agrícola. Muy bien lo sabe Chile con millones de hectáreas plantadas con pino y eucaliptos y sus nocivas consecuencias socio-ambientales, y la aplicación del subsidio estatal DL-701.

La dirigente ambiental ecuatoriana, Esperanza Martínez, ha estado en Chile para relatar su experiencia en instancias académicas, y destaca cómo el proceso de reposicionamiento del rol del Estado en las sociedades latinoamericanas, llevado a cabo durante los últimos 15 años y más allá de otros méritos, responde a una nueva fase de capitalismo extractivista, caracterizada por una economía sostenida mediante el agotamiento del petróleo y los minerales.

En Ecuador, país que lleva varios años viviendo de la renta petrolera, las zonas más pobres del país son aquellas de donde se saca petróleo. ¿Cómo es posible aquello?, Simple, como en el caso de Chile -con la explotación minera en el norte, la forestal y salmonera en el sur- “estas políticas extractivas lo que generan, justamente, es pobreza local”. Porque los recursos que se quedan en el país de turno no se traspasan a las regiones impactadas, sino que se traspasan -en una lógica colonial- hacia las grandes ciudades industrializadas. Martínez, y su comunidad, llaman a este suceso la “deuda ecológica a escala local”.

En Colombia, en tanto, la superficie utilizada para la extracción minera ha pasado de 1,1 millones de hectáreas en 2002 a 8,4 millones de hectáreas en 2009. Según Sergio Coronado, del Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia, el 80% de violaciones a los derechos humanos y laborales se dan en esos territorios. “La minería a gran escala no ha facilitado la superación de la pobreza”, y agrega que esto no sólo sucede en su país, “la experiencia histórica de América Latina está mostrando una muy mala relación entre la garantía de derechos sociales y la presencia de industrias extractivas. En la mayoría de los casos, la situación de los derechos sociales y humanos es mucho peor en zonas mineras”.

Cifras del falso dilema

Como señala el investigador uruguayo Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), a pesar de los profundos cambios políticos continentales hacia la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo actuales.

En paralelo al gran peso de los sectores extractivos en las exportaciones y la economía nacional de los países latinoamericanos, buena parte de estos mismos gobiernos enfrentan bajos niveles de desarrollo humano, alta incidencia de la pobreza e incluso limitaciones en el acceso a la alimentación. Para algunos expertos, esto es la llamada “maldición de la abundancia”.

Como el caso de Ecuador, que exporta el 59% de su producción de hidrocarburos, tiene un 36% de pobreza y un 11% de niños desnutridos, o el de Colombia, en que el 60% de sus exportaciones la componen materias primas, suma un 31% de pobreza y un 11% de desnutrición. O sumar el ejemplo de Bolivia, que si bien desde el arribo al poder de Evo Morales ha rebajado sostenidamente sus índices de pobreza e indigencia, el 91% de sus exportaciones la siguen constituyendo commodities, registrando un 36% de pobreza y un 19% de desnutrición, según cifras de la FAO y CEPAL.

Aunque el estilo extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores. O si se observa el caso de Brasil, se verá también una presencia estatal más enérgica, que incluso empuja a una expansión de la empresa Petrobrás, y que ha llegado a discutir un nuevo marco legal y administrativo para el sector petrolero.

De esta forma, es posible postular un neo-extractivismo de cuño progresista (Gudynas), el que, sin embargo, no ha modificado sustancialmente el modelo de esta industria, y que por consiguiente, haya comenzado a resolver los grandes impactos sociales y ambientales a los que son sometidas las comunidades.

Un desafío mayor, que no solo basta con diversos postulados sobre el cambio del modelo de desarrollo de nuestras naciones, sino que muchas veces, los análisis no tienen en cuenta la existencia de mayorías parlamentarias -sumado a la voluntad política necesaria- que mitigue los múltiples impactos ocasionados por esta industria. Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.

El Mostrador, Chile


minas gerais brasil mineria

Matar un río

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La furia de 62 mil millones de litros de pesado lodo tóxico arrasó con todo el pueblo de Bento Rodrigues, en el municipio de Mariana, Minas Gerais, Brasil, el 5 de noviembre de 2015, al romperse dos gigantescos diques de contención de residuos de la minera Samarco, propiedad de la brasilera Vale y la australiana BHP Billiton, ambas entre las cinco mayores empresas mineras del planeta.

Era sólo el comienzo de una tragedia anunciada, como lo formuló el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués), que se convirtió en el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil y en uno de los mayores crímenes industriales del mundo. Las mineras no atendieron las advertencias que le hicieron expertos desde 2013, por ahorrar gastos en medidas de seguridad. Sabiendo de la fragilidad, aumentaron exponencialmente la presión de los diques para conseguir más ganancias en tiempos de crisis. El precio del hierro, principal explotación de esa mina, bajó 76 por ciento desde 2009, pero la compañía siguió obteniendo enormes ganancias, más de mil millones de dólares en 2014 . Lo logró aumentando la producción 56 por ciento en cuatro años, con las mismas instalaciones que le habían advertido eran demasiado vulnerables. (1)

Mujeres, hombres, niños, ancianas, todos los 600 habitantes de Bento Rodrigues perdieron sus casas, su pueblo y su historia en un momento, y los que no pudieron escapar perdieron también la vida. El crimen terminó con la vida de 17 personas entre pobladores y trabajadores de la mina, y una cantidad indeterminada de desaparecidos.

