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Reclamos por un dirigente wichí preso en Formosa

Santillán inició una huelga de hambre
Organismos de derechos humanos, comunidades originarias y organizaciones sociales denunciaron “la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas” y advirtieron que Agustín Santillán “se encuentra detenido por demandar sus derechos”.
Agustín Santillán sostiene que las acusaciones en su contra son falsas y que es perseguido.

“Me meten preso por reclamar. Me meten preso porque quieren ocultar la pobreza”, señala la carta de puño y letra de Agustín Santillán, joven referente wichí detenido desde hace un mes en Formosa por reclamar los derechos de los pueblos indígenas. Organismos de derechos humanos, comunidades originarias y organizaciones sociales emitieron una carta: “Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas. Agustín Santillán se encuentra detenido por demandar sus derechos”. Ahora comenzó una huelga de hambre.

Santillán es un joven wichí de Ingeniero Juárez, el extremo oeste de Formosa y una de las pocas voces de la zona que cuestiona en público a Gildo Insfrán, gobernador desde hace 22 años. Se lo vio en el acampe indígena de Buenos Aires en 2015, en entrevistas a canales porteños y encabezó la marcha histórica (en Formosa) de 2013, donde un millar de originarios se plantaron frente a la casa de Gobierno.

“Estoy marcado”, suele resumir Santillán. Sus principales reclamos son tierra, agua, educación, salud, cumplimiento de los derechos indígenas.

A fines de marzo e inicios de abril, las inundaciones jaquearon el oeste de Formosa. Hubo saqueos y robos, algunos de ellos protagonizados por jóvenes wichí. Desde el poder político y el juez Marcelo López Picabea apuntaron contra Agustín Santillán, aunque él no estuvo en ninguno de los episodios. Fue detenido el 14 de abril, golpeado y traslado al penal de Las Lomitas (centro provincial). Su esposa, Gabriela Torres, explicó la primera semana de detención que se trató de jóvenes marginados de toda asistencia estatal, rehenes de la droga y el alcohol. Y, al mismo tiempo, utilizados como grupos de choque de sectores políticos.

“A Agustín lo persiguen por luchar por nuestros derechos. Lo quieren matar”, había alertado Gabriela Torres en abril. Y adelantó que querían detener a toda la familia de Santillán, para así poder quebrarlo emocionalmente. Una semana después, Torres fue detenida cuando visitaba a su esposo (fue liberada tres días después).

Santillán escribió tres cartas desde la cárcel y fueron difundidas por el sitio La Retaguardia (de la Red Nacionales de Medios Alternativos): “Hola amigos y compañeros. Quiero pedir ayuda para seguir difundiendo lo que el gobierno de Formosa me hizo. Me meten preso solo por difundir y reclamar la verdad. Me meten preso porque quieren ocultar la pobreza, la falta de trabajo. Acá hay mucho racismo. Tengo miedo. No es seguro estar acá. Soy inocente y víctima de la sucia política de Gildo Insfrán”.

El 28 de abril escribió una segunda carta: “Sigo resistiendo desde acá. No estoy solo, yo sé que ustedes me dan fuerza y ánimo. Soy inocente, me arman causas, siempre el gobierno usa a los policías para hacer esos trabajos. El que está conmigo ya lo persiguen y le arman causas. Sólo pido un deseo: en mi cumpleaños, el 1 de mayo, ser libre. Fuerza hermanos”.

El juez Marcelo López Picabea emitió orden de detención de 30 hombres y mujeres wichí, muchos de ellos cercanos a Santillán y otros sospechados de los incidentes de inicios de abril. “Es una cacería de wichís. Algunos hermanos se están escapando al monte”, denunció la organización Resistencia Qom, que acompaña a pueblos originarios de Formosa.

A Santillán se lo acusa de intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, robo en banda, amenazas, lesiones, agresión y usurpación. “Le armaron más de veinte causas”, explicó su abogado, Daniel Cabrera, que no tiene dudas del trasfondo político que hay detrás del caso. También están presos los wichí Bautista Macedonio y Roberto Frías.

Al cumplirse un mes de la detención, medio centenar de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y comunidades indígenas emitieron una carta abierta titulada “Criminalización y cárcel a dirigentes indígenas en Formosa”.

“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denuncia el escrito, firmado por Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.

El gobierno de Formosa sostiene que Santillán es el impulsor de los desmanes en el oeste de Formosa, incluso lo tildó de “terrorista”. Ni la Secretaría de Derechos Humanos de Nación ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas han emitido opinión.

