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Mexico (2)

México: el fracking y las profundas raíces de la violencia

Mexico (2)

Por Aroa de la Fuente López*

La situación por la que atraviesa México es alarmante. Las más de 23 mil personas desaparecidas en el país entre 2007-2014, según cifras oficiales[1], nos hablan de un contexto de violencia e impunidad excepcional en el que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo indignante y doloroso que es, sólo representa la punta del iceberg. Rara vez se va a la raíz del problema, se señala al crimen organizado como el causante de las muertes, las desapariciones y los ataques. En este sentido, es necesario resaltar que la violencia que vive el país tiene raíces mucho más profundas en las cuales el Estado tiene una gran responsabilidad. Entre otras razones, por instrumentar políticas que priorizan los intereses privados y empresariales sobre los públicos, por la falta de espacios de participación, por la debilidad institucional inducida, y por la pobreza y la marginación en las que subsiste una gran parte de la población, en especial la indígena.

Las reformas estructurales aprobadas en 2013 y 2014 por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto vienen a sumarse a estas políticas y vaticinan que las causas profundas del malestar social existente se profundizarán y expandirán. Con ello se prevé un aumento de la conflictividad y la violencia, en particular de aquella ejercida por el Estado, ya sea a través de su propio actuar o por decidir mirar hacia otro lado cuando otros la ejercen.

 

Territorios en disputa

Una de las más importantes fuentes de la conflictividad que se vive en el país es la imposición de proyectos de desarrollo ante los cuales la población se declara en resistencia. El gobierno ha reaccionado haciendo oídos sordos a estas legítimas demandas sociales o, directamente, mediante acciones de criminalización, hostigamiento y represión que llega a esconder tras la cortina de la lucha contra el crimen organizado. Casos que reflejan esta situación se presentan a lo largo y ancho de México en todo tipo de proyectos: mineros, petroleros, turísticos, eólicos, de infraestructura hídrica, etc. Ejemplos de ello son las comunidades en lucha en el Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, en contra de mega parques eólicos;[2] la organización de frentes regionales en contra del uso de la fracturación hidráulica en Veracruz, San Luís Potosí, Puebla e Hidalgo (AAVV, 21/06/2015); y la resistencia a la construcción de un acueducto que afectará a cuatro estados del país y llevará agua para hacer posible la explotación de hidrocarburos de lutitas en Nuevo León.[3]

En un marco de extrema violencia, la reforma energética profundiza un modelo energético insostenible

Estos movimientos y frentes de resistencia han sido atacados repetidamente por las empresas y por el gobierno federal, así como por las autoridades estatales y municipales. Los casos más recientes son los ocurridos el 7 de junio, enmarcados en el contexto de elecciones de autoridades locales. La consigna abanderada por el Estado sobre el derecho al voto ha sido utilizada como justificación para reprimir a diversos colectivos, en un nuevo intento de hacerse con el control de los territorios. El primero de ellos fue el ataque con armas de fuego, por parte de grupos vinculados al presidente municipal de Juchitán, a integrantes de la Asamblea General Comunitaria de Álvaro Obregón (Oaxaca) -organización que forma parte del frente en defensa del territorio contra los proyectos eólicos del Itsmo. El segundo, la agresión a estudiantes de la Universidad Veracruzana que integran movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales, y apoyan estrategias en contra del desarrollo de la fractura hidráulica (Centro Prodh, 05/06/2015). Por último, la brutal acción de la Policía Federal contra la población de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, que dejó un muerto y varios heridos, en un acto de represión contra los trabajadores de la educación que reclaman el esclarecimiento del paradero de los 42 normalistas que siguen desaparecidos,[4] así como la aplicación de justicia por los asesinatos cometidos (Tlachinollan, 08/06/2015).

 

Un marco para la fractura

Es en este contexto que se inserta la Reforma Energética de diciembre de 2013, que supuso la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la participación del sector privado en la industria de hidrocarburos. Esto implicó un cambio muy profundo a la operación de dicho sector, que desde 1938 estaba reservada al Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex). El principal argumento esgrimido por el gobierno para impulsar esta modificación fue la necesidad de revertir la caída en la producción de petróleo observada desde 2004, que pasó de 3.5 millones de barriles diarios (mmbd) a 2.5 mmbd en 2013 (Pemex, 2015 a). Igualmente, la reforma buscaba aumentar la extracción de gas para así reducir las importaciones, que en 2013 se situaron en 1.289 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) (Pemex, 2015 b). Para ello, sería necesario explotar los hidrocarburos no convencionales, especialmente aquellos que se encuentran en yacimientos de lutitas y requieren el uso de la fracturación hidráulica. Y, siempre según la opinión del gobierno, esto no podría hacerse sin el apoyo de las empresas petroleras privadas que cuentan con la experiencia, la tecnología y los recursos financieros. Por lo tanto, la reforma no sólo privatiza la industria, si no que profundiza un modelo energético insostenible, basado en combustibles fósiles, con la utilización de técnicas que suponen impactos sociales, ambientales y económicos negativos muy superiores a los ya graves causados por proyectos convencionales.[5]

A la reforma constitucional se sumó, en agosto de 2014, la aprobación de legislación energética que vino a sentar las bases bajo las cuales operará este nuevo modelo de industria. La sanción de nueve leyes y la modificación de doce existentes supusieron la creación de un marco regulatorio que favorece, facilita y acelera el desarrollo de los proyectos hidrocarburos y el uso de la fracturación hidráulica. Su simple aprobación supone violaciones graves a los derechos humanos y a las obligaciones del Estado de garantizarlos, establecidas en los tratados internacionales subscritos por México y en su propia constitución, que se verán agravadas con la implementación de la reforma.