Desde allí el deslave siguió su viaje letal, devastó regiones enteras, mató a su paso los ríos Gualaxo do Norte y Rio do Carmo, avanzó sobre tierras aledañas hasta llegar al tramo de cauce más amplio del Río Doce. En menos de tres semanas la corriente de lodo tóxico recorrió más de 700 kilómetros, atravesando los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo con decenas de poblaciones ribereñas y alcanzó el oceáno Atlántico, donde la enorme mancha se sigue extendiendo aún. Ahora está llegando al archipiélago de Abrolhos, una reserva de flora y fauna, donde el desembarco de seres humanos está prohibido para conservar el ecosistema, con la sola excepción de una isla, donde se permitían visitas estrictamente restringidas.

Samarco, Vale y BHP Billiton mataron el Río Doce y todo su sistema fluvial, uno de los más importantes de Brasil. Ninguna multa –que además son mucho menos que las millonarias ganancias de esas industrias– puede compensar la destrucción de los pueblos, los ríos, los millones de peces y animales, las decenas de miles de árboles y plantas, la destrucción de ecosistemas enteros que brindaban agua, alimento y sustento a cientos de miles de personas y muchas culturas.

En medio del desastre están las tierras ancestrales del pueblo Krenak. “Watu e kwen” (mataron el Río Doce) resuenan sus voces en luto. Watu, el verdadero nombre del río, era la fuente de agua de la reserva en que la que viven luego de muchos saqueos. Hace tres siglos los conquistadores navegaron río arriba para tomar los metales que encontraban, sembrando muerte y desolación a su paso. A fines del siglo XIX y principios del XX, la construcción del ferrocarril para sacar minerales y café de las haciendas, partió su territorio nuevamente. La muerte del río es quizá el peor ataque contra la vida de los Krenak hasta ahora, y viene arriba de la instalación de represas y otras obras que invadieron su territorio en las últimas décadas. Nunca dejaron de resistir y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. La muerte de Watu es un crimen insondable, de profundidad difícil de abarcar. “Murieron todos los peces y todas las plantas y medicinas que tomábamos de sus orillas. Allí enseñábamos a los niños a nadar, a bailar en el río, a llamar la lluvia. Ahora no podemos ni acercarnos” dijo Laurita Charuk Mik, de 72 años, al MAB. “Casi morimos de tristeza. ¿Por qué alguien haría esto? … Cuando descubrimos que era la Vale, bloqueamos las vías del tren. Ningún dinero puede pagar la muerte de Watu”. (2)

No existe siquiera una evaluación total de los daños. La propia Samarco reconoce 1300 personas directamente afectadas. Pero autoridades de Minas Gerais estiman que hay más de un millón de afectados, tomando en cuenta la población de 35 núcleos habitacionales sólo en ese estado. Por lo menos 500,000 personas abastecían sus sistemas de agua potable en el río y no podrán seguirlo haciendo. La crisis por falta de agua crece día a día. (3) El lodo contiene varios metales pesados y al ser espeso, se depositó en varios recodos del río, de tal manera que no hay estimación de si se podrán limpiar alguna vez. El flujo del desastre sigue activo, la mancha tóxica y sus impactos se siguen extendiendo.

Increíblemente, hasta el día de hoy las empresas afirman que las causas del “accidente” son “desconocidas”. Es de un cinismo descabellado que pretendan que el crimen, que fue cometido con total conocimiento de causa, sea un accidente. No sólo no es accidental, es parte constituyente de la especulación premeditada que hacen todas las empresas mineras, con mayor o menor suerte, sabiendo que los riesgos los corren otros, que son casi siempre los pobres y los más vulnerables. Es parte del núcleo duro del modelo industrial de producción y consumo, basado en el extractivismo feroz, que no respeta ciclos, ni ecosistemas ni culturas, destruye los recursos y los bienes comunes de la mayoría de la humanidad, para beneficio de una ínfima minoría.

En todas partes los ríos son fuentes de vida y por eso los pueblos se asientan en sus orillas. De otro orden, pero en el mismo sentido y también con cientos de miles de evacuados, tampoco fueron “accidentales” ni “catástrofes naturales” las inundaciones que pocas semanas después de la tragedia de Mariana, asolaron grandes áreas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Movimiento sociales y organizaciones populares de esos países denunciaron que lo que sí era un fenómeno natural, se transformó en desastre por ese mismo modelo de explotación industrial y extracción descontrolada de recursos: por la construcción de represas, por la deforestación, en gran parte para abrir paso a los extensos monocultivos de soja transgénica, por la siembra de monocultivos de pinos y eucaliptos, por el uso intensivo de agrotóxicos; todo lo cual ha provocado la destrucción de los ecosistemas que contenían las inundaciones, con una gran erosión de suelos, que en lugar de absorber el agua se volvieron impermeables y la hacen correr.

