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¿Qué servicios presta el macrismo?

Abogados y dirigentes políticos, víctimas de robos selectivos

En los últimos dos meses sucedieron tres hechos de características similares. En el mes de noviembre, a dos semanas de las elecciones nacionales de medio término, personas desconocidas ingresaron por las ventanas del patio al estudio jurídico de Fernando Muriel y se robaron exclusivamente su computadora, a pesar de haber allí otras tantas y también objetos de valor —e incluso dinero— en la oficina. Removieron carpetas y documentación que dejaron tiradas.

Muriel es el abogado de Mariano Recalde y de Sergio Burstein. Un par de días antes de ese episodio había sido designado por el diputado nacional Rodolfo Tailhade para intervenir en actuaciones civiles en su favor.

Los primeros días de diciembre se produjo el robo de dos computadoras del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), de su sede en la ciudad de Buenos Aires. Para ello fueron violentadas tanto la puerta de entrada al edificio como la de acceso a las oficinas que aquella organización comparte con el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS). Previamente habían recibido una serie de alertas, por intentos de violar la seguridad y acceder a su cuenta de correo electrónico.

El OPSur es una organización de la sociedad civil constituida hace diez años, que trabaja en las problemáticas de energía, ambiente y derechos colectivos; fomentando la producción y el consumo de energía justa, democrática, saludable y sustentable.

A pesar de compartir sus oficinas con otra organización, solo se llevaron las computadoras pertenecientes al Observatorio.

Una semana después Buenos Aires fue sede de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, organizada por el Gobierno Nacional, en la que participaron cerca de 3500 personas de diferentes delegaciones. Este evento cobró amplia difusión a nivel nacional e internacional debido a la decisión política de la Cancillería argentina de negar el ingreso al país a 64 activistas acreditados por la OMC, en razón de expresiones que esas personas habían realizado “a través de las redes sociales”. De ese modo nuestro país se convirtió en el primero en prohibir de hecho la participación a organizaciones que siempre formaron parte de las cumbres.

Quince días antes del robo, el OPSur había firmado y hecho pública la declaración “Llamado a los pueblos en contra de la OMC “, convocando a redoblar los esfuerzos por enterrar este sistema que nos explota, saquea y contamina: “Llamado mundial a los pueblos y organizaciones, indígenas, socioambientales, ecosocialistas, sindicales y a todxs lxs luchadorxs por nuestros bienes comunes y defensorxs de un cambio en el sistema y de la justicia climática, frente a la reunión de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”.

Los primeros días de enero, en plena feria judicial, se produjo otro suceso de características similares en las oficinas del Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP), donde a la vez funcionan algunos estudios jurídicos, entre ellos el que comparto con mi socio Marcos Aldazábal.

También se violentó la puerta, que contaba con una doble cerradura. Revolvieron papeles y se robaron tres computadoras: la de los abogados Emiliano Coradino y Juan Lenta y la mía.

El Movimiento de Profesionales para los Pueblos es una organización de derechos humanos, integrada por profesionales de diversas disciplinas, que tiene entre sus principales objetivos la defensa de los derechos de los sectores populares.

El MPP estaba trabajando en una serie de denuncias sobre la situación habitacional de la ciudad de Buenos Aires, con un material que iba a ser difundido por Telefé como parte de un informe que finalmente el canal decidió no emitir, y que se encontraba en la computadora de Lenta. A la vez, en la que me pertenecía había información vinculada a las diferentes causas seguidas contra Milagro Sala; al Memorándum firmado con Irán; al proceso seguido contra los ex directivos de Ford por los hechos que tienen como víctimas a los trabajadores durante la dictadura cívico-militar y también sobre algunas actuaciones relacionadas con Facundo Jones Huala, entre otras.

No se llevaron otras cosas de valor ni tomaron ningún objeto de las oficinas en las que se desempeñan los empleados administrativos. Al otro día del robo, me llegaron alertas de seguridad de intentos de ingresar a mis casillas de mail.

Estos tres hechos tienen características similares. Se ingresa a oficinas ubicadas en lugares transitados de la ciudad de Buenos Aires —todas vinculadas a organizaciones o a casos o defensas políticas— y se roban computadoras, no todas, sino solo algunas de las existentes.

En ese mismo tiempo hubo otro suceso con características diferentes: a unos pocos días de haberse sancionado la regresiva ley previsional en el mes de diciembre, fue atacado en su domicilio Hernán Letcher, concejal del Frente para la Victoria del partido de San Martin y Director del Centro de Economía Política Argentina. Ingresaron varias personas, lo golpearon, lo apuntaron con arma de fuego, lo amenazaron de muerte y lo lesionaron, al igual que a su hijo. De los objetos de valor de su casa solo se llevaron su computadora y su celular, incluso había un televisor nuevo que uno de los atacantes quiso llevarse. Sin embargo, aquel que comandaba el procedimiento le replicó que no habían ido a eso y lo dejaron. En este caso, los mismos atacantes hicieron una clara alusión a un vínculo político de Letcher y le ordenaron que no hiciese la denuncia.

El valor de reventa de una notebook en el mercado negro no supera los $ 2.000. Lo cual deja en claro que la potencial ganancia no compensaría los riesgos que se asumen al vulnerar edificios de Capital Federal —en los tres primeros casos—, sumado el ingreso al departamento en cuestión que podría tener alarmas y nada de valor, tratándose de un estudio jurídico en plena feria o de una organización sin movimiento pecuniario. Estos no pueden haber sido hechos relacionados con situaciones de inseguridad urbana, comunes y corrientes. Descartado el provecho lucrativo, queda el interrogante de quién o quiénes podrían tener interés en el contenido de aquellos equipos.

La información que podrían contener sirve para dos fines: 1) Conocer algunos hechos o sucesos previo a su realización, de modo tal de adelantarse a ellos o buscar modos de evitarlos; 2) Conocer relaciones o vínculos de los dueños o usuarios —ya sean personas físicas u organizaciones—, para comprender tramas políticas o eventualmente para chantajearlos .

