Tag Archives: Criminalización y represión

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RNMA: Comunicado en repudio a la detención arbitraria de una comunicadora de Radio Kermés de La Pampa

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La Red Nacional de Medios Alternativos se solidariza con la periodista Cintia Alcaraz, integrante de Radio Kermés, Santa Rosa, La Pampa. Desde la RNMA denunciamos el accionar represivo de la policía provincial en un claro procedimiento que atenta contra la libertad de expresión.

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Según lo relatado por la periodista del medio comunitario, el día viernes 22 de abril de 2016, cerca de las 21.00, presenció la detención brutal de dos mujeres junto a dos niños. Ante la consulta sobre el desborde del operativo, un agente le respondió que ellos hacían lo que querían, y al momento de tomar audios y fotos con su celular, se lo arrebataron argumentando una supuesta prohibición de filmar un operativo policial. Posteriormente, tras forcejeos, la subieron a un móvil policial para llevarla detenida.

La situación irregular continuó en la comisaria 3ª. Durante dos horas la periodista no tuvo acceso a realizar una llamada teléfonica, ni contó con asistencia legal pública; la misma suerte corrieron las dos madres y sus hijos.

La movilización de distintos periodistas, medios y organizaciones sociales y políticas posibilitó su liberación, aunque sería imputada por obstrucción del accionar policial.

Los medios dedicados a la comunicación alternativa, comunitaria y popular somos blanco de innumerables acciones de características similares y mucho peores: somos reprimidos y hasta baleados con plomo, como ocurrió con dos integrantes de la RNMA en un intento de desalojo de la Sala Alberdi, en la Ciudad de Buenos Aires. En general, para la prensa tradicional, estas noticias carecen de importancia. Por eso creemos en la necesidad de repudiar con energía situaciones como la que vivió Alcaraz, pero también como la que vivieron las dos mujeres y sus niños.

Estas medidas represivas van en consonancia con el recientemente aprobado Protocolo de Protestas Sociales, una normativa de sesgo claramente antidemocrático que atenta contra derechos constitucionales de nuestro pueblo: el derecho a la protesta social, a la libertad de prensa y el derecho a informar. El argumento que sostiene que la actividad periodística puede interferir  en el accionar represivo solo se comprende dentro de la creciente  preocupación de las fuerzas de seguridad en búsqueda de que no quede registro de su  accionar, tal y como ha sucedido en este grave hecho contra la periodista Cintia Alcaraz.

Hacemos un llamado categórico a denunciar estos hechos y a poner fin a estas políticas represivas contra los medios del campo popular, sus comunicadores y comunicadoras, que seguiremos registrando estas detenciones arbitrarias de las fuerzas de seguridad, aunque intenten impedirlo.

Argentina, 24 de abril de 2016

Red Nacional de Medios Alternativos –  rnma.org.ar estamos en: facebook /  twitter /  youtube


fracking puebla

La Fracturación Hidráulica en la Sierra Norte de Puebla

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fracking puebla

Dados los nuevos retos que la Reforma Energética genera y el impulso que la misma da a la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la fractura hidráulica, han surgido por todo el país voces de alarma ante las implicaciones que esta actividad supondrá para los territorios, el medio ambiente y los derechos humanos en México. Entre las zonas que se verán directamente afectadas por esta actividad se encuentra la Sierra Norte del estado de Puebla, en la cual ya se han entregado áreas para la exploración de petróleo y gas en yacimientos de lutitas, es decir, en yacimientos no convencionales.

Es ante este contexto que surgió la necesidad de llevar a cabo una investigación sobre la fracturación hidráulica en esta zona, que permita a la población contar con mayor información sobre el uso de la fracturación hidráulica. Los datos recabados permitieron conocer que: I) los pozos han sido fracturados mediante esta técnica en la región, aunque no podemos conocer por el momento si se trata de yacimientos convencionales o no convencionales; II) las áreas que ya han sido otorgadas a Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte de la Ronda 0 de la Reforma Energética, para la exploración de yacimientos no convencionales en la Sierra Norte; y III) los planes de la Secretaría de Energía (Sener) para entregar nuevas áreas para esta actividad a empresas privadas y públicas, como parte de la Ronda 2 y la Ronda 3 de licitaciones que se realizarán en los próximos años. Los municipios afectados incluyen territorios de comunidades campesinas e indígenas de los pueblos nahua, totonaco, otomí y tepehua.

La situación revelada por el diagnóstico realizado, cuyos hallazgos se presentan de manera detallada a continuación, indica la necesidad de comenzar a planear y llevar a cabo estrategias de defensa de la Sierra Norte dados los efectos que tendrá para la región la intensificación de la fracturación hidráulica. En este sentido, es imprescindible que la población de los 35 municipios potencialmente afectados por esta actividad en la Sierra cuenten con esta información y puedan llevar a cabo acciones organizativas y preventivas. Igualmente importante es que los resultados de la investigación sean conocidos por la población de otros municipios de Puebla y de otros estados, la cual -de llevarse a cabo el uso intensivo de la fracturación hidráulica- verá dramáticamente afectada la disponibilidad y calidad del agua que consume dado que existen cuencas hidrográficas comunes. Por último, esta información es valiosa como un primer paso que permite dimensionar los impactos negativos que la Reforma Energética y la explotación de gas y petróleo no convencional tendrán en México, los cuales son fundamentales para dar más elementos que permitan prohibir esta técnica en nuestro país.

