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Las inversiones petroleras se alejan de Chubut y Santa Cruz para privilegiar a Neuquén

Por Marcelo García (Exclusivo/El Extremo Sur).

La Cuenca Neuquina y Vaca Muerta se han transformado en el principal punto de atracción para las inversiones de las operadoras petroleras.

El proceso de corrimiento arrancó en 2012, aumentó su potencia en 2013 y alcanzó su punto más elevado en 2015. Las compañías multinacionales envían sus mayores flujos de inversiones a la Cuenca Neuquina para la explotación del gas y los no convencionales, desinvirtiendo en el resto de las cuencas de hidrocarburos convencionales, especialmente en la del Golfo San Jorge.

En los últimos años se viene produciendo un marcado corrimiento de las inversiones petroleras hacia Neuquén y sus zonas de influencia, concentrándose este año en la Cuenca Neuquina el 63% de los fondos invertidos, mientras que Chubut y el norte de Santa de Santa Cruz apenas llegarán al 24% del total que se invertirá en el país. De los 6.500 millones de dólares proyectados, 4.100 millones irán hacia la Cuenca Neuquina.

El desplazamiento hacia la Cuenca Neuquina tiene que ver especialmente con la priorización de la explotación de los hidrocarburos no convencionales, que este año concentrarán el 45% de todas las inversiones que realizarán las operadoras, destinando 2.970 millones de dólares para la explotación de shale y aportando los 3.540 millones restantes para la explotación de los recursos convencionales tradicionales. En 2012 dicha relación era de solo el 14% en favor de los no convencionales.

Mucho antes que se desatara la crisis del precio internacional del petróleo, cuando en 2012 el WTI fluctuaba por encima de los 97 dólares el barril, las petroleras comenzaron a enfocar sus proyectos inversores en los no convencionales, tanto a nivel mundial como en el incipiente camino que comenzaba a desandarse en la Argentina con los enormes yacimientos de shale existentes en Vaca Muerta.

Hasta el final de la década pasada fue la Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ) la que capitalizó el mayor flujo de inversiones para la explotación de los hidrocarburos convencionales, aunque con el aumento de la demanda de gas Neuquén capitalizó un crecimiento importante que apuntó a incrementar la producción gasífera para saciar el consumo de gas para el mercado interno; que apuntaba a reemplazar las costosas importaciones.

El secreto Chevron

La primera puntada para hilvanar el desembarco de las operadoras en Vaca Muerta la dio la gestión nacional de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof como ministro de Economía y Miguel Galuccio como CEO de la YPF que acababa de ser parcialmente estatizada cuando se le expropió a Repsol el 51% del capital accionario.

A partir del acuerdo secreto firmado por la YPF comandada por Galuccio con la estadounidense Chevron se desató un proceso que como un meticuloso juego de dominó fue involucrando cada vez más a las operadoras, inclinando la balanza de las inversiones hasta la situación actual, donde los convencionales y Vaca Muerta se presentan casi como el único rubro de interés para las compañías multinacionales que se apuran para desembarcar en tierras neuquinas.

Con la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación y la posterior firma de la “adenda” que impuso la flexibilización laboral para aumentar la productividad a través de la baja de los costos -que incluyó miles de despidos, inclusive en la propia Cuenca Neuquina-, el proceso inversor iniciado hace seis años ingresó en un aceleramiento que este año llegará a concentrar casi 3.000 millones de dólares.

Desinversión en la CGSJ

Con el argumento de la crisis internacional, las operadoras que poseen concesiones en la CGSJ comenzaron a mudar sus inversiones hacia Neuquén para ordeñar el yacimiento de Vaca Muerta. Dicha argumentación posee elementos de falacia, ya que el proceso se inició bastante antes que el crudo bajara sus precios en el mundo y es de esperar que ni siquiera la “adenda” para los convencionales en Chubut permita revertir dicha situación. Sí es posible que se consiga en el futuro un cierto equilibrio, producto de los menores costos laborales y el aumento de rentabilidad como consecuencia de la productividad.

El precio promedio del WTI fue de 94 dólares en 2012, 98 dólares en 2013 y 93 en 2014; recién en 2015 bajó a 48 dólares y en 2016 cerró a 43, aunque en el primer trimestre del 2017 trepó a los 51 dólares.

La desinversión en Chubut y el norte de Santa Cruz se inició en 2012 con altos precios internacionales y se ahondó con los valores del crudo que se suscitaron en el año pasado y el actual. Las proyectadas para 2017 llegaron al nivel más bajo de toda una década.

De pasar a ser el epicentro productivo del país durante casi 100 años, con la llegada del nuevo milenio y desde la privatización de YPF la CGSJ fue paulatinamente dejando de ser prioridad para las compañías multinacionales que comenzaron a operar en el país.

El primer gran cambio se vinculó a la explotación gasífera que fue creciendo en base al aumento de la demanda del mercado interno y focalizándose en los grandes reservorios de gas existentes en la Cuenca Neuquina, como por ejemplo el yacimiento de Loma La Lata; pero a partir de explosión del fracking a nivel mundial, la prioridad extractiva se focalizó en los recursos no convencionales por encima de los tradicionales de Chubut y Santa Cruz.

Hasta 2012 la tendencia inversora entre la CGSJ y la Neuquina tuvo fluctuaciones menores, intercambiándose los roles de liderazgo, pero un cierto equilibrio que determinaba que en la CGSJ se priorizaba la extracción de petróleo y en la Neuquina la de gas.

Dicha estabilidad que mantuvo cierto equilibrio estalló por los aires cuando se abrió al mercado la explotación de los convencionales neuquinos, y aunque la brecha entre ambas cuencas se potenció exponencialmente hasta 2014, en 2015 se produjo el último año de crecimiento de las inversiones en la CGSJ y la Cuenca Neuquina mantuvo su tendencia alcista profundizando las diferencias entre ambos reservorios de hidrocarburos.

Durante los primeros años de la última década, la CGSJ mantuvo supremacía de inversiones por sobre la Cuenca Neuquina, totalizando el 42,3% del total invertido en 2008 cuando la CN acaparó el 40,8%. En 2009 esa relativa paridad se rompió en favor de la CGSJ, mostrando el último desequilibrio marcado a su favor, llegando al 51% de todos los dólares invertidos en la Argentina por las operadoras, mientras que la CN llegó a solamente al 37,2%. En 2010 retornó a un nivel más parejo, quedando 45,8% para la CGSJ y 40,5% para la CN.

En los años 2011 y 2012 se produjeron los últimos períodos de cierto equilibrio entre ambas cuencas, aunque los valores se volcaron en favor de la Neuquina con el 45,4% y 48,2% respectivamente; en tanto que la CGSJ llegó a acumular el 41% y 45% del total invertido en el país.

