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“Los vecinos estamos pidiendo que se cumpla la ley y los basureros petroleros se vayan de Neuquén”

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Entrevista a Daniel Fernández, representante de los vecinos del oeste neuquino organizados contra los basureros petroleros ubicados en esa ciudad. En contacto con radio RTN, Fernández se refirió a la situación de contaminación  ambiental que viven por la convivencia con el  basurero petrolero Comarsa. Alli expresaron la necesidad de  su erradicación, en base al decreto 2263/15.

Escuchá la entrevista a Daniel Fernández por los basureros petroleros

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Martín Álvarez: “El discurso del fracking seguro es inviable”

En esta segunda parte de la extensa entrevista con el investigador del Observatorio Petrolero Sur nos detenemos en el método de fractura hidráulica, más conocido como fracking, profundizamos sobre Vaca Muerta y finalizamos sobre el debate que se inició el año pasado en el valle inferior del río Chubut en torno a la extracción de arenas silíceas.

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Iván Marín.- Días atrás publicamos la primera entrega de la entrevista con Martín Álvarez, donde abordamos las causas de la baja del precio internacional del barril de petróleo, las políticas hidrocarburíferas implementadas en el país desde la dictadura a la actualidad y la renegociación de los contratos petroleros. En esta oportunidad nos centraremos en lo que se conoce como métodos no convencionales de extracción de hidrocarburos, y también en el debate tan en boga desde el año pasado en Trelew y alrededores en torno a las arenas silíceas destinadas a abastecer a Vaca Muerta,

¿Qué es el fracking? ¿Se está desarrollando en otro lugar además de Vaca Muerta?

Por ahora no se está trabajando en ninguna otra cuenca que no sea la neuquina y sobre esa formación. En cuanto a qué es el fracking, yo siempre recomiendo unos videos, tenemos bastantes recursos adentro de nuestra página. La fractura hidráulica es un método de extracción de un recurso. Nosotros teníamos el petróleo convencional donde hacías la perforación y el hidrocarburo salía porque estaba en bancos, estaba bajo presión en la tierra o en las arenas. Pero después tenés también un proceso de un hidrocarburo que está atrapado, que no migra tan fácilmente y que se lo ayuda con algo que muchas veces se decía explotación secundaria, que tenía que ver con inyectarle gasoil, agua, líquidos y dejar bombeando la cigüeña todo el tiempo. Hasta ahora eso era lo que conocido. ¿Qué es lo que revolucionó el mundo del fracking? La fractura hidráulica es un método de perforaciones tanto verticales como horizontales. Esta última (horizontal) es una nueva característica de explotación, donde se ingresa a la tierra, y a una profundidad de 2500 metros en el caso de Vaca Muerta, y en esa parte horizontal se genera lo que se llama la fractura, que son explosiones que se hacen debajo de la tierra. Esas explosiones abren el caño y a partir de eso entra todo el proceso de fractura, que es meterle millones de litros de agua con arenas silíceas y distintos tipos de químicos y aditivos, y empezar con esa alta presión a acompañar a lo que ya fue expulsado, que es esta ruptura de las rocas o de las arenas bajo de la tierra. Primero la explosión y después trabajando con la presión, el agua y los químicos.

Hay diferentes tipos de procesos de fractura. Hoy estamos en algunos casos donde se tienen 28 procesos de fracturas en un mismo pozo. Galuccio (Miguel) tenía pensado llegarlos a 35. Adonde vos más abrís la roca, más hidrocarburo sale. Los químicos son muy dañinos, y también es muy complejo porque de la única manera que es rentable esto es haciéndolo de manera masiva. Para que sea rentable se hace un sinnúmero de pozos en lugares muy concentrados. Por ejemplo, en Allen vas a ver que tenés 12 pozos en 12 hectáreas. Entonces es muchísima presión sobre la tierra, este método es muy agresivo y generalmente lo que ocurre es que hay diferentes tipos de accidentes. Pero por otro lado también tenés lo que es la contaminación tanto de la tierra como del aire y el agua. Y en cuanto al agua hay toda una discusión porque dicen que se puede hacer el fracking seguro ya que nosotros estamos a 2000-2500 metros bajo tierra, que es donde se encuentra la formación Vaca Muerta, y los acuíferos están a 400-500 metros.

En Estados Unidos lo que se dio es que tanta presión sobre la tierra y tanta cantidad de pozos ha hecho que se produzcan microsismos, que son movimientos tectónicos que quizás se producen muy localmente producto de este tipo de presión y que no te generan un terremoto que vos puedas percibirlo, pero sí generan rupturas de los “casing”, que es la cementación que tienen los pozos petroleros para proteger y aislar al hidrocarburo de los acuíferos y de la tierra. El 30 por ciento de los “casing” se les rompía, se fisuraban. Entonces eso hace que se contamine. Todo el discurso del fracking seguro es inviable, el fracking contamina y a eso no hay con qué darle.

Lo otro que nosotros estamos discutiendo es que todo este marco la única lógica que tiene es abastecer de recursos a un Estado rentista a través de las regalías petroleras. Claramente no hay intenciones por parte del gobierno de llegar a un autoabastecimiento energético cuando no toman medidas que acompañen a esto.

Nosotros estamos produciendo energía hoy para abastecer a una economía capitalista perversa, sacando recursos que no sería necesario sacarlo con un método altamente contaminante, generando un nuevo saqueo, y dándoles todas las garantías a las multinacionales para que puedan venir, llevarse estos recursos y aquí no pasa nada. Quién te da las garantías que lo que hizo Chevron en Ecuador no lo haga en Argentina. El acuerdo Chevron-YPF, que tiene un montón de cláusulas secretas, cuando ellos lo presentaron en la Bolsa de Valores de New York nos encontramos ante situaciones que eran bastantes graves: una cuenta offshore de garantías en Estados Unidos, cosa que si el día de mañana Chevron contaminó, se le generó todo un desastre ambiental que tiene que remediar, saca todos sus activos del país y se va, dejando despidos, cuentas impagas, y se transforma en un prófugo de la justicia. Solamente tiene que sacar sus directivos en avión y ya está. El acuerdo Chevron-YPF hace también que tenga un montón de beneficios: si el día de mañana Galuccio hace enojar al directivo de Chevron y se quiere ir del país, se va, pero así y todo van a seguir cobrando durante 35 años el 50 por ciento de lo que se produzca en las áreas que están.

¿Es correcta a nivel programático la consigna de nacionalización bajo gestión obrera del fracking o no tiene sentido, como sucede con la megaminería?

Puedo dar una respuesta que es en términos personales, no como colectivo.
Vos no podés dar una respuesta administrativa de una de transición socialista a un problema capitalista actual. No te estoy hablando de la matriz energética, de la matriz económica del país. Nosotros hoy vivimos en un mundo global, capitalista, donde el petróleo y el gas son recursos necesarios, básicos. Somos petróleo dependiente. Sin embargo vemos que hay una caída del precio internacional producto de que se mete al mercado el petróleo. El capitalismo no piensa en el futuro, no piensa en el desarrollo de la sociedad. Nosotros como socialistas tenemos que ponernos a pensar cómo vamos a sacar los recursos, para qué los vamos a explotar y con un plan de acción donde necesariamente acá todo proceso de revolución va a tener que tenerlo en cuenta previamente y estar incorporado eso al programa. Lo que estoy planteando es que el socialismo que tenemos que pensar es un socialismo donde el consumo actual esté cuestionado, no incentivado; donde la lógica actual de rifarse al mundo en que vivimos, esté cuestionada, no esté incentivada; y que no tengamos en cuenta que consumo o capacidad de compra es igual a bienestar.