El Estado podrá obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas, incluso si son pueblos indígenas

La nueva Ley de Hidrocarburos da preferencia sobre el acceso y el uso del territorio a los proyectos de explotación de petróleo y gas. De manera contradictoria, a la vez que se privatiza la industria de hidrocarburos, ésta es declarada de utilidad pública, lo que implica que el Estado podrá obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas. Esta medida se puede aplicar, incluso, cuando se trate de proyectos que afecten a los pueblos indígenas, lo que vulnera sus derechos a la autodeterminación y al territorio, entre otros. Por lo tanto, existe una desprotección de los habitantes de las tierras ya que se les pretende forzar a permitir la actividad petrolera, sin importar las afectaciones que pueda suponerles a su vida y a las actividades que realizan. Por otro lado, la Ley indica que los gobiernos locales deben contribuir al desarrollo de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otros, para lo que tienen que garantizar y agilizar la entrega de las autorizaciones y permisos bajo su competencia. Es decir, también las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de permitir los proyectos, sin importar qué consecuencias tengan para sus territorios ni las políticas de desarrollo que se encuentren implementando en los mismos.

La Ley de los Órganos Reguladores en Materia Energética, en tanto, señala que los actos de los mismos sólo serán impugnables mediante amparo y no serán sujetos de suspensión, lo que tiene el objetivo de dar seguridad a las inversiones. Dado que son los órganos encargados de otorgar los permisos y contratos para la explotación de los hidrocarburos, la inclusión de esta disposición quiere decir que los proyectos no podrán ser detenidos hasta que haya una resolución judicial -lo que puede tardar años-, aunque conlleven violaciones a derechos humanos y degradación ambiental.

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Otra de las disposiciones para asegurar el desarrollo de la actividad es la incluida en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, con la creación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos que alimenta un fondo estatal y municipal. El problema recae en el hecho de que las empresas estarán exentas de su pago cuando, por razones ajenas a su voluntad, no puedan operar en las áreas determinadas. De esta manera, se motiva a los gobiernos locales a que pongan en marcha medidas para que las compañías operen, lo que puede hacerse a costa de aquellas personas y comunidades que se oponen a los proyectos en defensa de sus derechos. Para ello, contarán con un mecanismo adicional: la Gendarmería, cuya creación se realizó tan sólo once días después de la aprobación de la legislación complementaria de la reforma energética (Fundar, 21/10/2014). Este cuerpo policial de élite, con más de 5 mil efectivos, tiene entre sus principales funciones actuar frente a quienes atenten contra los ciclos productivos y las fuentes de ingresos, es decir, las inversiones. De hecho, el mismo Secretario de Hacienda declaró a finales de 2014, en reuniones anuales convocadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que la Gendarmería será utilizada para proteger los proyectos energéticos. Incluso, se plantea crear una división especial dentro de este cuerpo para el sector minero (El Financiero, 14/04/2015).

En un país en el que la inseguridad crece cada día y donde hay miles de desaparecidos y asesinados, resulta aún más flagrante que se destinen recursos públicos a la protección de las empresas y no de la población. Además, dado el contexto de criminalización y represión de la protesta social y de los defensores de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente, la Gendarmería se configura como un instrumento más para la imposición de proyectos.

 

Muchos mundos

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Lo expuesto hasta aquí, junto con otros cambios introducidos en la reforma tales como el debilitamiento de la regulación ambiental y la inclusión de la consulta previa como un mero trámite al no asegurar el derecho al consentimiento, plantea un panorama que se oscurece aún más ante la inminente intensificación del uso del fracking. Antes de la reforma, la fracturación hidráulica fue utilizada en, al menos, 20 campos en yacimientos de lutitas[6]. En todos los casos, esta actividad se realizó sin que la población fuera informada ni consultada al respecto. Con los cambios introducidos en la legislación en 2013 y 2014, las amenazas son aún mayores. La llegada de los gigantes petroleros, como Chevron, que tendrán a su favor una legislación para hacer y deshacer a su antojo, y un Estado a su servicio, plantea serios retos para la defensa del territorio en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luís Potosí y Oaxaca.

Sin embargo, la reforma viene acompañada de voces que se alzan cada vez más fuertes en contra del fracking, y de la multiplicación de poblaciones en lucha, que no sólo buscan detener esta actividad sino también plantear alternativas sustentables de vida comunitaria. No hay que olvidar que México es un país de resistencias, de construcción de alternativas y de luchas por una realidad diferente, que sigue en pie por un mundo en que quepan muchos mundos.

 

* Miembro de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Alianza Mexicana contra el Fracking ** Este artículo es una adelanto de la nueva edición de Fractura Expuesta

 

[1] En México existen serios cuestionamientos a la confiabilidad de estos datos, ya que las instituciones públicas no dan información sobre la metodología utilizada, lo que lleva incluso a que diferentes entidades del Estado cuenten con cifras discrepantes entre ellas. Diversos colectivos en el país denuncian que estas cifras son muy inferiores a la realidad de las desapariciones ocurridas (Revista Proceso, 12/02/2015 y La Jornada, 30/08/2014).

