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Videos | Transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina

El 7 de diciembre de 2016 Taller Ecologista (Rosario) y OPSur (Buenos Aires y Neuquén), en el marco de EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, presentamos el Informe económico sobre transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina”.

Con la intención de aportar al debate sobre el estado presente y futuro del sector hidrocarburífero, nos preguntamos por qué es importante trabajar estos aspectos.

En videos breves, compartimos testimonios de autores y expositores sobre esta investigación.

Andrés Knobel: “Es importante porque se está hablando de muchos fondos y hay poca información para entender si realmente están dadas las condiciones que las justifican… Para entender si  vale la pena o si los beneficios van a llegar a la sociedad, hay que  saber cuáles son los datos que justifican cualquier decisión que se tome desde el Estado”. 

Andrés Knobel- Abogado (UBA/Columbia) y Magíster en Derecho y Economía (UTDT/Humboldt University). Consultor de Tax Justice Network, red especializada en paraísos fiscales, secreto bancario, lavado de dinero y política fiscal. Junto a la organización Open Oil, es autor del modelado financiero del proyecto YPF-Chevron.

Marco Kofman : –”Las transferencias nos permiten analizar cuánto cuesta y quién sostiene a un sector económico. Uno puede pensar que una parte lo sostiene el Estado,  y también lo sostienen los hogares pagando un precio mayor por el barril de petróleo. Las transferencias nos muestran cómo hacen valer el poder las empresas”. 

Marco Kofman – Economista integrante de Taller Ecologista y EJES.  Autor del informe.

 Gustavo García Zanotti:  “Transferencias es todo acto gubernamental que modifique los precios relativos de la economía beneficiando a un sector en particular. Para entender su importancia: las mismas representan casi el 50% de la facturación de las empresas (2015)”

 Gustavo García Zanotti – Economista integrante de Taller Ecologista y EJES.  Autor del informe.

Facundo López Crespo : “En las transferencias se ve reflejado un cambio en el paradigma que guía la política energética. Anteriormente las transferencias eran cubiertas por el Estado Nacional y desde el cambio de gestión se concibe que tienen que ser los hogares los que financien las transferencias”.

Facundo López Crespo – Economista integrante de Taller Ecologista y EJES.  Autor del informe.

Mariano Barrera: “Es importante porque tiene que ver con la distribución del ingreso en la Argentina y sirve para  ver las estrategias de las empresas, si re-invierten esos  ingresos que perciben del Estado, de la sociedad o si los giran al exterior”.

Mariano Barrera – Licenciado en Ciencia Política (UBA), Magíster en Economía Política con Mención en Economía Argentina (FLACSO) y Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO). Investigador asistente del CONICET, docente e investigador del “Programa sobre petróleo y minería” de la Flacso.

Con pocas investigaciones de este tipo en el país, entender y cuantificar las transferencias es un objetivo central debido a sus consecuencias y alcances, meta que nos hemos puesto para el período 2008-mediados de 2016. Los resultados obtenidos muestran flujos cuantiosos y en franco crecimiento:

  • Más de 21 mil millones de dólares han sido transferidos a las empresas del sector;

  • Los montos se incrementaron en los últimos años, llegando a superar los 3 mil millones de dólares por año en 2013, 2014 y 2015;

  • Del total, el Estado nacional transfirió 14 mil millones de dólares por diversas vías, siendo el restante originado por los consumidores;

  • Entre 2009 y 2015, el aporte estatal representa 1,5 veces la masa salarial del sector, casi el 30% de lo ejecutado por el Ministerio de Educación, el 74% del Ministerio de Salud y más de dos veces de lo gastado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología;

  • A partir del aumento tarifario del gobierno de Cambiemos en 2016, hasta mediados de año los consumidores transfirieron el 81% del total, frente a un 2% entre 2008 y 2014;

  • En cuanto a los beneficiarios, YPF y Pan American Energy (Bulgheroni, Cnooc y BP) captaron el 72%, siendo otros actores destacados Sinopec, Pluspetrol y Total;

  • Además de ir en aumento, las transferencias representaron una porción cada vez mayor de la facturación total del sector, alcanzando el 48% para 2015.

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Vaca Muerta


Minería: Flujos financieros ilícitos en los países andinos

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó hace poco un estudio donde analiza cómo las empresas del sector minero en los países andinos usan diversas técnicas de planificación fiscal para eludir el pago de tributos a los países en que operan.

ACCEDA AL DOCUMENTO EN ESTE ENLACE

En el presente estudio se investiga acerca de la planificación tributaria de las empresas y otros actores del sector minero en los países andinos, brindando estimaciones de las salidas ilícitas de capital asociadas a la explotación minera y de los recursos tributarios que se dejan de recaudar debido a este tipo de prácticas. Este documento se estructura de la siguiente manera. En el capítulo I se realiza una breve descripción del sector minero de los países andinos y se examinan las principales fuentes de flujos financieros ilícitos provenientes de esta actividad. En el capítulo II se presentan las estimaciones de las salidas ilícitas originadas en la subfacturación de exportaciones mineras como así también el nivel de incumplimiento tributario en el sector extractivo de los países andinos. Por último, la sección III contiene algunas conclusiones y reflexiones finales.

En la introducción del documento se señalas las pistas que siguió el análisis:

Desde hace algunos años se percibe una creciente preocupación sobre los pagos efectivos que realizan las corporaciones multinacionales en materia de impuestos. Debido a la acumulación de un gran poder económico, estas empresas pueden realizar maniobras privilegiadas en la estructura de la tributación internacional y cuentan con los recursos necesarios para poner en marcha auténticas estrategias de planificación fiscal, mediante las cuales reducen indirectamente los ingresos tributarios potenciales de los territorios nacionales donde realizan sus operaciones y donde se genera el mayor valor agregado.

Más recientemente, los países en desarrollo han mostrado interés en coordinar esfuerzos, ya que son los principales afectados por este tipo de maniobras al presentar marcos jurídicos e institucionales más débiles junto con sistemas fiscales y de administración tributaria menos desarrollados.

 Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe


El acuerdo de Vaca Muerta hace “un abordaje neoliberal y mercantil de la energía”

Ambientalistas denuncian que no se toman en cuenta los crecientes costos, la baja productividad, el contexto de crisis climática ni la grave exposición de los trabajadores al fracking.

El Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES) repudió a través de un comunicado el acuerdo para explotar Vaca Muerta presentado por el presidente Mauricio Macri, y que este reivindicara como una forma de lograr mayor competitividad.

Constituido por el Observatorio Petrolero Sur, con sede en Buenos Aires y Neuquén, y el Taller Ecologista de Rosario, el agrupamiento EJES denunció que el acuerdo “significa un incremento de la desregulación y la autonomía empresarial, beneficios para pocos y costos para la mayoría de la sociedad y la naturaleza”.

“Manifestamos nuestro profundo rechazo al conjunto de medidas impulsadas para explotar Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales, y alertamos de las graves consecuencias que podría acarrear acentuar la escala e intensidad del megaproyecto, donde no se toman en cuenta los crecientes costos y baja productividad de los no convencionales ni el contexto de crisis climática acuciante”, señalaron.

Según indicaron los opositores al acuerdo, este implicaría un mayor autogobierno y autonomía por parte de los ámbitos estatales y privados, y una reducción de la capacidad y acceso a la toma de decisiones y planificación de la vida por parte del conjunto de la sociedad. Además, denuncian que no fueron consultadas “las organizaciones sociales, indígenas, ambientales y otros sectores sindicales y de la ciudadanía en general, olvidando que por las implicancias del megaproyecto, millones de personas estamos siendo afectadas”. Además, advirtieron también sobre “la flexibilización laboral y al enorme riesgo al que se somete a los trabajadores, primera línea de fuego de exposición a la fractura hidráulica y otras instancias de la cadena productiva, como la extracción misma de arenas”.