Hoy no se puede estar pensando que la cuestión ambiental tiene que ver con hippies, indígenas y gente ambientalista. Hoy tenemos que ver que la situación ambiental de este mundo es una cuestión crucial para un programa socialista y revolucionario para la clase trabajadora.

En Trelew y en todo el valle inferior del río Chubut se está dando una discusión porque en localidades de la zona, en particular 28 de Julio y Dolavon, se va a desarrollar la extracción de arenas silíceas destinada a abastecer a Vaca Muerta. El debate comenzó de alguna manera impulsado por Chubut Somos Todos, la agrupación de Mario Das Neves, antes que fuera electo en octubre gobernador. Ellos le planteaban al gobierno de Martín Buzzi que se iban a llevar las arenas sin dejar nada de regalías para la provincia y sin que el proceso de industrialización se realice localmente. Por otro lado, algunos sectores cuestionan que la extracción de arenas silíceas es contaminante y manifiestan que no se debería realizar su extracción.

¿Qué opinión tenés al respecto?

El tema de las arenas silíceas fue uno de los puntos importantes que tuvo la gestión de Galuccio. Las arenas generalmente se traían desde Brasil, China o Estados Unidos. Por lo tanto costaba mucho. Entonces lo que se cambió es tratar de conseguir una arena que reemplace a esta y que sirva para la hidrofractura. Después de varios intentos se encontró esta que vos nombrás, lamentablemente para todo ese pueblo. Ahí van a dejar un hueco en la tierra, y es más una disputa en términos de negocios, de quién se lleva o cómo se transportan esas arenas. En principio se pensó que se iba a llevar en camiones hasta el puerto de San Antonio, de ahí iban a venir en trenes hasta la ciudad de Allen o una ampliación hasta Contraalmirante Cordero, que vendría estar mucho más cerca de Vaca Muerta, y a partir de ahí, con esa red, abastecerlo. Para esto aparecían los actores de siempre. Lázaro Báez compró cincuenta camiones para hacer el transporte de esas arenas. También tenemos que las arenas generaron un peso muy importante durante su traslado en las líneas férreas, por lo tanto se volcaron trenes.

Desconozco que en Argentina existan casos recientes de problemas de salud por las arenas silíceas. Sí conocemos que son muy cuestionadas en otros lugares del mundo producto de que generan muchos problemas respiratorios porque es una arenita muy finita, vidriosa, cerámica y tiene componentes que te hacen mal a la salud en caso de que esté volando. Entonces, nuevamente a lo mismo, es generarles mejores niveles de competitividad a las multinacionales para que los estados tanto nacional como provincial se hagan de regalías en esa lógica rentista, y a los pueblos nos estén quedando todo lo que es el desastre ambiental y la contaminación. En el caso de ustedes, allá les va a quedar un hueco en la tierra y eso va a traer infinitos tipos de problemas.

¿Cuando hablás de hueco en la tierra a qué te referís?

Cada saco tiene una tonelada y media. En cada uno de los procesos de fractura se deben estar utilizando unos treinta sacos. Te estaba nombrando que hay pozos que quieren implementar treinta y cinco procesos. Estamos hablando de números realmente muy grandes. Demanda mucha arena el fracking. Ahora, en lo inmediato quizás no lo vayan a ver de una manera tan exponencial porque Vaca Muerta está con un impasse en cuanto a su explotación producto del precio internacional.

La Izquierda Diario

cristobal lopez

Rechazan proyecto de fracking por posible afectación de humedales en Mendoza

La Secretaría de Ambiente frenó en seco el trámite que desde hacía tiempo llevaba la empresa Oil M&S para el área Río Diamante. Detectaron defectos en la Manifestación General de Impacto Ambiental que la firma Oil M&S presentó.

cristobal lopez

A través de la Resolución 27 de 2016, la Secretaría de Ambiente definitivamente frenó en seco el trámite que desde hacía tiempo llevaba la empresa Oil M&S, del empresario kirchnerista Cristóbal López, para poder operar el área petrolera Río Diamante. Entre los fundamentos de la medida, que ordena suspender y archivar el expediente respectivo, la autoridad observó defectos en la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental), paso ineludible para la explotación hidrocarburífera.

Así las cosas, cerrado el expediente 1111-D-2009-03834 caratulado “MGIA del área Anexo VII Río Diamante- OIL M&S S.A.”, si pretende seguir adelante para explotar el área que se adjudicó en 2008 por U$S 66 millones, la firma de López deberá volver a fojas 0. Es decir, presentar una nueva Manifestación, más específica y rigurosa que la de hace 7 años.

“Se sustancia un procedimiento de evaluación ambiental, mediante MGIA (Manifestación General de Impacto Ambiental), con un contenido somero y genérico que no cumple con los recaudos mínimos de la legislación”, señala en sus considerandos la Resolución firmada por la titular de la Dirección de Protección Ambiental (DPA), Miriam Skalany.

Pero además, hace hincapié en el riesgo futuro que hubiera implicado aprobar el trámite tal y como se había llevado adelante. “De continuar el procedimiento en las condiciones obrantes, se generaría un acto viciado grave”.

No obstante, la decisión de la DPA deja la puerta abierta para que Oil “en la medida de su interés, dé inicio a un nuevo procedimiento que se adecue a las exigencias legales”.

Como en su momento el caso había llegado a judicializar se, Ambiente puso en conocimiento de la resolución a la titular del 4to Juzgado Civil de San Rafael, Mónica Cubillos, quien había admitido un amparo para frenar la audiencia pública de una ONG ambientalista de San Carlos ante la declaración de uso del fracking, que para la empresa fue “errónea”.

Además, notificó a Fiscalía de Estado, cuya área de Derecho Ambiental sugirió a la DPA dar marcha atrás con las actuaciones el 3 de diciembre, y suspender el proceso por “falencias de contenido”, al evaluarlo inconsistente.

Pese a lo “somero y genérico” y las “limitaciones” de la presentación que impulsaba desde 2009 en busca de la Declaración de Impacto Ambiental que le permitiera explotar Río Diamante, la petrolera superó distintos dictámenes técnicos sectoriales (de la UTN y UNC), que para la autoridad ambiental se emitieron en consecuencia, o sea, ajustados a los datos declarados por Oil.

El voluminoso expediente de dos cuerpos acredita el transcurso de casi 1 año y medio entre dos audiencias públicas fallidas, habida cuenta que, en la segunda, la jueza Cubillos consideró que la empresa no respondió observaciones de la UNC ni del Departamento General de Irrigación sobre cómo podía afectar humedales en el área.

Ahora, con la suspensión ordenada por la Dirección de Protección Ambiental resta definir qué plazo tendrá López para volver a la carga si mantiene su interés por Río Diamante y si la falta de inversión deviene en caducidad de la concesión.

Al respecto, Skalany subrayó que se contemplará un “tiempo prudencial, teniendo en cuenta que las inversiones están supeditadas a la obtención de la DIA, que hasta el momento no se dio”.

Sobre lo que viene, la funcionaria aseguró que solicitará a Oil la presentación de otra MIA, habida cuenta que el expediente ahora archivado había incorporado en octubre una nueva presentación, más acotada.

Dicha presentación, según trascendió, en función de lo exigido por Irrigación para proteger al humedal de Río Diamante, recortaría 30% la superficie original del área y, en igual proporción, la inversión comprometida de U$S 66 millones.

Lo dicho: al quedar sin efecto el trámite, Oil deberá reformularlo para llegar a la explotación. “Que contenga un grado de detalle mayor en cuanto a la distribución de pozos, para avanzar nuevamente con los dictámenes y la audiencia, todo lo cual llevará un mínimo de 6 meses de evaluación”, consignó Skalany.

