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Activista anti fracking de EE.UU recopiló denuncias en Allen

(ADN).- La reconocida ambientalista Colleen Boland, que cobró notoriedad luego de encabezar una exitosa manifestación contra el fracking en Nueva York, publicó en las últimas horas en su canal de Youtube una serie de 12 videos registrados a fines del año pasado en todo el área de Vaca Muerta y en el yacimiento gasífero de Allen, Río Negro. La entrevistas fueron efectuadas por la activista Sandra Steingraber.

En 2010 Boland comenzó una serie de protesta contra la hidrofractura en la zona del lago Séneca, al norte de Nueva York, que la compañías habían iniciado para explotar un gran yacimiento de gas. Muchos productores vieron esa actividad como una amenaza para sus cultivos, sobre todo viñas, y acompañaron a esta ex sargento de la Fuerza Area en su lucha. Con el tiempo lograron que en el estado de New York en Estados Unidos se prohíba este método de extracción de hidrocarburos.

En Allen entrevistaron a Juan Carlos Ponce, un reconocido vecino que lucha contra este método extractivo, que denunció una serie de incidentes ambientales, y que cuestionó a la compañía YPF por no informar de manera precisa a los vecinos de estos hechos.

Hizo referencia a una explosión ocurrida en el año 2014, en un poco que se perforaba a unos pocos kilómetros al sur del puesto de la policía caminera sobre ruta 22. Según Campos, un trépano se habría trabado en las profundidades y el gas oil que se habría inyectado para destrabarlo provocó la llamarada.

También contó el derrame de agua de retorno (flowback), del año pasado, cuando se secaron varias filas de frutales.

Campos denunció “falta de información de los incidentes y desvío de la atención” ante estos hechos por parte de los responsables de la empresa que explota este yacimiento.

En la misma serie de videos, aparecen miembros de la Confederación Mapuche de Neuquén denunciando diversos hechos de “contaminación”.

ADN


Vaca Muerta: llevan ante la ONU el reclamo mapuche contra el fracking petrolero

Se trata de tres organizaciones que cuestionan la explotación petrolera no convencional del megaproyecto, el desconocimiento a la consulta previa y el aporte de esa megarreserva al cambio climático.

A finales de agosto pasado fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un informe que cuestiona la falta de respeto y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores locales y las comunidades mapuche afectadas por la extracción de hidrocarburos en la formación no convencional Vaca Muerta. Específicamente trata la situación de la comunidad Campo Maripe, a diez kilómetros de la ciudad de Añelo, que ha visto su territorio concesionado a YPF y Chevron en 2013 y que cuenta en su territorio con la tristemente célebre cifra de más de 500 pozos no convencionales (fractura hidráulica). La técnica, también conocida como fracking, ha sido prohibida o tiene moratoria en países como Francia, Bulgaria, Escocia, Gales e Irlanda.

El documento fue elaborado por el Observatorio Petrolero Sur de Argentina junto al Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative), ambas con sede en Ginebra, Suiza.

“La presentación se realiza en un momento en que la violencia sobre las comunidades se ha incrementado por el avance de las empresas”, afirmó el politólogo Diego di Risio, coordinador del Observatorio Petrolero Sur. “En estos pocos años de desarrollo, la llegada del fracking ha cercado a las poblaciones. Los pozos se han multiplicado en chacras y barrios sin control alguno”.

Por su parte, la abogada Lucy Mckernan de Global Initiative afirmó que el “desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Argentina está pasando por arriba de los derechos de los pueblos indígenas de Neuquén, contaminando el ambiente e impactando en la salud, agua, vivienda y derechos culturales. No ha habido consulta ni se obtuvo el consentimiento libre, previo e informado”. La letrada, experta en derechos humanos, agregó que “estas acciones son inconsistentes con las obligaciones de la Argentina en derechos humanos y sus compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París”.

Sébastien Duyck, abogado del Centro Internacional por el Derecho Ambiental, puntualizó que “es la responsabilidad del gobierno argentino prevenir que las compañías petroleras violen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, como lo obligan los acuerdos internacionales que el país ratificó”.

El escrito solicita al Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales que incluya dos preguntas hacia el Estado argentino en su informe 2018. En particular, una sobre cómo el Estado garantiza los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas que viven en áreas de explotación hidrocarburífera. El otro cuestionamiento es sobre las medidas adoptadas para hacer compatibles la extracción de combustibles fósiles, en particular los recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, con los compromisos de Argentina sobre el Acuerdo de París para mitigar y adaptarse al cambio climático.

“El desarrollo de la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta se ha basado en reiteradas violaciones del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas, un derecho garantizado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Argentina en 2000”, precisa el documento firmado por las tres organizaciones. “El incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas ha llevado a un conflicto con muchas comunidades indígenas, por ejemplo, con la comunidad indígena mapuche de Campo Maripe”, indican. La presentación ante el Comité fue acompañada por la adhesión de 53 organizaciones tanto argentinas como latinoamericanas.

Respecto al cambio climático el documento señala que “la extracción de combustibles fósiles en la formación Vaca Muerta contribuiría significativamente al aumento global de las emisiones y reduciría la probabilidad de que las emisiones mundiales de combustibles fósiles permanezcan dentro de los presupuestos de carbono sugeridos por los científicos para evitar los impactos climáticos más severos”. Por lo que “el desarrollo de reservas como Vaca Muerta es consecuentemente incompatible con las obligaciones de la Argentina de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos protegidos por el Pacto”. De lo que concluye que “en la medida en que las políticas energéticas de la Argentina continúan apoyando la extracción de combustibles fósiles, son inconsistentes con la lucha contra el cambio climático y con la protección de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció en 1985 para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que Argentina ratificó en 1986. El Comité emitirá un informe sobre Argentina el próximo año y las organizaciones promotoras del pedido aspiran a que incluya esos dos ejes de preguntas al gobierno nacional.

La Izquierda Diario. 


Ing. White: Esperan resultados sobre la salud de la ría

Por Mauro Llaneza

Durante la semana se realizaron ocho allanamientos en empresas radicadas en el polo petroquímico de Ing. White que vierten sus desechos en el estuario bahiense. Los operativos son parte de la causa judicial que investiga la contaminación denunciada por pescadores artesanales en 2011.

La búsqueda de vertidos líquidos y sólidos se centró en los canales utilizados por TGS, Petrobras, Dow, Mega, Unipar –ex Solvay Indupa-, Profertil, Oil Tanking y ABSA en el interior de sus plantas o sobre la ría. También se relevaron peces y crustáceos.

“Todo para poder hacer la pericia que determine si la tesis de la Fiscalía es correcta”, aseguró Alejandro Cantaro, quien sostiene “que las empresas del polo vierten residuos tóxicos peligrosos en la ría poniendo en riesgo la salud pública y, por tanto, cometen delito”.

Lucas Beier, abogado de los denunciantes, declaró que “fue un arduo trabajo en conjunto con la Fiscalía para poder coordinar la fuerza de seguridad, la universidad, conseguir que la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires pueda realizar los estudios de las muestras tomadas”.