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Diego di Risio, politólogo e investigador miembro cofundador del Observatorio Petrolero Sur señaló: “No nos cansaremos de decirlo: el fracking daña la reproducción misma de la vida y no existe un mecanismo que permita balancear los beneficios y costos que implica sobre el conjunto de la sociedad. A esta conclusión han llegado numerosas instituciones públicas y países, por lo que las acciones anunciadas por el ejecutivo no pueden pretender omisión”.

Por su parte, Marco Kofman, economista y miembro de Taller Ecologista, indicó que “pedir el ahorro en función de expandir la capacidad productiva no es “cuidar el planeta”, sino transferir el costo de acumulación del capital de un sector a otro. En un escenario de ajuste, las ingentes masas de subsidios públicos a las petroleras se incrementan, al tiempo que nuestras tarifas de servicios públicos se dolarizan y se atan a las variables más onerosas, conjunto de medidas que responden a políticas de manual de corte neoliberal”.

Mauricio Macri señaló en la conferencia de prensa realizada el 10 de enero, en la cual anunció el acuerdo de Vaca Muerta, que “necesitamos realmente volver a darle el valor que tiene la energía en una sociedad y el planeta”, sin embargo, para EJES “darle valor es crear cambios estratégicos que logren transiciones productivas y energéticas, políticas que busquen una sociedad pospetrolera sobre la base de la justicia socioambiental y energética”.

“Sin estos cambios estaremos reeditando y acentuando los viejos problemas de desigualdad, explotación y degradación ambiental”, sentenciaron.

La Izquierda Diario


¿Dinero del ciudadano europeo en minas conflictivas en América Latina?

Hay empresas mineras que generan conflictos en América Latina. Hay bancos europeos que financian esas empresas. Sobre ello y el rol del ciudadano, DW conversó con los autores de un reciente estudio.

“Las minas son como castillos en el aire que se inflan con las inversiones. Y en muchos proyectos mineros conflictivos hay grandes bancos como BNP Paribas, ING, KBC y Deutsche Bank”, explica Frank Vanaerschot de la organización FairFin.

Ésta, junto con 11.11.11, Broederlijk Delen, CooperAcción y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), presentaron esta semana en Bruselas un estudio, no exhaustivo, de inversiones europeas en proyectos mineros conflictivos para las poblaciones y el medio ambiente en América Latina. Sobre todo en Perú y Chile, tercer y primer mayores productores de cobre en el mundo.

“La inversión es el enlace económico entre hoy y el futuro”, explica Vanaerschot a DW. “Queremos que la gente se dé cuenta que su dinero no está guardadito en sus cuentas bancarias, sino que se emplea para hacer negocios que atentan contra valores que ellos defienden en sus vidas propias. No se dan cuenta que su dinero está teniendo un impacto que no les gustaría ver cerca de ellos”, agrega.

Un ejemplo muy documentado

Los habitantes de la población peruana de Espinar, cerca de Cuzco, llevan en su organismo cadmio, plomo, mercurio, arsénico, bario, berilio, antimonio y manganeso en niveles muy superiores a los permitidos. La extracción de cobre de la aledaña mina Antapaccay sería el origen. Los campos y el ganado también están contaminados.

César Flores (CooperAcción), Felipe Grez (OLCA), Frank Vanaerschot (FairFin) presentando el informe en Bruselas.

César Flores (CooperAcción), Felipe Grez (OLCA), Frank Vanaerschot (FairFin) presentando el informe en Bruselas.

La mina pertenece desde el 2006 al grupo Glencore, que controla el 50 por ciento del mercado mundial del cobre. En esta empresa, en bolsa desde el 2011, invierten bancos europeos como BNP Paribas, el grupo ING y el Deutsche Bank.

Éste último, por ejemplo, se declara totalmente a favor de la defensa de los derechos humanos, del respeto a las comunidades y de la verificación de los riesgos ecológicos y sociales en los proyectos en los que invierte.

Glencore, por su parte, afirma respetar los principios del consentimiento libre previo e informado y los principios rectores de las empresas y derechos humanos de Naciones Unidas.

No obstante –y aunque hay un juicio en marcha desde que en 2012 las protestas de la población culminaran con cuatro muertos y muchos heridos–, ni el Estado ni la empresa toman medidas para asistir a la población. La banca tampoco.

Momento crucial

El momento es crucial para la minería en América Latina, un continente que ha visto multiplicarse por 60 esta actividad en los últimos 20 años y que tiene en su subsuelo el 44 por ciento de las reservas mundiales de cobre, 49 por ciento de plata, 65 por ciento de litio.

Sólo en cuanto al consumo del cobre, un estudio de la Universidad Libre de Berlín y Misereor prevé un aumento del 200 por ciento en los próximos 40 años. Esta organización ve también el riesgo de que se multipliquen por otro tanto los conflictos, que en la última década han sido 200 por mes en Perú. De ellos, el 62,7 por ciento están relacionados con la minería.

Mina en Perú.

Mina en Perú.

En un momento en que el respeto de las reglas tanto de la ONU como de la OCDE en cuanto a empresas y derechos humanos son más bien voluntarias, que el 14,9 por ciento del territorio peruano y el 41 por ciento del chileno esté concesionado preocupa. Tanto en el campo como en las ciudades, también crece la tensión por el impacto en el agua y en el cambio climático aumenta, también en las ciudades. “Las concesiones en Chile se entregan gratuitamente y a perpetuidad, sin evaluación ambiental previa”, puntualiza Felipe Grez, de OLCA.

“No es que estemos en contra de las empresas, pero no se puede permitir que en vez de desarrollo signifiquen conflictos, enfermedad y muerte. Aunque es verdad que nuestro propios gobiernos no controlan, la presión puede venir de las zonas donde se concentra el poder: Europa, Japón, Estados Unidos”, explica a DW César Flores, de CooperAcción, subrayando la esperanza de que “el control del ciudadano europeo a través de la banca lleve a las empresas a tener más cuidado en sus operaciones”.

DW


Fantasmas rusos en el campamento de YPF

En 1919 una huelga en Plaza Huincul por la jornada laboral de 8 horas, salario mínimo y paga en término culminó con la expulsión de su promotor, “de nacionalidad rusa”. En 1932 un “individuo de apariencia ruso” presuntamente intentó incendiar la destilería “de los Yacimientos Fiscales”. Un fantasma acorde a los tiempos que corrían, una página poco recordada en la historia épica ypefiana y un chivo expiatorio que cambia con los años pero mantiene su vigencia.

Por Hernán Scandizzo

Operarios y jefe frente a torre de petróleo.

Ser ruso era más que un dato filiatorio. El triunfo de la Revolución bolchevique en 1917 llevaba hasta los confines de la Tierra el ruido de rotas cadenas, despertando las esperanzas del proletariado y azuzando los miedos de las clases dominantes. La burguesía advertía la sombra de Moscú en cada demanda obrera, hasta la más elemental; y todo ruso era, por añadidura, agitador, o viceversa. El cuestionamiento a las condiciones de explotación a que estaban sometidos los trabajadores y trabajadoras era asumido como un cuestionamiento total a su orden y sus privilegios. El fantasma ruso había sido visto en las calles porteñas, en enero de 1919, durante la Semana Trágica; también entre los braceros en huelga en la pampa bonaerense, entre los peones rurales en Santa Cruz, en las convocatorias a asamblea de los trabajadores de Allen, y en los quebrachales del norte santafesino. ¿Y también en Plaza Huincul?