Por su parte, desde Fiscalía de Estado advierten que precisamente sobre esos aspectos estará puesta la lupa en la próxima etapa. “Corresponde tener en cuenta, si se presenta otra Manifestación, en qué condiciones y, entre otras cuestiones, el plazo a contemplar, incluido el cumplimiento real de la inversión necesaria, antes de declarar caduca la concesión”, explicó el abogado Nicolás García Bistué, del área ambiental.

Los Andes

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La multinacional Techint contra los Pilagá

Las comunidades Penqole y Qompi, del pueblo pilagá de Formosa, denunciaron a Techint por la construcción de un tramo del Gasoducto del Noreste, que atraviesa su pueblo. Los pilagá sostienen que la empresa realizó promesas que fueron incumplidas

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Darío Aranda.- La empresa Techint, que opera en 45 países y factura 25.000 millones de dólares al año, fue denunciada por ingresar a territorio indígena en Formosa, no respetar los derechos de las comunidades y contaminar. La multinacional construye un tramo del Gasoducto del Noreste, con un presupuesto de 1300 millones de pesos, que no contempla la conexión de suministro a los pueblos originarios. Dos comunidades del pueblo pilagá denunciaron a Techint por la firma irregular de convenios y por no cumplir las promesas (de trabajo y pago de canon por servidumbre de paso). “Parece que los indígenas no tenemos derechos”, reclamó Juana Segundo, de la comunidad Penqole.

Los pueblos indígenas de Argentina cuentan con leyes nacionales y tratados internacionales que obligan a obtener su consentimiento por cualquier actividad que pudiera afectar sus territorios. El termino legal es “consulta libre, previa e informada”. Requiere respetar las formas y los tiempos de decisión de las comunidades originarias.

No fue lo que sucedió en Formosa. “Llegaron un día con un papel, nos avisaron que por acá pasaba un gasoducto y que debíamos firmar”, recordó Juana Segundo, autoridad de la comunidad pilagá Penqole, sobre la ruta provincial 28, a cinco kilómetros de la localidad de Las Lomitas.

Fue a inicios de 2015, cuando empleados de Techint visitaron la comunidad e instaron a firmar un “convenio”. El mismo 2015 comenzaron las obras que atraviesan la comunidad. Cortaron alambrados, ingresaron retroexcavadoras, camiones y obreros. Cavaron profundos pozos y comenzaron la instalación de enormes cañerías.

Juana Segundo recordó que les prometieron un pago de canon mensual por utilizar el territorio indígena, pero advirtió que nunca les pagaron. La comunidad solicitó materiales para la construcción de un salón comunitario, de seis metros de largo por cinco de ancho. Obtuvieron cemento, arena y ladrillos, pero faltó el hierro (para columnas y vigas). El salón quedó a medio construir. “Parece que Techint no tiene plata para hierros”, cuestionó la mujer pilagá.

La comunidad indígena preguntó si contarán con suministro de gas (hoy utilizan garrafas y leña). “La empresa dijo que no sabía, pero los trabajadores nos avisaron que sólo es para las ciudades”, reclamó la vocera pilagá. Y definió la situación actual: “Hay mucho silencio de la empresa y del gobierno, y mucha preocupación nuestra porque no se cumplen nuestros derechos”.

Según la publicidad oficial, el Gasoducto del Noreste se propone abastecer de gas a 3,4 millones de personas de Formosa, Santa Fe, Salta, Chaco, Corrientes y Misiones. Contará con 4000 kilómetros de cañerías, una inversión total de 28 mil millones de pesos y fue adjudicado a una decena de empresas según los tramos (la obra de Formosa, de 300 kilómetros, fue licitada a Techint por 1373 millones de pesos).

El conflicto se agravó en junio, cuando Techint cortó alambres de los pilagá, amplió un pozo y lo transformó en un piletón. En octubre volvieron a cortar alambrados, realizaron otra excavación y canales. Los pilagá denunciaron que Techint utilizó el territorio indígena como basurero, donde arrojó líquidos “de las máquinas y baños”. Con el agravante de que a pocos metros se encuentra un pozo de agua de los pilagá.

A fines de agosto los indígenas cerraron el paso hacia el gasoducto. Denunciaron los incumplimientos de Techint y también de la empresa estatal Enarsa (Energía Argentina). A inicios de noviembre presentaron una denuncia judicial contra el responsable de Techint en la región, Jorge Pellegrini, por delito de “envenenamiento”. Solicitaron peritajes judiciales que examinen los residuos arrojados y recordaron que tres miembros de la comunidad enfermaron en esas semanas. También denunciaron en los tribunales de Lomitas al criollo Jorge Luna (que usurpó una parcela de la comunidad y actúa en consonancia con la empresa), por daños y amenazas con arma de fuego.

El accionar de Techint también afectó a la comunidad pilagá Qompi. “Nos dijeron que nos correspondía un pago mensual por canon. Y prometieron trabajo para los hombres”, recordó Cipriana Palomo, vocera de la comunidad (ubicada en la localidad de Pozo del Tigre).

La mujer, que también es autoridad de la Federación Pilagá de Formosa, señaló que la comunidad está integrada por 300 familias y sólo siete integrantes trabajaron en el gasoducto. En agosto pasado le cerraron el paso a Techint y exigieron que contrate más personas, alambre para los corrales, caños para conexiones de agua y cuatro motosierras. “Sólo entregó algo de alambre y caños”, afirmó Palomo y adelantó que siguen reclamando el pago del canon.

La comunidad Qompi responsabiliza a Techint, Enarsa y al gobierno nacional. También denuncia que la obra no contemple gas para los indígenas. “Nos mintieron”, lamentó Cipriana Palomo.

Techint, que no respondió las consultas de este diario, tiene 59.000 empleados en todo el mundo y factura 25.000 millones de dólares anuales. Es una empresa fundada en 1945 por Agostino Rocca y siempre estuvo ligada a la obra pública. Es el mayor productor de acero de América latina y líder global en la producción de tubos sin costura (principalmente para la actividad petrolera). Su presidente actual es Paolo Rocca y opera en más de 45 países. La publicidad corporativa de Techint afirma que entre sus objetivos principales está el “compromiso con el desarrollo local” y el “respeto al ambiente y a las comunidades” donde opera.

Página/12

curru-leuvu1

Pronunciamiento de los pueblos cordilleranos y patagónicos en repudio al pacto federal minero

  • Ante la degradación social, cultural y la agonía de las economías regionales que nos deja los mega proyectos mineros en nuestras provincias.
  • Ante la desinformación sobre la situación ambiental después de casi 20 años de megamineria.
  • Ante la falta de aplicación de la ley de glaciares.
  • Ante la corrupción de los funcionarios.

Expresamos..

Las comunidades afectadas por el modelo extractivista repudiamos esta reorganización del Estado Minero con la noticia del lanzamiento del nuevo Pacto Federal  Minero.  Una vez más elevamos nuestra voz con fundamento, experiencia y bronca, ante la constante negación de todos los gobiernos, a enfrentar  al pueblo que exige el cumplimiento de leyes vigentes, que exige ser partícipe de las decisiones que atañen a su territorio, a su presente y su futuro, que exige sean reconocidos los recursos humanos y culturales preexistentes al extractivismo. Por el contrario,  al igual que los gobiernos anteriores, las  declaraciones del Subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello los primeros días de este año 2016, demuestran una vez más que las políticas mineras están hechas a favor de las transnacionales, en detrimento de los pueblos y sus territorios.

