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DCF 1.0

Anular el espacio a través del tiempo

Infraestructuras extremas y expansión del capitalismo global
DCF 1.0
Oleoducto Trans-Alaska / U.S. Geological Survey Employee

Por Nicholas Hildyard / The Corner House (Reino Unido)

No caben dudas de que la industria de los combustibles fósiles emplea métodos cada vez más extremos –tanto en términos tecnológicos como de opresión humana y ambiental– para asegurarse de que contará con el petróleo, el gas y el carbón necesarios para que sigan girando las ruedas de la acumulación de capital: de allí la expresión “energía extrema”. Sin embargo, ese tipo de “producción extrema” no es exclusiva del sector energético; para extraer los minerales que necesitan, también las compañías mineras se ven forzadas a ampliar las fronteras hacia áreas remotas, en las cuales la naturaleza es intransigente (el medioambiente tiene sus propias formas de rechazo, no cooperación y resistencia). Esto, a su vez, requiere de nuevas formas de “tecnología extrema” y “finanzas extremas” para arrebatarle los minerales al suelo. Los fabricantes no están menos atrapados: para explotar mano de obra barata, deben trasladar la producción a zonas cada vez más alejadas de los puntos de consumo, lo que supone una “infraestructura extrema” para acelerar el proceso de intercambio y, junto con él, la obtención de ganancias.

Nada de lo anterior sucede sin resistencia, tanto del ser humano como de la naturaleza. Aunque las formas extremas de producción señalan el rumbo que deben tomar las formas globalizadas del capital para expandirse, la trayectoria final no está escrita en planes maestros elaborados por los ejecutivos de la industria petrolera o minera ni se definirá en deliberaciones intergubernamentales; tampoco se inscribirá en una supuesta lógica aplanadora del capitalismo global, cuya coherencia nunca es tan coherente como proyectan sus teóricos. Esa trayectoria la determinarán los distintos modos de interacción que se den entre los planes mencionados y otros agentes, humanos y no humanos, en el presente y en el futuro. Por lo tanto, puede que una mejor comprensión de las fuerzas sistémicas y las alianzas políticas ad hoc que impulsan la “producción extrema” sea de utilidad para los activistas que luchan contra la “extracción extrema” en sus distintas formas, identificando vinculaciones potenciales con otras luchas y revelando algunas de las indudables vulnerabilidades que la extracción extrema en sí misma supone para el capital.

 

Corredores de infraestructura

Un área que tal vez valga la pena explorar es cómo en la actualidad el capital presiona por la creación de “corredores de infraestructura”; un motivo no menor para estudiar este aspecto es que allí confluyen para hacer causa común distintas vertientes de la “producción extrema”: desde compañías de petróleo y gas a conglomerados mineros y de agronegocios y fabricantes que deslocalizan su producción. Ningún continente (habitado) queda excluido. Desde África hasta Asia y desde el Ártico hasta América del Sur, se han diseñado planes maestros de infraestructura para reconfigurar masas terrestres enteras (y los mares que las conectan) y convertirlas en “centros de producción y distribución”, “zonas de tránsito”, “corredores de desarrollo”, “zonas de exportación”, “iniciativas de desarrollo espacial”, “interconectores” y “terminales logísticas intermodales”. Algunos de esos planes son de escala nacional, otros son regionales y los hay continentales e incluso en escala casi global.

En África se ha iniciado la construcción de más de 30 corredores, principalmente para permitir la extracción de productos agrícolas y minerales. La mayoría están “anclados” en proyectos mineros, pero muchos tienen como ramificaciones secundarias corredores agrícolas auxiliares o desarrollos turísticos. En el sur de África ha comenzado una carrera para construir las rutas que conformarán el corredor más corto posible hasta el mar, desde Copperbelt, en Zambia, y Katanga, una provincia de la República Democrática del Congo rica en minerales. Además, se prevén corredores para mineral de hierro, cobre, carbón, níquel y otros recursos en el norte y centro de Mozambique, Botsuana, Ghana, Liberia y Sierra Leona.

No son menos ambiciosos los planes que hay en el tablero para América del Sur. En la actualidad, se han identificado unos 579 proyectos, con un costo estimado de USD 163 000 millones, de los cuales el 89% incluye caminos, aeropuertos, puertos, vías navegables y esquemas de transporte “multimodales”; 9% son proyectos energéticos y el resto, infraestructura de comunicaciones. De ese total, se han completado 107 proyectos y 169 están en construcción; el resto se halla en etapa de planificación.

Todos los países asiáticos tienen planes similares. En Indonesia, se promueven seis corredores en el marco de un plan ambicioso de 15 años, por un monto de 1 billón de dólares: el Plan Maestro para la Aceleración y Expansión del Desarrollo Económico de Indonesia. Se prevén más de 1000 proyectos de infraestructura y logística, que incluyen caminos, vías férreas (sobre todo para transportar carbón), aeropuertos y puertos. Cada uno de los seis corredores de interconexión se centra en el desarrollo de industrias claves o recursos naturales (en especial, carbón y aceite de palma) mediante aglomerados industriales y Zonas Económicas Especiales (ZEE). También hay planes en marcha para corredores marinos que conectarían las islas del archipiélago indonesio. Se estima la militarización de las rutas marinas propuestas y la exclusión de pescadores locales.

Pero la estrella de estos intentos de anular tiempo y espacio (y, según sostienen algunos, de las luchas actuales por la hegemonía regional) es el programa chino “One Belt, One Road” (“Un cinturón, una ruta”, OBOR, por su sigla en inglés), anunciado oficialmente en 2013. El programa abarca 60 países (es decir, podría incluir a la mitad del mundo) y su propósito es crear una red de zonas de libre comercio conectadas por corredores terrestres y marinos que se extienden desde el Pacífico hasta el Mar Báltico. Su “cinturón” (según denominación oficial, “Nuevo Cinturón Económico de la Ruta de la Seda”) está compuesto por cuatro corredores terrestres; entre todos conectarían China con Asia Central, Rusia, Europa, el Golfo Pérsico, el Sudeste Asiático y el Océano Índico. La “ruta” es en realidad un corredor marino (la “Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI”) diseñado para unir la costa de China con Europa por vía del Océano Índico y el Pacífico Sur. El corredor no incluiría solamente el transporte sino, se supone, la explotación minera del lecho marino en el Océano Índico.

Eliminar espacio y tiempo

Existen múltiples dinámicas sociales, ecológicas y políticas que subyacen a este auge de los corredores, pero hay un conjunto de factores que se destaca. Estos se originan en un problema que en el mundo de las finanzas algunos llaman “desconexión producción-consumo”. Esta surge, en parte, de economías de escala que han posibilitado la extracción de depósitos de materias primas para la producción industrial que se encuentran en lugares remotos; en parte, de las distancias cada vez mayores entre esos depósitos y las industrias donde los recursos extraídos se transforman en bienes de consumo; y, en parte, de las distancias entre esos sitios de producción y los lugares donde habita la “clase consumidora global”.

El problema no es nuevo. Hace casi 150 años, Karl Marx reveló que cuanto más se expande el capital, mayor es su necesidad de mejorar la infraestructura para “la anulación del espacio por el tiempo”. Esa realidad continúa siendo un desafío central para la planificación de infraestructura en aquellos espacios que aspiran a ser politburós globales, como el Banco Mundial. Aunque en su emblemático Informe sobre el Desarrollo Mundial del año 2009, titulado Una nueva geografía económica, no se mencione a Marx (el resumen de su política es: “Ningún país ha alcanzado la riqueza sin transformar la distribución geográfica de su población y producción con fines de acceso al mercado”), “la anulación del espacio por el tiempo” es el leitmotiv que recorre sus 380 páginas.

