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Vaca Muerta: llevan ante la ONU el reclamo mapuche contra el fracking petrolero

Se trata de tres organizaciones que cuestionan la explotación petrolera no convencional del megaproyecto, el desconocimiento a la consulta previa y el aporte de esa megarreserva al cambio climático.

A finales de agosto pasado fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un informe que cuestiona la falta de respeto y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores locales y las comunidades mapuche afectadas por la extracción de hidrocarburos en la formación no convencional Vaca Muerta. Específicamente trata la situación de la comunidad Campo Maripe, a diez kilómetros de la ciudad de Añelo, que ha visto su territorio concesionado a YPF y Chevron en 2013 y que cuenta en su territorio con la tristemente célebre cifra de más de 500 pozos no convencionales (fractura hidráulica). La técnica, también conocida como fracking, ha sido prohibida o tiene moratoria en países como Francia, Bulgaria, Escocia, Gales e Irlanda.

El documento fue elaborado por el Observatorio Petrolero Sur de Argentina junto al Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative), ambas con sede en Ginebra, Suiza.

“La presentación se realiza en un momento en que la violencia sobre las comunidades se ha incrementado por el avance de las empresas”, afirmó el politólogo Diego di Risio, coordinador del Observatorio Petrolero Sur. “En estos pocos años de desarrollo, la llegada del fracking ha cercado a las poblaciones. Los pozos se han multiplicado en chacras y barrios sin control alguno”.

Por su parte, la abogada Lucy Mckernan de Global Initiative afirmó que el “desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Argentina está pasando por arriba de los derechos de los pueblos indígenas de Neuquén, contaminando el ambiente e impactando en la salud, agua, vivienda y derechos culturales. No ha habido consulta ni se obtuvo el consentimiento libre, previo e informado”. La letrada, experta en derechos humanos, agregó que “estas acciones son inconsistentes con las obligaciones de la Argentina en derechos humanos y sus compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París”.

Sébastien Duyck, abogado del Centro Internacional por el Derecho Ambiental, puntualizó que “es la responsabilidad del gobierno argentino prevenir que las compañías petroleras violen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, como lo obligan los acuerdos internacionales que el país ratificó”.

El escrito solicita al Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales que incluya dos preguntas hacia el Estado argentino en su informe 2018. En particular, una sobre cómo el Estado garantiza los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas que viven en áreas de explotación hidrocarburífera. El otro cuestionamiento es sobre las medidas adoptadas para hacer compatibles la extracción de combustibles fósiles, en particular los recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, con los compromisos de Argentina sobre el Acuerdo de París para mitigar y adaptarse al cambio climático.

“El desarrollo de la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta se ha basado en reiteradas violaciones del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas, un derecho garantizado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Argentina en 2000”, precisa el documento firmado por las tres organizaciones. “El incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas ha llevado a un conflicto con muchas comunidades indígenas, por ejemplo, con la comunidad indígena mapuche de Campo Maripe”, indican. La presentación ante el Comité fue acompañada por la adhesión de 53 organizaciones tanto argentinas como latinoamericanas.

Respecto al cambio climático el documento señala que “la extracción de combustibles fósiles en la formación Vaca Muerta contribuiría significativamente al aumento global de las emisiones y reduciría la probabilidad de que las emisiones mundiales de combustibles fósiles permanezcan dentro de los presupuestos de carbono sugeridos por los científicos para evitar los impactos climáticos más severos”. Por lo que “el desarrollo de reservas como Vaca Muerta es consecuentemente incompatible con las obligaciones de la Argentina de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos protegidos por el Pacto”. De lo que concluye que “en la medida en que las políticas energéticas de la Argentina continúan apoyando la extracción de combustibles fósiles, son inconsistentes con la lucha contra el cambio climático y con la protección de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció en 1985 para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que Argentina ratificó en 1986. El Comité emitirá un informe sobre Argentina el próximo año y las organizaciones promotoras del pedido aspiran a que incluya esos dos ejes de preguntas al gobierno nacional.

La Izquierda Diario. 


Criminalización y contaminación en Vaca Muerta

El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) reclamó ante la ONU que indague al Estado argentino sobre la represión a las comunidades mapuches neuquinas que están instaladas cerca de Vaca Muerta. Advirtió también que hay graves impactos socio-ambientales en la zona y que se incumplen leyes internacionales. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén aseguraron que “sin dudas este último año ha sido el más violento”.

A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén. Allí reclaman que la ONU pregunte al Estado argentino en su informe de revisión de 2018 cómo garantiza los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y que dé cuenta de sus esfuerzos por mitigar los efectos ambientales del fracking.

“Creemos que es sumamente necesario presentarlo, sobre todo por la cuestión de violencia y ofensiva que se está dando en el territorio”, explicó a Página/12 el politólogo e investigador de Opsur, Diego Di Risio, al señalar que ciertas acciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “son llamados de alerta” que los moviliza a “crear mayor protección internacional para las comunidades”. Desde el Observatorio esperan que la respuesta de parte del Comité internacional llegue a mediados de octubre y que a partir de allí se abran distintas instancias para que el año que viene el Estado dé respuestas ante la ONU.

En la denuncia, se destaca que se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, destacan las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada –ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales- pero destacan además que hay “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país. “Denunciamos que hay un ambiente de violencia hacia las comunidades”, contó Di Risio.

Desde el Observatorio no creen que la avanzada sea casual y lo relacionaron directamente con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, a las que definen “básicamente como una ola de subsidios al gas no convencional”. “Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo de Opsur.

La elaboración del documento que enviaron contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative).  Los testimonios y los datos emergen de los mismos referentes de la comunidad como también de otros estudios anexos que recolectó durante seis años Opsur.

“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, advirtió a Página/12 Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”. Desde la CMN alertaron que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.

La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”. “El 21 de junio de este año entró Gendarmería con una supuesta orden judicial pero ellos mismos reconocieron después que se trataba de una orden política”, aseguró.

El informe refiere de forma tangencial a la situación de la Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, donde en junio de este año, unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Según Di Risio, “el nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, insistió.

Página 12


Cuestionamos a Vaca Muerta ante la ONU

Critican la falta de consulta a comunidades mapuche y el aporte al cambio climático del megaproyecto Vaca Muerta.

 

(Neuquén//Buenos Aires//Ginebra, 28 de septiembre 2017) Un informe presentado ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas cuestiona la falta de respeto y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores locales y las comunidades mapuche afectados por la extracción de hidrocarburos en la formación no convencional Vaca Muerta. Refiere, en ese sentido, a la situación de Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, que ha visto su territorio concesionado a YPF y Chevron en 2013. Al momento, en más de 500 pozos se ha fracturado hidráulicamente. La técnica, también conocida como fracking, ha sido prohibida o tiene moratoria en países como Francia, Bulgaria, Escocia, Gales e Irlanda.

El documento fue elaborado por el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) de Argentina en conjunto las organizaciones internacionales Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Las últimas cuentan con sedes en la ciudad de Ginebra, Suiza.

“La presentación se realiza en un momento en que la violencia sobre las comunidades se ha incrementado por el avance de las empresas”, afirmó el politólogo Diego di Risio, coordinador del Observatorio Petrolero Sur. “En estos pocos años de desarrollo, la llegada del fracking ha cercado a las poblaciones. Los pozos se han multiplicado en chacras y barrios sin control alguno”.

Por su parte, Lucy Mckernan de Global Initiative, afirmó que el “desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Argentina está pasando por arriba de los derechos de los pueblos indígenas de Neuquén, contaminando el ambiente e impactando en la salud, agua, vivienda y derechos culturales. No ha habido consulta ni se ha obtuvo el consentimiento libre, previo e informado”. La abogada, experta en derechos humanos, agregó que “estas acciones son inconsistentes con las obligaciones de la Argentina en derechos humanos y sus compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París”.

Sébastien Duyck, abogado de CIEL, puntualizó que “es la responsabilidad del gobierno argentino prevenir que las compañías petroleras violen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, como lo obligan los acuerdos internacionales que el país ratificó”.

El escrito solicita al Comité que incluya dos preguntas hacia el Estado argentino en su informe 2018. En particular, una sobre cómo el Estado garantiza los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas que viven en áreas de explotación hidrocarburífera con los pueblos indígenas. El otro cuestionamiento es sobre las medidas adoptadas para hacer compatibles la extracción de combustibles fósiles, en particular los recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, con los compromisos de Argentina sobre el Acuerdo de París, para mitigar y adaptarse al cambio climático.

“El desarrollo de la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta se ha basado en reiteradas violaciones del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas, un derecho garantizado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Argentina en 2000”, precisa el documento firmado por tres organizaciones. “El incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas ha llevado a un conflicto con muchas comunidades indígenas -por ejemplo, con la comunidad indígena mapuche de Campo Maripe”, indican. La presentación ante el Comité fue acompañada por la adhesión de 53 organizaciones tanto argentinas como latinoamericanas.

