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Preso por reclamar derechos

UN DIRIGENTE GUARANÍ ESTUVO DETENIDO DOCE DÍAS POR UN CONFLICTO DE TIERRAS

Una comunidad originaria de Salta denunció a un empresario por apropiarse de territorio guaraní y amedrentarlos de manera violenta. Como respuesta, la policía detuvo al líder, César Arias, y reprimió una protesta de los indígenas. Los tuits del empresario contra los DD.HH.

César Arias, dirigente de la comunidad guaraní Happo Pau, de la localidad de Embarcación.

Página 12

Nueve comunidades en conflicto


Colombia: Ataques sistemáticos contra organizaciones de Santander y Magdalena Medio

Enero 23 de 2017
Comunicado Público

Ataques sistemáticos y amenazas contra organizaciones ambientalistas y sindicales de Santander y el Magdalena Medio

Las organizaciones sociales y personas abajo firmantes expresamos nuestra preocupación por la situación de violencia que sufren ambientalistas y sindicalistas de la región del Magdalena Medio y del departamento de Santander que integran la Corporación Yariguíes, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) y el Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales de Magdalena Medio (GEAM). Desde hace varios meses, las organizaciones santandereanas están sufriendo de injurias, actos racistas y misóginos, difamaciones y amenazas por algunas personas.

Esta situación es supremamente preocupante, en particular por los niveles de violencia que están sufriendo los defensores sociales de Colombia. Informes de diversas organizaciones de derechos humanos internacionales advierten que Colombia es el segundo país del mundo con mayores atropellos contra los defensores de la vida.

Los hechos:

• Desde el mes de junio de 2016 el reconocido médico pediatra y ambientalista Yesid Blanco, integrante de la Corporación Yariguíes, ha sido víctima de constantes ataques virtuales desde perfiles falsos. El Dr. Blanco lleva varios años defendiendo la Ciénaga San Silvestre y demandando a las autoridades civiles y ambientales de Barrancabermeja y Santander el cierre definitivamente del basurero de Rediba ubicado en la Vereda Patio Bonito, del corregimiento de La Fortuna del Puerto Petrolero.

• Marquín Macías Matute, otro integrante de la Corporación Yariguíes y del sindicato Sinaltrainal, fue despedido de la empresa pública Aguas de Barrancabermeja, por defender y exigirle a la administración de esa empresa una calidad de agua óptima para el consumo humano de los barranqueños y denunciar los resultados de un estudio de calidad de agua elaborado por la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) sede de Bucaramanga, donde se evidencia los aumentos en los niveles de mercurio, metales pesados y fenoles en la Ciénaga San Silvestre. El despido se realizó desconociendo su fuero sindical.

• De acuerdo a denuncias del Grupo de Estudios Extractivos y Ambientales de Magdalena Medio (GEAM) y otras organizaciones sociales de la región, las amenazas e injurias tienen que ver por la gestión que se adelanta para constituir una veeduría ambiental que permita vigilar los recursos que se invertirán en la PTAR San Silvestre, el cual se adjudicó a un consorcio que lo integra una de las empresas del mismo dueño de Rediba, empresa que opera la recolección de las basuras en Barrancabermeja.

Tanto el GEAM como la Corporación Yariguíes son destacadas organizaciones ambientalistas que velan por la defensa de los derechos ambientales y de la naturaleza. En la región han evidenciado el confuso inicio del Proyecto de Navegabilidad del río Magdalena, en manos de la controvertida empresa brasileña ODEBRECHT, a través del consorcio NAVELENA y, han denunciado los desastres ambientales ocasionados en este proyecto por el Consorcio en mención. Igualmente han informado y junto con las comunidades del Magdalena Medio han resistido y defendido, de manera pacífica, el territorio de los trabajos que adelanta la petrolera canadiense PAREX Resources, que en los últimos tres años ha realizado negocios para operar varios campos y bloques petroleros en Barrancabermeja, San Vicente y el Carmen de Chucurí y municipios vecinos.

• El día 20 de diciembre de 2016, el individuo SERGIO AUGUSTO OVALLE PEREZ profirió una cadena de amenazas e injurias públicas, racistas y misóginas en contra de un miembro del Grupo de Estudios Ambientales del Magdalena Medio (GEAM). Estas amenazas fueron particularmente graves porque OVALLE PEREZ confesó públicamente estar obsesionado con el ambientalista objeto de sus hostigamientos y efectivamente lleva meses acosándolo por internet (Twitter y Facebook).

Las organizaciones ambientalistas han hecho uso de su derecho fundamental de acceder a la justicia y han denunciado las amenazas a que se han visto sometidas.

Hacemos un llamado

• A la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional para que se investiguen los hechos arriba mencionados y se castigue a los culpables. En particular, llamamos a que la oficina de delitos informáticos encuentre a las personas desconocidas que están haciendo uso de las redes sociales para intimidar, amenazar e intrigar contra los defensores ambientales

• A la Defensoría del Pueblo, al Ministerio del Interior y a la Consejería presidencial para los Derechos Humanos para que ofrezca garantías de protección a estos ciudadanos y sus organizaciones y se vele por la defensa del buen nombre de los ambientalistas de Santander.

• A las organizaciones sociales y ambientalistas nacionales e internacionales para brindar su solidaridad y estar atentos al curso de las investigaciones, exigiendo a las autoridades castigo a los culpables.

El Estado debe garantizar condiciones para los ejercicios de democratización ambiental que realizan organizaciones sociales en el país, los cuales son claves para la construcción de paz, la cual exige un alto nivel de participación ciudadana.

Suscriben: Firmas de organizaciones nacionales
Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia
Colectivo Informativo Susurro
Observatorio Estudiantil Universitario (DLOEA)
CORDATEC (Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas)
FUNTRAMIEXCO (Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos y Químicos, de las Industrias Extractivas, Transportadoras y similares)
CUT Magdalena Medio
SINEDIAN -Comité de Barrancabermeja y Junta Directiva Nacional-
Comité Ambiental en Defensa de la Vida de Ibagué
Equipo Jurídico Pueblos
Asociación Campesina de las Provincias de Santander
Sindicato Estudiantil (SIES)
Alternativa Popular
Corporación para los Derechos Humanos de Colombia (CORDHECO)
Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos Fundaexpresión – Floridablanca, Santander
Colectivo Soberania y Naturaleza Corporación Podion
Pensamiento y Acción Social – PAS
Culturagua Corporación COM-UNIDAD – Neiva Huila
Mujeres del Común, Betulia, Santander
Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí
Red por la Justicia Ambiental en Colombia
Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila – Medellín
Cinturón Occidental Ambiental – Suroeste antioqueño
Sinaltraconfa
ASDEMPT

Firma de organizaciones internacionales
OilWacht Latinoamérica
Observatorio Petrolero del Sur (OPSur) – Argentina
Redes – Uruguay
Cesta – El Salvador
Amigos de la Tierra – Argentina
Otros Mundos Chiapas – México

Firmas de personas naturales
Pablo Montoya Campuzano -Escritor, ganador del premio Rómulo Gallegos 2015
Tatiana Roa Avendaño, ambientalista, coordinadora Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia
Julio Fierro Morales -Grupo de investigación Terrae-
Rosario Rojas Robles, Profesora Asociada, Coordinadora Académica Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, Instituto de Estudios Ambientales
Juan Manuel Rengifo, geógrafo – UN, IDEA – OCA
Ignacio Landa, economista miembro de RIOS y del Consejo Editorial Revista Esbozos. Antioquia.
Pilar Trujillo Uribe, Ambientalista,Bogotá, Colombia
Nelly Otero Blum, artista y ambientalista, Villa de Leyva, Colombia
Rolando Botello, comunicador y ambientalista, Neiva, Huila Javier Márquez Valderrama, ambientalista, director de Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila


¿Dinero del ciudadano europeo en minas conflictivas en América Latina?

