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Qué entendemos por energía extrema

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Incendio de la plataforma Deepwater Horizon,/ Nieznany – US Coast Guard

Por  Tatiana Roa Avendaño (Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia) y Hernán Scandizzo (OPSur)

Aún están frescas las imágenes del incendio de la plataforma Deepwater Horizon, cuando perforaba el pozo Macondo en el Golfo de México, en abril de 2010. La explosión e incendio dejó once trabajadores muertos y, después de más de tres meses de intensas labores, la petrolera BP logró controlar la situación. Para entonces habían sido vertidos al mar Caribe más de 700 millones de litros de crudo y otros varios millones más de litros de agua de formación. La magnitud del desastre expresa los riesgos que conllevará la ampliación de la frontera extractiva y tecnológica, y es lo que algunos autores han denominado energía extrema.

Este concepto de energía extrema se refiere no sólo a las características de los hidrocarburos, sino también a un contexto en el que la explotación de gas, crudo y carbón entraña cada vez mayores riesgos geológicos, ambientales, laborales y sociales; además de una alta accidentalidad comparada con las explotaciones tradicionales. La era de los hidrocarburos fáciles de extraer está llegando a su fin, si no lo ha hecho ya. Los objetivos de empresas y gobiernos para sostener la matriz fósil son las formaciones sedimentarias compactas, los crudos pesados y extra-pesados, las arenas bituminosas e incluso desarrollos biotecnológicos para aplicar en procesos de recuperación mejorada de hidrocarburos en pozos agotados.

En el mismo combo aparecen los yacimientos en el mar, cada vez más alejados de la costa, en aguas más y más profundas, que son extraídos, en algunos casos, luego de atravesar gruesas capas de sal. También estos yacimientos están conociendo las delicias de la fracturación hidráulica, para revertir la caída de la producción. Y el carbón alojado en las profundidades de la tierra, inaccesible para la minería convencional, despierta el interés de gobiernos y empresas, del mismo modo que el gas allí contenido. Miles y miles de toneladas de carbono que serían lanzadas a la atmósfera si esos hidrocarburos son extraídos e inyectados al mercado energético y la industria petroquímica para extender la decadencia de la civilización fósil.

Otra característica de este modelo de extracción extrema es que en muchos casos se trata de gas, crudo y carbón a los que se accede ampliando la frontera extractiva sobre tierras campesinas y de pequeños productores, aguas de pescadores artesanales y territorios indígenas y afrodescendientes. Una expansión acompañada de conculcación de derechos, que da lugar a desplazamientos de población, desaparición de saberes y culturas, así como también la muerte de economías locales y regionales. Es decir, constituye una amenaza contra la soberanía alimentaria y territorial de los pueblos. Una violencia simbólica y material que es intrínseca a la energía extrema, y que significa además una profundización de la violencia sobre los cuerpos y la Naturaleza no humana. No sólo por la irrupción en ecosistemas frágiles y por profundizar la degradación de los ya impactados, sino también por el empecinamiento de seguir apostando a la matriz energética responsable de la crisis climática y el calentamiento global.

Esta ampliación de frontera hacia escenarios extremos implica además condiciones laborales de mayor riesgo. Quienes trabajan en esos proyectos no sólo están expuestos a condiciones meteorológicas rigurosas -como sucede en las operaciones en el Ártico o en alta mar- sino también a la toxicidad de los insumos químicos utilizados, por ejemplo, durante fracturación hidráulica, o a los desarrollos biotecnológicos diseñados para incrementar los niveles de extracción y los procesos de transformación de hidrocarburos pero también a riesgos más altos de accidentes laborales por ejemplo por explosiones.

Por otra parte, el gas y el crudo alojados en yacimientos profundos y/o compactos, o ubicados en lugares remotos, demandan más infraestructura y despliegue logístico, tanto para llevarlos hasta la boca del pozo como para inyectarlos al mercado. Esto se traduce en la perforación de cientos y miles de pozos, el tendido de ductos, la instalación de compresores, tanques, etc.; en síntesis, una mayor ocupación territorial e industrialización de áreas rurales y del paisaje en general, y la expulsión de las poblaciones que no son funcionales al nuevo uso del espacio.

A ello se suma que cada barril obtenido de estas explotaciones requirió un mayor consumo de energía, es decir, su rendimiento es menor. Además, demandó mayores recursos financieros que las explotaciones convencionales, que en muchos llegan a la compañía en forma de subsidios estatales, ventajas impositivas y precios sostén, que son transferidos desde los bolsillos de la población.

Baja del precio del crudo y continuidad de los proyectos extremos

La caída sostenida del precio de crudo muy por debajo de los 100 dólares no se ha traducido en un automático golpe de timón de los gobiernos de la región en sus políticas petroleras, ni ha significado la inmediata inviabilidad de los proyectos de energía extrema en América Latina. Sin duda hay una desaceleración, pero en la medida en que no exista la decisión política y el nivel de movilización para avanzar en la desfosilización de la matriz energética y del modelo productivo (los hidrocarburos como insumo no energético), estos proyectos representan la nueva frontera ante el agotamiento global de los grandes yacimientos convencionales.

Para seguir en carrera las empresas apuestan a reducir la cadena de costos, es decir, despedir o promover el retiro voluntario personal, bajar salarios, eliminar conquistas laborales -beneficios no financieros: descansos, calidad de la alimentación, etc.), eliminar intermediarios, desarrollar y aplicar innovaciones tecnológicas, entre otras variables. También desde el sector corporativo presionan para que los favorezcan con ‘políticas de incentivo’ como subsidios, ventajas impositivas, y precios internos superiores a la cotización internacional. De esta manera se transfieren los costos financieros -además de los sociales y ambientales- a los usuarios, que pagan la energía y combustible más caros, como ocurre en Argentina. Por otra parte hay que tomar en cuenta que países como Ecuador y Venezuela han tomado préstamos de China respaldados con su crudo, lo que también define la marcha sostenida tanto sobre la Amazonía como sobre la Faja del Orinoco. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, son más de U$D 46.000 millones en créditos.