Por otra parte, en torno al cambio climático el documento señala que: “La extracción de combustibles fósiles en la formación Vaca Muerta contribuiría significativamente al aumento global de las emisiones y reduciría la probabilidad de que las emisiones mundiales de combustibles fósiles permanezcan dentro de los presupuestos de carbono sugeridos por los científicos para evitar los impactos climáticos más severos”. Por lo que “el desarrollo de reservas como Vaca Muerta es consecuentemente incompatible con las obligaciones de la Argentina de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos protegidos por el Pacto”. De lo que concluye que “en la medida en que las políticas energéticas de la Argentina continúan apoyando la extracción de combustibles fósiles, son inconsistentes con la lucha contra el cambio climático y con la protección de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció en 1985 para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que Argentina ratificó en 1986. El Comité emitirá un informe sobre Argentina el próximo año y las organizaciones promotoras del pedido aspiran a que incluya esos dos ejes de preguntas al gobierno nacional.

Organizaciones que promovieron el documento: Observatorio Petrolero Sur (OPSur) Mediante la investigación, la promoción y la formación OPSur busca fortalecer los caminos democráticos y justos para la energía y el desarrollo en Argentina. Bajo un enfoque basado en los derechos, trabaja para aumentar la concienciación sobre las implicancias de la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta desde 2011.

Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) Desde 1989 el CIEL desarrolla estrategias legales para proteger el medio ambiente, promover los derechos humanos y garantizar una sociedad justa y sostenible. Cuenta con sedes en Ginebra y Washington DC.

Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative) Global Initiative es una organización internacional no gubernamental de derechos humanos que busca promover la realización de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel mundial, abordando la pobreza a través de una perspectiva de derechos humanos.

Contactos:

Diego di Risio: | contacto@opsur.org.ar

Lucy Mckernan: + | sduyck@ciel.org

Sébastien Duyck: + | lucy@globalinitiative-escr.org

 Escuchá la entrevista a Diego di Risio en FM En Tránsito. Nota  “Criminalización y contaminación en Vaca Muerta“.  Agustina Arredondo

Nota “Vaca Muerta: llevan ante la ONU el reclamo mapuche contra el fracking petrolero“.  Roberto Andrés

English version  

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EJES N°13 – El fracking en debate

En este número desde EJES nos propusimos advertir que el daño que genera la arena de sílice a la salud no es tenido en cuenta al momento evaluar el rendimiento económico del fracking. Además, informamos que YPF realizó una acción judicial contra la ordenanza que prohíbe el fracking en Fernandez Oro. Reducción de costos y optimización de la información para la perforación de pozos son dos objetivos en la mira de las empresas de la industria extractiva que motivan las últimas megafusiones. Entre el tarifazo, el Presupuesto nacional y Vaca Muerta analizamos las características de los subsidios energéticos y señalamos las políticas públicas orientadas a la exportación de gas a través de la cordillera.

— Boletín EJES Nº 13  – Septiembre 2017 —

Foto: Fabián Ceballos.

El 28 de agosto de 2013 la Legislatura neuquina aprobó el acuerdo de la provincia con YPF que constituyó el área Loma Campana y el inicio de la explotación de Vaca Muerta con Chevron. Aquel día la protesta popular sufrió un represión que duró más de seis horas. A cuatro años de aquel hito, el megaproyecto Vaca Muerta sigue demandando condiciones. Los órganos judiciales provinciales responden y dejan rápidamente en suspenso las prohibiciones municipales, sin sufrir el costo de político de declararlas inconstitucionales.

Al mismo tiempo se erige un nuevo proceso de criminalización de las organizaciones mapuche, sumado a la negativa de la prórroga de la Ley 26.160 que obliga al relevamiento de territorios indígenas y suspende los desalojos. Mientras tanto somos muchos y muchas quienes nos seguimos preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?

El Ejecutivo también responde a las demandas corporativas. Por eso, los subsidios continúan, gran parte de ellos trasladados a los usuarios tras el tarifazo. Mientras el estado adeuda pagos a las operadoras. El objetivo es desarrollar Vaca Muerta con la mira puesta en la exportación y siguen apareciendo anuncios: Exxon invertirá U$S 200 millones para perforar siete pozos en el área Los Toldos Sur 1 en unión con Tecpetrol y Gyp.

La novedad empresaria más destacada de este período fue la fusión de la operadora Pan American Energy y la refinadora Axion Energy. Lo que la convierte en la petrolera integrada privada más grande del país y reconstituye parcialmente el tablero empresario. Su apuesta sería una importante ampliación y modernización de la refinería ubicada en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, y en el expendio de combustible.

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Neuquén: La criminalización de la mano del extractivismo

La justicia avanza contra las comunidades mapuche

El desalojo y la  detención de tres integrantes del lof Fvta Xayen, ubicado a 20 kilómetros de Añelo, fue el punto más alto de una escala de ataques judiciales contra el Pueblo Mapuche en Neuquén. El mes pasado 21 integrantes de la comunidad habían sido imputados por usurpación y mientras que seis de las autoridades de Campo Maripe serán acusados el próximo 26 tras destrabar una orden de detención. El jefe de fiscales de la provincia, José Gerez, explicó la situación. “Hay un cambio firme en la política de persecución penal del Ministerio Público Fiscal, privilegiando primero el diálogo pero si no es la herramienta elegida, se aplican políticas de persecución penal”, señaló en declaraciones al Río Negro. Un cambio en consonancia con los discursos nacionales, que acusan a grupos indígenas de terroristas como estrategia para aislarlos y superar sus resistencias.

Por OPSur

Hay que remontarse a 1996 para encontrar una situación similar a lo sucedido esta semana. En diciembre de aquel año cuatro dirigentes mapuches permanecieron detenidos por la “usurpación” de 42 mil hectáreas en lo que se conocía como la Corporación Interestadual Pulmarí en las cercanías de la cordillerana Aluminé. Mientras que en 2007 una situación similar fue vivida por Martín Maliqueo, por entonces lonko de la comunidad Logko Purran, que había sido denunciado por usurpación por la empresa petrolera Apache.

Con el desalojo y las detenciones de esta semana, la provincia de Neuquén se suma a las políticas nacionales que, junto al envío de tropas federales a los territorios, estigmatizan al Pueblo Mapuche y deslegitiman de sus demandas. Los titulares en medios regionales y las declaraciones de funcionarios judiciales, en relación al secuestro de armas y drogas en el allanamiento realizado en Fvta Xayen, no guardan relación con lo sucedido luego en sede judicial provincial ni en la Justicia Federal, donde fue relativizada la gravedad de las imputaciones. Lo sucedido está en sintonía con la campaña fogueada desde la prensa hegemónica, que proyecta la imagen de los mapuche violentos, justifica el encarcelamiento del lonko Facundo Jones Huala en Esquel y siembran dudas en torno a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El megaproyecto Vaca Muerta encuentra en ese discurso criminalizador otra fuente de legitimación para la ocupación territorial que implica el fracking.

En noviembre caduca la Ley 26160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que impide los desalojos hasta que se hayan mensurado todos los territorios ocupados ancestralmente por comunidades indígenas. En Neuquén, si bien concluyó el trabajo técnico en más de veinte comunidades, el gobierno no aprobó con su firma el relevamiento de ninguna de ellas, por lo que de de no revertirse esta situación, en los próximos meses quedará allanado el camino para el avance de diversos proyectos sobre territorios que hoy se encuentran en conflicto. Territorios vacíos más rentables para la expansión petrolera y extractivista en general.

Línea de tiempo represiva

El 3 de junio el lof Fvta Xayen impidió su desalojo, ordenado por el fiscal Marcelo Silva, competencia que sólo tienen los jueces. Un centenar de miembros de distintas comunidades se hicieron presentes a la hora prevista para realizar la diligencia y la policía provincial se retiró del lugar sin poder cumplimentarla. El mismo fiscal fue quien reiteró el pedido el miércoles pasado.

El 14 de junio el juez en lo civil Gustavo Belli ordenó el desalojo de la sede comunidad Puel Pvjv, ubicada en un barrio popular de la ciudad de Neuquén. Una presentación judicial impidió que la resolución se concretara pero todavía amenaza la vida cotidiana de la comunidad.

El 21 de junio Gendarmería Nacional ingresó en el territorio de la comunidad Campo Maripe, ubicada 10 kilómetros al norte de Añelo. La participación de esta fuerza federal, asentada desde entonces permanentemente en la localidad, exponía una nueva arista; la intervención directa del Gobierno Nacional para garantizar  la explotación de hidrocarburos. El 13 de julio la situación se repitió y nuevamente la comunidad se mantuvo en el lugar.

El 25 de agosto el fiscal Pablo Vignaroli acusó de usurpación a 21 integrantes de Fvta Xayen por las tierras ubicadas a la vera de la ruta provincial 7, entre los kilómetros 75 y 82, en donde permanecieron hasta que fueron desalojados.

El 7 de setiembre, Juez de Garantías Lucas Yancarelli declaró “en rebeldía” a los miembros de la comunidad Campo Maripe y ordenó su  captura para poder concretar la audiencia de formulación de cargos. Al día siguiente  las seis autoridades comunitarias se presentaron en el juzgado y fijaron fecha para una nueva audiencia, que se concretará el 26 de setiembre.