Capello señaló que su “principal preocupación es hacer que vengan  inversiones para minería sustentable para todas las provincias mineras…”  …“las provincias mineras” como decidieron llamar a las riquísimas y diversas provincias cordilleranas, hemos comprobado en casi 20 años de este tipo de minería, que minería a gran escala y sustentabilidad son imposibles de compatibilizar. Es triste escuchar a un funcionario estar principalmente preocupado por generar las condiciones para lograr inversiones extranjeras, y no OCUPADO en resolver las gravísimas problemáticas ambientales que tenemos los pueblos afectados por la mega minería. Por ejemplo: en Andalagalá no tenemos idea de qué pasará con el dique de cola tras el cierre de operaciones, no hay ninguna presentación en los organismos correspondientes del informe de impacto ambiental. No se hacen cargo de los diversos informes que indican contaminación ambiental producida entre otros varios factores por la rotura del minaraloducto y fisuras en el dique de colas, violando  efectivamente tanto la Ley de Ambiente como el Código Minero. Es gravísimo que en su concepto de sustentabilidad no registre la reciente tragedia En Jachal, ni todos los recientes ejemplos en el mundo respecto de lo imposible que resulta el control de estos monstruos.

Capello  sigue  “con  esto se busca impactar positivamente en los departamentos donde se lleva adelante la minería”…para “que sirva al agro, a la forestación, a todo el desarrollo sustentable y al desarrollo social”…

Le queremos contar  a Capello por si no lo sabe, que los pueblos que vivimos en torno a las megamineras, ya escuchamos este cuento hace 20 años, y no solo las economías regionales desaparecieron sino que hemos comprobado que todos estos tipos de planes responden a los intereses de las transnacionales.

En este sentido exigimos información respecto del plan Belgrano para el NOA, que dice reparar deudas históricas con las provincias, pero deja ver un plan de infraestructura a medida del extractivismo, por ejemplo viabilizar la construcción el  Dique Potrero-Clavillo que tiene como objetivo principal abastecer de energía a las Empresas Mineras.

En otro segmento de sus declaraciones Capello explica: “queremos una página web seria, con toda la información actualizada de la minería hoy”… “la página actual es una vergüenza”…”hay que actualizar todo, de manera que si algún inversor interesado del extranjero la consulta online, posea una radiografía completa de nuestra minería”…

Lo que da VERGÜENZA  e impotencia es que los gobiernos estén vendiéndonos online como si no fuéramos mas que mercancía, y que la actualización de la información sea para los inversores y no para las comunidades que reclaman históricamente conocer información oficial respecto de los cientos de proyectos a lo largo de nuestro territorio cordillerano y patagónico, que reclama amparado en su derecho, información acerca de las consecuencias en el medio ambiente de los mega emprendimientos que ya hoy están en marcha. La información que manejamos las comunidades son las visibles y notorias consecuencias negativas que este tipo de actividad produce.

Dejamos  para lo último lo “mejor”, Capello  y sus  colegas declaran…”queremos enamorar a los Argentinos con la minería”.
Desde ya le decimos que estamos enamorados de la vida, de nuestro territorio de nuestras culturas y que a fuerza de represión, contaminación, destrucción de las economías regionales y saqueo de los recursos naturales, hemos aprendido, nos hemos informado y estamos unidos y de pie para defender nuestro derecho a decidir cómo queremos vivir. Estamos cansados de que nos tomen el pelo, que nos mientan en la cara, que subestimen a los pueblos, que nos declaren pueblos sacrificables.

Toda esta experiencia acumulada en nuestras luchas ha fructificado en nuestros pueblos: cada vez más son los vecinos que toman conciencia, sacan sus conclusiones, y sostienen firmemente que la mega minería MATA.

  • NO A LA MEGA MINERÍA CONTAMINANTE EN NUESTROS TERRITORIOS. 
  • MEGAMINERIA DELITO DE LESA NATURALEZA. 
  • APLICACIÓN EFECTIVA Y URGENTE DE LA LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS GLACIARES Y ÁREAS PERIGLACIARES Y LA LEY DE MEDIO AMBIENTE. 
  • RESPETO A LA PREVIA, LIBRE E INFORMADA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS. 
  • RESPETO POR NUESTRAS CULTURAS. 
  • REPUDIO A LA REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL. 
  • SI A LA VIDA, AL AMBIENTE SANO Y A UN MUNDO SIN COMUNIDADES  SACRIFICABLES. 

BASTA DE MEGAMINERIA!! NO QUEREMOS NINGUNA MEGAMINERA MAS!!

Asamblea ciudadana Concordia, Entre Rios

Asamblea Ciudadanos por la Vida, Chilecito, La Rioja

Asamblea Comarcal Contra el Saqueo – Paralelo 42

Asamblea de Belén, Catamarca

Asamblea de la Plaza, Tucumán

Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel

Asamblea del Buen Vivir, San Luis

Asamblea del Yokavil, Santa María, Catamarca

Asamblea El Algarrobo, Andalgalá, Catamarca

Asamblea Jachal No se toca, Jachal, San Juan

Asamblea Pachamama Uruguay

Asamblea Popular por el Agua, Mendoza

Asamblea Riojana Capital, La Rioja

Asamblea Sanjuanina contra la contaminación y el saqueo, San Juan

Asamblea Villa Giardino Despierta,  Córdoba.

Asoc.Cristian Gonzalez , San Martin de los Andes

Asociación Civil Árbol de Pie, Bariloche.

Catamarca Despierta, Catamarca

Centro Cultural Abya Yala, Chilecito, La Rioja

CIFMSL, Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos, Bs. AS.

Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Buenos Aires

Fm Estación Sur, Catamarca

Foro Ambiental Santiagueño.

Investigadores Populares sobre la Problemática Minera (IPPM)

Juntos podemos en un ambiente sano, Jujuy

Miguel Teubal, Buenos Aires

Movimiento Antinuclear Zárate Campana. Bs As

Pablo Bergel, Buenos Aires

Piuke-Bariloche y Radio Autónoma Piuke.

Pro Eco Grupo Ecologista, Tucumán

Radio El Algarrobo, Andalgalá, Catamarca

Sanjuaninos en Bs As

Tinku Kamayu, Cooperativa de Tejedoras, Santa Maria, Catamarca

Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto

Unidos por las aguas de la cuenca Curru Leuvu. Viedma, Rio Negro.

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Foto Agencia El sol

Chubut, el petróleo y la dependencia

La situación planteada con la producción petrolera en Comodoro Rivadavia es singular y sirve muy especialmente para reflexionar sobre las opciones de desarrollo en la Argentina.

Foto Agencia El sol
Foto Agencia El sol

El problema se plantea en una cuenca que produce petróleo pesado, a cargo básicamente de dos compañías multinacionales, que exportan la producción en crudo, porque ese material no puede ser refinado en la Argentina, ya que no hay destilerías adecuadas.

Durante años, el crudo se exportó normalmente y no tomó estado público ninguna controversia en el tema, ya que ahora sabemos que el costo de extracción ronda los 36 usd/barril y el precio internacional superó largamente esa cifra. Las empresas pagaban su regalía del 12% al gobierno provincial y tanto ganaron que se estableció una retención móvil por la cual el Estado Nacional percibía todo ingreso excedente por sobre 70 usd/barril.

Hasta que llegó la guerra de precios del último año, en la que las grandes operadoras internacionales buscan sacar del mercado a las operadoras de fracking en Estados Unidos, quedándose con sus empresas antes de volver a precios mayores. La caída de precios ha sido muy importante, tanto que finalmente en estos días los compradores del petróleo de Chubut ofrecen pagar 20 usd/barril, lo cual implica obviamente trabajar a pérdida.