La distancia es un tema clave, definido por el Banco, no en términos euclidianos sino como medida de tiempo y dinero, y, puntualmente, como “la facilidad o dificultad con que bienes, servicios, mano de obra, capital, información e ideas viajan a través del espacio”. La distancia es importante porque también lo es el tiempo. Y este es importante porque cuanto más rápido puedan producirse los productos básicos, mayores serán las ganancias para los capitalistas individuales y más marcada será su ventaja competitiva sobre los rivales.

Para superar las deseconomías del espacio, es necesario construir barcos, camiones, trenes, barcazas y aviones de carga más potentes y eficaces. A su vez, estos requieren de una “infraestructura extrema” en forma de sistemas ferroviarios y puertos ampliados o mejorados y caminos más anchos, puentes más grandes, canales más profundos, ríos más rectos y pistas de aterrizaje más largas. Las economías de escala en transporte que resultan de tales procesos estimulan más economías de escala en producción (y viceversa), así se reducen los costos de las materias primas y los productos terminados, se estimula la demanda y se desencadena otra serie de presiones para reducir los costos comprimiendo tiempo y distancia. De este modo, una ola de innovación genera presiones para que haya más innovación.

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Mapa del Eje Amazonas y Andino del Plan de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA)

A medida que se desarrollan formas de transporte más grandes y veloces y los costos de mover los bienes disminuyen en comparación con otros costos, se reconfiguran las geografías de extracción de materias primas y de producción. Las compañías tienen más opciones a la hora de elegir dónde ubicar sus fábricas, y cada vez son más capaces de trasladarse a cualquier parte del mundo en búsqueda de mano de obra barata, regímenes impositivos favorables o entornos de escasa regulación. El capital puede fragmentar cada vez más los procesos productivos en un grado nunca antes visto, y trasladar la producción más y más lejos, a áreas que prometen mayores ganancias, aun si estas se encuentran a miles de kilómetros de los principales puntos de consumo.

De igual modo, existen fuentes de materias primas remotas que se vuelven comercialmente viables. Hasta la década de 1950, por ejemplo, los altos costos del transporte de mineral de hierro (por lo general, el 60% de los costos de producción) hacía que las plantas de acero tuvieran que situarse cerca del punto de extracción del mineral. Pero hacia los años 60, los desarrollos en el transporte permitieron que sea competitivo para la industria siderúrgica japonesa transportar enormes volúmenes de mineral de hierro desde Australia, a una distancia de 8000 kilómetros. Hacia los años 80 se fabricaron buques de carga que duplicaban en tamaño a los anteriores; esto permitió que Japón importara hierro desde la nueva mina de Carajas, en el Amazonas brasileño, a una distancia de 19 300 km, “por menos dinero del que necesitaba la US Steel para transportar su mineral de hierro por los Grandes Lagos” (Bunker y Ciccantell, 2005).

En la actualidad, las distancias entre puntos de producción y puntos de consumo suelen ser enormes, y suponen múltiples viajes y formas de transporte. Por ejemplo, para producir una computadora de escritorio estándar se ensamblan unos 4000 componentes fabricados por hasta 250 proveedores diferentes, cuyas variadas fábricas se encuentran, probablemente, esparcidas en áreas de mano de obra calificada barata, sobre todo, en Asia. Al mismo tiempo, esos componentes dependen de minerales extraídos por todo el mundo. Solo el revestimiento de un monitor común contiene componentes fabricados a partir de azufre, zinc, plata, bauxita, oro y una serie de minerales cuyos nombres los conocen únicamente los mineralogistas: alunita, azurita, boronita, enargita, cerargirita, rejalgar y tetraedrita; todos ellos extraídos o procesados en países que suelen estar a miles de kilómetros del lugar donde se ensamblará la computadora, y mucho más lejos de donde se va a comprar y utilizar.

Para exprimir ganancias de lugares de producción tan dispersos geográficamente, las compañías han venido adoptando con mayor frecuencia los sistemas de inventario “justo a tiempo”; un motivo no menor es reducir los costos de almacenamiento tradicionales. En lugar de ello, utilizan con eficacia camiones, trenes y barcos como depósitos móviles. Así, la menor demora en el transporte de componentes puede ocasionar grandes pérdidas económicas. De modo similar, las economías de escala que hacen que minas como la de Carajas en el Amazonas sean comercialmente viables necesitan “enormes depósitos de mineral de alta calidad para llenar los barcos con regularidad y con una demora mínima en puerto” (Bunker y Ciccantell, 2005). En los cálculos de las cadenas mundiales de fabricación, “cada día en viaje marítimo, en el que un país dista del importador, reduce la probabilidad de traer bienes manufacturados de ese país en un 1%” (Banco Mundial, 2009).

Finanzas extremas

En la actualidad, las presiones combinadas de las economías de escala, la deslocalización de la producción, la extracción de petróleo, gas y minerales de áreas cada vez más remotas, el crecimiento de la “clase consumidora global” y los sistemas de entrega “justo a tiempo” inciden en el auge de los corredores.

Pero la infraestructura extrema es costosa: necesita “finanzas extremas”. Muchos de los proyectos individuales y, ciertamente, los esquemas más amplios en su totalidad necesitan más recursos de los que pueden obtenerse mediante las formas clásicas de infraestructura financiera.

Tomemos por caso los proyectos mineros que se planifican como inversiones ancla para gran parte de los corredores en África. En el pasado, las compañías mineras, por lo general, financiaban la infraestructura especial que conectaba “de la mina al puerto” a partir de sus propios balances, si bien solían obtener garantías de bancos de desarrollo multilaterales y exenciones impositivas y otros subsidios de los estados. Pero eso ha dejado de ser una opción para la mayoría de las nuevas minas. Las rutas son demasiado extensas y la escala de la infraestructura, demasiado costosa, sobre todo para las minas pequeñas y medianas, como para que un único operador la financie por sí mismo. Un estudio de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial detectó solo un proyecto minero “financiable” como proyecto puramente privado (di Borgo, 2012). Los costos también superan las posibilidades de muchos gobiernos nacionales y bancos privados, incluso cuando operan en conjunto. Si bien algunos proyectos podrían financiarse incluyendo fuentes de financiamiento multilaterales, como el Banco Mundial, estas no podrían cubrir todos los proyectos que necesita el capital para su “anulación del espacio por el tiempo”.

En el mundo existe una enorme brecha entre el financiamiento disponible para infraestructura nueva y los montos que supuestamente se necesitan. Algunos calculan que deberán recaudarse entre 50 y 70 billones de dólares hasta el año 2030, de los cuales el 37% sería para obras de infraestructura en países emergentes. Eso equivale a conseguir entre 0,5 y 1,5 billones por año, por encima de lo que se está gastando en la actualidad, y eso únicamente para caminos, vías férreas, puertos, aeropuertos, vías marítimas y telecomunicaciones. Escuelas, hospitales y otro tipo de infraestructura social se considera por separado. El déficit sólo en el sector de transporte se estima en USD 260 000 millones por año hasta 2030. El déficit en el sector energético es aun mayor: unos USD 530 000 millones por año (OCDE, 2015c). Un estudio realizado para la reunión de líderes del G20 en 2015 fue contundente: “Las fuentes tradicionales de financiamiento no serán suficientes para superar estos déficits de financiamiento” (Banco Mundial et.al., 2015).