[2] Más información sobre este caso se encuentra en https://consultaindigenajuchitan.wordpress.com

[3] Para conocer más sobre este proyecto ver en http://noamonterreyvi.com/que-es/

[4] Es importante señalar que hasta el momento sólo los restos de uno de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos, Alexander Mora, han podido ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (BBC Mundo, 06/12/2014).

[5] Para más información ver Bravo, Elisabeth (2005)

[6] Para más información ver Solicitud pública de información número 1857500102714 a Pemex. Disponible en http://www.sisi.org.mx/jspsi/documentos/2014/seguimiento/18575/1857500102714_065.pdf

 

Fuentes consultadas:

AAVV (21/06/2015). Pronunciamiento por la Vida y en Resistencia Contra la Devastación Ambiental y el Exterminio de Nuestro Origen.

BBC Mundo (06/12/2014). México: “identifican” los restos de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Bravo, Elisabeth (2005). Impactos de la explotación petrolera en América Latina.

Centro Prodh (05/06/2015), Acción Urgente: Ataques y Agresiones a estudiantes de la Universidad Veracruzana.

El Financiero (14/04/2015), Crearán división especial en Gendarmería para minería.

Fundar (21/10/2014). Gendarmería debe proteger derechos de personas y no intereses empresariales.

La Jornada -Fernando Camacho Servín- (30/08/2014). Incoherentes, las cifras oficiales de desaparecidos: AI.

Pemex (2015 a), Producción de hidrocarburos líquidos.

— (2015 b), Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos.

Revista Proceso -Homero Campa- (12/02/2015). En este sexenio, 13 desaparecidos por día.

Tlachinollan (08/06/2015). Acción Urgente: Policía federal abre fuego en contra de población de Tlapa de Comonfort después de un operativo fallido.

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Universidad del Comahue repudió criminalización a mapuces

En la sede del Consejo Superior, distintos consejeros presentaron la declaración del órgano de co-gobierno de la Universidad en donde repudia la persecución al pueblo nación Mapuce y llama al desprocesamiento de Relmu Ñamku y Martín Maliqueo, miembros del Lof (comunidad) Winkul Newen y a Mauricio Rain del Lof Wiñol Folil.

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OPSur.- La conferencia de prensa estuvo a cargo del Consejero Superior estudiantil Ángel García, la Consejera Docente María Belén Alvaro y el miembro de la comunidad Martín Maliqueo. La actividad se realizó en apoyo a los dirigentes mapuce que se encuentran enfrentando un juicio por los daños recibidos por una notificadora judicial, durante un intento de desalojo de su comunidad, en diciembre de 2012. Esto en el marco del conflicto con la petrolera norteamericana Apache, que se había instalado en territorio comunitario sin el consentimiento previo del Lof.

El Consejero Ángel García destacó que fue un proceso de debates el que se dio para sacar la declaración; “en distintas unidades académicas se discutió y aprobó un pronunciamiento por el desprocesamiento de las autoridades de Winkul Newen, además celebramos que la iniciativa tuvo el acompañamiento de decanos, autoridades, organizaciones estudiantiles, consejeros superiores y directivos.”

Por otra parte aclaró que la institución vive tiempos de debates internos en donde está en disputa en función de que se crea el conocimiento “Esta misma Universidad que sacó la declaración en defensa de la Comunidad Winkul Newen, es miembro de la Red de Universidades Petroleras que promueve este modelo de desarrollo económico extractivista que es el responsable de conflictos como este” enfatizó al referirse al caso de criminalización de la protesta que padece la comunidad. Winkul Newen (2)

El Werken de la Comunidad, Martín Maliqueo expresó su agradecimiento con la casa de estudios y se refirió a la causa como un armado del poder judicial en representación de los intereses del Estado. “Este busca ser un juicio ejemplificador para aplacar las voces de las comunidades en resistencia”, señaló. Además recriminó que el gobernador de la provincia actúa como “el gerente de las multinacionales petroleras y en ese carácter les brinda seguridad jurídica”.

María Belén Alvaro, Consejera Docente, resaltó la importancia de salir a dar una mirada de respaldo desde el órgano político de la Universidad. “Queríamos manifestarle a la justicia que repudiamos este tipo de decisiones, que repudiamos el uso que hace el Estado del aparato coercitivo y del judicial para criminalizar a los cuerpos que habitan en esos territorios y militarizar”, dijo durante la conferencia.

Finalmente se invitó a la comunidad toda a participar del desarrollo del juicio que será en la ciudad de Zapala entre octubre y noviembre. Cabe destacar que por primera vez en la historia se afrontara un juicio bajo jurados populares con composición indígena.

Declaración UNCo

cushamen

Chubut: Allanamiento buscaba detención de mapuche en recuperación territorial

El fallido allanamiento que ideó la Justicia no era una simple averiguación de identidad. Benetton y las corporaciones mineras observan con atención el conflicto que se vive en torno a los mapuche. Un ex juez entre los abogados querellantes contra el único imputado que existe en la causa.

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Pablo Quintana.-  “Ordenar la detención de todas las personas presentes en dicho lugar, cuyos demás datos filiatorios se desconocen, a fin de proceder a su correcta identificación”, dice parte de la polémica orden judicial que habilitaba el procedimiento del Grupo Especial de Operaciones de la Policía del Chubut y que lleva la firma del juez penal, Martín Zacchino.

