Archivo de la etiqueta: Criminalización y represión

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Continúa la militarización de una zona mapuche en Chubut

Más de un centenar de agentes de Gendarmería e Infantería fue enviado a El Maitén con el objetivo de amedrentar a las comunidades que se encuentran resistiendo contra el avance de terratenientes como Benetton y Lewis que pretenden despojarlos de sus tierras ancestrales. Persiste la amenaza de desalojo.

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Ante esta situación, integrantes del Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, alineados a su vez al Movimiento Autonomo del Puel Mapu, emitieron un comunicado en el que dan por finalizado el diálogo con los gobiernos nacional y local.

“Desde el inicio de la recuperación estuvimos siempre abiertos a un diálogo político y serio con el gobierno provincial, nacional y las autoridades competentes sobre este conflicto histórico que padecemos como Pueblo Nación Mapuche. Ejemplo de ello: se mantuvieron dos instancias de mesa de diálogo con representantes de funcionarios provinciales para llegar a acuerdos en el conflicto con el viejo expreso patagónico La Trochita. Sin embargo, los gobiernos nacional y provincial rompieron el diálogo, continuando con la persecución, acentuando la criminalización y militarización con la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación”, expresaron desde el Pu Lof.

Agregaron a su vez que el actual gobierno les ha demostrado desinterés e inoperancia para dar una solución acorde al conflicto político con el pueblo Mapuche: “hemos decidido dar fin a todo tipo de diálogo, validando toda forma de lucha en el wall mapu, y así seguir siendo consecuentes al Proyecto Político al que estamos alineados M.A.P, enfocados en trabajar (…) en fortalecer los vínculos y en despertar nuestro kimun (conocimiento) ancestral”.

En un comunicado previo, las comunidades habían denunciado y repudiado el hostigamiento, la persecución y las amenazas de muerte que vienen sufriendo diversos comuneros de Pu Lof por parte del poder político terrateniente y sus fuerzas represivas, como así también las constantes persecuciones de las que son víctimas las personas que se solidarizan con la lucha mapuche.

La situación que vive actualmente el Pu Lof generó numerosos repudios, como el de la CTA-A de la Comarca Andina que a través de un comunicado afirmó: “en un contexto de crisis, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, desempleo, precarización laboral y declaraciones que desconocen el estado de derecho y reconocimiento de la histórica postergación de los pueblos originarios que luchan en defensa del territorio, repudiamos al poder político que no mide en gastos para instalar miedo y represión para asegurar la defensa de intereses siempre vinculados al poder económico, la concentración de la tierra y los negocios a favor de unos pocos”. Contacto: Tato 2945606241

Nota relacionada: Resistencia Mapuche

Red Eco Alternativo


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Standing Rock: La mayor movilización indígena de EE.UU. en más de un siglo

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Por Silvia Arana

Protectores del agua

Standing Rock, en el estado de Dakota del Norte, forma parte de la Reservación Sioux, como se llama comúnmente a los pueblos originarios dakota, lakota y otras tribus de las praderas. El río Missouri, fuente de agua potable de unos 17 millones de personas, atraviesa el territorio, que está bajo jurisdicción de las autoridades indígenas de la Reservación Sioux de Standing Rock según los tratados firmados con el gobierno de EE.UU.

En violación de los tratados y en contra de la voluntad de los sioux, la corporación petrolera Energy Transfer Partners está construyendo un oleoducto que destruiría el sitio sagrado y cementerio indígena de Standing Rock y cuyo tramo subterráneo pasaría por debajo del lecho del río Missouri. El proyecto es una inversión de 3.800 millones de dólares, financiado por Goldman Sachs, Bank of America, HSBC, UBS, Wells Fargo y otros grandes bancos. Tiene una extensión de 1880 km, va desde los yacimientos de petróleo de Bakken en Dakota del Norte, pasando por Dakota del Sur, Iowa hasta llegar a Illinois.

Desde la primavera de 2016, se han congregado en Standing Rock miles de personas, muchas de ellas de diversas naciones indígenas, para protestar por la construcción del oleoducto que destruiría sitios sagrados y contaminaría el agua. Se autodenominan “protectores del agua”.

Se estima que se producen unos 300 derrames de petróleo por año en los oleoductos del país[1], y por tanto los defensores del agua no creen en las promesas de la empresa, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de las autoridades de que “este oleoducto es seguro”.

La mayor movilización indígena en más de cien años

“Standing Rock es la mayor congregación indígena que ha ocurrido en el transcurso de mi vida; día a día se fueron agregando nuevas banderas de las diferentes tribus… A partir de la sexta semana, dejó de ser un campamento para transformarse en una comunidad… Tomamos una postura contra el oleoducto, no sabíamos que tendríamos este inmenso apoyo… Esta tierra es un sitio sagrado del pueblo lakota; además el oleoducto contaminará el agua del río Missouri… El Cuerpo de Ingenieros del Ejército no hizo una consulta apropiada con las tribus. El oleoducto Dakota Access Pipeline tiene trechos subterráneos en el lecho del río Missouri. Los oleoductos tienen un historial de derrames, han contaminado el suelo, el aire, y las napas subterráneas… Si se construye destruirá no solo el río en esta área, sino río abajo también. Las tribus asumen su responsabilidad como protectores. Hay que cuidar de la tierra, el agua, el aire… Un día en nuestra caminata diaria hacia el sitio sagrado, las abuelas y madres les dijeron a los excavadores que no iban a permitir que destruyeran un sitio sagrado. En respuesta, los custodios de seguridad privada lanzaron los perros contra la gente. Varios protectores del agua fueron al hospital por las heridas… Después de los perros, traerán las armas…”.