La devastación ambiental no es nunca un accidente: es parte constitutiva del modelo industrial de producción y consumo y crímenes como estos van a seguir aumentando. No nos queda otro camino que cuestionar de fondo esos modelos, desde nuestras luchas, análisis y propuestas. Mientras tanto, siguen siendo las comunidades locales las que en todas partes resisten esos embates y cuidan los ecosistemas que nos permiten seguir vivos.

Desinformémonos 


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Pedido a Naciones Unidas que Aborde los Impactos del Fracking en los Derechos Humanos

Esta carta será enviada a Naciones Unidas el 15 de enero, pidiendo que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos se informe y trate los riesgos e impactos de la fracturación hidráulica en los derechos humanos. Por favor apoyen a esta iniciativa firmando la carta!

Enviar la indicación de su firma institucional a: jdtaillant@gmail.com

Estimados miembros del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la ONU:

Estamos en contacto con ustedes para transmitirles una creciente preocupación mundial que afecta a la plena realización de los derechos humanos debido a la evolución de una actividad empresarial de alto riesgo social y ambiental llamada fracturación hidráulica.

La fracturación hidráulica o fracking, es un proceso industrial desarrollado recientemente, pero que evoluciona rápidamente en la industria del petróleo y gas. Consiste en perforar al suelo e inyectarle agua, sílice y productos químicos tóxicos a niveles profundos de la geología (esquisto, arenas compactas u otras formaciones geológicas que contienen hidrocarburos) a muy alta presión, con el fin de crear grietas en la geología que luego liberan petróleo y gas atrapadas en el roca.

A diferencia de las operaciones de petróleo y gas convencionales, el fracking emplea cantidades voluminosas de agua dulce. También genera grandes cantidades de residuos tóxicos líquidos para los que no existen instalaciones de tratamiento y eliminación segura y adecuada. Los residuos de fracking, que son a veces radiactivos, se inyectan bajo tierra en pozos destinados a inyecciones industriales, a veces causan retornos a superficie, o simplemente se entierran en los mismos sitios donde se hace el fracking o en rellenos sanitarios municipales.

Desde que empezaron las preocupaciones por las operaciones de fracking durante la última década, han aparecido más de 600 estudios científicos[1] y miles de informes periodísticos que han demostrado que la fracturación hidráulica provoca impactos adversos significativos. Estos incluyen la contaminación del agua y del aire, terremotos, deforestación, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por químicos utilizados en el fracking, hidrocarburos, residuos de petróleo y residuos radiactivos, así como cicatrices en la tierra. También se ha registrado contaminación lumínica, contaminación acústica, el aumento de accidentes de tránsito y muertes, la caída en valores de la propiedad, la rápida industrialización de zonas residenciales y de la vida silvestre, la fragmentación de la comunidad, y otros típicos efectos negativos que conlleva el rápido desarrollo industrial. También y aun más preocupante son los impactos registrados en la salud, incluyendo enfermedades respiratorias, lesiones en la piel, nauseas, y malformaciones de nacimiento.

A nivel local, las personas que viven cerca de las zonas donde se realiza la fracturación hidráulica, informan de una amplia gama de efectos adversos para la salud que se pueden atribuir a la exposición a productos químicos utilizados en el fracking, entre estos hidrocarburos y otras emisiones provenientes de operaciones tanto en la exploración como en la extracción del combustible por este método. Los productos químicos utilizados en las diferentes etapas de la fracturación hidráulica, pueden dañar y deteriorar todo el sistema humano.[2] La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y científicos independientes han identificado más de 1.000 ingredientes químicos utilizados como fluidos de fracturación hidráulica, que se inyectan en el suelo. [3] La EPA señala los riesgos de la fracturación hidráulica para la salud debido a la posible contaminación de cursos de agua, citando “casos específicos en los que uno o más mecanismos provocaron impactos sobre recursos de agua potable, incluyendo la contaminación de los pozos de agua potable.”

Los más notorios estudios de fracking documentados provienen de la propia industria de petróleo y gas, mostrando, por ejemplo, que las cañerías de cemento  y acero subterráneas, por las que fluyen los combustibles fósiles extraídos junto a los fluidos del fracking que contaminan las fuentes subterráneas de agua potable, estallan o se agrietan con frecuencia asombrosa. El cinco por ciento de todos los pozos de petróleo y gas producen fugas inmediatamente después de la perforación inicial y en casi el 60% de los casos se producen fugas después de un período de 30 años, según un estudio sobre fugas realizado por una conocida empresa de petróleo y gas. La Sociedad de Ingenieros de Petróleo ha descubierto recientemente que el 35% de todos los pozos de petróleo y gas en el mundo evidencian fugas.[4]

Los emprendimientos de fracturación hidráulica raramente consultan a las partes interesadas en las decisiones relativas a los usos del suelo o sobre la expansión de sus operaciones, incluyendo por ejemplo en tierras indígenas. En algunos casos, las decisiones de inversión en la fracturación hidráulica se realizan en el marco de negociaciones secretas entre empresa y Estado mientras que las comunidades que deben enfrentar los impactos del fracking son víctimas de represión brutal de la policía cuando exigen legítimamente participar en las decisiones que gobiernan la inversión.