“La pericia es importante (…) para dejar tranquila a la población sobre si puede ir al muelle de Cerri, pescar una corvina y comerla o, al contrario, es mejor no comerla y tenemos que ir a la pescadería a buscar cualquier pescado que no sea de este ambiente”.

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Se estima que en poco más de un mes el juez Walter López da Silva podría contar con anticipos informativos y luego incorporar los resultados definitivos. Los análisis, financiados por el Consejo de la Magistratura, estarán a cargo de la UBA y la Policía Federal colaborará en el estudio de “algunos sólidos” y de “la fauna ictícola” secuestrada.

“Determinado esto, se va a continuar con la causa y se van a atribuir las responsabilidades llamando a indagatoria y elevando a juicio la causa penal”, dijo Beier.

Cantaro agregó que secuestraron documentación relacionada “con las autorizaciones que las empresas tienen, las cantidades por las que están autorizadas para verter, si están dentro de los estándares correctos, si están vigentes, cómo es el circuito de autorizaciones entre provincia y Municipalidad”.

Toda la información sobre #ContaminaciónenlaRía

“Esto es muy importante porque los expertos van a valorar no solamente si encuentran en agua, en el fango de la ría o en los peces y crustáceos, elementos, material tóxico, sino también cuáles son las autorizaciones que tengan”.

Según pudo saber FM De la Calle, las multinacionales presentaron una gran cantidad de permisos con al menos un año de vencimiento. Desde el sector empresarial responsabilizaron al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible por no realizar los controles necesarios para la renovación de la documentación.

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Beier recordó que respecto a ABSA el juez Agustín López Cóppola dictó una medida cautelar en el expediente de la demanda civil a través de la cual ordenaba al gobierno provincial “prever la posición de las plantas de tratamiento de todos los efluentes que terminen en el estuario”.

Sobre la ría hay tres, cercanas a Cerri, Ing. White y Punta Alta. “Están haciendo la planta de tratamiento de la que está pasando Ing. White y con eso el juez dio la orden por cumplida y nosotros apelamos”, sostuvo el abogado.

Tras el allanamiento del jueves en ABSA, fuentes judiciales afirmaron a FM De la Calle que “no hay ningún tipo de tratamiento de los líquidos cloacales”. Por la Primera Cuenca evacúan todos los sumideros locales con un filtro que evita el paso de algunos objetos. “Eso cuando funciona la planta y ahora no está funcionando, sale todo”.

No fue pericia, fue allanamiento

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El fiscal Cantaro destacó que el polo es “públicamente reivindicado como un sector de poder económico y privilegiado por las conducciones políticas. Sin que esto signifique que haya ninguna presión ni intervención, pero en todo delito complejo y donde quien se investiga tiene resorte de poder siempre es mucho más difícil”.

Luego del primer día de allanamientos, la Unión Industrial desinformó a través de los medios de su vicepresidente, Gustavo Elías, que “seis compañías miembros de la institución recibieron peritajes en sus instalaciones por una orden dictada por el Juzgado Federal Nº2 Secretaria Penal Nº6”.

“Se tomaron muestras en los sitios de vuelco de efluentes líquidos de las distintas plantas y se obtuvieron registros relacionados a las mismas. Entendemos que estos procedimientos son parte de un proceso judicial, sobre el cual no contamos con mayor información dado que el expediente se encuentra bajo secreto de sumario. De todos modos, las compañías y la institución brindarán su total colaboración y se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, firmaron el director industrial Roberto Elissamburu y el director ejecutivo Ricardo Rabbione.

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El fiscal afirmó que “en algunas empresas hubo resistencia, llamaron inmediatamente a los responsables de las áreas que estaban involucradas, inclusive llegaron los abogados y cuestionaban la toma de las muestras o quiénes eran los testigos que estaban presentes. En algunos lugares hubo un clima más hostil, en otros no. Yo estuve en Indupar -donde era Solvay Indupa- y acompañaron en la toma de muestra, entregaron la documentación rápidamente”.

“A ese comunicado le faltan dos palabritas centrales”, dijo Cantaro, “no habla de allanamiento ni secuestro. Ayer no se perició nada, ayer se allanó. Y los hechos demuestran que fue oportuno que haya sido un allanamiento porque, insisto, hay alguna resistencia en la entrega de la documentación y en la posibilidad de tomar las muestras”.

Por otra parte, el mencionado “secreto de sumario” no existe en la causa sino en la línea editorial financiada por el “único equipo integrado por el sector público y privado” que saludó el presidente Mauricio Macri, junto a la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente Héctor Gay, en la visita del martes a la planta de Dow.

*Las entrevistas a Alejandro Cantaro y Lucas Beier fueron realizadas por el autor de la nota en Radio Altos.

FM De la Calle


Petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina

por Natalia Barrionuevo / Stefan Peters

Los recursos naturales están nuevamente en el centro del debate público latinoamericano. Con base en la expansión e intensificación de un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, la región vivió entre 2003 y 2013/14 una bonanza económica con altas tasas de crecimiento y -muchas veces bajo gobiernos progresistas– reducciones importantes de las tasas de pobreza así como mejoras palpables de la distribución del ingreso. El llamado (neo)extractivismo se convirtió –hasta su colapso rápido en el contexto de la fuerte caída de los precios de los commodities a partir de 2013/2014– en un modelo políticamente exitoso que a su vez causó un sinnúmero de reflexiones en foros de movimientos sociales, conferencias y publicaciones de índole académico-político e investigaciones académicas. Estos debates se concentran mayoritariamente en dos líneas: i) las consecuencias socio-económicas del modelo reflejadas en índices de desarrollo, así como ii) los pasivos ambientales de la extracción de materias primas y los conflictos socio-ambientales relacionados a los proyectos extractivistas. El presente dossier, por un lado, retoma estas discusiones en el análisis de diferentes casos de la extracción de hidrocarburos en la Patagonia Argentina. Por otro, busca ampliar el debate hacia dos temas que en las reflexiones recientes sobre el (neo)extractivismo en América Latina han tenido menos envergadura: las consecuencias socio-culturales de la extracción de materias primas a nivel local, y las particularidades del trabajo y de las relaciones laborales en los enclaves extractivos. Además, los artículos reunidos en este dossier tienen en común que no se restringen al análisis de la coyuntura sino que buscan interpretar los fenómenos actuales a nivel económico, social, político y cultural a la luz de la larga tradición e historia de la explotación de materias primas en la región.