El 12 de setiembre, tres comunidades mapuche del sur de la provincia de Neuquén del Consejo Zonal Wijice (Sur, zona de Junín de los Andes) sufrieron allanamientos bajo el pretexto de la búsqueda de Santiago Maldonado. Los lof Raquithue, Lafkenche y Paynefilu fueron hostigadas por Gendarmería Nacional en horas de la madrugada, sin orden judicial y sin mediar consulta a las autoridades comunitarias. Al día siguiente ocurrió un nuevo hecho de similares características en territorio del Consejo Zonal Lafkenche (Los Lagos, zona de Villa la Angostura) en el Lof Kinxikew. La comunidad sufrió un operativo sorpresa a manos de la Policía Federal, delegación San Martín de los Andes, quienes llegaron con el objetivo de ingresar al territorio comunitario. Las autoridades comunitarias lograron impedir que ingresara al territorio.

Vaca Muerta


Megaproyecto Vaca Muerta: Quién gobierna lo ingobernable

Foto Martín Barzilai

Por Diego di Risio

Describir Vaca Muerta es tomar una foto que mañana se difumina. Es un proceso vivo y flexible con múltiples aristas que cambian a lo largo del tiempo y en diversos niveles. Y se modifica no sólo por los complejos desafíos técnicos de diseño e implementación que presenta, sino, sobre todo, por las luchas políticas dadas por los diferentes actores involucrados. Desde gobiernos y corporaciones que intervienen de forma directa, hasta los que batallan por el devenir global de los commodities fósiles (o más bien por su control y precio presente y futuro). En estas contiendas incluimos a quienes resisten, también de forma directa e indirecta, la expansión y reproducción de los hidrocarburos desde miradas de justicia socioeconómica, socioambiental y climática.

En función de esas divergencias, niveles y multiplicidad de actores diversos, lo que aquí nos interesa abordar son las políticas tomadas por el frente Cambiemos para garantizar la viabilidad de Vaca Muerta. Qué estrategias se han introducido desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación para aumentar las posibilidades de su explotación a gran escala. Y tal foco gubernamental está puesto en un actor central, pero no determinante, como veremos más adelante. Especialmente cuando el Estado nacional pasó de “liderar y conducir” desde su aparato, en la era kirchnerista, a “coordinar y consensuar” en mesas multisectoriales. Porque, manteniendo como constante el objetivo de explotar para subsanar inconsistencias estructurales, lo distintivo de los últimos tiempos es, en resumidas cuentas, el modo de implementación.

Aquí el diagnóstico gubernamental diferencial sería, si se quiere, la necesidad de “sincerar” su capacidad de traccionar un proceso que excede a la periférica y desfinanciada Argentina. En el camino, la película desborda de forma constante al multiplicarse los focos de conflicto y disputa. Entonces, quién gobierna el proceso, es una pregunta de difícil respuesta.

Foco sobre gobierno y potencia

Como en la gestión anterior, Vaca Muerta actúa como una huída hacia adelante de las inconsistencias estructurales presentes en el nivel nacional y subnacional: alta dependencia fósil en un contexto de caída productiva convencional –deteriorando la balanza comercial por fuga de divisas–, combinado con una matriz económica de enclave en la Norpatagonia, en recurrente déficit y crisis de sus cuentas públicas. Dos puntos centrales de los siete nudos problemáticos que identificamos: (1) en un contexto de resistencia activa pero dispersa y heterogénea, (2) enfrentamos a un megaproyecto de clase global y de aprendizaje para el continente, (3) que genera múltiples injusticias socioambientales y energéticas en diversos planos y territorios, (4) es motorizado por élites transnacionales y nacionales sin control ni rendición de cuentas, y, (5) al tiempo que pretende reproducir y ampliar la economía de enclave existente, (6) busca solucionar problemas macroeconómicos y (7) energéticos de índole nacional (EJES, 2017b).

La resolución parece tentadora, pero extremadamente compleja. A nivel de potencial de recursos, estaríamos hablando de cantidades que serían varias decenas de veces las reservas actuales de la Argentina. Ahora, la extracción y puesta en valor de tales recursos a gran escala es una empresa titánica. Si bien las estimaciones varían, todas apuntan a inversiones de varias decenas de miles de millones de dólares anuales en la próxima década. El frente financiero se conjuga con desafíos técnicos y políticos de magnitud. Lo primero porque es una zona considerada “de frontera”, siendo de las pocas del mundo –junto a EE.UU., Canadá y China– donde se explota shale con cierta viabilidad económica. Y su magnitud está dada porque la misma especificidad e innovación del proyecto de energía extema lo convierte en una “bomba de carbono” –implicando un necesario salto cualitativo del Estado para controlar la conflictividad producto del alto nivel de degradación socioambiental y climática [1]. Por lo pronto, la gran mayoría de los proyectos están en fase exploratoria, salvo algunos casos excepcionales como el de YPF-Chevron –en el área Loma Campana– y otros emprendimientos menores.

Si bien la gran mayoría del andamiaje institucional y de actores es preexistente a la llegada del frente Cambiemos, hubo novedades que marcan otros rumbos y roles del Estado. En este sentido, nos interesa remarcar la intervención estatal en dos momentos: uno donde congela reglas/acuerdos y otro donde fuerza la libre circulación del movimiento productivo. Ambos están sujetos desde un discurso que enfatiza en la “crisis heredada” del sistema –recordar la declaración de “emergencia energética” del sector eléctrico apenas iniciada la gestión, en diciembre 2015–, la búsqueda de un horizonte exportador y una agenda estructurada en función de las demandas empresarias para lograr competitividad con la baja de costos –el actor estrella en tanto generador y proveedor de divisas. En términos productivos, el foco se reforzó en gas no convencional.

Ahora, tal estrategia ¿está logrando ser efectiva? Si bien rankea en las posiciones superiores de Inversión Extranjera Directa, hasta el momento la “lluvia de inversiones” del sector anunciada desde la Casa Rosada, como en el conjunto de la economía, no ha repercutido de forma sideral en llevar a una nueva fase el megaproyecto. La gran mayoría de los avances corporativos, excluyendo el caso del grupo Techint, que anunció en marzo 2017 la mayor suma tras YPF-Chevron, han sido, de hecho, para reforzar posiciones previas, con tibios avances exploratorios. Más allá de la foto, el tiempo de la lucha política pondrá los ritmos y cambios. Porque, como decíamos antes, al tratarse de un proyecto de alcance global, las interacciones y complejidades son múltiples. En definitiva, el gobierno nacional busca encauzar e incentivar donde haya vacíos “de mercado”, pero de ninguna manera pretende (ni tiene) potestad sobre el proceso.

Fijar: trabajo y riqueza

Decimos fijar porque hay una serie de políticas que crean cambios en el largo plazo. De esta manera, los resultados alcanzados por Cambiemos solidifican una agenda que repercute sobre el conjunto de instancias públicas y movimientos populares. En otras palabras, encuadran las regiones, inversiones y debates dentro de ciertos límites que será difícil romper a futuro, salvo que sea pagando altos costos políticos y dificultosas transiciones.

Desde que asumió, Cambiemos apuntó a lograr pisos mínimos de “seguridad jurídica” y previsibilidad tarifaria, dos puntos fuertemente reclamados por parte del sector empresario. Con largos meses de negociaciones encima, para principios de 2017 el presidente Macri anunció los resultados de una mesa de “diálogo” compuesta por sindicatos, empresas y sector público. Estos puntos fueron luego llevados a diferentes normativas en los meses que le siguieron. El primer resultado fue la reforma del convenio colectivo de trabajo para la actividad hidrocarburífera con una adenda específica para no convencionales en la Cuenca Neuquina, hecho antecedido por un año de presión gubernamental y empresarial al planchar la actividad. [2] A grandes rasgos, se dota de mayor poder de decisión a las empresas frente al sindicato –como reubicar trabajadores–, la “optimización” del proceso de trabajo –como permitir el montaje y desmontaje de equipos de perforación en horario nocturno– y reducción de beneficios –como modificar la jornada laboral al no contabilizar como trabajadas las horas de descanso dentro del yacimiento y las horas de viaje hasta él (EJES, 2017a).

Un segundo resultado fue fijar las reglas económicas. En primer lugar, se congeló la presión tributaria de las provincias, obligando a no aumentar regalías ni otros impuestos en los años venideros. En segundo, se extendió el programa de subsidios hasta 2020, que garantiza un valor mínimo del gas no convencional de la Cuenca Neuquina y difiere de los programas anteriores, que premiaban el aumento de la producción en cualquier región y tipo de formación –incluyendo al petróleo en programas similares, hoy desestimados. Con una baja del precio asignado de forma escalonada –de US$ 7,5 a 6 el millón de BTU–, la meta es “liberarlo” al finalizar el proceso para que asuma tal rol el mercado. Para ese momento, el gobierno proyecta un escenario de mayor oferta, hecho que lograría acoplar el mercado nacional con el internacional de forma suave. En este punto es importante tener en cuenta que, a la par de estas medidas en boca de pozo, se instrumentaron otras conocidas como ‘tarifazo’, donde se garantizan e institucionalizan los cuadros tarifarios, tanto de generadores (como las petroleras), distribuidoras (como Metrogas) y consumidores. El cúmulo de transferencias a todo el sector, tanto desde usuarios como del Estado, llegó a más de US$ 21.500 millones de 2008 a 2016 (EJES, 2016). Esto implicó un proceso de más larga data, donde lo que varió con el cambio gubernamental es quién paga, no si se paga.