A nivel mundial, el impacto acumulativo de la fracturación hidráulica también es profunda. Pese a las afirmaciones de la industria que la extracción de gas natural mediante la fracturación hidráulica ayudará a hacer frente a las tendencias de cambio climático mediante la sustitución de energías que emiten CO2. La realidad es que la tecnología empleada actualmente por empresas que realizan fracturación hidráulica es inadecuada, y resulta en la significante emisión de metano fugitivo a la atmósfera. Teniendo en cuenta que el gas metano es aproximadamente 72-100 veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2, la fracturación hidráulica está exacerbando el cambio climático, no mitigándolo.

Evidentemente, los impactos de la fracturación hidráulica coloca prácticamente a todos los derechos humanos en situación de riesgo, incluyendo el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la tierra, el derecho a la propiedad, y a un medio ambiente sano, el derecho a libre determinación, al trabajo, a un nivel de vida digno, y el derecho al acceso a la información y al acceso a la justicia, así como a la libertad de expresión y participación. Inclusive, el derecho humano más esencial y básico a la vida está en riesgo por las operaciones de fracturación hidráulica.

Considerando la gravedad de los riesgos implicados en la fracturación hidráulica, muchos gobiernos, entre ellos los de Texas, Nueva York, Colorado y Vermont, así como los países de Francia, Bulgaria y Alemania, han adoptado una posición cautelosa ante la actividad. Después de fundadas consideraciones y numerosos estudios que revelan los peligros del fracking, estos gobiernos o bien han prohibido la actividad o decidido suspender las operaciones de fracking hasta poder evaluar la información existente sobre los riesgos e impactos sociales y ambientales de la actividad.

Otros gobiernos, a pesar de estos riesgos, han preferido cortar camino y arriesgar respecto a estos impactos desarrollando políticas energéticas que incluyen fracturación hidráulica sin consultar las partes interesadas, mientras que muchas empresas han ignorado procedimientos de debida diligencia para identificar, evaluar y abordar las dimensiones de derechos humanos afectadas por esta actividad industrial.

Solicitud al Grupo de Trabajo:

El propósito de esta carta es advertir al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales (Grupo de Trabajo) sobre los riesgos de la fracturación hidráulica respecto a la plena realización de los derechos humano, y para pedirle al Grupo de Trabajo que registre y aborde este tema. Nos gustaría hacer hincapié en que el fracking es de importancia primordial para el mandato del Grupo de Trabajo, dadas sus profundas implicaciones para la realización de los derechos humanos, entre estos, en relación con el deber del Estado de proteger, la responsabilidad empresarial de respetar, y los derechos de las víctimas a tener acceso a la remediación efectiva.

Las operaciones de fracturación hidráulica, incluidas las actividades de exploración y extracción, están en aumento en todo el mundo. Visto que esta práctica está en etapa evolutiva, su relevancia en cuestiones de derechos humanos seguirá siendo importante y por su gravedad en los impactos sociales y ambientales que conlleva, estará en el centro de conflictos locales donde se pretende realizar esta práctica industrial. Por esta razón, es importante que el Grupo de Trabajo participe en esta discusión, que adquiera conocimientos sobre la práctica y sus consecuencias para la sociedad a fin de que pueda comprender los riesgos que supone para los derechos humanos, y lo más importante, para ayudar a guiar a la sociedad, a Estados y a empresas, para hacer frente a estos impactos antes de que se materialicen y para remediarlos una vez que los impactos hayan ocurrido.

Proponemos al Grupo de Trabajo:

Adoptar un enfoque preventivo sobre la fracturación hidráulica y teniendo en cuenta la información ya ampliamente disponible y documentada sobre la salud y el medio ambiente, emitir una declaración de preocupación sobre los impactos potenciales de las operaciones de fracking a los derechos humanos; Colaborar con los Estados, con académicos, con el sector de petróleo y gas, con organizaciones de derechos humanos y con otros grupos interesados, a identificar las cuestiones pertinentes de derechos humanos implicadas por operaciones de fracturación hidráulica; Colaborar con socios afines y buscar ayuda para elaborar un informe sobre las implicancias para los derechos humanos, los riesgos y los impactos de la fracturación hidráulica; Colaborar con especialistas para el desarrollo de materiales de orientación para los Estados y para las empresas de petróleo y gas, para considerar de forma adecuada los impactos en los derechos humanos y realizar evaluaciones antes, durante y después de cualquier operación de fracturación hidráulica prevista o en curso; Invitar a que grupos de interés envíen información respecto a sus experiencias con la fracturación hidráulica, incluyendo presuntas víctimas individuales y comunitarias de las operaciones de fracking para informar al Grupo de Trabajo en cuanto a sus preocupaciones sobre los riesgos de derechos humanos reales, potenciales o supuestos y los impactos causados ​​a ellos por operaciones de fracturación hidráulica; Estamos a disposición para asistir al Grupo de Trabajo con estas tareas.