Las fronteras extremas de América Latina

Si bien desde principios de la década y hasta entrado 2014 la mayoría de los países de la región, con más o menos intensidad y convicción, tenían a los hidrocarburos de lutitas y al fracking en sus agendas, esto no se ha plasmado en grandes avances en territorio. A nivel regional el fenómeno del shale sólo ha tenido impacto masivo, o relativamente masivo, en Argentina con Vaca Muerta, mientras que en México, el otro país estrella, ha sido menor, y en Colombia hay un firme interés de las autoridades en avanzar en esa dirección. Sin embargo, tampoco significa que haya desaparecido el interés por las formaciones compactas, el desarrollo de campos de tight sands ha cobrado impulso tanto en Argentina, como en México y el extremo sur de Chile. Los costos de producción en arenas compactas son considerablemente menores que los del shale, lo que las vuelve particularmente atractivas para las empresas.

Por otra parte, una frontera que no cesa de ampliarse en la región es la off shore. Brasil desde el descubrimiento del presal, hace una década, apuesta fuertemente a su explotación, incluso las autoridades no le han dado mayor importancia a los bloques con potencial en crudo y gas de lutitas. Éstos tampoco despertaron el interés de las empresas en las últimas rondas de concesiones petroleras. La impetuosa convicción de avanzar hacia el mar emerge también en el conflicto que se suscitó en 2015, cuando el gobierno federal intentó flexibilizar los sistemas de licenciamiento ambiental para las explotaciones costa afuera, una reforma que fue resistida por los trabajadores de las agencias de control ambiental. Hay que tener en cuenta que en el caso del presal los hidrocarburos se alojan a una profundidad cercana a los 7.000 metros; allí se concentraría el 90 % de las reservas petrolíferas probadas y el 77 % de las gasíferas.

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Plataforma 52 del Presal / Ricardo Stuckert – Agencia Brasil

Por otra parte la francesa Total comenzó este año la perforación un pozo en la plataforma marítima uruguaya, a 200 kilómetros de la costa. Atravesará 3.400 metros de “columna de agua” y otros 3.000 bajo el lecho oceánico en busca de hidrocarburos. Un proyecto extremo que marca un hito en la región, en un país que carece de antecedentes de explotación de hidrocarburos. También Colombia avanza sobre yacimientos en aguas profundas del Mar Caribe, al igual que Nicaragua y Honduras. Chile, por su parte, a raíz de perforaciones exitosas realizadas por la estatal ENAP, apunta a consolidar sus desarrollos offshore en el Estrecho de Magallanes, al igual que ampliar las explotaciones de bloques de tight gas en la isla de Tierra del Fuego.

En tanto los crudos pesados y extra pesados son centrales en países de la región como Venezuela, con la Faja del Orinoco, y Colombia, en la región de los llanos. Por otra parte, más allá de las características de los hidrocarburos y de las formaciones que los contienen, tanto la Amazonía como el Chaco Sudamericano constituyen la nueva frontera por excelencia para Bolivia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, avances que se concretan, en muchos casos, sobre territorios de pueblos indígenas, comunidades campesinas y áreas naturales protegidas.

Detrás de los discursos de salvación o abundancia con que son promocionados los diferentes proyectos de energía extrema en nuestros países, están las otras realidades arriba mencionadas. Con estas líneas damos apertura a una serie de artículos sobre el carácter extremo no sólo de los proyectos energéticos sino también de las infraestructuras y finanzas que demanda la reproducción del capitalismo globalizado.


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Solidaridad con las comunidades colombianas contra el fracking

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Comunicado de solidaridad con las comunidades de San Martín (Cesar Colombia) y Cordatec que se oponen a proyectos de fracking en su territorio.

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Las organizaciones sociales y ambientalistas nacionales e internacionales abajo firmantes, defensoras de los derechos humanos, ambientales y de la naturaleza, alarmados por el avance de la frontera extractiva y tecnológica, en particular por el uso del fracking, expresamos nuestra preocupación frente a la situación de los últimos días, en el municipio colombiano de San Martín (Cesar).

Los hechos:

Desde hace varios meses, pobladores del municipio de San Martín y la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas, han venido haciendo resistencia pacífica a la implementación de un proyecto de Fracking propiedad de la empresa Conoco Phillips, con el respaldo del Gobierno Nacional. De acuerdo a los pobladores locales, su actuación violaría los acuerdos de construir escenarios de diálogo en el marco de la Estrategia Territorial de Hidrocarburos – ETH de la ANH, el Ministerio del Interior y con el apoyo técnico del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo – PNUD.

La comunidad de Cuatro Bocas (San Martín) realiza un plantón pacífico desde el miércoles 7 de septiembre. Su objetivo es impedir la entrada de la maquinaria petrolera en su vereda. La comunidad viene siendo acompañada por la Corporación Defensora del Agua, Territorio y Ecosistemas – CORDATEC, constituida por miembros de la comunidad.

La semana anterior, en reiteradas ocasiones y apoyados por el Ejército Nacional y la Policía Nacional (los primeros días), la empresa Conoco Phillips buscó entrar la maquinaria al sitio donde se perforaría el pozo Picoplata1, intimidando con el uso del Escuadrón Móvil Anti-Distrubios ESMAD para reprimir la protesta, y sin posibilitar espacios de concertación con los miembros de la comunidad.

CORDATEC denunció el día 13 de septiembre acciones contra la vida e integridad del vocero de esta organización, Carlos Andrés Santiago, e intimidaciones hacia otros de los miembros de Cordatec por parte de trabajadores petroleros que aseguran interpondrán una demanda civil contra ellos por los supuestos daños y perjuicios que ha sufrido la empresa.

Por todo lo anterior, solicitamos:

Al gobierno colombiano:

Para que tomen medidas urgentes para la protección de la vida de los pobladores de San Martín, cesen los hostigamientos contra esta comunidad, no se envíe el Escuadrón Movil Anti-Disturbios ESMAD, y se otorguen garantías reales para el legítimo derecho a la protesta. Así mismo se inicie de inmediato un proceso de diálogo y concertación real con las comunidades, que conlleve a invocar el principio de Precaución para declarar la moratoria como primer paso de la prohibición del Fracking en Colombia.