Ambas tareas son propias de los servicios de inteligencia, que en nuestro país tienen una triste historia de intervenciones ilegales vinculadas a la política. De hecho, la actuación de la Agencia Federal de Investigaciones regulada por la Ley 25.520 —texto ordenado conforme la Ley 27.120—, prohíbe expresamente en su art. 4 inciso 2: “Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

La prohibición se debió justamente al abuso, mal uso y a los niveles de independencia e inorganicidad que tuvieron históricamente los servicios de inteligencia en Argentina.  En el debate de la sanción de la Ley 27.126 se expresaba, en referencia a las limitaciones que aquella norma había impuesto a esas tareas, que: “El funcionamiento de las áreas de inteligencia del Estado ha mostrado problemas graves para la institucionalidad democrática desde la finalización de la dictadura. La necesidad de reformar el marco normativo y las lógicas de relación con el sistema político y judicial —que van de la cooperación a la extorsión— quedó a la vista durante estos años en distintos casos y episodios que expusieron las tramas oscuras del Estado. Esas prácticas y vínculos pusieron en juego hasta la gobernabilidad, así como la capacidad del Estado de prevenir e investigar ataques y garantizar la protección de los derechos humanos”.

En este sentido, no resulta aventurado afirmar que en estos tiempos los servicios de inteligencia se dedican a obtener información de modo ilegal y a hacer el seguimiento y mapeo de dirigentes sociales, políticos, sindicales, de organizaciones defensoras de los derechos humanos; conocer posibles presentaciones, denuncias o material vinculado a las comunidades mapuches, a sus líderes, a dirigentes comunitarios y políticos, como así también los vínculos que ellos tengan.

Esas son las razones por las que estos hechos se han convertido, tristemente, en moneda corriente.

El Cohete a la Luna


¿Cómo reprimen las industrias extractivas y los agronegocios a las comunidades rurales de América Latina?

Los conflictos y resistencias que involucran territorios y recursos naturales han estado aumentando en América Latina en los últimos años. ¿Dónde y cómo se están produciendo estos conflictos y quién se ve más afectado? English

Alan/Flickr. Some rights reserved.

Este artículo forma parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad democrática.

Juan Wahren.- América Latina se encuentra atravesada por el avance acelerado del modelo extractivo. Esta aceleración implica corrimientos de las fronteras productivas a través de la incorporación de nuevas tecnologías a la extracción petrolera y a actividades antiguas como la minería y la agricultura. En todo el continente se verifican procesos de resistencia que, al mismo tiempo que se erigen como alternativas desafiantes al modelo hegemónico, sufren la represión violenta de sus diferentes formas de protesta, a través del uso de la fuerza, la intimidación y el sometimiento a procesos judiciales.

En las últimas décadas, el capital profundizó su carácter extractivo. Como veremos, la actividad extractiva contemporánea implica un avance territorial que arrincona, desaloja y despoja las actividades productivas y las poblaciones que habitan esos territorios reconvertidos en la mercancía por excelencia del extractivismo. El modelo extractivo supone la acumulación por desposesión. Este modelo está basado en la ampliación del capital por medio del uso intensivo de la naturaleza, que se constituye como mercancía.

Este proceso de acumulación por desposesión se entrelaza con la reproducción ampliada del capital por la explotación del trabajo y por la reproducción financiera del capital a escala global, estas tres formas de acumulación/ampliación se complementan a escala global de forma permanente.

Presentamos algunos de los conflictos y resistencias más emblemáticas de América Latina en los últimos años en torno a los territorios y los bienes comunes de la naturaleza  o recursos naturales.

Hidrocarburos

La explotación hidrocarburífera ha generado desde sus comienzos grandes conflictos territoriales, por el poder económico y político que significa el control de este recurso natural en un sistema capitalista cuya reproducción depende de la energía fósil. La actividad hidrocarburífera ha causado innumerables conflictos entre países y guerras civiles. Pero también ha avanzado sobre territorios ancestrales de pueblos indígenas, campesinos y medianos productores.

Si bien en América Latina el avance sobre estos territorios ocurre desde comienzos del siglo XX; en las primeras décadas del siglo XXI vemos como se registra en diferentes países de la región un nuevo avance de la frontera hidrocarburífera. Esto ocurre de la mano de nuevas tecnologías que permiten extraer petróleo de zonas que anteriormente no eran rentables por sus condiciones geológicas. Son los denominados hidrocarburos no convencionales, cuya técnica principal de extracción consiste en la fractura hidráulica (por ello son más conocidos como fracking) que permite obtener hidrocarburos (shale gas y shale oil) aprisionados en rocas o en arenas compactas (tight gas). De esta manera, sea en el formato convencional o no convencional, en este siglo se observa un creciente ciclo de conflictos por las actividades hidrocarburíferas que afectan diversos territorios de América Latina.

En la Argentina se encuentra el yacimiento Vaca Muerta -ubicado en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza- que es el más grande de la región, luego de los yacimientos explotados en los Estados Unidos. Se calcula que en Vaca Muerta se han realizado hasta ahora casi 1400 pozos no convencionales. Allí, el avance de la explotación de petróleo y gas convencional y no convencional se encuentra con las resistencias de diferentes comunidades del Pueblo Mapuche en Neuquén (Campo Maripe, Tratayén, Kaxipayiñ, Paynemil, Winkul Newen, entre muchas otras), así como de los pequeños productores campesinos de ganado extensivo o “crianceros” de la región y de medianos productores frutícolas del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén. En estos casos, el avance de los hidrocarburos ha generado importantes impactos ambientales y sanitarios a las poblaciones, a partir de derrames y zonas contaminadas por las perforaciones y emanaciones de gas hacia la superficie. También esta actividad ha impactado fuertemente sobre la flora y fauna de la región, ya que incluso hay perforaciones en áreas naturales protegidas como Auca Mahuida.

Estas resistencias fueron motivo de diferentes actos represivos por parte de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, principalmente contra las comunidades mapuche. Tomando solo en cuenta a la Comunidad de Campo Maripe, se registran tres hechos represivos dentro de su comunidad, donde funcionan más de 200 pozos de petróleo convencional y no convencional. La Comunidad de Tratayén fue recientemente desalojada de parte de su territorio comunitario, en el que también funcionan perforaciones hidrocarburíferas. Casi todos los líderes y autoridades comunitarios mapuche se encuentran judicializados por participar de diferentes protestas (cortes de caminos y de rutas, toma de instalaciones petroleras, movilizaciones, etc.) contra el avance de los hidrocarburos en sus territorios ancestrales. Estas resistencias y movilizaciones han logrado establecer la prohibición de esta actividad en más de medio centenar de municipios en todo el país, aunque tanto los gobiernos provinciales como el nacional continúan profundizando una activa política de promoción de la industria hidrocarburífera en general y del fracking en particular.

