Tag Archives: Criminalización y represión

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Ambientalistas en peligro

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Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes.

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Por Darío Aranda

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

Página 12

Ver informe: En terreno peligroso


nqn YPF inauguró junto al gobierno neuquino  la primera bateria de shale oil en loma de la lata foto mati subat 13-06-2013

YPF tiene cinco días para dar a conocer el pacto con Chevron

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El 16 de julio se cumplen tres años del acuerdo entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta. Luego de movilizaciones, represión, investigación y denuncias judiciales, en los próximos días se podría llegar a conocer de forma completa el documento firmado entre las dos empresas, mantenido en secreto hasta el momento. El conocimiento acabado es crucial por cuestiones de responsabilidad y rendiciones de cuentas en los planos fiscales, ambientales, sociales y culturales, al tener en cuenta que los pozos de fracking se realizan en la comunidad mapuche Campo Maripe. En el largo proceso judicial, YPF ha logrado sortear los numerosos fallos en su contra, incluido el del 2015 de la Corte Suprema, a fuerza de apelaciones y dilaciones. Aunamos porque la semana que viene YPF cumpla de una buena vez con lo que demanda el pueblo. Compartimos la siguiente nota del Diario de Buenos Aires, sobre la orden de la Cámara.

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la petrolera YPF que cumpla con la entrega de toda la documentación.

nqn YPF inauguró junto al gobierno neuquino la primera bateria de shale oil en loma de la lata foto mati subat 13-06-2013

Luego de mucho tiempo de evasivas, medidas cautelares y frenos judiciales, la Justicia resolvió exigirle a la petrolera estatal que dé a conocer públicamente  las clausulas del acuerdo con Chevron.

De esta manera, los magistrados confirmaron el rechazo a planteos realizados por YPF: ahora deberá cumplir con la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de noviembre de 2015.

En caso de que no se entregue la documentación, resolvieron que “se libre mandamiento de secuestro y se remita copia de las actuaciones a la Justicia penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia”.

Desde principios de año, el macrismo se negó a dar a conocer el acuerdo pese a haber fustigado al kirchnerismo durante mucho tiempo por lo mismo: la ahora titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, justificó la decisión de no revelar las cláusulas confidenciales del acuerdo entre YPF y Chevron para perforar en el yacimiento de Vaca Muerta.

Desde la firma del acuerdo en 2013,  y rubricado bajo la bandera de la “soberanía energética”, organizaciones sociales, políticas y medioambientales han denunciado el hecho de haber realizado un pacto comercial con una de las compañías más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo.

Según Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Chevron se habría garantizado “un beneficio neto del 50% de las utilidades a perpetuidad, aún si se retira del país”. Para colmo, la firma del acuerdo lo hicieron dos firmas subsidiarias de las empresas, radicadas en paraísos fiscales: YPF Shell Oil Company  y Chevron Overseas Company.

el diario de buenos aires


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Asesinan a Lesbia Yaneth, compañera de Berta Cáceres

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  • Yaneth, activista del COPINH, estaba inmersa en un proceso de lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Honduras
  • Un total de 185 personas fueron asesinadas en 2015 en todo el mundo por su implicación en la defensa de la naturaleza
  • “La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que luchan por sus derechos”, dicen desde el COPINH
 

Honduras-identificar-asesinos-indigena-cientificas_EDIIMA20160312_0017_25Fotografía tomada el pasado 8 de marzo en la que se registró un grupo de feministas y amigos de la asesinada líder indígena hondureña. EFE

Ha ocurrido otra vez. Cuatro meses después del asesinato de la hondureña Berta Cáceres, ha aparecido muerta Lesbia Yaneth, lideresa indígena y también integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). La defensora medioambiental hondureña militaba de forma activa contra la construcción de represas de los ríos de su municipio y  estaba inmersa en un proceso de lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en San José (La Paz), según ha confirmado el COPINH en un comunicado.

El cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquía apareció este miércoles en el vertedero municipal de Marcala, en el departamento de La Paz. Según la versión recabada por las autoridades policiales, la mujer salió de su casa el pasado martes alrededor de las 5:00 de la tarde en su bicicleta, informa el diario local El Heraldo. Como no llegaba a casa, sus familiares comenzaron a buscarla y hasta que fue localizada sin vida.

El asesinato de Yaneth ha tenido lugar en el marco de un proceso de ‘consulta’ llevado a cabo por el Gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley del Mecanismo de la Consulta Previa, Libre e Informada, por la que llevan años luchando las comunidades indígenas en Honduras. Se trata de un derecho amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Según aseguran desde el COPINH, “las reuniones con las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcala -donde ha aparecido asesinada Lesbia Yaneth- los días 4 y 5 de julio.

El proyecto hidroeléctrico Aurora I, contra el que estaba luchando Lesbia Yaneth, pretende ser instalado en el  municipio de San José, La Paz. Según el COPINH,  “la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López” tienen una “vinculación directa” con la construcción de la represa. 