C.C.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente Relator Especial de la ONU sobre los pueblos indígenas Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Lecturas Sobre Derechos Humanos y Fracking

El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CHRE). Derechos Humanos y el negocio de Fracking: Aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos de fracturamiento hidráulico. CHRE.2015: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2015/08/Fracking-and-UNGPs-Consulation-Draft-August-20-2015.pdf

EHRA. Medio Ambiente y Derechos Humanos Asesor. Una evaluación de los Derechos Humanos de hidráulico Fracturamiento para Gas Natural. 2.011.

Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA). La evaluación de los posibles impactos de fracturamiento hidráulico para Petróleo y Gas en recursos de agua potable. 06 2015: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2015/06/HF_ERD_JUN2015.pdf

Grear, E. Grant, T. Kerns, K. D. Morrow y Short. Una evaluación de los Derechos Humanos de la fracturación hidráulica y otra no convencional Desarrollo de gas en el Reino Unido. Octubre 2014: http://www.sas.ac.uk/sites/default/files/files/UK%20HRIA%20w%20appdx-hi%20res.pdf LM. McKenzie, R. Witter, L. Newman, J. Adgate. Evaluación de los riesgos para la salud humana de las emisiones a la atmósfera desde el desarrollo de los recursos de gas natural no convencionales. En Ciencia of the Total Environment. 2012.

D. Breve et.al. Energía extrema, “fracking” y los derechos humanos: un nuevo campo para las evaluaciones de impacto de los derechos humanos? El Diario de los Derechos Humanos. 2015: http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2015.1019219

T. y M. Rotkin Srebotnjak. Fracking Humos: contaminación atmosférica ocasionada por fracturamiento hidráulico Amenaza Salud Pública y Comunidades. Consejo de Defensa de Recursos Naturales. 2014: http://www.nrdc.org/health/files/fracking-air-pollution-IB.pdf

UNANIMA. El fracturamiento hidráulico para el gas natural: Una nueva amenaza para los derechos humanos. 2011: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/160/72/PDF/G1116072.pdf?OpenElement

[1] Zotero. Citation Database: https://www.zotero.org/groups/pse_study_citation_database/items

[2] TEDX. Chemicals in Oil and Gas Operations, Health: http://endocrinedisruption.org/chemicals-in-natural-gas-operations/health

[3] TEDX. Chemicals in Oil and Gas Operations, Health: http://endocrinedisruption.org/chemicals-in-natural-gas-operations/health

[4] Schlumber.“


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Un paraíso para los contaminadores

Cómo los derechos de los inversores en los acuerdos comerciales de la UE sabotean la lucha por la transición energética. unnamed Los acuerdos internacionales de inversión representan un obstáculo para la transición energética que exige la lucha contra el cambio climático, ya que limitan la capacidad de los Gobiernos para determinar sus políticas en todos los ámbitos. Evitar un cambio climático catastrófico es el desafío que define nuestro tiempo. Si queremos tener la posibilidad de impedir que se alcancen unos niveles extremadamente peligrosos en el calentamiento global, la mayor parte de los combustibles fósiles del mundo —petróleo, carbón y gas— se debe dejar bajo tierra, sin explotar. Las sociedades deben dirigirse hacia un sistema de energía basado en fuentes renovables como el sol, el viento y el agua. Este enorme cambio exigirá una fuerte acción por parte de las autoridades públicas. Pero la capacidad de estas para promulgar las leyes y normas necesarias se ve gravemente limitada por un sistema jurídico muy poco conocido pero muy poderoso. En las últimas décadas, este régimen internacional de inversiones ha atrapado a muchos países en sus redes legales. Miles de acuerdos comerciales y de inversión firmados entre países permiten a las empresas multinacionales demandar a los Gobiernos si se considera que los cambios normativos adoptados por las autoridades públicas reducen sus ganancias, aunque se trate de normas para proteger el medio ambiente o para combatir el cambio climático. A finales de 2014, se tenía constancia de 608 demandas de este tipo, planteadas por inversores contra Estados, ante tribunales internacionales. El peso de estas demandas recae en gran medida sobre los Gobiernos, ya sea en la forma de unos astronómicos costes jurídicos o del menoscabo de las normas sociales y ambientales. Cada vez son más las demandas inversor-Estado que se interponen contra las medidas de los Gobiernos en el sector energético, y que irían desde la eliminación gradual de la energía nuclear a las moratorias sobre operaciones de riesgo para el medio ambiente, como la explotación de gas de esquisto (‘fracking’). Como los bufetes de abogados ganan dinero cada vez que un inversor demanda a un Estado, esto fomenta que cada vez surjan más demandas corporativas; por ejemplo, sobre la legislación en el sector de las energías renovables. A pesar del riesgo evidente que esto supone para la transición energética, aún se están negociando otros acuerdos de comercio e inversión que permitirían a las grandes empresas bloquear la acción resuelta de los Gobiernos en materia de cambio climático. Entre estos, cabe mencionar la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (más conocido como TTIP, por su sigla en inglés), que están negociando actualmente la UE y los Estados Unidos, y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá, cuyo proceso de ratificación podría comenzar en 2016. Sin embargo, aunque los grandes contaminadores están presionando con fuerza a favor de estos acuerdos, un movimiento creciente está haciendo frente a este acaparamiento de poder por parte de las grandes empresas. En efecto, hoy en día se constata un mayor examen y debate público sobre los acuerdos de comercio y de inversión del que era habitual en los últimos años.   Descargar informe completo


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“Las asambleas no comen vidrio, el discurso de la economía verde no funciona”

La socióloga Maristella Svampa cataloga como “eco eficientista” el discurso del macrismo en relación a temas ambientales. También señala que, más allá de los gestos, no cree que el gobierno vaya a avanzar con los reclamos territoriales de los pueblos indígenas, “ya que colisiona directamente con los intereses del capital”.