En México, por su parte, la extracción e hidrocarburos no convencionales no se ha expandido tanto como en la Argentina, pero ya se pueden ver sus consecuencias sociales y ambientales. Se calculan casi 30 pozos no convencionales en el país y se ha conformado una organización a nivel nacional, la alianza Mexicana contra el Fracking, que nuclea a comunidades de indígenas, campesinos y pobladores de pequeñas y medianas ciudades que se ven afectados por el fracking, así como a 44 organizaciones sociales que han logrado establecer la prohibición de esta actividad en algunos municipios, como Tanlajás y Xilitla del Estado de San Luís Potosí, el municipio de Cuetzalan en el Estado de Pueblay en cientos de comunidades indígenas y ejidos campesinos de las zonas petroleras.

Por su parte, en Colombia, en el municipio de San Martín, hubo diversas manifestaciones y levantamientos populares en oposición al fracking que se estaba empezando a instalar en sus territorios. Por ello, sufrieron intimidaciones, amenazas y represión por parte de la policía en 2016. Estas movilizaciones lograron generar empatía con otras zonas donde también se está comenzando a explorar hidrocarburos no convencionales y en ese mismo año la Asamblea Departamental de Santander rechazó de manera unánime el uso del fracking en ese departamento.

Megaminería

La minería es una actividad constitutiva de la Conquista y el saqueo de América. Gran parte del los países latinoamericanos tienen una fuerte tradición minera y esas riquezas han sido una de las bases de la dominación y dependencia de todo el continente. En las últimas décadas la actividad minera tuvo un nuevo impulso a través de la innovación tecnológica que permite obtener minerales valiosos (oro, plata, entre otros) por medio de la técnica de lixiviación, que consiste básicamente en dinamitar grandes porciones de los yacimientos en las montañas y proceder a separar los minerales valiosos de los que no lo son por medio de una mezcla química que utiliza cianuro y una gran cantidad de agua para ese proceso. Si bien la minería es también una actividad contaminante, la “megaminería a cielo abierto” -tal como se denomina a este proceso de minería a gran escala- provoca fuertes impactos sociales y ambientales, aun mayores que la tradicional minería de socavón.

A lo largo de toda la Cordillera de los Andes -y también en selvas y bosques del continente- se encuentran estos grandes emprendimientos mineros y también los movimientos de resistencia. También aquí los pueblos indígenas, los movimientos campesinos y las pequeñas y medianas poblaciones urbanas protagonizan las resistencias y defienden los territorios frente al uso intensivo del agua, la destrucción de los paisajes montañosos y la contaminación de glaciares, arroyos, lagos, ríos y otras fuentes de agua dulce.

Un ejemplo paradigmático de estas resistencias contra la megaminería puede observarse en Perú. Los habitantes de la región de Cajamarca se oponen al Proyecto Conga, un emprendimiento de megaminería a cielo abierto que ha destruido casi 20 lagunas que eran fuentes de agua dulce en la zona. Lo mismo sucede con el emprendimiento megaminero de Yanacocha, también en Cajamarca, el emprendimiento aurífero más grande del mundo, así como el de Tía María en Arequipa, al sur del país.

En todos los casos miles de pobladores, muchos de ellos campesinos e indígenas, han realizado numerosas protestas reclamando el cese o la no implementación de estos emprendimientos a través de petitorios, referéndums, movilizaciones y cortes de ruta. Por estas protestas, que comenzaron en 2002, los pobladores de estas regiones han sufrido fuertes represiones que causaron cientos de manifestantes heridos, decenas de muertos y presos y sometidos a proceso judicial. Al día de hoy, las resistencias a la megaminería son uno de los factores más importantes de movilización social y también de casos e criminalización de la protesta social en Perú.

En la Argentina, también las protestas contra la megaminería comenzaron en 2002 con las movilizaciones en la ciudad sureña de Esquel. Sus pobladores, junto a las comunidades indígenas de la zona, se opusieron a la instalación de un emprendimiento megaminero aurífero y lograron frenarlo tras un referéndum donde más del 80% de la población votó en contra de la instalación de la minera. Por ese antecedente, en la Argentina no se aceptaron oficialmente mas referéndum de este tipo para que las poblaciones locales pudieran decidir directamente sobre los emprendimientos extractivos a realizarse en sus regiones.

Surgieron entonces en diferentes zonas de la cordillera asambleas ciudadanas que se opusieron a distintos emprendimientos megamineros en las ciudades de Tinogasta y Andalgalá (Catamarca), Famatina y Chilecito (La Rioja), Jáchal (San Juan), Tupungato, San Martín, Lujan de Cuyo y Maipú (Mendoza) entre muchas otras localidades de las provincias cordilleranas. En estos casos fueron también las movilizaciones, asambleas y cortes de ruta el repertorio de acción elegido para visibilizar las protestas.

Simultáneamente en México también se han registrado fuertes movimientos de resistencia a la megaminería en diferentes Estados: Chihuahua presenta 13 conflictos, Zacatecas 12, Puebla 8, Oaxaca 7, Chiapas, Michoacán y Baja California Sur 5 cada uno, Sonora, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato y Colima cuatro, Veracruz, Querétaro e Hidalgo 3, Jalisco, Coahuila y Estado de México, con 2; y Baja California, Nayarit, Morelos y Aguascalientes, con uno, respectivamente. En México se registran en la actualidad más de cien conflictos por emprendimientos mineros siendo, según la revista Forbes (2016),  el país con mayor cantidad de conflictos mineros de América Latina.

En todos estos casos el modus operandi de los Estados nacionales ha sido el de la persecución judicial y la represión a las protestas sociales. En el caso de la Argentina, sin embargo, se sancionaron leyes que en algunas provincias prohibieron la instalación de emprendimientos de megaminería a cielo abierto. Algunas de ellas fueron recientemente derogadas abriendo nuevamente la posibilidad que avancen empresas megamineras en esas provincias, como es el caso de La Rioja.