Violencia contra los ambientalistas en Honduras

En marzo de este año, la líder indígena y presidenta del COPINH, Berta Cáceres, fue asesinada. Su caso despertó un fuerte movimiento de solidaridad y presión internacional, que de momento no ha frenado los asesinatos a defensores del medioambiente y los derechos humanos en Centroamérica. Recientemente, un exsoldado hondureño reveló a The Guardian que el nombre de Berta Cáceres figuraba desde hacía meses en una lista negra en manos de una unidad especial del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos.

Dos semanas después del asesinato de Cáceres, Nelson García, compañero en la defensa del medioambiente, también líder regional del COPINH, fue abatido por varios tiros cuando se dirigía hacia su casa después de participar en una protesta contra el desalojo forzoso de un centenar de familias.

La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros.

Un total de 185 personas fueron asesinadas en 2015 en todo el mundo por su implicación en la defensa de la naturaleza, según el último informe de  Global Witness. El año pasado, los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33.

“La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta”, han lamentado los integrantes del COPINH.

eldiario.es


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Informe: “En terreno peligroso”

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Informe sobre el asesinato de defensores y defensoras de la tierra y el medio ambiente, personas que luchaban por proteger su tierra, sus bosques y sus ríos mediante acciones pacíficas durante el año 2015.

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En 2015 más de tres personas a la semana murieron asesinadas por defender su tierra, sus bosques y sus ríos frente a industrias destructivas.  En el informe En terreno peligroso, se documentan 185 muertes que se sabe que acaecieron el año pasado por todo el mundo, una cifra que supone, con mucho, la cifra anual de víctimas mortales más alta jamás registrada, y que representa más del doble del número de periodistas asesinados el año pasado.

Entre las victimas está la familia de Michelle Campos (imagen arriba). En setiembre 2015, su padre y abuelo fueron ejecutados públicamente por defender su tierra ancestral frente a la minería, en un ataque que empujó a 3.000 indígenas del pueblo lumad a abandonar sus hogares. Su región de Mindanao, rica en carbón, níquel y oro, es una de las más peligrosas del mundo para los activistas de la tierra y el medio ambiente, habiéndose registrado allí 25 muertes solo en 2015.

“Nos amenazan, vilipendian y asesinan por enfrentarnos a las empresas mineras que operan en nuestra tierra y a los paramilitares que las protegen”, comentó . Mi padre, mi abuelo y mi maestro fueron solo tres de un número incontable de víctimas. Conocemos a los asesinos; campan a sus anchas por nuestra comunidad. Estamos muriendo y nuestro Gobierno no hace nada para ayudarnos.- Michelle Campos

En este informe preguntamos los motivos y exigimos medidas urgentes y significativas para acabar con la creciente oleada de violencia que este año resultó en el asesinato de la reconocida activista Hondureña Berta Cáceres.

Descargar informe detallado En Terreno Peligroso (PDF).

ASESINATOS POR PAÍS 2010-2015

El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive.

En 2015 los países más mortíferos para los activistas de la tierra y el medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33, que representan cifras nunca vistas en estos países, seguidos de Colombia (con 26 muertes), Perú (12), Nicaragua (12) y la República Democrática del Congo (11). Entre las principales causas de estos asesinatos se encontraban la minería (en 42 casos), la agroindustria (20), la tala (15) y los proyectos hidroeléctricos (15).

ASESINATOS EN 2015 POR PAÍS

Los datos demuestran que 67 de los defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados el año pasado pertenecían a comunidades indígenas, lo que supone la cifra más alta de la historia. Por cada asesinato que podemos documentar, hay otros que no pueden verificarse o que no se denuncian, al igual que, por cada vida que se pierde, muchas más quedan arruinadas por la violencia, las amenazas y la intimidación constantes.

VIOLENCIA SIN PRECEDENTES EN LA AMAZONIA BRASILEÑA

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Isídio Antonio fue una de las últimas víctimas en la Amazonia brasileña, que sufrió niveles de violencia sin precedentes en 2015 con 50 homicidios. Isídio había padecido varios atentados y recibió amenazas de muerte por defender la tierra de su comunidad contra un grupo de poderosos terratenientes que querrían explotar madera valiosa.

Sus solicitudes a las autoridades para que les de protección fueron ignorados sistemáticamente y la policía nunca ha investigado su asesinato. Los locales dicen que es la cuarta víctima de la violencia en su pequeña comunidad de Vergel en el estado de Maranhão.

Por todo el mundo, la connivencia entre el Estado y los intereses corporativos protege a muchos de los responsables de los asesinatos. De entre los casos bien documentados, encontramos 16 relacionados con grupos paramilitares, 13 con el ejército, 11 con la policía y 11 con guardas de seguridad privados, lo que implica claramente que el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos. Además, había pocos indicios que demostraran que las autoridades investiguen exhaustivamente los delitos o adopten medidas para hacer que los autores respondan ante la justicia.