Aroa de la Fuente y Manuel Llano, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Consejo Tiyat Tlali Alianza Mexicana contra el Fracking

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Foto// Luis Ibarra, FM Génesis (Morillo)

Morillo: Las heridas que el gasoducto pone al descubierto

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Muertes bajo custodia policial, asesinatos y desapariciones

A medida que avanza la traza del Gasoducto del NEA, proyectado por Enarsa para extender la red de gas al noreste del país, se desnudan tensiones sociales y disputas de poder en los territorios que atraviesa. Primero fueron las protestas de comunidades pilagá de Formosa por promesas incumplidas por la contratista Techint, en marzo se sumó la sospechosa muerte de Pablo Moreno, referente piquetero que estaba preso en la comisaría de Tartagal, en el norte de Salta. Moreno había sido detenido junto a un grupo de desocupados de Morillo tras enfrentarse con la policía cuando reclamaba puestos de trabajo a la compañía Vertúa SA, encargada de ejecutar un tramo de la obra.

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Reclaman  justicia en las calles de Morillo. Foto// Luis Ibarra, FM Génesis.

Por Hernán Scandizzo

El 18 de marzo Pablo Moreno murió mientras lo trasladaban desde la Comisaría 45 de Tartagal hacia el hospital de esa localidad, ubicada en el norte de Salta. Según el informe de la médica Martina Gómez, del Centro de Investigaciones Fiscales de Orán, el deceso se produjo por broncoaspiración, durante un ataque de epilepsia. Pero los familiares y la abogada defensora, Sarah Esper, afirman que fue asesinado, y sostienen que el intendente de Morillo, Atta Gerala, está vinculado. Cabe destacar que Gerala fue recientemente procesado por malversación de fondos, en el Concejo Deliberante local se estudia su destitución y a nivel provincial se evalúa la intervención del municipio.

Los familiares del referente piquetero sostienen que en varias oportunidades había sido amenazado por la policía: “te vamos a sacar en bolsa de la cárcel”. Pascual Moreno recordó, en declaraciones al portal de noticias El Intransigente, que su hermano le había contado en una carta que cuando intentaba recurrir a la Justicia, la fiscal le decía siempre: “Dejá de joder, no hagas denuncia por los derechos humanos porque vos no tenés derechos”.

El mismo día que murió Pablo Moreno desapareció en Morillo Claudia Campos, de 16 años, joven militante campesina, sobrina de Lucía Ruíz, una opositora al intendente Gerala. Claudia fue encontrada muerta en un camino del monte. Según El Intransigente, los lugareños atribuyen el asesinato a la narco política. Ambas hechos rompieron la tranquilidad aparente de ese pueblo de casas bajas y calles polvorientas, donde viven unas 6 mil personas, y que recientemente fue visitado por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri. El 27 de marzo más de 2 mil marcharon pidiendo justicia para Campos y Moreno, e incluyeron en sus reclamos a Lisandra Albornoz, de 14 años, desaparecida desde noviembre de 2014, y a Antonia Sosa, de 24 años, que fue encontrada muerta en el paraje Los Baldes.

Trabajo y represión

Pablo Moreno estaba detenido desde octubre de 2015 en Tartagal, sindicado como uno de los responsables de los incidentes producidos durante el reclamo de trabajo a la empresa Vertúa, a cargo del tendido del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) entre las localidades salteñas Campo Durán y Capitán Juan Pagés. La obra va mucho más allá del territorio salteño, atraviesa también las provincias de Formosa, Santa Fe, Chaco, Corrientes y Misiones. Según sus promotores, los 4000 kilómetros de cañerías permitirán abastecer de gas a 3,4 millones de personas, para su realización se presupuestó una inversión de 28 mil millones de pesos y sus tramos son ejecutados por una decena de empresas.

 Foto// Luis Ibarra, FM Génesis (Morillo)
Pablo Moreno. Foto// Cuarto Poder.

Cuando Vertúa SA desembarcó en Morillo las expectativas de empleo crecieron entre los pobladores. Una posibilidad de dinamizar la deprimida economía local, aunque más no sea por unos meses, mientras durara la obra. Lo mismo había sucedido en 2010, cuando la contratista Wicap inició los trabajos de prospección sísmica para la empresa Maxipetrol, concesionaria del área Morillo. Si bien estos proyectos generan preocupación por los impactos que puedan acarrear, ésta es matizada por la necesidad.

En los días previos a la represión, relata la abogada y periodista Mara Puntano en una crónica, “desocupados aborígenes y criollos acamparon [en el ingreso a la empresa Vertúa], esperando ser bendecidos con un trabajo para dar de comer a sus hijos”. El desempleo y la precariedad laboral en Morillo y el resto de los pueblos que se levantan a la vera de la ruta nacional 81, en el chaco salteño, se conjuga con la concentración de tierras por parte de empresarios agroindustriales, que se llevan las ganancias hacia otras latitudes. En tanto en las pequeñas localidades y parajes cercanos a la frontera con Formosa queda la pobreza extrema, repartida entre el campesinado criollo y las comunidades wichí.