La Patagonia Argentina ofrece una variedad de casos emblemáticos para discutir empíricamente los diferentes nexos entre petróleo, trabajo y sociedad. Si bien es cierto que la Patagonia es mucho más que petróleo y recursos naturales, cabe destacar que buena parte de los recursos hidrocarburíferos de la Argentina se extraen de tierras patagónicas y que buena parte de la Patagonia está claramente marcada por la extracción del ‘oro negro’. Aunque en contraste a países como Ecuador o Venezuela, Argentina no es un país petrolero, no hay que subestimar la importancia del recurso para la economía, la sociedad y la política del país. La entonces presidenta de la República Cristina Fernández de Kirchner lo dejó en claro al responder a demandas de pueblos originarios y afirmar que “no podemos dejar […] de sacar el petróleo porque lo necesitamos para poder desarrollarnos, para poder vivir” (cit. p. Scribano y Machado Araoz, 2013: 15). No obstante, la misma extracción y especialmente la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking también han causado fuertes polémicas y resistencias por parte de movimientos sociales, indígenas y ambientalistas. En términos generales, podemos constatar que hay una extraña tensión entre un amplio apoyo a la extracción del petróleo, la defensa de la industria y las fuentes laborales en tiempos de crisis como los que atraviesa el sector petróleo en la actualidad, e incluso la construcción de un orgullo y una identidad local en torno a la extracción del petróleo por un lado; y la denuncia de una serie de consecuencias negativas relacionadas con la presencia de la industria extractiva a nivel local, junto a fuertes resistencias especialmente en contra el fracking como podemos observar en el caso de Vaca Muerta o de la comunidad mapuche de GelayKo, ambos ubicados en la provincia de Neuquén (Savino, 2016; véase también la contribución de Bernáldez a este dossier).

El presente dossier se plantea contribuir a una radiografía de las interrelaciones entre petróleo y sociedad en la Patagonia. El proyecto nació a lo largo de 2015 en el marco de cooperaciones académicas entre el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagoniade la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia, y su Programa de investigación Petróleo y desigualdades sociales en la Cuenca del Golfo San Jorge, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Kassel. En esta última institución, el dossier se enmarca en el International Center for Development and Decent Work y su línea de investigación sobre extractivismo, que puso en relieve una serie de intereses y preocupaciones compartidas y complementarias en torno a la comprensión de las relaciones entre el petróleo y los vínculos sociales en sociedades marcadas por la extracción de hidrocarburos. En base a estos puntos de partida, se hizo una convocatoria abierta a artículos que dio múltiples respuestas, hecho que demuestra el fuerte interés académico en el tema.

Como primer resultado de esta cooperación ofrecemos en el presente dossier ocho artículos que abordan desde múltiples perspectivas y con diferentes entradas teóricoconceptuales el tema petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina en clave subnacional, enfocándose en las ciudades de Comodoro Rivadavia (Chubut) y Catriel (Río Negro), y las provincias de Neuquén y Chubut. A partir de abordajes multi e interdisciplinarios, se proponen análisis teórico-empíricos tanto desde la perspectiva de las estructuras sociales como desde los actores y grupos involucrados, que vinculan tradiciones teórico-metodológicas cualitativas y cuantitativas. Los artículos que lo componen se preguntan por las diversas interrelaciones entre el petróleo y las dinámicas sociales en contextos urbanos de la Patagonia bajo los ejes de problemáticas medioambientales, acceso y apropiación de la tierra y el hábitat, relaciones de género, y particularidades regionales del rentismo. Pero las propuestas que aquí presentamos no sólo responden interrogantes a la vez que formulan nuevos, también dialogan entre sí en torno a los sentidos en que el petróleo moldea las relaciones sociales y las relaciones naturaleza/ sociedad generando diversas desigualdades (ambientales, de género, de clase, en la distribución de la renta) que implican relaciones de poder particulares. Con el foco en procesos de identificación, dominación, resignificación y resistencia, los autores dan cuenta de mundos complejos en los que intervienen el Estado, el mercado, las empresas y los trabajadores como actores destacados. La pregunta por la construcción de consensos en torno a una cultura del petróleo sobrevuela –de manera más o menos explícita aunque no por ello menos evidente- los diferentes escritos, lo que interpela a pensar en formas de desafiarla en pos de garantizar derechos sociales y ejercicios plenos de la ciudadanía a la vez que la construcción de sociedades más sustentables.

Luego de esta presentación, los artículos se inician con la contribución de Brígida Baeza y Magali Chanampa que analizan cómo los problemas medioambientales que conlleva la actividad petrolera son naturalizados por la población comodorense. En base a ejemplos históricos y actuales demuestran cómo la contaminación causada por el petróleo forma parte de la cotidianeidad de los habitantes de la principal ciudad de la provincia del Chubut. El punto central del artículo de Baeza y Chanampa es el tema de la contaminación del hábitat en relación con las desigualdades socio-espaciales. Las autoras discuten especialmente las consecuencias de la contaminación en los barrios caracterizados por ‘tomas de tierra’ y, a partir de esos casos empíricos, desarrollan las dificultades para desnaturalizar los daños ambientales y el proceso de sacralización del petróleo como barrera a la conciencia sobre los problemas ambientales en la sociedad petrolera de Comodoro.

A continuación Joaquín Bernáldez discute, desde una perspectiva de la ecología política, las consecuencias socio-ambientales de la extracción de hidrocarburos en la provincia de Neuquén. El artículo debate los principales planteamientos de la ecología política haciendo hincapié en tres puntos clave: la interdependencia entre naturaleza y sociedad; la politización de las relaciones naturaleza-sociedad; y el compromiso académico con la reapropiación de la naturaleza. Basándose en estas categorías analíticas Bernáldez se acerca al análisis de sociedades extractivistas en general, para luego presentar entradas más concretas a líneas de investigación en torno a la ecología política de los conflictos sobre el fracking en la provincia de Neuquén.

Posteriormente el artículo de Laura Mombello nos lleva a otra localidad petrolera de la Patagonia: la ciudad petrolera de Catriel, en la Provincia no-petrolera de Río Negro. Sin embargo, su artículo no se restringe a la investigación de las consecuencias de la larga historia de explotación petrolera en la ciudad, sino que ofrece un análisis multiescalar. Esta perspectiva metodológica-conceptual le permite discutir los procesos sociales de la ciudad de Catriel en relación con factores a nivel provincial, nacional e internacional. Mombello debate estas interrelaciones y tensiones entre las diferentes escalas con un enfoque en los derechos (adquiridos y naturalizados) a la explotación y al usufructo de las riquezas de la naturaleza.

El siguiente artículo de Santiago Bachiller presenta resultados de un trabajo etnográfico en los asentamientos conformados por tomas de tierras en Comodoro Rivadavia, reparando en las particularidades del caso a la vez que enmarcando el fenómeno en formas latinoamericanas de producir espacio urbano. El autor sostiene que ese fue el modo histórico de conformación de la ciudad, marcado por la extracción de petróleo. A lo largo del texto rastrea las dificultades históricas de los sectores populares locales en el acceso legal a la tierra, repara en la gestión gubernamental de acceso al suelo y analiza el rol del mercado inmobiliario/ constructor en tanto agente expulsor. Finalmente retoma algunos discursos de los protagonistas de las tomas vistas como alternativa, y reflexiona en torno a la necesidad de imaginar nuevas políticas urbanas.