Al igual que en el pasado, el capital no tiene muchas otras opciones más que tratar de extender los recursos de financiación de los que puede valerse. La sociedad por acciones, por ejemplo, surgió en parte para recaudar las grandes sumas de dinero necesarias para financiar la infraestructura en la década de 1860 (como señaló Marx, sin la sociedad por acciones “el mundo carecería todavía de ferrocarriles”, le hubiera llevado demasiado tiempo a cualquier capitalista individual acumular el capital necesario para su construcción). Así también surgieron los bancos multilaterales de desarrollo y los préstamos de consorcios bancarios para financiar la infraestructura poscolonial en el Sur Global.

Hoy, el capital debe moverse de manera similar para aprovechar nuevas fuentes de financiamiento -en esta instancia, mercados de capitales más amplios- si quiere evitarse su implosión. De allí las nuevas alianzas que construyen las compañías de petróleo y gas, las mineras y otras, con nuevos actores financieros, en especial, fondos de capital privado. De allí también que los gobiernos rediseñen la infraestructura financiera para hacerla más atractiva a los ojos de inversores privados garantizando flujos de ingresos, brindando compensaciones por nuevas leyes que pudieran afectar las ganancias, y otras medidas similares. Lo anterior también explica el auge de las alianzas público-privadas (centrales para cada uno de los corredores propuestos, y de hecho cada vez más importantes para el financiamiento de proyectos individuales de “energía extrema), que son al mismo tiempo un incentivo para los inversores privados y la piedra angular sobre la que pueden construirse otras formas extractivas de financiamiento[1].

La incapacidad de obtener las sumas necesarias por parte de los inversores genera una gran vulnerabilidad para los corredores que necesita el capital, y como tal, ha convertido al financiamiento de “infraestructura extrema” en un potente escenario de lucha incipiente. Esto podría ofrecer espacio para nuevas alianzas entre quienes cuestionan los corredores, los proyectos de “energía extrema” y otras formas de “extractivismo extremo”. Para las personas cuyos modos de vida no se organizan en torno a sistemas de distribución “justo a tiempo”, sino que se basan en el derecho colectivo de sobrevivir, no caben dudas de que vale la pena explorar más a fondo las vinculaciones mencionadas.

Traducción a cargo de Nancy Viviana Piñeiro.

Bibliografía:

Bunker, S. G. y Ciccantell, P. S. (2005) Globalization and the Race for Resources, Baltimore, The Johns Hopkins University Press.

di Borgo, P. (2012) Shared Mining Infrastructure: Too Good to be True? Trends, Challenges and Opportunities for Private Financing of Mining-Associated Transport Infrastructure in SSA, Washington, DC, IFC, 2 de febrero de 2012.

OCDE (2015c) Official Development Finance for Infrastructure: Support by Multilateral and Bilateral Development Partners: OECD Report to G20 Finance Ministers and Central Bank Governors, septiembre de 2015.

Banco Mundial (2009) Una nueva geografía económica, Informe sobre el Desarrollo Mundial 2009, Washington, DC, Banco Mundial.

Banco Mundial/FMI/OCDE (2015) Capital Market Instruments to Mobilize Institutional Investors to Infrastructure and SME Financing in Emerging Market Economies: Report for the G20.

Nicholas Hildyard es miembro de The Corner House, un grupo de investigación y solidaridad del Reino Unido. Es autor de Licensed Larceny: Infrastructure, financial extraction and the Global South, trabajo del que fue tomado este artículo. El libro está disponible en Manchester University Press: http://www.manchesteruniversitypress.co.uk/9781784994273/

[1] N. de la T.: El autor hace referencia a la creación de nuevos productos financieros para extraer ganancias, como los “bonos para proyectos” o los préstamos agrupados.

Este artículo es parte del proyecto Aportes para la crítica y acción contra las energías extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Global Greengrants Fund.


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Qué entendemos por energía extrema

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Incendio de la plataforma Deepwater Horizon,/ Nieznany – US Coast Guard

Por  Tatiana Roa Avendaño (Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia) y Hernán Scandizzo (OPSur)

Aún están frescas las imágenes del incendio de la plataforma Deepwater Horizon, cuando perforaba el pozo Macondo en el Golfo de México, en abril de 2010. La explosión e incendio dejó once trabajadores muertos y, después de más de tres meses de intensas labores, la petrolera BP logró controlar la situación. Para entonces habían sido vertidos al mar Caribe más de 700 millones de litros de crudo y otros varios millones más de litros de agua de formación. La magnitud del desastre expresa los riesgos que conllevará la ampliación de la frontera extractiva y tecnológica, y es lo que algunos autores han denominado energía extrema.

Este concepto de energía extrema se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales. La era de los hidrocarburos fáciles de extraer está llegando a su fin, si no lo ha hecho ya. Los objetivos de empresas y gobiernos para sostener la matriz fósil son las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extra-pesados, las arenas bituminosas e incluso desarrollos biotecnológicos para aplicar en procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos en pozos agotados.

En el mismo combo aparecen los yacimientos en el mar, cada vez más alejados de la costa, en aguas más y más profundas, que son extraídos, en algunos casos, luego de atravesar gruesas capas de sal. También estos yacimientos están conociendo las delicias de la fracturación hidráulica, para revertir la caída de la producción. Y el carbón alojado en las profundidades de la tierra, inaccesible para la minería convencional, despierta el interés de gobiernos y empresas, del mismo modo que el gas allí contenido. Miles y miles de toneladas de carbono que serían lanzadas a la atmósfera si esos hidrocarburos son extraídos e inyectados al mercado energético y la industria petroquímica para extender la decadencia de la civilización fósil.

Otra característica de este modelo de extracción extrema es que en muchos casos se trata de gas, crudo y carbón a los que se accede ampliando la frontera extractiva sobre tierras campesinas y de pequeños productores, aguas de pescadores artesanales y territorios indígenas y afrodescendientes. Una expansión acompañada de conculcación de derechos, que da lugar a desplazamientos de población, desaparición de saberes y culturas, así como también la muerte de economías locales y regionales. Es decir, constituye una amenaza contra la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos. Una violencia simbólica y material que es intrínseca a la energía extrema, y que significa además una profundización de la violencia sobre los cuerpos y la Naturaleza no humana. No sólo por la irrupción en ecosistemas frágiles y por profundizar la degradación de los ya impactados, sino también por el empecinamiento de seguir apostando a la matriz energética responsable de la crisis climática y el calentamiento global.

Esta ampliación de frontera hacia escenarios extremos implica además condiciones laborales de mayor riesgo. Quienes trabajan en esos proyectos no sólo están expuestos a condiciones meteorológicas rigurosas -como sucede en las operaciones en el Ártico o en alta mar- sino también a la toxicidad de los insumos químicos utilizados, por ejemplo, durante fracturación hidráulica, o a los desarrollos biotecnológicos diseñados para incrementar los niveles de extracción y los procesos de transformación de hidrocarburos pero también a riesgos más altos de accidentes laborales por ejemplo por explosiones.

Por otra parte, el gas y el crudo alojados en yacimientos profundos y/o compactos, o ubicados en lugares remotos, demandan más infraestructura y despliegue logístico, tanto para llevarlos hasta la boca del pozo como para inyectarlos al mercado. Esto se traduce en la perforación de cientos y miles de pozos, el tendido de ductos, la instalación de compresores, tanques, etc.; en síntesis, una mayor ocupación territorial e industrialización de áreas rurales y del paisaje en general, y la expulsión de las poblaciones que no son funcionales al nuevo uso del espacio.