La carta de organismos de derechos humanos resume la situación formoseña: “Hay hermanos indígenas detenidos y otros que son sometidos a causas judiciales en una muestra inusual de persecución política, que echa un manto de duda sobre el rol de un Estado de derecho, que no sólo incumple el contenido elemental de la normativa internacional y de la Constitución Nacional, sino que estigmatiza, criminaliza y persigue a aquellos que sólo intentan gozar de sus derechos más elementales”.

El mismo día de la carta, se conoció una nueva medida del juez  Marcelo López Picabea. Ordenó la detención y cárcel para 16 wichís, entre ellos están amigos y familiares de Agustín Santillán, incluso su esposa Gabriela Torres.

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Boletín Nº9 EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental

En la novena edición del boletín de EJES destacamos cómo el gobierno nacional proyecta un escenario de exportación de gas, más allá de las implicancias económicas y ambientales que puede generar en la región . Ponemos la lupa sobre las principales decisiones de la última asamblea de Directorio de la empresa YPF, donde destacamos que se aleja de la soberanía energética para profundizar su carácter rentístico. Además, nos detenemos en la conflictividad laboral que crece en paralelo a los acuerdos del convenio colectivo, presentados como una forma de garantizar la “paz social” mientras flexibilizan las condiciones de trabajo. Seguimos llamando la atención sobre la cantidad de agua que requiere el desarrollo de los no convencionales y nos preguntamos qué hay detrás de Schlumberger Oilfield Eastern Ltd, la empresa subsidiaria que firmó el acuerdo para explotar shale en el área de Bandurria Sur, lindera al norte de Loma Campana, donde YPF-Chevron explotan el mismo recurso.

— Boletín EJES Nº 9  – Mayo 2017 —

Foto: Martín Barzilai.

Vaca Muerta es un hueso duro de roer. Cada ola de inversiones se piensa como la exitosa, se ansía que esta vez se alcance la escala masiva. Tras los acuerdos impulsados por Mauricio Macri en los últimos meses esa era la meta, al menos. Lo cierto es que si bien hubo anuncios, seguramente no fueron los esperados. La “normalización del mercado”, flexibilización laboral e incremento de transferencias hacia las empresas parece ser insuficiente. Los inversores, sean extranjeros o nacionales, siempre reclaman más condiciones. (…) Si la provincia en todos estos años no logró financiar y diversificar su matriz productiva, no son los municipios ni los empleados quienes tienen el mayor grado de responsabilidad. Al mismo tiempo, condenar los entramados corruptos nacionales sin responsabilizar a los actores corporativos en plena globalización neoliberal, también sería un poco reduccionista. Mensajes punitivos sobre los sectores con menor responsabilidad, que tampoco toman en cuenta marcos globales de crisis sistémica, como el agotamiento de recursos, cambio climático y pérdida de biodiversidad. Más allá de esto, el lápiz se afina y ese oscuro objeto de deseo no logra consumarse.

Invitamos a leer el boletín como insumo para el debate y organización, sus comentarios y difusión serán siempre bienvenidos.

Ver Boletín EJES Nro 9– abril 2017

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Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica

“Extremas. Nuevas fronteras del extractivismo energético en Latinoamérica” reune artículos publicados entre setiembre y diciembre de 2016 en la web de Oilwatch Latinoamérica. Con esta revista digital intentamos poner en diálogo diferentes abordajes sobre la energía extrema, aportar elementos para la crítica a la civilización fósil y reafirmar la convicción en la imperiosa necesidad de construir alternativas.

Desde ya se agradecen comentarios, críticas y, por supuesto, la difusión.

Indice

Qué entendemos por energía extrema Anular el espacio a través del tiempo La biotecnología al servicio del extractivismo Estallando el océano Presal: Energía extrema de las entrañas de la Tierra Un iceberg llamado Vaca Muerta Colombia: Los pesados amplían la frontera extractiva La violencia como modelo Orinoco al extremo: la Faja Petrolífera y el Arco Minero, extractivismos de alto riesgo Carbón 2.0, otro capítulo de la trama no convencional en Latinoamérica

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Criminalización y cárcel a dirigentes indígenas en Formosa

Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, que acompañamos la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos, repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad del hermano indígena wichí Agustín Santillán, que se encuentra detenido en Las Lomitas (Formosa) desde el 14 de abril, simplemente por demandar el goce de sus derechos.