El historiador Enrique Masés, en El Mundo del Trabajo: Neuquén (1884-1930), menciona que en 1919 y 1921 -cuando la explotación estaba a cargo de la  Dirección General de Explotación del Petróleo, predecesora de YPF-, se registraron huelgas de carácter espontáneo por la jornada laboral de 8 horas, salario mínimo y paga en término; y que la primera culminó con la expulsión de su promotor, “de nacionalidad rusa” (1994: 143-144). El carácter espontáneo en parte se constata en la ausencia de organización obrera en Challacó o en Plaza Huincul por esos años. Situación que se extendía al otro ámbito de mayor concentración de trabajadores, en los límites del territorio, el dique Ballester. Allí también las huelgas producidas entre 1917 y 1921 tuvieron cáracter espontáneo y, según el mismo autor, se trató de movimientos “impulsados por trabajadores de origen español e italiano, generalmente expulsados de las obras por ese motivo” (1994:148). En tanto en la urbe neuquina existían sindicatos de proyección nacional como los de los ferroviarios y telegrafistas, y un Centro Obrero, de orientación socialista reformista, pero no organizaciones de corte revolucionario 1, a diferencia de lo que por entonces sucedía en localidades rionegrinas cercanas como Cipolletti, Allen y Roca2.

Pozo 1, Challacó, 1922.

En ese escenario llama la atención una nota administrativa aparecida el 27 de mayo de 1922 en el diario anarquista La Protesta, de Buenos Aires. El matutino publicó una lista de aportes procedente de estación Challacó en beneficio de los anarquistas rusos Simón Radowitzky y Andrés Babby, presos en la cárcel de Ushuaia. Radowitzky había matado al entonces Jefe de Policía, Coronel Ramón L. Falcón, en un atentado perpetrado el 14 de noviembre de 1909; que fue la respuesta proletaria a la masacre de obreros del 1 de Mayo de ese año. En tanto Babby, en mayo de 1919, intentó una expropiación en el barrio porteño de Chacarita que terminó en un baño de sangre, su objetivo era financiar una publicación revolucionaria.

M. Rabovich reunió el dinero en Challacó, paraje que comenzaba a ser petrolero, y lo remitió a la Federación Obrera Rusa de Sudamérica (FORSA), en Buenos Aires, que impulsaba la colecta. En esa Federación confluía el grueso de la inmigración de ese origen en Argentina, donde el anarquismo tenía preponderancia sobre el resto de las corrientes socialistas3. Entre los cotizantes figuraban trabajadores con apellidos que, en caso de necesidad, las autoridades los podían hacer pasar por “rusos”; más allá de que fueran ucranianos, bielorrusos, checos o polacos, como es el caso de Nesteruk, Stompf y Antoniuk. El resto: Rouver, Viña, Rudalpt, González, Huine, Baños… ampliaban el abanico de orígenes y sonaban menos peligrosos… aunque por esos años todo obrero extranjero debía demostrar su inocencia.

Once personas aportando dinero para el sostenimiento de dos revolucionarios presos, no era un número menor en el universo de trabajadores de la naciente comarca petrolera e incluso del territorio. Una cofradía de rusos.

Orden y petróleo

El 1 de mayo de 1927 el periódico anarquista de Bahía Blanca, Brazo y Cerebro, publicó la crónica de una recorrida por los territorios de Río Negro y Neuquén. Según el autor, en “las minas de petróleo de Plaza Huincul” se trabajaba doce horas por día en las perforaciones y nueve y media en las demás dependencias, sin descanso dominical. Además, destacaba el elevado costo de vida, que diluía los jornales, y hacía referencia al clima cuartelario que imperaba en el campamento de YPF. “El administrador de los establecimientos fiscales es allí un verdadero señor feudal. En concomitancia con las autoridades hace desalojar del pueblo y zonas que lo rodean, en término de 24 horas a los ‘indeseables’ ya sean manifiestos o sospechosos”, denunciaba. “Es suficiente con que se limite a leer cualquier periódico que no sea burgués, para acarrearse la fobia y las represalias de los tiburones”4.

Plaza Huincul 1919.

Ese clima persecutorio también fue destacado por el historiador policial Tomás Heger Wagner en Guardianes del Orden, allí afirma: “YPF apelaba a cualquier recurso para aplastar la más mínima muestra de protesta, siendo la más frecuente la expulsión del o los perturbadores”5.

Fuegos del Este

El fantasma de los agitadores rusos se mantenía vivo a pesar de que el ímpetu cobrado por el movimiento obrero revolucionario en Argentina en los años siguientes a 1917 decayó antes de la primera mitad de la década del ’20. El clima represivo instaurado por el golpe de Estado de septiembre de 1930 no mermó significativamente cuando Uruburu dejó la Presidencia de la Nación en manos de Justo.

A lo largo de 1932 y 1933, señala Nicolás Gadano en Historia del petróleo en Argentina, la conducción de YPF permanentemente envió notas al Gobierno Nacional denunciando actividades comunistas en sus campamentos, pedía mayor represión, principalmente en Comodoro Rivadavia. En 1932 en la ciudad chubutense la Unión General de Obreros Petroleros, dirigida por el PC, había protagonizado un fuerte movimiento huelguístico. Al que respondieron con la profundización de la campaña de argentinización implementada por la compañía estatal, que desalentaba la contratación de extranjeros -por considerarlos sospechosos de propagar ideas revolucionarias- y promocionaba el ingreso de obreros criollos, principalmente procedentes de Catamarca y La Rioja. Paradójicamente el principal dirigente de la huelga fue el criollo Rufino ‘el Negro’ Gómez 6.

En ese contexto, el 14 de mayo de 1932 un obrero polaco que había sido despedido atentó contra el principal tanque de almacenamiento de petróleo de la destilería de en Plaza Huincul. Provocó una fuerte explosión y un incendio de gran magnitud y, según la versión oficial, se suicidó al ser sorprendido 7. El hecho fue abordado por la dirección de YPF como un “posible atentado comunista”. Días antes se habían registrado atentados incendiarios menores y a causa de ello otro obrero polaco estaba detenido.

Pese a que poco después el intento de incendio del tanque fue adjudicado a un estado de desequilibrio mental del obrero y se descartó toda connotación política, se realizaron allanamientos en el campamento y detuvieron a varios trabajadores polacos. Según relata Gadano, luego de esos hechos dos efectivos de la división Orden Social de la Policía Federal fueron infiltrados entre el personal para investigar el origen de los atentados. “Para resguardarse de nuevos atentados, uno de los vocales [de YPF] propuso intensificar los controles del personal, estableciendo que los ‘médicos oficiales de los yacimientos examinen periódicamente a todos los obreros en forma discreta, a fin de que los que tuvieren un tara fisiológica o moral o anormalidades mentales sean radiados’, y que antes de contratar un empleado se exigiera la presentación de la cédula de identidad y un certificado de buena conducta”, sostiene Gadano.

Sin embargo, tales medidas resultaron vanas, meses más tarde se produjo un nuevo atentado. El secretario de la Gobernación informó el 29 de julio al ministro del Interior que en la madrugada un “individuo de apariencia ruso”, presuntamente intentó incendiar la destilería de los Yacimientos Fiscales. “Sorprendido por el sereno cruzáronse varios tiros de revólver resultando éste herido y huyendo el incendiario. Inmediaciones del lugar encontráronse trozos de estopa empapados en nafta, material destinado a servir de mecha. Hasta el momento este presunto incendiario no ha sido capturado” (Heger Wagner, 2010: 722).

El fantasma ruso con los años dejó su lugar al fantasma comunista, sin una nacionalidad específica, que siguió vigente a lo largo de la Guerra Fría, incluso hay quienes continúan invocándolo. De la misma manera pervive el estigma contra el trabajador extranjero, aunque ahora la amenaza no sólo llega de otros países sino también de otras provincias, y ya no disputa el poder sino puestos de trabajo.

Y los fantasmas quedan.

Notas

1- A pesar de la orientación del Centro Obrero, en la crónica que el periódico Río Negro publicó en 1919 sobre la conmemoración del 1º de Mayo en Neuquén destaca que “grupos de manifestantes entonaron ‘Hijos del Pueblo’”, un himno obrero anarquista (Taranda, Masés y Bonifacio; 2007: 68).

2- En enero de 1921 la convocatoria a una asamblea de la Sociedad Obrera Oficios Varios de Allen, adherida a la FORA anarquista, fue interpretada por las autoridades locales como un intento de conformar un soviet en la localidad. Ver Allen 1921: del soviet a la caza de obreros.

