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Uruguay: Empresa petrolera provocó grave incidente en Cerro Padilla

++ lamentablemente, los accidentes que podían ocurrir, se han producido

++ para evitar males mayores, es imperativo detener las perforaciones

La petrolera australiana Petrel, a cargo de perforaciones autorizadas bajo el contrato entre Ancap y la firma estadounidense Schuepbach, tuvo una gran pérdida de lodos con productos químicos en Cerro Padilla, departamento de Paysandú, con un impacto desconocido sobre los acuíferos de la zona. El incidente evidencia tanto la impericia de la empresa como la ausencia de controles efectivos por parte de la Dinama.

De acuerdo con la información disponible en la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), se perdieron 125 mil litros de lodos (es decir más de 600 tanques comunes de 200 litros). El incidente evidencia que los operadores desconocían la formación geológica por donde se estaba escurriendo esa cantidad de lodo y no actuaron como para detener a tiempo y reducir la magnitud del derrame.

Si se tiene en cuenta el volumen total de lodo en el circuito, de 15 mil litros, incluyendo el lodo dentro del pozo, en las piletas y cañerías, fue una pérdida de 8,3 veces el volumen total de lodo. Como explicación alegaron que la pérdida fue muy rápida, pero estuvieron horas preparando y reponiendo el lodo que perdían.

La magnitud de la pérdida y la demora en reaccionar adecuadamente nos habla de falta de preparación para contingencias mayores. Al ser aceptadas estas perforaciones se estableció que se “debía comunicar de forma inmediata a Dinama cualquier incidencia que ocurra durante la ejecución del proyecto, por fuera de las que ya han sido previstas”, pero evidentemente la empresa no lo hizo.

El documento pone énfasis en la biodegradabilidad del lodo derramado pero es una afirmación falsa. Justamente, por tratarse de lodos con componentes químicos no biodegradables es que, para decidir su destino, deben ser clasificados y depositados finalmente en vertederos adecuados para recibir desechos peligrosos.

¿Cómo puede ser posible que los eficientes controles que menciona la empresa en su propuesta a la Dinama no pudieran detectar semejante pérdida de lodo? ¿Está ese personal preparado para monitorear efectivamente las piletas de lodo? ¿Por qué no se detuvo la perforación apenas hubo un indicio de no retorno del lodo?

No fue una pérdida de corta duración, porque se tragó 8,3 circuitos de lodo completos. Si no pueden controlar la perdida de ese gran volumen de lodo, ¿cómo pueden afirmar que existe una limitada velocidad de invasión? No hay más evidencia que la provista en el informe, por tanto es difícil saber las causas y consecuencias de lo ocurrido.

Según ese informe, puede ser que el lodo se perdiera en una formación arenosa seca, pero podría haber alcanzado también a un acuífero de la zona. Por el conocimiento existente, a una profundidad de 70 metros se encuentran los basaltos de la Formación Arapey, que alberga algunos acuíferos y presenta importantes fracturas naturales. Por esta razón, la infiltración de los lodos podría afectar a los acuíferos Tacuarembó y Buena Vista que se encuentran inmediatamente debajo del basalto.

Si tenemos estos problemas con sólo dos pozos perforados, ¿qué nos espera si llegan a encontrar gas o petróleo, cuando perforarán cientos o miles de pozos más? ¿Qué pasará con los pozos abandonados? El problema de estos pozos no es sólo durante la construcción sino también en la operación y el abandono. La industria petrolera nunca hace un abandono ordenado de los pozos. Cuando finaliza la producción les pone un tapón roscado en la boca y se olvidan del problema. Por lo tanto, se puede esperar una contaminación masiva de los acuíferos una vez que las cañerías se rompan por corrosión y las cementaciones también se rompan y despeguen.

La información oficial menciona asimismo la realización de unos análisis del agua en un pozo de monitoreo. La Dinama fue advertida desde el comienzo de que los análisis de calidad de las aguas de la zona de la perforación deberían ser efectuados por especialistas independientes de la empresa a cargo de la perforación.