Hay empresas mineras que generan conflictos en América Latina. Hay bancos europeos que financian esas empresas. Sobre ello y el rol del ciudadano, DW conversó con los autores de un reciente estudio.

“Las minas son como castillos en el aire que se inflan con las inversiones. Y en muchos proyectos mineros conflictivos hay grandes bancos como BNP Paribas, ING, KBC y Deutsche Bank”, explica Frank Vanaerschot de la organización FairFin.

Ésta, junto con 11.11.11, Broederlijk Delen, CooperAcción y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), presentaron esta semana en Bruselas un estudio, no exhaustivo, de inversiones europeas en proyectos mineros conflictivos para las poblaciones y el medio ambiente en América Latina. Sobre todo en Perú y Chile, tercer y primer mayores productores de cobre en el mundo.

“La inversión es el enlace económico entre hoy y el futuro”, explica Vanaerschot a DW. “Queremos que la gente se dé cuenta que su dinero no está guardadito en sus cuentas bancarias, sino que se emplea para hacer negocios que atentan contra valores que ellos defienden en sus vidas propias. No se dan cuenta que su dinero está teniendo un impacto que no les gustaría ver cerca de ellos”, agrega.

Un ejemplo muy documentado

Los habitantes de la población peruana de Espinar, cerca de Cuzco, llevan en su organismo cadmio, plomo, mercurio, arsénico, bario, berilio, antimonio y manganeso en niveles muy superiores a los permitidos. La extracción de cobre de la aledaña mina Antapaccay sería el origen. Los campos y el ganado también están contaminados.

César Flores (CooperAcción), Felipe Grez (OLCA), Frank Vanaerschot (FairFin) presentando el informe en Bruselas.

César Flores (CooperAcción), Felipe Grez (OLCA), Frank Vanaerschot (FairFin) presentando el informe en Bruselas.

La mina pertenece desde el 2006 al grupo Glencore, que controla el 50 por ciento del mercado mundial del cobre. En esta empresa, en bolsa desde el 2011, invierten bancos europeos como BNP Paribas, el grupo ING y el Deutsche Bank.

Éste último, por ejemplo, se declara totalmente a favor de la defensa de los derechos humanos, del respeto a las comunidades y de la verificación de los riesgos ecológicos y sociales en los proyectos en los que invierte.

Glencore, por su parte, afirma respetar los principios del consentimiento libre previo e informado y los principios rectores de las empresas y derechos humanos de Naciones Unidas.

No obstante –y aunque hay un juicio en marcha desde que en 2012 las protestas de la población culminaran con cuatro muertos y muchos heridos–, ni el Estado ni la empresa toman medidas para asistir a la población. La banca tampoco.

Momento crucial

El momento es crucial para la minería en América Latina, un continente que ha visto multiplicarse por 60 esta actividad en los últimos 20 años y que tiene en su subsuelo el 44 por ciento de las reservas mundiales de cobre, 49 por ciento de plata, 65 por ciento de litio.

Sólo en cuanto al consumo del cobre, un estudio de la Universidad Libre de Berlín y Misereor prevé un aumento del 200 por ciento en los próximos 40 años. Esta organización ve también el riesgo de que se multipliquen por otro tanto los conflictos, que en la última década han sido 200 por mes en Perú. De ellos, el 62,7 por ciento están relacionados con la minería.

Mina en Perú.

Mina en Perú.

En un momento en que el respeto de las reglas tanto de la ONU como de la OCDE en cuanto a empresas y derechos humanos son más bien voluntarias, que el 14,9 por ciento del territorio peruano y el 41 por ciento del chileno esté concesionado preocupa. Tanto en el campo como en las ciudades, también crece la tensión por el impacto en el agua y en el cambio climático aumenta, también en las ciudades. “Las concesiones en Chile se entregan gratuitamente y a perpetuidad, sin evaluación ambiental previa”, puntualiza Felipe Grez, de OLCA.

“No es que estemos en contra de las empresas, pero no se puede permitir que en vez de desarrollo signifiquen conflictos, enfermedad y muerte. Aunque es verdad que nuestro propios gobiernos no controlan, la presión puede venir de las zonas donde se concentra el poder: Europa, Japón, Estados Unidos”, explica a DW César Flores, de CooperAcción, subrayando la esperanza de que “el control del ciudadano europeo a través de la banca lleve a las empresas a tener más cuidado en sus operaciones”.

DW


CEPPAS-GAJAT reclama cese de represión contra Pueblo Mapuche

El Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) por intermedio del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT) reclama el inmediato cese de la represión contra el Pueblo Mapuche.

​Frente a la gravedad de los hechos de represión estatal los días 10 y 11 de enero de 2017 impulsados por el gobierno nacional y provincial contra el Pueblo Mapuche en Cushamen, Provincia del Chubut, el CEPPAS-GAJAT requiere a las autoridades estatales el inmediato cese de la represión exhortando que se adopten medidas no-violentas y respetuosas de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas para resolver el conflicto territorial.

Hace años que desde el GAJAT venimos repudiando y denunciando que el abordaje represivo perseguido por la multinacional Edizione Holding, de capitales italianos, no es el ámbito donde dirimir el conflicto territorial iniciado por el estado argentino tras la campaña militar en el siglo XIX.

Hace más de 20 años, el Pueblo argentino se comprometió (1994 art. 75 inc. 17) constitucionalmente e internacionalmente (Pacto de San José; Convenio 169 de la OIT) a promover, respetar y garantizar la ocupación tradicional indígena cuya preexistencia reconoció como una de las formas de reparar históricamente el genocidio perpetrado contra el Pueblo Mapuche. En esta ocupación tradicional están teniendo lugar los hechos represivos, por lo que toda la legislación argentina inferior, inclusive la penal, debe aplicarse en forma consistente con las disposiciones superiores del derecho de los pueblos indígenas.

Una de las instituciones que vela por el respeto de los DDHH en la argentina, el Defensor del Pueblo de la Nación, ha dado inicio a una actuación oficial a fin de verificar en terreno los daños a las personas y bienes víctimas de la represión estatal. El CEPPAS-GAJAT saluda esta iniciativa e insta a los estados provincial y nacional a cooperar con este organismo constitucional en pos de instaurar un marco de diálogo democrático donde las partes puedan reencauzar el conflicto territorial por vías institucionales no violentas que observen los derechos humanos de los Pueblos indígenas.

Al respecto, el CEPPAS-GAJAT recuerda que el Relator de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (1) y la Comisión de Expertos en Aplicación de Tratados de la OIT (2) han requerido al estado argentino el respeto de la normativa internacional (arts. 13, 14, 16 y 18 del Convenio 169 y arts. 26 a 28 de la Declaración de la ONU sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas) y nacional que prohíbe los desalojos de Comunidades indígenas en todo el país desde el año 2006 (ley 26160) obligando relevar los territorios tradicionalmente ocupados por las comunidades indígenas.