A los entes del control:

Para que se tomen las acciones que sean necesarias para que se garantice el respeto a la vida y los DDHH de los pobladores de San Martín y el legítimo derecho a la protesta en el corregimiento de Cuatro Bocas.

A la empresa CONOCOPHILLIPS

Para que detenga toda operación en el municipio y se abstenga de solicitar el uso de la Fuerza Pública para reprimir las manifestaciones legítimas de los habitantes de San Martín.

A la comunidad nacional e internacional:

Para mantenernos vigilantes, acompañando y denunciando todos los hechos violentos contra la vida y la integridad de los pobladores de San Martín y los miembros de Cordatec.

Finalmente, saludamos la Segunda Jornada Internacional contra el Fracking que desarrollaran las organizaciones colombianas entre el 20 y 25 de septiembre. E invitamos a acompañar la Marcha Carnaval por el agua y la vida y contra el fracking que se realizará en San Martín el próximo 25 de septiembre.

Firman:

Organizaciones nacionales Asociación Ambiente y Sociedad Asociación Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia Asociación Colombia Soy Yo – CSY Barranquilla + 20 Centro de Estudios para la Justicia Social – Tierra Digna Colectivo Ambiental William Barrios Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez Colectivo en Defensa de la Provincia del Sogamuxi Comité Ambiental en defensa de la Vida del Tolima Comité Páramo Cruz Verde Corporacion para el Desarrollo de los Territorios – CORDESTE Corporación Humadea Fundación Eitawa y Colectivo Cerbatana Fundación Juventud Despierta Buenavista Fundación Mi Tierra Fundación Soy Pescador Grupo de Estudios Extractivistas y Ambientalista del Magdalena Medio – Geam Incorruptibles Colombia Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero Movimiento Nacional en Defensa de los Territorios y de Afectados por Represas – Ríos Vivos Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí Mujeres del Común – Santander Observatorio de Expansión Minero-energética y Re-Existencias Plataforma Red de Procesos Juveniles de Caldas Red por la Justicia Ambiental Red Colombiana de Jóvenes Ambientalistas – Redsistiendo Red de Comités Ambientales del Tolima Centro de Estudios para la Justicia Social – Tierra Digna

Organizaciones internacionales Abgefrackt Bündnis Weidener Becken gegen Fracking – Alemania Aida Alianza Internacional de Habitantes Alianza Mexicana contra el Fracking – México Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe – Atalc Amigos del Río San Rodrigo – México Amigos de la Tierra España Asociación de Protección del Medio Ambiente – APROMAC – Brasil Asociación de Protección del Medio Ambiente de Araucária – AMAR – Brasil Asociación de Salud Ambiental TOXISPHERA – Brasil BI lebenswertes Korbach e.V., Germany Coecoceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica Collectif against fracking in south of France – Francia Collectif Causse Méjean – Gaz de Schiste NON! – Francia Collectif Florac Stop Gaz de schist – Francia COESUS – Coalizão Não Fracking Brasil COESUS Latinoamerica Ecologistas en Acción – España ECODESS – Perú Environmental Institute of Munich, Germany Food & Water Watch Food & Water Europe Freshwater Accountability Project – Estados Unidos Fundação Arayara – Brasil Fundar – Centro de Análisis e Investigación – México Gemeinnütziger Umweltschutzverein pro grün e. V. Paderborn – Alemania Global Power Shift Venezuela Juventud Unida en Acción – Venezuela No al Fracking Nuevo León – México No Fracking Tamaulipas – México Observatorio Petrolero del Sur – Argentina Parlamento Latinoamericano y Caribeño de Jóvenes por el Agua Pobladores AC – México Redes – Amigos de la Tierra Uruguay Red de Jóvenes de las Américas Regroupement vigilance hydrocarbures Québec – RVHQ -Canadá Residents Action on Fylde Fracking – RAFF – Reino Unido 350.org


charla

Delitos ambientales, Derechos humanos y resistencias sociales ¿Qué leyes nos protegen ?

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Charla debate organizada por la Asamblea del Agua

2 de septiembre – 19 hs –  Salón Cultural Bernardino Rivadavia J. V. Zapata 349 –  Ciudad Mendoza

Delitos ambientales Derechos humanos y resistencias sociales

 ¿Qué leyes nos protegen ? 

-asistencia libre y gratuita–

 
charla
Disertante Fiscal General Federal Dr. GUSTAVO GÓMEZ
PANELISTAS .
Marcelo GIRAUD Geógrafo –
Federico SORIA Lic. en Turismo
Dr. Andrés UGARTE Doctorando – UM
 
Anfitrion
Rotary Club Mendoza  Nuevas Generaciones Anfitrión


chevron ypf

Chevron-YPF: los secretos de cumpleaños

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Hace tres años la Legislatura neuquina, en escandalosa votación, daba por finalizado el proceso de concesión de su primer cluster masivo en la explotación de hidrocarburos no convencionales. El periplo de meses de negociaciones, fue aprobado a libro cerrado y rubricó el acuerdo entre la emergente empresa mixta YPF y la norteamericana Chevron.

Martín Álvarez Mullaly*

Desde que Neuquén construyó sus designios al calor de la producción energética, vivimos permanentes cambios de estados económicos que se corresponden a estados anímicos de la clase política dominante local. La dependencia que genera una economía de enclave petrolera, brinda una hegemonía altanera al Movimiento Popular Neuquino (MPN), que se pone en tensión ante las variables económicas propias de la actividad hidrocarburífera. De esta manera pasamos del oficial, “Neuquén, país, país”(1), la “Neuquén saudita”, la tierra prometida en donde el mundo posó sus ojos, “manantiales de vida”(2); a la provincia del esfuerzo, de la falta de diversificación económica, de la dependencia petrolera como una maldición obligada y el Estado como un pesado lastre donde unos patriotas regionales se esfuerzan para sostenerlo.