El operativo, que fue desactivado a partir de la presentación de un hábeas corpus que integrantes de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut (UACh) y los abogados de la Defensoría Pública presentaron el martes por la noche en la Comisaría Primera, tenía como propósito ‘el factor sorpresa’.

Todo el andamiaje judicial se había puesto en marcha el miércoles 12 de agosto con la solicitud que presentó el Ministerio Público Fiscal para lograr la orden de allanamiento, secuestro, requisa y detención. La disposición finalmente fue rubricada por el magistrado el sábado 15 del presente mes para que la operación fuera ejecutada el pasado miércoles.

“Las personas que resulten detenidas deberán ser inmediatamente identificadas en el modo propuesto por el Ministerio Público Fiscal, ya sea en sede policial o en la OUMPF para el caso que exista tal posibilidad (Oficina de Identificación de personas)”, dice en otro párrafo el dictamen al que tuvo acceso Textosentidos.

“La fiscalía desde el comienzo ha dispuesto todas las medidas a nuestro alcances para poder identificarlos por medios pacíficos”, había advertido el fiscal Fernando Rivarola que, acompañado por sus pares Fernanda Révori y María Bottini, brindó una conferencia de prensa luego que el procedimiento fuera desarticulado.

La disposición autorizaba a incautar prendas de vestir, armas caseras, de fuego, teléfonos o radios y todo otro elemento que la fiscalía entendiera relevante o de interés para la investigación. De esta manera, la finalidad era aprehender a todos los que estuvieran presentas en el territorio recuperado, ubicado en la intersección de las Ruta 40 y ex Ruta 40 (el camino de ripio que da ingreso a la localidad de El Maitén).

El planteo de la fiscalía sigue siendo casi del mismo tenor, atentados, amenazas por cortes de ruta, vínculos que nunca comprobó con hechos y atentados graves (vincula al Lof en Resistencia del Departamento Cushamen con Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)), conexión con mapuche de Chile y hasta insiste con la teoría de la presencia de Facundo Jones Huala, que tiene pedido de captura del otro lado de la cordillera y que, por ahora, las prueba que posee se remiten a fotografías en las que se intuye que una de las personas que aparecen en la misma, a pesar de estar con pasamontañas, sería el Jones Huala.

No obstante, en el escrito presentado por la fiscalía desaparece la petición de encuadrar los hechos bajo la figura de la Ley 26.734, conocida como Ley Antiterrorista (aquella polémica normativa aprobada en diciembre del 2011). Fue ese el planteo que días atrás realizó la fiscalía y que derivó en la presentación del juez Zacchino de establecer la incompetencia para los jueces provinciales y remitir los expedientes al fuero Federal. En esa instancia, el juez Guido Otranto desestimó de manera contundente la posibilidad de aplicar semejante medida.

Por ese motivo, los expedientes viajaron hacia Buenos Aires para que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que resuelva si la causa sigue su periplo en la justicia provincial o la federal.

Y este punto es otra instancia difícil de entender. ¿Como se explica el impulso dado por la fiscalía en una causa en la que el mismo Ministerio propuso sacar del fuero provincial? Si se está a la espera de la resolución que debería tomar la Corte, cuál es la necesidad ahondar en diligencias como las que promovió Rivarola y compañía?.

SOLO PARA ENTENDIDOS

Otro hecho llamativo fue el rechazo a recibir el Hábeas Corpus que intentó presentar el mismo Martiniano Jones Huala, después de haber recibido el asesoramiento de un letrado de Comodoro Rivadavia y llevar el escrito a la Comisaría Primera. Allí, uno de los agentes uniformados habría llamado al juez Jorge Criado y fue éste el que le habría indicado no recibir la presentación porque no tenía firma de abogados. Sin embargo, el trámite debería haberse formalizado.

“Cuando uno comete una torpeza antijurídica, la ley dice que el derecho se presume conocido por todos. Entonces es bueno que en una comisaría sepan que cualquier persona puede plantear un Habeas Corpus, sea o no abogado. Incluso no necesariamente puede ser por escrito, puede hacerlo en forma oral y se le tiene que labrar un acta”, sostuvo el abogado Fernando Radzivilowsky en diálogo con la radio comunitaria Kalewche.

Fue entonces que el cuerpo en pleno de los abogados de la Defensoría Pública se hicieron presentes en la Comisaría para evitar el desembarco de la GEOP en el territorio desocupado, salvaguardando la integridad física de los aborígenes. Para muchos, en la Cordillera, aún está latente lo que implicó en el 2009 la presencia de esa fuerza policial cuando generó prácticamente un estado de sitio en Corcovado.

 ¿QUE ESTA EN JUEGO?

La urgencia por volver a recobrar intensidad en la misma causa a la que pretendió encuadrarse bajo la polémica ley antiterrorista, coincide con el arribo como querellante en esta instancia judicial de la Compañía Tierras del Sud S.A., propiedad de los Benetton.

El pasado 2 junio en una escribanía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo el trámite necesario para que un importante grupo de abogados tuvieran el poder para representar a la multinacional.