En 2013 el programa televisivo Periodismo Para Todos, conducido por Jorge Lanata, emitió un informe sobre casos de desnutrición en el chaco salteño que generó gran revuelo mediático. Incluso el Gobierno salteño reconoció en el Anuario Estadístico 2012 que más del 10% de los chicos de la provincia, de entre uno y cinco años, tiene problemas de desnutrición. La situación, incubada durante décadas de despojos y pobreza estructural, poco cambió en el tiempo transcurrido desde que aquellas noticias que asaltaron las pantallas.

Según una fuente que el periódico El Intransigente no identifica, la situación para la empresa “es muy complicada”, porque en el tramo Campo Durán – Capitán Juan Pagé existen 174 comunidades indígenas, “todos quieren sacar algo de plata del gasoducto y los números se te van a las nubes”. “El gasoducto no puede tomar más de 400 personas, porque no hacen falta más trabajadores, es por eso que mientras el gasoducto va avanzando se va tomando gente, pero se va despidiendo a otras, pero nadie quiere darse por despedido, nadie quiere dar el espacio para que entren los nuevos. Todos los días hay problemas”, sostenía el anónimo en declaraciones al medio digital, exculpando responsabilidades de la empresa pero también de las autoridades públicas en situación que atraviesa la región, y centrando la conflictividad en que “nadie quiere darse por despedido”.

Aquella mañana de fines de septiembre el reclamo en el acceso al obrador de Vertúa fue reprimido por la Guardia de Infantería, que irrumpió con bastones, balas de goma y gases lacrimógenos contra hombres, mujeres y niños. En ese marco dos policías resultaron con quemaduras tras ser alcanzados por combustible en llamas y las instalaciones de la empresa sufrieron cuantiosos daños. “Normalmente, la policía de Salta aplica la extrema mano dura para los trabajadores desocupados que reclaman trabajo”, afirma  Puntano, en una nota publicada por la Agencia de Noticias Copenoa. “Esta no fue la excepción, máxime cuando en el enfrentamiento resultaron lesionados policías. Golpes en la detención, golpes en la comisaría de Tartagal, a 360 km de Morillo, y por supuesto, amenazas de todo tipo sufrieron los detenidos”, destacó.

A fines de octubre la fiscal penal de Embarcación, Lorena Martínez, había elevado al Juzgado de Garantías de Tartagal un requerimiento para enjuiciar a los once piqueteros detenidos tras la protesta. Tres de ellos –entre los que se contaba Moreno- imputados por tentativa de homicidio, coacción agravada y daños, y los restantes por coacción agravada, daños y lesiones.

Según El Intransigente, la demanda de trabajo a Vertúa estuvo atravesada por una feroz interna entre dirigentes del Partido Justicialista local protagonizada por Atta Gerala, que luego de cuatro años alejado de la intendencia, en diciembre inició su quinto mandato al frente del Municipio de Morillo, y la entonces jefa comunal, Marcela Carabajal. El portal digital asegura que Carabajal se había reunido con representantes de la empresa y del gobierno provincial, donde le garantizaron 300 puestos de trabajo para gente del lugar en el tendido del gasoducto. Pero que poco después el secretario de Relaciones Institucionales de Vertúa, Federico Hanne, en acuerdo con Gerala y el senador Mashur Lapad, prescindió de esos trabajadores.

Techint y el conflicto en Formosa

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Foto // Incupo.

Las comunidades Penqole y Qompi, del pueblo pilagá de Formosa, denunciaron que la empresa Techint no cumplió las promesas efectuadas para entrar a su territorio con el tendido del GNEA. Juana Segundo, de la comunidad Penqole, en declaraciones a Página/12 sostuvo que en agosto 2015 les prometieron el pago de canon mensual por utilizar su territorio, el cual, a enero pasado, se había concretado. La comunidad también había solicitado materiales para la construcción de un salón comunitario, pero la obra quedó a medio construir porque obtuvieron cemento, arena y ladrillos, pero faltó el hierro para columnas y vigas. También demandaba la realización del relevamiento territorial, según lo establece la ley nacional 26.160, y viviendas para la comunidad, según el parte de prensa difundido entonces por el Instituto de Cultura Popular (Incupo).

A inicios de noviembre la comunidad denunció en la Justicia al responsable de Techint en la región, Jorge Pellegrini, por delito de “envenenamiento” y solicitó peritajes para que se examinen los residuos arrojados cerca del pozo utilizado por los pilagá para abastecerse de agua.

El accionar de Techint también afectó a la comunidad pilagá Qompi, ubicada en la localidad de Pozo del Tigre. “Nos dijeron que nos correspondía un pago mensual por canon. Y prometieron trabajo para los hombres”, recordó Cipriana Palomo, vocera de la comunidad. En agosto pasado le cerraron el paso a la empresa y exigieron que contrate más personas, y que provea de alambre para los corrales, caños para conexiones de agua y cuatro motosierras. “Sólo entregó algo de alambre y caños”, afirmó Palomo en declaraciones a Página/12 en enero pasado.