 

ES NECESARIA UNA INTERVENCIÓN URGENTE

Proteger a los defensores de la tierra y el medio ambiente es vital, no solo por una cuestión de justicia y derechos humanos fundamentales, sino por nuestra supervivencia colectiva. Ellos son los guardianes de los recursos naturales de nuestro planeta en un contexto de cambio climático vertiginoso y una miríada de problemas ambientales que amenazan a la humanidad. Global Witness exhorta a los gobiernos de los países afectados a:
  • Aumentar la protección de los activistas de la tierra y el medio ambiente que están en peligro de sufrir actos de violencia, intimidación o amenazas
  • Investigar los delitos, incluyendo a sus «cerebros» corporativos y políticos aparte de a los asesinos, y llevar a los autores ante la justicia
  • Defender el derecho de los activistas a negarse a la realización de proyectos en su tierra y garantizar que las empresas pidan de forma proactiva el consentimiento de las comunidades
  • Solucionar las causas subyacentes de la violencia contra los defensores, reconociendo oficialmente los derechos de las comunidades sobre la tierra y combatiendo la corrupción y las actividades ilegales que afligen a los sectores de los recursos naturales
FIND OUT MORE Billy Kyte, Environmental and Land Defenders, Campaign Leader bkyte@globalwitness.org +44 (0)7703671308

Descargar “En terreno peligroso” en PDF


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Represión contra el pueblo mapuche

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El pueblo mapuche sufre persecución e intentos de desalojo de sus territorios. Para indagar en la situación, nos visitaron en FM La Tribu Felipe Gutiérrez, integrante del Observatorio Petrolero Sur y Bárbara, activista chilena en pos de la liberación de los presos políticos en el sur del país trasandino.

Hablamos sobre la situación de las comunidades mapuches en nuestro país. Las leyes que los amparan pero no se cumplen, los desalojos de sus tierras siguen. Y como yapa, los acompaña lamentablemente la represión.

Programa completo

Programa Derrocando a Roca FM La Tribu.

 


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El paro en Colombia y las demandas de las comunidades afro de Caño Limón

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Un paraíso en la tierra. Lugar para la vida digna de las comunidades. Territorio saqueado, negocio millonario de unos pocos. La historia de Caño Limón y sus reclamos populares, la toma en la sede de Ecopetrol en Bogotá, Colombia, simbolizando las razones de un nuevo paro nacional en Colombia que cumple su quinto día y que ya se cobró tres muertos por la represión policial.

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(Carina López Moja – Lai) Colombia – En Caño Limón, Arauca, uno de los más de cien puntos bloqueados en todo el territorio colombiano en el marco de la Minga Nacional, el paro agrario y campesino, las mujeres indígenas aún recuerdan cómo era la Laguna de Lipá, hoy borrada del mapa. El pueblo U’wa sufrió allí su segunda invasión con la llegada de la Occidental Petroleum (Oxy).

Con el hallazgo de petróleo en Caño Limón, el país pasó a ser exportador de crudo. Más de 30 años de explotación petrolera muestran una zona militarizada y devastada. La zona productiva campesina se convirtió en territorio de prostitución, vandalismo y sicariato. Y, sobre todo, de pobreza.

Allí donde había un reservorio de flora y fauna, hoy sólo quedan pozos petroleros, cámaras y militares fuertemente armados. En parte por las voladuras de los pozos, en parte porque las comunidades han intentado recuperar sus tierras. Para atravesar Caño limón hay que pasar varios controles donde las fuerzas de seguridad preguntan adónde vas, de dónde venís y por qué pasas por allí. Allí es donde el territorio no tiene soberanía colombiana sino estadounidense y donde las fuerzas armadas responden directo a los empresarios petroleros.

“Están reventando los esteros”

Orlando Viveros ya colgó su chinchorro en la ruta. Desde la hamaca, que será lugar de descanso mientras dure el paro, uno de los referentes de la comunidad afro de Arauca detalla el daño que generó la explotación petrolera en la zona. “Acá no había camino, era una ciénaga, sólo tierra, árboles y las comunidades campesinas asentadas. Cuando encontraron petróleo empezó el desplazamiento de nuestra gente. El Estado puso todo a favor de las compañías norteamericanas. Nos quedamos sin tierra, sin laguna, contaminaron el agua y reventaron los esteros. En este punto de concentración de la Minga Nacional queremos dejar claro: no queremos sembrar petróleo, queremos sembrar vida”.

El segundo yacimiento petrolero más grande del país se transformó en un monstruo. El oleoducto que atravesó las fincas campesinas y los esteros cruza los departamentos de Arauca, Norte de Santander, Cesar, Magdalena, Bolívar y Sucre hasta llegar al puerto de Coveñas. Millones de barriles de crudo, millones de dólares y una multiplicación de la pobreza para la población araucana. Ante esa mina de oro, la empresa y el Estado buscaron, a pesar de las advertencias de los estudios de impacto ambiental, avanzar incluso en el Santuario de Flora y fauna. Devorio de más de 20 hectáreas y del chigüiro (animal de la zona), sólo queda una imagen en un cartel. “El Estado y las empresas trasnacionales tienen una deuda ambiental con Arauca. El primer problema fue que el crudo salía a 92 grados. Para producir un barril de petróleo se necesitan 98 barriles de agua, es decir que para los 54 mil barriles de crudo que sacamos diarios necesitamos 2 millones 800 mil barriles de agua. Hoy podemos decir que se están secando los cauces de los ríos de toda la región”, afirmó Oscar García, dirigente histórico del Sindicato Petrolero (USO).