El pozo de monitoreo SEU CP-6 indicado en el informe se encuentra a 4.800 metros al noroeste de la perforación de Cerro Padilla, demasiado lejos para poder detectar algo. La contaminación de cualquier naturaleza se diluye en una distancia tan grande y cualquier análisis que se realice indicará que no existe contaminación.

Por otra parte, el análisis del agua que se menciona solo buscó contaminantes básicos y no apuntó a la detección de los productos químicos usados en la preparación del lodo (Deepdrill inhibitor, Flexfirm KA, Hiperm, Newpac LV, Newzan D). Bajo tales condiciones, los resultados que se describen son totalmente irrelevantes.

Sin abundar en el análisis de otros elementos críticos que es posible deducir de la información oficial disponible, los hechos relatados son una prueba contundente de la farsa del control que adujo la empresa y del insuficiente control de la Dinama en todo este proceso. Una vez más, solicitamos que se detengan las perforaciones.

Dijimos y reafirmamos que, teniendo en cuenta estos antecedentes, la Dinama debe actuar con la premura del caso y evitar que estos riesgos se trasladen al siguiente pozo programado en Cañada Fea, cercano a la Represa de Santo Grande, el cual, tal como hemos advertido también, podrían representar un peligro mayor aún.

Asociación Civil Ambientalista de Salto (ACAS)

Paysandú Libre de Fracking

Paysandú Nuestro

Asamblea Popular Ambiental Colón-Ruta 135

Tacuarembó por el Medio Ambiente

Uruguay Libre de Megaminería

Coordinadora Ambiental Todas las Manos

21 de enero de 2018.


Clausura total y definitiva del proyecto Pasca Lama

Declaración OLCA

EL PODER DE LA CONVICCIÓN Y LA PORFIA

 Durante más de 17 años la comunidad del Valle del Huasco le insistió al mundo que el proyecto binacional Pascua Lama era un despropósito, era inviable; contra los estudios, estadísticas y lobby a todo nivel de la entonces mayor minera de oro del planeta. Hoy la autoridad lo reconoce y se clausura definitivamente la faena minera que nunca debió haber sido aprobado e iniciada su  construcción.

Desde las primeras reuniones de participación ciudadana en que los arrieros dijeron que en la zona que querían hacer el proyecto estaban los glaciares y nada de eso hablaban los estudios, se desató, en condiciones de brutal asimetría, y ante el descrédito del sentido común impuesto que establece que nada se puede hacer contra una minera transnacional, uno de los conflictos socioambientales más relevantes de nuestro país: el caso Pascua Lama.

Como OLCA acompañamos el proceso desde sus inicios, fuimos testigos de todas las estrategias de división, cooptación, intervención, hostigamiento, desprestigio, servilismo funcionario (incluido el financiamiento de las campañas de alcaldes y diputados de parte de Barrick), retroceso estatal para que la minera se hiciera indispensable en el cotidiano local (becas, ambulancias, Junji, Prodesal, por nombrar algunos ejemplos), todas cuestiones que a su debido tiempo se fueron denunciando y neutralizando en sus alcances, pero que produjeron procesos de desgaste, cansancio, vulnerabilidad de hondos impactos en el territorio.

Sin embargo, el carácter colectivo del proceso de defensa, permitió que cuando algunos se replegaran, surgieran otros y otras que fueran tomando el relevo e implementando las estrategias que más se ajustaban a las nuevas capacidades, pero siempre con la voz de doña Tina de fondo que hablaba de la necesidad de proteger los bancos perpetuos, el amor a la tranquilidad y a la vida que enseñaron los abuelos, y la certeza de que un proyecto de esta naturaleza solo podía ser aprobado mediante corrupción y violación de derechos humanos y eso había que demostrarlo para que se restableciera el respeto y el estado de derecho en este valle transversal de la región de Atacama, que entre otras funciones ecosistémicas imprescindibles, ayude a frenar el avance de la desertificación.