Los flujos de fondos destinados por las compañías petroleras a la CGSJ se estancaron durante los años antes mencionados, manteniéndose en los 2.140 y 2.190 millones de dólares; pero luego fueron aminorando su ritmo de crecimiento hasta decrecer durante el 2016 y los proyectados en este 2017.

El volumen más elevado invertido en la CGSJ se produjo en 2015 con un monto de 3.055 millones de dólares; aunque esa cifra retrocedió considerablemente a 1.678 millones en 2016 y a los 1.548 millones en 2017, representando una caída de casi el 50%. La suma presupuestada para invertir en este año es casi idéntica a la concretada hace una década atrás, cuando en 2007 se invirtieron 1.478 millones y 1.537 millones en el 2009.

Abruptas caídas en Santa Cruz norte y Chubut

Al interior de la CGSJ, las dos orillas vienen sufriendo fuertes retracciones de las inversiones, golpeando con muchísima más fuerza en el norte de Santa Cruz y con una dimensión menor en Chubut.

En los últimos 10 años la peor parte se la llevó la costa santacruceña, que mermó sus inversiones en un -41%, pasando de 860 millones de dólares en 2008 a 506 millones proyectados en 2017. Si la comparación de este año se efectúa con las inversiones de 2015 la retracción es del 60%, porque había alcanzado oportunamente 1.286 millones de dólares.

La porción chubutense no escapó a los sacudones que generaron las restricciones en las inversiones petroleras, reflejando en la última década un retroceso del -11%, pasando de 1.174 millones de dólares a 1.042 millones; mientras que si se comparan los fondos invertidos en 2015 con los proyectados en este 2017 la contracción es del -41%, debido a que pasó de 1.769 millones -el pico más elevado de la década- a los 1.042 millones de dólares actuales.

En los yacimientos del norte de Santa Cruz la empresa que más disminuyó las inversiones fue Sinopec (antes Oxy y Vintage) que redujo el flujo de fondos en un -77%; pasando de 542 millones de dólares en 2008 a los 125 millones proyectados para este 2017.

Aunque YPF en SCN mostró niveles estables en los extremos de la década, la compañía con mayoría accionaria estatal efectuó una fuerte desinversión en los últimos dos años debido a que en 2015 invirtió 965 millones de dólares y los bajó a 342 este año, reflejando una contracción del -64%.

En los yacimientos chubutenses los números más bajos de la década los mostró Pan American Energy, que decreció sus inversiones en un -15%, bajando de 801 millones de dólares en 2008 a los 678 millones actuales. PAE había alcanzado su punto más elevado en 2015, con una inversión de 1.137 millones de dólares, y decayó -40% en dos años.

En sus yacimientos, YPF invirtió en Chubut un 26% más en la última década, pasando de 163 millones de dólares en 2008 a los 206 proyectados para este año; pero esa impronta favorable contiene una caída del -51% entre los 423 millones del 2015 y menos de la mitad para el actual.

CAPSA es la única petrolera que aumentó de manera constante y equilibrada sus inversiones en Chubut dentro de su escala, pasando de 44 millones de dólares en 2008 a los 78 proyectados para 2017, lo que se traduce en una suba del 76% en la década. A lo largo del decenio tuvo varias contracciones en sus inversiones, pero en este 2017 alcanzará su punto más elevado contradiciendo la tendencia decreciente de todas las demás compañías que operan en territorio chubutense.

Apuntando los cañones a Neuquén

El desplazamiento de las inversiones petroleras hacia la Cuenca Neuquina se ha profundizado al punto de concentrarse allí el 63% de los fondos que las operadoras proyectaron invertir en este 2017. Así viene sucediendo desde 2013 cuando el 53% de las inversiones fueron a dicha cuenca, pasando a representar el 58% en 2014 y llegando al 56% en 2015. Aunque la crisis internacional ya se había instalado, durante 2016 acaparó el 62% del flujo inversor destinado a los yacimientos de la Argentina.

Al interior de dicha cuenca, la provincia de Neuquén es el epicentro por encima de las áreas rionegrinas y pampeanas; concentrando actualmente el 85% de las inversiones que las petroleras destinarán a la Cuenca Neuquina, un porcentaje muy superior al 68% que poseía en 2009.

Para 2008 las inversiones en la cuenca fueron de 1.959 millones de dólares y las proyectadas para 2017 llegan a los 4.109 millones, mostrando un crecimiento en el decenio del 110%. Un proceso aún más pronunciado se observa en Neuquén, donde en 2008 las inversiones fueron de 1.401 millones de dólares y para este año treparon a los 3.511 millones, que se traducen en un 150% de incremento.

La Cuenca Neuquina alcanzó su punto más elevado de inversiones en 2015, cuando concentró 5.488 millones de dólares, decreciendo en 2016 a 3.839 millones y proyectando una suba a 4.109 millones para este 2017; entre esos años la variación 2015-2017 mostró una merma del -25%.

En tanto que en los yacimientos ubicados exclusivamente en la provincia de Neuquén, las inversiones para 2015 fueron de 4.467 millones de dólares, pasando a 3.015 millones en 2016 y este año fueron proyectados 3.511 millones de dólares; con un decrecimiento en el trienio del -21%.

El 56% del total de las inversiones que se concretarán en la Cuenca Neuquina serán aportadas solamente por YPF, ya que de los 4.109 millones de dólares que se direccionan a dicha cuenca 2.336 corresponden a las que realizará la compañía con mayoría accionaria estatal.

Por detrás se posicionan Total con 390 millones, PAE con 330 millones, Pluspetrol 185 millones, Exxon Mobil 151 millones y Petrobras 150 millones de dólares.

Es relevante observar la impronta de PAE en Neuquén, ya que destinará este año casi la mitad de los fondos que volcará a Chubut, cuando en años anteriores casi no tenía incidencia en la Cuenca Neuquina.

Todo para el fracking

Durante los últimos 6 seis años las inversiones destinadas a Vaca Muerta y explotación de los recursos no convencionales de Vaca Muerta han totalizado 13.000 millones de dólares; una cifra casi idéntica a la realizada en toda la Cuenca del Golfo San Jorge en el mismo período de tiempo.

2012 será recordado como el del puntapié inicial del fracking en la Argentina, porque en aquel año representaban solamente el 14% del total invertido en todo el país, pero en este 2017 se han convertido en el 45% de todos los fondos volcados por las operadoras en el conjunto de las cuencas productivas nacionales. Esto significa que casi la mitad del flujo inversor se direcciona a la explotación de los hidrocarburos no convencionales.