Escucha la entrevista completa en Espejos todavía

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Foto Agencia El sol

Frenaron a petrolera de Cristobal López en Malargüe

A través de un oficio, la Fiscalía de Estado dictaminó la suspensión de los procedimientos que permitirían la exploración. Foto Agencia El sol Foto Agencia El sol

Marisa Alarcón.- La firma OIL M&S SA, del empresario kirchnerista Cristobal López, está en la mira de la Fiscalía de Estado de Mendoza. A través de un oficio, dictaminó la suspensión de los procedimientos que permitirían la exploración petrolera en el área Río Diamante, en Malargüe.

El procedimiento legal que realizó la empresa tuvo un ocultamiento clave que generó controversia: tenía intenciones de realizar fracking pero no lo informó sino hasta el momento de la audiencia pública, por lo que tuvieron que dar marcha atrás con esas intenciones, ya que se “saltaron” los pasos legales estipulados en la ley.

El cuestionamiento empieza porque que según manifiesta el organismo de control, se está “sustanciando un proyecto de evaluación ambiental petrolera cuyas etapas incumplen con los contenidos mínimos que exige el orden jurídico para efectuar el análisis respectivo”. Lo que la Fiscalía señala es que se han encontrado “irregularidades” en los procedimientos desde el principio comenzando por los contenidos de la manifestación general de impacto ambiental (MGIA) que presentó la petrolera.

Es por eso que el organismo que comanda Fernando Simón consideró que si se continuaba con el procedimiento en esas condiciones, “se generaría un acto viciado groseramente”. Ahora resta esperar que el Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales tome la decisión de suspender el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

A esto se suma que tampoco se realizó la audiencia pública estipulada por la Ley de Medio Ambiente Nº 5.961, ya que fue suspendida en dos ocasiones. “Consideramos que podría afectar potencialmente los derechos ambientales y el derecho de la información por eso la Fiscalía supone que es insaneable y pide volver a foja cero”, explicó el abogado Nicolás García Bistué.

De hecho el Departamento General de Irrigación indicó que “no están dadas las condiciones mínimas para aceptar la MGIA, ni se puede emitir dictamen sectorial sobre un proyecto que no se detalla y que por tanto no permite evaluar si el recurso hídrico, superficial o subterráneo, se puede ver afectado real o potencialmente por el mismo”.

Pero además hubo otra inconsistencia mucho más grave y es que según explicó Bistué cuando se licitó el área petrolera era para explotación convencional y todos los informes previos sobre la exploración eran referidos a este tipo de explotación.

La sorpresa llegó cuando en la publicación de la convocatoria a audiencia pública la empresa informó que se iba a realizar por fractura hidráulica (fracking), información que no se precisó en la MGIA y que por ende no fue analizada en los dictámenes sectoriales y técnicos.

Es decir que en ninguno de esos informes previos se analizó el fracking, por lo que ese cambio en las condiciones del procedimiento requiere de nuevos estudios y análisis. De esa manera se prueba que la empresa no blanqueó sus verdaderas intenciones, por lo que se le pide volver a foja cero. Ante esa situación la empresa se rectificó y dio marcha atrás con el fracking, y se convocó a una nueva audiencia que fue suspendida por una orden judicial de San Rafael.

Diversas organizaciones cuestionaron que el proyecto afectaría a las cuentas del río Atuel y Diamante, por lo que solicitaron que se revise la concesión del área teniendo en cuenta la crisis hídrica que enfrente la provincia.

Asimismo, en el oficio la Fiscalía de Estado deja claro que la empresa podrá comenzar un nuevo trámite a través de la presentación de la información correspondiente que exige la ley.

La técnica del fracking es resistida por las organizaciones ambientalistas ya que constantemente alertan por los daños ambientales que puede causar este método.

Desde la Asamblea Popular por el Agua, Julieta Lavarello, indicó que se trata de una “técnica altamente nociva que produce daños irreparables en el medio ambiente”.

“Para fracturar se utilizan miles de litros de agua con más de 500 compuestos químicos para que el petróleo se separe de la roca. Todo esto produce una contaminación del agua, de las napas subterráneas y de la tierra. Un ejemplo es lo que está empezando a pasar en Vaca Muerta ya que hay zonas donde está llegando el agua contaminada con petróleo”, explicó.