Un punto importante: ambas medidas apuntan a una mirada de cuenca en términos geológicos, más que de jurisdicciones estatales. Siguiendo con lo que fue la reforma de la ley de Hidrocarburos de 2014, el cambio de lógica rompe en cierto sentido con la ‘provincialización’ del recurso al priorizar reglas multisectoriales por sobre accionar nacional o provincial. Tal cambio también responde a las necesidades de trabajo integral en la cuenca, siendo costoso una fragmentación en el ámbito regulatorio para la actividad. En esta misma lógica de coordinación multisectorial, se anunció en abril el Acuerdo Federal Energético, al que suscribieron la gran mayoría de las provincias y Nación. En él se vuelcan varios de los puntos antes discutidos, como también otros elementos del sistema energético nacional.

Por último, mirar sólo los pozos no daría cuenta de una tendencia que ya se venía dando, pero ahora reforzada por Macri para bajar costos: la expansión de infraestructura desde el ámbito público. Este avance es un hecho que también reduce los márgenes de posibilidad futura, especialmente por la dificultad de su reconversión hacia otros fines –lo que se conoce en finanzas como activo atascado. De esta manera, una definición atada al momento de la extracción y a una formación en particular queda corta [3], siendo necesario hablar de un megaproyecto transnacional que alcanza, al menos, tres países (EJES, 2017b). El resultado sería un entramado de nodos y flujos transnacionales entre Argentina, Chile y Uruguay, donde se involucran los diversos estadíos de la industria, estamentos que empalman, reformulan o expanden lógicas de circulación y puntos preexistentes. Aquí contamos desde el pozo al puerto de exportación de GNL, pasando por ductos, refinerías, petroquímicas, basureros petroleros, entre otros eslabones de la cadena de valor. Paolo Rocca, uno de los grandes industriales del país, vaticinó que tal extensión y repercusión lograría una revolución industrial comparable con la agroindustria.

En este plano, volvemos a los contrapuntos en la dinámica. Durante el gobierno de Cristina Fernández, YPF lideró por sí sola diversos proyectos de extracción, transporte y procesamiento de arenas silíceas, insumo que el fracking necesita en grandes cantidades (EJES, 2017b). Proceso al que luego se sumaron privados a su explotación. Mismo ejemplo con la reconversión urbana de la ciudad de Añelo, nombrada ‘la capital del shale’. Mientras tanto, durante el gobierno de Cambiemos, la vía férrea que unirá Bahía Blanca con Añelo para la industria se licitará bajo un mecanismo de Participación Público-Privado. Si bien los detalles no se habían publicado al momento de redactar este artículo, éste contempla un financiamiento conjunto, dando lugar a los privados a su inserción en el proyecto.

Fluir: capital y territorio

Si por un lado se consolida y fija, por otro se libera e incrementa la velocidad. De esta manera, en un marco de reforma general para facilitar la libre entrada y salida de capitales, con el consiguiente endeudamiento a gran escala, el gobierno nacional implementó algunas medidas adicionales en materia de política petrolera. La conducción de Cambiemos imprimió dos transformaciones centrales en YPF. Por un lado, su retiro en ciertas concesiones a partir de la venta de activos a Tecpetrol, Shell, Total y Pan American Energy, entre otras compañías, decisión tomada también por la estatal neuquina GyP. Por otro, una creciente financiarización de la empresa, al incrementar la participación de la rama financiera. De esta manera, ha emitido mayor cantidad de deuda, repartiendo dividendos –algo que evitaba la anterior gestión en función de invertir– y generado programas de estímulos a su directorio, muchos de cuyos miembros fueron designados por el mismo Estado nacional y provienen de distintos grupos del sector privado. Lo que se busca es licuar la presencia de YPF como empresa hidrocarburífera nacional, sobre todo en materia de activos, prioridades en la generación de valor, y estimular la “comunidad gerencial”. Si bien la tendencia y tensión existía de forma previa, la “corporatización” se agudizó e incluso los niveles de inversión bajaron a ínfimos.

Ahora, a la par de facilitar el movimiento del capital a nivel de políticas nacionales, YPF lo hace desde el control de las dinámicas territoriales. Porque desde un punto de vista corporativo, la conflictividad social significa un incremento de costos, especialmente cuando ésta se manifiesta a través de cortes de rutas y otros frenos a los procesos productivos. En primer lugar, bajo una mirada del proceso largo, la región ha vivenciado diferentes oleadas migratorias en busca del “sueño petrolero”, pero pocos son realmente absorbidos por el restrictivo mercado laboral, más todavía desde la reforma al convenio de trabajo descrita antes. Es así que en los últimos meses se ha registrado un incremento considerable de los conflictos con desocupados del sector. Tal fue el caso con la empresa de servicios OPS, que incluso generó grietas en el aparentemente monolítico sindicato de trabajadores petroleros. Hubo amenazas de represión por parte de Nación y fueron las autoridades provinciales quienes finalmente destrabaron el conflicto.

En segundo lugar, hacia adentro de los yacimientos también se está buscando doblegar resistencias, especialmente la del Pueblo Mapuche. Dejando de lado una “provincialización” del uso de las fuerzas de seguridad por el kirchnerismo, Cambiemos ha tomado para sí el control de los yacimientos al desplegar recursos nacionales. De esta manera, a partir del mes de junio hemos visto el ingreso de Gendarmería en el territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe, mismo sitio donde explotan YPF y Chevron. Tal acción estuvo precedida por documentos filtrados del Ministerio de Seguridad, bajo el comando de Patricia Bullrich, en los que afirmaba que el reclamo mapuche, al afectar “un servicio estratégico de los recursos del Estado”, implica una necesaria respuesta por parte de las fuerzas federales, incluidos los servicios de inteligencia.

En tercer lugar, otro frente que, si bien no ha tenido al gobierno nacional a la cabeza, vale mencionar por la postura pública, es la respuesta a medidas de orden municipal, especialmente las ordenanzas que prohíben la técnica del fracking. En este plano, la provincia del Neuquén demandó por inconstitucionalidad la restricción sancionada por el municipio de Vista Alegre a la aplicación de la fractura hidráulica dentro de su ejido; similar a la decisión del gobierno de Río Negro, que en 2013 recurrió al Tribunal Superior de Justicia para dar por tierra con la ordenanza sancionada en Allen. A esperas de la resolución final, la medida atenta contra la autodeterminación local en materia ambiental y, encuentra a los vecinos, también cortando rutas. Los efectos de tales medidas ponen en riesgo numerosas ordenanzas sancionadas en diferentes localidades de la cuenca.

En suma, estas instancias hablan de una diversidad de conflictos territoriales de distinto calibre y tenor, que vienen preocupando a las cámaras empresariales por el aumento en cantidad y eficacia de frenar operaciones. Pero lejos de binarismos fracking vs. anti-fracking, la dinámica de la región muta en, por momentos, guerras abiertas entre diversas facciones, sobre todo de aquellas que disputan una parte del negocio. O sea, existe un cuarto nivel de conflictividad sobre un hecho que, desde el sector corporativo, se considera como otro factor que abulta los costos. Porque con alta parte del sector tercerizada y operando con flujos paralelos de fondos, es una incógnita cómo el Estado nacional manejará las diferentes “cajas”, tanto sea sindicales como de partidos provinciales. Especialmente en tiempos electorales y con el frente Cambiemos sin una hegemonía consolidada a nivel nacional, y mucho menos en la provincia del Neuquén. En otras palabras, en aras de la competitividad, ¿atacará de forma consistente a la red de empresas de servicios vinculadas a las familias del siempre gobernante Movimiento Popular Neuquino, al secretario general de los petroleros privados, Guillermo Pereyra, y funcionarios de Río Negro? El kirchnerismo ya tuvo su round –recordar la discusión por el carry en la reforma de la ley de Hidrocarburos en 2014 [4]– y los negocios siguen en pie. Recientes notas de prensa y ofensivas públicas de YPF dan cuenta de otro intento, ahora enfocado sobre la contratista Real Work, cuya propiedad es atribuida a Pereyra. Se acusa a la conducción sindical de haber amasado una fortuna a través de esa firma, fruto de una “normativa a medida”.

Replicar: valor y frontera

Más allá del territorio específico, el “modelo Vaca Muerta” de Cambiemos se vislumbra como algo replicable, puesto como horizonte tanto por una diversidad de países latinoamericanos como en la misma Argentina. Desde mediados de 2017, en la provincia de Santa Cruz el Estado nacional busca saldar la “crisis” –caída de la extracción convencional por retiro de inversión de YPF– mediante el tight y shale, apalancados por subsidios y reforma del convenio colectivo de trabajo. La mesa instaurada fue del mismo tenor que la antes descrita: sindicato, provincia, empresas y Nación. ¿Pero es replicable? Y, mejor dicho, ¿qué resultados intenta replicar?

Los tiempos que vienen no son sencillos para los que impulsan el costoso megaproyecto Vaca Muerta. En un contexto de alta turbulencia internacional, la titánica empresa languidece y va más lento de lo vaticinado desde el relato oficial. La industria a nivel global no está en su mejor momento, siendo atacada por la falta de legitimidad, precios bajos, creciente regulación para afrontar el cambio climático y reciente buena competitividad económica de las energías renovables. En este contexto, el gobierno nacional tomó el discurso de ‘la revolución del gas’, donde el fósil no sólo será combustible puente hacia una matriz energética más limpia –concepto fuertemente cuestionado a nivel internacional– sino también exportable – fenómeno ya vivido, y que ahora agudiza los problemas estructurales antes vistos.