Los científicos pagados por la empresa, porque así lo estable el sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile, no supieron escuchar a la naturaleza, y entonces ella habló más fuerte, como la comunidad del Valle sabe que a veces sucede, y se sucedieron aluviones que arrasaron con todo valle abajo, y aquí lo que no había querido ser atendido, tuvo que considerarse. 5 años de investigación en los que se acumularon más de  30 denuncias comunitarias de violación de la Resolución de Calificación Ambiental RCA, dieron como resultado este fallo hoy en la Superintendencia de Medio Ambiente: Clausura Definitiva del proyecto Pascua Lama.

Si se hubiera oído desde un comienzo a los arrieros, a las campesinas, a las voces locales, toda la división, el daño, la pérdida patrimonial, la afectación ecosistémica, no se hubiera producido, pero gracias a la convicción y la porfía del territorio, y las múltiples muestras de solidaridad en todo Chile y desde muchos otros lugares del mundo, hoy se cuenta con un fallo histórico, que reivindica la voz local como fuente imprescindible, e impele a las comunidades a creer en sus saberes y capacidades y defenderlos, pese a la asimetría reinante.

Para que esta resolución fuera posible, tuvieron que converger cientos de miles de voluntades, desde el primer correo electrónico que alertó de la situación, las diversas intervenciones callejeras, las marchas y carnavales, las misas, los procesos rigurosos de fiscalización comunitaria, la difusión por todos los medios, las tesis, documentales, libros, creaciones, las campañas internacionales, las denuncias que provocaron el bloqueo de financiamientos al proyecto, las denuncias a los servicios con competencia ambiental, los procesos judiciales, el trabajo de funcionarios probos, pero sobre todo, la existencia de una comunidad que ama tanto su territorio y su forma de vida, que logró movilizar todas estas voluntades en defensa del bien común.

La lucha sigue, sin duda, el extractivismo minero galopa sobre nuestra cordillera con botas de siete leguas, pero digan lo que digan, mientras existan comunidades dispuestas a valorarse a sí mismas y a defender ese valor ante cualquier precio, el poder de la vida seguirá gestando maravillas en nuestro suelo,  y contará con la solidaridad y apoyo de muchas comunidades de Chile y el mundo. Gracias Valle del Huasco.

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Fono Contacto: Lucio Cuenca Berger +56 9 9240 27 06

Comunicaciones OLCA

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales

Alonso Ovalle 1618 A, Santiago, Chile.


Descarga el libro “Ecología política latinoamericana I”

PENSAMIENTO CRÍTICO, DIFERENCIA LATINOAMERICANA Y REARTICULACIÓN EPISTÉMICA Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez, Facundo Martín (Coordinadores)

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ÍNDICE Dedicado a la memoria de Héctor Alimonda, quien amaba la poesía 11

Catalina Toro Pérez, Facundo Martín Presentación 13

Catalina Toro Pérez Homenaje a Héctor Alimonda 21

Gabriela Merlinsky Héctor Alimonda, el enlazador de mundos 29

PENSAMIENTO CRÍTICO E IDENTIDADES GEO-HISTÓRICAS

Héctor Alimonda En clave de sur: la Ecología Política Latinoamericana y el pensamiento crítico 33

Arturo Escobar Desde abajo, por la izquierda, y con la tierra: la diferencia de Abya Yala/ Afro/ Latino/ América 51

Ana Patricia Noguera de Echeverri, Omar Felipe Giraldo ¿Para qué poetas en tiempos de extractivismo ambiental? 69

Guillermo Castro Herrera Nuestra América : los tiempos del tiempo 95

Germán A. Palacio Castañeda ¿Hay algo de “latino” en la Historia Ambiental Latinoamericana? Nuevos desafíos para la consolidación de una comunidad intelectual regional 103

REPENSAR EL MUNDO DE(SDE) LA ECOLOGÍA POLÍTICA

Enrique Leff Las relaciones de poder del conocimiento en el campo de la Ecología Política: una mirada desde el sur 129

Gian Carlo Delgado Ramos Hacia la conformación de nuevas perspectivas socio-ecológicas: una lectura desde el caso de la Ecología Política 167

Melissa Moreano, Francisco Molina, Raymond Bryant Hacia una Ecología Política Global: aportes desde el sur 197

Leonardo Boff O desafio ecológico à luz da Laudato si’ do Papa Francisco e da COP21 de Paris 213