La contaminación fue empeorando con el correr de los años. “Para el proceso de refinamiento del crudo se inyectan 3 químicos, para romper la emulsión, luego los inhibidores de corrosión y las clarificados. Después de ese proceso el agua vuelve a la sabana. Totalmente contaminada. Eso ha generado, entre otras cosas, que los residuos maten los esteros, no haya más pesca en la zona y deje sin actividad a miles de familias”, detalló.

“Somos un pueblo que ha sido olvidado y al que le han mentido en la historia de Colombia. Pedimos respeto por la autonomía de territorios para la comunidad afro. A la población negra nos gustaría conocer la paz, aun no la conocemos. Mientras en Colombia no se cambie el modelo económico, no va a cambiar nada”, afirmó Orlando Viveros.

Red Eco Alternativo


Foto// ADN. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, Dina Migani

Allen: Secretaría de Ambiente desconoce el número de pozos

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En el mundo se debate sobre las consecuencias del cambio climático, la mirada está puesta en los Estados y empresas responsables que lo generan. Lejos de ese contexto, en la provincia de Río Negro la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable es garantista de las actividades extractivas. Una atenta recorrida por el Alto Valle nos deja zumbando una pregunta que nos hizo un vecino. ¿Puede el zorro cuidar al rebaño?

Foto// ADN. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, Dina Migani
Foto// ADN. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, Dina Migani

Por OPSur-

Dina Lina Migani fue nombrada como secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable por el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck, en agosto del 2014. Desde que llegó no paró de cosechar cuestionamientos.

Apenas designada, Migani fue duramente criticada por el peronismo local. En plena puja electoral, mientras se desempeñaba como concejal de la cuidad de Fernández Oro por el Frente para la Victoria (FpV),  Dina dio el portazo y saltó a las filas del recientemente creado partido “Juntos somos Rio Negro”. La nueva fuerza impulsada por Wereltineck ganó ampliamente las elecciones que permitieron su reelección como gobernador y Dina quedó en las mismas funciones hasta la actualidad.

Migani es ingeniera Química, en Higiene y Seguridad en el Trabajo, y tiene una especialización en Técnicas de Intervención Ambiental. Ejerció su profesión desde el año  2001 junto a su familia –esposo e hijo- en la empresa propia Quinpe S.R.L. Según el registro comercial, el emprendimiento tiene como objetivo brindar “servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, la explotación de minas y canteras, ventas al por mayor de en comisión o consignación de minerales, metales y productos químicos industriales”. Entre los clientes figuran gran parte de las empresas que la Secretaría de Medio Ambiente debiera controlar: YPF, Entre Lomas, Petrobras, Medanito, Contreras Hnos, Halliburton, Baker Hughes, CalFrac, Skanka, Schlumberger, TGS, entre otras.

La legisladora  Ana Piccinini (FpV) cuestionó la designación de Dina Migani por incompatibilidad de funciones y expresó sus dudas en un medio regional: “la página web de la empresa Quinpe SRL dice que brindan un servicio acorde con las necesidades a sus clientes. Entonces vamos a interpretar que esta señora, cuando tenga que resolver una cuestión, lo hará en base a las necesidades de las empresas o de acuerdo a los principios fundamentales que cuidan y protegen el medio ambiente”. La ex Defensora del Pueblo de la provincia no fue la única en objetar a la funcionaria, en mayo del 2015 la senadora nacional Magdalena Odarda presentó un pedido formal al gobernador para que Dina Migani sea corrida del cargo, también por incompatibilidad en sus funciones. Tanto la grave situación de contaminación petrolera en Allen, como la escasa intervención de la Secretaría, lo avalan.

Las respuestas de Migani

Luego de descubrirse la contaminación por un derrame de petróleo en la zona de bardas en la ciudad de Allen, en un casual encuentro  entre Luis Genga, secretario de Derechos Humanos del sindicato de docentes rionegrinos (Unter), y la secretaria de Medio Ambiente, éste le hizo una serie de consultas. La secretaria, en un intento de evasiva, le sugirió que aquellas preguntas fueran enviadas por escrito. En agosto del 2015 Unter, envió un pedido de informe a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en noviembre Dina Migani cumplió con su palabra y contestó el pedido sindical.

Foto// Diario Río Negro. Obreros levantan derrame en una olla.
Foto// Diario Río Negro. Obreros levantan muestras de derrame en una olla.

Hacemos una síntesis de la elocuente capacidad de no respuesta del que hace gala la Secretaría de Ambiente en el documento oficial.

Pregunta de Unter: ¿Es compatible la explotación hidrocarburífera con el método de fractura hidráulica y la fruticultura?

Respuesta de Migani: “la explotación hidrocarburífera es compatible con la fruticultura y toda otra actividad productiva que se desarrolle en el Alto Valle. Tal es así que se viene desarrollando sin inconvenientes. Es vital que se controle como se viene haciendo. De requerir información técnica, científica, le solicito amablemente que se dirija a Secretaría de Energía de la Nación y /o al Instituto Argentino de Gas y Petróleo”.