También basado en investigaciones empíricas en Comodoro Rivadavia, el artículo de Natalia Barrionuevo busca reconstruir, a partir de un estudio etnográfico, algunas formas de legitimación de las desigualdades de género en un contexto de desigualdad de clase signado el trabajo petrolero. La autora repara en las formas en que esas desigualdades se actualizan en contextos recientes de post-privatización de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), y persisten –a la vez que son resistidas- en una configuración particular que articula determinación (una comunidad patagónica históricamente petrolera y masculina) y contingencia (el boom y las nuevas formas de pensar el trabajo, las relaciones de clase y las construcciones de género).

Después Hernán Palermo se propone reconstruir históricamente las identificaciones de los trabajadores del sector para luego reparar en las formas en que representan el género según el lugar que ocupan en el proceso de cooperación capitalista. Allí, sostiene el autor, convergen saberes técnicos y formas de producción de la masculinidad históricamente situadas, redundantes en una determinada disciplina fabril. A partir de una investigación cualitativa, el autor considera cómo la pérdida del trabajo en YPF –a partir del proceso de privatización de la empresa en la década de los ’90- produjo masculinidades devaluadas. En el posterior contexto de tercerización, surgen los “petroleros” en tanto “nuevos varones del petróleo”, no sin diferenciaciones internas.

El próximo texto de Paolo Paris considera las relaciones de género que permanecen a pesar de la reestructuración del mundo petrolero en los últimos veinticinco años, dada por contextos de post-privatización y post-convertibilidad, y se pregunta si esa formación puede ser erosionada por la contemporaneidad. El autor también reflexiona sobre la relación entre “petroleros” y “no petroleros”, y la “parte maldita” que fascina a la vez que genera rechazo. En ese camino retoma la propuesta de Georges Bataille y cierta producción académica local, para concluir presentando las prohibiciones y transgresiones que vinculan trabajo, empresa y género en la “boca del pozo”.

Por último, el artículo de Stefan Peters analiza la provincia del Chubut y, especialmente, la ciudad de Comodoro Rivadavia desde una perspectiva de la teoría rentista. En su texto describe a Chubut y su principal centro urbano como una sociedad rentista fuertemente caracterizada por los ingresos rentísticos. El texto se centra en indagar la (re-)producción de patrones político-territoriales y desigualdades sociales a través de la distribución de la renta petrolera, así como en la naturalización de la extracción petrolera en Comodoro. Peters afirma que el caso de estudio arroja luz a las limitaciones de la dicotomía bendición vs. maldición de los recursos naturales que domina buena parte del debate sobre renta (petrolera) y desarrollo, y propone una reorientación teórica-conceptual hacia el estudio de sociedades rentistas.

Consideramos que los artículos reunidos ofrecen un amplio y muy valioso panorama que nos permite un mejor entendimiento de los procesos sociales en la Patagonia Argentina y sus interrelaciones con la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, más que un proyecto culminado, concebimos al presente dossier como un comienzo que abre nuevos interrogantes académicos a la vez que replantea otros y que, por lo tanto, esperamos que represente un punto de partida de futuras investigaciones. Además de la profundización de los debates aquí planteados, queremos señalar -sin ambiciones de ser exhaustivos– cuatro líneas de investigación adicionales para ilustrar posibles caminos en ese sentido. En primer lugar, cabe subrayar que este dossier se limita al análisis de casos de la Patagonia Argentina. No obstante, en un próximo paso sería importante abrir el espacio a comparaciones sistemáticas con otros casos de explotación minera e hidrocarburífera en Argentina, América Latina y otras partes del mundo. En este sentido, resultaría de especial interés académico llevar adelante un análisis comparativo de las dinámicas presentes en la Patagonia Argentina con otros casos de sociedades petroleras a nivel subnacional en países no-petroleros.

En segundo lugar, varios de los artículos reunidos en este dossier hicieron hincapié en la complejidad de las relaciones laborales en la industria petrolera. Si bien es cierto que las remuneraciones de los trabajadores petroleros son relativamente altas, otros factores como la estabilidad laboral, la reducción de las horas de trabajo, las mejoras en la seguridad y la prevención de accidentes laborales, junto a la lucha contra las desigualdades de género(s), van ganando importancia para los trabajadores y sus gremios. Dicho con otras palabras, se trata de discutir y plantear estrategias que aseguren que los trabajadores tengan acceso a un trabajo decente en una amplia perspectiva (ILO, 2012). Sin embargo, cabe señalar que el desafío de mejorar las condiciones laborales no se restringe a los trabajadores petroleros. Especialmente en sociedades con una fuerte presencia de economías de enclaves –como es el petróleo– también hace falta desarrollar estrategias para mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadores-as cuya vida está estrechamente vinculada a la actividad extractiva, aunque no trabajen en la industria.

En tercer lugar, cabe señalar que uno de los desafíos más importantes para todas las sociedades mono-dependientes de recursos naturales no renovables consiste en fortalecer los sectores no-extractivos y contribuir a la diversificación de la economía para reducir la dependencia de los recursos naturales y llegar a un modelo de desarrollo económica, social y ecológicamente más sostenible. Aunque existe un amplio consenso sobre los beneficios de ampliar la matriz productiva y una serie de ejemplos actuales e históricos de planes para salir de la dependencia de recursos naturales, los resultados de estas iniciativas suelen ser –en el mejor de los casos– mediocres. Por consiguiente, y con mucha más urgencia en el actual contexto de crisis, la academia, las instituciones de representación política, pero sobre todo la sociedad en su conjunto, se confrontan con la urgencia de analizar los factores que obstaculizan o inhiben mayores éxitos en la diversificación de la matriz productiva en sociedades extractivas. Ese análisis es la base para discutir, formular e implementar iniciativas políticas, económicas y sociales concretas que permitan reducir la dependencia de los commodities y construir sociedades post-extractivistas.

En cuarto lugar, no cabe duda que en las ciudades petroleras de la Patagonia Argentina se han establecido y se siguen reproduciendo “culturas del petróleo” que se destacan por una serie de particularidades en las relaciones sociales, los patrones de consumo y el uso del tiempo libre, relaciones Estado-sociedad, perspectivas hacia el futuro, relaciones entre la sociedad y la naturaleza, etc. que las distinguen claramente de otras formaciones sociales del país. Sin embargo, hay pocos trabajos académicos abocados al análisis empírico de las características comunes (también en perspectiva comparada) de las culturas petroleras locales.

Discutir las interrelaciones entre petróleo, sociedad y trabajo, por lo tanto, abre espacios para una serie de interrogaciones con alta importancia política y social para las sociedades petroleras por un lado, pero también para la reflexión académica y especialmente para el debate de las Ciencias Sociales. Con este dossier queremos contribuir a esas discusiones, y de esa manera incentivar el estudio empírico de las sociedades petroleras en la Patagonia Argentina, pero también en otros lugares del mundo.

Bibliografía ILO (2012) Decent Work Indicators: Concepts and Definitions. Geneva, ILO. Savino, L. (2016) “Landscapes of contrast: The neo-extractivist state and indigenous people in ‘post-neoliberal’ Argentina”, en The Extractive Industries and Society, vol. 3, 404-415. Scribano, A. y Machado Araoz, H. (2013) “Presumidamente blanca… Notas para entender la violencia racializante”, en: Boletín Onteaiken, N° 15, 1-21.