Henri Acselrad Génesis y configuración de las luchas por justicia ambiental en Brasil 231

CRISIS, RESISTENCIAS Y DESAFÍOS GEO-POLÍTICOS

Carlos Walter Porto-Gonçalves Dimensión geopolítica de la crisis brasileña: una perspectiva desde los grupos sociales en condición de subalteridad 259

Felipe Milanez Pereira A aceleração do crescimento e a resistência descolonial no Brasil 287

Carlos Bittencourt Política da Ecologia e Ecologia Política. As relações institucionais da Samarco e do estado no desastre em Mariana 303

María Cecilia Roa García, Tatiana Roa Avendaño, Alberto Acosta La democratización ambiental, pieza clave en el post-conflicto colombiano 319

Mario Pérez-Rincón, Zulma Crespo-Marín, Julieth Vargas-Morales Dinámica económica, especialización productiva y conflictos ambientales en países andinos 351

Luis Humberto Hernández Segunda asamblea colombiana por la paz: “territorios con energía construyendo paz para la nación” 411


¿Cómo reprimen las industrias extractivas y los agronegocios a las comunidades rurales de América Latina?

Los conflictos y resistencias que involucran territorios y recursos naturales han estado aumentando en América Latina en los últimos años. ¿Dónde y cómo se están produciendo estos conflictos y quién se ve más afectado? English

Alan/Flickr. Some rights reserved.

Este artículo forma parte de Protestar es un Derecho, un proyecto de colaboración con las organizaciones de derechos humanos CELS e INCLO, con el apoyo de la ACLU, que examina el poder de la protesta y su papel fundamental en la sociedad democrática.

Juan Wahren.- América Latina se encuentra atravesada por el avance acelerado del modelo extractivo. Esta aceleración implica corrimientos de las fronteras productivas a través de la incorporación de nuevas tecnologías a la extracción petrolera y a actividades antiguas como la minería y la agricultura. En todo el continente se verifican procesos de resistencia que, al mismo tiempo que se erigen como alternativas desafiantes al modelo hegemónico, sufren la represión violenta de sus diferentes formas de protesta, a través del uso de la fuerza, la intimidación y el sometimiento a procesos judiciales.

En las últimas décadas, el capital profundizó su carácter extractivo. Como veremos, la actividad extractiva contemporánea implica un avance territorial que arrincona, desaloja y despoja las actividades productivas y las poblaciones que habitan esos territorios reconvertidos en la mercancía por excelencia del extractivismo. El modelo extractivo supone la acumulación por desposesión. Este modelo está basado en la ampliación del capital por medio del uso intensivo de la naturaleza, que se constituye como mercancía.

Este proceso de acumulación por desposesión se entrelaza con la reproducción ampliada del capital por la explotación del trabajo y por la reproducción financiera del capital a escala global, estas tres formas de acumulación/ampliación se complementan a escala global de forma permanente.

Presentamos algunos de los conflictos y resistencias más emblemáticas de América Latina en los últimos años en torno a los territorios y los bienes comunes de la naturaleza  o recursos naturales.

Hidrocarburos

La explotación hidrocarburífera ha generado desde sus comienzos grandes conflictos territoriales, por el poder económico y político que significa el control de este recurso natural en un sistema capitalista cuya reproducción depende de la energía fósil. La actividad hidrocarburífera ha causado innumerables conflictos entre países y guerras civiles. Pero también ha avanzado sobre territorios ancestrales de pueblos indígenas, campesinos y medianos productores.

Si bien en América Latina el avance sobre estos territorios ocurre desde comienzos del siglo XX; en las primeras décadas del siglo XXI vemos como se registra en diferentes países de la región un nuevo avance de la frontera hidrocarburífera. Esto ocurre de la mano de nuevas tecnologías que permiten extraer petróleo de zonas que anteriormente no eran rentables por sus condiciones geológicas. Son los denominados hidrocarburos no convencionales, cuya técnica principal de extracción consiste en la fractura hidráulica (por ello son más conocidos como fracking) que permite obtener hidrocarburos (shale gas y shale oil) aprisionados en rocas o en arenas compactas (tight gas). De esta manera, sea en el formato convencional o no convencional, en este siglo se observa un creciente ciclo de conflictos por las actividades hidrocarburíferas que afectan diversos territorios de América Latina.