Esto decía en octubre pasado Dennis Banks (79 años), histórico líder indígena y co-fundador de American Indian Movement (Movimiento Indígena de América del Norte).[2]

Tal como lo predijo Dennis Banks la represión contra la comunidad de protectores del agua fue creciendo en las semanas siguientes hasta alcanzar su pico el domingo 20 de noviembre. En temperaturas gélidas de cinco grados bajo cero la policía reprimió a los manifestantes lanzando chorros de agua y provocando cientos de casos de hipotermia. También usaron gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma que lesionaron a unos trescientos manifestantes. El caso más grave fue el de Sophia Wilansky (21 años) que fue herida por una granada que le impactó en el brazo y le destrozó el hueso y los tejidos. En estos momentos se prepara para la tercera cirugía, y deberá sobrellevar otras adicionales en el esfuerzo por salvarle el brazo que fue prácticamente separado del cuerpo por la granada. Esta joven de Nueva York, que como numerosas otras personas acudieron a Standing Rock para solidarizarse con los pueblos originarios fue víctima de abuso de fuerza cuando ejercía el derecho a la protesta, garantizado por la primera enmienda a la Constitución.  Un derecho que está siendo sistemáticamente violado por la policía de Morton (Dakota del Norte) y la Guardia Nacional.

Foto: AguaEsVida-Indigenous Rising Media

Linda Black Elk, integrante del cuerpo médico de Standing Rock, que presenció la represión del domingo pasado, afirmó: “La policía ha incrementado el nivel de violencia contra los protectores del agua. Yo he visto las diferentes armas usadas en contra nuestro: gas lacrimógeno, balas de goma, granadas. Parece que están poniendo a prueba sus armas contra nosotros en una creciente militarización de la represión”. Agregó: “Sentimos una gran decepción con el presidente Obama. Estuvo aquí, hizo promesas y no cumplió ninguna de ellas.”

Esta conducta gubernamental contra los derechos de los pueblos originarios no es sorprendente, sino coherente con la conducta histórica del gobierno de EE.UU., que ha cometido y/o permitido abusos en tierras indígenas desde el inicio de la colonización. Ejemplos de los abusos contra los pueblos lakota y dakota son la apropiación de terrenos en Black Hills (Montañas Negras) de Dakota del Sur después del descubrimiento de oro en la década de 1870, y la construcción de embalses en el río Missouri que causó inundaciones en poblados, en zonas forestales y en granjas en Dakota del Norte y del Sur durante la década de 1950.

Mni Wiconi: El agua es vida

El jueves 24 de noviembre medios alternativos como Unicorn Riot e Indigenous Rising Media transmitieron en vivo desde Standing Rock. Es el día en que en EE.UU. se celebra Thanksgiving (Acción de gracias). Según la historia oficial los indígenas salvaron a los peregrinos de la muerte ofrendándoles comida (versión tildada de falsa por historiadores como Roxanne Dunbar-Ortiz, quien dice que los indígenas jamás recibieron con los brazos abiertos a sus opresores).

Como un recordatorio irónico de la fecha, los protectores del agua pusieron mesas con comida. A pocos metros de ellos, varias decenas de policías cortaban la ruta, de uno y otro lado, a modo de cerco. Hay carteles con la frase: “No alimenten a los peregrinos” (Don’t Feed the Pilgrims). La consigna del día es: “No peregrinos, no oleoductos, no prisiones, no problemas”.

Cae una nieve ligera en la pradera desértica, la gente con sus abrigos gruesos, la cabeza cubierta con gorros o capuchas se mantiene en movimiento, algunos empiezan a entonar los poderosos cantos tradicionales lakota, y el grito “Mni Wiconi” (¡El agua es vida!)

Finalizó otra jornada en la larga batalla por Standing Rock, la mayor congregación de pueblos indígenas en más de un siglo, desde la Batalla de Little Bighorn -o Greasy Grass – que tuvo lugar en 1876. Fue una gran victoria de la alianza de tribus de las praderas -lakotas, cheyenes y arapahos- que derrotó al Séptimo Regimiento al mando del general Custer. Se dice que una visión del jefe lakota Sitting Bull fue la inspiración de los guerreros; un sueño en el que los soldados del ejército de EE.UU. caían del cielo. Fue la última victoria de los indígenas de las praderas. Hoy la comunidad de Standing Rock protagoniza una movilización histórica que por su capacidad de convocatoria, diversidad, continuidad y espíritu de lucha está plasmando una nueva y gran victoria.

Nota: Hace algunas horas, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. envió una orden de desalojo -a cumplirse el 5 de diciembre- a las autoridades de la Reservación Sioux. El jefe sioux Dave Archambault, al igual que otros representantes de la comunidad, respondieron que no se moverán.


[2] Entrevista realizada por Abby Martin, Empire Files, TeleSur. Traducida del inglés por Silvia Arana: http://youtu.be/KqanmctAoLs

ALAI


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Atentados contra líderes sociales en Colombia

Cuatro atentados contra líderes sociales en menos de 48 horas

Dos de los atentados fueron ejecutados por sicarios en San Vicente del Caguán. Una de las víctimas recibió los disparos en frente de su familia en La Macarena, Meta. En Nariño, un líder campesino sobrevivió luego de que le dispararan en seis oportunidades.

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Erley Monroy, líder campesino asesinado en San Vicente del Caguán. / Foto Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia (DHOC)

Un fin de semana de horror vivieron los líderes sociales en distintas zonas del país. Mientras se pide que el nuevo acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc se implemente con la mayor celeridad para brindar garantías de protección a defensores de derechos humanos, dos de ellos fueron asesinados en las últimas 48 horas, otro se debate entre la vida y la muerte en Florencia (Caquetá) y uno de ellos se salvó luego de que le dispararan en seis oportunidades.

El primer caso se registró en San Vicente del Caguán en la noche del pasado viernes 18 de noviembre, cuando el dirigente campesino del sector agrícola de la Asociación Campesina Losada-Guayabero (Ascal-G), Erley Monroy, fue encontrado moribundo en la vereda Siberia. Según el reporte de organizaciones de derechos humanos como la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia (DHOC), Monroy fue hallado con graves heridas en las cercanías del Batallón Cazadores del Ejército y murió  luego de ser trasladado a un hospital municipal.

Erley Monroy adelantaba procesos de defensa por los derechos ambientales en el Caguán y era un acérrimo opositor del método del fracking para explotar petróleo en La Macarena. Asimismo, la DHOC aseguró que en los últimos días el líder campesino había denunciado que a San Vicente del Caguán habían regresado los grupos paramilitares, pues en algunos corregimientos aparecieron grafitis alusivos a grupos de autodefensa. Fuentes de la región consultadas por El Espectador aseguraron que el dirigente de Ascal-G había sido señalado por el alcalde del municipio, Humberto Sánchez Cedeño, de cobrar extorsiones en favor de las Farc a través de su organización.