Agronegocios

Desde fines del siglo XX, la agricultura hegemónica en América Latina se encuentra signada por el denominado “Agronegocio”, que implica una profundización e intensificación de la producción agroindustrial orientada a la provisión de insumos para la exportación, donde priman las lógicas del mercado internacional de commodities y donde la concentración de poder económico y de decisión por parte de algunas empresas sobre las cadenas de distribución y comercialización determina los precios de los productos en detrimento de los pequeños y medianos productores. Este despliegue territorial se da en el marco de grandes innovaciones tecnológicas y de gestión empresarial en forma de red que implicó una hegemonía de los cultivos transgénicos en gran parte de la tierra cultivable de América Latina, como la soja, el maíz, la palma africana y otros cultivos que fueron conformando un paisaje uniforme de oligocultivos orientados a las exportaciones y en grandes establecimientos que generan una mayor concentración de la tierra, en el continente con los mayores índices de desigualdad del mundo, particularmente en relación con el acceso a la tierra.

Estos conflictos atraviesan a todos los países de América latina y las protestas y movimientos sociales que resisten este avance territorial del capitalismo agrario son innumerables. En países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay es donde mayor extensión territorial ha tenido este modelo productivo. También en Bolivia, Colombia, Ecuador y Centroamérica aparece con mucha intensidad el Agronegocio e, incluso, en países como México donde la distribución de la tierra ha sido mucho mayor, este modelo viene creciendo de forma exponencial.

Las respuestas más importantes contra el agronegocio la ejercen los pueblos indígenas y diversos movimientos campesinos que desde la década del noventa resisten desalojos e incluso toman tierras para producirlas de una forma alternativa al modelo dominante. El caso más conocido es el de los movimientos campesinos de Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), que han recuperado miles de hectáreas en sus ocupaciones y asentamientos. Luego de ocupar, comienzan un proceso productivo alternativo al hegemónico que les permite afianzar en sus territorios la reforma agraria de facto, así como la construcción de la denominada “soberanía alimentaria”.

Estas ocupaciones han recibido fuertes represalias por parte de los terratenientes y sus guardias privadas y los campesinos también han sufrido la represión de las fuerzas de seguridad públicas. Existen casos de asesinatos de campesinos, así como centenas de heridos, presos y militantes judicializados por ejercer estas protestas, como tomas de edificios públicos y grandes movilizaciones.

En la Argentina también existen diversos movimientos campesinos, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Organización de Trabajadores Rurales de Lavalle (OTRAL) y más recientemente la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que resisten desalojos y/o han ocupado tierras para ponerlas a producir bajo esquemas productivos ligados a lógicas campesinas, con un horizonte agroecológico. Por estas ocupaciones, resistencias a desalojos y cortes de ruta hay más de diez campesinos e indígenas asesinados en los últimos diez años –entre ellos, Javier Chocobar, Miguel Galván, Cristián Ferreyra, Roberto López– y Santiago Maldonado, el joven que desapareció en el contexto de la represión de una protesta de una comunidad mapuche en Cushamen en la Patagonia argentina y apareció muerto casi tres meses después.

Por su parte, en Paraguay diversos movimientos campesinos resisten el exponencial proceso de “sojización” del campo paraguayo a costa de sufrir represiones, encarcelamiento y asesinatos de decenas de campesinos en los últimos diez años. Este esquema se replica en otros países donde el agronegocio se ha fortalecido como modelo de producción hegemónico en los mundos rurales.

Otros conflictos en torno al extractivismo

Además de las mencionadas, existe una serie de actividades extractivas y emprendimientos de infraestructura a gran escala que afectan las áreas rurales del continente americano y generan procesos de lucha y resistencia de diferentes movimientos sociales. Por ejemplo, emprendimientos forestales de pino y/o eucalipto de las grandes empresas papeleras, la construcción de represas hidroeléctricas, plantas nucleares, grandes carreteras, oleoductos, gasoductos, grandes puertos comerciales, etc. que causan importantes impactos sociales y ambientales.

Algunas de esas resistencias podemos observarlas en el caso de las comunidades mapuches al sur de Chile, que vienen resistiendo las plantaciones de pinos en sus territorios comunitarios, al tiempo que sufren fuertes represiones por parte de los carabineros, la policía chilena, judicialización y encarcelamiento de sus líderes comunitarios, así como estigmatización y racismo social muy intensos desde los medios de comunicación masivos, parte de la clase política, y una importante porción de la población. En los últimos años se reportan cientos de mapuches judicializados, a los que se suma una decena de presos políticos indígenas, varios asesinados y cientos de heridos por las fuerzas represivas y, cada vez más, la aplicación de la ley Antiterrorista para perseguir a las comunidades mapuche que protestan contra estos emprendimientos extractivos y por la recuperación de su territorio y cultura ancestral.

Otro ejemplo es el caso de las comunidades indígenas de los pueblos Moxeños, Tsimanaes y Yuracarés del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) en Bolivia que, desde 2011, se oponen a la construcción de una carretera que se proyecta para atravesar el parque nacional y el territorio indígena para unir las regiones de Cochabamba y Beni, que se encuentran actualmente incomunicadas. Esta carretera forma parte del planeamiento de desarrollo regional de infraestructura para Sudamérica (el Plan IIRSA) que promueve obras de infraestructura a gran escala para mejorar la extracción de recursos naturales así como la movilidad de mercancías a través de “corredores interoceánicos” entre el Océano Pacífico y el Atlántico.

Estos pueblos han realizado movilizaciones y cortes de carreteras para protestar contra este proyecto del gobierno de Evo Morales que mantiene en la actualidad la vigencia de este proyecto y que ha dividido a parte de las comunidades del TIPNIS. Ha generado un punto de inflexión de su gobierno en relación con los movimientos sociales campesinos e indígenas: mientras algunos siguen apoyando al gobierno, otros movimientos protestan y denuncian que, pese a identificarse como un “gobierno indígena y de los movimientos sociales” el gobierno promueve el extractivismo, en actividades relativas a los hidrocarburos, la megaminería, el agronegocio y los grandes emprendimientos de infraestructura, como la carretera del TIPNIS.