Junto con Agustín Santillán se encuentran otros hermanos indígenas detenidos (Bautista Macedonio y Roberto Frías) y otros que son sometidos a causas judiciales en una muestra inusual de persecución política, que echa un manto de duda sobre el rol de un Estado de derecho, que no sólo incumple el contenido elemental de la normativa internacional y de la Constitución Nacional, sino que estigmatiza, criminaliza y persigue a aquellos que sólo intentan gozar de sus derechos más elementales.

En palabras de Agustín Santillán desde la cárcel: “Quiero pedir ayuda y seguir difundiendo lo que el gobierno de Formosa me hizo. Me meten preso solo por difundir y reclamar la verdad. Me meten preso porque ellos quieren ocultar la pobreza”.

Hacemos pública esta situación, y quedamos comprometidos a dar seguimiento a éste y otros casos para tomar las medidas pertinentes, entre otras la denuncia a organismos internacionales para poner en evidencia situaciones graves y extremas que debilitan nuestra democracia.

Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI)

Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) – Equipo de Pueblos Originarios

Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa)

Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf)

Centro de Políticas Públicas para el Socialismo / Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Ceppas / Gajat)

Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Salta (UNSA)

Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas

Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera – Formosa)

Resistencia Qom

Comunidad Winkul Newen (Neuquén).

Movimiento de Profesionales para los Pueblos

Confederación Mapuche de Neuquén- Zonal Xawvn Ko

Convergencia de las Culturas

Red de Solidaridad con Chiapas en Buenos Aires

Punta Querandí

Red de Investigadores sobre Genocidio y Política Indígena

APDH La Matanza

Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos

Asociación Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes)

Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH)

Junta Unida de Misiones (JUM) – Programa de Ciudadanía, Pueblos Indígenas y Acceso a la Justicia

Asociación Civil por los Derechos de los Pueblos Indígenas (ADEPI)

 
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No podrán callarnos

A raíz de las amenazas de Baby Etchecopar de realizar una denuncia penal a nuestro medio, Agencia de Noticias Red-Acción (ANRed), por haber transmitido en vivo el escrache que el 4 de mayo llevaron adelante organizaciones feministas y sociales ante los dichos misóginos del conductor radial, expresamos nuestro más enérgico repudio a sus palabras.

“A esta agencia de noticias, a esta gente, yo las demando y las demando penalmente y ahora vamos a ver cómo contestan adelante del juez”, afirmó durante su programa en Radio 10, desconociendo el pleno derecho de informar y difundir hechos noticiosos, derecho insoslayable de todo medio de comunicación.

Entendemos su amenaza como un intento de criminalizar nuestra tarea, en consonancia con otras acciones similares contra el campo popular. De hecho, resulta sugerente y repudiable que un comunicador amenace con criminalizar a comunicadores y comunicadoras, en el marco del comienzo del juicio a tres policías metropolitanos los días 10, 12 y 15 de Mayo por haber baleado con balas de plomo a dos comunicadores – uno de ellos, fotógrafo de ANRed – mientras cubrían el desalojo de la Sala Alberdi del Centro Cultural Gral. San Martín el 13 de marzo de 2013.

Hace más de 20 años damos voz a los actores que los medios hegemónicos pretenden ocultar. Nuestro origen, de hecho, se dio en el marco de un encuentro de organizaciones sociales en 1995. Nuestras coberturas, nuestras notas, nuestras transmisiones, apuntan precisamente a dar a conocer y que se multiplique la labor y la problemática que las organizaciones sociales, de trabajadores, feministas, de Derechos Humanos, de pueblos originarios y medioambientales enfrentan día a día para transformar esta sociedad.

Nuestras noticias, le guste o no a Baby Etchecopar, seguirán siendo difundidas.

A diferencia de muchos personajes televisivos y/o radiales, ANRed -en su práctica profesional- no pretende mediante provocaciones, agresiones o amenazas tener repercusión. Nuestro objetivo ha sido y seguirá siendo hacer comunicación popular y alternativa.

Intimamos el cese de reclamos improcedentes, así como de las amenazas y del ataque a la libertad de difusión de ideas, bajo apercibimiento de ser nosotros/as quienes realicemos las acciones que por ley corresponden.

La libertad de expresión y de prensa es nuestro derecho y seguiremos comunicando como lo hemos hecho hasta ahora, brindando otra herramienta para el campo popular.