Con 703 millones de dólares invertidos en 2012 empezó a desandarse el camino del fracking en Vaca Muerta, para aumentar un 322% en 2017 cuando se llegó a los 2.971 millones, que se transformaron en la suma más elevada que piensan realizar las compañías petroleras en los recursos no convencionales.

A pesar de que los precios internacionales del petróleo se mantienen bajos y son la principal excusa para desinvertir en los yacimientos chubutenses y del norte santacruceño, las compañías multinacionales muestran su clara intención de extraer shale a través de la técnica del fracking, despreciando la explotación de los hidrocarburos convencionales del resto del país.

De aquellos 703 millones de dólares de 2012, las inversiones para los no convencionales evolucionaron a 1.397 millones en 2013, 2.437 millones en 2014, 2.865 millones en 2015, 2.712 millones en 2016 y los 2.971 millones de dólares proyectados para este 2017. La acumulación de inversiones en seis años alcanza a los casi 13.100 millones de dólares.

A esos valores se le deben incorporar los 2.382 millones de dólares que las operadoras destinaron a la exploración en vaca Muerta; lo que arroja una suma total de 15.468 millones de dólares. Esa cifra es muy similar a las inversiones en convencionales realizadas por las compañías a lo largo de toda la década actual en la CGSJ.

Como es de suponer, sobre el total de las inversiones petroleras para la explotación de no convencionales, el 96% estuvo destinado a las áreas neuquinas de Vaca Muerta, ya que concentró en seis años 12.607 millones de dólares;  y el 70% del total de lo invertido desde 2012 fue aportado por YPF, que destinó 9.235 millones de dólares, repartiéndose el 30% entre las otras 15 petroleras que también posaron su mirada en las opciones para explotar el shale neuquino.

Entre 2012 y 2017 las inversiones para explotación de los yacimientos no convencionales aumentaron un 322%, reflejando claramente el vuelco de las petroleras hacia el fracking ya que las destinadas a los tradicionales recursos convencionales retrocedieron un -15% en todo el país.

En 2012 el destino de fondos para los convencionales fue de 4.165 millones de dólares contra solamente 703 millones destinados al fracking. Ese panorama cambió rotundamente, ya que en este 2017 se proyectaron 3.546 millones para los convencionales y los no convencionales treparon a los 2.971 millones de dólares a pesar de la baja en las cotizaciones del crudo a nivel internacional. Durante 2016 y 2017, las explotaciones de shale alcanzaron a centralizar el 45% del total de las inversiones petroleras nacionales.


Chile: Organizaciones socioambientales intervienen cumbre Investing Latam Mining

La cumbre minera busca profundizar expansión extractivista en Chile y América Latina.

Por OLCA.- Organizaciones de comunidades afectadas por los impactos sociales, ambientales y económicos de la megaminería en Chile se manifestaron este mediodía en contra de la realización de la Cumbre “Investing in Latam Mining”, que congrega a los principales inversionistas mineros y a ministros del ramo de la región, el 11 y 12 de julio, en el Hotel Sheraton en Santiago.

Bajo la consigna “Minería invirtiendo en saqueo, despojo y contaminación”, representantes de distintas comunidades del norte, centro y sur del país, junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de América (OCMAL), protestaron contra el evento que busca promover y posicionar a la región como el paraíso ideal para la inversión minera y así profundizar la expansión extractivista.

Acompañados con músicos, los asistentes leyeron una declaración pública con la adhesión de más de 70 organizaciones chilenas y latinoamericanas que manifiesta el repudio al evento.

Francisca Fernández, del Movimiento por el Agua y los Territorios, advirtió que Chile se ha convertido en una suerte de baluarte del crecimiento económico a costa de la actividad minera. “La realización de esta cumbre es emblemática porque da cuenta como hoy más allá de generarse políticas de desarrollo sostenibles, estamos nuevamente anclados en el modelo más clásico del extractivismo, reforzando la actividad minera a pesar de la gran cantidad de investigaciones y estudios de impacto ambiental que evidencian el arrase de la contaminación y la vinculación de la emisión de gases de la minería con el calentamiento global. Es un gesto completamente contradictorio con las grandes reflexiones que estamos haciendo respecto de la mega crisis ambiental y ecológica que vivimos”.

Ramón Balcazar, Agrupación Defensa del Salar de Atacama, acusó que el Estado está siendo cómplice de un modelo extractivista, que favorece a transnacionales, afecta los ecosistemas, el agua y las formas de vida de las comunidades. “El norte grande ha sido considerado históricamente una zona de sacrificio, que ha afectado a las comunidades indígenas hace más de 100 años, primero con el salitre, luego el cobre y el litio.

Denunció los efectos que la minería del Litio está teniendo sobre el ecosistema en la Cuenca del Salar de Atacama. SQM opera hace décadas sin ninguna fiscalización y con un oscuro historial de prácticas ilegítimas, a lo que se suma la decisión del Estado de Chile de autorizar la ampliación de las operaciones que la estadounidense Albemarle realiza bajo el nombre de Rockwood Lithium, y a la amenaza de entrada de un tercer “competidor” al Salar: la canadiense Wealth Minerals.

Para Esperanza Álvarez, de Putraintu, parte de Putaendo Resiste, “la cumbre es nefasta pues busca propiciar el escenario para imponer el extractivismo en un territorio que ni conocen, sin ética por la vida, sin arraigo. El Estado no está representando los intereses del pueblo”.

La dirigenta denunció que la calidad del agua de toda la región de Valparaíso está siendo amenazada con esta actividad. La compañía Minera Vizcachitas Holding, de Andes Cooper, realiza sondajes exploratorios con el fin de concretar eventuales explotaciones mineras en el sector de Los Patos, en Putaendo. “Con este proyecto, se quiere aniquilar miles de millones de toneladas no solo de tierra, sino de flora de fauna, de cerros..”.

Por su parte, Sebastián Cruz, de la Comunidad Patay Ko, de Valle del Huasco, sostuvo que “el Estado impulsa estos proyectos extractivistas por sobre la ley y los derechos humanos. A toda costa, busca viabilizar la inversión, aunque las empresas incumplan las resoluciones de calificación ambiental y haciendo vista gorda a las consecuencias que han tenido los proyectos mineros en la cuenca, sin escuchar a la comunidad”.

El principal proyecto de la zona es Pascua Lama, que está en la naciente de la cuenca del río Huasco y sobre los glaciares que nutren de agua a todo el valle. Denunció que las empresas mineras buscan dividir a las comunidades ofreciendo incluso ser accionistas de los proyectos industriales que destruyen y contaminan los territorios, para funcionar sin ninguna oposición. “Como habitantes y representantes indígenas en el territorio nos organizamos para demostrar que no estamos a favor de la responsabilidad social empresarial, que no queremos plata a cambio de la contaminación de los ríos”.