La misma noche del viernes 18 de noviembre se presentó el homicidio otro líder campesino de la región. Se trata de Didier Losada, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Platanillo en La Macarena (Meta) y que fue asesinado al frente de su familia. Según la información de los habitantes del sector, a Mango –como apodaban a Losada– lo mató un hombre encapuchado que entró en su casa y cometió el crimen hacia las 9:30 de la noche.

El tercer acto criminal contra los líderes de esa región se cometió, también en San Vicente del Caguán, el sábado a las 11:00 de la noche. La víctima fue otro dirigente de la organización Ascal-G: Hugo Cuéllar, quien hoy se debate entre la vida y la muerte en un hospital Florencia (Caquetá).Lo increíble de esta historia es que el atentado contra Cuellar se dio cuando regresaba a su casa luego de estar durante el entierro de su compañero Erley Monroy.

Hugo Cuellar recibió cinco disparos a manos de dos sicarios. Los primeros reportes evidenciaron que al ver que iba a ser atacado, Cuellar reaccionó y se enfrentó a los sicarios, lo que provocó que durante el forcejeo recibiera un impacto de bala en el abdomen. Cuellar, además de líder campesino y defensor de derechos ambientales, en la presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Victoria del Municipio de La Macarena y miembro del comité  del DHOC.

En la vía que comunica los municipios de La Unión y Leiva (Nariño) se ejecutó el cuarto atentado del fin de semana. Luego de asistir al primer Cabildo Abierto por la Paz del Municipio de Leiva, evento organizado por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), el campesino Danilo Bolaños Díaz fue atacado por dos sicarios en plena vía. Bolaños regresaba a su casa junto a su esposa Karen Nadia el pasado sábado en una moto. A las 4:00 de la tarde, cuando pasaba por el sector conocido como Igirones, dos hombres en una moto Honda se le acercaron y le dispararon en seis oportunidades. Afortunadamente, salió ileso, al igual que su compañera sentimental.

Bolaños es un reconocido dirigente juvenil de Nariño. Además de ser el secretario de la subdireccción de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (ASTRACAN) e integrante de la Red de derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, hace parte a la Juventud Rebelde y es militante del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Varias organizaciones sociales están pensando en realizar un plantón mañana a las 9:30 de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía para pedir protección de los líderes sociales que, durante el cese bilateral al fuego y definitivo, han sido las principales víctimas. Además, están buscando una cita con el presidente juan Manuel Santos y las embajadas de los países que sirvieron como garantes y acompañantes del proceso de paz para pedir que se ponga en marcha ponga en marcha la Comisión Nacional De Garantías y No Repetición.

Las consignas de este grupo de organizaciones sociales es que se tomen medidas excepcionales para detener los crímenes de defensores de la paz, que se implementación el acuerdo inmediatamente con garantías para la vida y que  se respete del cese al fuego bilateral y definitivo.

El Espectador


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“El tarifazo es una consecuencia, la causa es el modelo energético”

José Rigane, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía y secretario adjunto de la CTA-A, analiza la actual crisis. Sostiene que el modelo fracasó porque responde a intereses mercantiles y no reconoce a la energía como un bien social. Para revertir esta situación, postula que lo primero que se requiere es recuperar la soberanía política, para después dar vuelta a los conceptos de la democracia liberal en nuestro país “y, por lo tanto, tratar la energía como lo que es: un bien social, un derecho humano, un problema de todos y, en ese contexto, terminar con la dependencia”.   

jose-rigane

Por: OPSur       

-¿Consideras que hay una crisis energética en el país?

Indudablemente este modelo energético ha fracasado y está en una profunda crisis, porque es un modelo basado en la privatización y, fundamentalmente, en la extranjerización, que se puso en marcha en la década del ´90. Como modelo responde a los intereses del sistema capitalista y tiene como objetivo sustancial tratar la energía como una mercancía, sin reconocerla como un derecho y como un bien social.

Pero resulta que la energía es insustituible, no es como un paquete de fideos, que podés remplazar por un kilo de arroz o de papas. Sin electricidad, agua y gas no hay vida digna. Para nosotros se trata de un bien social, de la misma manera entendemos que es un derecho humano. Pero este modelo no contempla ninguno de esos aspectos y lo que sí contempla es a la energía como un instrumento para tener ganancia por parte de las empresas multinacionales de la manera más rápida y concreta posible. Y para esto, el Estado ha funcionado como un Estado bobo, que inclusive le ha pagado a las empresas el barril de petróleo a un precio superior a lo que existe a nivel internacional, lo que demuestra que las empresas han logrado lo que cualquier multinacional pretende: una renta extraordinaria.

Entonces claro que hay crisis, porque a pesar de todo eso tenemos corte de energías si llueve, si hace calor, si hace frío, si hay sequía. La crisis permanece, se desarrolla,  se acrecienta en tanto y en cuanto no cambiemos este modelo energético que tenemos en Argentina, que es de supeditación, entrega y pérdida de la soberanía.

 

-¿Cree que hay un atraso de la reconversión de la matriz energética, que hoy depende casi en un 90% de hidrocarburos?

Nosotros necesitamos una diversificación de la matriz energética más allá de la discusión que hay: si hidroeléctrica sí, hidroeléctrica no; si nucleares sí o nucleares no, etc. Lo concreto es que tenemos tender hacia una matriz diversificada, pero eso solamente lo puede hacer un pueblo que recupere la soberanía popular, para después discutir qué es lo que nos conviene desarrollar, que es un poco lo que no termina de entender la gran urbe capitalina. No ve y no siente lo que es capaz de provocar el extractivismo, no lo entiende como una consecuencia nefasta para el pueblo argentino, de la misma manera que no ve lo que significa la contaminación de los ríos o en la cordillera. Pero aquellos que viven en esas regiones se manifiestan y por supuesto pelean, luchan, se movilizan contra una política que les hace un daño profundo.

Entonces está muy claro que la diversificación de la matriz energética viene de la mano de recuperar la soberanía popular y de recuperar la soberanía energética. En esa dirección, seguramente los argentinos nos vamos a dar una matriz compensando con energías alternativas que nos permitan tener una ecuación mucho más equitativa y que nos pongan lejos de la dependencia del petróleo y del gas que no tenemos, y que además de no tenerlo, seguimos permitiendo que se exporte.