Alternativas al modelo hegemónico desde abajo

Dentro del modelo hegemónico extractivo coexiste una serie de formas de vida que se presenta como opuesta: mayormente los pueblos indígenas, los movimientos campesinos, las poblaciones afrodescendientes, los pescadores artesanales y otros actores subalternos de los mundos rurales. Algunos de estos movimientos sociales proponen y construyen en sus territorios formas de vida alternativas a la del modelo extractivo del capitalismo actual.

En toda América Latina perviven formas ancestrales de producción de alimentos y de formas de reproducir la vida que conviven, en muchos casos subsumidas, en otros en franca disputa, con las lógicas productivas del capitalismo agrario hegemónico. Estas formas productivas ancestrales -que podemos denominar como alternativas- son llevadas a cabo predominantemente por los pueblos indígenas y comunidades campesinas que habitan gran parte de los territorios del continente. A estos se suman las actividades productivas para el auto sustento en complementariedad con la producción de alimentos para los mercados locales y/o nacionales.

También existe una gama diversa de productores de pequeña y mediana escala que, sin ser necesariamente sujetos campesinos-indígenas, producen alimentos para el mercado local y/o nacional por medio de sistemas diferentes, aunque generalmente subsumidos en parte o totalmente a las lógicas de producción, distribución y comercialización del modelo de agronegocios o agroindustrial. Por otra parte, en las últimas décadas se fueron conformando diversas corrientes dentro de la agronomía, ligadas a las luchas campesinas e indígenas, que sistematizaron formas de producción alternativa al modelo hegemónico del agronegocio, realizando un proceso de relación de saberes técnicos y agronómicos con saberes campesinos, indígenas y de otros actores rurales subalternos que cristalizaron en lo que hoy se denomina como agroecología.

Estas experiencias presentan alternativas posibles para reproducir la vida en común y producir alimentos sanos y baratos. Son, aquí y ahora, alternativas a las actividades extractivas como los hidrocarburos, la megaminería y el agronegocio que se presentan como las portadoras del “desarrollo” y el “progreso” pero que terminan generando mayores desigualdades sociales, la destrucción de la naturaleza y la desarticulación de otras formas de vida. Es en esas resistencias y en las alternativas que emergen de las luchas campesinas, indígenas y rurales que aparece la esperanza de un cambio social que ya ha comenzado en los territorios en re-existencia de América Latina, Nuestra América.

Open Democracy


¿Y dónde está Rafael Nahuel?

Casi medio millón de personas se movilizaron al mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. ¿Cuántas se movilizarán este 25 de diciembre cuando se cumpla un mes del asesinato de Rafael Nahuel? ¿En cuántas localidades habrá marchas este lunes de Navidad para exigir justicia? ¿Por qué algunas muertes movilizan más que otras?

Por Luciana Mignoli (*). Sí, ya lo sé. Son casos distintos. Una desaparición forzada y un “muerto en un enfrentamiento”. Una persona que permanece desaparecida 78 días y otra que muere a los dos días. Santiago y Rafael. Maldonado y Nahuel. Dos víctimas de las fuerzas represivas del Estado. Dos personas que pusieron el cuerpo en la lucha por el territorio indígena. Y dos caras de un muy disímil efecto de empatía y movilización.

Viernes 1º de septiembre de 2017. Al mes de la represión en el Lof en Resistencia Cushamen, en Chubut, no había cuerpo. La figura del “desaparecido” reactivó -con sobrados argumentos- uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de nuestro país. Y una multitud desbordó la Plaza de Mayo para preguntar “¿Dónde está Santiago Maldonado?”. Se calcula que sólo ahí asistieron más de 300 mil personas. Al finalizar, hubo una feroz represión y una veintena de detenidos y detenidas.

Foto: Diario Clarín

Localidades de todo el territorio nacional se unieron al reclamo. Hubo marchas y concentraciones en La Plata, Mar del Plata, Rosario, Santa Fe, Paraná, Gualeguaychú, Colón, Concordia, Córdoba, Posadas, Resistencia, Corrientes, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, San Rafael, San Martín de los Andes, Viedma, El Bolsón, Bariloche, Río Turbio y Ushuaia, entre otros lugares. Y el pedido de justicia trascendió las fronteras y se hizo oír en otros países de Latinoamérica y Europa.

Las fotos y videos de esas movilizaciones se viralizaron en Facebook y Twitter. Sus profundos ojos celestes y su barba profusa se replicaron en una fértil y variada producción artística que acompañó su búsqueda: canciones, banderas, caricaturas, dibujos, pinturas, historietas, grafittis, etc.; que se sumaron a las formas creativas de reclamar por su vida.

Un amplio arco de organismos de derechos humanos y partidos políticos respaldó a esa familia que con claridad y entereza encabezó la búsqueda. Una familia que también supo dar cátedra de humanidad a una inconmensurable cantidad de medios de comunicación (tanto nacionales como internacionales) que insaciables de detalles transmitían sobre el tema en cadena nacional sin chequear, sin respetar la intimidad, sin un mínimo de ética y profesionalismo. Víctima de las fuerzas represivas y de innumerables discursos de odio.

Otro que desaparece

25 de diciembre de 2017. Lunes feriado por las fiestas cristianas de Navidad. La mayoría de la gente reunida con sus afectos, los negocios cerrados. Pan dulce, sidra y los odiosos petardos. En la televisión seguramente habrá alguna película yankee sobre las fiestas o algún compendio de “lo mejor del año”. Pocos canales transmitirán en vivo. Las redes sociales empalagan de fotos de encuentros, comidas y abrazos. Y también se cumple un mes de una muerte impune. ¿Y dónde está Rafael Nahuel?

El 25 de noviembre, en el contexto de una nueva represión en Lof Lafken Winkul Mapu en Lago Mascardi, Bariloche, una bala de plomo –de las mismas que usa el Grupo Albatros de Prefectura- le ingresó por el glúteo, se alojó en el tórax y le generó una gran hemorragia interna. Murió a los pocos minutos de recibir el balazo por detrás. Cuando llegaron sus lamguen desde la montaña a la ruta, ya estaba muerto.

Un mes se cumple de su asesinato. Y “Rafita” desaparece de la agenda mediática, de la vida pública y de la empatía social, donde no sé si alguna vez realmente estuvo. Por supuesto lo recordará su familia, su comunidad, su compañeros y compañeras de Al Margen, personas que lo conocieron y muchas otras comprometidas con la lucha mapuche e indígena.