3- Ante el rumbo que los bolchevique dieron al proceso se convirtió en una fuerte crítica y denunció el asesinato, la persecusión y cárcel de la disidencia revolucionaria.

4- Las políticas de control de la petrolera estatal fueron más estudiadas en el caso de la Patagonia Austral, como referencia pueden consultarse los artículos de Carrizo y Baeza (2009) y Cabral Marques (2005).

5- En realidad el carácter autoritario no era particularidad neuquina. Según el periodista Marcelo García, en los albores de esta actividad en nuestro país, Emilio Simón, uno de los jefes de sondeo de las primeras perforaciones en Comodoro Rivadavia, fue cesanteado en 1907 por negarse a extender las jornadas de trabajo de 12 a 15 horas.

6- En las memorias de aquella huelga Gómez cuenta que en el proceso de organización del PC un obrero búlgaro ofició de intérprete en las reuniones de organización, dado que la mayoría de los miembros del grupo inicial eran de esa nacionalidad (Gómez, 1973: 23).

7- Según los registros de YPF, el ruso se llamaba Ladislao Malajoiez, tenía 29 años; en tanto, para el diario La Nación, de Buenos Aires, el apellido era Mogalasky (Gadano, 2009: 321)

Bibliografía

Bilsky, Edgardo (1984). La Semana Trágica. Bs. As. Centro Editor de América Latina. Biblioteca Política Argentina, tomo 50.

Bilsky, Edgardo et al. (1987). El movimiento obrero judi?o en la Argentina. Bs. As. AMIA Comunidad Judi?a de Buenos Aires.

Gadano, Nicolás (2006). Historia del petróleo en la Argentina. 1907-1955: Desde los inicios a la caída de Perón. 1ra Edición, 1ra reimpresión. Bs. As. Edhasa.

García, Marcelo (2016). Simón, el primer despedido petrolero de 1907, y las lecciones para el feroz ajuste del presente. Comodoro Rivadavia. El Extremo Sur, 14 de diciembre. (on line)

Gómez, Rufino (1973). La Gran Huelga Petrolera de Comodoro Rivadavia (1931-1932). Buenos Aires. Ediciones Centro de Estudios.

Heger Wagner, Tomás (2010). Guardianes del Orden. Primera recopilación de datos y antecedentes históricos de la policía de Neuquén 1879-2000. Neuquén. Edición del autor. Tomo III.

Masés, Enrique et al. (1994). El mundo del trabajo: Neuquén (1884-1930). Neuquén. G.E.Hi.So. Universidad Nacional del Comahue.

Taranda, D.; Masés, E.; y Bonifacio, J.L. (2007). La protesta social en Neuquén. Viejas y nuevas formas. Neuquén. Educo Editorial. Universidad Nacional del Comahue.

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El gran pacto: diálogo de la imposición

Tras declarar el 2017 como el año de las energías renovables, el presidente Mauricio Macri anunció en los primeros días de enero que, teniendo como meta de largo plazo exportar masivamente y traccionar la industria nacional, se llegó a un acuerdo macro para la explotación de Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales. El objetivo es brindar mayores condiciones de ‘competitividad’ al elefante dormido, gravemente afectado por la caída de los precios internacionales. El anuncio público puso el moño a meses de negociaciones y modificaciones subterráneas donde, a la par de reducir costos laborales específicos para este tipo de proyectos, se incrementó la desregulación y la autonomía empresarial. Tanto los medios como los fines, como se detalla a continuación, comprenden un abordaje neoliberal y mercantil de la energía. En beneficio de unos pocos, se traslada el peso y costos a la mayoría de la sociedad y la naturaleza, como ya viene ocurriendo tanto con las áreas explotadas como con el tarifazo.

Foto: Río Negro

“[Las campañas del ministro Aranguren] buscan decirles a todos: cuidemos, seamos solidarios, estemos juntos en esto, porque necesitamos realmente volver a darle el valor que tiene la energía en una sociedad y en el planeta.” Mauricio Macri, 10/01/2017

El primer acto público de Mauricio Macri al volver de vacaciones fue el postergado anuncio de un gran acuerdo de gobernabilidad para convertir, una vez más, a Vaca Muerta y otros no convencionales en un polo de exportación. En un proceso de “diálogo” y “construcción de equipo”, los actores citados (Nación, provincias, trabajadores, empresas) lograron un acuerdo que, en palabras de Macri, permitirá abastecer “al mundo” de energía, asentándose en una “revolución del empleo” donde habrá “decenas de miles y miles de familias que se van a mudar a la zona de desarrollo”. Todas las partes asumieron compromisos en pos de “generar confianza” y brindar garantías y “certidumbre a los inversores”. Para los “consumidores”, el presidente reclamó ahorrar “la mayor cantidad de energía posible porque es escasa, cara y contamina”. Aseguró que “tenemos que privilegiar usarla para desarrollarnos y minimizar nuestro consumo personal”. El hito “histórico” pretende ser un “punto de solución” al “quiebre de reglas, la no inversión, el derroche, la corrupción” y otras “vivezas criollas” del pasado.

Tales resultados no se plasman en un solo acuerdo, sino en una constelación de modificaciones que, a modo de lectura propia, hemos sistematizado en este documento.

Energía como derecho, planificación democrática para el bien común

Como organizaciones, manifestamos nuestro profundo rechazo al conjunto de medidas impulsadas para explotar Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales, y alertamos de las graves consecuencias que podría acarrear acentuar la escala e intensidad del megaproyecto, donde no se toman en cuenta los crecientes costos y baja productividad de los no convencionales ni el contexto de crisis climática acuciante.

En primer lugar, manifestamos que las medidas vertidas implican un mayor autogobierno y autonomía por parte de los ámbitos estatales y privados,  que reduce la capacidad y acceso a la toma de decisiones y planificación de la vida por parte del conjunto de la sociedad.  Los nuevos acuerdos firmados no han sido divulgados abiertamente y tenemos como alerta el éxito parcial obtenido en el acceso al contrato entre YPF y Chevron y los resultados encontrados. El llamado “proceso de diálogo” se centró en una cooperación y negociación a puerta cerrada de algunos actores, olvidando que, por las implicancias del megaproyecto, millones de personas estamos siendo afectadas.

Es así que, como segundo punto, tales medidas no han sido consultadas a las organizaciones sociales, las indígenas, las ambientales, otros sectores sindicales y la ciudadanía en general, que también tendrían mucho que decir de Vaca Muerta y otras formaciones no convencionales, incluído el creciente veto al desarrollo mismo. Cuando se elige este último camino, la respuesta muchas veces es la violencia institucional, represión de la protesta y judicialización de quienes se manifiestan.

Si bien se han perforado poco más de mil pozos de la decena de miles proyectadas, el camino emprendido por este tipo de iniciativas nos ha dejado un tendal de degradación ambiental en amplias zonas y ha generado daños concretos tanto en el presente como pasivos y reducción de caminos alternativos a futuro. Advertimos también sobre la flexibilización laboral y al enorme riesgo al que se somete a los trabajadores, primera línea de fuego de exposición a la fractura hidráulica y otras instancias de la cadena productiva, como la extracción misma de arenas. No nos cansaremos de decirlo: el fracking daña la reproducción misma de la vida y no existe un mecanismo que permita balancear los beneficios y costos que implica sobre el conjunto de la sociedad. A esta conclusión han llegado numerosas instituciones públicas y países, por lo que las acciones anunciadas por el ejecutivo no pueden pretender omisión.