Así está la cuestión. Las empresas no hacen balances globales: quieren dejar de extraer hasta que se recupere el precio. Del otro lado: 5 mil familias dependen de la continuidad de la actividad. En el medio: El Estado provincial no quiere ni puede bancar el conflicto social asociado, agravado por la evaporación de las regalías a cobrar.

¿Qué hacer? Los trabajadores, las empresas y finalmente el Gobierno provincial reclaman un subsidio por la diferencia entre venta y costo. El Ministro de Energía, aparentemente, habla solo de negocios y señala que si se pierde hay que suspender. Y allí queda su aporte.

Es también evidente que parar implica un grave problema social, que es imposible siquiera medir en dinero. Es evidente que alguien tiene que poner la diferencia si la operación ha de seguir.

Poner el dinero como subsidio directo sería admitir que el Estado tiene la función boba de asistir en las pérdidas, ya que las 5 mil familias son rehenes de la situación. Por supuesto, las empresas no crearon un fondo de reserva salarial con las ganancias extraordinarias anteriores ni nada que se le parezca. Es pelito para la vieja.

Tal vez el camino natural sea poner el dinero y capitalizarlo en la explotación, ganando así el derecho a aumentar la participación pública (nacional o provincial según quien aporte) cuando los precios se recuperen.

Las empresas deberían estar de acuerdo con esta opción. Si no lo estuvieran y suspendieran la operación, hay legislación de fondo que habilitaría para trasladar la concesión completa a la empresa provincial de petróleo o un acuerdo con YPF.

Eso en cuanto a la cobertura laboral. Pero es esencial pensar un paso más allá y aprovechar la coyuntura para entender que Chubut debe tener la refinería para petróleo pesado, con mayoría estatal y convertirse en comprador de privilegio para la producción local. Esta decisión rompe de manera permanente la dependencia y termina – al menos en ese rinconcito de la Patria – con el chantaje empresario.

Nota tomada de Producción Popular

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Extractivismo o subdesarrollo: el falso dilema de los gobiernos progresistas en América Latina

Actualmente las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del extractivismo.  Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.

extractivismo

Ricardo Bustamante.- Mucho se ha analizado sobre los cuestionamientos al modelo de desarrollo y reales cambios efectuados por los gobiernos progresistas o de sensibilidad de izquierda que han dirigido nuestro subcontinente en los últimos años. Sin embargo, en algunos de estos países el panorama nos muestra que la derecha neoliberal y conservadora comienza a lograr triunfos significativos, como ya sucedió con la elección presidencial de Mauricio Macri en Argentina y la derrota del chavismo en las últimas legislativas en Venezuela.

No obstante, e independiente de los gobiernos de turno en la región, hay un dato que no miente: En Latinoamérica los ingresos provenientes del sector extractivo -que incluye la explotación minera y petrolera- se han incrementado 20 veces durante la última década. Una situación que ha ocasionado la propagación de un sinnúmero de conflictos socio-ambientales a lo largo de la región y la consiguiente violación de derechos sociales, ambientales, económicos y culturales de millones de latinoamericanos.

Y es que las banderas de lucha de los gobiernos llamados progresistas en el continente, si bien descansaban en un discurso que siempre cuestionó los modelos de desarrollos tradicionales, y por ende, al extractivismo. Se criticaba la dependencia de las exportaciones, el papel de las economías de enclave, las condiciones laborales, el enorme poder de las empresas extranjeras, la mínima presencia estatal o la baja tributación. Con el fin de desarmar los entramados neoliberales, diversificando la producción e industrializando las materias primas, apuntando precisamente a los sectores extractivos típicos: la minería y el petróleo.

Sin embargo, la realidad ha logrado ser otra muy distinta. Actualmente las exportaciones de minerales y petróleo mantienen un ritmo creciente en América Latina, y los gobiernos insisten en concebirlas como los motores del crecimiento económico. Situación que se repite en los gobiernos progresistas, siendo varios de ellos promotores del extractivismo, incluso a través de reformas legislativas o de subsidios financieros. Y no sólo eso, sino que han generado una versión de agricultura basada en monocultivos y orientada a la exportación, que termina resultando ser una nueva forma de extractivismo, esta vez, agrícola. Muy bien lo sabe Chile con millones de hectáreas plantadas con pino y eucaliptos y sus nocivas consecuencias socio-ambientales, y la aplicación del subsidio estatal DL-701.

La dirigente ambiental ecuatoriana, Esperanza Martínez, ha estado en Chile para relatar su experiencia en instancias académicas, y destaca cómo el proceso de reposicionamiento del rol del Estado en las sociedades latinoamericanas, llevado a cabo durante los últimos 15 años y más allá de otros méritos, responde a una nueva fase de capitalismo extractivista, caracterizada por una economía sostenida mediante el agotamiento del petróleo y los minerales.

En Ecuador, país que lleva varios años viviendo de la renta petrolera, las zonas más pobres del país son aquellas de donde se saca petróleo. ¿Cómo es posible aquello?, Simple, como en el caso de Chile -con la explotación minera en el norte, la forestal y salmonera en el sur- “estas políticas extractivas lo que generan, justamente, es pobreza local”. Porque los recursos que se quedan en el país de turno no se traspasan a las regiones impactadas, sino que se traspasan -en una lógica colonial- hacia las grandes ciudades industrializadas. Martínez, y su comunidad, llaman a este suceso la “deuda ecológica a escala local”.

En Colombia, en tanto, la superficie utilizada para la extracción minera ha pasado de 1,1 millones de hectáreas en 2002 a 8,4 millones de hectáreas en 2009. Según Sergio Coronado, del Centro de Investigación y Educación Popular de Colombia, el 80% de violaciones a los derechos humanos y laborales se dan en esos territorios. “La minería a gran escala no ha facilitado la superación de la pobreza”, y agrega que esto no sólo sucede en su país, “la experiencia histórica de América Latina está mostrando una muy mala relación entre la garantía de derechos sociales y la presencia de industrias extractivas. En la mayoría de los casos, la situación de los derechos sociales y humanos es mucho peor en zonas mineras”.

Cifras del falso dilema

Como señala el investigador uruguayo Eduardo Gudynas, del Centro Latinoamericano de Ecología Social (CLAES), a pesar de los profundos cambios políticos continentales hacia la izquierda, los sectores extractivistas mantienen su importancia y son uno de los pilares de las estrategias de desarrollo actuales.

En paralelo al gran peso de los sectores extractivos en las exportaciones y la economía nacional de los países latinoamericanos, buena parte de estos mismos gobiernos enfrentan bajos niveles de desarrollo humano, alta incidencia de la pobreza e incluso limitaciones en el acceso a la alimentación. Para algunos expertos, esto es la llamada “maldición de la abundancia”.

Como el caso de Ecuador, que exporta el 59% de su producción de hidrocarburos, tiene un 36% de pobreza y un 11% de niños desnutridos, o el de Colombia, en que el 60% de sus exportaciones la componen materias primas, suma un 31% de pobreza y un 11% de desnutrición. O sumar el ejemplo de Bolivia, que si bien desde el arribo al poder de Evo Morales ha rebajado sostenidamente sus índices de pobreza e indigencia, el 91% de sus exportaciones la siguen constituyendo commodities, registrando un 36% de pobreza y un 19% de desnutrición, según cifras de la FAO y CEPAL.

Aunque el estilo extractivista se mantenga en estos gobiernos progresistas, cabe señalar que no debe asumirse como idéntico al observado bajo gobiernos conservadores. Por ejemplo, la llegada de Morales y el MAS en Bolivia rápidamente desembocó en un cambio sustancial en la imposición tributaria y regalías de las empresas, renegociación de los contratos, y un Estado que deja de ser un mero espectador y pasa a constituirse en un actor clave para esos sectores. O si se observa el caso de Brasil, se verá también una presencia estatal más enérgica, que incluso empuja a una expansión de la empresa Petrobrás, y que ha llegado a discutir un nuevo marco legal y administrativo para el sector petrolero.