El 11 de Julio de 1971, bajo la presidencia de Salvador Allende, se votó por unanimidad en el parlamento la nacionalización de la Gran Minería chilena.

Lucio Cuenca, del OLCA, afirmó que “a 46 años de ese hecho histórico, la Ministra de Minería, Aurora Williams, inauguró el evento internacional más importante de la minería transnacional para Latinoamérica en el último tiempo, que busca seguir expandiendo y privatizando la minería en Chile y la Región. Es una provocación haber elegido esta fecha para tan infame evento”.

Cuenca agregó que a través de esta cumbre, “la Ministra Williams dará inicio a una suerte de subasta regional, donde empresarios/especuladores, quienes a partir de una laxa legislación, han logrado concesionar gran parte del territorio nacional en pro de estos proyectos que incluyen en su maleta altos índices de conflictividad social en cada localidad en la que se instalan, contaminación atmosférica, de suelo y agua versus una sobre ganancias para las empresas”.

Para Tania, Muñoz, OCMAL, “la justificación de esta cumbre se basa en generar un nuevo escenario para Latinoamérica, dado el contexto en el que se encuentra el sector a nivel global, luego del fin del súper ciclo. En el caso del cobre, su precio ha observado una baja hasta en un 30% en los últimos dos años”. En esta línea, sostuvo que la apuesta principal de la cumbre es reincentivar la inversión minera en la región, luego de que el sector dejará de hacerlo para adecuarse a la baja del precio. El evento busca instalar la idea que América Latina se encuentra en un “escenario estable” para llevar a cabo las inversiones, ve “con buenos ojos” que Perú, Brasil y Argentina estén bajo la conducción de gobiernos de derecha.

Desde la organización del evento minero se intentó acallar la acción de protesta pacífica, bajo el argumento que se estaba en un recinto privado.

La declaración pública advierte que el gobierno de Chile ha venido suscribiendo una serie de acuerdos de comercio para blindar al negocio minero, y de manera absolutamente irresponsable Bachelet se ha impuesto firmar 12 Tratados de Libre Comercio remozados, sin consulta ciudadana y a meses de finalizar su mandato; y que esta cumbre es corolario funesto de estas gestiones.


Boletín Nº10 EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental

El décimo número del boletín de EJES está atravesado por la experiencia de las Jornadas internacionales Megaproyecto Vaca Muerta: el fracking y sus consecuencias que organizamos en Buenos Aires y Neuquén los días 14, 15 y 16 de junio. En relación a los grupos afectados por el fracking resaltamos la organización de las comunidades mapuches que reclaman remediación a YPF y advierten sobre la presencia de Gendarmería en sus territorios. En este sentido, detallamos también los reclamos y procesos judiciales que tiene la empresa YPF por violaciones a reglamentaciones ambientales. Además, analizamos la situación económica financiera de Metrogas, para dar cuenta del viraje en las políticas económicas aplicadas al sector que llevaron a generar ganancias empresariales en detrimento del derecho de la ciudadanía a tener acceso a la energía. Por otra parte afirmamos que el fracking ingresa a Santa Cruz en un contexto de debilidad en el que no suelen ser tenidos en cuenta los costos y los escenarios alternativos.

— Boletín EJES Nº 10  – Junio 2017 —

  Foto: Martín Barzilai.

Insistir con que Vaca Muerta es un megaproyecto no es un capricho. Ni un ejercicio intelectual abstracto. Es un diagnóstico político para resistir. Una herramienta más para lograr poner freno a la avanzada en nuestros territorios -de un proceso que parece desordenado y caótico, pero no lo es- y a los actores público-privados en constante mutación y plena organización -esos que activan y desactivan los múltiples nodos de la red infraestructural y jurídica transnacional, esos que nos dejan sin acceso a derechos básicos por tarifazos, deuda y saqueo de territorios y cuentas públicas.

Porque lo que nos “impacta” no son los errores, accidentes o desvíos fiscales. Lo que degrada nuestro ámbito de vida es el propio funcionamiento del megaproyecto, sus inmanentes efectos nocivos que campañas publicitarias y promesas de abundancia no logran ocultar. Es justamente esa misma falta de legitimidad la que refuerza una y otra vez ataques comunicacionales y policíacos. Una inefectividad del megaproyecto que no es otra cosa que fragilidad. Hecho que se suma a la visible en su mismo diseño, escala y concepción. Porque si hay algo que aprendimos del entramado es que necesita que sus múltiples puntos avancen de forma paralela y se refuercen entre sí, que si uno cae, daña inexorablemente al conjunto. Ahí su debilidad; ahí nuestra fuerza.

El mes de junio nos encuentra entonces en pleno debate y organización. Estamos a días de haber concretado las Jornadas Internacionales Megaproyecto Vaca Muerta: el fracking y sus consecuencias y el Encuentro Socioambiental de Resistencia. Una nueva excusa para alertar, compartir y recrear colectivamente; puntos que volcamos entre numerosas organizaciones en la Declaración de Vista Alegre. Puntos poco sencillos. Porque Vaca Muerta demuestra que a la par que frenamos el avance, también debemos impulsar una transición. Que su imbricación con el modelo societal argentino es alto. Que es necesario un cambio de matriz energética y productiva, relacional entre humanos y no-humanos. Y por eso la importancia del encuentro desde múltiples territorios y miradas, nacionales e internacionales. Porque un segundo punto que vemos en estos procesos es que no estamos solos. Que muchísimas compañeras y compañeros desde diversas latitudes y ángulos batallan hace décadas contra los mismos enemigos. Que avanzamos, a pesar de que digan lo contrario. 

Invitamos a leer el boletín como insumo para el debate y organización, sus comentarios y difusión serán siempre bienvenidos.

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Vaca Muerta


Las inversiones petroleras retroceden en Chubut a niveles de 2008

Por Marcelo García (Exclusivo/El Extremo Sur).

Las inversiones de las operadoras en Chubut para este 2017 sumarán apenas unos 1.042 millones de dólares. Retrocedieron a niveles comparables con los de hace casi 10 años atrás. 

Aunque los anuncios de las compañías petroleras en los yacimientos chubutenses mostraron un leve aumento del 12% respecto del año pasado, las cifras que se concretarán en este año son 41% menores que las de 2015 y se asemejan a los flujos inversores de finales de la década pasada.

A través del Ministerio de Energía de la Nación se dieron a conocer las inversiones proyectadas para 2017 por parte de las operadoras en Chubut, alcanzando solamente 1.042 millones de dólares.