Esta manía con la que se maneja el poder por parte del MPN, desde hace más de medio siglo, ha generado condiciones dignas de un gran laboratorio de crisis recurrentes donde cientistas sociales podrían hacerse un picnic. La extracción hegemónica de los hidrocarburos, sumados a la producción eléctrica y de agua pesada en menor escala, son el corazón de la dinámica económica. El sobrevivir a un precio del barril bajo, es para esta burguesía comerciante, apropiadora de la renta petrolera, uno de los obstáculos a sortear a fines de garantizar su futuro como conducción política dominante.

En el caso del gobierno nacional que impulsó el cambio de políticas en materia energética, lo hizo con un doble movimiento que contó con la utilización de un capital simbólico acumulado de tendencia desarrollista, en donde el extractivismo con distribución tenía asidero y aceptación. En el caso de la supuesta “recuperación” de YPF se hizo, además, basándose en la vieja identidad ypefiana. Y a su vez se realizó a través de una transnacionalización y transferencia a cambio de renta futura a algunas de las multinacionales más poderosas del mundo. En eso se basó la paradoja extractiva del kirchnerismo: entrega de los recursos al poder concentrado imperial en nombre de la identidad nacional y popular en función de apropiarse de renta inmediata para asegurar el supuesto “desarrollo con inclusión”

Es en este contexto local en donde el proyecto imperial del fracking se inserta, llevando a Neuquén a convertirse en poco tiempo en la zona más perforada por fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Tal proceso de acumulación de capital actual, consta de un aumento sostenido de transferencia a las empresas petroleras a fines de sortear la inversión inicial y los vaivenes del precio del petróleo.

Tras la caída mundial del precio barril, la contratendencia del gobierno kirchnerista fue de aumentos sostenidos, generando una transferencia del bolsillo del trabajador a las arcas de las empresas que extraen en boca de pozo, garantizando que el hidrocarburos fluyan y los estados productores se hagan de la renta provenientes de las regalías. Este peligroso círculo virtuoso de la burguesía post desarrollista extractiva se encontró con la torpeza neoliberal de Cambiemos, quienes tras el traspaso de gobierno generaron un tarifazo. Hacer con el gas el camino que el kirchnerismo hizo con los combustibles fue la decisión que generó un shock tarifario que terminó judicializado, con fallo en contra por parte de la Corte y un aire de improvisación en el consciente colectivo nacional que debilita mucho a quienes prometían “el mejor equipo de la historia”.

Todo indica que esta pesada herencia, transformada en “sinceramiento” tarifario, destinado a las arcas de la cadena de valor energético, no solo es un improvisación macrista, sino más bien una continuidad del camino emprendido allá por el 2012, cuando Miguel Galuccio, se encargó de abrir la puerta de Vaca Muerta ante los ojos del mundo en distintas rondas de negocios. Ser un país productor y encontrarse entre los más caros del mundo en los valores finales de combustibles, es la consecuencia obligada de un osado proyecto neoliberal inserto en contexto geopolítico mundial en reconfiguración. Tomar a la energía como un derecho, desmercantilizar y democratizar su acceso es una tarea que puede materializarse si se desanda el costoso camino de la locura del fracking.

Una sociedad que rompe con el relato

El camino a Vaca Muerta requería de grandes inversores y las distintas ronda de negocios traían como resultante inmediata la billetera de un socio incómodo, la mundialmente cuestionada Chevron. Tras la condena en Ecuador por la contaminación de la Amazonía, la causa contra la petrolera norteamericana se transformó en un cuestión de Estado para el gobierno de Rafael Correa, aliado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Además, en términos de producción, la política de desinversión de Chevron en su yacimiento emblema, El Trapial, en Neuquén, fue muy similar a la expropiada Repsol.

El pacto con Chevron es todo un hito de la historia actual que incluye reglas ocultas, subsidios y transferencias a las empresas petroleras, y un desconocido número de empresas off shore. Incluso un polémico decreto realizado a la medida de las demandas de Chevron fue finalmente transformado en ley para garantizar el desarrollo de Vaca Muerta.

Al momento de la firma se la mostró como la socia necesaria e ideal por su experiencia operativa en el mundo shale norteamericano, el tiempo mostró que fue un inversor con muchos beneficios y pocos riesgos. Si bien el contrato firmado aún se encuentra oculto, las condiciones que han sido públicas a través de las presentaciones de las empresas a la Comisión de Valores de Estados Unidos dan cuenta de garantías y condiciones no vistas hasta el momento en el mundo hidrocarburífero nacional.

Este desembarco contó con un rechazo inmediato en las calles neuquinas que tuvo como respuesta una fuerte represión el día que la legislatura respaldó el acuerdo entre la provincia e YPF, creando las condiciones para la operatoria de la sociedad YPF-Chevron. Además se sumó la quema de casas de la comunidad mapuche Campo Maripe, ubicadas dentro del área concesionada.

A tres años de este puntapié inicial en el juego de tronos del fracking, el gobierno nacional cambió, el provincial manifiesta su dependencia en el control de hegemonía atada al desarrollo de los no convencionales y los intendentes buscan compensar su falta de recursos con fuentes de financiación petrolera. Mientras tanto, partidos políticos, organizaciones sociales, el obispado neuquino, docentes, organizaciones feministas, sindicatos y asambleas comienzan a poner en tensión al cuento del fracking como único camino posible de desarrollo.

(1) Así reza el himno provincial adoptado como oficial desde los años 90.
(2) De esta manera pretendió llamar el gobernador Jorge Sapag a Vaca Muerta, en plena teleconferencia la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner le desestimó la propuesta y en su lugar dijo que tendrían que llamarlo “Vaca Viva”.

*Investigador del Observatorio Petrolero Sur (OPSur). Miembro de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES).

La Izquierda Diario


encuentro27

Encuentro de Asambleas, Comunidades y Activistas en Lucha contra el Extractivismo

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“Si la vida que nos imponen no es digna, nuestra dignidad está en luchar por construirla”.

encuentro27

A lxs compañerxs que se organizan, resisten y luchan desde diferentes espacios políticos, a las asambleas populares, a las comunidades, a la sociedad toda:

Lxs convocamos a participar del Encuentro de Asambleas, Comunidades y Activistas en Lucha contra el Extractivismo.