El plantel lo encabeza el ex juez federal Oscar Mario Salvi, quien supo ser socio de Daniel Hadad y representó a Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Entre sus representados figura una larga lista de personajes reconocidos, entre los que se pueden encontrar Bernardo Neustadt, Julio Ramos y Gerardo Sofovich (fallecidos) o hasta el empresario Franco Macri, o Susana Giménez. El resto de los abogados son María Cristina Fiorito, María Valeria Del Bono Lonardi y Matías Moran, todos ellos integrantes del estudio de Salvi. A ese cuarteto se suma el esquelense Martín Iturburu Monef.

En plena conferencia de prensa, el fiscal Rivarola fue consultado si además de Benetton eran afectados otros productores o empresas a lo que el integrante de Poder Judicial respondió afirmativamente. “Sí, hay empresas que han sido afectada en sus bienes, en los daños estos que hemos denunciado”, precisó la voz cantante de la fiscalía.

Quizás la respuesta pueda comprenderse, por ejemplo, en la figura del hombre encargado de ceder los poderes a los letrados. Fue el vicepresidente, en ejercicio de la presidencia de la Compañías tierras del Sud Argentino, Diego Eduardo Perazzo.

Según la revista de negocios, Bloomberg Businessweek, Perazzo no sólo actúa como Vicepresidente y Consejero Delegado de Compañía Tierras del Sud S.A. sino que fue fundador de Minera Sud Argentina SA y donde se desempeña como presidente.

La publicación empresarial describe a la Compañía Tierras del Sud S.A. como una filial del Grupo Benetton en nuestro país y con el control de más de un millón de hectáreas, “a través de varios ranchos en Patagonia y provincia de Buenos Aires, dedicadas a la ganadería y la cría de ovejas, así como productos agrícolas, lana y mataderos para la exportación de cordero”.

Pero los pergaminos de Perazzo lo muestran como Director Financiero de Fortabat, una de las más grandes familias terratenientes de la Argentina, según relata la misma publicación y se podría agregar, símbolo del menemismo y la dictadura.

Para comprender lo que están provocando los indígenas en la zona, habría que centrarse quizás en el dato de que Perazzo es un contador que se desempeñó como Presidente del Minsud Resources Corp. compañía que desarrolla actividades de exploración minera y es su director desde mayo de 2011.

Parte de esta historia continuará el próximo 28 de agosto para dar formalidad al ingreso de la Compañía Tierras del Sud S.A. como querellante en la causa. De un lado estará el único aborigen imputado, Martiniano Jones Huala, acompañado por un defensor público; del otro, estará la multinacional Benetton, respaldada por un importante equipo de abogados, y la fiscalía provincial.

TextosSentidos

31/07 | Marcha de recibimiento de la caravana QO.PI.WI.NI

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¡ VENI A RECIBIR A LA CARAVANA QO.PI.WI.NI. !

LA TIERRA ES NUESTRA VIDA

Las comunidades de los pueblos originarios formoseños que conforman la organización QO.PI.WI.NI, desde hace más de cinco meses sostienen un acampe en pleno centro porteño (Avenida de Mayo y 9 de Julio) en protesta contra el despojo continuo de sus milenarias tierras. Al día de la fecha, después de tanto tiempo de acampe en condiciones precarias y clima adverso, no han recibido respuesta alguna por parte del Gobierno tanto nacional como provincial.

Debido a esto, este jueves 30 desde Formosa saldrá una caravana de más sesenta hermanos de distintas comunidades para dar su apoyo y sumar su fuerza al Acampe Qo.Pi.Wi.Ni y llegará a Buenos Aires para recibir el Día de la Pacha Mama. Estarán exigiendo una respuesta concreta y efectiva al Gobierno y la Justicia Nacional ante la permanente expropiación de sus legítimas tierras. El gobierno provincial de Gildo Insfrán les ha arrebatado más de tres cuartas partes de su territorio. Esta práctica se ve acompañada de la persecución y asesinato de integrantes de las comunidades, y el silencio de los medios de comunicación y las autoridades judiciales en ningún ámbito.

Las comunidades originarias, con el apoyo de organizaciones sociales, partidos políticos, referentes de los Derechos Humanos y la Cultura, y personas no agrupadas solidarias convocan a participar y difundir la recepción de la caravana en Buenos Aires.

Acampe Qo.Pi.Wi.Ni

*Por pedido de lxs hermanxs Qo.Pi.Wi.Ni se resolvió participar sin banderas de organizaciones, marchando todxs con nuestras wiphalas y consignas de los pueblos-

▶ Evento en FB

QOPIWINI en Facebook

Salta: Por unanimidad absolvieron a integrantes de la UTD Mosconi acusados por Tecpetrol