 


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Voces indígenas en la COP 21 de París

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La reciente Cumbre del Clima, conocida como COP 21, llevada a cabo en París desde el 30 de noviembre al 11 de diciembre, ha dado como resultado, algo que mucha gente ya sospechaba: “muchas palabras y promesas y pocas acciones concretas”. Para el gran público se mostraron rostros sonrientes de diferentes personalidades con los brazos en alto como muestra de triunfo; pero para organizaciones ambientalistas, investigadores y pueblos originarios, fue mediocre. Algunos resaltan el compromiso de las naciones de limitar el aumento de temperaturas, “bien por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a niveles preindustriales”, aunque en algunos casos se habla de esforzarse por limitarlo a 1,5 grados. Y los pueblos originarios estuvieron, pero no los dejaron expresarse, por lo cuya situación estaban muy enojados. Ofrecemos aquí testimonios de varios de ellos, recogidos por Euronews y Univisión. Hermanos indígenas de Panamá, Perú, Ecuador y el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales.

Programa radial Kay Pacha, realizado por el Equipo de Pueblos Originarios de Serpaj

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Acuerdo de Paris en cambio climático: aplausos errados

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En París se acaba de firmar un acuerdo sobre cambio climático que ha sido recibido con un júbilo y optimismo bastante exagerado.  Se tolera disimuladamente que siga aumentando la temperatura global, se repiten unos cuantos acuerdos que ya habían sido alcanzados en previas cumbres, y todo descansa en compromisos voluntarios de los países, sin obligaciones precisas.

Gerardo Honty y Eduardo Gudynas.- Eso explica que muy distintos actores, desde los grandes exportadores de petróleo a las corporaciones globales, todos ellos, terminaran aplaudiendo el acuerdo parisino.  Si esos actores celebran el convenio, es que sin duda no se están poniendo límites a la civilización petrolera.

Tengamos muy presente que el Acuerdo de París es un instrumento dentro de la Convención Marco sobre Cambio Climático, que viene siendo objeto de negociaciones por más de veinte años, con muy pocos resultados concretos.  De hecho, desde que se firmó la Convención, en 1992, hasta ahora, las emisiones del mundo han crecido en un 50%, dejando en evidencia la falta de compromiso en esta materia.

Como los últimos encuentros fueron muy frustrantes, la principal preocupación de la presidencia del actual encuentro negociador (conocido como COP21), representada en el francés Laurient Fabius, era no repetir fracasos anteriores (en especial de Copenhague de 2009, que fue incapaz de acordar un texto).  En ese sentido el papel de Francia fue exitoso, explicando la satisfacción de algunos líderes gubernamentales.  Pero el precio de la eficacia política fue, como era esperable, un acuerdo de poca eficacia climática.

Bajo el Acuerdo de París, el aspecto clave de la reducción de las emisiones de gases invernadero, será fijado por cada país (las llamadas contribuciones nacionales).  Aunque deben ser informadas periódicamente, no serán obligatorias.  Esto hace que en realidad el texto aprobado sea muy débil en lo que hace a su potencial para evitar el cambio climático, ya que descansa en medidas voluntarias.  Recordemos que el objetivo de la Convención es estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y que según la comunidad científica, que asesora a la propia convención, no debería aumentar más de 1,5 º C.  Pero el acuerdo parisino nos conduce a un aumento de la temperatura global superior a los 3º C.

El acuerdo es lo suficientemente vago como para establecer que el mundo deberá alcanzar el pico de sus emisiones (el máximo antes de comenzar a descender) “tan pronto como sea posible” y alcanzar un balance entre las emisiones y remociones (cero neto) en la “segunda mitad de este siglo”.  ¿Qué quiere decir “tan pronto como sea posible”?  No es posible responder a eso, porque las metas quedaron bajo el manto de la vaguedad diplomática.

Sin embargo lo que dicen los científicos respaldados por la propia Convención (el Panel Intergubernamental de Cambio Climático), es que el pico de las emisiones debe alcanzarse antes de 2030 y las emisiones netas deben ser cero a más tardar en 2060.  Entonces el acuerdo es vinculante pero no del todo, ya que sus medidas más esenciales siguen siendo voluntarias.

Por si fuera poco, frente a algunos temas espinosos, el Acuerdo de París terminó repitiendo consensos aprobados en anteriores cumbres.  Por ejemplo, en la cuestión del financiamiento, sin duda uno los puntos clave para lograr los objetivos climáticos, sólo se pudo repetir el mismo compromiso que ya había alcanzado cinco años atrás en la COP 16 de México, a saber: 100 mil millones de dólares anuales a ser “movilizados” desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo.  Otros temas de enorme relevancia están ausentes otra vez.  Por ejemplo, la problemática de los pueblos indígenas no es tratada adecuadamente.

El problema es que desde su creación la Convención no logra conciliar sus tres principales objetivos: reducir emisiones, hacerlo con equidad y no detener el crecimiento económico.  Lo que muestra la historia de las negociaciones es que las tres cosas a la vez no se pueden lograr.  Puede haber crecimiento económico y sostenibilidad ambiental, pero no será con equidad pues el planeta no alcanza para que seamos todos ricos.  Puede haber sostenibilidad ambiental y equidad, pero para eso debe detenerse el crecimiento y repartir mejor la riqueza actual.  Y finalmente puede haber crecimiento económico y equidad pero eso solo se logrará devastando el planeta.