En tercer lugar, en cuanto a usuarios y usuarias, (más que “consumidores”), la decisión de aumentar sideralmente las tarifas para garantizar pisos de rentabilidad y dar señales de precio atenta contra el acceso y ejercicio de derechos, donde se incluye la energía como elemento central. Pedir el ahorro en función de expandir la capacidad productiva no es “cuidar el planeta”, sino transferir el costo de acumulación del capital de un sector a otro. En un escenario de ajuste, las ingentes masas de subsidios públicos a las petroleras se incrementan, al tiempo que nuestras tarifas de servicios públicos se dolarizan y se atan a las variables más onerosas, conjunto de medidas que responden a políticas de manual de corte neoliberal. En la misma línea, es preocupante que se anuncien, una vez más, obras de infraestructura específicas financiadas por el ámbito público. Tales resultados se reflejarán como mayor eficiencia en los balances contables de las empresas antes que en la mejora concreta a la población en general.

En cuarto lugar, como detallamos abajo, la creación de consensos rápidos en torno a propuestas mesiánicas obedece a intereses particulares específicos, y no pueden ser extrapolables al conjunto de la sociedad como dice el presidente. A nuestro entender, la creciente fijación de inversión pública en proyectos hidrocarburíferos, la degradación ambiental inherente, el daño social y sanitario, la capacitación de trabajadores en la industria y otro sinnúmero de decisiones que apuntan a reforzar el poder de fuego extorsivo de las empresas, más que abrir espacios de posibilidad para la surgencia de bien común.

Por último, queremos resaltar que este tipo de ecuaciones y estrategias encuentran también eco en otras latitudes del continente. En México, revueltas populares con decenas de personas detenidas están buscando frenar el aumento del llamado ‘gasolinazo’. La lógica aplicada (dar señal de precios para estimular inversión extranjera) como medio para ‘liberar’ la energía en 2018, son puntos desprendidos de la Reforma Energética, proceso de cuña neoliberal que comprendió en parte una privatización de Pemex. Dentro del mismo, el peso de los subsidios a petroleras se pasa del Estado a quienes usan y consumen energía. Como aquí, la pregunta se limita a quién paga y no el por qué y para qué se paga a las petroleras y energéticas.

En suma, creemos que “volver a darle el valor que tiene la energía en una sociedad y en el planeta” es crear cambios estratégicos que logren transiciones productivas y energéticas, políticas que busquen una sociedad pospetrolera sobre la base de la justicia socioambiental y energética. Sin estos cambios, estaremos reeditando y acentuando los viejos problemas de desigualdad, explotación y degradación ambiental.

Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur, en EJES (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental) – 10/01/2017

Vaca Muerta


¿Qué nos deja el tarifazo en el mercado del gas?

Gustavo García Zanotti*

Un análisis sobre el presente y futuro en materia de energía para nuestro país. La elevada tarifa del gas que afecta a usuarios y favorece a las empresas bajo la lupa atenta de un especialista en la materia.

Se ha iniciado en la Argentina un nuevo ciclo de creciente mercantilización de la energía. En este sentido, realizar un balance de las transformaciones del mercado del gas durante el gobierno de Macri contribuiría en prevenir y alertar a los sectores populares sobre este fenómeno. Ya que, por medio de diversas resoluciones, el ministro Aranguren no sólo llevó a cabo transformaciones cuantitativas de aumentos de tarifas y precios, sino que también trastocó las reglas de juego del mercado de gas en detrimento de los usuarios y a favor de las empresas.

Las transformaciones del segmento residencial en el mercado de gas son un claro ejemplo de mercantilización, y se le agrega una serie de características inéditas en su regulación. La Resolución 212/2016 E establece ajustes semestrales del precio de gas de este segmento, y tiene como meta pasar de 1,6 U$S/MMBTU a 6,8 para octubre de 2019. Este último valor corresponde al precio de importación del Gas Natural Licuado de octubre de 2016. De esta forma, se constituirá a este último como precio de referencia del mercado.

Al mismo tiempo, el precio del gas producido internamente se encuentra en claro ascenso desde los tarifazos de marzo, llegando a 3,53 U$S/MMBTU en junio.  Si sumamos los subsidios del Plan Gas I y II este se eleva a 4,72 U$S/MMBTU. El precio del gas natural más barato en el mercado proviene de la importación de Bolivia, que asciende a 3,94 U$S/MMBTU.

Por lo tanto, se escogió como valor de referencia de mercado al precio más caro: el Gas Natural Licuado de importación. Esto se debe a que el Ministro piensa el mercado con el manual de microeconomía neoclásica en la mano; es decir, en términos de cuánto cuesta agregar una unidad adicional de gas al mercado. Desde ya, las empresas petroleras se aprovechan de esta situación ya que percibirán un precio cada vez mayor. Además, este arreglo institucional iguala en condiciones de precios el valor agregado de una actividad extractiva, con la mayor industrialización que incorpora la producción de Gas Natural Licuado en sus países de origen.

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Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Energía y Minería, Presidencia de la Nación.

El precio del gas en la boleta posee dos características que deberán ser corregidas en cada uno de los ajustes semestrales. Por un lado, se encuentra en dólares. Por lo tanto, todo ajuste en el tipo de cambio deberá ser reflejado en aumentos al usuario. Por otro lado, el precio del Gas Natural Licuado forma parte de un mercado competitivo a nivel mundial. Es decir, su precio oscila dependiendo las fuerzas de mercado. Tales movimientos también repercutirán en la boleta. El hecho de alcanzar los 6,8 U$S/MMBTU comprende un escenario hipotético que no se encuentra fijo. Por ejemplo, en abril de 2014 el precio del Gas Natural Licuado se encontraba en 18 U$S/MMBTU, unas casi tres veces más caro que en la actualidad. Además, hay que tener en cuenta que su precio se encuentra en alza desde junio de 2016.  Seguramente, el ajuste semestral de abril de 2017 cargará con un aumento en dólares mayor al previsto en octubre de 2016.

Equilibrio fiscal sobre la base del desequilibrio social

El principal objetivo del gobierno de Mauricio Macri consiste en disminuir el gasto estatal. Por ello, el Ministerio de Energía y Minería acredita una baja nominal del 17,9% en sus partidas en el presupuesto de 2017, ubicando a tal ministerio con el mayor recorte de la cartera.

Esto se debe a que el segmento residencial de gas se encuentra co-financiado tanto por el Estado Nacional como por los usuarios. El aporte del Estado nace del diferencial de precios entre el precio del gas importado y el precio del gas en boca de pozo. Es decir, la empresa estatal ENARSA adquiere gas importado a un precio superior al cual es inyectado en el punto de ingreso del sistema de transporte (PIST).

En consecuencia, el gobierno de Macri busca quitar este co-financiamiento, al dejar que el mercado sea solventado únicamente por los usuarios. Este plan de gobierno se llevará a cabo en el momento en que los precios internos (PIST) se igualen con el precio de importación del Gas Natural Licuado en 2019.

Sin embargo, no todos los subsidios del Ministerio se encuentran a la baja. Los planes Gas I y II, constituidos por los subsidios a las petroleras con el fin de aumentar la producción, crecieron un 62% en materia presupuestaria, y pasaron de $8.733 mil millones en 2016 a $14.182 mil millones en 2017.

Boletas explosivas

Realicemos un ejercicio práctico. Comparemos los cuadros tarifarios y de precios de 2015 con la nueva actualización de octubre de 2016. Para ello, tomemos el consumo promedio anual de un/a neuquino/a, que ascendía en 2015 a 3.672m3. La pregunta sería: ¿cuánto deberá abonar nuestro/a neuquino/a promedio anualmente con la nueva actualización de octubre de 2016 en comparación con el cuadro de tarifas de 2015? La respuesta: su factura anual ascendió de $744 a $8.857.

Los segmentos de la cadena más explosivos se encuentran constituidos por el precio del gas de las petroleras con un aumento de 1.204% (de $278 a $3.623). Le sigue el aumento de 1.061% (de $446 a $5.174) a las distribuidoras, y muy por detrás se encuentran las transportistas con un aumento de 188% (de $21 a $61).