A ello se suma que cada barril obtenido de estas explotaciones requirió un mayor consumo de energía, es decir, su rendimiento es menor. Además, demandó mayores recursos financieros que las explotaciones convencionales, que en muchos llegan a la compañía en forma de subsidios estatales, ventajas impositivas y precios sostén, que son transferidos desde los bolsillos de la población.

Baja del precio del crudo y continuidad de los proyectos extremos

La caída sostenida del precio de crudo muy por debajo de los 100 dólares no se ha traducido en un automático golpe de timón de los gobiernos de la región en sus políticas petroleras, ni ha significado la inmediata inviabilidad de los proyectos de energía extrema en América Latina. Sin duda hay una desaceleración, pero en la medida en que no exista la decisión política y el nivel de movilización para avanzar en la desfosilización de la matriz energética y del modelo productivo (los hidrocarburos como insumo no energético), estos proyectos representan la nueva frontera ante el agotamiento global de los grandes yacimientos convencionales.

Para seguir en carrera las empresas apuestan a reducir la cadena de costos, es decir, despedir o promover el retiro voluntario personal, bajar salarios, eliminar conquistas laborales -beneficios no financieros: descansos, calidad de la alimentación, etc.), eliminar intermediarios, desarrollar y aplicar innovaciones tecnológicas, entre otras variables. También desde el sector corporativo presionan para que los favorezcan con ‘políticas de incentivo’ como subsidios, ventajas impositivas, y precios internos superiores a la cotización internacional. De esta manera se transfieren los costos financieros -además de los sociales y ambientales- a los usuarios, que pagan la energía y combustible más caros, como ocurre en Argentina. Por otra parte hay que tomar en cuenta que países como Ecuador y Venezuela han tomado préstamos de China respaldados con su crudo, lo que también define la marcha sostenida tanto sobre la Amazonía como sobre la Faja del Orinoco. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, son más de U$D 46.000 millones en créditos.

Las fronteras extremas de América Latina

Si bien desde principios de la década y hasta entrado 2014 la mayoría de los países de la región, con más o menos intensidad y convicción, tenían a los hidrocarburos de lutitas y al fracking en sus agendas, esto no se ha plasmado en grandes avances en territorio. A nivel regional el fenómeno del shale sólo ha tenido impacto masivo, o relativamente masivo, en Argentina con Vaca Muerta, mientras que en México, el otro país estrella, ha sido menor, y en Colombia hay un firme interés de las autoridades en avanzar en esa dirección. Sin embargo, tampoco significa que haya desaparecido el interés por las formaciones compactas, el desarrollo de campos de tight sands ha cobrado impulso tanto en Argentina, como en México y el extremo sur de Chile. Los costos de producción en arenas compactas son considerablemente menores que los del shale, lo que las vuelve particularmente atractivas para las empresas.

Por otra parte, una frontera que no cesa de ampliarse en la región es la off shore. Brasil desde el descubrimiento del presal, hace una década, apuesta fuertemente a su explotación, incluso las autoridades no le han dado mayor importancia a los bloques con potencial en crudo y gas de lutitas. Éstos tampoco despertaron el interés de las empresas en las últimas rondas de concesiones petroleras. La impetuosa convicción de avanzar hacia el mar emerge también en el conflicto que se suscitó en 2015, cuando el gobierno federal intentó flexibilizar los sistemas de licenciamiento ambiental para las explotaciones costa afuera, una reforma que fue resistida por los trabajadores de las agencias de control ambiental. Hay que tener en cuenta que en el caso del presal los hidrocarburos se alojan a una profundidad cercana a los 7.000 metros; allí se concentraría el 90 % de las reservas petrolíferas probadas y el 77 % de las gasíferas.

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Plataforma 52 del Presal / Ricardo Stuckert – Agencia Brasil

Por otra parte la francesa Total comenzó este año la perforación un pozo en la plataforma marítima uruguaya, a 200 kilómetros de la costa. Atravesará 3.400 metros de “columna de agua” y otros 3.000 bajo el lecho oceánico en busca de hidrocarburos. Un proyecto extremo que marca un hito en la región, en un país que carece de antecedentes de explotación de hidrocarburos. También Colombia avanza sobre yacimientos en aguas profundas del Mar Caribe, al igual que Nicaragua y Honduras. Chile, por su parte, a raíz de perforaciones exitosas realizadas por la estatal ENAP, apunta a consolidar sus desarrollos offshore en el Estrecho de Magallanes, al igual que ampliar las explotaciones de bloques de tight gas en la isla de Tierra del Fuego.

En tanto los crudos pesados y extra pesados son centrales en países de la región como Venezuela, con la Faja del Orinoco, y Colombia, en la región de los llanos. Por otra parte, más allá de las características de los hidrocarburos y de las formaciones que los contienen, tanto la Amazonía como el Chaco Sudamericano constituyen la nueva frontera por excelencia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, avances que se concretan, en muchos casos, sobre territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas y áreas naturales protegidas.

Detrás de los discursos de salvación o abundancia con que son promocionados los diferentes proyectos de energía extrema en nuestros países, están las otras realidades arriba mencionadas. Con estas líneas damos apertura a una serie de artículos sobre el carácter extremo no sólo de los proyectos energéticos sino también de las infraestructuras y finanzas que demanda la reproducción del capitalismo globalizado.

 

Este artículo es parte del proyecto Aportes para la crítica y acción contra las energías extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Global Greengrants Fund.


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La hípica épica de José Larocca

La actuación argentina en los Juegos de Río fue histórica, pero algunas historias son más olímpicas que otras.

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Por Luis Manuel Claps

Las previsibles crónicas deportivas celebraron la participación de la delegación argentina en los recientes Juegos Olímpicos como “la mejor desde Londres 1948”. Entre centenares de artículos y millones de “like”, uno de Katharina Bart publicado en Finews.ch el 17 de agosto reveló algunos datos interesantes de uno de nuestros representantes en Río. Se trata del atleta José Larocca (47), quien defendió la celeste y blanca en las pruebas ecuestres de salto individual y salto por equipos.

Además de avezado jinete, el competidor nacido en Suiza es “head of oil and petroleum products” de Trafigura, la tercera mayor comercializadora mundial de minerales y petróleo. El olímpico Larocca ingresó a la firma en 1994 como “operador de naftas y gasolinas” y desde marzo de 2007 integra la Junta Directiva de la multinacional domiciliada en Amsterdam.

Según el artículo de Katharina Bart, “la fortuna personal de Larocca se estima en unos 200 millones de francos y figura en la lista de los más ricos de Suiza que compila anualmente la revista Bilanz“. “Si bien se expandió a otros recursos naturales en años recientes, el petróleo -liderado por Larocca- sigue siendo el corazón de la firma fundada en 1993 por Claude Dauphin, protegido del legendario petrolero y fugitivo de la justicia de los Estados Unidos, Marc Rich”, abunda la nota de Finews.ch.

Según la misma fuente, Larocca usa el dinero amasado en el negocio petrolero para realizar su sueño hípico: se hizo conocido en los círculos equinos en 2010, cuando invirtió millones en la compra de Oki Doki, una pura sangre holandés. Sin embargo, el legendario caballo falleció trágicamente en julio de ese año.