Unter: Cantidad de pozos programados por YSur y otras empresas en la zona del Ato Valle: Ubicación y tiempo que serán instalados.

Migani: “haciendo una estimación aproximada las empresas están realizando unos 30 pozos al año; Igualmente esta cifra es aproximada en el sentido de que se depende de estudios técnicos científicos y específicos, que se van haciendo a medida que la producción avanza a criterio exclusivo de la empresa”

Unter: Se están produciendo una cantidad creciente de venta de tierras a favor de YSur. Importa saber ¿Cuántas chacras se han enajenado y qué superficie total abarcan?

Migani: “Se desconoce puntualmente lo que usted manifiesta en cuanto a la supuesta creciente de venta de tierras a favor de la empresa YSur.  A fin de poder conocer lo que pregunta, le solicito amablemente que se dirija al departamento de relaciones institucionales de la empresa YSur”.

Unter: ¿Ha prosperado el recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo en el sentido de suspender la actividad extractiva hasta no se determine con certeza que pueden convivir la fruticultura y el fracking?

Migani: “Se desconoce si ha prosperado el recurso de amparo presentado. Asimismo se le informa que esta Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, participó de la audiencia en Gral. Roca, acreditando que no existía contaminación de hidrocarburos en ninguna de las locaciones de Allen sobre el pozo EFO 280”.

Las respuestas de la secretaria hablan por sí solas. En su mayoría “desconoce” la información para brindar una respuesta. De esta manera, no solo se expresa patente la desidia en la función pública de fiscalizar a las empresas, sino también aparece una gran cuota de cinismo. Ante las consultas de los docentes, les sugirió que redirijan sus preguntas a las mismas empresas que la Secretaría debería controlar, al Ministerio de Energía o al IAPG-Instituto creado y gestionado por representantes de las empresas petroleras. Eso sí, siempre lo hizo con un: “le solicito amablemente”.

Cada pozo que se realiza debe contar con la autorización de la Secretaría. Es la función por la que el Estado le paga el sueldo, por eso es inconcebible que exprese: “haciendo una estimación aproximada las empresas están realizando unos 30 pozos al año”. Queda demostrado que no controla, ni fiscaliza, y ni siquiera mira las cifras de los Ministerios que ella misma propone como fuentes confiables. Según los datos del Ministerio de Energía y Minería de Nación, la empresa YSur en el área Estación Fernández Oro (EFO) contaba con 60 pozos para el 2013, 131 en el 2014, mientras que en el 2015 ya ascendía la cifra a 230 pozos. O sea, únicamente esa empresa, en una sola área, tiene un total para el 2015 de 170 nuevos pozos.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable niega que se hayan producido inconvenientes a raíz de la explotación de hidrocarburos Allen. Sin embargo, un informe de impactos realizado por este Observatorio, muestra que tan solo en el 2015 existieron cuatro derrames de distintas consecuencias en la EFO, el área de mayor  producción gasífera de la provincia en la actualidad.

Respuesta de Dina Migani a Unter
Respuesta de Dina Migani a Unter
Respuesta de Dina Migani a Unter
Respuesta de Dina Migani a Unter
Respuesta de Dina Migani a Unter
Respuesta de Dina Migani a Unter

El caso Lamperti

El 29 de octubre del 2015, Jessica Lamperti, productora frutícola de Allen, descargó su enojo en la red social Facebook, “hoy siento una gran amargura, un cliente del mercado exterior me dice que no va a poder comprarnos este año. Al preguntar los motivos me contesta queremos fruta libre de fracking!!”.

El comentario de Lamperti inmediatamente llegó a los medios de comunicación. Éstos alertaron a los dirigentes de la sede local de la Cámara de Productores. Indignado Sebastián Hernández, presidente de la Cámara expresó: “Esto lo veníamos anunciando, llegará un momento en el que no podremos vender la fruta por ser zona de explotación petrolera, equivalente a contaminación”. Jessica solicitó a la Secretaría de Fruticultura que de  algún tipo de garantía para asegurar que la actividad petrolera no esté contaminando las producciones. La respuesta vino de la Secretaría de Ambiente, que en conjunto con la de Fruticultura enviaron una carta documento a la productora invitándola a una reunión a puertas cerradas. Le pidieron que lleve los datos de los pozos que tiene cerca y el nombre del cliente que se negó a comprarle.

Esto generó un reclamo por parte de  la senadora Magdalena Odarda y el legislador Jorge Ocampo exigieron, a través de un pedido de informe, que se les brinde el acceso a la información. Además pidieron que se respete y no se hostigue a la productora de Allen.

Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, suele decir que “hay veces que en Argentina precautorio se aplica al revés y los afectados deben demostrar que están contaminados”.