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 Fuente: Elaboración propia con datos de ENARGAS

Cabe aclarar y resaltar varias cosas. En primer lugar, los $8.857 representan más de dos tercios del ingreso de una familia para no ser considerada pobre. Es decir, las empresas del mercado de gas se quedarán con dos tercios de uno de los doce ingresos de una familia que roza la pobreza. Este escenario inaugurará un nuevo concepto en la Argentina: la pobreza energética.

En segundo lugar, tal importe no se ha hecho sentir ya que rige a partir de octubre. En este sentido, en el año 2017 se prevén aumentos en los meses de abril y octubre en el precio de gas, así como actualizaciones en las tarifas. Por lo tanto, tal cifra quedará prontamente desactualizada.

Por último, se encuentra en vigencia la Resolución 99/2016 del Ministerio de Energía la cual establece topes de 400% en los aumentos de la factura de gas al consumidor residencial. Desde ya, desconocemos cómo se aplicarán tales topes y cómo se distribuirán al interior de la cadena.

* Lic. en Economía, Doctorando en Desarrollo Económico, Becario del CONICET, miembro de la Sociedad de Economía Crítica y de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental.

Marcha


Ecuador: Comunicado urgente por el cierre de Acción Ecológica

Acción Ecológica denuncia la solicitud de procedimiento administrativo de cierre (extinción y disolución) de nuestra organización solicitada por Diego Torres Saldaña, Vice-Ministro de Seguridad Interna, al Ministro del Ambiente, por desviarnos de los fines y objetivos para los cuales fuimos constituidas.

Esta decisión administrativa, de acuerdo a la notificación del Ministerio del Interior al Ministerio del Ambiente (MDI-VSI-2016-00033), fue tomada por difundir “los graves impactos ambientales y al ecosistema que resultarían de la actividad extractivista” en la Cordillera del Cóndor y por alertar sobre la violación de derechos humanos de las comunidades que viven en esta zona. Debemos decir, que son precisamente estos objetivos por los cuales se constituyó Acción Ecológica, como lo señala el artículo 2 de nuestro estatuto: “Promover la defensa de los derechos de la naturaleza con el fin de asegurar la preservación de un medio ambiente sano y alcanzar los derechos del buen vivir, promoviendo el respeto integral”.

A su vez, en la comunicación de respuesta del Ministerio del Ambiente (MDI-CGAJ-2016-261) se dice que no cumplimos con el ordenamiento jurídico nacional. Ratificamos que Acción Ecológica se ciñe estrictamente al ordenamiento jurídico y que nuestras acciones concretamente están en plena armonía con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, cuyo Objetivo 7.12.b señala que es una prioridad: “Optimizar la gestión ambiental participativa y el control social para la conservación de la biodiversidad terrestre y marina, mediante procesos de integración comunitaria que consoliden una cultura de paz y sostenibilidad en los territorios bajo régimen especial, así como en la circunscripción territorial especial de la Amazonia”, entre otros.

La posición de Acción Ecológica en torno al conflicto en la Cordillera del Cóndor es y ha sido la de solicitar una comisión de paz y armonía con la naturaleza, y creemos que para alcanzar esta paz, necesitamos un baño de verdad sobre lo que está ocurriendo en esos territorios del país.

Acción Ecológica, en el año 2009 ya fue clausurada por el actual gobierno ecuatoriano, por las mismas razones que ahora argumentan, sin embargo, éstas fueron aclaradas y resultas a nuestro favor.

En aquel momento, miles de personas en el Ecuador y el mundo levantaron su voz frente a esa injusticia. En esta ocasión estamos recibiendo nuevas muestras de solidaridad que agradecemos, en particular, a las organizaciones sociales, movimientos, gremios, instituciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones ambientalistas, feministas, y otras,  sabemos que es con este tipo de manifestaciones, que lograremos revertir la arbitrariedad e ilegitimidad del cierre de Acción Ecológica.

Acción Ecológica es una organización que por 30 años defiende la naturaleza y que además es parte integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos-FIDH, pues estamos convencidas de que solo defendiendo los territorios que sostienen la reproducción de la vida, se pueden garantizar los derechos humanos.

Seguiremos adelante en la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza porque “Somos como la paja del páramo que se arranca y vuelve a crecer…”.

ACCIÓN ECOLÓGICA Quito, 20 de diciembre de 2016

TODA LA INFORMACIÓN DEL CASO ESTÁ AQUÍ: www.accionecologica.org


Video ¿Por qué la crisis energética?

En Argentina tenemos un sistema energético no equitativo, muy contaminante y poco democrático. Esto impide que la energía pueda servir para cubrir nuestras necesidades básicas y mejorar nuestra calidad de vida.

Desde el Observatorio Petrolero Sur junto al Colectivo Audiovisual Vacabonsai nos propusimos analizar y exponer los principales elementos del sistema energético nacional con el objetivo de democratizar la información sobre un tema que muchas veces resulta complejo y difícil de abordar: el sistema energético. Entenderlo es el primer paso para transformarlo, para caminar hacia una alternativa que pueda satisfacer las necesidades sociales.

Este video fue realizado en base a los datos que proporciona anualmente el Ministerio de Energía y Minería.

Otras Co-Producciones OPSur+VacaBonsai:

Argentina libre de fracking (https://youtu.be/i9MOISFiAP4)

Territorio Crudo (https://www.youtube.com/watch…)

 


Anular el espacio a través del tiempo

Infraestructuras extremas y expansión del capitalismo global
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Oleoducto Trans-Alaska / U.S. Geological Survey Employee

Por Nicholas Hildyard / The Corner House (Reino Unido)

No caben dudas de que la industria de los combustibles fósiles emplea métodos cada vez más extremos –tanto en términos tecnológicos como de opresión humana y ambiental– para asegurarse de que contará con el petróleo, el gas y el carbón necesarios para que sigan girando las ruedas de la acumulación de capital: de allí la expresión “energía extrema”. Sin embargo, ese tipo de “producción extrema” no es exclusiva del sector energético; para extraer los minerales que necesitan, también las compañías mineras se ven forzadas a ampliar las fronteras hacia áreas remotas, en las cuales la naturaleza es intransigente (el medioambiente tiene sus propias formas de rechazo, no cooperación y resistencia). Esto, a su vez, requiere de nuevas formas de “tecnología extrema” y “finanzas extremas” para arrebatarle los minerales al suelo. Los fabricantes no están menos atrapados: para explotar mano de obra barata, deben trasladar la producción a zonas cada vez más alejadas de los puntos de consumo, lo que supone una “infraestructura extrema” para acelerar el proceso de intercambio y, junto con él, la obtención de ganancias.

Nada de lo anterior sucede sin resistencia, tanto del ser humano como de la naturaleza. Aunque las formas extremas de producción señalan el rumbo que deben tomar las formas globalizadas del capital para expandirse, la trayectoria final no está escrita en planes maestros elaborados por los ejecutivos de la industria petrolera o minera ni se definirá en deliberaciones intergubernamentales; tampoco se inscribirá en una supuesta lógica aplanadora del capitalismo global, cuya coherencia nunca es tan coherente como proyectan sus teóricos. Esa trayectoria la determinarán los distintos modos de interacción que se den entre los planes mencionados y otros agentes, humanos y no humanos, en el presente y en el futuro. Por lo tanto, puede que una mejor comprensión de las fuerzas sistémicas y las alianzas políticas ad hoc que impulsan la “producción extrema” sea de utilidad para los activistas que luchan contra la “extracción extrema” en sus distintas formas, identificando vinculaciones potenciales con otras luchas y revelando algunas de las indudables vulnerabilidades que la extracción extrema en sí misma supone para el capital.