Agencia de Noticias Red-Acción (ANRed)

Adhesiones: redaccion@anred.org

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Es líder wichí en Ingeniero Juárez, Formosa, y fue detenido el viernes por la tarde


Habló la esposa de Agustín Santillán: “Fue torturado. Lo golpearon entre 10 policías”

Es líder wichí en Ingeniero Juárez, Formosa, y fue detenido el viernes por la tarde acusado de encabezar una banda del Barrio Obrero que hizo saqueos en casas de criollos. Él y su familia aseguran que no tuvieron absolutamente nada que ver. Además, Santillán viene sufriendo una feroz persecución política de parte del gobierno de Gildo Insfrán junto a otros integrantes de comunidades originarias, y fue detenido -casualmente- en el marco de una asamblea donde se discutirían los problemas que están generando las adicciones a drogas y alcohol en los jóvenes de los pueblos indígenas. dialogamos con Gabriela Torres, esposa de Santillán, y Lorena Frías, también habitante de Ingeniero Juárez, que escapó para no ser detenida.

Por La Retaguardia.- “El viernes a las cuatro de la tarde la policía de Ingeniero Juárez detuvo a Agustín Santillán sin ningún motivo. Simplemente fue a escuchar la asamblea que convocaron los hermanos wichí de todas las comunidades de la zona que querían tratar los problemas que hay en nuestro pueblo, los conflictos con los jóvenes que están en la droga y el alcoholismo. A causa de eso surgen los enfrentamientos de jóvenes de todas las comunidades wichí y criollos. No tenemos respuesta sobre por qué la policía actuó de esa manera violenta”, aseguró Torres.
Además, sobre su situación actual, lamentó: “El lunes fue la única vez que lo vi a Agustín porque al día siguiente fui a la Alcaldía para verlo pero me dijeron que lo habían trasladado a Formosa. Desde ese día que no sé nada de él”.

Fue torturado

“Fue torturado, tiene el cuerpo con golpes, moretones y cortes. Tiene una hinchazón en la cabeza, el ojo derecho todo morado y la nariz y la boca con cortes. Las manos hinchadas, las muñecas con cortes por las esposas. Los brazos morados, las piernas. La espalda raspada porque lo arrastraron. Entre 10 policías lo golpearon”, denunció Torres.

¿Alguna vez escuchaste que, al llegar a su lugar de detención, alguien fuese recibido por un funcionario ejecutivo? ¿Y que ese funcionario fuera el intendente? Pasó en Ingeniero Juárez y lo explicó Lorena Frías: “Cuando Agustín llegó a la comisaría lo recibió el intendente de Ingeniero Juárez (Juan Rafael “Pachanga” Nacif) con una sonrisa, riéndose de su situación. Me consta que hubo una conversación entre ellos. Fue una emboscada. Iba a haber una reunión comunitaria y teníamos que asistir todos. La policía lo llamó y él se paró sin esperar lo que iba a pasar. El policía le metió un golpe en la cabeza y él cayó de la moto, luego de eso, otro le metió un palazo. Lo cargaron en la trafic de Infantería, lo arrastraron por el suelo. Me avisaron que me vaya porque también tenían orden contra mí. Después de un rato, el intendente fue a la comunidad donde lo levantaron a Agustín y más tarde dio una conferencia y denunció que los originarios lo habían secuestrado, cosa que nosotros desconocemos totalmente”. Si bien Félix Díaz sostuvo anteayer que la defensa estaba garantizada por el Consejo Consultivo y Participativo Indígena y financiada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), hoy Agustín continúa sin abogado: “El doctor que se supone que haría la defensa, Daniel Cabrera, me dijo que aún no se puso de acuerdo con los honorarios”.

Perseguida

“Mi situación es igual a la de Agustín, con la diferencia de que yo no estoy presa. A él lo agarraron y yo estaba con pedido de captura pero pude solucionar ese tema por mis medios y la excarcelación ya está. Somos 14 judicializados, pero de qué nos acusan es una incógnita. No hay pruebas, no hay nada que nos incrimine, no sabemos por qué nos están acusando. Quisiéramos saber. Todos los denunciantes son políticos que tienen o tuvieron un cargo político, son funcionarios.
Todos somos víctimas de los políticos de los narcotraficantes. No podemos estar presos nosotros. Nosotros no somos millonarios, no tenemos plata. No hay igualdad de condiciones ni de posibilidades donde nosotros estamos viviendo. De la misma forma que en la justicia. Siempre que nosotros fuimos a cortar la ruta fue a pedir salud, educación, vivienda. Un derecho de cada ser humano, constitucional. Pero te sacan a plomazos. Si va un criollo y lo protegen”
, denunció Frías.