En la Argentina se encuentra el yacimiento Vaca Muerta -ubicado en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza- que es el más grande de la región, luego de los yacimientos explotados en los Estados Unidos. Se calcula que en Vaca Muerta se han realizado hasta ahora casi 1400 pozos no convencionales. Allí, el avance de la explotación de petróleo y gas convencional y no convencional se encuentra con las resistencias de diferentes comunidades del Pueblo Mapuche en Neuquén (Campo Maripe, Tratayén, Kaxipayiñ, Paynemil, Winkul Newen, entre muchas otras), así como de los pequeños productores campesinos de ganado extensivo o “crianceros” de la región y de medianos productores frutícolas del Alto Valle de Rio Negro y Neuquén. En estos casos, el avance de los hidrocarburos ha generado importantes impactos ambientales y sanitarios a las poblaciones, a partir de derrames y zonas contaminadas por las perforaciones y emanaciones de gas hacia la superficie. También esta actividad ha impactado fuertemente sobre la flora y fauna de la región, ya que incluso hay perforaciones en áreas naturales protegidas como Auca Mahuida.

Estas resistencias fueron motivo de diferentes actos represivos por parte de las fuerzas de seguridad provinciales y federales, principalmente contra las comunidades mapuche. Tomando solo en cuenta a la Comunidad de Campo Maripe, se registran tres hechos represivos dentro de su comunidad, donde funcionan más de 200 pozos de petróleo convencional y no convencional. La Comunidad de Tratayén fue recientemente desalojada de parte de su territorio comunitario, en el que también funcionan perforaciones hidrocarburíferas. Casi todos los líderes y autoridades comunitarios mapuche se encuentran judicializados por participar de diferentes protestas (cortes de caminos y de rutas, toma de instalaciones petroleras, movilizaciones, etc.) contra el avance de los hidrocarburos en sus territorios ancestrales. Estas resistencias y movilizaciones han logrado establecer la prohibición de esta actividad en más de medio centenar de municipios en todo el país, aunque tanto los gobiernos provinciales como el nacional continúan profundizando una activa política de promoción de la industria hidrocarburífera en general y del fracking en particular.

En México, por su parte, la extracción e hidrocarburos no convencionales no se ha expandido tanto como en la Argentina, pero ya se pueden ver sus consecuencias sociales y ambientales. Se calculan casi 30 pozos no convencionales en el país y se ha conformado una organización a nivel nacional, la alianza Mexicana contra el Fracking, que nuclea a comunidades de indígenas, campesinos y pobladores de pequeñas y medianas ciudades que se ven afectados por el fracking, así como a 44 organizaciones sociales que han logrado establecer la prohibición de esta actividad en algunos municipios, como Tanlajás y Xilitla del Estado de San Luís Potosí, el municipio de Cuetzalan en el Estado de Pueblay en cientos de comunidades indígenas y ejidos campesinos de las zonas petroleras.

Por su parte, en Colombia, en el municipio de San Martín, hubo diversas manifestaciones y levantamientos populares en oposición al fracking que se estaba empezando a instalar en sus territorios. Por ello, sufrieron intimidaciones, amenazas y represión por parte de la policía en 2016. Estas movilizaciones lograron generar empatía con otras zonas donde también se está comenzando a explorar hidrocarburos no convencionales y en ese mismo año la Asamblea Departamental de Santander rechazó de manera unánime el uso del fracking en ese departamento.