Crimen ambiental

El espectacular cierre de los Juegos Olímpicos de Río coincidió con el décimo aniversario del desastre de Probo Koala, vertido tóxico que mató a 17 personas y enfermó a otras 100.000 en la ciudad portuaria de Abiyán, en Costa de Marfil.

Probo Koala es el nombre del buque de bandera panameña cargado con cientos de toneladas de nafta de coquificaciónque fueron vertidas de forma ilegal por una empresa contratada por Trafigura, para deshacerse del problema por monedas. En julio de 2010, un tribunal holandés encontró a Trafigura culpable del delito de exportación de residuos contaminantes y por el ocultamiento de la naturaleza tóxica del cargamento.

Con motivo del décimo aniversario del crimen ecológico, un grupo de expertos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reclamó a Trafigura revelar toda la información disponible sobre el incidente y apoyar los esfuerzos para atender los impactos en la salud de la población, que persisten hasta hoy. Sin bien jamás reconoció su responsabilidad, Trafigura se ha referido al caso como “un episodio muy triste en la historia de la compañía”.

Trafigura en Argentina

Trafigura opera en Argentina en el sector de combustibles y logística mediante la subsidiaria Petromining SA y construye una terminal portuaria en Campana, provincia de Buenos Aires. Su objetivo es abastecer de combustible a la Argentina, Paraguay y Bolivia desde la nueva terminal de almacenamiento y distribución bajo la marca Puma Energy.

Las inversiones del Grupo Trafigura en el país incluyen infraestructura como tanques de almacenamiento, instalaciones de acoplamiento y una red para suministro de combustibles; y es uno de los principales proveedores de productos de petróleo importados en la región.


fuera basureros

28/05 Jornada intercultural en Neuquén: En defensa del ambiente, nuestros derechos y puestos de trabajo

Jornada en defensa del ambiente, nuestros derechos y los puestos de trabajo

Desde la Asamblea Fuera Basureros Petroleros convocamos a todxs lxs vecinxs, a las organizaciones sociales y políticas, comisiones vecinales, a la Jornada de lucha Intercultural, este sábado 28 de Mayo en el Oeste de nuestra ciudad.

Lxs invitamos a que nos acompañen, desde las 10:00 hs, a la volanteada que realizaremos en los Barrios Toma Norte y Newen Che. Concentraremos en las calles Rodhe y 1° de Mayo para arrancar el recorrido y charlar con lxs vecinxs. Compartiremos opiniones, información sobre la situación en que nos tiene el gobierno con respecto a los basureros y las pésimas condiciones materiales en las cuales vivimos.

Por la tarde, a partir de las 16:00 hs la jornada continúa con radio abierta y pintada de murales, en la Plaza frente al paredón de la cancha del Club Maronese, en el Barrio Toma Norte. Ahí compartiremos unos mates y realizaremos en conjunto el sorteo de una canasta familiar y una garrafa, con el objetivo de denunciar el tarifazo en todos los servicios (agua, luz, gas, garrafa, boleto de transporte,etc) y del aumentazo de la canasta familiar, que rebaja el bolsillo de lxs trabajadorxs. De esta forma, queremos denunciar que es el Estado el responsable de este ajuste brutal y las pésimas condiciones de vida, como así también, de la contaminación ambiental que desarrollan los basureros petroleros a los que llegan los residuos de la hidrofractura, para beneficio de las grandes empresas. Seguimos luchando para que la empresa deje de quemar y que se vaya porque no queremos más contaminación en nuestros barrios.

Lxs esperamos este sábado 28 de mayo. La contaminación nos está matando impunemente.

Reafirmamos una vez más que no queremos que suspendan ni despidan a los trabajadores de Comarsa, de Indarsa y de ningún basurero petrolero.

El gobierno y las empresas son los responsables de la contaminación y los despidos.

¡Fuera ya basureros petroleros de los ejidos urbanos!

Asamblea de Fuera Basureros Petroleros

fuera basureros


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Declaración de los pueblos víctimas de las prácticas de Chevron en el mundo

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 CONSIDERANDO:

Que, en cada uno de nuestros territorios hemos sido víctimas de los abusos de la compañía petrolera: hemos presenciado la devastación de la naturaleza como consecuencia de su irresponsable operación, hemos sufrido la muerte y enfermedad de nuestros pueblos, se han violado nuestros derechos personales y colectivos, y hasta hemos sido calificados como delincuentes por elevar nuestra voz de protesta.

Que, históricamente, la avaricia y sed de ganancias de Chevron han primado por sobre la seguridad pública, los derechos ciudadanos, y el respeto a la Naturaleza. En los últimos tiempos, Chevron ha aplicado una serie de medidas sistemáticas de “exoneración de responsabilidad” en la que la petrolera explota, contamina, daña y se enriquece, pero nunca responde por sus actos.

Que, en países como Argentina o Rumania, Chevron se ha transformado en la punta de lanza de la exploración de yacimientos no convencionales, a través de la cuestionada técnica experimental del fracking, que magnifica las posibilidades de contaminación de nuestros territorios y las fuentes de agua subterráneas. Chevron ha sido el promotor de la explotación de estos yacimientos aliándose a los gobiernos que han reprimido las justas protestas de la población, violando nuestros derechos colectivos.

Que, la reunión general anual de accionistas de Chevron, donde sus directivos informarán acerca de la situación financiera de la compañía y su aparente solidez (producto de su sistemática irresponsabilidad), se llevará a cabo en la mitad del desierto de Texas, en donde no habrá comunidades, activistas, prensa, ni nadie que incomode a la opulencia y poder.  Chevron intenta esconderse.  Solamente su Gerente General, John Watson, podrá ejercer su derecho a expresarse.

Que, somos cientos de miles las personas afectadas por Chevron en Ecuador, Nigeria, Estados Unidos, Argentina, Rumania y muchos otros países. Esta cifra continuará creciendo cada día, debido al modus operandi de la empresa que sistemáticamente  violenta los derechos de las personas y la naturaleza en los lugares donde opera, negándose posteriormente a realizar la justa remediación de esos territorios, actitud que constituye una violación en sí misma.

La Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Chevron-Texaco, en Ecuador

La Confederación Mapuche de Neuquén, en Argentina

Richmond Progressive Alliance, Asian Pacific Environmental Network y Gayle McLaughlin – Alcadesa de Richmond, enCalifornia – Estados Unidos

Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria y Kebetkache Women Development and Resource Centre, enNigeria

Las Comunidades de la Región de Vaslui, en Rumania

NOS UNIMOS EN UNA SOLA VOZ Y DECLARAMOS:

  • Nuestro rechazo a las prácticas abusivas e irresponsables de Chevron Corporation en el mundo. En particular, rechazamos:
  • Sobreponer sus intereses económicos por sobre los derechos de las personas y la naturaleza;
  • Devastar cientos de miles de hectáreas de suelo y millas marítimas, por su operación irresponsable y ambiciosa;
  • Contaminar, voluntariamente, las fuentes de agua, manteniendo a miles de personas privadas de su derecho a la salud y a un ambiente sano;
  • Aniquilar pueblos indígenas ancestrales y discriminar a los habitantes de los territorios donde opera;
  • Irrespetar y desconocer los derechos de las mujeres, niños y niñas;
  • Ocasionar, a través de prácticas negligentes, enfermedades respiratorias, reproductivas y cáncer en miles de niños, jóvenes, adultos y ancianos;
  • Violentar el derecho de autodeterminación de los pueblos al impulsar la cuestionada técnica del fracking para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales;
  • Usar fuerzas militares para la seguridad privada de la compañía, con prácticas violentas en contra de los ciudadanos
  • Irrespetar y abusar los derechos de los trabajadores en virtud de la productividad de la compañía;
  • Irrespetar los sistemas jurídicos nacionales e internacionales, antes, durante y después de su operación, con el fin de maximizar sus ganancias por sobre los derechos de la población y evadir el cumplimiento de sus responsabilidades;
  • Abusar de los principios de la ley societaria, escondiéndose detrás de docenas de subsidiarias para evadir sus responsabilidades;
  • Despilfarrar innumerables recursos económicos para limpiar su imagen, en lugar de invertirlos en reparar los derechos que ha vulnerado;
  • Abusar de su poderío económico y político para acallar la voz de quienes reclaman  a la compañía para que  asuma su responsabilidad;