En relación a su situación, explicó: “Yo recibo amenazas. Voy a hacer la denuncia correspondiente porque están localizadas las personas. No creo en la justicia de Formosa porque es como si fuera otro país, con otras leyes, pero voy a ir como ciudadana porque me están perjudicando. Estoy con mi hijo en otra provincia, lo tuve que sacar de la escuela. Mi familia tiene que estar permanentemente con los ojos abiertos”, explicó preocupada y exiliada de la provincia.

Barrio Obrero

Es el lugar donde se gestó la pata judicial de la persecución: “Acusan a chicos de allí por algunos saqueos en casas de criollos. A nosotros nos acusan de cabecillas. Como que nosotros los mandamos a ellos. La discriminación y el racismo tienen que ver con la falta de educación. Si yo voy a Buenos Aires y digo que soy originaria, me reciben bien, con una sonrisa, se ponen contentos. En Formosa no es así. Si alguien me ve venir, no va a decir ’ahí viene Lorena’ sino ’ahí viene el macaco, ahí viene la india’. Esto crea más odio. La falta de trabajo también es enorme. Por más que uno estudie, no le dan trabajo, no hay originarios en una oficina trabajando, excepto que sean familiares de un puntero político”, señaló Frías.

“El intendente actual es del PJ y hace 10 o 15 años ganó como diputado con la lista radical. Los originarios sólo se están defendiendo, ellos los quieren correr más allá ¿Dónde está la inclusión? Lo quieren es excluirlos, volverlos al monte. Se defienden con tierra, mientras la policía confabulaba con la gente blanca y tenían armas. A la vez, van a la ruta y piden paz”, planteó.

Al cierre de esta nota La Retaguardia pudo saber que Félix Díaz llegó ayer a Formosa para interiorizarse de la situación de Santillán.

Anred

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Un referente wichí preso por luchar

El referente wichí de Ingeniero Juárez, Agustín Santillán, fue detenido luego de reclamar por los derechos de su pueblo. Según la familia, los jueces y fiscales son presionados para procesar y condenar al dirigente indígena.

Darío Aranda.- Agustín Santillán, referente wichí de Ingeniero Juárez (Formosa), siempre enumera los reclamos de su pueblo: territorio, salud, educación, trabajo y agua. Está preso desde el viernes y su familia denuncia que “le armaron causas” por exigir el cumplimiento de esos derechos. Pesan sobre él más de veinte causas judiciales y no cuenta con abogado defensor. “Lo persiguen por luchar. Lo quieren muerto”, denunció su esposa, Gabriela Torres.

Ingeniero Juárez está ubicado en el extremo oeste de Formosa, casi en el límite con Salta. Una de las localidades más pobres del norte y región ancestral del pueblo wichí. En las últimas décadas se aceleró el proceso de despojo territorial (por el avance agroganadero y petrolero), y las comunidades indígenas pasaron a engrosar los márgenes pobres de la ciudad.

Agustín Santillán era un joven docente bilingüe cuando, en 2007, comenzó a reclamar falta de escuelas, postas sanitarias, viviendas, trabajo y agua. Decenas de notas a los ministerios provinciales que nunca tuvieron respuesta. Sobrevinieron cortes de ruta y viajes a Buenos Aires para visibilizar las injusticias. Así se lo vio en el acampe Qopiwini (Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé) de Avenida de Mayo y 9 de Julio, y articuló luchas con otros referentes formoseños, como los qom Israel Alegre y Félix Díaz, y el pilagá Bártolo Fernández. Lo echaron de su trabajo en la escuela y comenzó a ser perseguido por el poder político provincial.

En 2014 fue entrevistado por Canal 13, en horario central, denunciando las escuelas rancho y la violación de derechos. El ataque posterior fue sistemático. La policía de Ingeniero Juárez comenzó a amenazarlo con cárcel y muerte. El intendente Cristino Vidal Mendoza se expidió públicamente en Facebook: “Para ser prócer hay que matar indios? Sí. Y sobre todo si se llama Agustín”.

El 24 de marzo de 2015, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la policía de Formosa reprimió a las comunidades wichí de Ingeniero Juárez (Santillán estaba al frente del reclamo). Exigían agua, salud y educación, al costado de la ruta 81 (no la estaban cortando), pero igual fueron reprimidos.

Con el cambio de gobierno nacional y la reelección de Gildo Insfrán, gobernador desde 1995), Santillán siguió con los reclamos. En 2016 formó parte de una manifestación por nombramientos irregulares de maestros indígenas (la provincia había designado a familiares de funcionarios y punteros políticos). Ante la falta de respuesta, ocuparon de manera pacífica la delegación zonal. Santillán estuvo preso 15 días.