  • Fuentes.

Agencia de Noticias Copenoa (Marco Antonio Díaz Muñoz), 01/04/2016. Tartagal: Familiares de joven dirigente asesinada en Morillo marchan pidiendo justicia.

(Mara Puntano), 04/04/2016. Salta, provincia donde protestar pidiendo trabajo se paga con cárcel y muerte: Pablo Moreno de Morillo.

Clarín, 27/01/2015. Morillo, el pueblo pobre donde vivía el chico.

Cuarto Poder, 21/03/2016. Un caso muy turbio.

— 04/04/2016. “Familiares” por Pablo Moreno.

El Intransigente.com (Huaity González), 30/09/2015. Obra gasoducto del NEA: una tierra en guerra.

02/10/2015. Obra Gasoducto del NEA: la empresa repudió los hechos de violencia en Salta.

(Huaity González), 07/10/2015. Gasoducto del NEA: Nuevas evidencias contra la intendente Carabajal.

— 02/11/2015. Enjuiciarán a los piqueteros que quemaron a policías en Morillo.

— 28/03/2016. 2000 personas marcharon en Morillo pidiendo justicia.

— 01/04/2016. Salta: el hermano de Pablo Moreno habló sobre las amenazas que recibió.

— 04/04/2016. Crítica situación en Rivadavia: no hay paz para Morillo.

El Tribuno, 03/09/2013. La desnutrición alcanza al 10% de los chicos salteños.

— 14/10/2016. Uno de los 8 piqueteros detenidos ayer en Tartagal está acusado de tentativa de homicidio.

Incupo, 31/08/2015. Formosa: las comunidades Pilagá le ponen freno a Techint y Enarsa.

La Izquierda Diario (Mariano Mustafá y Florencia Unquillo), 27/03/2016. Crisis en Morillo: el norte oscuro de Urtubey.

Nuevo Diario de Salta, 22/06/2011. Salta: Reprimidos tras pedir trabajo y frenar desmontes ilegales.

Página/12 (Darío Aranda), 26/01/2016. La multinacional Techint contra los Pilagá.

  • Notas relacionadas

Noticias Aliadas (Diego di Risio y Hernán Scandizzo), 04/11/2010. Avanza explotación petrolera y agroindustrial.

OPSur, 31/03/2010. Tecpetrol en Territorio Wichi: Responsabilidad Social Empresaria y criminalización.

— 09/06/2010. Nuevos coletazos del avance de la frontera hidrocarburífera en Salta.

— 04/11/2010. Dragones: Los dueños de la tierra y el subsuelo.

— 02/12/2010. ¿“Efectos colaterales” del modelo extractivista?

— 02/11/2011. Rivadavia Banda Norte: Comunidad Wichi Lewetes Kalehi, cautiva de la actividad petrolera

Nacional


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09/04 |Bs As: Pensando la transición

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Alternativas de los movimientos sociales frente al cambio climático

Luego de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP21 realizada en París, nos encontramos para reflexionar sobre las alternativas populares de nuestros países frente a los desafíos del cambio climático. Además buscaremos intercambiar sobre el contexto de la lucha socioambiental, con un pensamiento crítico que nos permita salir de los problemas estucturales, pensar las transiciones, apuntalar las alternativas locales y profundizar nuestra propia visión de desarrollo regional en armonía con la madre tierra. 94EB8653A6D04F729C6FFE33EAB8DE70

Cronograma de la Jornada : 10 hs: apertura de puertas, acreditación.

10.30 hs:  Palabras de bienvenida

10.40 hs: Inicio panel 1 – Cambio climático: la COP 21

Cambio climático, COP21 de París desde la perspectiva latinoamericana: los movimientos populares frente a la cumbre de cambio climático.Conclusiones y evidencias ¿Cuál es la negociación de fondo? ¿Es posible dentro del sistema actual llegar a resultados ambiciosos? ¿De dónde puede venir la solución al cambio climático?

Pablo Bergel  (VerdealSur, ex presidente de la Comisión de Cambio Climático de la Legislatura porteña)

Adriana Anzolín (Fundación Biosfera, integrante del Consejo Asesor de la Cuenca del Río Lujan)

11.30 hs: preguntas (10 min)

11.40 hs:  Inicio panel 2 – Neoliberalismo, neodesarrollismo y extractivismo

Neoliberalismo y neodesarrollismos: analizando el modelo extractivo. El discurso del desarrollo. Las consecuencias del sistema en nuestros territorios. Crímenes ambientales. ¿Crisis civilizatoria de agonía o resurgimiento?

Primera parte – minería

                                                                        Integrantes del Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes naturales            

Enrique Viale (Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas)

12.20 hs: preguntas (10 min)

12.30 ALMUERZO (precios populares)

14.00 hs: Continua panel 2 – Neoliberalismo, neodesarrollismo y extractivismo

Segunda parte – energía

Hernán Scandizzo  (Observatorio Petrolero Sur)

Joaquín Turco  (colaborador de la Secretaría de Relaciones Internacionales de CTA A)

14.40 hs: preguntas (10 min)

15.00 hs: Tercera parte: agronegocios

Guillermo Gallo Mendoza

(Fundación Tercer Milenio)

15.20 hs: preguntas (10 min)

15.30 hs:  Inicio Panel 3 – Caminando alternativas

Caminando alternativas: consensos, dilemas y desafíos para los derechos humanos y un desarrollo alternativo. Transiciones. ¿Qué es el desarrollo para nuestros movimientos sociales? ¿Cómo nos organizamos? La tierra y el territorio. Los bienes comunes, el buen vivir y otra economía. El consumo, el consumismo y la calidad de vida.