INVITAMOS:

A participar, activamente, en el Día Internacional Anti Chevron, el  sábado 21 de mayo de 2016, para que el mundo se sume con acciones públicas y mensajes de rechazo a las malas prácticas de Chevron Corporation.
  • A elevar una voz conjunta para que, sin importar el rincón donde se esconda,  Chevron Corporation, sus directivos y sus accionistas, escuchen que:

  • No toleraremos la irresponsabilidad e indiferencia de la compañía frente a los daños que ha ocasionado en nuestros territorios;
  • No permitiremos que pretenda eximirse de su responsabilidad inculpando a los gobiernos locales o a terceros relacionados;
  • Chevron debe pagar por la contaminación y devastación de la naturaleza y los ecosistemas terrestres y marinos;
  • Exigimos el respeto a la autodeterminación de los pueblos que rechazan la utilización del fracking y otras técnicas contaminantes en sus territorios;
  • Exigimos respeto por los pueblos y comunidades nativas de los territorios donde opera;
  • Exigimos respeto a los niños, jóvenes, adultos, ancianos; hombres y mujeres por igual;
  • Exigimos el respeto a los trabajadores y condiciones óptimas y dignas para el desempeño de sus funciones;
  • Exigimos el cumplimiento de las obligaciones impuestas por los sistemas judiciales de los países en los que opera y en los que mantiene conflictos;
  • Exigimos que Chevron Corporation, por sí misma o a través de sus subsidiarias, responda con su patrimonio por los daños que ha ocasionado en el mundo;
  • No descansaremos en nuestras luchas hasta que Chevron Corporation modifique sus prácticas, asuma sus responsabilidades y cumpla con sus políticas de responsabilidad corporativa.
  • No consumiremos ni negociaremos con productos que lleven la marca de Chevron.

Más información del Día Internacional Anti Chevron


Foto// María Pía Borja. Comarsa en la Comisión de Medio Ambiente de Legislatura de Neuquén

Un basureo político

Comarsa es dueña de la planta de tratamiento de residuos petroleros más grande de la Patagonia norte. Ubicada en el oeste de la ciudad de Neuquén, la planta es señalada por la población de los barrios aledaños como altamente nociva para la salud de los vecinos. Por esta razón la empresa fue interpelada en la Comisión de Ambiente de la Legislatura neuquina. Ella debía dar respuestas sobre su situación actual y explicar el plan de cierre definitivo. Al contrario de lo esperado, los directivos de la compañía explicaron que no habrá cierre definitivo y que no tienen un lugar concreto donde mudarse.

Foto// Martín Bazilai. Basurero Comarsa en Neuquén Capital

Por OPSur- En la mañana del 4 de mayo la Comisión de Ambiente de la Legislatura, presidida por el diputado del Movimiento Popular Neuquino Claudio Domínguez, recibió a los directivos de la empresa Comarsa. Héctor Basilotta, director de compañía, Federico Ponce, ingeniero y gerente general, y  Pablo Sily, gerente de Relaciones Humanas, expusieron durante casi dos horas sobre la situación de la planta ubicada en el oeste de la capital provincial. Las preguntas de los diputados realizaron estaban orientadas a conocer el plan de trabajo para el retiro definitivo del basurero petrolero de la ciudad, pero las respuestas fueron evasivas.

El tridente empresarial se ubicó en la cabecera de la mesa, donde generalmente se ubica quien preside la Comisión, tal vez haya sido un hecho casual, pero el correr de la reunión dejó un gran margen de duda, por momentos llevaron el control de los tiempos. Quienes deberían haber sido  interpelados, interpelaron al poder político por la falta de un lugar donde mudarse, mientras que vecinos y trabajadores se retiraron con más incertidumbres que con las que llegaron. En sala se encontraba el secretario de Ambiente de la Provincia, Ricardo Esquivel, quien también fue objeto de reclamos y críticas; para sorpresa del auditorio, al presentarse el funcionario sostuvo: “no sé si quedarme, ahora me entero que no estaba invitado, me confundí”.

Foto// María Pía Borja. Comarsa en la Comisión de Medio Ambiente de Legislatura de Neuquén

“Somos una empresa nacional, podemos decir, hasta familiar, que nos asentamos en Neuquén a partir de junio del 2008”, comenzó Basilotta el relato. “Cuando nos radicamos esto era prácticamente un desierto, no había nada, la nada misma, y claramente las tierras estaban destinadas a fomentar este tipo de industrias, destinadas a estas industrias”, subrayó emulando a a los emprendedores que conquistaron el desierto tras el genocidio armado perpetrado por el Estado a fines del siglo XIX. Contrariamente los barrios aledaños al “desierto” de Basilotta, cuentan de muchos años de radicación, ejemplo de ello es el barrio Parque Industrial, hoy llamado Jaime de Nevares, fundado en 1972.

Los ejecutivos de Comarsa llegaron acompañados al recinto por trabajadores de la empresa, quienes fueron activos participantes de la jornada, reafirmando los dichos de la empresa y confrontando a vecinos y diputados opositores. Basilotta expresó la inocuidad de la actividad en estos términos: “Tenemos en la empresa 120 trabajadores directos y 60 puestos indirectos, de todo ese personal el 32 % reside en la proximidad de la planta. Ellos tienen contacto directo e indirecto, es decir, son los verdaderos actores de todas las tareas que se llevan a cabo, los que manejan los hornos, manipulan, trasladan, llevan. Todo el plantel convivimos dentro de este microclima que está objetado. Nosotros mismos nos iríamos a suicidar cualquier día del año yendo a trabajar a Comarsa si tomamos lo dicho por aquellos que nos acusan de que contaminamos”. El gerente de la empresa aseguró que desde la puesta en funcionamiento de la planta no se registran enfermedades vinculadas al manejo de sustancias tóxicas. “Nos parece, y no quiero usar palabras que no estén a tono, una injusticia aquello de lo que se nos acusa, acompañamos los certificados de la doctora Mónica Glorioso que es nuestra médica laboral”, aseveró.

Basilotta también mencionó como elemento probatorio de que la empresa no contamina el fallo judicial favorable dictado en 2011 en la causa Fernández Genaro contra Comarsa, expediente 449828. “No existe evidencia ni prueba médica objetiva que acredite que los procesos industriales controlados por el Municipio y la Provincia generen infección, problemas respiratorios, gastroenteritis, como son señaladas en declaraciones periodísticas por parte de algunos diputados y vecinos”, desafió. Cabe destacar que el fallo presentado como prueba del directivo es previo al crecimiento exponencial de la planta, producto del aumento de actividad generada por Vaca Muerta.