De esta forma, es posible postular un neo-extractivismo de cuño progresista (Gudynas), el que, sin embargo, no ha modificado sustancialmente el modelo de esta industria, y que por consiguiente, haya comenzado a resolver los grandes impactos sociales y ambientales a los que son sometidas las comunidades.

Un desafío mayor, que no solo basta con diversos postulados sobre el cambio del modelo de desarrollo de nuestras naciones, sino que muchas veces, los análisis no tienen en cuenta la existencia de mayorías parlamentarias -sumado a la voluntad política necesaria- que mitigue los múltiples impactos ocasionados por esta industria. Una situación que de no cambiar -menos posible aún con el alza de gobiernos conservadores en la región- seguirá haciendo común y extendida la falsa explicación dicotómica dada por aquellos gobiernos hasta hoy: extractivismo o subdesarrollo.

El Mostrador, Chile

minas gerais brasil mineria

Matar un río

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La furia de 62 mil millones de litros de pesado lodo tóxico arrasó con todo el pueblo de Bento Rodrigues, en el municipio de Mariana, Minas Gerais, Brasil, el 5 de noviembre de 2015, al romperse dos gigantescos diques de contención de residuos de la minera Samarco, propiedad de la brasilera Vale y la australiana BHP Billiton, ambas entre las cinco mayores empresas mineras del planeta.

Era sólo el comienzo de una tragedia anunciada, como lo formuló el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués), que se convirtió en el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil y en uno de los mayores crímenes industriales del mundo. Las mineras no atendieron las advertencias que le hicieron expertos desde 2013, por ahorrar gastos en medidas de seguridad. Sabiendo de la fragilidad, aumentaron exponencialmente la presión de los diques para conseguir más ganancias en tiempos de crisis. El precio del hierro, principal explotación de esa mina, bajó 76 por ciento desde 2009, pero la compañía siguió obteniendo enormes ganancias, más de mil millones de dólares en 2014 . Lo logró aumentando la producción 56 por ciento en cuatro años, con las mismas instalaciones que le habían advertido eran demasiado vulnerables. (1)

Mujeres, hombres, niños, ancianas, todos los 600 habitantes de Bento Rodrigues perdieron sus casas, su pueblo y su historia en un momento, y los que no pudieron escapar perdieron también la vida. El crimen terminó con la vida de 17 personas entre pobladores y trabajadores de la mina, y una cantidad indeterminada de desaparecidos.

Desde allí el deslave siguió su viaje letal, devastó regiones enteras, mató a su paso los ríos Gualaxo do Norte y Rio do Carmo, avanzó sobre tierras aledañas hasta llegar al tramo de cauce más amplio del Río Doce. En menos de tres semanas la corriente de lodo tóxico recorrió más de 700 kilómetros, atravesando los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo con decenas de poblaciones ribereñas y alcanzó el oceáno Atlántico, donde la enorme mancha se sigue extendiendo aún. Ahora está llegando al archipiélago de Abrolhos, una reserva de flora y fauna, donde el desembarco de seres humanos está prohibido para conservar el ecosistema, con la sola excepción de una isla, donde se permitían visitas estrictamente restringidas.

Samarco, Vale y BHP Billiton mataron el Río Doce y todo su sistema fluvial, uno de los más importantes de Brasil. Ninguna multa –que además son mucho menos que las millonarias ganancias de esas industrias– puede compensar la destrucción de los pueblos, los ríos, los millones de peces y animales, las decenas de miles de árboles y plantas, la destrucción de ecosistemas enteros que brindaban agua, alimento y sustento a cientos de miles de personas y muchas culturas.

En medio del desastre están las tierras ancestrales del pueblo Krenak. “Watu e kwen” (mataron el Río Doce) resuenan sus voces en luto. Watu, el verdadero nombre del río, era la fuente de agua de la reserva en que la que viven luego de muchos saqueos. Hace tres siglos los conquistadores navegaron río arriba para tomar los metales que encontraban, sembrando muerte y desolación a su paso. A fines del siglo XIX y principios del XX, la construcción del ferrocarril para sacar minerales y café de las haciendas, partió su territorio nuevamente. La muerte del río es quizá el peor ataque contra la vida de los Krenak hasta ahora, y viene arriba de la instalación de represas y otras obras que invadieron su territorio en las últimas décadas. Nunca dejaron de resistir y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. La muerte de Watu es un crimen insondable, de profundidad difícil de abarcar. “Murieron todos los peces y todas las plantas y medicinas que tomábamos de sus orillas. Allí enseñábamos a los niños a nadar, a bailar en el río, a llamar la lluvia. Ahora no podemos ni acercarnos” dijo Laurita Charuk Mik, de 72 años, al MAB. “Casi morimos de tristeza. ¿Por qué alguien haría esto? … Cuando descubrimos que era la Vale, bloqueamos las vías del tren. Ningún dinero puede pagar la muerte de Watu”. (2)

No existe siquiera una evaluación total de los daños. La propia Samarco reconoce 1300 personas directamente afectadas. Pero autoridades de Minas Gerais estiman que hay más de un millón de afectados, tomando en cuenta la población de 35 núcleos habitacionales sólo en ese estado. Por lo menos 500,000 personas abastecían sus sistemas de agua potable en el río y no podrán seguirlo haciendo. La crisis por falta de agua crece día a día. (3) El lodo contiene varios metales pesados y al ser espeso, se depositó en varios recodos del río, de tal manera que no hay estimación de si se podrán limpiar alguna vez. El flujo del desastre sigue activo, la mancha tóxica y sus impactos se siguen extendiendo.

Increíblemente, hasta el día de hoy las empresas afirman que las causas del “accidente” son “desconocidas”. Es de un cinismo descabellado que pretendan que el crimen, que fue cometido con total conocimiento de causa, sea un accidente. No sólo no es accidental, es parte constituyente de la especulación premeditada que hacen todas las empresas mineras, con mayor o menor suerte, sabiendo que los riesgos los corren otros, que son casi siempre los pobres y los más vulnerables. Es parte del núcleo duro del modelo industrial de producción y consumo, basado en el extractivismo feroz, que no respeta ciclos, ni ecosistemas ni culturas, destruye los recursos y los bienes comunes de la mayoría de la humanidad, para beneficio de una ínfima minoría.

En todas partes los ríos son fuentes de vida y por eso los pueblos se asientan en sus orillas. De otro orden, pero en el mismo sentido y también con cientos de miles de evacuados, tampoco fueron “accidentales” ni “catástrofes naturales” las inundaciones que pocas semanas después de la tragedia de Mariana, asolaron grandes áreas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Movimiento sociales y organizaciones populares de esos países denunciaron que lo que sí era un fenómeno natural, se transformó en desastre por ese mismo modelo de explotación industrial y extracción descontrolada de recursos: por la construcción de represas, por la deforestación, en gran parte para abrir paso a los extensos monocultivos de soja transgénica, por la siembra de monocultivos de pinos y eucaliptos, por el uso intensivo de agrotóxicos; todo lo cual ha provocado la destrucción de los ecosistemas que contenían las inundaciones, con una gran erosión de suelos, que en lugar de absorber el agua se volvieron impermeables y la hacen correr.

La devastación ambiental no es nunca un accidente: es parte constitutiva del modelo industrial de producción y consumo y crímenes como estos van a seguir aumentando. No nos queda otro camino que cuestionar de fondo esos modelos, desde nuestras luchas, análisis y propuestas. Mientras tanto, siguen siendo las comunidades locales las que en todas partes resisten esos embates y cuidan los ecosistemas que nos permiten seguir vivos.