Jorge Marchini

Eduardo Lucita

(EDI, Economistas de Izquierda)

Cooperativa la Asamblearia y Espacio Intercuencas

16.40: preguntas (10 min)

17 a 18 hs. PLENARIO Y CIERRE

18 hs. Degustación de productos agroecológicos y música en vivo.

Convocan:

Espacio Intercuencas – Cooperativa la Asamblearia – Amigos de la Tierra Argentina

Para adherir a la convocatoria del evento: info@asamblearia.org.ar espaciointercuencas@gmail.com

Los grupos que posean materiales para exponer e instalar deberan concurrir a las

9.30 hs. Por favor reservar espacio escribiendo a agua@amigos.org.ar


campo maripe

Serie documental sonora: Territorio Crudo

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Recorrimos el norte de la Patagonia y los conflictos producidos por el avance de los hidrocarburos no convencionales, a través de los sonidos. Por medio de entrevistas y un panorama sonoro retratamos la realidad de cuatro territorios afectados por el fracking.

Territorio 1: Área Natural Fracturada, Auca Mahuida
Auca Mahuida

Auca Mahuida es un Área Natural Protegida del norte de la provincia de Neuquén. Sin embargo, en su interior hay cerca de 70 pozos petroleros que la afectan directamente y contravienen el objetivo mismo de su creación: conservar a perpetuidad su valiosa flora y fauna patagónica. Estos riesgos se redoblaron en 2013 cuando la francesa Total realizó el primer pozo de fracking, que se convirtió en el primer antecedente de un área natural fracturada en el mundo.

 
Territorio 2: Fuelmapu, Comunidad Mapuche Campo Maripe

campo maripe

Cuando en 2013 YPF y Chevron comunicaron el inicio del proyecto conjunto en Vaca Muerta, omitieron información crucial. Entre otras precisiones nada dijeron en torno a que el área del acuerdo se emplaza directamente en el territorio de un Lof [comunidad] mapuche, llamado Campo Maripe, que desmostró estar asentado hace casi 100 años en esa región de  Puel Mapu [territorio mapuche al este de la cordillera]. Desde entonces, las y los comuneros -en un principio tratados como “criollos” y hoy reconocidos legalmente como mapuche por la provincia del Neuquén luego de una larga lucha- emprenden acciones en pos de la defensa de sus derechos colectivos. Esta es su historia de conflictiva vecindad en medio del Fuelmapu, el territorio empetrolado.

Territorio 3: Mi Vecino Pluspetrol, Valentina Norte Rural
valentina norte En Valentina Norte, el barrio más al oeste de la ciudad de Neuquén, hay poco Estado y mucha empresa. La escuela, los tráileres sanitarios, los eventos sociales, la red de agua, el tendido eléctrico fueron y son financiados por los programas de responsabilidad social empresarial de Pluspetrol. Un barrio público de gestión privada. Un barrio que produce gas y no tiene gas. Ante esta situación los vecinos se organizan para mejorar su calidad de vida. ¿Cómo se “convive” medianera de por medio con un pozo? ¿Cuáles pueden ser los impactos de esta “convivencia”? Las respuestas, que debería dar el Estado, las da, como casi todo, el vecino, Pluspetrol.
Territorio 4: Fruta Amarga, Allen
  allen

La producción de fruta de pepita, centenaria actividad en la zona, está hoy bajo amenaza. Luego de ser librada al azar del mercado, una nueva actividad, más rentable para la provincia de Río Negro, comienza a ganar terreno en el Valle. Es la explotación de gas de formaciones de arenas compactas, que requieren de fracking para su extracción. A partir de una fuerte promoción estatal, mes a mes, las torres van ganando terreno a las chacras, alquiladas por productores económicamente hundidos. Los vecinos han realizado una serie de movilizaciones para evitar los riesgos de esta imposible “convivencia”. Intentan también que la zona más importante de producción de peras y manzanas del país no termine dando una fruta amarga

 


fracking

18/03 | La Paz: Seminario internacional sobre fracking

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fracking

“Daños y riesgos del fracking. Herramientas para prevenirlos y detenerlos. Experiencias de Argentina, Bolivia, México, Francia y Estados Unidos”

Viernes 18 de marzo de 2016, de 8:30 a 13:00 (ingreso libre)

Paraninfo Universitario de la Universidad Mayor de San Andrés (Monoblock Central).

Av. Villazón 1995, Plaza del Bicentenario. La Paz, Bolivia.