En suma, ¿cuáles serían entonces los grandes cambios introducidos por Cambiemos? En primer lugar, la orientación desreguladora. Hecho dado a través de la retracción y reformulación de YPF y creciente liberación de precios, en buena medida atados al dólar y vaivenes de mercados globales. En segundo, la intervención directa en conflictos territoriales para afianzar el control y dinámica, algo que de forma previa se tercerizó en provincias o la misma YPF. En tercer lugar, el traslado de los costos desde el Estado nacional a las y los usuarios y trabajadores, lo que reafirma que a Vaca Muerta lo está financiado en parte el pueblo argentino, si bien nunca fue consultado.

A grandes rasgos, pareciera que el Estado nacional juega a dos puntas. Por un lado, renuncia a la “conducción” del proceso y deja al mercado que tome la posta donde ciertos pisos están sentados, como la extracción. Por otro, interviene con fuerza para garantizar condiciones mínimas de acumulación y gobernabilidad donde existen vacíos, como en los momentos de alta conflictividad social, o saldar baches de infraestructura. En este punto, en la construcción de “mesas de diálogo” ha obtenido importantes resultados, al menos en materia de reforma institucional de agenda neoliberal. En medio del temporal y aparentes escenarios “fragmentados”, el gobierno gobierna, y lo hace a la par.



Este artículo fue publicado en la edición Nº5 de Fractura Expuesta. [Descargar revista]



Notas
1. Dada la magnitud del proyecto se lo considera una “bomba de carbono” por las emisiones de gases de efecto invernadero generadas tanto durante el proceso de exploración/explotación como por la combustión de esos hidrocarburos.
2. Los datos y análisis que aparecen en el texto son parte del seguimiento mensual que hacemos del megaproyecto Vaca Muerta en nuestro boletín EJES (http://ejes.org.ar/#boletines).
3. El megaproyecto Vaca Muerta no se circunscribe a esa formación de lutitas en particular sino que comprende a otra similar, así como también a arenas compactas.
4. Ver Pérez Roig, Scandizzo y di Risio (2016)



Bibliografía
Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental–EJES (2016). Transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina. Disponible en: http://www.ejes.org.ar/InformeTransferencias.pdf
—- (2017a). El gran pacto: diálogo de la imposición. Disponible en: http://www.opsur.org.ar/blog/2017/01/10/el-gran-pactodialogo-de-la-imposicion/
—- (2017b). Informe de externalidades megaproyecto Vaca Muerta. Disponible en: http://www.ejes.org.ar/InformeExternalidades.pdf
Pérez Roig, D., Scandizzo, H. y di Risio, D (2016). Vaca Muerta. Construcción de una estrategia. Jinete Insomne-Observatorio Petrolero Sur, Buenos Aires.

Vaca Muerta


APDH presentó habeas corpus preventivo en el marco de la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado

APDH presentó habeas corpus preventivo

El viernes 25 de agosto la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó habeas corpus preventivo en defensa de la comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, los familiares y amigos de Santiago Maldonado, los Defensores de Derechos Humanos, trabajadores de prensa y los testigos de cargo declarantes en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado.

Ref. APDH presentó habeas corpus preventivo en el marco de la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado

En el día de hoy, viernes 25 de agosto, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) presentó habeas corpus preventivo en defensa de la comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, los familiares y amigos de Santiago Maldonado, los Defensores de Derechos Humanos, trabajadores de prensa y los testigos de cargo declarantes en la causa por la desaparición de Santiago Maldonado.

La APDH solicita que “se haga lugar a la presente acción de Habeas Corpus Preventivo, declarándose ilegales todas las prácticas policiales y de gendarmería nacional, que persigan, hostiguen, amedrenten o vulneren en cualquier aspecto,  los derechos y garantías de la comunidad mapuche como de los familiares y amigos de Santiago Maldonado, los Defensores de Derechos Humanos, trabajadores de prensa y los testigos de cargo declarantes en las causas que instruyen en éste Juzgado”.

Esta presentación se realiza en el marco de una serie de acciones que nuestro organismo realiza en virtud de la búsqueda con vida de Santiago Maldonado, compañero desaparecido luego de la represión a la comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia cometida el 1° de agosto por la Gendarmería.

La APDH además es querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el día jueves 24 de agosto peticionó a la fiscal que cambie la carátula de la causa por delito de desaparición forzada de personas, ratificando la intervención que hiciéramos ante el Juez Otranto pasadas menos de 24 horas del marco represivo de gendarmería en el territorio del Pu Lof Cushamen.

Desde un principio la APDH denunció que el caso de Santiago se trataba de un caso de desaparición forzada y que la responsabilidad recae sobre Estado nacional y de la Provincia de ChubutExigimos la aparición con vida de Santiago, la protección de comunidad Mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, los familiares y amigos de Santiago Maldonado, los Defensores de Derechos Humanos, trabajadores de prensa y los testigos de cargo declarantes en la causa y la determinación de la responsabilidad penal de los /as funcionarios/as.

¡Aparición con vida de Santiago Maldonado! ¡Con vida lo llevaron, con vida lo queremos!

¡Libertad a Facundo Jones Huala!

Habeas corpus preventivo completo

Contacto de prensa: Carolina Allievi (011) 1568302222 Soledad Astudillo (011) 1562762217


Mendoza se acerca a Vaca Muerta y las fracturas quedan a la vista

A fines de julio el gobierno de Mendoza, encabezado por Alfredo Cornejo (Cambiemos), autorizó a la petrolera El Trébol SA a fracturar cuatro pozos del área Puestos Rojas, en el marco del proyecto de exploración del potencial de hidrocarburos de la formación Vaca Muerta en territorio de la provincia. La firma de la resolución 813/17 de la Dirección Protección del Ambiente, que despejó el camino al fracking en el departamento Malargüe, dio lugar a denuncias por irregularidades, acciones judiciales, iniciativas legislativas y tensionó aún más el conflicto con La Pampa por el manejo de la cuenca del río Atuel. En virtual bloque, cámaras empresarias, gobierno provincial y sindicato petrolero, no sólo auguraron el despegue de la economía mendocina a partir de la explotación de Vaca Muerta; también apuntaron contra “los ambientalistas”, en discursos que fueron de la descalificación al apriete. En esta nota hacemos un recorrido por las diferentes posiciones en disputa.

Por OPSur

La fracturación hidráulica de los cuatro pozos de Puestos Rojas fue autorizada de manera expeditiva. Este proceder generó una presentación de la Fundación Cullunche en la Fiscalía de Estado para que investigue presuntas irregularidades en el proceso administrativo. La ONG apuntó hacia la directora de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente, Miriam Skalany, quien habría omitido pedir el Estudio de Impacto Ambiental y actuado en favor de la empresa.

La resolución que dio vía libre al proyecto de Petrolera El Trébol también fue objetada por la asociación de Regantes del Atuel, y además motivó la presentación de tres recursos de amparo, impulsados por un grupo de abogados locales, la Federación Argentina de Espeleología y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En estos se planteaba que la autorización vulneraba tanto preceptos de la Constitución Nacional (artículos 41 y 43), como también leyes nacionales (Ley General del Ambiente) y de la provincia (Ley 5961, referida a la explotación de hidrocarburos). Además en estos se advierte que la actividad de la compañía pone en riesgo el equilibrio ecológico de la cuenca del río Atuel y del Área Natural Protegida Laguna Llancanelo. Sin embargo, las fracturas se realizaron y después de ello la jueza María Eugenia Ibaceta rechazó los recursos por considerar que, como se trataba de un hecho consumado, no había “interés jurídico”.

Los lados del mostrador

Los ecos de la estimulación del pozo se sintieron en la Legislatura mendocina. El diputado Gustavo Majstruk (PJ) presentó un proyecto de ley que prohíbe utilizar en la provincia “técnicas no convencionales (fracking) durante los procesos de exploración y extracción de hidrocarburos”, basándose en el Principio Precautorio. Según el legislador justicialista, la fractura hidráulica “implica impactos ambientales muy elevados. Estos impactos resultan especialmente inasumibles en zonas donde la población y las actividades productivas, especialmente agrícolas y ganaderas, dependen de sus recursos hídricos como es el caso del sur provincial”.

En 2013, cuando el fracking ingresó a la agenda pública provincial de la mano de diferentes asambleas socioambientales que impulsaron ordenanzas de prohibición, el entonces diputado Tadeo García Zalazar, por el radicalismo, presentó un proyecto para prohibir la aplicación de la técnica por un lapso de dos años. El legislador destacaba que no existían normas específicas de procedimiento para el cuidado del ambiente, y defendía la declaración de una moratoria “hasta tener la información necesaria para definir la garantía de los procesos”. Paradojas de la política, en 2015 García Zalazar fue el elegido por Alfredo Cornejo para que lo suceda en la intendencia de Godoy Cruz, cuando recorría el camino hacia el Ejecutivo provincial.