A 3 años de la firma del pacto YPF-CHEVRON, garantizado por el entonces gobierno nacional kirchnerista, lxs diputadxs del MPN y del resto de los partidos patronales, con el objetivo de profundizar la entrega, habilitando la usurpación y el despojo de comunidades mapuches, el saqueo de los bienes comunes del territorio y la contaminación. A 3 años de haber afirmado que no habría progreso para lxs de abajo, sino todo lo contrario. Para nosotrxs solo contaminación, enfermedad, pobreza y muerte. Para los de arriba, empresarios y gobierno, el lucro millonario y las garantías legales para saquearlo todo. Hoy, el actual gobierno del cambio, sostiene que Argentina tiene que “volver al mundo” y dirige su política económica a beneficiar aún más a grandes empresas trasnacionales, a costa del ajuste de la clase trabajadora.

En este marco, proponemos encontrarnos, compartirnos las luchas que venimos construyendo en distintos territorios, reconocernos compañerxs y hermanxs que no estamos solxs resistiendo contra el imperialismo extractivista, contra el capitalismo/patriarcado colonizador y racista. Proponemos un hecho político, que repudie a los responsables, que nos interpele como sociedad, que nos permita coordinar y unificar luchas, desde la solidaridad activa de nuestras identidades combativas, para seguir en este camino con el newen de un mismo puño que brota urgente desde lo más profundo de la tierra, de los cerros, de los ríos y los bosques.

Porque nunca compramos la idea de desarrollo que pretendieron vendernos los gobiernos y las empresas trasnacionales. Porque sabemos que las rutas del petroleo, de la minería y de la soja, también son las rutas de la trata con fines de explotación sexual. Porque las masculinidades que se producen en este sistema, generan la violencia machista que nos abusa, golpea y mata. Porque la tierra es apropiada y violentada de la misma manera que nuestros cuerpos. Porque con nuestros cuerpos resistimos en la calle, la feroz represión de aquel 28 de Agosto del 2013. Porque asumimos el compromiso de defender los cerros, los ríos, los bosques y las semillas. Porque continuamos denunciando la política de muerte del MPN, que desde hace más de 50 años detenta el poder del Estado neuquino, en base al clientelismo que se sostiene sumiendo a gran parte de la población en la miseria, persiguiendo, reprimiendo y criminalizando y judicializando a lxs que luchamos, con la policía matando a los pibes en los barrios, expulsándonos a los márgenes de la ciudad sin acceso a los servicios básicos, condenándonos a respirar el humo tóxico de los basureros petroleros donde se queman los residuos de la hidrofractura y a beber de los ríos contaminados con hidrocarburos. Porque queremos que la tortilla se vuelva.

Porque continuamos la lucha de nuestra lamngen Cristina Lincopan, que entregó su vida defendiendo el territorio de la voracidad capitalista, machista y racista de las petroleras y los gobiernos. Porque continuamos la lucha de Berta Cáceres, asesinada por defender el río de las represas, quien convencida nos contó que vamos a vencer, porque el Río Gualcarque se lo dijo. Porque en este rincón de la Patagonia, las Madres de Plaza de Mayo Filial Alto Valle no claudicaron la lucha de lxs 30.000, y nos enseñaron a no dar ni un paso atrás! Por nuestrxs hijxs. Por la vida digna. Lxs esperamos!

Organizan y convocan: Asamblea Fuera Basureros Petroleros y Asamblea Centenario Libre de Fracking. Lugar: Aulas 15, 17, 19 de Humanidades UNCo Desde las 8:30hs Acreditación. 9:00hs Apertura del Encuentro 10:00hs Trabajo en 2 comisiones, en paralelo. -Modelo extractivista. Consecuencia y alternativas. -Experiencias de resistencia y lucha frente al extractivismo. 13:00hs Almuerzo. 14:30hs Plenaria de Conclusiones. 18:00hs MARCHA (Solicitamos nos confirmen su presencia, aclarando si son vegetarianxs o veganxs, para garantizar el almuerzo de todxs, a la dirección de correo v.mora@live.com.ar)


facundo jones huala

Comunicado por la libertad del preso político mapuche Facundo Jones Huala

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Con más de un centenar de adherentes, hoy se hizo público el “Comunicado por la libertad del preso político mapuche Facundo Jones Huala”. Mañana a las 14:00 está convocada una concentración en el Obelisco en Buenos Aires.

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Se amplían las muestras de solidaridad por el Lonko Facundo Jones Huala preso político que se encuentra en la cárcel de Esquel en Chubut. Hoy se hizo pública una declaración con más de cien adherentes que piden su liberación y la no extradición a Chile, país que busca criminalizar la defensa territorial mapuche. “La detención de Facundo y este juicio no es más que un intento por deslegitimar el proceso político llevado adelante por el pueblo mapuche-tehuelche en Chubut. La Justicia de esa provincia (…) busca desvirtuar el problema político del despojo territorial mapuche a través de una campaña de criminalización acompañada por otros sectores políticos y medios de comunicación”, señalan en el comunicado.

Para mañana está convocada una radio abierta y concentración en el Obelisco en Buenos Aires a partir de las 14:00. Desde el lugar se transmitirá el programa Derrocando a Roca a través de FM La Tribu y en cadena con varias radios patagónicas y la participación de destacados artistas como la cantautora mapuche Beatriz Pichimalen.  La actividad es parte de la campaña de agitación por la libertad de Facundo que se lleva adelante en distintas ciudades de Puelmapu

Reproducimos el comunicado

Comunicado por la libertad del preso político mapuche Facundo Jones Huala

Desde hace casi dos años la comunidad Mapuche del departamento de Cushamen (Chubut) vive en un territorio que fue recuperado del empresario Luciano Benetton, uno de los mayores latifundistas del país . El 27 de mayo de este año la comunidad fue reprimida por varios grupos policiales. Ahí detuvieron a 7 hermanos y hermanas y sitiaron durante una noche a las personas que quedaron en la comunidad. Dentro de los detenidos está el Lonko [lider comunitario] mapuche Facundo Jones Huala. Sobre él pesa un pedido de extradición a Chile, donde fue criminalizado por acompañar las movilizaciones de sus hermanos mapuche en ese país. El miercoles 31 de de agosto se realizará el juicio por la extradición de Facundo a ese país, por lo que convocamos en Buenos Aires a una concentración y radio abierta en el Obelisco el sábado 13 de agosto a las 14:00.