El fracking de hidrocarburos no convencionales avanza a ciegas en América Latina.  Los países de la región no conocen los alcances de los riesgos y daños graves e irreversibles en la salud y el ambiente que puede ocasionar esta técnica.  Francia, Holanda o el Estado de Nueva York (EE.UU.), entre muchos otros, han prohibido o declarado la moratoria del fracking en sus territorios. Los países de América Latina, ante los desafíos históricos del calentamiento global, tienen la oportunidad y necesidad de prohibir o declarar la moratoria del fracking para preservar la vida y la salud de las generaciones presentes y futuras.

Programa

Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de AIDA,  Ariel Pérez Castellón, abogado de AIDA, y Waldo Albarracín Sánchez, Rector de la Universidad Mayor de San Andrés, invitan al seminario internacional a desarrollarse en el Paraninfo Universitario de la UMSA, el viernes 18 de marzo de 2016.

(8:30 a 9:00) Registro de participantes.

(9:00 a 9:15) Bienvenida al evento: Waldo Albarracín Sánchez, Rector de la Universidad Mayor de San Andrés.

(9:15 a 9:25) Presentación del objetivo y agenda del seminario: Ariel Pérez Castellón, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

Panel 1 – Operaciones de fracking, sus impactos y resistencias sociales

Modera: Waldo Albarracín Sánchez.

(9:25 a 9:45)  ¿Qué es el fracking? ¿Cuáles son sus principales impactos en la salud pública y el ambiente?: Felipe Gutiérrez Ríos, investigador y comunicador social del Observatorio Petrolero Sur (Argentina).

(9:45 a 10:05) Fracking en Argentina: Felipe Gutiérrez Ríos, Observatorio Petrolero Sur.

(10:05 a 10:25) Fracking en México: Aroa de la Fuente, investigadora de Fundar y Coordinadora de la Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas (México).

(10:25 a 10:45) Hidrocarburos no convencionales en Bolivia: Elizabeth Peredo Beltrán, activista e investigadora del Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo  (Bolivia).

(10:45 a 11:10) Preguntas y comentarios.

(11:10 a 11:20) Descanso.

Panel 2 – Herramientas para prevenir o detener al fracking

Modera: Waldo Albarracín Sánchez

(11:20 a 11:40) Principio de precaución, herramienta legal para prevenir o detener al frackingAriel Pérez Castellón, AIDA.

(11:40 a 12:00) Las prohibiciones del fracking en Francia y el Estado de Nueva York: Hillary Aidun, Licenciada en Ciencias Políticas y candidata a abogacía en la Universidad de Yale (EE.UU.).

(12:00 a 12:20) Preguntas y comentarios.

(12:20 a 12:30) Pronunciamiento de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking: Ariel Pérez Castellón, AIDA.

(12:30 a 12:50) Conclusiones y cierre: Waldo Albarracín Sánchez, Rector de la UMSA.

Más información

Por favor comunícate con Ariel Pérez Castellón: aperez@aida-americas.org

Organizan: La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)  y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA)

Con el apoyo de:

Fundar, Alianza Mexicana contra el Fracking, Observatorio Petrolero Sur, Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, Fundación Heinrich Böll México,Centroamérica y El Caribe, y el Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo


Vecinos de Andalgalá en las escalinatas de Tribunales. Por L.D.

Andalgalá. No habrá paz social hasta que se vayan las empresas megamineras

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El primero de febrero de 2016 llegaron al jardincito que está frente a la Corte suprema, Buenos Aires, vecinos de Andalgalá (Catamarca), se instalaron en la misma plaza Lavalle, sus carpas y pancartas. Hablamos con Sergio Martínez, uno de los pobladores, quien nos comenta sobre la situación de los reclamos contra las mineras.

Vecinos de Andalgalá en las escalinatas de Tribunales. Por L.D.
Vecinos de Andalgalá en las escalinatas de Tribunales. Foto// Lucile Daumas.

Por Lucile Daumas-

L.D. – ¿Podes explicarme un poco por qué estas acá?

S.M. -Estamos acá porque entre vecinos queremos exigir de la Corte de Justicia de la Nación una sentencia que declare la nulidad absoluta del Acto administrativo  0-35/09 que autorizó en Marzo de 2009 la explotación del yacimiento Minera Agua Rica, de propiedad de la empresa Yamana Gold, una canadiense, en Catamarca.

En efecto, el código de minería prevé dos figuras : la Secretaría de minería provincial puede aprobar o rechazar los informes ambientales producidos por las empresas. Pero cuando vieron que el informe producido por la Minera Agua rica era inviable, en vez de rechazarlo, lo aprobaron con condiciones, presentando hasta más de treinta objeciones,  caso que no contempla la ley.

Por eso estamos desde 2009 impugnando este Acto. Quedamos sin respuesta durante nueve meses por lo cual decidimos en enero de 2010 presentar un amparo ambiental ante el juzgado de Andalgalá y la Corte provincial. Pero fue rechazado en todas las instancias provinciales el reclamo de los vecinos, argumentando que el amparo no era la vía por la que se tenía que discutir, es decir aplicando un excesivo rigor formal. Eso duró tres años. Entonces fue cuando apelamos en queja ante de la Corte de la Nación en 2012, pero al ver que no teníamos respuesta, se hizo un primer acampe a fines del año 2014y conseguimos que la Procuradora General de la Nación se expida sobre el reclamo quien en su dictamen reconoció que los vecinos de Andalgalá teníamos derecho a vivir en un ambiente sano, pero es solo un dictamen el cual no vinculante pero sí indicativo para nosotros de lo que debe reconocer la Corte de la Nación anulando el acto administrativo que atacamos. Es por esto que hoy estamos acá con un Segundo Acampe por la vida y por una sentencia, ya que cerca de 20.000 habitantes de Andalgalá nos veríamos afectados, pues de ponerse en funcionamiento el proyecto Agua Rica, sería firmar el certificado de muerte de la población de Andalgalá.