Doce años después de la denuncia contra siete integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi, los jueces de la Sala I del Tribunal de Juicio de Tartagal resolvieron por unanimidad absolver a cinco de los acusados ante la falta de pruebas que apunten a una condena, y declarar a dos de ellos en rebeldía.
Resultaron absueltos Oscar Adrián Ruiz, Jesús Rubén Sedán y Carlos Sebastián Cabral del delito de incendio (Artículo 186, inciso 1º del Código Penal y Artículo 20 de la Constitución Nacional). Daniel Ángel Valencia y Tito Vicente Chanampa, en tanto, fueron declarados en rebeldía. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Osvaldo Miguel Chehda (presidente) y Sandra Bonari y Ricardo Hugo Martoccia (vocales). Los imputados llegaron a juicio acusados de haber ingresado el 20 de noviembre de 2003 a una planta de Tecpetrol. Los hechos acontecieron en el norte cuando aún la crisis social azotaba a los trabajadores ante la privatización de YPF. Una de las tantas puebladas comenzó cuando cinco trabajadores fueron reprimidos por 300 policías en Campo Durán. Ante ello, los desocupados se unieron a los ex ypefianos a la vera de la ruta en General Mosconi. Fue cuando se produjo el incendio de las oficinas de Tecpetrol. “En su primera declaración el único testigo, un personal de vigilancia, dijo que había visto a una sola persona que nunca fue a juicio. A los dos días, el mismo trabajador, que conoce a todos en Mosconi, llevó una lista con los nombres de los acusados, y sus direcciones”, contó a Nuevo Diario la abogada Mara Puntano, quien representó a los imputados. Indicó que el representante de Tecpetrol, en tanto, sostuvo que todas las personas que habían ingresado estaban encapuchadas y que pese a que tenía comunicación con la Policía todos los días, desde allí se le indicó que no había posibilidad de enviar policías a la empresa por estar con otros operativos. Al llamar a Gendarmería se enviaron dos unimog, pero no intervinieron. La sospecha fue que liberaron la zona para luego criminalizar a los manifestantes. “Pese a la cantidad de medios que cubrieron los hechos, nunca se pudo individualizar a los imputados como responsables de los delitos. Un solo testigo es el que los identificó tras cambiar su declaración. Los otros guardias declararon que el que les dijo quiénes eran los responsables, fue su jefe”, contó Puntano. Por su parte, Carlos Cabral, uno de los acusados, recordó que en el momento de ser imputado en 2003 “llegó la Policía a las 6 de la mañana secuestrando a mi familia y golpeando a todos los que estaban. Me llevaron primero a la Comisaría y luego estuve dos meses detenido en la cárcel cuando se supone que hay otros procedimientos para esto. Ahora por fin, hubo Justicia”. Nuevo Diario de Salta

Bahía Blanca: Incendiaron auto de pescador denunciante en causa por contaminación

Aproximadamente a la una y cuarto de la mañana “una especie de bomba molotov”  fue arrojada “abajo del vehículo de uno de los pescadores, prendiéndose fuego”, dijo a FM De la Calle el abogado de la Asociación de Pescadores Artesanales de la Ría de Bahía Blanca, Lucas Beier. “Justo atrás venía un patrullero así que se lo pudo apagar bastante rápido”, agregó. En la madrugada del 21 de junio fue agredida con brea caliente la fachada del domicilio particular del letrado. “Es muy negativo el mensaje que están dejando. Del otro lado hay instituciones públicas y hay empresas multinacionales de gran importancia y están actuando de esta forma. Ya no queda ninguna duda de dónde viene y cuál es el mensaje que quieren dar”, aseguró Beier apuntado a las firmas imputadas en la causa por contaminación ambiental en la ría. “Quieren dejar el mensaje más claro. Al cliente que le hicieron esto, Ricardo Pasquali, es uno de los más activos en el juicio y es el que más contacto tiene conmigo. Es el nexo entre el resto de los pescadores y las causas” agregó. Aún no se sabe si hay testigos del hecho. Sin embargo, “ya está hecha la denuncia. La Fiscalía Federal vuelve a tomar la causa porque también hace una conexión entre lo que está sucediendo vinculado a la causa principal, que es la causa por delito ambiental”. Los pescadores se reunieron durante el día de hoy para definir los pasos a seguir en este contexto de intimidaciones. FM De la Calle
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Salta: Juicio contra integrantes de la UTD Mosconi impulsado por Tecpetrol

Comenzará este miércoles 1ero de julio contra integrantes de la Unión de Trabajadores Desocupados Mosconi, acusados por la empresa Tecpetrol de incendio, instigación a cometer delitos, amenazas con arma y hurto calificado por hechos ocurridos el 20 de noviembre de 2003. La organización convoca a una movilización para ese día por la mañana en la Ciudad Judicial de Tartagal y en cada una de las sedes de la Tecpetrol en el mundo. Contactos: José Pepino Fernández (UTD Mosconi) 03873-482-282 / Mara Puntano (abogada) 0387-594-4661.
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Según denuncian desde la UTD Mosconi, Tecpetrol pertenece al grupo ítalo-argentino Techint y se dedica a la exploración y producción de petróleo crudo y gas. Fue fundada en 1981 y en estos días está ubicada entre las siete más importantes firmas de ese sector. En la Argentina, Tecpetrol opera, con participación completa o mayoritaria, en doce áreas distribuidas en las cuencas del golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), Neuquina y Noroeste (Salta). Tiene, además, negocios en la cuenca de Maracaibo, en el oeste de Venezuela, y la cuenca Oriental, en Ecuador, entre otros. En 1992, luego de la privatización de YPF, Tecpetrol ganó la licitación internacional y asociada con otras empresas conformó la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Aguaragüe. En 1993 se instaló en una moderna estructura ubicada en el acceso Sur de General Mosconi. Desde allí, la compañía llevaba adelante todo el control operativo de sus yacimientos. Ahora, acaba de mudar sus oficinas a Tartagal.
“Tecpetro de Techint y los gobiernos nacional y provincial de Juan Manuel Urtubey necesitan chivos expiatorios para ocultar el saqueo de nuestro petróleo y la pobreza extrema de nuestra población que lleva a la muerte por desnutrición a nuestros niños aborígenes de Salta. (…) No somos delincuentes. Luchamos por trabajo digno, reclamamos nuestros derechos. Los gobiernos provincial y nacional nos responden con represión policial y criminalización”, afirmaron desde UTD Mosconi.