El capitalismo verde de Macri

-¿Consideras que el macrismo transformó a las energías renovables en una línea de negocio?

Sin lugar a dudas. El sistema capitalista ha desarrollado la economía verde, que tuvo un verso que yo lo asemejo, en términos laborales, a la iniciativa que se desarrolla a nivel internacional con el trabajo decente. O también la utilización del vocablo sustentable, que muchas veces lo terminamos usando todos nosotros sin darnos cuenta que es una frase creada por los organismo internacionales, y que queda bien en cualquier lugar donde lo pongamos.

El macrismo hoy está desarrollando una iniciativa política que tiene como objetivo central hacernos creer que se ocupa del medio ambiente, que se ocupa del clima, que se ocupa de la energía alternativa; pero en realidad de lo que se ocupa centralmente es de generar negocios sobre todo, y en particular para quienes poseen la tecnología de estas energías, que son los Estados Unidos.

-Revisando la política energética del gobierno, ¿qué continuidades y rupturas tiene el macrismo respecto del kircherismo?

No hay diferencias sustanciales, porque los dos trabajan para los grupos multinacionales y su recaudación. En mi opinión personal, el kirchnerismo lo que hizo fue profundizar el modelo y trabajó en función de los intereses de la multinacionales, aunque trató de tener un relato que buscaba demostrar lo contrario. Por eso desarrolló la política de los subsidios, que mantenían la tarifa final congelada, pero era plata de los argentinos la que terminaba yendo a las manos de los grupos multinacionales.  ¿Qué hizo Macri? Trata de mostrar que quita los subsidios, pero entonces le mete la mano en el bolsillo a los usuarios. Le saca esa plata que no viene por el subsidio sino en forma directa de los bolsillos de los usuarios, y la transfiere directamente a los grupos multinacionales.

Entonces el tarifazo es una consecuencia. La causa es el modelo energético y si nosotros no cambiamos la causa, los efectos van a continuar.  Si hay algo que cambiar, si hay algo con lo que pelear es con la transformación del modelo energético.

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Soberanía popular para la soberanía energética

-Pensando esa transformación, desde distintos ámbitos han surgido conceptos, paradigmas alternativos al modelo, como la idea de soberanía energética, ¿estás de acuerdo con esto como horizonte superador?

Yo creo que lo primero que necesitamos los argentinos es unificarnos y creo que la asignatura pendiente es recuperar la soberanía popular, volver a ser soberanos. Después hay que recuperar la soberanía energética, lo que significa dar vuelta los conceptos que ha venido estableciendo la política liberal en nuestro país y, por lo tanto, tratar a la energía como lo que es: un bien social, un derecho humano, un problema de todos y, en ese contexto, terminar con la dependencia del kirchnerismo. Porque si es una mercancía, solamente la puede obtener el que la paga, y si la obtiene solo el que la paga, no somos usuarios, somos clientes. Y la diferencia es sustancial para mostrar esto, que los servicios tienen que ser servicios públicos.

Por ejemplo la garrafa, que es el gas licuado del petróleo, ¿por qué hay que crear una garrafa a un precio social? Porque la garrafa la cobran a lo que no vale, y están pintadas todas de colores diferentes de acuerdo a la empresa ¿Y eso por qué? Porque el Estado nunca ha declarado a la garrafa como un servicio público. Si lo hubiera declarado un servicio público, la garrafa tendría un precio establecido por el Estado nacional y, por lo tanto nadie, podría cobrar un peso más de lo que se establecería. Pero como el Estado no lo hace, entonces las empresas supuestamente trabajan en un mercado de oferta y demanda, que es mentira. Hay 14 millones de argentinos que están supeditados al gas licuado de petróleo,  que deviene de un modelo energético que no ha permitido, ni posibilitado, ni invertido en desarrollar los gasoductos necesarios para hacer llegar gas natural a todos aquellos a los que les hace falta en la Argentina.

-¿Cuál es el rol de las trabajadoras y trabajadores en ese proceso?

Es un rol muy importante y significativo. Yo debería decir acá que el problema de la energía no es un problema para los que supuestamente saben, sino es un problema de todos. Entonces el rol de los trabajadores es altamente significativo, porque si los trabajadores no tienen compresión y conciencia de esta situación, terminan siendo funcionales de los intereses de las empresas. Porque las empresas, como hacen ahora las petroleras, van en la busca de la renta extraordinaria permanentemente. Si no la obtienen, van directamente a apretar a los trabajadores.  Dicen: “bueno, si a nosotros no nos dan un mejor precio, estamos obligados a cerrar pozos y resulta necesario suspender gente”. Entonces la gente reacciona rápidamente, dándole la razón a la empresa sin pensar, porque lo que pretende es defender su fuente de trabajo.

Por eso ante el modelo de flexibilización [laboral] de este gobierno que encabeza Macri, y que pretende desarrollar hacia todos los obreros, es muy importante no quedarse en una actitud economicista en el ámbito de movimiento obrero. Es imprescindible y necesario tener una mirada más elevada, porque esto no se resuelve con un aumento salarial o con una apertura de paritarias -siendo importante-, sino que es imprescindible y necesario tener un posicionamiento en términos políticos y gremiales más contundente, más claro.

-¿Cómo podría avanzarse hacia esa soberanía energética?

La primera decisión tendría que ser suspender todo tipo de exportación de petróleo: no tenemos petróleo para abastecer el mercado interno, no tenemos por qué exportar. Si no se puede refinar, deberíamos discutir por qué no se hace la inversión, si recién acabamos de condonar deudas a las eléctricas por 19 mil millones,  bueno todo, ese dinero se ve que lo tenemos.

Después, declarar servicio público todo lo que es servicio público y que hoy no está declarado: la transmisión, generación y la distribución de energía. Por haberse declarado solo la generación de interés general, las únicas que se benefician son las empresas termoeléctricas, de las cuales el 60 % está en manos de privadas.

Tercero, una intervención del Estado con poder de decisión para la planeación y ejecución de la política energética que tenga como objetivo resolver el problema del acceso de todos los ciudadanos argentinos a la energía. Esto no significa establecer la gratuidad. En esa línea, comenzar a planificar algo que no se resuelve de un día para otro, es el tema de la diversificación de la matriz energética.