L.D.- ¿Puedes explicitar más detalladamente por qué sería sentencia de muerte?

S.M.- No queremos megaminería porque no existe tecnología o modo  alguno que permita controlar y evitar la destrucción, contaminación y saqueo de nuestros territorios. No existe forma de controlarla. Al principio les dieron una concesión de 800 hectáreas. Pero ya ha pasado a 16 000. Tenemos el ejemplo de la Alumbrera, que nos dice lo que va a pasar.

El tema del agua es fundamental, tanto en cuanto a cantidad como a calidad. Las minas usan muchísima agua, millones de litros de diarios y además la contaminan (Alumbrera consume mas de 100.000.000 de litros por día).

Hace varios años hubo un plan director de agua de la municipalidad de Andalgalá, promovido y pagado por la minera la Alumbrera, en el cual ya nos decían que no podíamos derrochar el agua regando nuestros jardines y plantas. Ese riego lo consideran como derroche, pero no los millones de litros de agua que usa la Alumbrera. Incluso ese plan prevé una reducción progresiva del uso del agua por persona hasta 2035. Y quieren abrir otra mina.

Estamos en una zona de glaciares y ambientes periglaciares . Los nevados de la Aconquija fueron declarados Santuarios de la Naturaleza en nuestra carta municipal, por eso tampoco lo pueden tocar.

Asimismo, antes de que se instalara la minera ya empezaron a desalentarnos para seguir adelante  con nuestras actividades económicas tradicionales, que son pequeña y mediana agricultura (frutales, viñedos, olivos, nogales, alfalfa, cebada, horticultura) ganadería y artesanías, sobre todo de producción alimentaria (dulces, vinos…).

El Consejo local del Instituto Nacional de Tecnología (INTA) en el año 2006 y 2007 reconoció la incompatibilidad de la actividad minera con nuestra actividad agropecuaria. Una de las vías para desalentarnos es por ejemplo la mala administración del sistema de riego y de la distribución del agua.

Por todas las acciones del Estado Nacional, Provincial y Municipal, sabemos que eran –y siguen siendo- conscientes de que éstas llevan a la migración forzada de la población, como ha pasado con la población de VisVis, población que ya no existe y está a 5 km más abajo del Dique de Colas de la Minera la Alumbrera.

Con todo esto, están rompiendo la cohesión social, alterando la paz social, desposeyéndonos de nuestra identidad cultural. Y ni siquiera respetan la participación ciudadana en la toma de decisión, ni el convenio 169 de la OIT que  se debe aplicar a los comunidades Diaguita-Calchaquíes, porque sin bien somos una población no indígena, sí existen personas que se reconocen como parte de la comunidad Diaguita Calchaquí.

L.D. – ¿Qué les permitiría conseguir el amparo ambiental?

S.R. – Si se consigue una sentencia favorable seria una herramienta más para defender a nuestra tierra y efectivizar los derechos humanos, de los niños, a nivel de salud, justicia, etc. De hecho está por ahora paralizada la explotación. Y se paró porque en Febrero de 2010 se produjo una pueblada que fue reprimida el 15 de febrero de ese año, por lo que el pueblo se volcó a las calles y venció a la policía en un hecho sin precedentes en la historia de Andalgalá. Entonces el juez de minas, Raúl Guillermo Cerda dictó una medida de suspensión de la actividad minera hasta que se restablezca la paz social. Y la medida sigue vigente porque llevamos 6 años caminando por la vida todos los sábados contra los emprendimientos mineros.

Tenemos una organización permanente vecinal, la Asamblea del Algarrobo, que es un espacio abierto y contra hegemónico.

L.D. – ¿Quieres añadir algo más?

S.R. – Sí, primero quisiera decir que la empresa minera practica mucha corrupción para dividir y acallar a la gente con complicidad de las autoridades. Y tampoco creemos en la responsabilidad social de las empresas que es sinónimo de ausencia del estado y presencia de la corrupción corporativa. Lo que queremos es recuperar nuestros derechos económicos, sociales y culturales.

Decir también que nuestro enfoque no es antropocéntrico. Parte de una visión biocéntrica. Luchamos por la vida, tanto de los humanos como de la naturaleza. Nuestra consigna es “No habrá paz social hasta que se vayan las empresas megamineras.”

Acampe frente a Tribunales. Foto// Lucile Daumas.
Acampe frente a Tribunales. Foto// Lucile Daumas.