Para Basilotta, en cambio, el verdadero problema de la contaminación es el basurero clandestino existente en las inmediaciones. “El principal flagelo que amenaza día a día a la salud de la gente que habita, que es aledaña al Parque (Industrial), y que nos afecta también a Comarsa, es el basural en donde la gente arroja de todo, y todo esto es quemado a diario. Ahí sí yo haría foco y diría que son una fuente de enfermedades”, enfatizó. “Les puedo asegurar que Comarsa se va a ir de ahí, y van a seguir teniendo infecciones, gastroenteritis, todo tipo de enfermedades que genera este flagelo”, sostuvo en defensa de la compañía.

Foto// Martín Barzilai. Vista aérea de Comarsa

No nos vamos nada

Para Comarsa irse era un objetivo, según el directivo. “Nosotros decidimos trasladarnos a Añelo, de donde provienen estos residuos, porque necesitamos ser más competitivos, minimizar riesgos y costos en el traslado, porque la competencia ya estaba establecida allá”, señaló. “Adoptando la política de crecer, de ser competitivos y de querer seguir liderando, adquirimos 20 hectáreas en Añelo, fuimos bien recibidos y alentados por el Municipio, agregamos 4 hectáreas más en el parque industrial. Todo esto al final no sucedió, por indefiniciones, porque hacia fin de año apareció un decreto que regulaba nuevamente a las tratadoras con distancias a los ejidos municipales, apareció la idea de un ecoparque, fuimos los primeros en ir, junto a la Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de Industria a ver a dónde nos tocaba, dónde teníamos que ir a invertir. Fuimos también los primeros en enterarnos que esto era inviable, que no tenía masterplan, que no tenía estudio de impacto ambiental, que no tenía los servicios esenciales. En ese contexto retrocedimos un casillero”, relató Basilotta.

Según el empresario el reclamo de los vecinos, que tiene a Comarsa en el centro de la discordia, no es por sus actos. “(La empresa) nunca tuvo una mala praxis, nada de que se la pueda acusar, de ningún evento, sin embargo el derrame ocurrido en el Parque Industrial (en referencia al registrado en la planta de Indarsa en octubre de 2014) fue un coletazo que nos pegó duro. Mirá dónde hoy estamos sentados”, sostuvo. Una vez más Basilotta pateaba la pelota fuera de la cancha.

Lo más gráfico en la alocución fue el cierre, al confundir a la provincia con una empresa. “Hay otras provincias que manejan la economía, que manejan otros sectores, pero Neuquén es una empresa que permanentemente está prometiendo mayor actividad. Más allá de lo que nos toca vivir hoy, que es un escenario deprimido, que pareciera que el tema de Vaca Muerta se allanó y que entró en meseta, entiendo que Neuquén va a seguir proporcionando gas, que tiene en vista represas y que tiene una economía latente. Neuquén es sinónimo de hidrocarburos, y les puedo asegurar que no hay actividad hidrocarburífera sin las tratadoras de los residuos que genera esa actividad, no puede existir una de la otra.”

Foto// Ike Teuling. Basurero petrolero Comarsa. Pileta de cutting a cielo abierto en Neuquén Capital.

Inmediatamente el diputado de Libres del Sur, Santiago Nogueira, comenzó con la interpelación. “Hemos presentado un pedido de informes sobre el cierre definitivo que no ha sido respondido por la Secretaría de Medio Ambiente, por eso le preguntamos a usted -dirigiéndose a Basilotta-, ¿cuál es el plan de cierre definitivo?”. Simultánemente el legislador intentó poner la discusión en su eje, recordádole al representante de la empresa el motivo de la interpelación; en el mismo sentido la diputada Patricia Jure, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, le pidió al diputado Claudio Domínguez que presida la comisión, en lugar de dejar que lo haga el director de Comarsa.

“Ustedes están acá para discutir sobre ese eje (el cierre definitivo) y no, si la empresa contamina o no contamina. Ya hay un consenso definitivo, Comarsa e Indarsa no pueden estar en el ejido y deben hacer un traslado. Nosotros queremos saber: ¿cómo va lo van a hacer, cómo lo tienen previsto y si lo han presentado? Por ley tienen que presentarlo al inicio de la actividad y reactualizarlo tiempo antes de irse, me preocupa escuchar que no lo tienen presentado”, destacó Nogueira. Basilotta salió al cruce remarcando la diferencia entre trasladar la actividad y cerrar la empresa: “Que quede claro, que se tome nota de esto, que Comarsa no se va a cerrar. Se puede relocalizar la actividad, pero no el cierre definitivo de Comarsa, podemos tener otra actividad que no sea tratar barros empetrolados”.

El legislador de Libres del Sur insistió en conocer en qué plazo se pondría fin al tratamiento de residuos petroleros. “Es fundamental saber los tiempos, no vaya a ser que le digamos a la comunidad que se van a ir y estén después dos años más quemando”. A lo que el Basilotta respondió que “es difícil poner un plazo sin tener un lugar de destino”. “En este momento y en este lugar no puedo comprometerme a decir me voy tal día y cierro tal día, cuando no sé a dónde me tengo que ir”, afirmó. “No podemos poner un tiempo, será el tiempo posible y necesario para remediar un pasivo que no es nuestro, que es de las operadoras y de la Provincia, pero que está radicado ahí”, añadió, cargando una vez más las responsabilidades sobre terceros. “Nosotros queremos entregarlo de la mejor manera, pero no es una carrera contra el tiempo, es tener la eficacia y la eficiencia de disponer de ese residuo de la mejor manera”, concluyó.

Según el secretario de Ambiente, el plan implica el traslado del material tratado y el tratamiento del que está en bruto, para luego ser trasladado a otro destino. “En treinta días tiene que salir uno de los hornos pirolíticos a Añelo”, aclaró Esquivel, dando por hecho la radicación de la empresa en esa localidad, más allá de lo expresado por Basilotta. “Allá se tienen que preparar las instalaciones para que estén adecuadas para preliminares, preparación de suelos, elaboración de piletas, la instalación de cada uno de los hornos y a partir de ese momento, en sesenta días más, se cierra el portón (de la planta de Comarsa en el Parque Industrial Neuquén), la recepción de residuos. El segundo horno sigue tratando el material industrial que va quedando y sigue unos seis u ocho meses más. Una vez que tratan todo el material se traslada este segundo horno a Añelo y ya queda de manera permanente. Los hornos de absorción que tratan el cutting tienen que seguir trabajando, a lo mejor un año, a lo mejor dos, hasta agotar el material que está acumulado. Una vez que está tratado todo ese perímetro, comienza el plan de cierre y abandono. El plan que mencionaba Santiago (Nogueira) es la remediación de todo ese sitio hasta la extinción de todos los residuos contaminantes que pueda haber y la realización de estudios físicos-químicos para verificarlo. En ese momento se determina la satisfacción del cierre de la actividad, no del predio, sobre ese lugar puede montarse a futuro cualquier otra actividad.”

A pesar de las evasivas, Daniel Fernández, vecino del basurero, señaló como un hecho positivo la interpelación realizada por la Comisión de Ambiente y subrayó que eso era fruto de la movilización de los vecinos. “Ni la provincia, ni las empresas se preocuparon por  estar en un lugar donde no tienen que estar. Yo quiero poner en la mesa que nosotros como vecinos nos juntamos con la empresa y llegamos a tres acuerdos, primero, que se tenían que ir; segundo, que no iban a despedir a ningún trabajador; y tercero, que se iba a hacer una comisión de seguimiento donde los vecinos seamos parte, que vea cómo se hace la remediación y la empresa estuvo de acuerdo.” En tanto enfatizó: “Acá hay que decir que la responsabilidad ha sido del gobierno, de la Secretaría de Ambiente, en algún punto de la empresa, pero no de los trabajadores y los vecinos”.