La legislación demandada por García Zalazar es todavía una asignatura pendiente. Recientemente el gobierno mendocino anunció que llenará ese vacío. Aunque según el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, “este tipo de intervención”, en relación al fracking, “no es muy distinto a lo que se viene haciendo. Lo único que cambia es la profundidad a la que se hace”.

La sombra del manzano

Si bien como responsable del proyecto de fracking aparece Petrolera El Trébol, subsidiaria de la compañía suiza Mercuria -especializada en la transacción de commodities a nivel global-, para llevar adelante la incursión sobre Vaca Muerta ésta se fusionó con Andes Energía, que tiene a los empresarios mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano entre sus principales accionistas. Pocos días antes de que la provincia autorizara la fracturación de los pozos, ambas empresas anunciaron el acuerdo de conformar la compañía Phoenix Global Resources, en la que suman los activos en producción y exploración que tienen en el país.

Mercuria detentará el 75% de las acciones de Phoenix, mientras que los accionistas de Andes el 25% restante. Entre los activos más destacados se encuentran el área Chachahuén, en la que se registró el descubrimiento de petróleo convencional más importante de los últimos años, allí participa junto a YPF (operadora); Puestos Rojas, para el desarrollo no convencionales; y Santa Cruz Sur, con producción y reservas significativas de gas y petróleo.

Fuera de la ley

“Una vez más el gobierno miente”. Con esa afirmación arranca el comunicado de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, en el que recuerdan que Alfredo Cornejo cuando estaba en campaña por la Gobernación, decía “todo dentro de la ley”. “Sin embargo, parece que olvidó su compromiso”, sostuvieron en alusión a las normas ambientales que violaría la resolución de la DPA. la AMPAP también fustigó las declaraciones del subsecretario de Minería de la provincia, Emilio Guiñazú, quien aseguró “que no hay datos certeros sobre la contaminación del fracking”.

La Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe, por su parte, calificó de “vergonzosa” la actitud del gobierno mendocino y de los funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, “al argumentar que por ‘tratarse de pozos que ya existían y fueron explotados de manera convencional, sólo bastaba una resolución interna (789/17) para dar inicio al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental’, cuando en realidad se trata de un proyecto completamente diferente al cual esos pozos fueron perforados”. Desde este espacio también advirtieron que tanto el Departamento General de Irrigación como la Fundación Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICyT), avalaron el proyecto de Petrolera El Trébol con dictámenes técnicos a pesar de que concluyen que “los trabajos a desarrollar podrían afectar las fuentes y la calidad del recurso hídrico subterráneo y superficial”.

Además de los impactos ambientales y sanitarios asociados a la fracturación hidráulica, la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe señaló que el desarrollo de yacimientos no convencionales afectará negativamente al turismo y la ganadería. Al tiempo que repudió “la reiterada intención del gobierno provincial y nacional de imponer (…) actividades extractivas contaminantes, que no apuntan al desarrollo local ni al bienestar, como el fracking y la megaminería, cuando ni siquiera es capaz de controlar la explotación petrolera convencional” que se desarrolla en el departamento.

La Asamblea del Pueblo de Alvear también se sumó al repudio y además demandó la suspensión urgente del proyecto, “hasta tanto no exista una base científica o datos concluyentes que determinen con exactitud que esta técnica [el fracking] no genera una repercusión directa sobre el medio ambiente y la salud”.

Visiones en desarrollo

Entre las voces en defensa del fracking se encuentra la Federación Económica de Mendoza, que advirtió la necesidad de diversificar la matriz productiva de la provincia, “porque con lo que produce no alcanza”. Y subrayó que “cuando no alcanza, gobiernos anteriores han apelado a la vieja receta de aumentar la presión tributaria sobre pymes, comercios, sectores productivos y población en general”. “Ahora que tenemos la oportunidad de generar ingresos, observamos con alarma esta reciente catarata de planteos judiciales que intentan frenar una actividad que se ejecuta a toda máquina en la vecina Neuquén con todo lo que ello implica en lo que respecta a empleo y riqueza, por lo tanto no creemos que con amparos contribuyamos al desarrollo de Mendoza, al contrario, la paralizamos”, aseguró la entidad empresaria, construyendo su propio relato de la actualidad de Neuquén y Vaca Muerta.

En la misma dirección, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros rechazó “los absurdos y acostumbrados planteos de personas y entidades que, amparándose en el pretendido cuidado del ambiente, motorizan posturas dogmáticas e interesadas promoviendo medidas judiciales para impedir su desarrollo”. “[El fracking] se ha convertido en blanco de fuertes críticas por parte de quienes, también, se oponen a los cultivos transgénicos, a la energía atómica, a los agroquímicos, a los diques y represas y a la minería, actividades todas ellas que conforman una parte importante de los factores que conducirán, inexorablemente, al desarrollo de la provincia y el país.” La CaMEM expresó además “su profunda preocupación por las fuertes consecuencias negativas que puedan generar estas acciones sobre la industria petrolera en particular y el necesario desarrollo productivo de la provincia en general”.

En tanto el Consejo Empresario Mendocino pidió que se “libere a las políticas de desarrollo de pujas ideológicas comprensibles en cuanto a sus dimensiones filosóficas, pero que se vuelven negativas cuando afectan lo fundamental de la convivencia aquí y ahora, en esta época y en este país”.

Te espero en la plaza

La defensa más aguerrida de la exploración de no convencionales en el área Puestos Rojas no corrió por cuenta del empresariado sino de Julián Matamala, secretario general del Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado y Químicos de Cuyo y La Rioja. A través de un comunicado no sólo descalificó a los críticos del fracking y puso en duda que el interés de éstos sea defender el ambiente, sino que además los desafió a debatir en la Plaza de Malargüe, en el marco de un acto de apoyo al proyecto de Petrolera El Trébol realizado el 17 de agosto.

Según el dirigente sindical, los desarrollos tecnológicos y las capacidades de los trabajadores y profesionales han permitido mejorar el proceso al punto de que se puede aplicar la fracturación hidráulica, tanto en yacimientos convencionales como no convencionales, sin “ningún tipo de impacto dañino para el ambiente ni la población”. Una aseveración temeraria que es puesta en duda por una diversidad de estudios científicos realizados en Estados Unidos, país donde más se ha desarrollado esta técnica.1 En el comunicado se denuncia “la alarma que pequeños grupos ‘ambientalistas’ quieren generar con fines inciertos”, y asegura que en los pozos fracturados en Malargüe se implementaron “técnicas de control aún más estrictas que las que se aplican en Neuquén y en otros lugares del mundo”.

“También queremos informar que en este caso, se está usando agua de formación”, afirma el sindicato. “Esta agua que viene de gran profundidad junto con el petróleo no es apta para el consumo humano ni para la agroindustria y normalmente es devuelta a la formación de dónde provino. En este caso, en vez de inyectarla directamente se usa para hacer la estimulación de la formación y finalmente al terminar los trabajos se vuelve a inyectar al pozo de donde provino, a miles de metros de profundidad”, detalla. Sin embargo en la Resolución 813/17 de la DPA, se afirma que 1000 m3 de agua, de los 2500 m3 a emplearse en las operaciones, serían extraidos del río Salado. Justamente esa intervención sobre el principal afluente del Atuel incrementó la tensión en el conflicto existente entre las provincias de Mendoza y La Pampa por el manejo de esa cuenca.2

El secretario general de los petroleros privados de Cuyo también relativizó el volumen de agua utilizado. Sostuvo que “un pozo usa la misma agua que una hectárea de ajo o el equivalente de una pileta de natación para su estimulación, solo que su producción después puede llegar a más de 20 años”. En este punto cabe aclarar que la pileta a la que alude Matamala sería de tipo olímpica, es decir, de 50 metros de largo, 25 m de ancho y 2 m de profundidad. El dirigente petrolero también afirmó que luego de la fractura el pozo podría producir durante 20 años, sin embargo está comprobado que los pozos no convencionales sufren un pronunciado declive en los volúmenes de extracción al poco tiempo de su puesta en producción, índice que varía según las características de cada formación3. Pero además, tampoco se trata de una fractura por pozo, como la realizada en la prueba piloto, y mucho menos de cuatro pozos por área; la intensidad con que se interviene en los territorios es una característica de este tipo de explotación.

Otro de los puntos destacados por el dirigente petrolero respecto de la prueba piloto de Puestos Rojas, es que allí trabajaron más de 200 mendocinos, técnicos y profesionales, que “cuentan con salarios dignos y todos los beneficios sociales”. Al tiempo que se hizo eco de las declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo, quien aseguró que de arrojar resultados positivos la exploración de El Trébol, llegarían inversiones por mil millones de dólares. “Es por eso que no podemos permitir que intereses ambientalistas afecten nuevamente nuestra actividad perjudicando a todos los mendocinos, significando que de poner obstáculos al desarrollo de la actividad, se va a ver seriamente perjudicada las Arcas de Mendoza en recibir menos regalías”.

Matamala manifestó además que mantuvo reuniones con directivos de las empresas que operan en Mendoza, quienes se encuentran preocupados “ante éstos hechos de ambientalistas que nada tienen de ambientalistas”.