 

Fuentes consultadas

ADN (28/08/2014) Designan a Dina Migani como secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

ADN (29/08/2014) Piccinini también cuestiona designación de Dina Migani

Radio Nacional Viedma (18/05/2015) Odarda pide el desplazamiento de Dina Migani, la titular de Ambiente y Desarrollo sustentable

Quinpe SRL, Página institucional de la empresa. Nuestros Clientes

Diario Rio Negro (01/11/2015) “Queremos fruta libre de fracking”

Radio Antena Libre (01/11/2015)Productora de Allen denuncio que no le compran su fruta por estar en una zona de fracking

ADN (06/11/2015) Fracking: Odarda y Ocampos denunciaron hostigamiento a una productora de Allen

ADN (07/11/2015) La Secretaría de Ambiente niega hostigamiento a Jessica Lamperti, de Allen


Foto César Izza// Congreso Socioambiental de Unter

Declaración del 1er Congreso Socioambiental de la Unter

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“Por la construcción de nuevos órdenes socioambientales”

Nos encontramos reunidos en Fiske Menuco (General Roca) docentes de toda la provincia de Río Negro, delegados y delegadas sindicales, militantes ambientales, representantes de la ciencia y la investigación, trabajadores y trabajadoras que nos sentimos convocados por la creciente degradación y conflictividad ambiental en nuestros territorios, agravada por la ejecución de proyectos extractivos impuestos a nuestros pueblos por el modelo de producción y saqueo hegemónico.

Foto César Izza// Congreso Socioambiental de Unter Durante dos días profundizamos el análisis de las situaciones que agravian a nuestra provincia y región, a nuestras comunidades, nuestros estudiantes, nuestros vecinos, compartimos experiencias, reforzamos vínculos, definimos estrategias y propuestas de acción colectivas que favorezcan la construcción de nuevas miradas, nuevas subjetividades, nuevas formas de convivencia con la Naturaleza, y entre nosotros y nosotras, hombres y mujeres que habitamos este territorio.

Aspiramos a nuevos escenarios ambientales, donde el respeto por la vida y el ejercicio efectivo del derecho a un ambiente sano, de todos los seres que habitamos este Planeta sean los valores esenciales en que se funde un nuevo paradigma que organice nuestra comunidad. Haber trastocado estos valores sometiéndolos en función de los intereses de los sectores privilegiados ha conducido a la acumulación de capital y el lucro como único proyecto civilizatorio económico-político-cultural que se ha sostenido en la explotación de seres humanos y naturaleza, provocando desigualdad, destrucción, e infortunio sin fin.

Vivimos en un territorio que es ríos, que es bosques, que es estepa, que es mar, que es viento… y que también es historia, es cultura, es identidad, es proyecto de vida. El sistema impuesto históricamente en la región ha destruido culturas, masacrado pueblos, fragmentado el territorio. Miradas que ven un “desierto” a ser conquistado, desdeñan la diversidad, fragmentan y mercantilizan la vida, sostenidas por los intereses y el accionar político que confluyen en profundizar un modelo de expoliación de los bienes comunes disfrazado de “progreso”.

Rechazamos este tipo de argumentaciones. Sostenemos que los proyectos que buscan impulsarse en la provincia (mega-minería, expansión hidrocarburífera, agronegocios, sobre explotación pesquera, entre otros) lejos del bienestar social esgrimido, depredan bienes naturales; contaminan agua, el suelo y atmósfera, a veces de manera irreversible; producen profundos desequilibrios sociales; vulneran derechos territoriales de comunidades y pueblos originarios; atentan contra la autonomía y autodeterminación; y generan graves consecuencias para la salud de las personas y los ecosistemas.

Estos proyectos vienen impulsados por los intereses de los poderes económicos y la connivencia de los funcionarios de turno. El estado facilita en casi todos los casos y aún en contra de las comunidades, la concreción de proyectos contaminantes, por ejemplo, hace cuatro años, la legislatura provincial derogó la “Ley Anti-cianuro” (N° 3981) que regulaba la actividad minera, en contra de la voluntad popular y a favor de las empresas del sector. Simultáneamente, el poder económico despliega una variada gama de estrategias de cooptación. Opera sobre los espacios académicos, de investigación, educativos y los medios de comunicación para condicionar la construcción y difusión del conocimiento.

En ese sentido, en nuestra provincia, señalamos la creación de una Tecnicatura en Minería, con orientación extractivista, en Jacobacci, donde hace años que la comunidad se opone al proyecto de minería de oro de Calcatreu. También, el dictado de cursos de formación docente sobre “Educación energética y ambiental” organizados en Bariloche, por la Fundación YPF y el Ministerio de Educación, al tiempo que en la provincia crece la resistencia al avance de la explotación hidrocarburífera.

Un sistema con graves costos humanos y ecológicos, cuyas consecuencias se ocultan, se niegan, minimizan en un procedimiento que incluye la descalificación y cuestionamiento a nuestros investigadores y su abundante corroboración científica.

Nuestra producción frutihortícola se ve seriamente dañada por los mismos intereses. Avanza la explotación hidrocarburífera, el fracking y la especulación inmobiliaria sobre las tierras que nuestros ancestros lograron fertilizar en décadas de paciencia, amor y trabajo sobre territorios áridos y que hoy, volverán a la aridez de la especulación.