Y luego una integración de carácter regional en función de los intereses y la necesidad de los pueblos, no de los gobiernos, y menos aún de los grupos multinacionales. En términos energéticos esto resulta imprescindible.

 

Ver también

“No se ha profundizado en el efecto transformador social que tiene la energía renovable”, entrevista a Enrique Martínez ex director del INTI

“Si el sistema energético no mejora la calidad de vida, estamos en un problema”, Entrevista a Pablo Bertinat de Taller Ecologista

Serie de artículos “Alternativas para la Soberanía Energética” producidos por el OPSur con el apoyo de la Fundacion Rosa Luxemburgo con fondos del BMZ.
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Estigmatización y persecución al pueblo mapuche

La lucha indígena no es delito. Estigmatización y persecución al pueblo mapuche

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Las organizaciones e instituciones firmantes manifiestan su profunda preocupación por el tratamiento de los reclamos de diversos miembros e instituciones del pueblo mapuche.

Recientemente se ha dado a conocer un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación en el que bajo el eufemismo “revalorización de la ley penal” coloca a las reivindicaciones territoriales mapuches de las provincias de Neuquén, Rio Negro y Chubut como amenazas para la seguridad social.

A esto se suma la denuncia por la actuación de un miembro de la Agencia Federal de Inteligencia que se encuentra procesado por la Justicia Federal por espiar actividades lícitas de la población recopilando datos prohibidos por la ley de inteligencia referidos a reclamos indígenas y a vecinos que se oponen a la “megaminería”. Además, cabe destacar los intentos de aplicar la ley antiterrorista.

También se suman los dichos del gobernador de Chubut Mario Das Neves en conferencia de prensa el 14 de noviembre exigiendo la renuncia del juez Federal con asiento en Esquel, Guido Otranto. Das Neves exige la renuncia de Otranto porque el juez declaró la nulidad del proceso contra el Lonko Facundo Jones Huala, autoridad mapuche que enfrentó un pedido de extradición por parte del gobierno chileno.  La medida judicial fue fundamentada en las graves violaciones a garantías constitucionales penales del imputado y la normativa vigente de derechos humanos por parte de la Policía Provincial.

 En la conferencia de prensa, Das Neves declaró: “No queremos jueces federales que actúen en connivencia con delincuentes”. Lo hizo en alusión al pueblo mapuche, explicitando expresiones de corte racista y estigmatizador, en abierta oposición a la letra y el espíritu del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. Responsabilizó además a comunidades mapuches de incendios sin aportar ningún tipo de pruebas ni denuncia en la sede correspondiente.  Para agravar la situación, desde su investidura instó “a la gente que reaccione, que no permita, por más que sea un juez, llevar a cabo este tipo de acciones adelante”.

La gravedad de las declaraciones, por la intromisión del gobernador en actuaciones del Poder Judicial de la Nación, representa una afrenta contra el estado de derecho y la elemental división de poderes sobre la que se asienta nuestra república y el sistema democrático. Consideramos que los dichos no solo atentan contra la dignidad del pueblo mapuche y la investidura de un juez federal sino que tiene por objeto encubrir el accionar delictivo de las fuerzas de seguridad chubutenses.

Organizaciones e instituciones firmantes Organizaciones e instituciones firmantes Abogados y Abogadas de Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)
Amnistía Internacional
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)
Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena (AADI)
Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), Formosa
Asociación por los derechos de los Pueblos Indígenas (ADEPI)
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
Cátedra Libre de Pueblos Originarios. Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) – Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT)
Comisión Provincial De La Memoria (Provincia de Buenos Aires)
Comisión de Juristas Indígenas en la República Argentina (CJIRA)
Confederación Mapuche de Neuquén
Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas
Consejo provincial de pueblos indígenas del Chubut
Coordinadora Autónoma de Comunidades y Organizaciones Kollas de la Provincia de Salta Cuenca (Qullamarka)
Delegación APDH Noroeste del Chubut
Salinas Grandes Guayatayoc
Fundación REFUGIO (Provincia Salta)
Juan Manuel Salgado, defensor público penal, Trelew. Docente Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Facultad de Ciencias Jurídicas
APDH Esquel Junta Promotora
Lof Mapuche Winkul Newen, Martín Maliqueo
Lof Zapata Rubén Huanque
Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de Salta
Mesa de Pueblos Originarios de la Provincia de Buenos Aires y CABA
Mesa Directiva nacional de APDH
Mesa Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina
Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP)
Organización Córdoba Originaria
Parlamento de Pueblos Indígenas de la Zona Centro
Parlamento Indígena de la zona Centro
Parlamento Mapuche de Río Negro
Programa de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas (JUM)
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Litoral
Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, Tucumán
Servicio de Justicia y Paz (SERPAJ)
Sindicato De Trabajadores Judiciales De Chubut


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Rosario: Persecución por denunciar agroquímicos y transgénicos

Persecución ideológica en la Universidad de Rosario por denunciar los agroquímicos y transgénicos

El decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, RICARDO NIDD, inició una persecución ideológica y académica contra el equipo de docentes, graduados y alumnos que sostienen las materias Salud Socioambiental y Práctica Final, reconocidos espacios que acompañan a pueblos y familias víctimas del modelo agropecuario dominante (con transgénicos y agroquímicos). Detrás del Decano aparecen funcionarios provinciales y empresas del agronegocios.

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El equipo de docentes coordinado por Damián Verzeñassi, de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR, desarrolla desde hace 6 años un experiencia inédita para las universidades de Argentina: campamentos sanitarios que relevan la situación de pueblos y ciudades (cientos de estudiantes se instalan durante una semana en los lugares y censan a la población). Estos campamentos (que ya van 27 se han transformado en una prueba académica-científica contundente sobre las consecuencias del modelo agropecuario. Esto molesta a sectores políticos, transnacionales del agro y, vaya contradicción, autoridades de universidades públicas.