Buenos Aires, 12 de enero 2017

Contacto:

Silvina Ramírez: (011) 15 3218 1131

1 ANAYA, James. (2012). Informe del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. La situación de los pueblos indígenas en Argentina. A/HRC/21/47/Add.2., 4 de julio de 2012, reflejó: “53. La grave inseguridad jurídica de tierras indígenas se ha reflejado en el alto número de desalojos de comunidades indígenas. La mayoría de estos desalojos han sido producto de órdenes judiciales de tribunales provinciales en donde se acusa a miembros de pueblos indígenas de usurpación de terrenos privados. En algunos casos, no hubo previo aviso a las comunidades afectadas, y los desalojos fueron dictaminados en procedimientos en que las comunidades no tuvieron la oportunidad de defensa. Existen casos en que los operativos de desalojo ocasionaron la destrucción de viviendas y propiedad, incluyendo animales de cría y cultivos, de miembros de pueblos indígenas. 54. Preocupa que la mayoría de estos desalojos hayan ocurrido después de la entrada en vigencia de la Ley 26160 de 2006.”

2 Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Informe III (Parte 1A) Informe General y observaciones referidas a ciertos países. P. 1029-1031


Vuelta del Río: sin orden judicial, volvieron a reprimir dejando heridos de bala

Vuelta del Río: sin orden judicial, volvieron a reprimir dejando heridos de balaPor Pablo Quintana (El Extremo Sur).

Tras el vehemente operativo llevado a cabo el martes –primero actuó Gendarmería Nacional y luego la División Montada de la Policía de Chubut–ayer continuaron los actos violentos, esta vez  encabezados por miembros del cuerpo de Infantería y sin orden judicial.

Como consecuencia hubo varios heridos, entre ellos dos de gravedad que fueron trasladados por un particular hasta el Hospital Rural de Lago Puelo y luego derivados al Hospital de El Bolsón. Emilio Jones Huala, hermano de lonko Facundo Jones Huala, sufrió la fractura del maxilar y tenía la cara destrozada por un balazo y Fausto Jones Huala hermano del líder mapuche fue derivado en estado grave al Hospital de San Carlos de Bariloche.

Desde algunos medios de comunicación se propagaron versiones sobre un presunto ataque a un móvil de infantería que patrullaba la zona. “Personal policial fue agredido por manifestantes de la Lof Cushamen, también cortaron neumáticos a patrulleros”, aseguró en redes sociales Radio 3 Cadena Patagonia.

Recién a las 23.50 de ayer desde la cuenta oficial de la Jefatura de la Policía de Chubut en twitter se informaba: “Personal de Infantería Rawson a cargo del Oficial Principal Zolorza fue agredido con piedras cuando transitaba por Ruta 40”.

Posteriormente se conocieron detalles de una refriega que terminó con varios heridos y dos personas derivadas a centros sanitarios por las heridas recibidas. Los hechos se suscitaron cuando todavía se analiza la persecución del día anterior, a la que fueron sometidos quienes intentaban arrear los animales que habían sido quitados del territorio recuperado.

Una camioneta con caja quedó literalmente agujereada por los balazos, tras escapar de un rodado sin patente ni identificación al que posteriormente se habría sumado un móvil policial. Los integrantes del vehículo que huían rumbo a El Maitén salvaron sus vidas de milagro, dicen los testigos.

Estos sucesos se dieron en el marco del allanamiento que ordenó el martes el juez provincial José Oscar Colabelli por la denuncia de abigeato. Se presume que hoy habría una audiencia por el control de detención al que fueron sometidos siete personas tras esos episodios.

No a la excarcelación

La jornada tenía reservada más sorpresas. El juez federal Guido Otranto rechazó los pedidos de excarcelación de las tres personas detenidas en el violento procedimiento en el que Gendarmería Nacional desplegó una fuerza descomunal para un minúsculo grupo de aborígenes que estaban en el territorio.

El juez sostiene que “los imputados fueron detenidos mientras resistían violentamente un procedimiento judicial, actuando encapuchados y arrojando piedras de considerables dimensiones contra el personal interviniente, junto a varios individuos que actuaban de la misma manera y finalmente lograron darse a la fuga, tal como ellos intentaban hacer cuando fueron aprehendidos. Como resultado de esto, resultaron lesionadas tres mujeres y dos hombres de la dotación que Gendarmería Nacional Argentina destinó para cumplir con el operativo”.

La resolución fue dada a conocer a la prensa poco después de las 22 de ayer, en medio de las informaciones que daban cuenta del nuevo episodio de violencia protagonizaba por el Regimiento de Infantería de Chubut en Vuelta del Río.

Resultó llamativo que el anuncio sobre la resolución del magistrado fuera dado a conocer después que el propio gobernador Mario Das Neves adelantara en el marco de una conferencia de prensa en Comodoro Rivadavia: “a mí me preocupa lo de Esquel, recién el propio juez federal Otranto dictó la prisión preventiva a tres (personas), porque hay una mujer gendarme que está grave porque le dieron un piedrazo en el cráneo”.

Los tres imputados son Nicolás Daniel Hernández Huala, Ariel Mariotta Garzi y Ricardo Antigual. Fueron indagados en la sede del Juzgado Federal de Esquel pasado el mediodía y continúan alojados en carácter de comunicados en la Unidad Nº 14 del Servicio Penitenciario Federal. Otranto les imputa la comisión de los delitos de impedir la circulación del transporte ferroviario, resistencia a la autoridad, lesiones y daño agravado.

Leña al fuego

Desde Comodoro Rivadavia, Das Neves aprovechó los micrófonos para hacer referencia a los conflictivos hechos que se suscitaron en la región cordillerana. “Hace un tiempo en Chubut hay un grupo de violentos que no respetan las leyes, la Patria, ni la bandera y agreden permanentemente a cualquiera”, disparó.

Anticipándose a la medida que tomaría el juez –difundida formalmente ya en horas nocturnas de ayer– Das Neves hizo referencia a Otranto: “ahora se retractó”, sostuvo.

El gobernador volvió a señalar erróneamente que el magistrado federal dejó libres a “algunos que tenían en Chile antecedentes de homicidio” y “actos de todo tipo” en Argentina, enclara alusión al lonko Facundo Jones Huala, sobre quien no pesa ningún pedido de captura por homicidio y cuyo pedido de extradición se desestimó al quedar en evidencia las torturas que recibió el principal testigo por parte de la policía del Chubut.

“Ayer (por el martes) mandó a reprimir (el juez), no mandamos a reprimir nosotros”, dijo Das Neves. Sin embargo, soslayó la actuación gravísima que tuvo la policía de Chubut en las actuaciones por la denuncia de abigeato, y que forman parte de la investigación que podría develarse en medio de las audiencias tras el control de detención que se lleve a cabo en esta jornada.

El discurso del primer mandatario provincial fue la antesala del accionar desproporcionado que ayer por la tarde tuvieron los integrantes de Infantería.

“Los señores se adueñan de un recurso turístico fantástico que tiene Esquel, que es La Trochita, ayer querían sacar los rieles” teorizó, tras lo cual instó a que “paremos la mano con esto, el repudio tiene que ser generalizado, ¿o quieren vivir en una sociedad violenta? Eso no lo podemos permitir”.

Das Neves sostiene que quienes protagonizan el reclamo territorial en disputa con los Benetton están “financiados” para generar problemas en Chubut, y aseguró que “en esto voy a hacer duro hasta las últimas consecuencias, para que se cumpla con las leyes y la gente viva bien y tranquila”. A la tarde, Infantería avanzaría a los escopetazos entre quienes estaban en Vuelta del Río.

En defensa de su política en materia de pueblos originarios, Das Neves desafió a que,“vean las listas de viviendas, cuántos apellidos de origen mapuche y tehuelche hay en cada lista, nosotros los atendemos”.