La última década hubo un cambio drástico en las comunidades indígenas urbanas del oeste de Formosa: se hizo frecuente la presencia de alcohol y paco, sobre todo en los jóvenes. Y comenzaron a ser reclutados como grupos de choque de los partidos políticos. En diciembre de 2015 ganó la intendencia Rafael “Pachanga” Nacif. Por sólo cuatro puntos, dejó segundo a Cristino Mendoza (intendente durante doce años). Y comenzó un enfrentamiento entre ambos (aunque los dos están alineados con Insfrán). Se valen de los jóvenes de comunidades wichí como fuerza de choque.

Desde hace más de un mes, Juárez padece inundaciones. Las comunidades indígenas denunciaron la falta de ayuda estatal y los reclamos fueron en ascenso. En ese contexto, y con el ingrediente del alcohol, jóvenes robaron viviendas y saquearon un comercio.

En redes de WhatsApp comenzaron a circular audios (muchos de punteros del gildismo) pidiendo la detención de Santillán, aunque él no habría participado de los incidentes. El viernes la policía lo detuvo, lo golpeó y trasladó a Las Lomitas (a 160 kilómetros de su casa). “Agustín no estuvo en los disturbios. No son jóvenes que trabajan con él. Está todo armado. Lo apresaron porque no se calla ante los políticos”, lamentó su esposa, Gabriela Torres. Y cuestionó que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) no le haya brindado asistencia legal.

Santillán no tiene abogado defensor (ante la imposibilidad de contratar un abogado de forma privada, el Estado debe proveer defensor público, pero aún no ha sucedido). Sólo se sabe que está golpeado.

Durante el fin de semana se replicaron los audios en WhatsApp que incitan a presionar a jueces y fiscales para condenar a Santillán. Y piden cárcel para todos los wichís, a los que acusan de los males de Formosa. También hubo campaña de trolls en Facebook y Twitter. Los wichís explican que esos mismos criollos son los que venden alcohol y droga en las comunidades indígenas.

Daniel Cabrera es abogado de Las Lomitas, parte de la Asociación Argentina de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Es defensor de Santillán en una veintena de causas antiguas, todas por reclamar los derechos básicos de los pueblos indígenas. “Agustín cometió un pecado, mostrar y denunciar la realidad de Formosa, por eso está privado de su libertad”, afirmó Cabrera y precisó que el poder político y judicial inició siete nuevas causas contra Santillán. Las acusaciones son tan diversas como insólitas: intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, robo en banda, amenazas, lesiones, agresión y usurpación. Está a cargo el juez Marcelo López Picabea.

La esposa de Santillán aún no pudo visitarlo porque teme ser detenida. “La policía le dijo a vecinos que van a encarcelar a toda la familia. Es injusto esto, sólo reclamamos nuestros derechos”, afirmó Gabriela Torres. Cabrera resumió: “Está todo armado como para que esté preso mucho tiempo. Quieren aleccionar a los que luchan”.

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Rosario: Violencia policial en el barrio de la comunidad qom

A golpes y fuego contra los vecinos
Comenzó con una intervención de dos agentes del Comando Radioeléctrico contra cuatro jóvenes en una esquina, y siguió con la presencia de 50 efectivos que entraron en viviendas. Pegaron, dispararon y llevaron detenidos.
El fiscal Gustavo Ponce Ashad ordenó actuaciones contra los policías que intervinieron.
El fiscal Gustavo Ponce Ashad ordenó actuaciones contra los policías que intervinieron. (Imagen: Andres Macera)

En la mañana lluviosa del domingo, policías del Comando Radioeléctrico comenzaron a golpear a cuatro chicos que estaban charlando en una esquina de Garzón y Aborígenes Argentinos, en el barrio de la comunidad qom de Rouillón y Maradona. “Lacras”, “tobas”, les gritaban mientras les pegaban y hasta disparaban. Miriam estaba dentro de su casa con su hijo de tres años, mientras parte de su familia permanecía en el patio. En un momento, sintió que tiraban la chapa de la puerta de entrada, y los efectivos policiales ingresaban en su domicilio, sin ninguna orden. Golpearon a su marido. Lo escuchó rogar que no le lastimaran el pie que tenía quebrado, en vano. También vio cómo destrozaban su casa, y se llevaban cuchillos de cocina arguyendo que eran “armas”. En pocos minutos, llegaron unos 50 efectivos de refuerzo, y la violencia hacia los habitantes del barrio se generalizó. Hubo detenciones, pero el traslado hasta la comisaría 19 demoró más de la cuenta: en el trayecto, los aprehendidos fueron golpeados. Incluso, uno de los chicos -de 14 años- fue castigado y luego abandonado en un descampado y pasó el día en el hospital Carrasco, junto a Ruperta Pérez, una de las referentes de la zona. “Esto es violencia institucional y no puede volver a ocurrir”, dijo Ruperta. El médico policial ni siquiera constató las lesiones, y por eso el fiscal Gustavo Ponce Ashad le inició actuaciones. Después de escuchar los testimonios, el funcionario judicial liberó por la noche a todos los detenidos. También inició actuaciones al personal policial por las irregularidades.