La detención de Facundo y este juicio no es más que un intento por deslegitimar el proceso político llevado adelante por el pueblo mapuche-tehuelche en Chubut. La Justicia de esa provincia ya había intentado aplicarles la ley antiterrorista a otros hermanos en resistencia territorial, lo que demuestra que buscan desvirtuar el problema político del despojo territorial mapuche a través de una campaña de criminalización acompañada por otros sectores políticos y medios de comunicación.

Este hecho no es aislado. A lo largo de todo el país se han judicializado causas de recuperación de territorios ancestrales indígenas, desconociendo la legislación nacional e internacional que asiste a los pueblos originarios. Esto lo pudimos ver el año pasado en el juicio a las autoridades de las comunidades mapuche Wiñoy Folil y Winkul Newen que se oponían al avance petrolero en Neuquén.  A lo largo del país son decenas los hermanos y hermanas judicializados en los más de 200 conflictos territoriales en zonas indígenas. Son también una decena los indígenas y campesinos asesinados en conflictos territoriales durante la última década, como el caso de los hermanos qom Roberto López y el pilagá Mario López asesinados en Formosa; y  Cristian Ferreyra en Santiago del Estero. A esto se suma la impunidad: a 7 años del asesinato de Javier Chocobar de la comunidad Chuschagasta en Tucumá aún no se da inicio al juicio, evidencia de que en la Argentina hay una justicia distinta cuando se trata de indígenas.

El denominador común de la criminalización a los indígenas en el país es la existencia de un modelo económico basado en el extractivismo de los recursos, donde las comunidades tienen una ubicación estratégica y se oponen a su explotación. Con el desembarco de estas empresas, los originarios ven despojados sus derechos en favor de la explotación extractivista. Y luego, cuando las comunidades mantienen su defensa territorial, los líderes son detenidos y criminalizados, como es el caso del Lonko Facundo. Similar situación ocurre en Chile, donde Facundo fue detenido por acompañar los procesos de defensa territorial de su pueblo. Por esta razón nuestro hermano tuvo que pasar por las cárceles chilenas como tantos otros compañeros de ese país, para luego ser absuelto. Ese es el tamaño de la injusticia que viven hoy los mapuches en Chile. A eso quieren colaborar los poderes políticos de Chubut.

Hoy denunciamos el atropello de derechos del pueblo mapuche en nuestro país y el burdo intento por criminalizar su defensa territorial. Denunciamos la absurda encarcelación de Facundo y el show mediático judicial que se ha montado en torno a él. También denunciamos que el intento de extradición del Lonko no tiene otro fin que la criminalización, tanto de él como del proceso del que es parte.

Exigimos su inmediata liberación, el fin de la criminalización del movimiento político y social indígena y la retirada de las empresas de los territorios ancestrales, como es el caso de Benetton en Chubut.

Autoconvocadxs por la Libertad de Facundo Jones Huala

 

Adhieren: (se reciben adhesiones a libertad.facundo@gmail.com )

Amaranto Corriente Universitaria;  Amigos del río (Chubut); Alerta Angostura ONG Comodoro Rivadavia, Chubut; Archery Musem ; Asamblea Ciudadanos por la Vida, Videoteca Doña Vito, Espacio Cultural Abya Yala, El hormiguero Comunitario, y las salamanqueras del Valle del Famatina, (todas organizaciones de Chilecito, La Rioja); Asamblea Popular por el Agua, Mendoza; Asociación Kalewche, Esquel (Chubut); Bachillerato de Educación Popular de Bariloche; Barrios de Pie; Campaña “Chau Roca”; Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos, Buenos Aires; Colectivo Social y Ambiental “Unidos por las Aguas de la Cuenca Currú Leuvú (Viedma Patagones)”; Corriente Nacional Emancipación Sur; Colectivo Mapuexpress; El Andén Social y Cultural de Cipolletti; Equipo de Educación Mapuche Wixaleyiñ ; Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Buenos Aires; Espacio Intercuencas; Foro Ambiental Santiagueño; Foro Regional en Defensa del Rio de la Plata la Salud y el Ambiente; Frente de Acción Revolucionara, OLNyS Fogoneros y Juventud Guevarista (en la Coordinadora Guevarista Internacionalista); Frente por la Unidad Guevarista (JG-MIR P-CSP29 de Mayo-P TATU); GEP Patagónicos; Izquierda Socialista de Bariloche en el Frente de Izquierda; Izquierda Socialista de Esquel en el Frente de Izquierda; Jornadas de Contrainformación y Propaganda Libertaria Temuco; Juventud Socialista MST-Nueva Izquierda ; Liberpueblo ( Asociación  por la  defensa  de  la libertad  y los  derechos del pueblo); Libres del Sur; Marcha de Mujeres Orginarias; Observatorio Petrolero Sur;  Proyecto Allen (Río Negro);  Tierra para Vivir en COB La Brecha; Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut; Unión de Asambleas del Kurrú Leufú (Río Negro); Unión de Asambleas Patagónicas