Otro Hábeas Corpus

Al cierre de esta edición, los defensores oficiales Gerardo Tambussi, Fernando Radziwilowski, Bruno Deias, Marcos Ponce y los representantes de la APDH RaúlPitrula y Carlos González Quintana junto a Elisa Oses de la comunidad Las Huaitekas y Soraya Guitart del lof en Resistencia del Departamento Cushamenpresentaron un hábeas corpus de “pronto preferente despacho” por los graves acontecimientos que ocurrieron en Vuelta del Río.

Resultó curioso que el juez de turno José Oscar Colabelli no asistiera a la audiencia que se solicitó para resolver de manera urgente una resolución en torno a lo que se denunciaba. En su lugar, el hábeas corpus fue recibido por la subdirectora de la Oficina Judicial, Gabriela Duva.

Desde la APDH se requirió a fiscalía que se investiguen las actuaciones de la policía. Todas las miradas están puestas ahora en el flamante jefe de la Unidad Regional Esquel, Comisario Mayor Paulo Heredia.

“(La recuperación territorial) es nuestro legítimo derecho y no por una especulación inmobiliaria y mucho menos por adueñarnos de la tierra, sino para seguir defendiendo el territorio. No se cómo siguen estos pasos legales, si sé cómo seguimos nosotros: resistiendo, recibiendo balas”, dijo Guitart.

El abogado González Quintana fue más elocuente: “De las diez personas imputadas tras el procedimiento de ayer, el 70% registra lesiones, algunas de ellas de gravedad, tras sufrir la aplicación del aparato represivo del Estado. Esta situación evidencia el uso desproporcionado de la fuerza pública por estos días en Chubut”.


El gran pacto: diálogo de la imposición

Tras declarar el 2017 como el año de las energías renovables, el presidente Mauricio Macri anunció en los primeros días de enero que, teniendo como meta de largo plazo exportar masivamente y traccionar la industria nacional, se llegó a un acuerdo macro para la explotación de Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales. El objetivo es brindar mayores condiciones de ‘competitividad’ al elefante dormido, gravemente afectado por la caída de los precios internacionales. El anuncio público puso el moño a meses de negociaciones y modificaciones subterráneas donde, a la par de reducir costos laborales específicos para este tipo de proyectos, se incrementó la desregulación y la autonomía empresarial. Tanto los medios como los fines, como se detalla a continuación, comprenden un abordaje neoliberal y mercantil de la energía. En beneficio de unos pocos, se traslada el peso y costos a la mayoría de la sociedad y la naturaleza, como ya viene ocurriendo tanto con las áreas explotadas como con el tarifazo.

Foto: Río Negro

“[Las campañas del ministro Aranguren] buscan decirles a todos: cuidemos, seamos solidarios, estemos juntos en esto, porque necesitamos realmente volver a darle el valor que tiene la energía en una sociedad y en el planeta.” Mauricio Macri, 10/01/2017

El primer acto público de Mauricio Macri al volver de vacaciones fue el postergado anuncio de un gran acuerdo de gobernabilidad para convertir, una vez más, a Vaca Muerta y otros no convencionales en un polo de exportación. En un proceso de “diálogo” y “construcción de equipo”, los actores citados (Nación, provincias, trabajadores, empresas) lograron un acuerdo que, en palabras de Macri, permitirá abastecer “al mundo” de energía, asentándose en una “revolución del empleo” donde habrá “decenas de miles y miles de familias que se van a mudar a la zona de desarrollo”. Todas las partes asumieron compromisos en pos de “generar confianza” y brindar garantías y “certidumbre a los inversores”. Para los “consumidores”, el presidente reclamó ahorrar “la mayor cantidad de energía posible porque es escasa, cara y contamina”. Aseguró que “tenemos que privilegiar usarla para desarrollarnos y minimizar nuestro consumo personal”. El hito “histórico” pretende ser un “punto de solución” al “quiebre de reglas, la no inversión, el derroche, la corrupción” y otras “vivezas criollas” del pasado.

Tales resultados no se plasman en un solo acuerdo, sino en una constelación de modificaciones que, a modo de lectura propia, hemos sistematizado en este documento.

Energía como derecho, planificación democrática para el bien común

Como organizaciones, manifestamos nuestro profundo rechazo al conjunto de medidas impulsadas para explotar Vaca Muerta y otros yacimientos no convencionales, y alertamos de las graves consecuencias que podría acarrear acentuar la escala e intensidad del megaproyecto, donde no se toman en cuenta los crecientes costos y baja productividad de los no convencionales ni el contexto de crisis climática acuciante.

En primer lugar, manifestamos que las medidas vertidas implican un mayor autogobierno y autonomía por parte de los ámbitos estatales y privados,  que reduce la capacidad y acceso a la toma de decisiones y planificación de la vida por parte del conjunto de la sociedad.  Los nuevos acuerdos firmados no han sido divulgados abiertamente y tenemos como alerta el éxito parcial obtenido en el acceso al contrato entre YPF y Chevron y los resultados encontrados. El llamado “proceso de diálogo” se centró en una cooperación y negociación a puerta cerrada de algunos actores, olvidando que, por las implicancias del megaproyecto, millones de personas estamos siendo afectadas.

Es así que, como segundo punto, tales medidas no han sido consultadas a las organizaciones sociales, las indígenas, las ambientales, otros sectores sindicales y la ciudadanía en general, que también tendrían mucho que decir de Vaca Muerta y otras formaciones no convencionales, incluído el creciente veto al desarrollo mismo. Cuando se elige este último camino, la respuesta muchas veces es la violencia institucional, represión de la protesta y judicialización de quienes se manifiestan.

Si bien se han perforado poco más de mil pozos de la decena de miles proyectadas, el camino emprendido por este tipo de iniciativas nos ha dejado un tendal de degradación ambiental en amplias zonas y ha generado daños concretos tanto en el presente como pasivos y reducción de caminos alternativos a futuro. Advertimos también sobre la flexibilización laboral y al enorme riesgo al que se somete a los trabajadores, primera línea de fuego de exposición a la fractura hidráulica y otras instancias de la cadena productiva, como la extracción misma de arenas. No nos cansaremos de decirlo: el fracking daña la reproducción misma de la vida y no existe un mecanismo que permita balancear los beneficios y costos que implica sobre el conjunto de la sociedad. A esta conclusión han llegado numerosas instituciones públicas y países, por lo que las acciones anunciadas por el ejecutivo no pueden pretender omisión.

En tercer lugar, en cuanto a usuarios y usuarias, (más que “consumidores”), la decisión de aumentar sideralmente las tarifas para garantizar pisos de rentabilidad y dar señales de precio atenta contra el acceso y ejercicio de derechos, donde se incluye la energía como elemento central. Pedir el ahorro en función de expandir la capacidad productiva no es “cuidar el planeta”, sino transferir el costo de acumulación del capital de un sector a otro. En un escenario de ajuste, las ingentes masas de subsidios públicos a las petroleras se incrementan, al tiempo que nuestras tarifas de servicios públicos se dolarizan y se atan a las variables más onerosas, conjunto de medidas que responden a políticas de manual de corte neoliberal. En la misma línea, es preocupante que se anuncien, una vez más, obras de infraestructura específicas financiadas por el ámbito público. Tales resultados se reflejarán como mayor eficiencia en los balances contables de las empresas antes que en la mejora concreta a la población en general.