Dicho monto representa un aumento del 12% respecto de 2016, cuando solamente se invirtieron 924 millones de dólares, 118 millones más que el año anterior. Sin embargo, se traduce en una caída del 41% respecto de 2015, cuando se invirtieron en Chubut 1.769 millones de dólares. La baja comparativa es de U$S727 millones.

Aquel 2007

Los U$S1.042 millones que se concretarían este año representan volúmenes similares a los concretados por las operadoras en Chubut durante los años 2008 y 2010, es decir que se retornó a los niveles de inversión que se generaron tras la renegociación -anticipada y por 40 años- del yacimiento Cerro Dragón que se acordó en 2007 entre Pan American Energy y el gobernador Mario Das Neves; pero también muy por debajo de las adecuaciones a la Ley Provincial de Hidrocarburos.

Durante 2008 las operadoras invirtieron un total de 1.174 millones de dólares, y en 2010 volcaron en los yacimientos chubutenses un total de U$S1.022 millones. Los 1.042 millones previstos para este 2017 representan valores similares a aquellos años citados. La comparación arroja 132 millones menos que en 2008 y apenas 20 millones más que en 2010.

Durante la última década, las inversiones en Chubut promediaron los 1.230 millones de dólares anuales, reflejando para este año en curso una caída de 200 millones de dólares. Eso representa una baja del -15% respecto del promedio anual invertido en los últimos 10 años.

PAE, arriba pero con bajas

El mayor flujo inversor fue anunciado por PAE, que proyectó inyectar fondos por 678 millones de dólares en Chubut. Dicha cantidad representa un aumento del 21% respecto del año anterior, aunque presenta una caída del -40% sobre los U$S1.137 millones invertidos en 2015 y del -15% si se los compara con los 801 millones de 2008.

YPF, derrumbándose

En el caso de YPF la proyección para 2017 es de 206 millones de dólares para Chubut, transformándose en el valor más bajo desde la expropiación de Repsol en 2012. Respecto de 2016 la baja inversora es del -13% y del -51% respecto de 2015; y supera en 26% a los 163 millones invertidos en 2008.

CAPSA, en suba constante

Entre las operadoras que poseen concesiones en Chubut, CAPSA es la única que mantiene un aumento constante de sus inversiones en la última década, siempre dentro de su escala y lejos de las más grandes.

Para 2017 proyectó 78 millones de dólares, que representan su nivel más alto. Respecto a 2016 subió sus inversiones en un 16%. Al comparar los datos con los de 2015 el aumento es mínimo, ya que ascendieron a 76 millones. Con respecto a las de 2008 aumentará 76%, debido a que entonces aportó 44 millones de dólares.


Boletín Nº8 EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental

>>Megabasurero petrolero en Río Negro>> Subsidios a empresas petroleras para explotación de hidrocarburos no convencionales>> YPF y Chevron inyectan diariamente unos 1.4 millones de litros de residuos líquidos>> Cambio de rol en las empresas bajo control estatal>> Falta de controles y estudios en Vaca Muerta>>

Boletín EJES Nº 8  – Abril 2017 —

El sector industrial incrementa su presencia en la extracción y empuja su propia visión del megaproyecto Vaca Muerta. De esta forma logra ‘trajes a medida’ para mejorar su competitividad a nivel global.  La expectativa de renta la paga  toda la población que, aunque quieran meternos dentro de los beneficiarios de la ‘estrategia de desarrollo industrial’, hemos visto cómo se destruye el territorio y aumenta el costo de vida.

La segunda ola de Vaca Muerta está arrancando y atraviesa las diferentes poblaciones de todo el país. Invitamos a leer el boletín como insumo para el debate y organización, sus comentarios y difusión serán siempre bienvenidos.

Ver Boletín EJES Nro 8– abril 2017

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Top 5 de Pluspetrol: Vicios y barbaridades en el Perú

Por Renato Pita y Mario Zúñiga

“Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá” . Joseph Goebbels (1897-1945), estratega nazi de comunicaciones.

Descarga la nota aquí

La empresa petrolera argentina (pero con lejana y extraña sede en Holanda) Pluspetrol, es una gran mancha negra de petróleo que contamina la historia socioambiental del país.

En más de una ocasión la petrolera ha sido noticia por sus malas prácticas en los lotes donde opera o ha operado o por los conflictos con comunidades indígenas. También es conocida por la tensa y a veces ligera relación con las propias autoridades del sector ambiental o energético, con quienes ha llevado varios juicios, pero también recibido algunas normas o decisiones sorprendentemente favorables.

Esta actuar perjudicial y dañino, dibuja un perfil que contradice los argumentos vertidos por la propia petrolera en sus costosas campañas de publicidad corporativa o los supuestos “premios” y reconocimientos que ha recibido de sus próximos del sector privado.

Por ello, sin orden cronológico ni de demérito, y a propósito de una nueva campaña de sesgo y persuasión (“El alma de Camisea”), compartimos cinco indignantes momentos (pudieron ser muchos más) donde a Pluspetrol se le cae la careta y queda pintado de petróleo entero.

1. EXPERTO EN DESAPARECER LAGUNAS

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Shanshococha era una laguna de pesca del pueblo quechua del Pastaza, hasta que un día desapareció. En junio de 2012, FEDIQUEP y tres Congresistas de la República vieron que los 2 mil 856 m2 de laguna se  convertió en una gigantesca piscina de petróleo oculta en la vegetación; sin embargo en los informe de sitios de contaminación, que Pluspetrol estaba obligada a hacer, Shanshococha no aparecía (a pesar de ubicarse a solo 200 mts de sus instalaciones).

En setiembre del mismo año,  la piscina de petróleo se convirtió en un forado. Así lo constató el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), quien no fue informada de ninguna acción y vio en el acto una “pérdida irreparable”. Pluspetrol recibió como sanción una multa de casi S/ 20 millones de soles, y una medida correctiva (compensar ambientalmente generando una nueva laguna y protegiéndola).

¿Qué alegó Pluspetrol en su defensa? Responsabilizó a las comunidades indígenas, diciendo que éstas le habían pedido que remedie la laguna. Las comunidades desmintieron esto de inmediato, la exigencia de una remediación implica el cumplimiento de la ley, y Pluspetrol actuó fuera de ella. Lo más indignante es que en un informe de noviembre de 2016, OEFA ha señalado que la empresa aún no cumple con la medida correctiva… Pero la laguna ay, siguió muriendo.

2. Top en multas ambientales y adeudamiento de impuestos

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Pluspetrol lleva bastante ventaja a muchas empresas petroleras. Por ejemplo, la plataforma de periodismo de investigación Convoca, reveló que esta empresa es quien acumula más multas en todo el sector de hidrocarburos. Casi el 70% de ellas, con un total de más de $20 millones de dólares. Asimismo, Pluspetrol es una de las más beneficiadas en cuanto a procesos archivados o prescritos en OEFA, por lo que muchas de sus multas y sanciones se diluyen en el tiempo.