Pero ya sabemos que la emblemática Plaza de Mayo no va a desbordar en su memoria ni tampoco habrá marchas en distintos puntos del país y del exterior. ¿Qué es lo que hace identificarnos socialmente con un dolor y no con otro? ¿Por qué algunas víctimas movilizan más que otras? ¿Cómo podemos rastrear históricamente la fundamentación de estas diferencias?

Repito: “Sí, ya sé. Son casos distintos”. Y las respuestas pueden provenir de distintas disciplinas y cruzar muchas variables de análisis. Pero tanto Santiago Maldonado como Rafael Nahuel murieron a manos de la misma violencia desenfrenada de las fuerzas represivas del aparato estatal. Ambos le pusieron el cuerpo a una recuperación territorial mapuche. Ambos, con recorridos bien distintos, se involucraron con la lucha de una comunidad. Y ambos pagaron con sus vidas.

Foto: Eugenia Neme, Colectivo al Margen

¿Por qué no habrá tantas marchas por Nahuel? ¿Por qué no se viralizarán exponencialmente fotos, videos y posteos que recuerden su vida? ¿Qué es lo que hizo que se crearan muchas menos producciones artísticas sobre él?

Hay distintas herramientas que analizan la cantidad de menciones de un tema en redes sociales y páginas webs. Más allá de los niveles de imprecisión, todas las consultadas marcaron lo mismo: comparando la aparición de una y otra víctima durante el primer mes, las menciones de Santiago Maldonado superan en diez veces a las menciones de Rafael Nahuel. Aunque sean positivas, negativas, o pretendidamente “neutras”, hay temas que se instalan y otros que pasan más rápidamente al olvido.

Víctimas ideales

Si Maldonado fuera indígena lo ignorarían”, sintetizó el referente qom Félix Díaz.

¿Usted cree que si Maldonado no fuese blanco no se lo buscaría de esta manera?”, le preguntó la Revista Noticias en septiembre de este año y él respondió: “Exactamente. Porque todos hablan: en las escuelas, en las canchas, en los medios, en todas partes. Y eso nos ayuda a buscarlo, porque el impacto social es impresionante. Si fuera un indígena no pasaría: fíjese en mi nieto Marcelino Olaire, desapareció en noviembre del año pasado en Formosa”.

En nuestro país se comete en promedio un femicidio por día, a veces un poco más y a veces un poco menos. Pero esa es la constante. Las “víctimas ideales” para la prensa y para la sociedad tienen que ser buenas mujeres, blancas, de clase media o alta, con una familia “como Dios manda” y que estudien o trabajen, por favor. Por eso los casos que toman una enorme repercusión pública nunca suelen ser de mujeres, lesbianas, trans y travestis muy pobres, con familias vulneradas. Y mucho menos, indígenas.

De las cientos de detenciones que se sucedieron en la escalada represiva de diciembre de 2017 las cercanías del Congreso de la Nación, la de Damiana Negrín fue una de las más conocidas. Un video muestra claramente la arbitrariedad del operativo que llevaron a cabo las fuerzas de seguridad donde fue agredida, abusada y detenida.

Su caso acaparó rápidamente la atención de los medios. Cuando aún permanecía detenida, su padre, Hugo Negrín, le dijo a Telefé Noticias: “Lo que me pone mal es que me están haciendo la entrevista porque es una chica de blanco que se la llevaron. Cuando hay 14 detenidos más acá y hay cuarenta y pico detenidos más. También vi que alguien dijo ‘voté a Macri pero qué horrible cómo se llevan a esa chica de blanco’. Es tremendo. No importa si está de blanco, si venía de trabajar. Podía estar manifestando, que tampoco está bien que se la lleven”.

Racismo originario

El 18 de septiembre pasado, más de 300 efectivos de distintas fuerzas ingresaron al Pu Lof en Resistencia a las 5 de la madrugada en un allanamiento ordenado por Guido Otranto -entonces juez interviniente en la causa- que no había sido debidamente informado a la familia de Santiago Maldonado. Sin causa clara, detuvieron algunas horas a una integrante de la comunidad, Elizabeth Loncopan, que luego fue liberada. Una de las imágenes que se difundieron de ese suceso, se puede ver que en la Comisaría Primera de Esquel se expone el cuadro de Juan Manuel Blanes conocido como “La Conquista del Desierto”.

Captura de video realizada por el fotógrafo Rodolfo Luna

¿Podríamos permitir que una dependencia pública expusiera cualquier imagen que rememorara la última dictadura cívico militar? ¿Por qué una escuela se puede llamar Roca, Rostagno o Victorica y no podría llamarse jamás Jorge Rafael Videla?

La comunidad de Esquel se movilizó varias veces para exigir que no se exhibiera allí esa obra pictórica que rememora la violeta anexión de territorios indígenas para conformar el entonces incipiente Estado Nación. Pero no tuvieron éxito. Esas imágenes que heredamos de las campañas cívico-militares pueden ser evocadas sin prurito alguno. Aquel genocidio originario no es tal. O, en en el mejor de los casos, es un genocidio de segunda.

Durante todo este tiempo, los medios de comunicación dijeron tantas barbaridades del Pueblo Mapuche que es difícil sintetizar. Terroristas, chilenos, sionistas, etarras, marxistas… Relatos hegemónicos que demarcan al Pueblo Mapuche y al sujeto indígena como una amenaza al “orden social”. Una construcción de un “Otro” que generalmente responde a un estereotipo, es decir, a una representación del mundo que es fija e incuestionable. Es así como aún perduran en el imaginario social –reproducidas también por la prensa hegemónica- adjetivaciones y connotaciones extranjerizantes que fueron y son instaladas para fundamentar el genocidio.

Básicamente la función de la prensa fue regar los discursos de odio y fomentar el racismo. Si bien se trata de discursos sociales que se mantienen históricamente, en 2017 crecieron exponencialmente en cantidad y voracidad. El clima político otorga una supuesta “habilitación” a decir cosas que antes al menos eran “políticamente incorrectas”. Basta con leer los comentarios que dejan lectores y lectoras de grandes medios que bajo la sombra del anonimato sienten la soltura para desear la muerte y exigir “mano dura” a viva voz.

¿Racista yo?