Escuchando los aplausos

Cuando se observan las reacciones de distintos actores se hacen muy evidentes los alcances y los límites del Acuerdo de Paris.  Por ejemplo, los países que son grandes exportadores de petróleo, como Arabia Saudita, lo consideraron un gran paso, lo que indica que no ven que ese texto les impida seguir vendiendo crudo.  Y si ellos venden petróleo, quiere decir que en alguien lo va a quemar en algún sitio y las emisiones seguirán subiendo.  Distintos portavoces de los gobiernos de los países industrializados, incluyendo a EE.UU., lo celebraron y consideran que abre oportunidades para nuevos negocios.

China, que es el más grande emisor planetario, sigue con sus planes de aumentar todavía más sus emisiones, por lo menos al 2030, y no se ha quejado que en París le impusieran ninguna traba.  Es más, como buena parte del acuerdo descansa en las propuestas nacionales voluntarias, se terminarían aceptando planes que en realidad aumentan las emisiones de gases invernadero (como sería el caso de Bolivia según algunos cálculos).

Los CEOs de grandes transnacionales “aplaudieron” el acuerdo parisino.  Por ejemplo, el presidente de Unilever, Paul Polman, afirmó que ese logro “liberaría billones de dólares y la inmensa creatividad e innovación del sector privado” para enfrentar el cambio climático.  Ese era el tono de muchos voceros empresariales, al entender que antes que un obstáculo para una civilización petrolizada, el Acuerdo de París no cambiaría las reglas del juego y para algunos se abrirían oportunidades de nuevos negocios.

También se entusiasmaron mucho las instituciones financieras internacionales.  El presidente del Banco Mundial, que fue informado de los acuerdos en París mientras jugaba al golf con el presidente Barack Obama, lanzó un tuiter diciendo que están listos para inmediatamente aportar dineros para el cambio climático.  Horas después, el presidente del BID, dijo que su banco también está disponible.

Por lo tanto, si todos celebran, gobiernos de cualquier signo político, grandes y pequeños contaminadores, empresarios y otros grupos de poder, si todos ellos se felicitan, ¿se puede creer que ese acuerdo en realidad esté poniendo un límite a la adicción petrolera?

Voces preocupadas

El mundo de la academia ya está comenzando a lanzar voces de alerta.  James Hansen, uno de los científicos pioneros en poner en evidencia el cambio climático, afirmó que las negociaciones en París eran un “fraude”, y que se necesitan “acciones” para cortar las emisiones de carbono al 2020, y no “solamente promesas”.  El fraude está, según Hansen, en sostener que se apunta a que la temperatura planetaria no sobrepase los 2º, pero se haga poco o nada cada cinco años.

Otros científicos que poco a poco están reaccionando ante el Acuerdo de París apuntan en el mismo sentido: el texto es vago al no especificar acciones concretas para las reducciones de gases emitidos, con indicadores y fechas precisas, y en menores plazos de tiempo.  Los gobiernos, en cambio, solo dicen que habrá una balance neutral pero en la segunda mitad del siglo.  Si eso ocurriera hacia el final del siglo XXI, las consecuencias serían catastróficas.

Muchas de las reacciones entusiastas son comprensibles.  Eran esperables desde los gobiernos, ya que no se podían permitir reconocer que otra vez fracasaron; es entendible que las grandes corporaciones festejen ya que el acuerdo les deja muchas opciones, a unas para seguir dentro de los negocios que contribuyen al cambio climático, y a otras, para buscar nuevos mercados en reducir las emisiones.  También era esperable en grandes redes ambientalistas que creen en las soluciones mercantiles o que trabajan codo a codo con las empresas.

Pero sorprende un poco que otras redes ambientales estén complacidas con los resultados de Paris.  Por un momento suponemos que se han apresurado en los análisis, o no han detectado que una buena parte de esos acuerdos ya se habían aceptado en anteriores COPs.  Por otro lado parecería que el miedo ante la inminente catástrofe planetaria hace que se aferren a la esperanza de que, por fin, se iniciaran medidas concretas.  O para ellos ya no es soportable caer en el pesimismo de reconocer que el acuerdo es insuficiente, y por lo tanto prefieren hablar de un “vaso medio lleno”.

Diga lo que se diga, observando la situación desde los movimientos sociales, especialmente aquellos que serán más afectados por el cambio climático, y considerando lo que sabemos sobre la ecología planetaria, tenemos que ser realistas: el Acuerdo de Paris es totalmente insuficiente para atacar la problemática del cambio climático.  Insistir en que es convenio adecuado, o que abre las puertas a abandonar el petróleo, es totalmente prematuro.  La sociedad civil no puede quedar adormecida, y debe redoblar sus esfuerzos por ir más allá de este tipo de acuerdos para alcanzar medidas efectivas, reales, concretas, frente al cambio climático.  Muchas de ellas serán costosas y dolorosas, pero la tarea es urgente.

Gerardo Honty y Eduardo Gudynas.  Investigadores de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).   Contacto: Twitter @HontyG y @EGudynas.

Para ver un análisis más completo:

http://energiasur.com/wp-content/uploads/2015/12/HontyAcuerdoParisOdeD21Claes2015.pdf

Alainet