Desde hace algunos meses el equipo de Salud Socioambiental y Práctica Final (coordinados por Verzeñassi) sufre presiones por parte del decano, Ricardo Nidd. La escalada tuvo su pico la semana pasada, cuando echó de su cargo de Secretario de Extensión Universitaria de la facultad, al profesor adjunto de la Práctica Final, Gastón Palacios, quien días antes había difundido en medios de comunicación resultados de los campamentos sanitarios. Y también echó de la Subsecretaría de Bienestar estudiantil, a la co-responsable de la materia Salud Socioambiental (desde donde se garantiza la inclusión de estos temas en la currícula médica), Giovana Bonisoli. En este caso, el decano incluyó agravios misóginos y machistas. Estos hechos generaron la renuncia de otros miembros del Gabinete de la Facultad, que no aceptaron semejante persecución.

Otro hecho que ilustra el accionar del decano Nidd: mandó a cerrar con cadenas y candados el ingreso a la oficina donde está toda la información de los campamentos sanitarios (prueba muy valiosa sobre la situación sanitaria de 27 pueblos y ciudades de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires). Se impidió el acceso a todo docente de las materias a cargo del campamento. Esta escalada de persecución académica se dio mientras Verzeñassi participaba del histórico Tribunal Internacional Monsanto, en la ciudad de La Haya, Holanda (para lo cual debió hacer uso, para viajar, de su licencia anual ordinaria adeudada).

El decano Nidd mantuvo reuniones con sectores vinculados al gobierno provincial y les habría ofrecido la coordinación de la materia Práctica Final y con ello de los campamentos sanitarios. Tememos que el próximo paso del Decano sea echar a más docentes, no renovando sus designaciones a fin de año, y pretender desmantelar el Instituto de Salud Socioambiental y los campamentos sanitarios.

Desde el Instituto de Salud Socioambiental, y las materias Salud Socioambiental y Práctica Final trabajamos en un proyecto de universidad abierta, democrática, con excelencia académica y, por sobre todo, al servicio del pueblo, dentro del cual los campamentos Sanitarios se han transformado en una herramienta muy importante y de reconocimiento internacional. Los datos recolectados en los campamentos sanitarios han logrado evidenciar los cambios en los perfiles de morbimortalidad de nuestra región, desde hace veinte años sometida a un proceso de envenenamiento constante a partir de la incorporación de los organismos genéticamente modificados (OGM -transgénicos-). Se logró evidenciar el impacto de semejante proceso en los ciclos vitales de los vecinos expuestos al agronegocio.

Los docentes, graduados y estudiantes no tenemos dudas sobre el rol de la universidad pública: estar al servicio del pueblo, libre de presiones del poder político y/o de las corporaciones. Lamentablemente, esta manera de defender la universidad pública, de construir datos epidemiológicos desde y con las comunidades, de difundir los resultados que son propiedad de la gente y de nadie mas, ha puesto en crisis muchos intereses empresarios y políticos. Y las presiones han recrudecido en los últimos meses. Somos testigos de autoridades provinciales que se incomodan con nuestro trabajo y sugieren que lo ideal para la Facultad es que silenciemos los resultados de los campamentos sanitarios. Lo mismo han hecho representantes de la agroindustria. Y funcionales han sido actores internos de la política universitaria, que se dicen “revolucionarios” y actúan con las entidades patronales del agronegocios.

Se nos acusa de hacer públicos los resultados de los campamentos. Se nos acusa de viajar (aun cuando lo hacemos en nuestro período de licencia ordinaria) con el objetivo de difundir la situación sanitaria de nuestros territorios en otros países. Se nos acusa de ser coherentes con los principios de la Reforma Universitaria.

Ante la rápida, genuina y masiva respuesta de solidaridad, llegadas desde todos los rincones del país y de América Latina, en estos momentos las cadenas de la oficina han sido retiradas. No obstante lo cual se sigue sin poder acceder con la libertad que un ámbito universitario lo requiere. Nos preocupa el futuro de los Campamentos Sanitarios, la posible intervención del Decano contra el Instituto de Salud Socioambiental, así como la continuidad en sus cargos de nuestros docentes.

Las muestras de solidaridad recibidas nos fortalecen y confirman nuestras convicciones. Seguiremos trabajando con el horizonte puesto en el cuidado de la salud de nuestros ecosistemas.

Seguiremos luchando por una universidad democrática al servicio del pueblo y no de las corporaciones ni de los gobiernos.

Hoy, como ayer, “los dolores que quedan son las libertades que faltan”.

Rosario, 5 de noviembre de 2016

Integrantes del equipo del Instituto y Materia Salud Socioambiental y de la Práctica Final de la Carrera de Medicina de la Facultad de Cs Médicas de la UNR.

www.facebook.com/saludsocioambiental.fcmunr/


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Última Frontera

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Informe sobre políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina:

Promovida fuertemente por EE.UU, la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países del continente, a pesar de que ninguno de ellos posee un conocimiento integral de sus riesgos. Ante esto, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking pretende generar un debate y sensibilización sobre sus impactos, por medio de la publicación de este informe que desarrolla una línea de base del estado de avance de esta técnica en la región.

A través de estas páginas abordamos la situación en seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México. En cada caso, se analiza: el contexto energético del país; las políticas públicas para promover y regular el fracking; los impactos sociales, ambientales y económicos ocasionados por esta técnica en la población, en sus derechos humanos y en los territorios; y las estrategias de incidencia, movilización y resistencia desplegadas en cada país. El informe finaliza con una síntesis de conclusiones y recomendaciones a la luz del análisis y reflexión sobre los diferentes casos estudiados.

Nuestra exigencia por la prohibición del fracking no es un fin en sí mismo. Queremos contribuir a instalar la discusión sobre un urgente cambio en el modelo energético de nuestra región, hacia uno que sea sostenible y socialmente más justo. Consideramos que en las formas de producción, distribución y consumo de la energía se refleja el sistema de relaciones sociales injusto y profundamente desigual en nuestra región. Es ese el arreglo social, político y económico que la persistencia del fracking reproduce. Es eso lo que queremos cambiar.

Ver/Descargar el Informe


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Denuncian presiones contra el juez que negó la extradición de Facundo Jones Huala

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, publicó un comunicado en que denuncia calumnias y descalificaciones públicas al juez Federal de Esquel, Guido Otranto, por parte del Gobernador de Chubut y otros funcionarios. El 1 de septiembre Otranto anuló el pedido de extradición de Chile en contra del Lonko Facundo Jones Huala y determinó su libertad. 