 
Dossier completo Presentación Natalia Barrionuevo & Stefan Peters | 01 La naturalización de las problemáticas medioambientales en torno a la explotación petrolera en Comodoro Rivadavia Brígida Baeza & Magali Chanampa | 07 Hacia una ecología política del fracking en la Patagonia Argentina Joaquín M. Bernáldez | 32 Derecho, tierra y petróleo. Una aproximación analítica multiescalar desde el norte rionegrino Laura Mombello | 49 Petróleo, dificultades del acceso al suelo urbano y toma de tierras: un problema recurrente en la historia comodorense Santiago Bachiller | 71 Trabajo petrolero y desigualdades de género en Comodoro Rivadavia: reactualizaciones históricas Natalia Barrionuevo | 88 La construcción social de la(s) masculindad(es). Un análisis etnográfico del universo laboral de los trabajadores petroleros Hernán M. Palermo | 110 El pozo maldito: Trabajo petrolero, heteronormatividad y goce en la Cuenca del Golfo San Jorge Paolo Paris | 128 Petróleo, política y sociedad en Chubut: reflexiones teórico-conceptuales en torno al rentismo Stefan Peters | 144 La sopa del albañil y el viento sonando entre las hendijas de la ventana César Barrientos | 165 Revista Identidades del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (UNPSJB)


Podcast: Energía entre dientes

Energía entre dientes – Conceptos potentes es un glosario de términos elaborado por el Observatorio Petrolero Sur en relación a las distintas problemáticas en torno al fracking, la soberanía energética, Vaca Muerta, las zonas de preservación, los basureros petroleros y la crisis energética.

1.- Fracking

Esta pieza sobre Fracking repasa las problemáticas de esta forma de explotación no convencional, señalando sus características, las prohibiciones a nivel mundial y el impacto ambiental que genera.

2.- Megaproyecto Vaca Muerta

Analizamos las características, los alcances y la variedad de impactos generados en la mayor explotación petrolera de la región.

3.- Crisis Energética

Esta pieza repasa las causas de la Crisis energética que suele afectar a la Argentina en períodos cíclicos, apuntando una solución sostenible a largo plazo para los suministros de luz y gas, así como para toda la matriz.

4.- Basureros Petroleros

Esta pieza sirve para conocer más sobre Basureros petroleros, repasando sus características y problemas, destacando lo que ocurre con estos establecimientos en la Patagonia.

5.- Zonas de Preservación

Esta pieza sobre Zonas de Preservación repasa la problemática de los territorios en torno a las explotaciones petroleras.

6.- Soberanía Energética

Esta pieza sobre Soberanía energética analiza las propuestas necesarias para alcanzar la gestión soberana de la energía, paso fundamental para resolver las constantes crisis energéticas.

Energía entre Dientes es una coproducción del Observatorio Petrolero Sur con el CPR, ambos miembros del CEPPAS.  Es apoyada con fondos de:


Criminalización y contaminación en Vaca Muerta

El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) reclamó ante la ONU que indague al Estado argentino sobre la represión a las comunidades mapuches neuquinas que están instaladas cerca de Vaca Muerta. Advirtió también que hay graves impactos socio-ambientales en la zona y que se incumplen leyes internacionales. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén aseguraron que “sin dudas este último año ha sido el más violento”.

A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén. Allí reclaman que la ONU pregunte al Estado argentino en su informe de revisión de 2018 cómo garantiza los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y que dé cuenta de sus esfuerzos por mitigar los efectos ambientales del fracking.

“Creemos que es sumamente necesario presentarlo, sobre todo por la cuestión de violencia y ofensiva que se está dando en el territorio”, explicó a Página/12 el politólogo e investigador de Opsur, Diego Di Risio, al señalar que ciertas acciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “son llamados de alerta” que los moviliza a “crear mayor protección internacional para las comunidades”. Desde el Observatorio esperan que la respuesta de parte del Comité internacional llegue a mediados de octubre y que a partir de allí se abran distintas instancias para que el año que viene el Estado dé respuestas ante la ONU.

En la denuncia, se destaca que se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, destacan las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada –ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales- pero destacan además que hay “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país. “Denunciamos que hay un ambiente de violencia hacia las comunidades”, contó Di Risio.

Desde el Observatorio no creen que la avanzada sea casual y lo relacionaron directamente con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, a las que definen “básicamente como una ola de subsidios al gas no convencional”. “Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo de Opsur.

La elaboración del documento que enviaron contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative).  Los testimonios y los datos emergen de los mismos referentes de la comunidad como también de otros estudios anexos que recolectó durante seis años Opsur.

“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, advirtió a Página/12 Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”. Desde la CMN alertaron que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.

La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”. “El 21 de junio de este año entró Gendarmería con una supuesta orden judicial pero ellos mismos reconocieron después que se trataba de una orden política”, aseguró.

El informe refiere de forma tangencial a la situación de la Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, donde en junio de este año, unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Según Di Risio, “el nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, insistió.

Página 12


Cuestionamos a Vaca Muerta ante la ONU

Critican la falta de consulta a comunidades mapuche y el aporte al cambio climático del megaproyecto Vaca Muerta.

 

(Neuquén//Buenos Aires//Ginebra, 28 de septiembre 2017) Un informe presentado ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas cuestiona la falta de respeto y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores locales y las comunidades mapuche afectados por la extracción de hidrocarburos en la formación no convencional Vaca Muerta. Refiere, en ese sentido, a la situación de Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, que ha visto su territorio concesionado a YPF y Chevron en 2013. Al momento, en más de 500 pozos se ha fracturado hidráulicamente. La técnica, también conocida como fracking, ha sido prohibida o tiene moratoria en países como Francia, Bulgaria, Escocia, Gales e Irlanda.

El documento fue elaborado por el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) de Argentina en conjunto las organizaciones internacionales Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Las últimas cuentan con sedes en la ciudad de Ginebra, Suiza.

“La presentación se realiza en un momento en que la violencia sobre las comunidades se ha incrementado por el avance de las empresas”, afirmó el politólogo Diego di Risio, coordinador del Observatorio Petrolero Sur. “En estos pocos años de desarrollo, la llegada del fracking ha cercado a las poblaciones. Los pozos se han multiplicado en chacras y barrios sin control alguno”.

Por su parte, Lucy Mckernan de Global Initiative, afirmó que el “desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Argentina está pasando por arriba de los derechos de los pueblos indígenas de Neuquén, contaminando el ambiente e impactando en la salud, agua, vivienda y derechos culturales. No ha habido consulta ni se ha obtuvo el consentimiento libre, previo e informado”. La abogada, experta en derechos humanos, agregó que “estas acciones son inconsistentes con las obligaciones de la Argentina en derechos humanos y sus compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París”.