Neuquén: Repudio a las declaraciones de SEJuN, todo el apoyo al Lof Winkul Newen

Desde la Multisectorial por el Desprocesamiento de las Autoridades de Pu Lof Mapuche Winkul Newen y Wiñoy Folil repudiamos enérgicamente las declaraciones de la actual conducción de SEJuN (Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén), que avala la persecución y criminalización de nuestrxs hermanxs mapuche, para quienes pide condena, respondiendo asi a los intereses de la corporación del poder judicial del Estado y las Petroleras. Así mismo convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas y gremiales del Alto Valle de Rìo Negro y

Neuquèn y del resto del país, así como también al resto de los pueblos originarios, a manifestarse públicamente contra las declaraciones de Paula Sanchez, secretaria gremial de SEJuN.

Desde un principio nuestrxs compañerxs manifestaron su pesar por el lamentable hecho en el que Veronica Pelayes fue herida, entendiendola como una victima más de la politca saqueadora e injusta que impulsan los gobiernos provincial y nacional, a favor del lucro de las empresas petroleras multinacionales y de la estatal YPF.

Repudiamos también las declaraciones racistas que unos meses atrás hizo la oficial de justicia Veronica Pelayes en su cuenta de facebook, acusando a lxs mapuche de nazis e invasores. Creemos que estas declaraciones están en consonancia con un proyecto estigmatizador por parte de las clases dominantes a fin de crear una opinión pública favorable a esta política de represión y despojo de nuestros pueblos originarios. Recordemos que el año pasado en la localidad de San Martín de los Andes se llevó a cabo una movilización “por la Justicia y contra el mapuche invasor” organizada por funcionarios, terratenientes y comerciantes.

Nuestrxs compañerxs mapuche padecen el intento de usurpación de su territorio ancestral, por parte de las petroleras que poseen todas las garantías del Estado para ingresar en el territorio del lof y hacer excavaciones para extraer hidrocarburos sin importar las consecuencias socioambientales. Debido a las diferentes acciones de resistencia llevadas a cabo, el lof ha sufrido incontables intentos de desalojo, inspecciones oculares en plena noche, militarización constante de espacios culturales y de pastoreo. Incluso uno de los últimos desalojos fue frenado por las mujeres de la comunidad cuando se rociaron con combustible y amenazaron con prenderse fuego. A raíz de esto último, los siguientes intentos de desalojo se hicieron con la presencia de la ambulancia y bomberos de Zapala.

El Yacimiento Portezuelo Norte se encuentra sin operar desde el año 2012, por la resistencia inclaudicable de la Comunidad Winkul Newen, quienes han pedido a la Subsecretaria de Medio Ambiente y de Hidrocarburos y Energía de la Provincia del Neuquén el saneamiento ambiental con perspectiva cultural, pero al día de la fecha esto no se ha cumplido. Pese a los derrames, fugas de gas, caída de animales en piletas de crudo a cielo abierto, jamás se hicieron presentes autoridades del gobierno, por lo cual muchos de estos espacios contaminados están sin ningún tratamiento ambiental.

Esta situación se profundizó el 28 de diciembre del año 2012, cuando en medio de un eluwun –funeral mapuche- de una beba que solo vivió pocas horas producto de haber nacido con mal formaciones a causa de la contaminación ambiental, la jueza Ivonne San Martin del Juzgado de Zapala, ciudad ubicada a 50 km de la comunidad, libró una nueva orden de desalojo para la Comunidad. Cuando la Comunidad advirtió un despliegue importante de topadoras y camionetas de la empresa Apache que estaban a metros del alambrado colocado para impedir el ingreso, lxs compañerxs decidieron resistir a la orden de desalojo, defendiéndose con piedras en el momento que la oficial de justicia Veronica Pelayes ordenó a la topadora el ingreso al territorio.

Este hecho, en el que la oficial de justicia salió herida, agudizó la persecución política y judicial contra las autoridades tradicionales de la comunidad, iniciándose una causa judicial por los supuestos delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y daño agravado a Relmu Ñanku, y del delito de daño agravado a Martín Maliqueo y a Mauricio Raín, lo cual implicó una profundización en el proceso de criminalización de la protesta, en un contexto de defensa de su territorio y sus Derechos Humanos y de pueblo originario.

Pero la vara judicial no midió de la misma manera a la hora de investigar y juzgar las violencias que padeció el Pueblo Mapuche, ya que la comunidad, meses antes de lo acontecido, denunció una golpiza de una patota enviada por la petrolera Apache. En la misma, integrantes del lof quedaron fuertemente heridos, entre ellos Petrona Maliqueo Pillan Kushe –autoridad filosófica y espiritual–, fuertemente golpeada en su cabeza y rostro; Violeta Velázquez, en ese momento embarazada, golpeada en su panza y rostro; y Maximiliano Morales, en aquel momento menor de edad, herido de un balazo en una de sus piernas. Estos hechos fueron denunciados por la comunidad en la Fiscalía de Zapala, e investigados por Marcelo Jofre y Sandra Gonzales Taboada, los mismos fiscales que instruyen la causa por tentativa de homicidio. Dicha causa actualmente está a punto de quedar prescripta, ya que jamás se indago sobre la denuncia efectuada por el lof.