 

Corredores de infraestructura

Un área que tal vez valga la pena explorar es cómo en la actualidad el capital presiona por la creación de “corredores de infraestructura”; un motivo no menor para estudiar este aspecto es que allí confluyen para hacer causa común distintas vertientes de la “producción extrema”: desde compañías de petróleo y gas a conglomerados mineros y de agronegocios y fabricantes que deslocalizan su producción. Ningún continente (habitado) queda excluido. Desde África hasta Asia y desde el Ártico hasta América del Sur, se han diseñado planes maestros de infraestructura para reconfigurar masas terrestres enteras (y los mares que las conectan) y convertirlas en “centros de producción y distribución”, “zonas de tránsito”, “corredores de desarrollo”, “zonas de exportación”, “iniciativas de desarrollo espacial”, “interconectores” y “terminales logísticas intermodales”. Algunos de esos planes son de escala nacional, otros son regionales y los hay continentales e incluso en escala casi global.

En África se ha iniciado la construcción de más de 30 corredores, principalmente para permitir la extracción de productos agrícolas y minerales. La mayoría están “anclados” en proyectos mineros, pero muchos tienen como ramificaciones secundarias corredores agrícolas auxiliares o desarrollos turísticos. En el sur de África ha comenzado una carrera para construir las rutas que conformarán el corredor más corto posible hasta el mar, desde Copperbelt, en Zambia, y Katanga, una provincia de la República Democrática del Congo rica en minerales. Además, se prevén corredores para mineral de hierro, cobre, carbón, níquel y otros recursos en el norte y centro de Mozambique, Botsuana, Ghana, Liberia y Sierra Leona.

No son menos ambiciosos los planes que hay en el tablero para América del Sur. En la actualidad, se han identificado unos 579 proyectos, con un costo estimado de USD 163 000 millones, de los cuales el 89% incluye caminos, aeropuertos, puertos, vías navegables y esquemas de transporte “multimodales”; 9% son proyectos energéticos y el resto, infraestructura de comunicaciones. De ese total, se han completado 107 proyectos y 169 están en construcción; el resto se halla en etapa de planificación.

Todos los países asiáticos tienen planes similares. En Indonesia, se promueven seis corredores en el marco de un plan ambicioso de 15 años, por un monto de 1 billón de dólares: el Plan Maestro para la Aceleración y Expansión del Desarrollo Económico de Indonesia. Se prevén más de 1000 proyectos de infraestructura y logística, que incluyen caminos, vías férreas (sobre todo para transportar carbón), aeropuertos y puertos. Cada uno de los seis corredores de interconexión se centra en el desarrollo de industrias claves o recursos naturales (en especial, carbón y aceite de palma) mediante aglomerados industriales y Zonas Económicas Especiales (ZEE). También hay planes en marcha para corredores marinos que conectarían las islas del archipiélago indonesio. Se estima la militarización de las rutas marinas propuestas y la exclusión de pescadores locales.

Pero la estrella de estos intentos de anular tiempo y espacio (y, según sostienen algunos, de las luchas actuales por la hegemonía regional) es el programa chino “One Belt, One Road” (“Un cinturón, una ruta”, OBOR, por su sigla en inglés), anunciado oficialmente en 2013. El programa abarca 60 países (es decir, podría incluir a la mitad del mundo) y su propósito es crear una red de zonas de libre comercio conectadas por corredores terrestres y marinos que se extienden desde el Pacífico hasta el Mar Báltico. Su “cinturón” (según denominación oficial, “Nuevo Cinturón Económico de la Ruta de la Seda”) está compuesto por cuatro corredores terrestres; entre todos conectarían China con Asia Central, Rusia, Europa, el Golfo Pérsico, el Sudeste Asiático y el Océano Índico. La “ruta” es en realidad un corredor marino (la “Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI”) diseñado para unir la costa de China con Europa por vía del Océano Índico y el Pacífico Sur. El corredor no incluiría solamente el transporte sino, se supone, la explotación minera del lecho marino en el Océano Índico.

Eliminar espacio y tiempo

Existen múltiples dinámicas sociales, ecológicas y políticas que subyacen a este auge de los corredores, pero hay un conjunto de factores que se destaca. Estos se originan en un problema que en el mundo de las finanzas algunos llaman “desconexión producción-consumo”. Esta surge, en parte, de economías de escala que han posibilitado la extracción de depósitos de materias primas para la producción industrial que se encuentran en lugares remotos; en parte, de las distancias cada vez mayores entre esos depósitos y las industrias donde los recursos extraídos se transforman en bienes de consumo; y, en parte, de las distancias entre esos sitios de producción y los lugares donde habita la “clase consumidora global”.

El problema no es nuevo. Hace casi 150 años, Karl Marx reveló que cuanto más se expande el capital, mayor es su necesidad de mejorar la infraestructura para “la anulación del espacio por el tiempo”. Esa realidad continúa siendo un desafío central para la planificación de infraestructura en aquellos espacios que aspiran a ser politburós globales, como el Banco Mundial. Aunque en su emblemático Informe sobre el Desarrollo Mundial del año 2009, titulado Una nueva geografía económica, no se mencione a Marx (el resumen de su política es: “Ningún país ha alcanzado la riqueza sin transformar la distribución geográfica de su población y producción con fines de acceso al mercado”), “la anulación del espacio por el tiempo” es el leitmotiv que recorre sus 380 páginas.

La distancia es un tema clave, definido por el Banco, no en términos euclidianos sino como medida de tiempo y dinero, y, puntualmente, como “la facilidad o dificultad con que bienes, servicios, mano de obra, capital, información e ideas viajan a través del espacio”. La distancia es importante porque también lo es el tiempo. Y este es importante porque cuanto más rápido puedan producirse los productos básicos, mayores serán las ganancias para los capitalistas individuales y más marcada será su ventaja competitiva sobre los rivales.

Para superar las deseconomías del espacio, es necesario construir barcos, camiones, trenes, barcazas y aviones de carga más potentes y eficaces. A su vez, estos requieren de una “infraestructura extrema” en forma de sistemas ferroviarios y puertos ampliados o mejorados y caminos más anchos, puentes más grandes, canales más profundos, ríos más rectos y pistas de aterrizaje más largas. Las economías de escala en transporte que resultan de tales procesos estimulan más economías de escala en producción (y viceversa), así se reducen los costos de las materias primas y los productos terminados, se estimula la demanda y se desencadena otra serie de presiones para reducir los costos comprimiendo tiempo y distancia. De este modo, una ola de innovación genera presiones para que haya más innovación.

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Mapa del Eje Amazonas y Andino del Plan de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)

A medida que se desarrollan formas de transporte más grandes y veloces y los costos de mover los bienes disminuyen en comparación con otros costos, se reconfiguran las geografías de extracción de materias primas y de producción. Las compañías tienen más opciones a la hora de elegir dónde ubicar sus fábricas, y cada vez son más capaces de trasladarse a cualquier parte del mundo en búsqueda de mano de obra barata, regímenes impositivos favorables o entornos de escasa regulación. El capital puede fragmentar cada vez más los procesos productivos en un grado nunca antes visto, y trasladar la producción más y más lejos, a áreas que prometen mayores ganancias, aun si estas se encuentran a miles de kilómetros de los principales puntos de consumo.

De igual modo, existen fuentes de materias primas remotas que se vuelven comercialmente viables. Hasta la década de 1950, por ejemplo, los altos costos del transporte de mineral de hierro (por lo general, el 60% de los costos de producción) hacía que las plantas de acero tuvieran que situarse cerca del punto de extracción del mineral. Pero hacia los años 60, los desarrollos en el transporte permitieron que sea competitivo para la industria siderúrgica japonesa transportar enormes volúmenes de mineral de hierro desde Australia, a una distancia de 8000 kilómetros. Hacia los años 80 se fabricaron buques de carga que duplicaban en tamaño a los anteriores; esto permitió que Japón importara hierro desde la nueva mina de Carajas, en el Amazonas brasileño, a una distancia de 19 300 km, “por menos dinero del que necesitaba la US Steel para transportar su mineral de hierro por los Grandes Lagos” (Bunker y Ciccantell, 2005).