Pero quizás, lo más peligroso de la hegemonía es que participamos de ella sin siquiera darnos cuenta. De una u otra manera, sostenemos dinámicas de circulación y de consolidación de estos discursos racistas. Decimos que un niño es un “indio” si juega de forma salvaje; o no reparamos que el único personaje indígena del exitoso programa infantil Zamba, del hoy casi desmantelado Canal Paka Paka, tiene todo el tiempo gesto adusto y se llama nada más y nada menos que “Malón”.

Un racismo sútil, imperceptibe, que hace que no nos moleste obligar a chicos y chicas a disfrazarse de un estereotipo de “indiecito” con plumas y cara pintada -como mostraban las revistas Billiken de los años 70- en los actos escolares, desconociendo la treintena de etnias que habitan nuestro país y sin ningún atisbo de abordaje intercultural y respeto por la diversidad cultural. O mirando sin denunciar esos museos o libros de historia donde los pueblos originarios aparecen como exterminados, sólo al inicio de la línea histórica y se utilizan verbos en pasado para describir la vida de estos habitantes (“eran”, “vestían”, “recolectaban”, etc.).

Un racismo que en principio negamos tener, pero si nos interpelamos podemos reconocer que hay muertes que nos conmueven más que otras. Que hay dolores que nos quiebran el alma y otros que se van más rápidamente. Y que, muchas veces, esa identificación tendrá que ver con sentir profundamente que esa víctima se me parece. Su mirada, su color de piel, sus costumbres…

Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son dos víctimas fatales de la lucha por el territorio indígena. Los medios y la sociedad toda prefirieron dedicarle más tiempo al no indígena que al joven que se reconocía mapuche. Y -aunque sea incómodo decirlo- también hubo menor movilización de organismos y militantes de derechos humanos en uno y otro caso. Sin embargo, ambos corren igual riesgo de quedar impunes.

Reconocerse tanto en los ojos de Santiago como en los de Nahuel es un acto reparatorio. Entender cómo nos cruza ese genocidio indígena que nunca fue reconocido por el Estado. Y exigir con la misma furiosa rebeldía memoria, verdad y justicia tanto para muertes no indígenas como indígenas.

¿Podremos alguna vez empatizar como sociedad con la muerte de Rafael? ¿Nos conmueve su tez trigueña y su búsqueda de identidad? ¿Desbordaremos la Plaza de Mayo para pedir justicia por él? Desbordar, honestamente, no creo.

Si el Estado y la sociedad no reconocen el genocidio indígena en el que se fundó esta Nación, si no podemos comprender por qué hay dolores y víctimas que nos afectan y comprometen más que otras, si no podemos mirar hacia atrás y hacia adentro para poder cambiar lo que sigue; no hay igualdad, diversidad, interculturalidad ni reparación histórica real posible.

(*) Periodista. Integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina

Esta nota es de libre reproducción, total o parcial; con la debida cita de fuente.

Al Margen


Habeas corpus para los mapuches de Vaca Muerta

Fallo unánime en la Cámara de Casación

Por Martín Granovsky

Un fallo de la Cámara de Casación reconoció por unanimidad el reclamo de la comunidad mapuche Lof Campo Maripe en tierras explotadas por YPF en la zona de Vaca Muerta. Le concedió el habeas corpus que un tribunal inferior le había denegado y ordenó garantizar la integridad física y la libre circulación de los miembros de la comunidad.

La sentencia, de 38 páginas, lleva las firmas de los camaristas Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Gustavo Hornos.

El juez Slokar fue sorteado para liderar el voto, es decir para emitirlo primero. Con sus propios argumentos, sin embargo, Figueroa y Hornos coinciden en otorgar el habeas corpus.

El texto de Slokar alude a la existencia de lo que define como “un capitalismo predatorio” y cita la Encíclica del Papa Francisco “Laudato si” cuando expresa que “es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes con su tradiciones culturales”. Otro párrafo citado es éste: “No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en grandes proyectos que afecten a sus espacios”. Según el Papa “para ellos la tierra no es un bien económico sino don de Dios y de los integrantes que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores”. Sin embargo, “en distintas partes del mundo son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura”.

Otro de los antecedentes jurídicos que consta en el voto de Slokar es la propia Constitución Nacional, según la formulación que quedó vigente tras la reforma de 1994. El fallo recuerda que la acción de habeas corpus presentado por la comunidad “se enmarca en un reclamo cimentado en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, en cuanto reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, así como asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten, apartado cuya operatividad es dable reconocer”.

Página/12


Declaración del Programa Permanente de Extensión, Investigación, Capacitación y Asesoramiento de Pueblos Indígenas de la Argentina

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 2017

Observatorio Petrolero Sur A la opinión pública en general

Desde el Programa Permanente de Extensión, Investigación, Capacitación y Asesoramiento de Pueblos Indígenas de la Argentina, que funciona en la Facultad de Filosofía y Letras desde 1995, queremos hacer llegar nuestro más amplio repudio a los hechos de hostigamiento sufridos por el Observatorio Petrolero Sur en la ciudad de Buenos Aires.

Las oficinas de OPSur fueron atacadas, sufriendo robos y destrozos, en el marco de la marginación de diversas asociaciones civiles en la participación de la cumbre de la OMC y la profundización de las acciones represivas hacia las poblaciones originarias, en larga lucha contra los avances petroleros y mineros.

A la vez, queremos hacer llegar nuestro más fraterno acompañamiento a los miembros de OPSur y nuestro apoyo en el valioso trabajo que realizan.

Es de esperar que las actividades de investigación, análisis, crítica y difusión puedan realizarse con la mayor libertad, aún en el marco de los complejos momentos políticos y económicos que atravesamos actualmente.

Es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio de dicha libertad, y del conjunto de la sociedad velar por su cumplimiento.