Sébastien Duyck, abogado de CIEL, puntualizó que “es la responsabilidad del gobierno argentino prevenir que las compañías petroleras violen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, como lo obligan los acuerdos internacionales que el país ratificó”.

El escrito solicita al Comité que incluya dos preguntas hacia el Estado argentino en su informe 2018. En particular, una sobre cómo el Estado garantiza los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas que viven en áreas de explotación hidrocarburífera con los pueblos indígenas. El otro cuestionamiento es sobre las medidas adoptadas para hacer compatibles la extracción de combustibles fósiles, en particular los recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, con los compromisos de Argentina sobre el Acuerdo de París, para mitigar y adaptarse al cambio climático.

“El desarrollo de la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta se ha basado en reiteradas violaciones del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas, un derecho garantizado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Argentina en 2000”, precisa el documento firmado por tres organizaciones. “El incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas ha llevado a un conflicto con muchas comunidades indígenas -por ejemplo, con la comunidad indígena mapuche de Campo Maripe”, indican. La presentación ante el Comité fue acompañada por la adhesión de 53 organizaciones tanto argentinas como latinoamericanas.

Por otra parte, en torno al cambio climático el documento señala que: “La extracción de combustibles fósiles en la formación Vaca Muerta contribuiría significativamente al aumento global de las emisiones y reduciría la probabilidad de que las emisiones mundiales de combustibles fósiles permanezcan dentro de los presupuestos de carbono sugeridos por los científicos para evitar los impactos climáticos más severos”. Por lo que “el desarrollo de reservas como Vaca Muerta es consecuentemente incompatible con las obligaciones de la Argentina de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos protegidos por el Pacto”. De lo que concluye que “en la medida en que las políticas energéticas de la Argentina continúan apoyando la extracción de combustibles fósiles, son inconsistentes con la lucha contra el cambio climático y con la protección de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció en 1985 para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que Argentina ratificó en 1986. El Comité emitirá un informe sobre Argentina el próximo año y las organizaciones promotoras del pedido aspiran a que incluya esos dos ejes de preguntas al gobierno nacional.

Organizaciones que promovieron el documento: Observatorio Petrolero Sur (OPSur) Mediante la investigación, la promoción y la formación OPSur busca fortalecer los caminos democráticos y justos para la energía y el desarrollo en Argentina. Bajo un enfoque basado en los derechos, trabaja para aumentar la concienciación sobre las implicancias de la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta desde 2011.

Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) Desde 1989 el CIEL desarrolla estrategias legales para proteger el medio ambiente, promover los derechos humanos y garantizar una sociedad justa y sostenible. Cuenta con sedes en Ginebra y Washington DC.

Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative) Global Initiative es una organización internacional no gubernamental de derechos humanos que busca promover la realización de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel mundial, abordando la pobreza a través de una perspectiva de derechos humanos.

Contactos:

Diego di Risio: | contacto@opsur.org.ar

Lucy Mckernan: + | sduyck@ciel.org

Sébastien Duyck: + | lucy@globalinitiative-escr.org

 Escuchá la entrevista a Diego di Risio en FM En Tránsito. Nota  “Criminalización y contaminación en Vaca Muerta“.  Agustina Arredondo

Nota “Vaca Muerta: llevan ante la ONU el reclamo mapuche contra el fracking petrolero“.  Roberto Andrés

English version  

Vaca Muerta


Transformación Democrática de Conflictos: Cambiar todo para que no cambie nada

Bajo el paraguas del desarrollo sostenible, la transformación de conflictos es un modelo de mediación que se ha insertado en distintas luchas contra la minería y la explotación de hidrocarburos en el país y el continente. A través de la construcción de confianzas entre sectores contrapuestos, como las empresas y las comunidades locales, se promueven plataformas de diálogo en la búsqueda de consensos que permitan el avance extractivo. Tras su desembarco en Vaca Muerta con el Grupo de Diálogo Neuquino, hacemos una radiografía de su pensamiento y formas de operar. También recordamos otro hito local, el intento de revertir el No a la Mina en Esquel.

Por OPSur

La resolución de conflictos es una disciplina presente a lo largo de la historia de la humanidad. Su desarrollo ha llevado a que coexistan distintas perspectivas y métodos de abordaje, como la mediación, resolución, gerencia o transformación de conflictos. Esta última corriente entiende los conflictos sociales como procesos naturales de la vida humana que hay que aprender a manejar. La transformación sería, entonces, un cambio constructivo del conflicto, de manera de evitar la violencia y la inestabilidad social. Su principal teórico es el sociólogo John Paul Lederach, académico de la universidad estadounidense de Notre Dame y uno de los referentes mundiales de la mediación.

Lederach sostiene que la transformación democrática de conflictos es “un modo de mirar y ver”, que provee de un conjunto de lentes a través de los cuales dar sentido a los conflictos sociales (Maiese y Lederach, 2004:3). Utiliza el verbo transformar porque considera que no busca sólo el control o la resolución de un conflicto, sino las modificaciones que resultan de éste. Es decir, más allá de cómo se puede finalizar un conflicto, la pregunta que se hace es cómo construir un horizonte deseado .

Hay dos conceptos que son transversales a este paradigma. El primero es la paz, entendida como la transformación no violenta de los conflictos y como un concepto no estático sino en evolución y desarrollo. Lederach afirma que este marco de referencia proviene de la iglesia cristiana menonita, de la que es miembro y junto a la cual desarrolló parte de su trabajo en América Latina. El otro concepto clave es el desarrollo sostenible o sustentable, entendido como un equilibrio entre el bienestar social y el “aprovechamiento responsable de los recursos naturales”, desde la perspectiva de Iván Ormachea, facilitador del Programa del Diálogo Democrático del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y uno de los referentes peruanos en la materia. Ormachea cree que “el desarrollo sostenible aplicado al campo de la minería implicaría (…) numerosos desafíos, entre ellos: el respeto a los bienes ambientales, la reducción o gestión óptima de la energía, otorgamiento de beneficios tanto para la comunidad del entorno del proyecto minero como para todo el país, respeto por la cultura de los pueblos y sus derechos en el caso de pueblos indígenas, y el fomento de la investigación científica” (Ormachea, 2015:11).

En términos de metodología, la transformación de conflictos promueve un abordaje colaborativo. Siguiendo con la metáfora de los lentes, Lederach propone tres miradas: una hacia el conflicto inmediato; otra hacia el contexto del conflicto; y finalmente, una plataforma que refiera al contenido, contexto y la estructura de las relaciones en conflicto, buscando soluciones creativas (Maiese y Lederach, 2004). ¿Cómo llevan adelante estos procesos? A través de fundaciones, mediadores y otras instancias que despliegan un arsenal de herramientas metodoló­ gicas. Entre ellas están los acuerdos negociados, la facilitación, los procesos colaborativos, las plataformas de diálogo, la evaluación de conflictos, el ordenamiento ambiental del territorio y los procesos de planificación colaborativa.