En la actualidad, las distancias entre puntos de producción y puntos de consumo suelen ser enormes, y suponen múltiples viajes y formas de transporte. Por ejemplo, para producir una computadora de escritorio estándar se ensamblan unos 4000 componentes fabricados por hasta 250 proveedores diferentes, cuyas variadas fábricas se encuentran, probablemente, esparcidas en áreas de mano de obra calificada barata, sobre todo, en Asia. Al mismo tiempo, esos componentes dependen de minerales extraídos por todo el mundo. Solo el revestimiento de un monitor común contiene componentes fabricados a partir de azufre, zinc, plata, bauxita, oro y una serie de minerales cuyos nombres los conocen únicamente los mineralogistas: alunita, azurita, boronita, enargita, cerargirita, rejalgar y tetraedrita; todos ellos extraídos o procesados en países que suelen estar a miles de kilómetros del lugar donde se ensamblará la computadora, y mucho más lejos de donde se va a comprar y utilizar.

Para exprimir ganancias de lugares de producción tan dispersos geográficamente, las compañías han venido adoptando con mayor frecuencia los sistemas de inventario “justo a tiempo”; un motivo no menor es reducir los costos de almacenamiento tradicionales. En lugar de ello, utilizan con eficacia camiones, trenes y barcos como depósitos móviles. Así, la menor demora en el transporte de componentes puede ocasionar grandes pérdidas económicas. De modo similar, las economías de escala que hacen que minas como la de Carajas en el Amazonas sean comercialmente viables necesitan “enormes depósitos de mineral de alta calidad para llenar los barcos con regularidad y con una demora mínima en puerto” (Bunker y Ciccantell, 2005). En los cálculos de las cadenas mundiales de fabricación, “cada día en viaje marítimo, en el que un país dista del importador, reduce la probabilidad de traer bienes manufacturados de ese país en un 1%” (Banco Mundial, 2009).

Finanzas extremas

En la actualidad, las presiones combinadas de las economías de escala, la deslocalización de la producción, la extracción de petróleo, gas y minerales de áreas cada vez más remotas, el crecimiento de la “clase consumidora global” y los sistemas de entrega “justo a tiempo” inciden en el auge de los corredores.

Pero la infraestructura extrema es costosa: necesita “finanzas extremas”. Muchos de los proyectos individuales y, ciertamente, los esquemas más amplios en su totalidad necesitan más recursos de los que pueden obtenerse mediante las formas clásicas de infraestructura financiera.

Tomemos por caso los proyectos mineros que se planifican como inversiones ancla para gran parte de los corredores en África. En el pasado, las compañías mineras, por lo general, financiaban la infraestructura especial que conectaba “de la mina al puerto” a partir de sus propios balances, si bien solían obtener garantías de bancos de desarrollo multilaterales y exenciones impositivas y otros subsidios de los estados. Pero eso ha dejado de ser una opción para la mayoría de las nuevas minas. Las rutas son demasiado extensas y la escala de la infraestructura, demasiado costosa, sobre todo para las minas pequeñas y medianas, como para que un único operador la financie por sí mismo. Un estudio de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial detectó solo un proyecto minero “financiable” como proyecto puramente privado (di Borgo, 2012). Los costos también superan las posibilidades de muchos gobiernos nacionales y bancos privados, incluso cuando operan en conjunto. Si bien algunos proyectos podrían financiarse incluyendo fuentes de financiamiento multilaterales, como el Banco Mundial, estas no podrían cubrir todos los proyectos que necesita el capital para su “anulación del espacio por el tiempo”.

En el mundo existe una enorme brecha entre el financiamiento disponible para infraestructura nueva y los montos que supuestamente se necesitan. Algunos calculan que deberán recaudarse entre 50 y 70 billones de dólares hasta el año 2030, de los cuales el 37% sería para obras de infraestructura en países emergentes. Eso equivale a conseguir entre 0,5 y 1,5 billones por año, por encima de lo que se está gastando en la actualidad, y eso únicamente para caminos, vías férreas, puertos, aeropuertos, vías marítimas y telecomunicaciones. Escuelas, hospitales y otro tipo de infraestructura social se considera por separado. El déficit sólo en el sector de transporte se estima en USD 260 000 millones por año hasta 2030. El déficit en el sector energético es aun mayor: unos USD 530 000 millones por año (OCDE, 2015c). Un estudio realizado para la reunión de líderes del G20 en 2015 fue contundente: “Las fuentes tradicionales de financiamiento no serán suficientes para superar estos déficits de financiamiento” (Banco Mundial et.al., 2015).

Al igual que en el pasado, el capital no tiene muchas otras opciones más que tratar de extender los recursos de financiación de los que puede valerse. La sociedad por acciones, por ejemplo, surgió en parte para recaudar las grandes sumas de dinero necesarias para financiar la infraestructura en la década de 1860 (como señaló Marx, sin la sociedad por acciones “el mundo carecería todavía de ferrocarriles”, le hubiera llevado demasiado tiempo a cualquier capitalista individual acumular el capital necesario para su construcción). Así también surgieron los bancos multilaterales de desarrollo y los préstamos de consorcios bancarios para financiar la infraestructura poscolonial en el Sur Global.

Hoy, el capital debe moverse de manera similar para aprovechar nuevas fuentes de financiamiento -en esta instancia, mercados de capitales más amplios- si quiere evitarse su implosión. De allí las nuevas alianzas que construyen las compañías de petróleo y gas, las mineras y otras, con nuevos actores financieros, en especial, fondos de capital privado. De allí también que los gobiernos rediseñen la infraestructura financiera para hacerla más atractiva a los ojos de inversores privados garantizando flujos de ingresos, brindando compensaciones por nuevas leyes que pudieran afectar las ganancias, y otras medidas similares. Lo anterior también explica el auge de las alianzas público-privadas (centrales para cada uno de los corredores propuestos, y de hecho cada vez más importantes para el financiamiento de proyectos individuales de “energía extrema), que son al mismo tiempo un incentivo para los inversores privados y la piedra angular sobre la que pueden construirse otras formas extractivas de financiamiento[1].

La incapacidad de obtener las sumas necesarias por parte de los inversores genera una gran vulnerabilidad para los corredores que necesita el capital, y como tal, ha convertido al financiamiento de “infraestructura extrema” en un potente escenario de lucha incipiente. Esto podría ofrecer espacio para nuevas alianzas entre quienes cuestionan los corredores, los proyectos de “energía extrema” y otras formas de “extractivismo extremo”. Para las personas cuyos modos de vida no se organizan en torno a sistemas de distribución “justo a tiempo”, sino que se basan en el derecho colectivo de sobrevivir, no caben dudas de que vale la pena explorar más a fondo las vinculaciones mencionadas.

Traducción a cargo de Nancy Viviana Piñeiro.

Bibliografía:

Bunker, S. G. y Ciccantell, P. S. (2005) Globalization and the Race for Resources, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.

di Borgo, P. (2012) Shared Mining Infrastructure: Too Good to be True? Trends, Challenges and Opportunities for Private Financing of Mining-Associated Transport Infrastructure in SSA, Washington, DC, IFC, 2 de febrero de 2012.

OCDE (2015c) Official Development Finance for Infrastructure: Support by Multilateral and Bilateral Development Partners: OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, septiembre de 2015.

Banco Mundial (2009) Una nueva geografía económica, Informe sobre el Desarrollo Mundial 2009, Washington, DC, Banco Mundial.

Banco Mundial/FMI/OCDE (2015) Capital Market Instruments to Mobilize Institutional Investors to Infrastructure and SME Financing in Emerging Market Economies: Report for the G20.

Nicholas Hildyard es miembro de The Corner House, un grupo de investigación y solidaridad del Reino Unido. Es autor de Licensed Larceny: Infrastructure, financial extraction and the Global South, trabajo del que fue tomado este artículo. El libro está disponible en Manchester University Press: http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/9781784994273/

[1] N. de la T.: El autor hace referencia a la creación de nuevos productos financieros para extraer ganancias, como los “bonos para proyectos” o los préstamos agrupados.

Este artículo es parte del proyecto Aportes para la crítica y acción contra las energías extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Global Greengrants Fund.