En cuarto lugar, como detallamos abajo, la creación de consensos rápidos en torno a propuestas mesiánicas obedece a intereses particulares específicos, y no pueden ser extrapolables al conjunto de la sociedad como dice el presidente. A nuestro entender, la creciente fijación de inversión pública en proyectos hidrocarburíferos, la degradación ambiental inherente, el daño social y sanitario, la capacitación de trabajadores en la industria y otro sinnúmero de decisiones que apuntan a reforzar el poder de fuego extorsivo de las empresas, más que abrir espacios de posibilidad para la surgencia de bien común.

Por último, queremos resaltar que este tipo de ecuaciones y estrategias encuentran también eco en otras latitudes del continente. En México, revueltas populares con decenas de personas detenidas están buscando frenar el aumento del llamado ‘gasolinazo’. La lógica aplicada (dar señal de precios para estimular inversión extranjera) como medio para ‘liberar’ la energía en 2018, son puntos desprendidos de la Reforma Energética, proceso de cuña neoliberal que comprendió en parte una privatización de Pemex. Dentro del mismo, el peso de los subsidios a petroleras se pasa del Estado a quienes usan y consumen energía. Como aquí, la pregunta se limita a quién paga y no el por qué y para qué se paga a las petroleras y energéticas.

En suma, creemos que “volver a darle el valor que tiene la energía en una sociedad y en el planeta” es crear cambios estratégicos que logren transiciones productivas y energéticas, políticas que busquen una sociedad pospetrolera sobre la base de la justicia socioambiental y energética. Sin estos cambios, estaremos reeditando y acentuando los viejos problemas de desigualdad, explotación y degradación ambiental.

Taller Ecologista y Observatorio Petrolero Sur, en EJES (Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental) – 10/01/2017

Vaca Muerta


Larga vida a Acción Ecológica!

Larga vida a Acción Ecológica! Solidaridad con todas las y los Defensoras de la Naturaleza!

Ante el incio del proceso de disolución de Acción Ecológica impulsado por el Gobierno de Ecuador y el fuerte proceso de criminalización de las y los defensores de la Naturaleza desde Oilwatch Latinoamérica decimos:

Es una triste y alarmante paradoja que un gobierno surgido del proceso político y social que permitió, que por primera vez en el mundo se reconozcan los Derechos de la Naturaleza, sea el que insista en poner fin a la vida de una organización señera en la lucha por ese reconocimiento. Y decimos que insista, porque es el segundo intento de acabar con Acción Ecológica a lo largo de los últimos años.

Es una triste y alarmante paradoja que un gobierno que se dice heredero de las luchas populares y emancipadoras de Nuestramérica insista en poner fin a la vida de una organización que con su esfuerzo y reflexión permanente, poniendo el cuerpo, ha nutrido no sólo al Ecuador y Latinoamérica con su crítica al extractivismo. Acción Ecológica es puntal fundamental de una corriente de pensamiento profundamente emancipador, porque justamente, ese es el espíritu de la lucha por una sociedad post extractivista.

Es una triste y alarmante paradoja que el gobierno del país donde la lucha de los pueblos puso ante los ojos del mundo los estragos cometidos por las empresas petroleras, poniendo como ejemplo, el caso de Chevron Texaco en la Amazonía, y planteó la alternativa revolucionaria de mantener el crudo en el subsuelo, para salvar el Yasuní; insista en poner fin a la vida de Acción Ecológica.

Es una triste y alarmante paradoja que el gobierno que hizo propia la denuncia contra Chevron Texaco y la llevó a los foros internacionales, criminalice a quienes defienden sus territorios, como en Morona Santiago, en Pastaza, en Zamora Chinchipe, en Orellana, en Imbabura… para que no se conviertan en las tierras arrasadas del futuro.

Es una triste y alarmante paradoja que esto suceda, pero desde la fuerzas que nos dan las luchas cotidianas en cada rincón de Nuestramérica para construir una sociedad post-extractivista, le recordamos a las autoridades de Ecuador que no hay procedimiento administrativo que pueda frenar ni borrar 30 años de lucha por los Derechos de la Naturaleza y la construcción de una sociedad pospetrolera. Eso lo decimos con total certeza y convicción, porque nuestra red Oilwatch y nuestras organizaciones en Latinoamérica, África y Asia son frutos que se nutrieron con la savia de Acción Ecológica.

Larga vida a Acción Ecológica! Solidaridad con el Pueblo Shuar y todas las y los Defensores de la Naturaleza!   Oilwatch Secretaría Latinoamérica Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016


Argentina extractiva: el cambio era la profundización

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Por Darío Aranda*.

El primer año del nuevo gobierno mostró continuidad y profundización del modelo extractivo. Beneficios para el agronegocios y la megaminería. Desfinanciamiento, vulneración de derecho y criminalización para campesinos, indígenas y asambleas socioambientales.

Pergamino. Corazón de la pampa húmeda, las mejores tierras de Argentina. El presidente Mauricio Macri viajó junto a su gabinete y anunció el quite total a las retenciones (impuesto a las exportaciones) agropecuarias y rebaja de cinco puntos para la soja. San Juan, provincia cordillerana. El Presidente anunció el quite total a las retenciones a la megaminería (que eran de entre 5 y 10 por ciento). Las dos medidas fueron tomadas en el primero mes de gobierno.

Macri, que llegó al gobierno con las promesas de “cambio”, mostró continuidad y profundización en las políticas extractivas.

Agronegocios

Al frente del Ministerio de Agricultura nombró a Ricardo Buryaile, propietario de estancias en Formosa, ex vicepresidente de CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), una de las entidades  productoras de soja. Su primera medida fue rebautizar el ministerio: pasó a llamarse de Agroindustria. También nombró a Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete (de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola -Aacrea-), Néstor Roulet como secretario de Valor Agregado (de CRA), Ricardo Negri como secretario de Agricultura (Aacrea -asociación de empresarios del agro-), Beatriz “Pilu” Giraudo en la flamante Coordinación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable (presidenta de la poderosa Asociación de Productores de Siembra Directa -Aapresid-).

Aacrea y Aapresid son engranaje fundamental del agronegocios, empresarios mentores ideológicos y de lobby transgénico. Nunca sus cúpulas habían formado parte del Gobierno.

A cinco días días de asumir la presidencia, Macri viajó a Pergamino y anunció el quite de retenciones para los productos agropecuarios. Un medida de 10.000 millones de pesos, según el gobierno. Sin embargo, desde el diario económico El Cronista estimaron, en base a la devaluación, un cifra distinta: 60.000 millones de pesos.

En un cambio con el gobierno kirchnerista (que estuvo enfrentado con sectores del campo, desde 2008), el macrismo estableció alianzas y amplió los beneficios para el agronegocio, que en Argentina toma forma de transgénicos (soja, maíz, algodón), uso masivo de agroquímicos y concentración de tierras en pocas manos.

Una muestra en ese sentido fue el envío de un proyecto para nueva ley de semillas. El sector empresario exige desde hace una década una nueva legislación, que limite el “uso propio” (práctica tan ancestral como la agricultura, que implica cosechar, guardar parte de esas semillas y volver a sembrar).

En 2012 el gobierno de Cristina Fernández intentó, en acuerdo con Monsanto, modificar la ley, pero tuvo resistencias incluso dentro del Frente para la Victoria (FPV) y no pudo tratarla en el Congreso Nacional.

En abril pasado, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro Buryaile. Reclamó el cobro de regalías extendidas  (no quieren sólo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas). Brett Begemann destacó que “fue una buena reunión, porque tenemos una visión común sobre el valor de las tecnologías, y tuvimos la oportunidad de compartir la necesidad de contar con un sistema confiable para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el cobro de regalías por cada uso de semillas con tecnologías patentadas”.