Un giro en 360 grados

De todas estas herramientas, las de mayor alcance en nuestro país son las plataformas de diálogo. Las fundaciones que las promueven están nucleadas a nivel regional en el Grupo de Diálogo Latinoamericano, junto a similares de Perú, Colombia, Brasil y Chile. En 2008 fue creada la Plataforma Argentina de Diálogo Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable, integrada por las fundaciones Vida Silvestre, Cambio Democrático (FCD), Compromiso y Directorio Legislativo; además de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Área de Geología Minera de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Un año después, Pilar Robledo, coordinadora de la Plataforma, y Pablo Lumerman, entonces director de la FCD, explicaban el origen de la iniciativa. “El supuesto que subyace a este proyecto es el siguiente: con las herramientas adecuadas, es posible desarrollar procesos sensibles a las características (…) en la región y se puede evitar que las relaciones entre los actores involucrados a un conflicto se deterioren a tal punto que su conducta pueda causar no sólo un daño irreparable a los recursos naturales sino también la pérdida de procesos socio productivos y sus consecuentes disrupciones en el tejido social y cultural” (Robledo y Lumerman, 2009:97). El objetivo central que persigue el espacio es conseguir acuerdos que permitan el avance de las actividades mineras. Para esto, se plantea el “desarrollo de estrategias y la implementación de acciones para generar consensos entre el Estado, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades locales” (Plataforma, 2012).

Robledo y Lumerman se preguntan “¿qué condiciones institucionales son necesarias para que la minería se pueda realizar de forma socialmente legítima y cuyos impactos ambientales tengan el control adecuado?”. Más explícito es su par peruano, el Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible, cuya misión es conseguir “una minería responsable y sostenible, que garantice los derechos de la población, en un clima de seguridad jurídica, paz y democracia” (Grupo de Diálogo, s/f). Así, estas plataformas se inscriben dentro de la corriente de la minería responsable. Bajo esta órbita el mejor resultado posible para una comunidad en una negociación sería el de conseguir beneficios de la explotación minera. La negativa no está contemplada: sale de los márgenes de la plataforma que no habilita un debate en torno al discurso oficial minero.

Construyendo una plataforma petrolera

La transformación de conflictos desembarcó en Vaca Muerta con la constitución del Grupo de Diálogo Neuquino en 2014, que participa del Grupo de Diálogo Latinoamericano y es co-coordinado por Pablo Lumerman, ex director de Fundación Cambio Democrático. El GDN se reúne cada mes y congrega a “autoridades mapuches; empresarios del petróleo, la fruta y el comercio; representantes de ONGs; referentes del sector educativo; autoridades de colegios profesionales; periodistas; y autoridades religiosas, entre otros actores”, según señalan en el resumen del taller de Construcción de Consensos para la Incidencia Colectiva, uno de los pocos documentos públicos del Grupo.

Dicho encuentro se realizó con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones, organismo que reúne a los gobiernos provinciales en la búsqueda del desarrollo y la atracción de inversiones. En esa línea no es casual que la perspectiva que guíe la coordinación del espacio –más allá de quienes intervienen en él– sea la del fracking seguro, un símil de la minería responsable, que publicita que la extracción de no convencionales puede desarrollarse sin conflictos sociales y ambientales, en determinadas condiciones. Dichas condiciones están dadas por la generación de consensos sociales que permitirían estas plataformas.

La evidente disparidad –social, cultural, económica, política y de poder– entre los sectores que se sientan en una misma mesa como si fueran iguales es abordada por la trasformación de conflictos, que sostiene que a través de una perspectiva de derechos se puede ayudar a equiparar estas asimetrías. ¿Efectivamente ocurre esto? ¿Es posible empoderar a las comunidades locales en el contexto de estas plataformas y procesos de diálogo? ¿O más bien estas comunidades han creado y concebido su demanda por derechos en el marco de conflictos?

En un documento presentado en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) sobre Diálogo Neuquino, Pablo Lumerman se pregunta ¿cuál es el mejor enfoque pa­ra construir apoyo comunitario de largo plazo para el desarrollo de los recursos no convencionales? Nuevamente no aparece la opción del “no”. Responde con elementos como la construcción de la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), fortaleciendo las políticas de DD.HH. de las empresas, estableciendo diálogos sostenidos y un sistema efectivo de quejas. Además de crear “mecanismos adecuados de distribución de la renta que permitan a la comunidad ganar junto a la empresa y no ser variable de ajuste”. Inscribe, así, al Grupo de Diálogo Neuquino, dentro de una perspectiva que no puede pensar en horizontes más allá de los del capitalismo verde y el desarrollo sostenible. De este modo se ubica como una falsa salida: despliega un arsenal metodológico, que logra insertar un discurso colonial del poder, a través del cual naturaliza el relato oficial (gubernamental/ empresarial) de que no hay salida por fuera de la explotación de Vaca Muerta y que la mejor perspectiva posible es participar de manera justa de sus beneficios (1) .

Pero para que ese discurso oficial se transforme en narrativa social, aceptada por las mayorías, necesita de la construcción de consensos. ¿Dónde se cristalizan esos consensos? En este tipo de plataformas. Así, la perspectiva de derechos queda reducida a un elemento de la negociación. Siempre y cuando, advierte Lumerman, se acuerden “procedimientos que permitan identificar a los genuinos portadores del derecho de aquellos que lo hacen de forma oportunista”.

La construcción de este tipo de experiencias de diálogo lejos de provocar avances en las disputas en contra del crecimiento de la frontera extractiva, distrae y alimenta falsas expectativas en los sectores en lucha. Y en simultáneo permite a las empresas y otros grupos de poder aparecer como dialoguistas mientras construyen consensos en su favor. Todo esto rodeado de una retórica que suena bien porque es flexible: puede ser progresista o conservadora de acuerdo a los interlocutores, y hasta logra ocultar que es una herramienta de construcción de consensos en favor del extractivismo.

Audios, estrategias y Cambio Democrático [recuadro]
por Pablo Quintana*

El 23 de marzo de 2003 fue el plebiscito en Esquel, Chubut, en el que el 81% de la población dijo No a la Mina. Un mes después, la multinacional canadiense Meridian Gold contrató como consultora a la ONG Bussines for Social Responsability (BSR) para que realizara una investigación social sobre la comunidad, con el propósito de determinar las razones que impidieron conseguir la tan mentada “licencia social”. El diagnóstico sobre el fenómeno Esquel que realizó BSR tuvo como eje la mala comunicación.

En septiembre de ese año, la minera realizó una reunión en el hotel Crowne Plaza, de Buenos Aires, donde participaron figuras tales como Edward Colt y Darcy Edward Marud, vicepresidente ejecutivo y gerente de exploración de Meridian Gold, respectivamente; y Guillermo Mendoza, jefe de prensa de la empresa; Jim Bader, Matt Jeschke y Christina Sabater, por BSR, y Raúl Timerman, Jorge Azcárate y Juan Carlos Malagoli, por la agencia de publicidad Braga Menéndez y Asociados, entre otros. La filtración de los audios de ésta dejó al desnudo no sólo las estrategias sino los vínculos que buscan las empresas extractivistas para avanzar con sus proyectos. En estas grabaciones quizás muchos esquelenses escucharon por primera vez nombrar a la Fundación Cambio Democrático. Allí Timerman confirma que se habían establecido los primeros contactos con Graciela “Gachi” Tapia, la entonces Directora Ejecutiva de FCD, para que trabajase sobre los esquelenses.