Ponce Ashad subrayó ayer a la noche que la comisaría 19 aún no había elevado las actuaciones que él requirió para media tarde, y reflejó que existen dos versiones contrapuestas: la de los vecinos -que describen una violenta irrupción en el barrio- y la de la policía, que se escuda en la persecución de un prófugo y un supuesto tumulto que les habría impedido actuar. Ponce Ashad tenía a su cargo la situación procesal de los 14 demorados -12 varones y dos mujeres- y constató que tenían golpes. Por eso, inició actuaciones contra el médico policial que había firmado todas las revisaciones a la misma hora, sin consignar las heridas de cada una de las personas alojadas en la comisaría 19.

Hoy habrá una reunión a las 18 en La Toma y el martes a la mañana habrá una mesa barrial en el barrio donde ocurrieron los hechos. “Todo es muy grave. Además de los apremios ilegales, la violación a la propiedad privada, todo lo que sucedió, en la comisaría, tanto los aprehendidos como sus familiares estuvieron bajo la lluvia, a la intemperie, todo el tiempo, porque la parte transitoria no está techada”, relató Mario López, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. “El médico policial me dijo a mí y dejó constancia de que había heridas leves, pero los familiares nos describieron que agarraban palos de amasar y botellas y les pegaban con eso. Hubo insultos y palabras agraviantes, y también disparos, como el caso del nenito al que dejaron tirado en el medio del campo”, agregó. Se trata de Javier, que debió ser internado.

El fiscal tomó las riendas al mediodía. “El procedimiento ocurrió a las 8.30, a mí me lo comunicaron minutos después de las 11 de la mañana, en el que intervino el Comando Radioeléctrico. Según se me dio cuenta al inicio se trató de un procedimiento de rutina, vieron a cuatro personas que estaban tomando algo en la calle Garzón casi Aborígenes, esto es el barrio de una comunidad originaria, el barrio toba, pararon para identificarlos, según la versión policial, eran cuatro personas, intervino una quinta persona y la policía refiere que a partir de allí hubo una serie de tumultos tendientes a evitar que se individualizara o se identificara a estas personas. Esa es la versión policial”, relató Ponce Ashad. El representante del Ministerio Público subrayó que los vecinos contaron que “se trató de un procedimiento de muchísima agresión, de maltrato, de golpes”.

Las personas detenidas fueron 14, doce varones y dos mujeres. Tuvo que llegar el fiscal para que tuvieran acceso a asistencia médica. A la noche fueron liberados todos. “Quiero decir que estamos en los atisbos de una investigación en la que participamos con la defensa mancomunadamente en el lugar del hecho, he hecho intervenir por el tenor de la investigación a Asuntos internos, a judiciales, a la PDI, a los laboratorios, se les han secuestrado las armas a todo el personal policial que intervino y se le están haciendo también las medidas de rigor”, expresó. Los policías intervinientes quedaron a disposición de la justicia y están detenidos. La fiscal de violencia institucional, Karina Bartocci, siguió el caso “en forma mancomunada” con Ponce Ashad -fiscal de flagrancia- durante todo el día. “A priori participaron 2 efectivos policiales que son los que declararon ante mí que estaban en un procedimiento de rutina, que vieron cuatro masculinos y quisieron proceder a la identificación. A raíz de los tumultos que menciona el personal policial, por radiofrecuencia se convocó más personal policial y terminaron siendo aproximadamente entre 40 y 50 efectivos policiales”, relató Ponce Ashad.

Ante la declaración de los vecinos sobre disparos a mansalva, el fiscal ordenó el secuestro de las armas para que sean peritadas en Santa Fe.

Durante toda la tarde, Ponce Ashad tomó declaración a los testigos. Además de la defensa pública, estuvieron presentes integrantes de la comunidad qom, el traductor de la comunidad, un dirigente nacional del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, las carteras provinciales y nacionales del área y organismos de derechos humanos.