Alcira Argumedo,  Diputada nacional  – Proyecto Sur; Ana María Arrieta; Ana María Siufi  y Pastoral Social del Alto Valle de Río Negro; Andrés Figueroa Cornejo, periodista profesional chileno, luchador social y vocero del Congreso de los Pueblos de Colombia – Capítulo Chile; Bernardo Zalisñak; Brenda Steeb; Claudio Lowy ; Carolina Ocar, Secretario de Comunicación y Difusión CTA-A; Cecilia Gaviola; Dario Manuel Lagos,-Médico Psiquiatra, miembro Comisión Directiva APSA y miembro Comite Ejecjtivo EATIP; Diana  Kordon -Coordinadora del  Equipo Argentino  de  Trabajo  e  Investigación Psicosocial; Foro Ambiental y Social de la Patagonia; Gabriela Massuh; Guillermo Almeyra- periodista y profesor universitario; Hernán Chocrón; Irma Perriot; Jorge Calbucura, Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu; Lucila Edelman médica psiquiatra; Marcelo Ramal, Diputado de la Legislatura CABA, (FIT-PO); Marcelo Yaquet , Corriente Politica 17 de Agosto; Mariano González Vilas; Mariano Rosa, coordinación nacional – Red Ecosocialista de Argentina; Mario Mazzitelli-Secretario General del Partido Socialista Auténtico; Maristella Svampa – Socióloga, Escritora, Investigadora del Conicet; Martina A. Paillacar Mutizábal- Periodista Mapuexpress; Osvaldo López; Pablo Bergel,  diputado (MC) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Pablo Lerman; Pablo Silveira; Patricia Avila; Raquel Chalita; Roberto Gargarella; Roberto Jorge Rabello; Sergio Alvez Periodista-Escritor – Provincia de Misiones; Silvia Leanza ECOSUR Patagonia Norte; Susana Aguad; Teresa Malalan Presidente ECOSUR; Santigo Alonso


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Ambientalistas en peligro

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Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes.

ambientalistas aranda

Por Darío Aranda

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

Página 12

Ver informe: En terreno peligroso


nqn YPF inauguró junto al gobierno neuquino  la primera bateria de shale oil en loma de la lata foto mati subat 13-06-2013

YPF tiene cinco días para dar a conocer el pacto con Chevron

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El 16 de julio se cumplen tres años del acuerdo entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta. Luego de movilizaciones, represión, investigación y denuncias judiciales, en los próximos días se podría llegar a conocer de forma completa el documento firmado entre las dos empresas, mantenido en secreto hasta el momento. El conocimiento acabado es crucial por cuestiones de responsabilidad y rendiciones de cuentas en los planos fiscales, ambientales, sociales y culturales, al tener en cuenta que los pozos de fracking se realizan en la comunidad mapuche Campo Maripe. En el largo proceso judicial, YPF ha logrado sortear los numerosos fallos en su contra, incluido el del 2015 de la Corte Suprema, a fuerza de apelaciones y dilaciones. Aunamos porque la semana que viene YPF cumpla de una buena vez con lo que demanda el pueblo. Compartimos la siguiente nota del Diario de Buenos Aires, sobre la orden de la Cámara.

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la petrolera YPF que cumpla con la entrega de toda la documentación.

nqn YPF inauguró junto al gobierno neuquino la primera bateria de shale oil en loma de la lata foto mati subat 13-06-2013

Luego de mucho tiempo de evasivas, medidas cautelares y frenos judiciales, la Justicia resolvió exigirle a la petrolera estatal que dé a conocer públicamente  las clausulas del acuerdo con Chevron.

De esta manera, los magistrados confirmaron el rechazo a planteos realizados por YPF: ahora deberá cumplir con la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de noviembre de 2015.

En caso de que no se entregue la documentación, resolvieron que “se libre mandamiento de secuestro y se remita copia de las actuaciones a la Justicia penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia”.

Desde principios de año, el macrismo se negó a dar a conocer el acuerdo pese a haber fustigado al kirchnerismo durante mucho tiempo por lo mismo: la ahora titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, justificó la decisión de no revelar las cláusulas confidenciales del acuerdo entre YPF y Chevron para perforar en el yacimiento de Vaca Muerta.

Desde la firma del acuerdo en 2013,  y rubricado bajo la bandera de la “soberanía energética”, organizaciones sociales, políticas y medioambientales han denunciado el hecho de haber realizado un pacto comercial con una de las compañías más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo.

Según Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Chevron se habría garantizado “un beneficio neto del 50% de las utilidades a perpetuidad, aún si se retira del país”. Para colmo, la firma del acuerdo lo hicieron dos firmas subsidiarias de las empresas, radicadas en paraísos fiscales: YPF Shell Oil Company  y Chevron Overseas Company.

el diario de buenos aires


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Asesinan a Lesbia Yaneth, compañera de Berta Cáceres

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  • Yaneth, activista del COPINH, estaba inmersa en un proceso de lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Honduras
  • Un total de 185 personas fueron asesinadas en 2015 en todo el mundo por su implicación en la defensa de la naturaleza
  • “La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que luchan por sus derechos”, dicen desde el COPINH
 

Honduras-identificar-asesinos-indigena-cientificas_EDIIMA20160312_0017_25Fotografía tomada el pasado 8 de marzo en la que se registró un grupo de feministas y amigos de la asesinada líder indígena hondureña. EFE

Ha ocurrido otra vez. Cuatro meses después del asesinato de la hondureña Berta Cáceres, ha aparecido muerta Lesbia Yaneth, lideresa indígena y también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). La defensora medioambiental hondureña militaba de forma activa contra la construcción de represas de los ríos de su municipio y  estaba inmersa en un proceso de lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en San José (La Paz), según ha confirmado el COPINH en un comunicado.

El cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquía apareció este miércoles en el vertedero municipal de Marcala, en el departamento de La Paz. Según la versión recabada por las autoridades policiales, la mujer salió de su casa el pasado martes alrededor de las 5:00 de la tarde en su bicicleta, informa el diario local El Heraldo. Como no llegaba a casa, sus familiares comenzaron a buscarla y hasta que fue localizada sin vida.

El asesinato de Yaneth ha tenido lugar en el marco de un proceso de ‘consulta’ llevado a cabo por el Gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley del Mecanismo de la Consulta Previa, Libre e Informada, por la que llevan años luchando las comunidades indígenas en Honduras. Se trata de un derecho amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según aseguran desde el COPINH, “las reuniones con las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcala -donde ha aparecido asesinada Lesbia Yaneth- los días 4 y 5 de julio.

El proyecto hidroeléctrico Aurora I, contra el que estaba luchando Lesbia Yaneth, pretende ser instalado en el  municipio de San José, La Paz. Según el COPINH,  “la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López” tienen una “vinculación directa” con la construcción de la represa. 