Convoca también reveló que Pluspetrol, cuyo patrimonio se valoriza en $4.576 millones de dólares, acumula una gran deuda relacionada con sus multas, de las cuales mantiene impago un 85% por ciento del total. Adicionalmente, a setiembre de 2016 la petrolera aún buscaba judicialmente no pagar más de S/ 39 millones de soles de sus multas.

Pero no sólo eso. Un informe la plataforma Ojo Público señaló que Pluspetrol también está en el top de empresas que más adeuda impuestos al Estado (sólo es superado por Telefónica). El total de su deuda al fisco asciende a más de S/3 mil millones de soles.

3. Pretende evadir su responsabilidad ambiental sobre el Lote 1AB y 8

Infografía Impactos Petroleros L192_F

Pluspetrol también es líder en daños ambientales. Comparemos con la tan golpeada empresa Petroperú. Según reportes oficiales, desde el año 1977 en el Oleoducto Norperuano ocurrieron 67 derrames de petróleo. En cambio, entre 2004 y 2015, Pluspetrol tuvo en el ex Lote 1AB (hoy 192) y el actual Lote 8 ¡211 derrames reportados por deterioro de ductos! Pero eso no es todo. Una infografía de E-Tech International basada en datos oficiales de OEFA, señala que en el Lote 1AB existen actualmente más de 2 mil lugares contaminados. Todos ellos afectan a cerca de 20 comunidades y territorios ancestrales indígenas de las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre.

Como bien imaginan, Pluspetrol pretende salir con total impunidad ambiental de la zona, pues a la fecha hace todo lo posible por no asumir el total de sus responsabilidades. ¿Cómo lo hace?

Pluspetrol presentó en enero de 2015 el Plan de Abandono del Lote 1AB, instrumento de gestión ambiental para cuando una empresa deja de operar un lote (el contrato del lote terminaba en agosto 2015). En junio del mismo año el documento fue rechazado por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) pues comprendía la remediación de todos los sitios impactados. Después de un año, en julio de 2016 (esperando condiciones favorables con el cambio de gobierno) la petrolera presentó otro plan, pero este ¡es el mismo el anterior!; es decir, excluye el total de sitios impactados. MINEM, en enero de 2017 ha vuelto a observar el documento. Aún Pluspetrol se encuentra en los plazos de levantar observaciones; mientras tanto, los más de 2 mil sitios contaminados no tienen una empresa responsable.

4. Construye un colegio sobre la contaminación petrolera

colegio agropecuario contaminado

La antropóloga y especialista en historia de la amazonía y salud intercultural, Frederica Barclay, publicó recientemente un documento denunciando que en la comunidad Nuevo Andoas, en la cuenca del Pastaza, Pluspetrol construyó (entre los años 2012 y 2013) un colegio agropecuario sobre, prácticamente, un lugar de contaminación.

Lo escalofriante es que este colegio se levantó a sabiendas del riesgo a la salud que representa (donde se identificaron 136 alumnos locales como beneficiarios). Informes ambientales señalan que elementos altamente contaminante como “HTP (Hidrocarburos Totales de Petróleo), BTEX (Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xilenos) y HAPs (Hidrocarburos Aromáticos Polinucleares)” se hallan en el sitio.

Existen además dos hechos agravantes: (i) Pluspetrol ejecutó esta obra mediante un mecanismo de reorientación tributaria (“obras por impuesto”) el cual, bajo la justificación de un proyecto de desarrollo e inclusión, las empresas son absueltas de un pago tributario similar al coste del proyecto; (ii) Por este mismo proyecto, Pluspetrol fue premiada en diciembre de 2014; el favor vino de la agencia nacional de promoción de la inversión privada ProInversión, quien distinguió a la petrolera como la “Empresa con el proyecto más inclusivo”.

5. Enérgica manipulación de la identidad peruana

“Con energía todo se puede” fue el mensaje de una millonaria campaña de Pluspetrol a cargo de la agencia Farenheit DDB, difundida durante varios meses del año 2015 vía tv, radio, prensa, redes sociales y espacios públicos. El contexto era especial: la empresa concluía sus operaciones en el Lote 1AB en medio de serias acusaciones por incumplimientos ambientales y conflictos sociales.

La publicidad, con estrategia melodramática y emocional, usó rostros y símbolos emblemáticos de la identidad nacional, relacionando el esfuerzo y trabajo de peruanos con nada menos que el petróleo, considerándolos “energías” para el crecimiento y éxito individual y colectivo.

Igualar petróleo o gas con energía social es un cuestionable y engañoso truco publicitario. Pero que Pluspetrol y los hidrocarburos  se vendan como el combustible de la identidad peruana popular es manipulador e indignante; más aún cuando esa identidad saca sus energías de la indignación, autogestión y asociación colectiva para “seguir luchando” frente a una estructura económica que relega, y genera pobreza, daños ambientales, desigualdad y exclusión. Al contrario, el petróleo en el Perú es el combustible para sostener una estructura social excluyente, contaminadora e incluso violenta; claro ejemplo de ello es la impunidad en torno a los históricos daños socioambientales en el lote 192.

Pero existe un mensaje aún más peligroso, implícito y perverso, que dice: Yo (Pluspetrol) puedo apropiarme de sus valores colectivos, historia, energía, y con ella también puedo hacer lo que quiera (como borrar lagunas, contaminar territorios, salir libre de polvo y paja). Con energía (petróleo, dinero, impunidad, poder) todo se puede, incluso ocultar una historia de daño. Chabuca Granda, Inés Melchor o Teresa Izquierdo, mujeres emblemáticas que aparecen en los comerciales de la campaña, reprobarían este mensaje.

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Publicidad en el diario El Comercio, en julio de 2015. Foto de una comunidad Urarina en el Lote 8, cuyas acciones de remediación fueron judicializadas por Pluspetrol.

Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte


Videos | Transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina

El 7 de diciembre de 2016 Taller Ecologista (Rosario) y OPSur (Buenos Aires y Neuquén), en el marco de EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, presentamos el Informe económico sobre transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina”.

Con la intención de aportar al debate sobre el estado presente y futuro del sector hidrocarburífero, nos preguntamos por qué es importante trabajar estos aspectos.

En videos breves, compartimos testimonios de autores y expositores sobre esta investigación.