“Yo pude constatar en la comisaría aprehendidos que estaban con golpes, no contrastaba esto con el informe médico legal, razón por la cual ordené la formación de causa al médico de policía por los eventuales delitos de encubrimiento, falsificación ideológica de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, dijo Ponce Ashad.

Desde la otra comunidad qom de Rosario, la de calle Travesía, se solidarizaron y participarán de las manifestaciones. “Vamos a participar de todas las manifestaciones para que esto no se repita”, dijo María Fleitas.

Rosario/12

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29-03 | EJES en Rosario en el marco del Break Free

En el marco del Break Free 2017, EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental – presenta sus informes:  “Transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina” y “Externalidades del Megaproyecto Vaca Muerta”.

 

Este miércoles 29 de marzo a las 17.30 horas : Vaca Muerta: Vaca Muerta: Poner el fracking en debate como salida a la crisis energética.

Exposiciones:

Escenarios energéticos y tendencias: Pablo Bertinat (EJES – Taller Ecologista)

Vaca Muerta como Megaproyecto: Fernando Cabrera (EJES – OPSUR)

Subsidios y transferencias al sector hidrocarburífero: Gustavo García  (EJES – Taller Ecologista)

Las cláusulas secretas del contrato YPF-Chevron: Rubén Giustiniani (Diputado provincial)

Los y las esperamos en la Facultad de Ciencias Políticas – Ciudad Universitaria – Riobamba 250 bis – Ciudad de Rosario. Miércoles 29 de marzo – 17.30 horas.

 
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Santiago del Estero: Golpean ferozmente a miembros del Mocase en Tintina

El pasado 9 de marzo miembros del MOCASE Vía Campesina Argentina, fueron ferozmente golpeado con armas de fuego por un agroempresario y sus matones.

La Comunidad Indígena 3 Leones del Pueblo Originario Vilela, vienen resistiendo desde años atrás los intentos de avance del empresario santafecino Oscar Kessel, sobre territorio de la comunidad. Hechos como amenazas de muerte, robo y matanza de animales vacuno por parte del empresario siguen en la impunidad. Sin embargo Ex Juez Moreno supo detener arbitrariamente a miembros de la comunidad para amedrentarlo y amenazarlos.

Existe una clara violación a Ley nacional 26160 de relevamiento territorial, además el artículo 12 del Convenio 169 de la OIT y del Articulo 31 del Convenio sobre los Derechos del Niño ratificados en el ART 75 INC. 22 de la Constitución Nacional.

Este caso se suma a otros ocurridos recientemente en el norte de la Argentina, donde empresarios del agronegocio y sus paramilitares amenazan, arrebatan la tierra de familias campesinas indígenas.

“Vos también eras otro al que quería agarrar, después le toca a tus hermanas” Con estás palabras el Sr Kessel amenzaba a Maximiliano Escalada mientras los golpeaban en patota. Nuevamente un empresario delincuente ataca a integrantes del pueblo indígena Vilela de la comunidad 3 Leones.

Desde hace más de 4 años la comunidad resiste pacíficamente a los atropellos constantes del empresario Oscar Kessel que pretende usurpar parte del territorio ancestral donde viven y trabajan las familias campesinas e indígenas de la zona.

El pasado 9 de Marzo, Genaro Escalada y su hijo Maximiliano fueron interceptados en el camino por el usurpador Kessel y su patota, Kessel golpeó a Genaro con la culata de la escopeta dejándolo inconciente, mientras los matones retenían a punta de pistola a Maximiliano.

En complicidad con la comisaría de Tintina y Quimilí se incrementan los ataques violentos. Las fotos son prueba de la brutalidad de los hechos. Por esto exigimos la inmediata intervención de la fiscalía general de Santiago ya que no solamente corre peligro nuestra permanencia en el territorio, si no también nuestra integridad física y sobre todo de los niños integrantes de la comunidad.

Y convocamos a una marcha por las calles de Tintina para el día 23 de Marzo. Por los derechos humanos campesinos e indígenas. Por un territorio libre de bandas armadas y de violencia.

Ni un metro más, la tierra es nuestra! Cristian y Miguel Presentes!!

contactos: 1133489886 Adolfo / 3854383951 Carlos / 3843405444 Marga / 1133489316 Deo

PEDIR INFORME

Fiscal general Ramón Gómez

Ministerio Público Fiscal

0385 – 450 7727/ 7757

Fax : 0385 – 450 7703

RedEco

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