Cambio Democrático trabajó desde entonces en el diseño de estrategias para dar vuelta la voluntad del pueblo patagónico. El informe, que se desarrolló entre junio y agosto del 2003, se titula Conflicto minero en Esquel: evaluación y análisis. Un trabajo que lleva la firma de Juliana Robledo, integrante del equipo técnico de la fundación, y Pablo Lumerman. Esa tarea se articuló con el accionar de otra ONG, la Red de Facilitadores de Bariloche, que ofició de mediadora y acompañamiento del proyecto.

Una de las tareas más notorias fue el Taller de Presentación y Consulta, que tenía el propósito de establecer una metodología que permitiera el desarrollo del sistema de información promovido a través del denominado Mapa de Conflictos Mineros, con el fin de desarrollar procesos de capacitación en construcción de consenso y de resolución y transformación de conflictos de distintos actores sociales (gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sector privado). Además FCD, junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), elaboró el proyecto Plataformas de Diálogo para el Desarrollo Minero Responsable en Argentina [ver nota central].

Cambio Democrático también reforzó la embestida que intentó Yamana Gold Inc., compañía que compró los activos de Meridian en el 2007. El entonces gerente de relaciones de la empresa extranjera, Ricardo Bustos, era el operador local que tenía la minera, pero poco y nada había logrado desde los micrófonos de una emisora FM en el intento por dar vuelta la voluntad popular de los esquelenses. Entonces enviaron a un equipo de profesionales que arribó a la ciudad chubutense en 2012, el mediador Francisco Diez y Jimena Psathakis, actual presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y, hasta julio último, directora Nacional de Protección de Derechos y Resolución de Conflictos, ambos organismos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En ese entonces, Psathakis era coordinadora del Programa de Industrias Extractivas de la FCD y tenía como propósito destrabar el conflicto en favor del desarrollo minero. Hoy su figura muestra que la transformación de conflictos se hizo carne en política pública en el país; o al menos tomó un puesto dentro del Estado.

Los audios y la posterior divulgación por parte de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel tuvieron sus derivados. No sólo la difusión de una información que era de interés público sino que fue el origen de la demanda judicial que la multinacional inició contra seis vecinos. Dos años después de instruida la causa, la Cámara Nacional de Apelaciones rechazó la demanda y en su falló sentenció: “hacer conocer la estrategia de la empresa para torcer la resistencia de los vecinos de Esquel a que, según ellos y con sobrados motivos, no se contamine el medio ambiente, jamás puede ingresar en el ámbito de la protección de secretos corporativos”

*Es periodista, co conductor del programa La Tijereta, que se emite por Radio Kalewche, de Esquel.

Este artículo fue publicado en la edición Nº5 de Fractura Expuesta. [Descargar revista]

 

(1) Ver Machado Araoz, 2013.

Referencias bibliográficas

Fundación Cambio Democrático (2006) Conflicto y Desarrollo. 

Grupo de Diálogo Neuquino (2016). “Construcción de Consensos para la Incidencia Colectiva”.

Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible (s/f). ¿Quiénes somos? Lima.

Lumerman, Pablo (2015) ¿Cómo construir una estrategia de prevención de conflictos para el desarrollo de Vaca Muerta basada en los derechos humanos y porque necesitamos hacerlo?. Presentado en el taller “Vaca Muerta: problemáticas y desafíos, organizado por el CIEA-UNTREF.

Machado Aráoz, Horacio. (2014). Potosí, el Origen. Genealogía de la Minería Contemporánea. Mardulce, Buenos Aires.

Maiese, Michelle y Lederach, John Paul (2004) Transformation. Beyond Intractability, Heidi Burgess y Guy Burgess, eds. University of Colorado Conflict Research Consortium, 2004.

Ormachea, Iván (2015) Sistematización de la Experiencia del Grupo de Diálogo Latinoamericano: Minería, Demcoracia y Desarrollo Sostenible.

Plataforma de Diálogo Minería, Democracia y Desarrollo Sustentable (2012). ¿Qué es la Plataforma de Diálogo? 23 de febrero, Buenos Aires.

Robledo, Juliana y Lumerman, Pablo (2009) Análisis de la conflictividad socio ambiental en Argentina. En Informe Anual Ambiental, FARN.


EJES N°13 – El fracking en debate

En este número desde EJES nos propusimos advertir que el daño que genera la arena de sílice a la salud no es tenido en cuenta al momento evaluar el rendimiento económico del fracking. Además, informamos que YPF realizó una acción judicial contra la ordenanza que prohíbe el fracking en Fernandez Oro. Reducción de costos y optimización de la información para la perforación de pozos son dos objetivos en la mira de las empresas de la industria extractiva que motivan las últimas megafusiones. Entre el tarifazo, el Presupuesto nacional y Vaca Muerta analizamos las características de los subsidios energéticos y señalamos las políticas públicas orientadas a la exportación de gas a través de la cordillera.

— Boletín EJES Nº 13  – Septiembre 2017 —

Foto: Fabián Ceballos.

El 28 de agosto de 2013 la Legislatura neuquina aprobó el acuerdo de la provincia con YPF que constituyó el área Loma Campana y el inicio de la explotación de Vaca Muerta con Chevron. Aquel día la protesta popular sufrió un represión que duró más de seis horas. A cuatro años de aquel hito, el megaproyecto Vaca Muerta sigue demandando condiciones. Los órganos judiciales provinciales responden y dejan rápidamente en suspenso las prohibiciones municipales, sin sufrir el costo de político de declararlas inconstitucionales.

Al mismo tiempo se erige un nuevo proceso de criminalización de las organizaciones mapuche, sumado a la negativa de la prórroga de la Ley 26.160 que obliga al relevamiento de territorios indígenas y suspende los desalojos. Mientras tanto somos muchos y muchas quienes nos seguimos preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?

El Ejecutivo también responde a las demandas corporativas. Por eso, los subsidios continúan, gran parte de ellos trasladados a los usuarios tras el tarifazo. Mientras el estado adeuda pagos a las operadoras. El objetivo es desarrollar Vaca Muerta con la mira puesta en la exportación y siguen apareciendo anuncios: Exxon invertirá U$S 200 millones para perforar siete pozos en el área Los Toldos Sur 1 en unión con Tecpetrol y Gyp.

La novedad empresaria más destacada de este período fue la fusión de la operadora Pan American Energy y la refinadora Axion Energy. Lo que la convierte en la petrolera integrada privada más grande del país y reconstituye parcialmente el tablero empresario. Su apuesta sería una importante ampliación y modernización de la refinería ubicada en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, y en el expendio de combustible.

Bienvenidos sus comentarios y sugerencias.

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