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El comunicado de la APDH sostiene que el Juez Otranto fue amenazado con un Jury de Enjuiciamiento, una suerte de juicio político por negar la extradición de la autoridad mapuche. Según la Asamblea, el Juez Federal sufre esta persecusión política por “mantener su independencia jurídica, a través de un respeto irrestricto a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos”. “El Juez Otranto, desde una concepción humanista y democrática, no acepta reprimir la protesta social de trabajadores, aplicar la ley antiterrorista al pueblo Tehuelche-Mapuche y extraditar a Chile al Lonko Facundo Jones Huala”, agrega el comunicado que reproducimos a continuación.

Solidaridad con el Juez Federal de Esquel, Guido Otranto

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, se solidariza con el Juez Federal Guido Otranto  y repudia las calumnias y descalificaciones  públicas, de que ha sido objeto,  por parte del Gobernador del Chubut Mario das Neves, y otros funcionarios de su gobierno, quienes lo han amenazado con un Jury de Enjuiciamiento y su destitución por mantener su independencia jurídica, a través de un respeto irrestricto a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos.

 La persecución a Guido Otranto no es ajena a la embestida política del Gobierno Nacional contra la Procuraduría Fiscal de la Nación ,  los Jueces Federales , el acoso a abogados en casos de Lesa humanidad y  la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En la provincia del Chubut el avasallamiento de la independencia de poderes se reproduce con la permanente ingerencia del Ejecutivo en la nominación de magistrados , en el accionar  del Concejo de la Magistratura, en la presión ejercida contra el Jefe de Defensores Públicos Pérez Galimberti y  en la última nominación al Superior Tribunal de Justicia .

El Juez Otranto, desde una concepción humanista y democrática, no acepta reprimir la protesta social de trabajadores, aplicar la ley antiterrorista al pueblo Tehuelche-Mapuche y extraditar a Chile al Lonko Facundo Jones Huala. No acepta, además, que se espíe a ciudadanos chubutenses y que se torture a testigos en causas judiciales.  No acepta, por último, que se utilice la violencia para dirimir un conflicto  entre pueblos originarios y la empresa La Trochita que atraviesa sus territorios ancestrales.

La A.P.D.H manifiesta su firme intención de defender la Independencia de la Justicia como valor fundamental de la convivencia democrática y en defensa de la Constitución Nacional y valora que haya funcionarios dispuestos a defender el Estado de Derecho y garantizar la dignidad de todas las personas por igual, al margen de ideologías o de pertenencias culturales.

MESA DIRECTIVA NACIONAL,  ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS

C.A.B.A., Octubre 25 de 2016

Más Información

Facundo Jones Huala es liberado en Argentina y no será extraditado a Chile


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Sobre cacheos y libertad de prensa en Dakota del Norte

Por Amy Goodman y Denis Moynihan
El lunes fue un frío y ventoso día de otoño en Dakota el Norte. Bien temprano en la mañana nos apostamos frente al Tribunal del Condado de Morton, en Mandan, para emitir en vivo el noticiero de “Democracy Now!”. En principio, la locación fue dictada por los horarios que nos imponían las autoridades locales. Yo había sido acusada de invasión de propiedad privada por la cobertura que realizamos acerca del violento ataque que la compañía responsable de la construcción del oleoducto Dakota Access llevó a cabo contra miembros de comunidades originarias que intentaban impedir la destrucción de sitios sagrados, entre ellos, cementerios ancestrales ubicados justo al norte de la Reserva Sioux de Standing Rock.
Los guardias del oleoducto hicieron uso de gas pimienta y perros de ataque contra estos defensores de la tierra y el agua. En un video de “Democracy Now!” se puede observar a uno de los perros con el hocico cubierto de sangre. El video fue ampliamente difundido y, contando únicamente Facebook, fue visto catorce millones de veces. Cinco días después, Dakota del Norte emitió la orden de arresto en mi contra.
Cuando uno cumple una orden de arresto, debe presentarse en la cárcel aproximadamente a las ocho de la mañana, si se tiene la esperanza de ver a un juez ese mismo día y evitar así pasar la noche en la cárcel. Es por eso que programamos emitir en vivo entre las siete y las ocho de la mañana, para luego presentarnos en la cárcel a las ocho a fin de que se realizara el procedimiento necesario en la cárcel y enfrentar luego el cargo por invasión de propiedad privada en el juzgado.
Para nuestra sorpresa, al llegar a Bismarck el viernes, nos enteramos de que el fiscal, Ladd Erickson, había retirado el cargo por invasión de propiedad privada y había presentado otro por “disturbios”. Quedamos desconcertados. En un correo electrónico enviado al fiscal y a nuestro abogado defensor, Tom Dickson, el juez John Grinsteiner redactó: “Las nuevas demandas, escritos y requerimientos de comparecencia son bastante extensos y los voy a estudiar para determinar si constituyen indicios razonables de delito el lunes cuando vuelva a mi despacho”. Varios abogados familiarizados con el derecho penal de Dakota del Norte nos dijeron que los jueces casi nunca desestiman una demanda presentada por la fiscalía. La lectura de cargos se fijó para las 13:30, hora local, del lunes.
Pasamos el fin de semana informando acerca del controvertido oleoducto Dakota Access, con la amenaza del cargo por disturbios siempre presente. El oleoducto de más de 1.700 kilómetros de extensión y 3.800 millones de dólares de costo está diseñado para transportar casi 500.000 barriles de crudo desde yacimientos petroleros de Dakota del Norte hasta Illinois, y desde allí hasta el Golfo de México. Es por ello que miles de personas se han instalado en los campamentos de resistencia ubicados cerca del lugar previsto para que el oleoducto Dakota Access pase por debajo del río Missouri. Si hubiera un derrame en ese lugar, se contaminaría el agua potable para el suministro de millones de personas río abajo.
El sheriff del condado de Morton, Kyle Kirchmeier, dirige la cárcel de Mandan y es responsable del trato que reciben las personas que son ingresadas allí. Con el aumento de las manifestaciones de protesta registrado en los últimos seis meses, Kirchmeier y los fiscales locales vienen presentando cargos de mayor gravedad contra los protectores de la tierra y el agua, incluso cada vez más cargos por delito grave. Hasta el momento, más de 140 personas han sido arrestadas. Aquellos con quienes hablamos nos informaron acerca de un detalle impactante: al ingresar a la cárcel, todos fueron sometidos a un registro al desnudo durante el cual fueron obligados a ponerse en cuclillas y toser para demostrar que no tenían nada escondido en su cavidad anal y posteriormente se los obligó a vestirse con overoles naranjas. El jefe de la tribu sioux de Standing Rock, Dave Archambault, una pediatra de la reserva, la Dra. Sara Jumping Eagle, y la actriz Shailene Woodley, protagonista de las películas “Divergente” y “Snowden”, entre otras, fueron sometidos al mismo trato.
Le preguntamos al jefe Archambault si los registros al desnudo eran comunes para los acusados de delitos menores. “No sabría decir, porque fue la primera vez en mi vida que me arrestaron”, respondió. Por su parte, la Dra. Jumping Eagle comentó: “Me hizo pensar en mis ancestros y en lo que tuvieron que pasar”. La actriz Shailene Woodley nos dijo: “Nunca se me pasó por la mente que por intentar proteger el agua limpia para garantizar un futuro en el que nuestros niños tengan acceso a un elemento esencial para la supervivencia humana me desnudarían para cachearme. Estaba en shock”.
Cuando nos preparábamos para ingresar al juzgado para la lectura de cargos a las 13:30 horas del lunes, unas 200 personas realizaron una marcha en apoyo a la libertad de prensa y en demanda de que se retiraran los cargos. Unos 60 agentes de policía antidisturbios formaron un cordón policial en una demostración de fuerza innecesaria frente a una concentración pacífica y amenazaron con arrestar a todo aquel que osara atravesarlo. Fue entonces que nuestro abogado trajo las novedades: el juez se negó a dar curso al cargo por disturbios. La causa fue desestimada y logramos así una importante victoria para la libertad de prensa.
La prensa libre debería centrarse ahora en dar una intensa cobertura a la resistencia en Standing Rock, un frente crucial de la lucha a nivel mundial para combatir el calentamiento global y lograr justicia climática. Los pueblos originarios y sus aliados no indígenas se enfrentan al poder empresarial amparado por el Estado con fuerzas policiales cada vez más militarizadas. No se debería recurrir a la criminalización y humillación de los defensores de la tierra y el agua ni al arresto de periodistas para allanarle el camino a este oleoducto.
(Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org)Fuente: ALAI
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no al fracking en colombia