Por último denunciamos la existencia de grupos paramilitares o parapoliciales que sitiaron al pueblo de Andalgalá en el año 2012, no permitiendo ingresar a la ciudad de Andalgalá a todas las personas que apoyaban nuestra lucha, incluso una Comisión del Servicio Paz y Justica que preside el Premio Nobel de la Paz Adolfo Perez Esquivel, fue perseguida por más de 50 km para asegurarse de que no ingresaran a nuestra comunidad, hecho por el cual se formalizaron las correspondientes denuncias.

Por eso decimos que sufrimos una violencia institucional nunca vista en nuestro pueblo. Por eso reitero, no habrá Paz Social hasta que no se vayan las mineras.

El dia 2 de febrero, trás un poco más de un mes de acampe, la Corte Suprema dictó su sentencia, haciendo lugar al recurso de los vecinos de Andalgalá, reconociendo la validez de sus argumentos y resolviendo que la Justicia provincial debía responder al amparo de los pobladores de Andalgalá y dictar una nueva sentencia. En la conferencia de prensa que dió fin al acampe el día 4 de marzo, los vecinos de Andalgalá valoraron este importante paso adelante, resultado de este acampe, y subrayaron que les esperaba seguir luchando en Catamarca para conseguir el abandono definitivo del proyecto minero de Agua Rica. Con la solidaridad activa de todos, tanto a nivel nacional como internacional.

   

Nacional


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“Que entreguen un documento fraguado sería muy grave”

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El politólogo e investigador Diego Di Risio fue entrevistado por el programa “El avispero” que se emite por Radio FM Che de Junín de los Andes.

Compartimos con ustedes sus apreciaciones ante la falta de cumplimento de la entrega de acuerdo YPF-Chevron.

Entrevista completa

 


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“Hace dos años y medio que buscamos tener acceso a la información pública”

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El politólogo e investigador Diego Di Risio fue entrevistado por el programa “Amanece que no es poco” que se emite por Radio Del Plata de Neuquén.

Compartimos con ustedes sus apreciaciones ante la falta de cumplimento de la entrega de acuerdo YPF-Chevron.

Entrevista completa


Foto Agencia El sol

Chubut, el petróleo y la dependencia

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La situación planteada con la producción petrolera en Comodoro Rivadavia es singular y sirve muy especialmente para reflexionar sobre las opciones de desarrollo en la Argentina.

Foto Agencia El sol
Foto Agencia El sol

El problema se plantea en una cuenca que produce petróleo pesado, a cargo básicamente de dos compañías multinacionales, que exportan la producción en crudo, porque ese material no puede ser refinado en la Argentina, ya que no hay destilerías adecuadas.

Durante años, el crudo se exportó normalmente y no tomó estado público ninguna controversia en el tema, ya que ahora sabemos que el costo de extracción ronda los 36 usd/barril y el precio internacional superó largamente esa cifra. Las empresas pagaban su regalía del 12% al gobierno provincial y tanto ganaron que se estableció una retención móvil por la cual el Estado Nacional percibía todo ingreso excedente por sobre 70 usd/barril.

Hasta que llegó la guerra de precios del último año, en la que las grandes operadoras internacionales buscan sacar del mercado a las operadoras de fracking en Estados Unidos, quedándose con sus empresas antes de volver a precios mayores. La caída de precios ha sido muy importante, tanto que finalmente en estos días los compradores del petróleo de Chubut ofrecen pagar 20 usd/barril, lo cual implica obviamente trabajar a pérdida.

Así está la cuestión. Las empresas no hacen balances globales: quieren dejar de extraer hasta que se recupere el precio. Del otro lado: 5 mil familias dependen de la continuidad de la actividad. En el medio: El Estado provincial no quiere ni puede bancar el conflicto social asociado, agravado por la evaporación de las regalías a cobrar.

¿Qué hacer? Los trabajadores, las empresas y finalmente el Gobierno provincial reclaman un subsidio por la diferencia entre venta y costo. El Ministro de Energía, aparentemente, habla solo de negocios y señala que si se pierde hay que suspender. Y allí queda su aporte.

Es también evidente que parar implica un grave problema social, que es imposible siquiera medir en dinero. Es evidente que alguien tiene que poner la diferencia si la operación ha de seguir.

Poner el dinero como subsidio directo sería admitir que el Estado tiene la función boba de asistir en las pérdidas, ya que las 5 mil familias son rehenes de la situación. Por supuesto, las empresas no crearon un fondo de reserva salarial con las ganancias extraordinarias anteriores ni nada que se le parezca. Es pelito para la vieja.

Tal vez el camino natural sea poner el dinero y capitalizarlo en la explotación, ganando así el derecho a aumentar la participación pública (nacional o provincial según quien aporte) cuando los precios se recuperen.

Las empresas deberían estar de acuerdo con esta opción. Si no lo estuvieran y suspendieran la operación, hay legislación de fondo que habilitaría para trasladar la concesión completa a la empresa provincial de petróleo o un acuerdo con YPF.

Eso en cuanto a la cobertura laboral. Pero es esencial pensar un paso más allá y aprovechar la coyuntura para entender que Chubut debe tener la refinería para petróleo pesado, con mayoría estatal y convertirse en comprador de privilegio para la producción local. Esta decisión rompe de manera permanente la dependencia y termina – al menos en ese rinconcito de la Patria – con el chantaje empresario.

Nota tomada de Producción Popular