Andrés Knobel: “Es importante porque se está hablando de muchos fondos y hay poca información para entender si realmente están dadas las condiciones que las justifican… Para entender si  vale la pena o si los beneficios van a llegar a la sociedad, hay que  saber cuáles son los datos que justifican cualquier decisión que se tome desde el Estado”. 

Andrés Knobel- Abogado (UBA/Columbia) y Magíster en Derecho y Economía (UTDT/Humboldt University). Consultor de Tax Justice Network, red especializada en paraísos fiscales, secreto bancario, lavado de dinero y política fiscal. Junto a la organización Open Oil, es autor del modelado financiero del proyecto YPF-Chevron.

Marco Kofman : –”Las transferencias nos permiten analizar cuánto cuesta y quién sostiene a un sector económico. Uno puede pensar que una parte lo sostiene el Estado,  y también lo sostienen los hogares pagando un precio mayor por el barril de petróleo. Las transferencias nos muestran cómo hacen valer el poder las empresas”. 

Marco Kofman – Economista integrante de Taller Ecologista y EJES.  Autor del informe.

 Gustavo García Zanotti:  “Transferencias es todo acto gubernamental que modifique los precios relativos de la economía beneficiando a un sector en particular. Para entender su importancia: las mismas representan casi el 50% de la facturación de las empresas (2015)”

 Gustavo García Zanotti – Economista integrante de Taller Ecologista y EJES.  Autor del informe.

Facundo López Crespo : “En las transferencias se ve reflejado un cambio en el paradigma que guía la política energética. Anteriormente las transferencias eran cubiertas por el Estado Nacional y desde el cambio de gestión se concibe que tienen que ser los hogares los que financien las transferencias”.

Facundo López Crespo – Economista integrante de Taller Ecologista y EJES.  Autor del informe.

Mariano Barrera: “Es importante porque tiene que ver con la distribución del ingreso en la Argentina y sirve para  ver las estrategias de las empresas, si re-invierten esos  ingresos que perciben del Estado, de la sociedad o si los giran al exterior”.

Mariano Barrera – Licenciado en Ciencia Política (UBA), Magíster en Economía Política con Mención en Economía Argentina (FLACSO) y Doctor en Ciencias Sociales (FLACSO). Investigador asistente del CONICET, docente e investigador del “Programa sobre petróleo y minería” de la Flacso.

Con pocas investigaciones de este tipo en el país, entender y cuantificar las transferencias es un objetivo central debido a sus consecuencias y alcances, meta que nos hemos puesto para el período 2008-mediados de 2016. Los resultados obtenidos muestran flujos cuantiosos y en franco crecimiento:

  • Más de 21 mil millones de dólares han sido transferidos a las empresas del sector;

  • Los montos se incrementaron en los últimos años, llegando a superar los 3 mil millones de dólares por año en 2013, 2014 y 2015;

  • Del total, el Estado nacional transfirió 14 mil millones de dólares por diversas vías, siendo el restante originado por los consumidores;

  • Entre 2009 y 2015, el aporte estatal representa 1,5 veces la masa salarial del sector, casi el 30% de lo ejecutado por el Ministerio de Educación, el 74% del Ministerio de Salud y más de dos veces de lo gastado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología;

  • A partir del aumento tarifario del gobierno de Cambiemos en 2016, hasta mediados de año los consumidores transfirieron el 81% del total, frente a un 2% entre 2008 y 2014;

  • En cuanto a los beneficiarios, YPF y Pan American Energy (Bulgheroni, Cnooc y BP) captaron el 72%, siendo otros actores destacados Sinopec, Pluspetrol y Total;

  • Además de ir en aumento, las transferencias representaron una porción cada vez mayor de la facturación total del sector, alcanzando el 48% para 2015.

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Vaca Muerta


Minería: Flujos financieros ilícitos en los países andinos

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó hace poco un estudio donde analiza cómo las empresas del sector minero en los países andinos usan diversas técnicas de planificación fiscal para eludir el pago de tributos a los países en que operan.

ACCEDA AL DOCUMENTO EN ESTE ENLACE

En el presente estudio se investiga acerca de la planificación tributaria de las empresas y otros actores del sector minero en los países andinos, brindando estimaciones de las salidas ilícitas de capital asociadas a la explotación minera y de los recursos tributarios que se dejan de recaudar debido a este tipo de prácticas. Este documento se estructura de la siguiente manera. En el capítulo I se realiza una breve descripción del sector minero de los países andinos y se examinan las principales fuentes de flujos financieros ilícitos provenientes de esta actividad. En el capítulo II se presentan las estimaciones de las salidas ilícitas originadas en la subfacturación de exportaciones mineras como así también el nivel de incumplimiento tributario en el sector extractivo de los países andinos. Por último, la sección III contiene algunas conclusiones y reflexiones finales.

En la introducción del documento se señalas las pistas que siguió el análisis:

Desde hace algunos años se percibe una creciente preocupación sobre los pagos efectivos que realizan las corporaciones multinacionales en materia de impuestos. Debido a la acumulación de un gran poder económico, estas empresas pueden realizar maniobras privilegiadas en la estructura de la tributación internacional y cuentan con los recursos necesarios para poner en marcha auténticas estrategias de planificación fiscal, mediante las cuales reducen indirectamente los ingresos tributarios potenciales de los territorios nacionales donde realizan sus operaciones y donde se genera el mayor valor agregado.

Más recientemente, los países en desarrollo han mostrado interés en coordinar esfuerzos, ya que son los principales afectados por este tipo de maniobras al presentar marcos jurídicos e institucionales más débiles junto con sistemas fiscales y de administración tributaria menos desarrollados.

 Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe


El acuerdo de Vaca Muerta hace “un abordaje neoliberal y mercantil de la energía”

Ambientalistas denuncian que no se toman en cuenta los crecientes costos, la baja productividad, el contexto de crisis climática ni la grave exposición de los trabajadores al fracking.

El Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES) repudió a través de un comunicado el acuerdo para explotar Vaca Muerta presentado por el presidente Mauricio Macri, y que este reivindicara como una forma de lograr mayor competitividad.

Constituido por el Observatorio Petrolero Sur, con sede en Buenos Aires y Neuquén, y el Taller Ecologista de Rosario, el agrupamiento EJES denunció que el acuerdo “significa un incremento de la desregulación y la autonomía empresarial, beneficios para pocos y costos para la mayoría de la sociedad y la naturaleza”.

“Manifestamos nuestro profundo rechazo al conjunto de medidas impulsadas para explotar Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales, y alertamos de las graves consecuencias que podría acarrear acentuar la escala e intensidad del megaproyecto, donde no se toman en cuenta los crecientes costos y baja productividad de los no convencionales ni el contexto de crisis climática acuciante”, señalaron.