Programa Permanente de Extensión, Investigación, Capacitación y Asesoramiento de Pueblos Indígenas de la Argentina. FFyL – UBA


“Seguiremos trabajando por un cambio social con justicia energética y ambiental”

Roban las oficinas del OPSur

El domingo 3 de diciembre en horas de la madrugada, violentaron la entrada de la oficina en la que funciona el Observatorio Petrolero Sur (OP Sur) en la Ciudad de Buenos Aires, y robaron computadoras, herramientas de trabajo y dinero. La organización denunció que el hurto se produjo en el marco de esto ocurre en un marco de hostigamiento extremo y criminalización de la oposición al gobierno, y a pocos días de que la ciudad sea militarizada para que se realice la cumbre de la Organización Mundial de Comercio. Hernán Scandizzo, integrante de OP Sur, relató los hechos a Radio La Tosca.
Descargar audio Amarc Argentina


Declaración de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe en solidaridad con el OPSur

Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe -ATALC- manifiesta su preocupación y enfático rechazo al robo perpetrado a la sede del Observatorio Petrolero Sur -OpSur- en Buenos Aires el pasado 3 de diciembre. Los hechos se registraron con posterioridad a otras situaciones en las que se intentó violar la seguridad del OpSur al tratar de entrar a su cuenta de correo electrónico.

Además de presentar nuestro rechazo por estos intimidantes hechos, y llamar a la solidaridad para con las y los compañeros del OpSur y el valioso trabajo que realizan para la defensa de la vida en Argentina y en la Región, señalamos nuestra creciente preocupación por la escalada represiva a la que las organizaciones sociales argentinas están siendo llevadas, con la gravedad que reviste la situación para las comunidades y organizaciones mapuche.

Como ya ha sido señalado por el mismo OpSur, a través de su comunicación de denuncia de los hechos de los que han sido objeto, las intimidaciones se presentan en un contexto de militarización de la ciudad para la realización de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio -OMC-, y de la negativa de entrada al país para más de 60 Organizaciones Sociales. Como organización latinoamericana y del Caribe comprometida con la justicia ambiental y la libertad de movilidad e intercambio entre nuestros pueblos libres, ATALC llama a la comunidad internacional a acompañar a las organizaciones argentinas frente al intento de aislamiento que se pretende desde el gobierno de ese país, en lo que consideramos acciones dirigidas a negar derechos y libertades de expresión y de manifestación legítima.

Recordamos a las y los compañeros del OpSur que nuestras organizaciones ambientalistas, que al igual que ustedes trabajan día a día por la defensa de la vida y la justicia, les acompañamos y rodeamos demostrando que no están solos, y que estaremos vigilantes frente a cualquier intento y acción de intimidación o negación de derechos y libertades conquistadas por nuestros pueblos y sus organizaciones.

A la comunidad internacional pedimos su máxima alerta frente a estos hechos y las irregularidades que se vienen presentando en el contexto de la cumbre de la OMC, pues con nuestra solidaridad expresa en la comunicación y apoyo podremos enfrentar conjuntamente la criminalización y sus diversas tácticas de funcionamiento, tan extendidas hoy entre quienes temen al poder popular que enfrenta sus políticas de negación de la diversidad y la libertad.

ATALC


“El gobierno argentino ha demostrado que no tiene ningúna intención de tolerar la disidencia”

Días atrás en Buenos Aires fueron violentadas las oficinas del Observatorio Petrolero Sur, en el espacio de trabajo compartido con los tres centros que forman el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS). “No es nada agradable llegar y encontrarse con el faltante de computadoras y destrozo de las puertas”, dijo en Radionauta Hernán Scandizzo, integrante de dicho organismo que en estos días además recibió notificaciones “de reiterados intentos de violar nuestra casilla de correo electrónico”. “Esto es un mensaje de que nos están mirando”, afirmó Scandizzo para quien el ataque está relacionado con “la avanzada en el marco de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio próxima a realizarse”, donde “para el gobierno argentino es importante mostrar su liderazgo y capacidad de control”. El Observatorio Petrolero Sur participa además en la organización de diversos foros de oposición a la cumbre.

Reproductor de audio Hernán Scandizzo, Observatorio Petrolero Sur


Atentaron contra OPSur

“Este hecho ocurre en un contexto de marginación de más de 60 ONGs de la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la amenaza de prohibición del ingreso al país de miles de personas que podrían manifestarse en contra de este encuentro, además del seguimiento y mapeo de organizaciones y militantes por las agencias de seguridad”, sostienen desde el Observatorio Petróleo Sur. El periodista Hernán Scandizzo explicó los hechos en el cuál fueron sustraídos dinero y dos computadoras.


Robaron las oficinas del OPSur: grave escalada de atropellos contra organizaciones y movimientos sociales

Descargar audio MP3 (9.7 MB)

Por Radio Mundo Real.

El domingo fue violentada la sede de la organización Observatorio Petrolero Sur en la capital argentina, Buenos Aires, y se robaron dos computadoras y dinero. “Esto ocurre en un marco de hostigamiento extremo y criminalización de la oposición al gobierno, y a pocos días de que la ciudad sea militarizada para que se realice la cumbre de la Organización Mundial de Comercio (OMC)”, alertó el lunes el Observatorio.

Si bien esa organización argentina (http://www.opsur.org.ar/) comparte el espacio de trabajo con otros tres centros, con los que conforma el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo, el robo se focalizó exclusivamente en su oficina. “No podemos dejar de relacionar lo sucedido con la seguidilla de alertas que recibimos en las últimas semanas de reiterados intentos de violar la seguridad y acceder a nuestra cuenta de correo electrónico”, agregó el Observatorio Petrolero Sur en un comunicado de prensa.

La organización es referente en América Latina en la denuncia de los impactos negativos de la fracturación hidráulica (“fracking”, en inglés). En el parte de prensa explicó que el robo ocurre a pocos días de que el gobierno derechista de Mauricio Macri anunciara que no permitirá el ingreso al país de representantes de más de 60 organizaciones no gubernamentales de numerosos países, que iban a asistir a la cumbre ministerial de la OMC, del 10 al 13 de diciembre, y a las actividades paralelas.

Asimismo, el Observatorio Petrolero Sur subrayó que el país “se encuentra inmerso en una escalada represiva en contra de diversas organizaciones, siendo las comunidades mapuches las más violentadas”, con el asesinato el 27 de noviembre y a manos de la Prefectura Naval del joven mapuche Rafael Nahuel, y la desaparición primero (en agosto) y posterior aparición sin vida (en octubre) del activista Santiago Maldonado, que apoyaba la causa mapuche. Esos casos ocurrieron en las vecinas provincias de Río Negro y Chubut respectivamente

Radio Mundo Real entrevistó este martes al periodista e investigador del Observatorio Petrolero Sur Hernán Scandizzo. Lo escuchamos.