Violencia contra los ambientalistas en Honduras

En marzo de este año, la líder indígena y presidenta del COPINH, Berta Cáceres, fue asesinada. Su caso despertó un fuerte movimiento de solidaridad y presión internacional, que de momento no ha frenado los asesinatos a defensores del medioambiente y los derechos humanos en Centroamérica. Recientemente, un exsoldado hondureño reveló a The Guardian que el nombre de Berta Cáceres figuraba desde hacía meses en una lista negra en manos de una unidad especial del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos.

Dos semanas después del asesinato de Cáceres, Nelson García, compañero en la defensa del medioambiente, también líder regional del COPINH, fue abatido por varios tiros cuando se dirigía hacia su casa después de participar en una protesta contra el desalojo forzoso de un centenar de familias.

La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros.

Un total de 185 personas fueron asesinadas en 2015 en todo el mundo por su implicación en la defensa de la naturaleza, según el último informe de  Global Witness. El año pasado, los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33.

“La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta”, han lamentado los integrantes del COPINH.

eldiario.es


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Informe: “En terreno peligroso”

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Informe sobre el asesinato de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, personas que luchaban por proteger su tierra, sus bosques y sus ríos mediante acciones pacíficas durante el año 2015.

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En 2015 más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas.  En el informe En terreno peligroso, se documentan 185 muertes que se sabe que acaecieron el año pasado por todo el mundo, una cifra que supone, con mucho, la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada, y que representa más del doble del número de periodistas asesinados el año pasado.

Entre las victimas está la familia de Michelle Campos (imagen arriba). En setiembre 2015, su padre y abuelo fueron ejecutados públicamente por defender su tierra ancestral frente a la minería, en un ataque que empujó a 3.000 indígenas del pueblo lumad a abandonar sus hogares. Su región de Mindanao, rica en carbón, níquel y oro, es una de las más peligrosas del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente, habiéndose registrado allí 25 muertes solo en 2015.

“Nos amenazan, vilipendian y asesinan por enfrentarnos a las empresas mineras que operan en nuestra tierra y a los paramilitares que las protegen”, comentó . Mi padre, mi abuelo y mi maestro fueron solo tres de un número incontable de víctimas. Conocemos a los asesinos; campan a sus anchas por nuestra comunidad. Estamos muriendo y nuestro Gobierno no hace nada para ayudarnos.- Michelle Campos

En este informe preguntamos los motivos y exigimos medidas urgentes y significativas para acabar con la creciente oleada de violencia que este año resultó en el asesinato de la reconocida activista Hondureña Berta Cáceres.

Descargar informe detallado En Terreno Peligroso (PDF).

ASESINATOS POR PAÍS 2010-2015

El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive.

En 2015 los países más mortíferos para los activistas de la tierra y el medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33, que representan cifras nunca vistas en estos países, seguidos de Colombia (con 26 muertes), Perú (12), Nicaragua (12) y la República Democrática del Congo (11). Entre las principales causas de estos asesinatos se encontraban la minería (en 42 casos), la agroindustria (20), la tala (15) y los proyectos hidroeléctricos (15).

ASESINATOS EN 2015 POR PAÍS

Los datos demuestran que 67 de los defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados el año pasado pertenecían a comunidades indígenas, lo que supone la cifra más alta de la historia. Por cada asesinato que podemos documentar, hay otros que no pueden verificarse o que no se denuncian, al igual que, por cada vida que se pierde, muchas más quedan arruinadas por la violencia, las amenazas y la intimidación constantes.

VIOLENCIA SIN PRECEDENTES EN LA AMAZONIA BRASILEÑA

isidro

Isídio Antonio fue una de las últimas víctimas en la Amazonia brasileña, que sufrió niveles de violencia sin precedentes en 2015 con 50 homicidios. Isídio había padecido varios atentados y recibió amenazas de muerte por defender la tierra de su comunidad contra un grupo de poderosos terratenientes que querrían explotar madera valiosa.

Sus solicitudes a las autoridades para que les de protección fueron ignorados sistemáticamente y la policía nunca ha investigado su asesinato. Los locales dicen que es la cuarta víctima de la violencia en su pequeña comunidad de Vergel en el estado de Maranhão.

Por todo el mundo, la connivencia entre el Estado y los intereses corporativos protege a muchos de los responsables de los asesinatos. De entre los casos bien documentados, encontramos 16 relacionados con grupos paramilitares, 13 con el ejército, 11 con la policía y 11 con guardas de seguridad privados, lo que implica claramente que el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos. Además, había pocos indicios que demostraran que las autoridades investiguen exhaustivamente los delitos o adopten medidas para hacer que los autores respondan ante la justicia.

 

ES NECESARIA UNA INTERVENCIÓN URGENTE

Proteger a los defensores de la tierra y el medio ambiente es vital, no solo por una cuestión de justicia y derechos humanos fundamentales, sino por nuestra supervivencia colectiva. Ellos son los guardianes de los recursos naturales de nuestro planeta en un contexto de cambio climático vertiginoso y una miríada de problemas ambientales que amenazan a la humanidad. Global Witness exhorta a los gobiernos de los países afectados a:
  • Aumentar la protección de los activistas de la tierra y el medio ambiente que están en peligro de sufrir actos de violencia, intimidación o amenazas
  • Investigar los delitos, incluyendo a sus «cerebros» corporativos y políticos aparte de a los asesinos, y llevar a los autores ante la justicia
  • Defender el derecho de los activistas a negarse a la realización de proyectos en su tierra y garantizar que las empresas pidan de forma proactiva el consentimiento de las comunidades
  • Solucionar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores, reconociendo oficialmente los derechos de las comunidades sobre la tierra y combatiendo la corrupción y las actividades ilegales que afligen a los sectores de los recursos naturales
FIND OUT MORE Billy Kyte, Environmental and Land Defenders, Campaign Leader bkyte@globalwitness.org +44 (0)7703671308

Descargar “En terreno peligroso” en PDF