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El conflicto petrolero y el contexto socio ambiental de Chubut

El viernes 6 de mayo cerca de 60 mil personas se movilizaron en defensa de los puestos laborales de los trabajadores del petróleo. Un acto multitudinario reunió en el cruce de las rutas 3 y 26 un amplio arco político y sindical.

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El conflicto empezó a comienzos de este año cuando las empresas petroleras se negaron a retomar la actividad después de haber otorgado vacaciones por adelantado a los trabajadores.

YPF, Panamerican Energy, Tecpetrol y Sicpetrol, aducían falta de actividad extractiva y exigían una compensación por los barriles de petróleo exportado. Luego de días de intensas negociaciones, el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, confirmó que los equipos comenzarán a subir paulatinamente a “Cerro Dragón”.

El apoyo en defensa de los puestos de trabajo de los petroleros también fue respaldado por el Foro Ambiental Social de la Patagonia. Zulma Usqueda, integrante de Foro, señalaba la importancia de defender los puestos de trabajo, pero destacaba las consecuencias socio ambientales de la industria extractiva petrolera.

    La mar en coche –  FM La Tribu 88.7  


Foto// Martín Bazilai. Basurero Comarsa en Neuquén Capital

Justicia declara admisible al amparo contra basurero petrolero

Se trata de un amparo contra la empresa Comarsa, ubicada sobre barrios populares de Neuquén Capital. Este jueves 28 de abril, la jueza Elizabeth García Fleiss ha declarado admisible el amparo que presentaron los vecinos ante la justicia de Neuquén por la contaminación. Los vecinos le piden a la justicia que le impidan a la empresa continuar quemando residuos petroleros producto de la fuerte contaminación que emana de sus chimeneas.

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El miércoles 04 de mayo, la empresa deberá presentarse en la legislatura y dar explicaciones sobre su plan de traslado a la comisión de Medio Ambiente, allí se exigirá que se formalice la comisión de seguimiento que se creó de manera conjunta entre vecinos afectados, diputados y referentes sociales. Dicho espacio tiene como fin seguir cada movimiento de los basureros petroleros y no permitir que las empresas se retiren sin la remediación correspondiente, además de prevenir que no contaminen donde se trasladen.

Todos los sábados a las 16 hs se reúne la asamblea en Gobernado Denis 877 de Neuquén Capital.

   


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Australia: Prohibirán en Queensland la gasificación subterránea de carbón

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(Australia, 18/04/16) El Gobierno de Queensland prohibirá la técnica de gasificación subterránea de carbón (UCG, por su sigla en inglés) debido a los impactos ambientales que genera. Según el ministro de Minería, Anthony Lynham, enviará al parlamento estadual un proyecto de ley a fines del corriente año. El funcionario sostuvo que los posibles riesgos para el ambiente y la industria agrícola superan por mucho el potencial económico de la actividad. Según la organización Lock the Gate Alliance, se ha comprobado que la UCG es peligrosa y contaminante.

El ministro afirmó que la prohibición será inmediata a nivel de política gubernamental y que presentará un proyecto en el parlamento de Queensland a fin de año para que esta sea ley. Ha habido solo tres proyectos piloto de UCG en el estado australiano: Carbon Energy, cerca de Dalby; Cougar Energy, cerca de Kingaroy y Linc Energy en Chinchilla. El Dr. Lynham aseguró que hasta el momento nadie ha logrado que la UCG sea un éxito y que el potencial económico no justificó el riesgo ambiental.

En un comunicado el ministro explicó: “Hemos estudiado las pruebas obtenidas en la operación piloto de UCG y evaluamos la compatibilidad entre las tecnologías actuales y las necesidades ambientales y económicas de Queensland”. Y agregó: “Los riesgos potenciales para el ambiente y las valiosas industrias agrícolas superan por mucho cualquier potencial económico de la actividad (…) No tiene sentido continuar con la actividad de UCG en Queensland. Aquí tuvimos tres sitios piloto, y ahora es necesario su desmantelamiento”.

El ministro de Ambiente, Steven Miles, dijo que el proyecto de Linc Energy, cerca de Chinchilla, fue “probablemente el caso de contaminación más grave en la historia de Queensland”. Y aclaró, “sin dudas, se trata de la mayor investigación y causa penal por contaminación como consecuencia, según el Departamento de Medioambiente, de las actividades de gasificación subterránea de carbón que realiza Linc Energy”.

El activista Drew Hutton, de Lock the Gate Alliance, dijo que la prohibición es un paso muy importante porque que se ha comprobado que la UCG es peligrosa y contaminante: “Le dije al Gobierno estadual que estas tecnologías deberían haberse prohibido hace seis años; no es difícil darse cuenta de que la quema subterránea de carbón y el gas de esquisto son una mala idea”. Y añadió: “Me alegra que el Gobierno por fin haya decidido darme la razón y ayudarme a proteger a los propietarios de tierras, los agricultores, las tierras y el agua”.

Pedido para difundir públicamente “la totalidad de las pruebas”

Sin embargo, Greg Lane, actual director ejecutivo del Consejo de Recursos de Queensland (QRC, por su sigla en inglés) se mostró decepcionado con la decisión del Gobierno de la primera ministra Annastacia Palaszczuk, tomada sin consulta. Lane declaró: “Este anuncio inesperado de otra prohibición contra un producto básico sin haber difundido las pruebas desencadenantes no hace más que perjudicar la confianza empresarial y las inversiones en este estado”.

“Hace tan solo tres años la evaluación de la Oficina del Director Científico confirmó la conclusión del Panel Científico Independiente emitida en 2012, según la cual ‘en principio, la gasificación subterránea de carbón podría llevarse a cabo de manera socialmente aceptable y ambientalmente segura en comparación con un amplio abanico de otras actividades actuales que utilizan recursos’”, dijo el director de QRC. Y concluyó: “Por lo tanto, el Consejo solicita al Gobierno que haga público el conjunto de pruebas que supuestamente tiene en su poder y que demuestran que los riesgos ambientales de los proyectos de UCG de cualquier tipo son muy altos”.

Compañía intervenida

Mientras tanto, el 15 de abril  fue intervenida la compañía de petróleo y gas Linc Energy, y se convocó a la consultora PPB Advisory para barajar distintas opciones junto con la gerencia de Linc, que incluyen una posible restructuración de la firma. En un comunicado dirigido al Mercado de Valores de Australia el mismo día, la compañía explicó que tras haber recibido asesoría legal y financiera y haber realizado una prospección comercial, la junta directiva decidió dar el paso. La compañía tomó la resolución un mes después de ser notificada que iría a juicio por cinco cargos relacionados con la violación de leyes ambientales de Queensland en su proyecto de UCG. El Departamento de Medioambiente del estado acusó a la compañía de daño intencional en su sitio piloto cercano a Chinchilla en Darling Downs.

El activista Hutton aseguró  que Linc Energy podría recibir multas de hasta 56 millones de dólares si se determina su culpabilidad. Sin embargo, aclaró que es probable que la compañía nunca las pague ya que la intervención es una maniobra legal común para evitar penalidades y costosos saneamientos.

Fuente: ABC Traducción: Nancy Viviana Piñeiro


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