De este modo se configura en Mendoza un panorama similar al de la Norpatagonia cuando comenzó la explotación masiva de Vaca Muerta, hace cuatro años. Por una parte el Gobierno y los empresarios alientan cantos de sirena de las supuestas bondades económicas del fracking, mientras los sindicatos hacen las veces de brazo armado discursivo. La independencia de la Justicia y de los medios de comunicación quedan bajo sospecha, y los sectores que resisten al avance del fracking son violentados e ignorados. Los derechos de las poblaciones locales pasan a segundo plano, desplazados por la quimera no convencional, un modelo económico y social que hasta ahora no cumplió su promesa en Neuquén ni en ningún lugar.

Notas.

2 El embalse del río Atuel, con la construcción del dique mendocino El Nihuil, en 1947, impide que siga su curso hacia La Pampa, generando fuertes impactos ambientales, sociales y económicos. El caso sigue abierto en la Corte Suprema de Justicia. Más info.

3 Según un estudio del Instituto Post Carbon, en la formación de Bakken, una de las principales de Estados Unidos, los pozos tienen una declinación de un 69% el primer año y una vida productiva de seis años (Hughes, 2013:81). En el caso argentino los resultados son similares. Si tomamos todos los pozos de gas no convencionales desarrollados entre 2006 y 2015, la producción promedio baja de 5.442 Mm3 en el primer año a 2.588 Mm3 en el segundo, es decir una declinación de un 52,45%. El descenso se sostiene hasta el séptimo año donde la extracción es de 70 Mm3. Existe eso sí una diferencia en la vida útil entre los pozos: mientras la producción del shale es marginal al tercer año, el tight gas puede llegar a tener rentabilidad hasta el quinto o sexto. Más información en Boletín EJES Nº 4, octubre 2016.

Fuentes consultadas.

90.5 FM Piuquen, 18/08/2017. Sin fracking Mendoza dejaría de recibir mil millones en inversión

Alvear diario, 17/08/2017. Majstruk quiere que se prohíba el fracking en Mendoza.

Asamblea del Pueblo de General Alvear, 04/08/2017. Repudiamos la aprobacion del proyecto de extracción de petróleo no convencional “EL Trébol – Área Puestos Rojas” (Malargüe).

Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe (07/08/2017). Comunicado de la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe.

Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, 09/08/2017. El Fracking Mata. El Gobierno Miente.

El Sol, 23/07/2017. El método de fractura hidráulica no tiene una legislación específica.

– 09/08/2017. Este es el amparo que quiere frenar el fracking en Malargüe.

– 17/08/2017. Fracking: el Gobierno trabaja en una norma para regular la actividad en Mendoza.

Futuro Sustentable, 12/08/2017. Polémica por amparos contra el fracking en Mendoza.

Hughes, J. David, 2013. Perfora, chico, perfora. Post Carbon Institute, California.

Infobae, 24/07/2017. Andes se fusionó con PETSA para desarrollar Vaca Muerta.

Infobowen, 16/08/2017. Diputado del PJ quiere prohibir el fracking en Mendoza.

La Arena, 10/08/2017. Mendoza usará agua del Atuel para extraer petróleo.

Los Andes, 23/08/2017. Cornejo acusó a los K de mentir sobre el fracking.

MDZ, 10/08/2017. El CEM defendió la actividad del fracking en Mendoza.

– 10/08/2017. Un sindicato petrolero salió a defender el fracking en Cuyo.

– 13/08/2017. Empresarios mineros salen en defensa del fracking en Mendoza.

Vía Mendoza, 15/08/2017. La FEM, a favor del “fracking” en Mendoza.

 

Vaca Muerta


Desaparición forzada de Santiago Maldonado: ¿el Estado amenaza al pueblo mapuche, antimineros y antifracking?

Por Marcelo García (Exclusivo el El Extremo Sur).

En una Patagonia en la que se potencian los movimientos sociales que enfrentan a la minería, el fracking, la proyectada central nuclear y los terratenientes extranjeros, la desaparición de Maldonado habilita hipótesis que remiten a las prácticas del terrorismo de Estado.

¿Se trata de una acción planificada que implica una advertencia o el presagio de una amenaza? Las definiciones de la ministra Patricia Bullrich se emparentan con las del dictador Jorge Rafael Videla sobre los desaparecidos. Mauricio Macri no se involucra de lleno. La Rural pide represión y Lanata denuncia una guerrilla mapuche inexistente.

Un nuevo desaparecido político en democracia conmociona a la Argentina. Como ocurrió con Julio López, el albañil que declaraba en el juicio contra el genocida Miguel Etchecolatz, ahora desapareció un joven artesano de 28 años que se encontraba en la cordillera patagónica chubutense apoyando a los mapuches que defendían su territorio y fueron reprimidos por Gendarmería Nacional.

La desaparición de Santiago Maldonado es todavía un misterio que aparenta ser una acción forzada por las fuerzas nacionales que intervinieron en la represión del 1° de agosto pasado. Las semanas han pasado y las respuestas definitivas brillan por su ausencia, no hay responsables materiales ni intelectuales, pero Maldonado no aparece con vida.

Nadie se anima a decirlo públicamente ni tampoco hay pruebas que permitan confirmarlo, pero si Santiago no se fugó (como infiltrado de las FARC como se especula en ámbitos oficiales) lo más probable es que esté muerto y quizás jamás se vaya a encontrar su cuerpo, tal como sucedió con López.

Desapariciones, de Videla a Bullrich

Hoy a Maldonado le encaja a la perfección la definición dada por el dictador Jorge Rafael Videla, quien elucubró: “Frente al desaparecido en tanto esté como tal, es una incógnita. Si el hombre apareciera tendría un tratamiento X y si la aparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está… ni muerto ni vivo, está desaparecido”.

Sin que las palabras hayan sido las mismas y obviamente rechazando de plano la comparación del gobierno de Macri con la dictadura militar, la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich, terminó emparentada a la definición de Videla al no asumir la desaparición forzada como la principal hipótesis sobre Maldonado.

“Todas las hipótesis están abiertas” expresó Bullrich en su paso por el Senado y agregó que “Hay que buscar a Santiago sin un prejuicio y sin querer interponer una hipótesis como la hipótesis hegemónica. Todos los días buscamos personas, tenemos 5.000 personas desaparecidas en este momento”.

La ministra olvidó señalar que ninguna –dentro de esas miles de personas– desapareció en el marco de operaciones  represivas realizadas por Gendarmería; aunque sí se encargó de revelar la identidad de un testigo Ariel Garzi que declaró en la causa y que se suponía debía ser un testigo protegido.

Contradiciéndose y tomando partido por una de las hipótesis, que justamente no es la de la desaparición forzada de Maldonado, la ministra nacional sentenció: “No voy a hacer la injusticia de querer tirar un gendarme por la ventana. Prefiero como ministra asumir la responsabilidad y dejar que la Justicia investigue… Necesito a esa institución para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno”.

La desaparición de Maldonado y la detención para tratar de extraditar a Chile al lonko mapuche Facundo Jones Huala se emparentan, en lo que se manifiesta como una escalada represiva y atemorizadora hacia quienes recuperan territorios de grandes latifundistas extranjeros que en muchos casos desconocen leyes argentinas.

En la región patagónica el mensaje de advertencia parece estar claramente dirigido hacia los movimientos antimineros que se focalizan en Esquel y la zona cordillerana, a los vecinos que se oponen a la instalación de una central nuclear en Río Negro y a los mapuches y movimientos sociales que se enfrentan a las petroleras que impulsan el fracking en Vaca Muerta.

Lucha por la tierra, piedra en el zapato

La recuperación mapuche de territorios en la cordillera chubutense y patagónica es una enorme piedra en el zapato del Gobierno nacional ya que los terratenientes nacionales y los grandes inversores extranjeros -como Benetton, Lewis, Turner y Tompkins- no aceptan bajo ningún concepto que los pueblos originarios retornen a sus tierras ancestrales y afecten propiedades que en casos repetidos han comprado con papelitos y con el aval de dirigentes corruptos.

Desde 2001 cerca de 240 mil hectáreas han sido recuperadas por las comunidades mapuche y en los últimos diez unas 160.000 hectáreas fueron recobradas en las cercanías de Jacobacci, Machinchao y El Bolsón.

Las acusaciones que actualmente recaen sobre el lonko Facundo Jones Huala son similares a las que en los años ‘90 apuntaban hacia los hermanos Moira y Mauro Millán, que reclamaban junto a la Comunidad Mapuche-Tehuelche 11 de Octubre con acciones directas la propiedad de las tierras de sus ancestros y a principios de 2007 impulsaron a la comunidad Santa Rosa de Leleque a la recuperación de poco más de 500 hectáreas dentro de la inmensidad territorial de Benetton.

En los últimos meses la escalada de imputaciones fue subiendo de tono entorno de la presunta existencia de grupos extremistas, violentos y con intenciones separatistas; focalizándose en la figura de Jones Huala y el RAM.

El cambio de gobierno en la Argentina y la llegada del macrismo ahondaron el recrudecimiento de las represiones en los territorios ocupados por los mapuches.

Se desató una oleada de presión y enjuiciamiento social que tiene su correlato en los ámbitos tribunalicios, con el infaltable acompañamiento de grupos editoriales y periodistas cooptados al efecto.