Desinformémonos 

cambio climatico

Pedido a Naciones Unidas que Aborde los Impactos del Fracking en los Derechos Humanos

Esta carta será enviada a Naciones Unidas el 15 de enero, pidiendo que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos se informe y trate los riesgos e impactos de la fracturación hidráulica en los derechos humanos. Por favor apoyen a esta iniciativa firmando la carta!

Enviar la indicación de su firma institucional a: jdtaillant@gmail.com

Estimados miembros del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la ONU:

Estamos en contacto con ustedes para transmitirles una creciente preocupación mundial que afecta a la plena realización de los derechos humanos debido a la evolución de una actividad empresarial de alto riesgo social y ambiental llamada fracturación hidráulica.

La fracturación hidráulica o fracking, es un proceso industrial desarrollado recientemente, pero que evoluciona rápidamente en la industria del petróleo y gas. Consiste en perforar al suelo e inyectarle agua, sílice y productos químicos tóxicos a niveles profundos de la geología (esquisto, arenas compactas u otras formaciones geológicas que contienen hidrocarburos) a muy alta presión, con el fin de crear grietas en la geología que luego liberan petróleo y gas atrapadas en el roca.

A diferencia de las operaciones de petróleo y gas convencionales, el fracking emplea cantidades voluminosas de agua dulce. También genera grandes cantidades de residuos tóxicos líquidos para los que no existen instalaciones de tratamiento y eliminación segura y adecuada. Los residuos de fracking, que son a veces radiactivos, se inyectan bajo tierra en pozos destinados a inyecciones industriales, a veces causan retornos a superficie, o simplemente se entierran en los mismos sitios donde se hace el fracking o en rellenos sanitarios municipales.

Desde que empezaron las preocupaciones por las operaciones de fracking durante la última década, han aparecido más de 600 estudios científicos[1] y miles de informes periodísticos que han demostrado que la fracturación hidráulica provoca impactos adversos significativos. Estos incluyen la contaminación del agua y del aire, terremotos, deforestación, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por químicos utilizados en el fracking, hidrocarburos, residuos de petróleo y residuos radiactivos, así como cicatrices en la tierra. También se ha registrado contaminación lumínica, contaminación acústica, el aumento de accidentes de tránsito y muertes, la caída en valores de la propiedad, la rápida industrialización de zonas residenciales y de la vida silvestre, la fragmentación de la comunidad, y otros típicos efectos negativos que conlleva el rápido desarrollo industrial. También y aun más preocupante son los impactos registrados en la salud, incluyendo enfermedades respiratorias, lesiones en la piel, nauseas, y malformaciones de nacimiento.

A nivel local, las personas que viven cerca de las zonas donde se realiza la fracturación hidráulica, informan de una amplia gama de efectos adversos para la salud que se pueden atribuir a la exposición a productos químicos utilizados en el fracking, entre estos hidrocarburos y otras emisiones provenientes de operaciones tanto en la exploración como en la extracción del combustible por este método. Los productos químicos utilizados en las diferentes etapas de la fracturación hidráulica, pueden dañar y deteriorar todo el sistema humano.[2] La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y científicos independientes han identificado más de 1.000 ingredientes químicos utilizados como fluidos de fracturación hidráulica, que se inyectan en el suelo. [3] La EPA señala los riesgos de la fracturación hidráulica para la salud debido a la posible contaminación de cursos de agua, citando “casos específicos en los que uno o más mecanismos provocaron impactos sobre recursos de agua potable, incluyendo la contaminación de los pozos de agua potable.”

Los más notorios estudios de fracking documentados provienen de la propia industria de petróleo y gas, mostrando, por ejemplo, que las cañerías de cemento  y acero subterráneas, por las que fluyen los combustibles fósiles extraídos junto a los fluidos del fracking que contaminan las fuentes subterráneas de agua potable, estallan o se agrietan con frecuencia asombrosa. El cinco por ciento de todos los pozos de petróleo y gas producen fugas inmediatamente después de la perforación inicial y en casi el 60% de los casos se producen fugas después de un período de 30 años, según un estudio sobre fugas realizado por una conocida empresa de petróleo y gas. La Sociedad de Ingenieros de Petróleo ha descubierto recientemente que el 35% de todos los pozos de petróleo y gas en el mundo evidencian fugas.[4]

Los emprendimientos de fracturación hidráulica raramente consultan a las partes interesadas en las decisiones relativas a los usos del suelo o sobre la expansión de sus operaciones, incluyendo por ejemplo en tierras indígenas. En algunos casos, las decisiones de inversión en la fracturación hidráulica se realizan en el marco de negociaciones secretas entre empresa y Estado mientras que las comunidades que deben enfrentar los impactos del fracking son víctimas de represión brutal de la policía cuando exigen legítimamente participar en las decisiones que gobiernan la inversión.

A nivel mundial, el impacto acumulativo de la fracturación hidráulica también es profunda. Pese a las afirmaciones de la industria que la extracción de gas natural mediante la fracturación hidráulica ayudará a hacer frente a las tendencias de cambio climático mediante la sustitución de energías que emiten CO2. La realidad es que la tecnología empleada actualmente por empresas que realizan fracturación hidráulica es inadecuada, y resulta en la significante emisión de metano fugitivo a la atmósfera. Teniendo en cuenta que el gas metano es aproximadamente 72-100 veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2, la fracturación hidráulica está exacerbando el cambio climático, no mitigándolo.

Evidentemente, los impactos de la fracturación hidráulica coloca prácticamente a todos los derechos humanos en situación de riesgo, incluyendo el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la tierra, el derecho a la propiedad, y a un medio ambiente sano, el derecho a libre determinación, al trabajo, a un nivel de vida digno, y el derecho al acceso a la información y al acceso a la justicia, así como a la libertad de expresión y participación. Inclusive, el derecho humano más esencial y básico a la vida está en riesgo por las operaciones de fracturación hidráulica.

Considerando la gravedad de los riesgos implicados en la fracturación hidráulica, muchos gobiernos, entre ellos los de Texas, Nueva York, Colorado y Vermont, así como los países de Francia, Bulgaria y Alemania, han adoptado una posición cautelosa ante la actividad. Después de fundadas consideraciones y numerosos estudios que revelan los peligros del fracking, estos gobiernos o bien han prohibido la actividad o decidido suspender las operaciones de fracking hasta poder evaluar la información existente sobre los riesgos e impactos sociales y ambientales de la actividad.

Otros gobiernos, a pesar de estos riesgos, han preferido cortar camino y arriesgar respecto a estos impactos desarrollando políticas energéticas que incluyen fracturación hidráulica sin consultar las partes interesadas, mientras que muchas empresas han ignorado procedimientos de debida diligencia para identificar, evaluar y abordar las dimensiones de derechos humanos afectadas por esta actividad industrial.

Solicitud al Grupo de Trabajo:

El propósito de esta carta es advertir al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales (Grupo de Trabajo) sobre los riesgos de la fracturación hidráulica respecto a la plena realización de los derechos humano, y para pedirle al Grupo de Trabajo que registre y aborde este tema. Nos gustaría hacer hincapié en que el fracking es de importancia primordial para el mandato del Grupo de Trabajo, dadas sus profundas implicaciones para la realización de los derechos humanos, entre estos, en relación con el deber del Estado de proteger, la responsabilidad empresarial de respetar, y los derechos de las víctimas a tener acceso a la remediación efectiva.