En algunas regiones, como en el resto del país, advertimos el avance del agronegocio enfocado en la producción de granos para la exportación, el uso desmedido de agrotóxicos, la homogenización y estandarización de variedades en frutas, verduras, incluso algunas genéticamente modificadas (con pérdidas trascendentes de biodiversidad). Todos sometidos a la lógica del mercado y sus intereses.

En la nueva desertización, productores y consumidores están igualmente condenados al ritmo de la desaparición de peras y manzanas flanqueadas por las torres de la ambición. En este contexto, la producción de alimentos nada tiene que ver con la soberanía y seguridad alimentaria ni con la cultura de los pueblos, sino con los intereses del mercado. En nuestra cordillera la pérdida de bosque nativo por desmontes e incendios, en su inmensa mayoría intencionales, son coletazos de la especulación inmobiliaria. Esta pérdida representa una inmensa pérdida de biodiversidad y profundiza el riesgo y los daños en las nacientes de las cuencas, sumándose a los efectos del calentamiento global, con el retroceso de glaciares y reducción de precipitaciones.

Valoramos el rol de nuestras comunidades y organizaciones que alertadas por los daños irreversibles sobre su entorno y el ejercicio de sus derechos, han decidido resistir el avance de estos proyectos destructivos y defender los bienes naturales y la vida.

Nuestro Congreso

Se pronuncia categóricamente en contra del modelo de desarrollo impuesto por el poder hegemónico que genera desigualdad, injusticia, explotación, saqueo, dolor, poniendo en peligro la vida. Todo daño a la naturaleza es daño a la humanidad. No hay ni habrá justicia social sin justicia ambiental.

Sostiene que existen alternativas, otras formas de habitar el planeta, de convivir en armonía y se compromete a protagonizar esa búsqueda y construcción, desde el conocimiento y la organización.

Reafirma la importancia decisiva que tiene para las comunidades el rol docente en función de difundir, problematizar, debatir y construir conocimientos estratégicos sobre estas realidades ocultadas, minimizadas y distorsionadas desde el poder.

Recoge las inquietudes de los participantes en el sentido de promover mejores articulaciones educativas en la comprensión de la relación salud – alimentación y en develar los procesos que conspiran obturando el ejercicio efectivo del derecho a una alimentación suficiente, nutritiva, oportuna, disponible y culturalmente adecuada para toda la población.

Señala en particular la necesidad de esclarecer los intentos renovados del poder dominante, en procura de usar el sistema educativo como herramienta de penetración a favor de sus intereses, incluso pretendiendo cooptar las organizaciones sociales y sindicales.

Reafirma la importancia de que la UnTER amplíe el tratamiento de la problemática abordada en el Congreso hacia otros actores sociales, contribuyendo a la formación de los trabajadores en función de precaver, prevenir, mitigar, atemperar, resolver y recomponer los daños ambientales que generan los procesos de producción y consumo en marcha.

Propone:

• Impulsar la incorporación de la problemática ambiental desde el Pensamiento Ambiental Latinoamericano en todos los niveles y las modalidades del sistema y especialmente en la formación y actualización docente.

• En lo inmediato garantizar la inclusión de estos contenidos en la transformación curricular en todos los niveles.

• Impulsar la creación de áreas o departamentos institucionales específicos para el abordaje de la problemática ambiental en las escuelas, con el objetivo explícito de transversalizar las currículas.

• Institucionalizar el área ambiental en el sindicato.

• Que el 5 de junio, día mundial del Ambiente, sea un día de acción ambiental de la UnTER en toda la provincia.

• Realizar publicaciones específicas en formato impreso, digital, audiovisual.

• Adherir y apoyar por diversos medios la campaña por la restitución de la Ley Anti-cianuro.

• Lanzar una campaña provincial sobre hidrocarburos y minería.

• Proponer la realización de una campaña de difusión y concientización sobre el derecho social inalienable del acceso al agua.

• Exigir que en las escuelas potencialmente afectadas por actividades altamente contaminantes se realice controles sobre el estado del agua que se consume y un relevamiento epidemiológico a fin de identificar posibles impactos sobre la salud de la comunidad educativa.

Finalmente, nos convoca la indignación, pero también la esperanza y la convicción de que existen otras formas posibles de vincularnos, de vivir en armonía con la Tierra y con la Naturaleza como un todo.

No debemos ni podemos caer en la resignación o indiferencia. Estamos convencidos de que la acción colectiva, la capacidad de organización, el espíritu solidario y el compromiso de las muchas expresiones de lucha y resistencia en nuestra provincia, la región, el país, en nuestra América y en todos los rincones del Planeta, tienen la capacidad de transformar el mundo, de cambiar la historia.

Por esta razón nuestro Congreso asume el firme compromiso de trabajar en todos los ámbitos por la construcción de nuevos escenarios ambientales comprometidos con la liberación de nuestros pueblos.

Fiske Menuco – Gral. Roca 6 de julio de 2016


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RNMA: Comunicado en repudio a la detención arbitraria de una comunicadora de Radio Kermés de La Pampa

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La Red Nacional de Medios Alternativos se solidariza con la periodista Cintia Alcaraz, integrante de Radio Kermés, Santa Rosa, La Pampa. Desde la RNMA denunciamos el accionar represivo de la policía provincial en un claro procedimiento que atenta contra la libertad de expresión.