Detengamos la represión a la comunidad de San Martín, Cesar

no al fracking en colombiaSolidaridad con la lucha contra el fracking en Colombia

Comunicado a la opinión pública

Reunida en Quito, en el marco de su Asamblea General y la celebración de sus 20 años de existencia, la red internacional Oilwatch -conformada por organizaciones sociales, comunitarias y ambientalistas de Asia, África y América Latina- expresa su preocupación por la situación de las comunidades de San Martín (departamento del Cesar, Colombia), que enfrentan un proyecto de fracking a cargo de la empresa ConocoPhillips, y sobre las cuales se cierne una fuerte amenaza de represión y criminalización.

Los hechos:

De acuerdo a información proveniente de medios de comunicación y a denuncias de la comunidad,

1. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) suscribió con las empresas ConocoPhillips y CNE Oil & Gas, filial de Canacol Energy, un contrato para explorar y explotar Yacimientos No Convencionales mediante la técnica del Fracking en el bloque VMM-3, que comprende, entre otros, el municipio de San Martín, Cesar.

2. Desde que la comunidad conoció este proyecto, hace algunos meses, se han adelantado acciones pacíficas para defender el agua y el territorio de San Martín frente a la agresiva técnica que se busca utilizar para extraer petróleo. De hecho, ya son tres las marchas masivas realizadas por los pobladores que muestran el rechazo generalizado al proyecto petrolero. Y desde hace varias semanas realizan dos plantones pacíficos en el corregimiento de Cuatro Bocas, para demostrar su rechazo al ingreso de la maquinaria para la perforación del Pozo Pico Plata 1.

3. Aunque las expresiones sociales han sido masivas y contundente, se sigue desconociendo y desvalorizando la decisión popular, negando el derecho a la participación, la protesta y rechazando el diálogo como forma de resolver este conflicto.

4. Son varias las acciones jurídicas y los mecanismos de participación que las organizaciones locales, representadas por Cordatec, han realizado para denunciar las irregularidades que se han cometido para la implementación de este proyecto.

5. Aunque las acciones realizadas por los pobladores están en el marco de la ley y en respeto a la Constitución colombiana, se ha solicitado, por parte de la autoridad local, la presencia del Escuadrón Movil Anti Disturbios (Esmad), reconocido por su agresiva intervención en otras regiones del país.

Por todo lo anterior solicitamos:

Al gobierno colombiano: 1. El respeto a la integridad, el derecho a la protesta y los derechos humanos de los habitantes de San Martín y representantes de Cordatec, que se encuentran movilizados para defender su territorio.

2. La suspensión inmediata del proyecto de fracking en la región del sur del Cesar, haciendo uso del Principio de Precaución, dadas las nefastas consecuencias que está provocando en los países donde se vienen impulsando; y por el contrario, realizar estudios e investigaciones independientes que permitan evaluar las implicaciones que tendría la utilización de esta técnica.

A las autoridades locales y regionales 1. Desarrollar acciones para brindar garantías de la protección de los derechos fundamentales de sus pobladores.

2. Abrir espacios de diálogo entre los pobladores y las autoridades para debatir sobre las implicaciones que podría tener este proyecto en la región y liderar la protección de los territorios.

A los entes de control: 1. Constituirse en garante de los derechos humanos de los pobladores de San Martín y mantener su acompañamiento para evitar acciones violentas que lesionen la integridad de las comunidades locales.

A la comunidad nacional e internacional: 1. Para que se solidaricen y acompañen la lucha en defensa del territorio que realizan los pobladores de San Martín y su organización CORDATEC

A los medios de comunicación 1. Para que informen con imparcialidad y objetividad a la opinión pública sobre lo que está sucediendo en San Martín.

OILWATCH INTERNACIONAL Quito, 18 de octubre de 2016