Las operaciones de fracturación hidráulica, incluidas las actividades de exploración y extracción, están en aumento en todo el mundo. Visto que esta práctica está en etapa evolutiva, su relevancia en cuestiones de derechos humanos seguirá siendo importante y por su gravedad en los impactos sociales y ambientales que conlleva, estará en el centro de conflictos locales donde se pretende realizar esta práctica industrial. Por esta razón, es importante que el Grupo de Trabajo participe en esta discusión, que adquiera conocimientos sobre la práctica y sus consecuencias para la sociedad a fin de que pueda comprender los riesgos que supone para los derechos humanos, y lo más importante, para ayudar a guiar a la sociedad, a Estados y a empresas, para hacer frente a estos impactos antes de que se materialicen y para remediarlos una vez que los impactos hayan ocurrido.

Proponemos al Grupo de Trabajo:

Adoptar un enfoque preventivo sobre la fracturación hidráulica y teniendo en cuenta la información ya ampliamente disponible y documentada sobre la salud y el medio ambiente, emitir una declaración de preocupación sobre los impactos potenciales de las operaciones de fracking a los derechos humanos;
Colaborar con los Estados, con académicos, con el sector de petróleo y gas, con organizaciones de derechos humanos y con otros grupos interesados, a identificar las cuestiones pertinentes de derechos humanos implicadas por operaciones de fracturación hidráulica;
Colaborar con socios afines y buscar ayuda para elaborar un informe sobre las implicancias para los derechos humanos, los riesgos y los impactos de la fracturación hidráulica;
Colaborar con especialistas para el desarrollo de materiales de orientación para los Estados y para las empresas de petróleo y gas, para considerar de forma adecuada los impactos en los derechos humanos y realizar evaluaciones antes, durante y después de cualquier operación de fracturación hidráulica prevista o en curso;
Invitar a que grupos de interés envíen información respecto a sus experiencias con la fracturación hidráulica, incluyendo presuntas víctimas individuales y comunitarias de las operaciones de fracking para informar al Grupo de Trabajo en cuanto a sus preocupaciones sobre los riesgos de derechos humanos reales, potenciales o supuestos y los impactos causados ​​a ellos por operaciones de fracturación hidráulica;
Estamos a disposición para asistir al Grupo de Trabajo con estas tareas.

C.C.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente
Relator Especial de la ONU sobre los pueblos indígenas
Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento
Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Lecturas Sobre Derechos Humanos y Fracking

El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CHRE). Derechos Humanos y el negocio de Fracking: Aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos de fracturamiento hidráulico. CHRE.2015: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2015/08/Fracking-and-UNGPs-Consulation-Draft-August-20-2015.pdf

EHRA. Medio Ambiente y Derechos Humanos Asesor. Una evaluación de los Derechos Humanos de hidráulico Fracturamiento para Gas Natural. 2.011.

Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA). La evaluación de los posibles impactos de fracturamiento hidráulico para Petróleo y Gas en recursos de agua potable. 06 2015: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2015/06/HF_ERD_JUN2015.pdf

Grear, E. Grant, T. Kerns, K. D. Morrow y Short. Una evaluación de los Derechos Humanos de la fracturación hidráulica y otra no convencional Desarrollo de gas en el Reino Unido. Octubre 2014: http://www.sas.ac.uk/sites/default/files/files/UK%20HRIA%20w%20appdx-hi%20res.pdf
LM. McKenzie, R. Witter, L. Newman, J. Adgate. Evaluación de los riesgos para la salud humana de las emisiones a la atmósfera desde el desarrollo de los recursos de gas natural no convencionales. En Ciencia of the Total Environment. 2012.

D. Breve et.al. Energía extrema, “fracking” y los derechos humanos: un nuevo campo para las evaluaciones de impacto de los derechos humanos? El Diario de los Derechos Humanos. 2015: http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2015.1019219

T. y M. Rotkin Srebotnjak. Fracking Humos: contaminación atmosférica ocasionada por fracturamiento hidráulico Amenaza Salud Pública y Comunidades. Consejo de Defensa de Recursos Naturales. 2014: http://www.nrdc.org/health/files/fracking-air-pollution-IB.pdf

UNANIMA. El fracturamiento hidráulico para el gas natural: Una nueva amenaza para los derechos humanos. 2011: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/160/72/PDF/G1116072.pdf?OpenElement

[1] Zotero. Citation Database: https://www.zotero.org/groups/pse_study_citation_database/items

[2] TEDX. Chemicals in Oil and Gas Operations, Health: http://endocrinedisruption.org/chemicals-in-natural-gas-operations/health

[3] TEDX. Chemicals in Oil and Gas Operations, Health: http://endocrinedisruption.org/chemicals-in-natural-gas-operations/health

[4] Schlumber.“

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Un paraíso para los contaminadores

Cómo los derechos de los inversores en los acuerdos comerciales de la UE sabotean la lucha por la transición energética.

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Los acuerdos internacionales de inversión representan un obstáculo para la transición energética que exige la lucha contra el cambio climático, ya que limitan la capacidad de los Gobiernos para determinar sus políticas en todos los ámbitos.

Evitar un cambio climático catastrófico es el desafío que define nuestro tiempo. Si queremos tener la posibilidad de impedir que se alcancen unos niveles extremadamente peligrosos en el calentamiento global, la mayor parte de los combustibles fósiles del mundo —petróleo, carbón y gas— se debe dejar bajo tierra, sin explotar. Las sociedades deben dirigirse hacia un sistema de energía basado en fuentes renovables como el sol, el viento y el agua.

Este enorme cambio exigirá una fuerte acción por parte de las autoridades públicas. Pero la capacidad de estas para promulgar las leyes y normas necesarias se ve gravemente limitada por un sistema jurídico muy poco conocido pero muy poderoso. En las últimas décadas, este régimen internacional de inversiones ha atrapado a muchos países en sus redes legales.

Miles de acuerdos comerciales y de inversión firmados entre países permiten a las empresas multinacionales demandar a los Gobiernos si se considera que los cambios normativos adoptados por las autoridades públicas reducen sus ganancias, aunque se trate de normas para proteger el medio ambiente o para combatir el cambio climático. A finales de 2014, se tenía constancia de 608 demandas de este tipo, planteadas por inversores contra Estados, ante tribunales internacionales. El peso de estas demandas recae en gran medida sobre los Gobiernos, ya sea en la forma de unos astronómicos costes jurídicos o del menoscabo de las normas sociales y ambientales.

Cada vez son más las demandas inversor-Estado que se interponen contra las medidas de los Gobiernos en el sector energético, y que irían desde la eliminación gradual de la energía nuclear a las moratorias sobre operaciones de riesgo para el medio ambiente, como la explotación de gas de esquisto (‘fracking’). Como los bufetes de abogados ganan dinero cada vez que un inversor demanda a un Estado, esto fomenta que cada vez surjan más demandas corporativas; por ejemplo, sobre la legislación en el sector de las energías renovables.

A pesar del riesgo evidente que esto supone para la transición energética, aún se están negociando otros acuerdos de comercio e inversión que permitirían a las grandes empresas bloquear la acción resuelta de los Gobiernos en materia de cambio climático. Entre estos, cabe mencionar la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (más conocido como TTIP, por su sigla en inglés), que están negociando actualmente la UE y los Estados Unidos, y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá, cuyo proceso de ratificación podría comenzar en 2016.

Sin embargo, aunque los grandes contaminadores están presionando con fuerza a favor de estos acuerdos, un movimiento creciente está haciendo frente a este acaparamiento de poder por parte de las grandes empresas. En efecto, hoy en día se constata un mayor examen y debate público sobre los acuerdos de comercio y de inversión del que era habitual en los últimos años.

 

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