El 14 de octubre, el Ministerio de Agroindustria anunció: “El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso”. Afirmó que se busca “garantizar la investigación, tecnología y productividad”. El Ministerio remarcó que “desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas”.

No fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo ni de consumidores.

En el Congreso Nacional no se logró acuerdo para su tratamiento. Incluso organizaciones del agronegocios (como CRA y Sociedad Rural Argentina) rechazaron que las grandes semilleras quieran cobrar las regalías extendidas.

Se conformó la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. Se trata de medio centenar de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y académicas que cuestiona que el proyecto enviado por el Ministerio de Agroindustria “es producto de las negociaciones entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores”.

En 2003, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, la superficie con soja era de 12 millones de hectáreas. En 2015 fue de 20 millones, un crecimiento geométrico. La estimación oficial para 2017 marca un aumento a 20,6 millones. El maíz pasó de tres millones de hectáreas (2003) a 6,9 millones (2015). Para 2017 se aumentará a 7,3 millones. El trigo pasó de  6,3 millones en 2003 a (sojización mediante) 4,4 en 2015. Las proyecciones para 2017 es aumentar a 5 millones. En todos los casos hay uso masivo de agroquímicos y el aumento de la superficie (“corrimiento de la frontera agropecuaria”) implica avance sobre campesinos, indígenas y desmontes masivos (en Argentina se desforestan un promedio de 32 hectáreas por hora).

Campesinos

En la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF –área dedicada a la agricultura campesina e indígena–) fue nombrado Oscar Alloatti. Despidió 250 trabajadores en diez meses y realizó (bajo la órbita del ministro Buryaile) un ajuste económico que dejó el área sin financiamiento. Renunció en octubre. Y el área aún sigue acéfala.

“Hemos vivido un año durísimo y muy negativo por el embate continuo del sector empresarial hacia nuestros territorios, con mucha violencia e impunidad, notando mayor intensidad que años anteriores. Se nota el gran envalentonamiento a raíz del gran apoyo que sintieron del actual gobierno nacional, que ha respaldado al agronegonegocio y a la megaminería en desmedro del sector campesino-indígena”, afirmó Roger Almaraz, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).

Ciencia

El Gobierno confirmó en sus cargos al ministro de Ciencia, Lino Barañao, y al director de Biotecnología, Martín Lema, hombre clave en la aprobación de transgénicos en el país. Barañao es reconocido promotor y aliados de las empresas de transgénicos y agroquímicos. Llegó a afirmar que el “el glifosato es como agua con sal” y, otra de sus máxima en defensa del herbicida, fue en diciembre pasado: “De acuerdo con el prospecto de los plaguicidas, no hay peligro”.

Lema está al frente de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio fundamental para autorizar las nuevas semillas transgénicas (en base a estudios de las propias empresas). En 2016 aprobaron seis transgénicos de soja y maíz. Las empresas beneficiadas fueron Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto.

Minería

Por decreto número 160/2015, el 21 de diciembre de 2015 el Presidente eliminó las retenciones a las exportaciones mineras. El diputado nacional del Pro Eduardo Cáceres, vicepresidente de la Comisión de Minería de Cámara de Diputados, había adelantado la medida luego de una reunión con el ministro de Energía, Juan José Aranguren (ex CEO de Shell): “Esto le abre la puerta de par en par a las inversiones mineras”. Y aclaró que entre los proyectos en carpeta sobresalen Agua Rica (Catamarca) y Potasio Río Colorado (Mendoza).

Pero el mayor exponente público de la minería no provino del Ministerio de Energía (donde depende la actividad). “La minería es una actividad productiva que el gobierno nacional apoya y desarrolla. Las  posiciones extremas terminan politizando y desprestigiando actividades productivas que, cuando se hacen seriamente, traen bienestar para la comunidad”, señaló el ministro de Ambiente, Sergio Bergman.

Durante todo el primer semestre el Ministro de Ambiente visitó ciudades claves en el rechazo a la megaminería: Chubut (Esquel, Trelew, Rawson, Pirámides), Catamarca (Andalgalá), San Juan (Jáchal) y La Rioja (Famatina y Chilecito).

En todas las provincias Bergman repitió el mismo libreto. Propuso “debates serios, diálogo” sobre minería y señaló que el problema era la “falta de controles”. Rosario Carranza, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá, explicitó cómo se define a Bergman en las asambleas socioambientales: “Es un lobbista de las mineras”.

En 2003, cuando el kirchnerismo llegó al poder, había en Argentina 40 proyectos mineros en estudio. En 2015, antes de dejar el gobierno, el ministro de Infraestructura, Julio De Vido, celebró que existían 800 proyectos en estudio.

El nuevo Gobierno mantiene la misma línea e impulsa la puesta en marcha de una decena de proyectos mineros. De extracción de litio en Jujuy y Salta, Pascua Lama (San Juan), San Jorge y Potasio Río Colorado (Mendoza), Suyai y Navidad (Chubut), Agua Rica y Filo Colorado (Catamarca), entre otros. En todos los casos, existen rechazos de las comunidades locales.

“La política extractiva se mantiene. La minería es política de Estado. Los funcionarios siguen jugando para las mineras”, resume Aldo Flores, de la Asamblea El Algarrobo de Andalgalá. Hace veinte años que allí está instalada Minera Alumbrera y no ha cumplido con ninguna de las promesas (trabajo, desarrollo local, cuidado del ambiente). La población no quiere más minería y rechaza un nuevo proyecto (llamado Agua Rica), tres veces más grande que Alumbrera y a sólo 17 kilómetros de la ciudad, donde nacen las fuentes de agua.

En 2010 cerraron el paso a los camiones de Agua Rica. Una feroz represión cayó sobre los habitantes de Andalgalá y sobrevino una pueblada. Luego un juez local suspendió el proyecto minero y la causa escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (con dos acampes de los asambleístas en Buenos Aires, para que los jueces no duerman la causa). En septiembre pasado, el Concejo Deliberante de Andalgalá prohibió la megaminería en la localidad.

“Las mineras ahora tienen perfil bajo acá, saben que no son queridas, pero aparecen los políticos y dan la cara por ellos, son títeres adictos a la corrupción que les proponen las mineras. Ahí anda la gobernadora (Lucía Corpacci) diciendo que Agua Rica se hará sí o sí”, cuestiona Flores, pero antes de terminar la llamada avisa: “Acá estamos decididos a defender el territorio. Nos van a reprimir, lo sabemos, pero no van a pasar”.

En Esquel, lugar emblemático donde en 2003 el 80 por ciento de la población votó en contra de la actividad, y aún se mantiene en lucha. Corina Milán es parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Esquel y de la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, no tiene dudas del accionar del gobierno nacional en su primer año: “Muy negativa”. Cuestionó la quita a las retenciones y destacó el “cambio de estrategia” al enviar al ministro de Ambiente, Bergman, “que repite slogans coucheados por publicistas, tratando de plantear que ‘la minería es una actividad productiva'”. Recordó que en Esquel llegó a reconocer que su objetivo era “sacarlos de la calle (a las asambleas)”.

También cuestionó que el Gobierno incluyó en el presupuesto 2017 la construcción de una planta de uranio en Chubut, sin tener en cuenta que está vigente la ley 5001 que prohíbe esa actividad.