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Según lo relatado por la periodista del medio comunitario, el día viernes 22 de abril de 2016, cerca de las 21.00, presenció la detención brutal de dos mujeres junto a dos niños. Ante la consulta sobre el desborde del operativo, un agente le respondió que ellos hacían lo que querían, y al momento de tomar audios y fotos con su celular, se lo arrebataron argumentando una supuesta prohibición de filmar un operativo policial. Posteriormente, tras forcejeos, la subieron a un móvil policial para llevarla detenida.

La situación irregular continuó en la comisaria 3ª. Durante dos horas la periodista no tuvo acceso a realizar una llamada teléfonica, ni contó con asistencia legal pública; la misma suerte corrieron las dos madres y sus hijos.

La movilización de distintos periodistas, medios y organizaciones sociales y políticas posibilitó su liberación, aunque sería imputada por obstrucción del accionar policial.

Los medios dedicados a la comunicación alternativa, comunitaria y popular somos blanco de innumerables acciones de características similares y mucho peores: somos reprimidos y hasta baleados con plomo, como ocurrió con dos integrantes de la RNMA en un intento de desalojo de la Sala Alberdi, en la Ciudad de Buenos Aires. En general, para la prensa tradicional, estas noticias carecen de importancia. Por eso creemos en la necesidad de repudiar con energía situaciones como la que vivió Alcaraz, pero también como la que vivieron las dos mujeres y sus niños.

Estas medidas represivas van en consonancia con el recientemente aprobado Protocolo de Protestas Sociales, una normativa de sesgo claramente antidemocrático que atenta contra derechos constitucionales de nuestro pueblo: el derecho a la protesta social, a la libertad de prensa y el derecho a informar. El argumento que sostiene que la actividad periodística puede interferir  en el accionar represivo solo se comprende dentro de la creciente  preocupación de las fuerzas de seguridad en búsqueda de que no quede registro de su  accionar, tal y como ha sucedido en este grave hecho contra la periodista Cintia Alcaraz.

Hacemos un llamado categórico a denunciar estos hechos y a poner fin a estas políticas represivas contra los medios del campo popular, sus comunicadores y comunicadoras, que seguiremos registrando estas detenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad, aunque intenten impedirlo.

Argentina, 24 de abril de 2016

Red Nacional de Medios Alternativos –  rnma.org.ar estamos en: facebook /  twitter /  youtube


fracking puebla

La Fracturación Hidráulica en la Sierra Norte de Puebla

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fracking puebla

Dados los nuevos retos que la Reforma Energética genera y el impulso que la misma da a la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la fractura hidráulica, han surgido por todo el país voces de alarma ante las implicaciones que esta actividad supondrá para los territorios, el medio ambiente y los derechos humanos en México. Entre las zonas que se verán directamente afectadas por esta actividad se encuentra la Sierra Norte del estado de Puebla, en la cual ya se han entregado áreas para la exploración de petróleo y gas en yacimientos de lutitas, es decir, en yacimientos no convencionales.

Es ante este contexto que surgió la necesidad de llevar a cabo una investigación sobre la fracturación hidráulica en esta zona, que permita a la población contar con mayor información sobre el uso de la fracturación hidráulica. Los datos recabados permitieron conocer que: I) los pozos han sido fracturados mediante esta técnica en la región, aunque no podemos conocer por el momento si se trata de yacimientos convencionales o no convencionales; II) las áreas que ya han sido otorgadas a Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte de la Ronda 0 de la Reforma Energética, para la exploración de yacimientos no convencionales en la Sierra Norte; y III) los planes de la Secretaría de Energía (Sener) para entregar nuevas áreas para esta actividad a empresas privadas y públicas, como parte de la Ronda 2 y la Ronda 3 de licitaciones que se realizarán en los próximos años. Los municipios afectados incluyen territorios de comunidades campesinas e indígenas de los pueblos nahua, totonaco, otomí y tepehua.

La situación revelada por el diagnóstico realizado, cuyos hallazgos se presentan de manera detallada a continuación, indica la necesidad de comenzar a planear y llevar a cabo estrategias de defensa de la Sierra Norte dados los efectos que tendrá para la región la intensificación de la fracturación hidráulica. En este sentido, es imprescindible que la población de los 35 municipios potencialmente afectados por esta actividad en la Sierra cuenten con esta información y puedan llevar a cabo acciones organizativas y preventivas. Igualmente importante es que los resultados de la investigación sean conocidos por la población de otros municipios de Puebla y de otros estados, la cual -de llevarse a cabo el uso intensivo de la fracturación hidráulica- verá dramáticamente afectada la disponibilidad y calidad del agua que consume dado que existen cuencas hidrográficas comunes. Por último, esta información es valiosa como un primer paso que permite dimensionar los impactos negativos que la Reforma Energética y la explotación de gas y petróleo no convencional tendrán en México, los cuales son fundamentales para dar más elementos que permitan prohibir esta técnica en nuestro país.

Aroa de la Fuente y Manuel Llano, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Consejo Tiyat Tlali Alianza Mexicana contra el Fracking

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