Según indicaron los opositores al acuerdo, este implicaría un mayor autogobierno y autonomía por parte de los ámbitos estatales y privados, y una reducción de la capacidad y acceso a la toma de decisiones y planificación de la vida por parte del conjunto de la sociedad. Además, denuncian que no fueron consultadas “las organizaciones sociales, indígenas, ambientales y otros sectores sindicales y de la ciudadanía en general, olvidando que por las implicancias del megaproyecto, millones de personas estamos siendo afectadas”. Además, advirtieron también sobre “la flexibilización laboral y al enorme riesgo al que se somete a los trabajadores, primera línea de fuego de exposición a la fractura hidráulica y otras instancias de la cadena productiva, como la extracción misma de arenas”.

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Diego di Risio, politólogo e investigador miembro cofundador del Observatorio Petrolero Sur señaló: “No nos cansaremos de decirlo: el fracking daña la reproducción misma de la vida y no existe un mecanismo que permita balancear los beneficios y costos que implica sobre el conjunto de la sociedad. A esta conclusión han llegado numerosas instituciones públicas y países, por lo que las acciones anunciadas por el ejecutivo no pueden pretender omisión”.

Por su parte, Marco Kofman, economista y miembro de Taller Ecologista, indicó que “pedir el ahorro en función de expandir la capacidad productiva no es “cuidar el planeta”, sino transferir el costo de acumulación del capital de un sector a otro. En un escenario de ajuste, las ingentes masas de subsidios públicos a las petroleras se incrementan, al tiempo que nuestras tarifas de servicios públicos se dolarizan y se atan a las variables más onerosas, conjunto de medidas que responden a políticas de manual de corte neoliberal”.

Mauricio Macri señaló en la conferencia de prensa realizada el 10 de enero, en la cual anunció el acuerdo de Vaca Muerta, que “necesitamos realmente volver a darle el valor que tiene la energía en una sociedad y el planeta”, sin embargo, para EJES “darle valor es crear cambios estratégicos que logren transiciones productivas y energéticas, políticas que busquen una sociedad pospetrolera sobre la base de la justicia socioambiental y energética”.

“Sin estos cambios estaremos reeditando y acentuando los viejos problemas de desigualdad, explotación y degradación ambiental”, sentenciaron.

La Izquierda Diario


¿Dinero del ciudadano europeo en minas conflictivas en América Latina?

Hay empresas mineras que generan conflictos en América Latina. Hay bancos europeos que financian esas empresas. Sobre ello y el rol del ciudadano, DW conversó con los autores de un reciente estudio.

“Las minas son como castillos en el aire que se inflan con las inversiones. Y en muchos proyectos mineros conflictivos hay grandes bancos como BNP Paribas, ING, KBC y Deutsche Bank”, explica Frank Vanaerschot de la organización FairFin.

Ésta, junto con 11.11.11, Broederlijk Delen, CooperAcción y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), presentaron esta semana en Bruselas un estudio, no exhaustivo, de inversiones europeas en proyectos mineros conflictivos para las poblaciones y el medio ambiente en América Latina. Sobre todo en Perú y Chile, tercer y primer mayores productores de cobre en el mundo.

“La inversión es el enlace económico entre hoy y el futuro”, explica Vanaerschot a DW. “Queremos que la gente se dé cuenta que su dinero no está guardadito en sus cuentas bancarias, sino que se emplea para hacer negocios que atentan contra valores que ellos defienden en sus vidas propias. No se dan cuenta que su dinero está teniendo un impacto que no les gustaría ver cerca de ellos”, agrega.

Un ejemplo muy documentado

Los habitantes de la población peruana de Espinar, cerca de Cuzco, llevan en su organismo cadmio, plomo, mercurio, arsénico, bario, berilio, antimonio y manganeso en niveles muy superiores a los permitidos. La extracción de cobre de la aledaña mina Antapaccay sería el origen. Los campos y el ganado también están contaminados.

César Flores (CooperAcción), Felipe Grez (OLCA), Frank Vanaerschot (FairFin) presentando el informe en Bruselas.

César Flores (CooperAcción), Felipe Grez (OLCA), Frank Vanaerschot (FairFin) presentando el informe en Bruselas.

La mina pertenece desde el 2006 al grupo Glencore, que controla el 50 por ciento del mercado mundial del cobre. En esta empresa, en bolsa desde el 2011, invierten bancos europeos como BNP Paribas, el grupo ING y el Deutsche Bank.

Éste último, por ejemplo, se declara totalmente a favor de la defensa de los derechos humanos, del respeto a las comunidades y de la verificación de los riesgos ecológicos y sociales en los proyectos en los que invierte.

Glencore, por su parte, afirma respetar los principios del consentimiento libre previo e informado y los principios rectores de las empresas y derechos humanos de Naciones Unidas.

No obstante –y aunque hay un juicio en marcha desde que en 2012 las protestas de la población culminaran con cuatro muertos y muchos heridos–, ni el Estado ni la empresa toman medidas para asistir a la población. La banca tampoco.

Momento crucial

El momento es crucial para la minería en América Latina, un continente que ha visto multiplicarse por 60 esta actividad en los últimos 20 años y que tiene en su subsuelo el 44 por ciento de las reservas mundiales de cobre, 49 por ciento de plata, 65 por ciento de litio.

Sólo en cuanto al consumo del cobre, un estudio de la Universidad Libre de Berlín y Misereor prevé un aumento del 200 por ciento en los próximos 40 años. Esta organización ve también el riesgo de que se multipliquen por otro tanto los conflictos, que en la última década han sido 200 por mes en Perú. De ellos, el 62,7 por ciento están relacionados con la minería.

Mina en Perú.

Mina en Perú.

En un momento en que el respeto de las reglas tanto de la ONU como de la OCDE en cuanto a empresas y derechos humanos son más bien voluntarias, que el 14,9 por ciento del territorio peruano y el 41 por ciento del chileno esté concesionado preocupa. Tanto en el campo como en las ciudades, también crece la tensión por el impacto en el agua y en el cambio climático aumenta, también en las ciudades. “Las concesiones en Chile se entregan gratuitamente y a perpetuidad, sin evaluación ambiental previa”, puntualiza Felipe Grez, de OLCA.

“No es que estemos en contra de las empresas, pero no se puede permitir que en vez de desarrollo signifiquen conflictos, enfermedad y muerte. Aunque es verdad que nuestro propios gobiernos no controlan, la presión puede venir de las zonas donde se concentra el poder: Europa, Japón, Estados Unidos”, explica a DW César Flores, de CooperAcción, subrayando la esperanza de que “el control del ciudadano europeo a través de la banca lleve a las empresas a tener más cuidado en sus operaciones”.

DW