Pasteras

Una lucha socioambiental que marcó la última década se dio en la ciudad de Gualeguaychú (Entre Ríos) y motivó un conflicto binacional. En febrero de 2005, el gobierno uruguayo autorizó  la construcción de una planta de celulosa de la empresa finlandesa Botnia (luego UPM) en el margen del río compartido con Argentina. La población entrerriana rechazó el emprendimiento, con numerosas pruebas de la contaminación de ese tipo de plantas. En enero de 2006, miles de entrerrianos desbordaron el puente General San Martín (que une los dos países). La marea de gente sorprendió a los propios vecinos de la tranquila Gualeguaychú. El “conflicto por las papeleras” encontró su punto alto en la agenda nacional y la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú comenzó un corte en el puente.

El presidente Néstor Kirchner visitó Gualeguaychú el 5 de mayo de 2006. En el escenario del Corsódromo, ante unas 35.000 personas, el Presidente prometió: “Es una cuestión ambiental que atañe a todo el país”. Cuestionó a los países de primer mundo por trasladar sus industrias contaminantes: “No pueden traernos como solución a la pobreza la creación de puestos de trabajo a costa de nuestra degradación ambiental”.

El Gobierno fue tomando distancia del reclamo y pactó “controles” conjuntos con Uruguay. La Asamblea de Gualeguaychú cuestionó al Ejecutivo Nacional (primero a Néstor Kirchner, luego a Cristina Fernández) por haber negociado con Uruguay y los acusaron de darle la espalda a los entrerrianos.

En diciembre de 2011, la Asamblea de Gualeguaychú emitió el comunicado “1500 días de Botnia”. El subtítulo fue “con las emisiones tóxicas, se va confirmando lo anunciado”. Puntualizó doce ítems de contaminación, derrames, dioxinas, vertidos al Río Uruguay, emisiones de gas sulfhídrico, daños en flora y aumento de la temperatura de los efluentes, entre otros.

La última escalada gubernamental fue en 2013, cuando Uruguay autorizó a UPM-Botnia a aumentar la producción a 1,2 millones de toneladas anuales (cien mil toneladas más de pasta de celulosa al año). Argentina retrucó el mismo día. El canciller Héctor Timerman hizo público el informe de científicos que confirmaba la contaminación de la pastera en el Río Uruguay. Altas temperaturas de efluentes, exceso de fósforo en el agua (36 veces más de lo permitido), pesticidas, cromo y fenoles (400 por ciento más de lo establecido por ley). El estudio era responsabilidad de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), integrada por uruguayos y argentinos.

Con seis años de funcionamiento, el Gobierno aseguró que la pastera contaminó con fenoles, fósforo, níquel y cromo. Y precisó que volcó por día 61 millones de litros de efluentes que superan en un 60 por ciento la temperatura permitida (32 grados sobre los 20 grados del río). Y recordó lo insólito de la manera de controlar a Botnia: las autoridades deben avisar a la empresa y, recién diez días después, los científicos podían visitar la planta.

La asamblea de Gualeguaychú apuntó contra ambos gobiernos y UPM-Botnia. Cuestionó que se hayan ocultado durante cuatro años los estudios que confirman la contaminación.

El 6 de enero de 2016, Macri se reunió con su par uruguayo, Tabaré Vázquez y le propuso “dar vuelta la página” en el conflicto por las pasteras. Acordaron un “monitoreo medioambiental de ríos y espacios comunes”. Vázquez anunció “la creación de un laboratorio de última generación de control medioambiental”.

En julio, el presidente de Uruguay Tabaré Vázquez anunció la instalación de una nueva planta de pasta de celulosa en la zona del río Uruguay. Y en noviembre se dio a conocer un informe conjunto, entre Uruguay y Argentina (de la Comisión Administradora del Río Uruguay –CARU–) que confirma que Botnia-UPM contamina pero también señala que “Gualeguaychú contamina más”. Así lo divulgó el discurso oficial (de ambos gobiernos) y así lo replicaron los grandes medios de comunicación de Buenos Aires.

Horacio Melo, ex delegado argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (entre 2005 y 2016), rechazó el informe por “inconsistente”. Explicó que el trabajo difundido “hizo “desaparecer el 90 por ciento de las exigencias” vigentes en materia de control ambiental y denunció que ambos gobiernos “utilizaron normas uruguayas dictadas exclusivamente para la empresa UPM-Botnia”.

Gustavo Rivollier, de la Asamblea de Gualeguaychú, anunció que la población está de pie para rechazar la nueva planta de celulosa y cuestionó el informe sobre contaminación: “La pulseada la ganó UPM (Botnia), qué a través de la delegación uruguaya impuso los parámetros más laxos, obviando las reglamentaciones impuestas por el Tratado del Río Uruguay, y asegurándose así un resultado fácil de dibujar por la prensa adicta, que sin ningún pudor pregonó ‘UPM no contamina’”.

Denunció que la delegación del gobierno argentina (en la CARU) prestó acuerdo para archivar decenas de denuncias sobre emanaciones gaseosas contaminantes por parte de UPM,  que se tramitaron a través de la Comisión. “Desde Uruguay se insiste con anuncios en continuar el modelo extractivo con nuevas plantas celulósicas, y desde el gobierno argentino lo miran hasta con cierta envidia. La depredación nunca cesó, pero hoy muestra los dientes por la calle sin ninguna vergüenza”, afirmó Rivollier.

Criminalización

Corina Milán, de la Asamblea de Esquel, destacó la preocupación por “el escenario de criminalización de la protesta social que se está planteando y que debe ser leído en sintonía con la avanzada extractivista que se promueve”.

En el mismo sentido, un centenar de organizaciones de derechos humanos y de pueblos indígenas emitió un comunicado conjunto en noviembre. “La lucha indígena no es delito. Estigmatización y persecución al pueblo mapuche”, es el título del documento emitido por Amnistía Internacional, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y organizaciones pueblos originarios.

Es una respuesta al Ministerio de Seguridad de la Nación, que en su informe de gestión acusó a los pueblos indígenas de la Patagonia de delitos federales y los responsabiliza de hechos delictivos (sin aportar pruebas).

“Manifestamos profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos del pueblo mapuche. El ministerio de Seguridad coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches como amenazas para la seguridad social”, denunció el comunicado de los organismos de derechos humanos. También denunciaron la situación en la formación petrolera Vaca Muerta (provincia de Neuquén), una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencional del mundo. “El Estado privilegia los intereses de las petroleras y criminaliza al pueblo mapuche”, cuestionan Amnistía Internacional, APDH, la Confederación Mapuche de Neuquén y el Parlamento Mapuche de Río Negro, entre otras organizaciones.

El gobierno nacional había acusado a los mapuches de “armar comunidades indígenas y tomar tierras en zonas petroleras”. El ministerio de Seguridad hizo propio el discurso de las empresas petroleras, que argumentan la “usurpación” que realizarían comunidades indígenas sobre campos de hidrocarburos.

“El pueblo mapuche es preexistente a la conformación de los Estados, de acuerdo a lo reconocido por la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17). Son las petroleras, mineras y grandes estancias las que se han instalado, muchas veces por la fuerza, en territorios comunitarios, profundizando el despojo”, denuncian las organizaciones de derechos humanos y pueblos originarios.

Luchas

La comunidad mapuche Campo Maripe lleva seis meses de bloqueo a YPF-Chevron en Vaca Muerta. En un contexto de criminalización (e invisibilización) exigen el cumplimiento de los derechos indígenas (consulta previa y consentimiento libre, previo e informado). El gobierno impulsa la llegada de nuevas empresas, donde viven más de veinte comunidades mapuches. Anuncio de mayor conflictividad para 2017.