Seguimos sosteniendo que nuestrxs compañerxs son perseguidxs políticxs, judicializadxs para ejemplificar al resto de lxs que resisten y luchamos. Nos solidarizamos con su causa que también es la nuestra. Basta de perseguir y procesar a lxs que luchan! Fuera las malditas petroleras del territorio ancestral mapuche que solo dejan contaminación, enfermedad y muerte! No al

Fracking! Todxs somos Cristina Linkopan! Todxs somos Relmu Ñamku!

Multisectorial por el Desprocesamiento de las Autoridades de las Comunidades Winkul Newen y Wiñoy Folil. Confluencia Movimiento Popular La Dignidad- Movimiento Tupaj Katari, Mujeres en Lucha MPLD-MTK, Patria Grande, Asociación Gremial de Abogadxs, Convocatoria Segunda Independencia, APCA Asamblea Permanente del Comahue por el Agua, Foro por Tierra y Vivienda de Rìo Negro, Fuera el Fracking de Plottier, Convergencia Socialista, Convergencia de Mujeres por la Libertad, T.U.N 29 de Mayo, Corriente Universitaria Amauta, Cuerpo de delegados de ATE de Desarrollo Social Cipolletti, FASINPAT, Sindicato Ceramista, Coordinadora Antirrepresiva 13 de Enero, Proyecto de extensión de la UNCo “Luchas por el derecho a la ciudad”, Biblioteca Popular Eliel Aragón, Multisectorial de Cipolletti, GRAMARPAL (Grupo de Amistad Argentina Palestina de Neuquén), Familiares de Carlos Painevil, Ernesto Rosemberg. Observatorio Petrolero Sur (OPSur).

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Repudiamos las agresiones a abogado de pescadores en Bahía Blanca

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Desde la Asamblea Ambiental del Sur AUKAN expresamos nuestro repudio a los hechos de violencia sufridos días atrás por el abogado Lucas Beier y su familia.

En simultáneo a la reactivación de la causa judicial que el letrado impulsa contra ABSA y empresas del Polo Petroquímico por los altos niveles de contaminación de la ría local y en representación de un grupo de pescadores artesanales, Beier tuvo que soportar días atrás ataques a su intimidad y a su patrimonio, tanto en su estudio laboral como en su vivienda.

Porque creemos en las CAUSALIDADES y no en las casualidades, nos solidarizamos con Lucas Beier y su familia, y con quienes intentan ser amedrentados en su incansable búsqueda de verdad y justicia.

Consideramos que estas intimidaciones no pueden ser invisibilizadas ni minimizadas y deben investigarse hasta identificar a los culpables materiales e intelectuales, a fin de enfrentar la impunidad y la violencia que no podrán imponerse ante una comunidad que no se calla y se moviliza en defensa de sus derechos.

Más Información:

Intimidan a abogado de pescadores

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Entre Ríos: Sobreseen a ambientalistas antifracking

FRACKING camiones en ADUANA Concordia 03-08-14-2 Desde la Asamblea Ciudadana Ambiental de Concepción del Uruguay saludamos y felicitamos a los compañeros asambleístas Bernardo, Horacio, Francisco, Cesar y Facundo por el sobreseimiento en la causa por entorpecimiento de transito en la ruta nacional 015 en Concordia, y saludamos y agradecemos muy especialmente a nuestros abogados ambientalistas quienes realizaron una magnifica y apasionada defensa: Juan Carlos Ferrari, Guillermo Grandi, Imanol Sanchez y Osvaldo Fernandez. Cuyos alegatos sentarán precedentes en ésto que es proteger la Vida en pos de una Ambiente digno de ser habitado por nosotros y para nuestras futuras generaciones. Gracias! ASAMBLEA CIUDADANA AMBIENTAL CONCEPCIÓN DEL URUGUAY Contacto Prensa: Francisco Larocca 03442 15512896 Guillermo Grandi 03442 15542419 Horacio De Carli 03447 15507120 ———————————————- Que se ha dictado la siguiente RESOLUCIÓN: “Paraná, 11 de junio de 2.015. Y VISTO:…CONSIDERANDO:…, SE RESUELVE:1.- Desestimar el planteo de nulidad introducido por el Dr. Osvaldo Daniel Fernández, Defensor Técnico del imputado Francisco Domingo Larocca.2.- Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto y revocar la resolución obrante a fs. 1/6, disponiendo, en consecuencia, el sobreseimiento de Horacio Miguel De Carli, Facundo Scattone Moulins, Bernardo Zalisñak, Francisco Domingo Larocca y César Arístides Pibernus, de las demás condiciones personales obrantes en autos, en función del art. 336 inc. 3º del CPPN., con la expresa declaración de que la formación del presente no afecta el buen nombre y honor de que hubieren gozado (art. 336 último párrafo del CPPN.).Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen. Fdo.: CINTIA GRACIELA GÓMEZ-DANIEL EDGARDO ALONSO-MATEO JOSÉ BUSANICHE-DISIDENCIA PARCIAL- ANTE MÍ GUSTAVO ROMÁN PIMENTEL-PROSECRETARIO DE CÁMARA”.- QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO.- Paraná, 12 de junio de 2015.-