Para la lógica institucional del macrismo, que por momentos actúa en consonancia con la gestión del gobernador Mario Das Neves, no es aceptable que una comunidad aborigen pueda recuperar tierras y transformarlas en territorios donde no se puede aplicar el control territorial del Estado.

La existencia del Pu Lof en Resistencia Cushamen es una piedra en el zapato macrista que puede reconvertirse en un ejemplo que el gobierno nacional pretende encorsetar y hacer retroceder a su mínima expresión o directamente a su desaparición.

Huala, Maldonado y el RAM, ¿guerrilleros?

Las acciones del RAM dispararon la ira del gobierno nacional y también del chubutense, de ahí que se concretará el operativo de Gendarmería que desembocara en la desaparición en Maldonado, pero dicho proceso tiene un claro correlato con el juicio y nueva detención de Huala, a quien se pretende extraditar a Chile.

El comunicado de la Sociedad Rural Argentina (SRA) es más que contundente respecto a lo que sienten los terratenientes y lo que le reclaman al Estado nacional sobre los mapuches, el RAM y el problema de las ocupaciones de tierras.

La entidad que preside Luis Miguel Etchevehere llamó a “terminar con la impunidad para con los grupos delictivos y violentos del Sur”, denunciando que “las familias patagónicas son víctimas del hostigamiento y los ataques del grupo delictivo conocido como Resistencia Ancestral Mapuche”; para cerrar reclamando que “es hora de que la Justicia aplique la ley en tiempo y forma. A pesar de todas las pruebas que existen en contra de estos grupos criminales, hay jueces que actúan con llamativa demora”.

Los reclamos de la SRA, con puntos de contacto con el de los estancieros santacruceños en la Patagonia Rebelde de principios del siglo pasado, fueron escuchados por el Presidente Macri quien rompió el silencio sobre la desaparición de Maldonado y sostuvo que “hay búsquedas por distintos lugares, sin colaboración de esta organización (mapuche) que se declara con lineamientos bastante poco democráticos y bastante violentos… Pero estamos igualmente intentando ver qué es lo que pasó”.

La postura de Macri y SRA habilitó a otros políticos para lanzarse a la caza de los díscolos. Desde Chubut se oyeron las voces del gobernador Mario Das Neves (ex PJ y Frente Renovador) y del intendente esquelense Sergio Ongarato (Cambiemos). Ambos expresaron su preocupación por el accionar del RAM, al que catalogaron de “fundamentalista” y “separatista”.

El broche de oro a los reclamos mapuches se lo puso el periodista Jorge Lanata, quien en su programa televisivo Periodismo Para Todos que se emite por Canal 13 calificó al RAM como una “una guerrilla indígena en el sur”.

El fallido de Patricia Bullrich puede ser interpretado como una anticipación de lo que estaría por venir. La profundización de la persecución de la protesta social y la lucha parece una decisión sin retorno.

“Necesito a esa institución (Gendarmería) para todo lo que estamos haciendo, para la tarea de fondo que está haciendo este gobierno la necesidad de gendarmería”, reveló la funcionaria. ¿La “tarea de fondo “incluirá nuevos Maldonados? ¿La represión será la respuesta a los movimientos sociales antimineros, anti fracking y antinucleares?

Un escenario complejo

Esa rara combinación de acompañamiento creciente en las urnas y rechazos contundentes en las calles a las políticas extractivas, le generan serios problemas al macrismo y los gobernadores provinciales. El fuerte repudio a la central nuclear en Río Negro, la minería en Chubut o la quita de los reembolsos a los puertos patagónicos se hacen sentir.

Santiago Maldonado sigue desaparecido tras la represión a los mapuches en Chubut y su aparición con vida es la prioridad, aunque no deja de ser una advertencia que puede ser interpretada como amenaza.

La toma de conciencia de la gravedad de lo sucedido y las “tareas de fondo” por venir deben abrir un profundo debate sobre el uso de las fuerzas de seguridad contra los que protestan y como una herramienta para la defensa de los intereses de poderosos terratenientes y empresarios.


La balanza de la Justicia inclinada

Un líder wichí está preso hace cuatro meses y en huelga de hambre

El líder wichí Agustín Santillán inició una huelga de hambre hace 15 días. Fue visitado por organismos de Derechos Humanos que reclaman su libertad.

Por Darío Aranda

Agustín Santillán, referente wichí de Formosa, lleva cuatro meses presos. El, su familia y organismos de derechos humanos denuncian que se trata de un “preso político”, encarcelado por ser una de las pocas voces críticas a Gildo Insfrán, gobernador desde 1995, y por reclamar los derechos de los pueblos indígenas. “Es evidente la persecución implacable del gobierno de Formosa contra Agustín Santillán”, afirmó en un comunicado el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que visitó al dirigente wichí en la cárcel, donde mantiene una huelga de hambre desde hace quince días. También están detenidos los wichí Víctor Hugo Delgado y Roberto Frías. El juez Marcelo López Picabea se niega a otorgarles la excarcelación.

Santillán es un joven wichí de Ingeniero Juárez, el extremo oeste de Formosa, conocido dentro de los ámbitos indígenas por organizar a las comunidades y exigir el cumplimiento de derechos indígenas: territorio, salud, educación, trabajo, agua. Estuvo presente en el acampe indígena de Buenos Aires en 2015, en entrevistas a canales porteños y encabezó la marcha histórica (en Formosa) de 2013, donde un millar de originarios se plantaron frente a la casa de Gobierno. “Estoy marcado”, solía resumir Santillán.

A fines de marzo e inicios de abril las inundaciones jaquearon el oeste de Formosa. Hubo saqueos y robos, algunos de ellos  protagonizados por jóvenes wichí. Desde el poder político y el juez Marcelo López Picabea apuntaron contra Agustín Santillán, aunque él no estuvo en ninguno de los episodios. Fue detenido el 14 de abril, golpeado y traslado al penal de Las Lomitas (centro provincial). Su esposa, Gabriela Torres, habló con Página12 la primera semana de detención y explicó que se trató de jóvenes marginados de toda asistencia estatal, rehenes de la droga y el alcohol. Y, al mismo tiempo, utilizados como grupos de choque de sectores políticos.

“A Agustín lo persiguen por luchar por nuestros derechos. Lo quieren matar”, había alertado Gabriela Torres en abril. Y adelantó que querían detener a toda la familia de Santillán, para así poder quebrarlo emocionalmente. Una semana después, Torres fue detenida cuando visitaba a su esposo (fue liberada tres días después).

Organizaciones de derechos humanos nucleadas en Encuentro Memoria, Verdad y Justicia visitaron a Santillán en la cárcel, el 4 de agosto. “El relato de lo que sufrió Agustín las primeras semanas me llevó cuatro décadas atrás, a los campos de concentración de la dictadura”, afirmó Nilda Eloy, de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos. Detalló la situación en celdas de aislamiento de un metro por dos, sin ventilación, con Santillán atado y vendado, golpeado por los oficiales del servicio penitenciario.

Eloy explicó que la Cámara de Apelaciones decretó la nulidad del procesamiento contra Santillán, que había sido emitida por el juez López Picabea. A pesar de la nulidad, el juez Francisco Orella (que estaba subrogando) y Picabea (que ya se reintegró), mantienen detenidos a los wichí.

Eloy afirmó que “no existe motivo real” para la detención de Santillán y aseguró que su prisión solo se explica porque “Formosa tiene un gobierno feudal, donde Gildo Insfrán maneja la policía, al Poder Judicial y todos los resortes del Estado. Y porque Santillán denuncia a ese poder”.

Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) La Matanza, también fue parte de la comitiva, y no dudó: “Agustín es un preso político. Y está en esa situación porque molesta al poder, denuncia las injusticias, y porque es un líder indígena que no han podido comprar, que lucha por su pueblo”.

Pimentel alertó que Santillán lleva más de dos semanas de huelga de hambre, con riesgo para su vida. Explicó que se entrevistaron con el juez Orella, que les prometió que liberaría a Santillán ni bien recibiera la notificación de la Cámara. Pero Orella (ni Picabea) ya no atiende los llamados de los organismos de derechos humanos.

La delegación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia estuvo integrada también por Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora), Claudio Ferrero (Asociación de Profesionales en Lucha), Margarita Pinto (Colectivo Memoria Militante), Alejandrina Barry (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos), Miguel Ranieri (Liberpueblo) y Silvana Di Lorenzo (Resistencia Qom).

“Me meten preso por reclamar. Me meten preso porque quieren ocultar la pobreza”, señaló Agustín Santillán en un carta escrita en abril pasado. Y amplió: “Soy inocente. Acá hay mucho racismo. Tengo miedo. No es seguro estar acá”.

El juez Marcelo López Picabea había emitido orden de detención de 30 hombres y mujeres wichí, muchos de ellos cercanos a Santillán y otros sospechados de los incidentes de inicios de abril. “Es una cacería de wichís”, denunció la organización Resistencia Qom, que acompaña a pueblos originarios de Formosa.

Al cumplirse un mes de la detención, medio centenar de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y comunidades indígenas emitieron una carta abierta: “Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denunció el escrito, firmado por Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Confederación Mapuche de Neuquén y la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), entre otros.

Página/12