Entre el 8 y el 11 de diciembre se realizó en La Rioja el 27 Encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio que reúne a organizaciones de todos el país que luchan contra el extractivismo (muchas vinculadas a la megaminería, pero también contra el agronegocios, pasteras y contaminación urbana). “En el mundo se consolidan gobiernos de derecha que ya no ocultan la decisión de destruir y saquear nuestros bienes comunes como países periféricos, pero al mismo tiempo también avanza nuestra resistencia y nuestras propuestas para construir ese mundo que queremos. Nosotros nos constituimos como una alternativa a partir de otra manera de organizarnos”, explicó Cecilia Matta, integrante de la Asamblea Riojana Capital.

Participaron más de 300 asambleas y organizaciones sociales, remarcaron los logros de este año, entre ellos el sostenimiento de la Ley 7722, que protege el agua en Mendoza (y que las empresas extractivas intentaron dar de baja), el freno a las compañías mineras en La Rioja y la paralización del proyecto Agua Rica en Catamarca. El encuentro de la UAC, considerado una “asamblea de asambleas”, finalizó con un documento que invita al optimismo: “Se potencia la construcción de una forma diferente de hacer política, impulsando la defensa del territorio y el derecho a decidir”.

Quizá el mayor hito de las luchas de 2016 de Argentina provenga de la localidad de Malvinas Argentinas (en Córdoba). En 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner había anunciado la llegada de Monsanto, con su mayor planta de maíz transgénico del continente. Los vecinos comenzaron a organizarse, nació la Asamblea de Vecinos Malvinas Lucha por la Vida y rechazaron la instalación de Monsanto.

Fueron cuatro años de resistencia, medio docena de represiones, judicialización, amenazas y bloqueos al predio de treinta hectáreas de la empresa. Desde 2014 estaba suspendida por un fallo judicial (solicitado por los vecinos) y por el rechazo (por parte de la Secretaría de Ambiente de Córdoba) del informe de impacto ambiental presentado por la compañía. Pero Monsanto insistía en el proyecto, con apoyo del Municipio, la Provincia y Nación.

En septiembre circularon versiones sobre la partida de la compañía. En noviembre, la intendenta, Silvina González, confirmó que la empresa AMG Obras Civiles había adquirido el predio de Monsanto.

El 4 de diciembre hubo festejos en Malvinas Argentinas. La invitación destacaba: “Luchamos, resistimos, triunfamos. Llegó el momento de celebrar”. No es para menos. Los vecinos de la pequeña localidad cordobesa lograron lo que parecía imposible: derrotar a la mayor empresa del agronegocio del mundo.

Sobre el autor

Darío Aranda, periodista argentino especializado en extractivismo. Trabaja en el diario Página/12, la cooperativa de comunicación La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), la Cooperativa La Brújula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu).

Colaboró con el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). Escribe en el diario La Jornada de México (suplemento “Del Campo”) y es consultor de Amnistía Internacional.

Las opiniones vertidas en este artículo pertenecen exclusivamente a su autor.

Fundación Heinrich Böll, Cono Sur


La policía de la Barrick reprime y detiene a 36 asambleístas

detencion bloqueo barrickAyer, sábado 17 de diciembre, en el marco del 1er Encuentro Interterritorial de Jóvenes en Lucha, un grupo de personas de diferentes territorios junto a vecinxs jachalleros e Iglesianos, decidieron realizar un corte total en la entrada del camino minero que se dirige a la Mina Veladero, de la empresa Barrick Gold, la misma que en estos últimos años ha derramado millones de litros de agua cianurada sobre las nacientes del río Jáchal, contaminando los ríos de 5 provincias y el océano atlántico. Posterior a la jornada de bloqueo, la policía de San Juan reprimió a lxs  asambleístas que se encontraban allí, llevándose detenidxs a 36 de ellxs, aparte de niñxs que estaban con sus padres en el bloqueo.

Por RNMA Lxs compañerxs, familiares, y amigxs de los asambleístas que habían sido llevados violentamente por las fuerzas de seguridad sanjuanina, vivieron momentos de tensión y horror, ya que durante varias horas los destacamentos policiales de Iglesia, Jachal y San Juan Capital negaron sistemáticamente que lxs detenidxs se encontrarán en esas comisarías.Así las 36 personas se encontraban en calidad de “desaparecidas”.

detencion bloqueo barrick 2Luego de varias horas y de la presión desde muchos puntos del país se logró dar con lxs detenidxs: 3 mujeres con niñxs y un varón que estaban en la comisaria 22 de la localidad de Iglesia en el distrito de Rodeo. Lxs 32 detenidxs restantes fueron trasladados a San Juan Capital, los varones en la Central de Policía y las mujeres a la Comisaría 1ra.

A lxs 4 detenidxs en la comisaría de Rodeo, lxs mantienen encerrados en calidad de aprehendidxs e incomunicados, en la iglesia de la ciudad de Iglesia junto a lxs niñxs que estaban con ellxs, Previo a esto, durante horas lxs tuvieron dentro de la cocina de la comisaría 22, en el piso. Un vecino de Iglesia que es asambleísta se acercó a brindar ayuda y llevar agua a las personas. Por esto fue perseguido y hostigado por la policía que intentó culparlo de darse a la fuga. Luego ya en su domicilio la policía le apostó durante una hora un móvil en la puerta que luego se retiró.

Momentos de tensión también se vivieron en la ruta camino a la mina de Veladero, ya que la policía realizó dos bloqueos, el primero no permitía a los autos continuar hacia lo que sucedía en la entrada de la mina, el segundo bloqueo no permitía que los autos regresarán una vez detenidos por el primer bloqueo, quedando así en una suerte de detención en medio de la ruta.

policias bloqueo barrickA lxs detenidxs los mantuvieron incomunicadxs sin permitir que abogados y familiares lontactaran con ellxs. En horas del mediodía de hoy, domingo, ya han podido verlos sus familiares.

Estarían imputados por resistencia a la autoridad, violación de domicilio y de la propiedad privada. Trascendidos indicaron esta mañana que podría haber una imputación por tenencia de armas y que por este último lxs mantienen incomunicadxs.

Un diario local emitió en una noticia web las “armas” de lxs asambleístas, mostrando fotos de “miguelitos” y de las mochilas y equipos de mate que se encontraban en el lugar. En el transcurso de la mañana lxs abogadxs están yendo a los diferentes puntos donde se encuentran las personas detenidas para constatar su estado y tener un parte de la situación legal de lxs 36 asambleístas

Contactos: Ivan (Jachal): 264 485 1816 Debi (San Juan): 264 404 7013 Marcos Filardi: 11 4054 4317
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Boletín Nº6 EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental

YPF baja 33 equipos y despide 1700 personas: paro total de trabajadores en la  Cuenca Neuquina. >> La “paz social” del pacto petrolero con la ley penal bajo el brazo. >> Cómo y cuánto estimula el Estado a las petroleras.>> Metodologías de investigación para evaluación de proyectos.>> El lof Campo Maripe mantiene el bloqueo y el Estado garantiza la violación a los derechos colectivos.>>

— Boletín EJES Nº6  – Diciembre 2016 —

Año a año, el megaproyecto Vaca Muerta se modifica y evoluciona de acuerdo a las condiciones y luchas imperantes, de las cuales nosotros y tantos otros formamos parte. La constante adaptación obliga a redefinir tácticas y estrategias, caminos que nos permitan ser efectivos en posicionar nuevos escenarios pospetroleros para enfrentar y transformar la acuciante realidad –

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