Megaminería

La minería es una actividad constitutiva de la Conquista y el saqueo de América. Gran parte del los países latinoamericanos tienen una fuerte tradición minera y esas riquezas han sido una de las bases de la dominación y dependencia de todo el continente. En las últimas décadas la actividad minera tuvo un nuevo impulso a través de la innovación tecnológica que permite obtener minerales valiosos (oro, plata, entre otros) por medio de la técnica de lixiviación, que consiste básicamente en dinamitar grandes porciones de los yacimientos en las montañas y proceder a separar los minerales valiosos de los que no lo son por medio de una mezcla química que utiliza cianuro y una gran cantidad de agua para ese proceso. Si bien la minería es también una actividad contaminante, la “megaminería a cielo abierto” -tal como se denomina a este proceso de minería a gran escala- provoca fuertes impactos sociales y ambientales, aun mayores que la tradicional minería de socavón.

A lo largo de toda la Cordillera de los Andes -y también en selvas y bosques del continente- se encuentran estos grandes emprendimientos mineros y también los movimientos de resistencia. También aquí los pueblos indígenas, los movimientos campesinos y las pequeñas y medianas poblaciones urbanas protagonizan las resistencias y defienden los territorios frente al uso intensivo del agua, la destrucción de los paisajes montañosos y la contaminación de glaciares, arroyos, lagos, ríos y otras fuentes de agua dulce.

Un ejemplo paradigmático de estas resistencias contra la megaminería puede observarse en Perú. Los habitantes de la región de Cajamarca se oponen al Proyecto Conga, un emprendimiento de megaminería a cielo abierto que ha destruido casi 20 lagunas que eran fuentes de agua dulce en la zona. Lo mismo sucede con el emprendimiento megaminero de Yanacocha, también en Cajamarca, el emprendimiento aurífero más grande del mundo, así como el de Tía María en Arequipa, al sur del país.

En todos los casos miles de pobladores, muchos de ellos campesinos e indígenas, han realizado numerosas protestas reclamando el cese o la no implementación de estos emprendimientos a través de petitorios, referéndums, movilizaciones y cortes de ruta. Por estas protestas, que comenzaron en 2002, los pobladores de estas regiones han sufrido fuertes represiones que causaron cientos de manifestantes heridos, decenas de muertos y presos y sometidos a proceso judicial. Al día de hoy, las resistencias a la megaminería son uno de los factores más importantes de movilización social y también de casos e criminalización de la protesta social en Perú.

En la Argentina, también las protestas contra la megaminería comenzaron en 2002 con las movilizaciones en la ciudad sureña de Esquel. Sus pobladores, junto a las comunidades indígenas de la zona, se opusieron a la instalación de un emprendimiento megaminero aurífero y lograron frenarlo tras un referéndum donde más del 80% de la población votó en contra de la instalación de la minera. Por ese antecedente, en la Argentina no se aceptaron oficialmente mas referéndum de este tipo para que las poblaciones locales pudieran decidir directamente sobre los emprendimientos extractivos a realizarse en sus regiones.

Surgieron entonces en diferentes zonas de la cordillera asambleas ciudadanas que se opusieron a distintos emprendimientos megamineros en las ciudades de Tinogasta y Andalgalá (Catamarca), Famatina y Chilecito (La Rioja), Jáchal (San Juan), Tupungato, San Martín, Lujan de Cuyo y Maipú (Mendoza) entre muchas otras localidades de las provincias cordilleranas. En estos casos fueron también las movilizaciones, asambleas y cortes de ruta el repertorio de acción elegido para visibilizar las protestas.

Simultáneamente en México también se han registrado fuertes movimientos de resistencia a la megaminería en diferentes Estados: Chihuahua presenta 13 conflictos, Zacatecas 12, Puebla 8, Oaxaca 7, Chiapas, Michoacán y Baja California Sur 5 cada uno, Sonora, San Luis Potosí, Durango, Guanajuato y Colima cuatro, Veracruz, Querétaro e Hidalgo 3, Jalisco, Coahuila y Estado de México, con 2; y Baja California, Nayarit, Morelos y Aguascalientes, con uno, respectivamente. En México se registran en la actualidad más de cien conflictos por emprendimientos mineros siendo, según la revista Forbes (2016),  el país con mayor cantidad de conflictos mineros de América Latina.

En todos estos casos el modus operandi de los Estados nacionales ha sido el de la persecución judicial y la represión a las protestas sociales. En el caso de la Argentina, sin embargo, se sancionaron leyes que en algunas provincias prohibieron la instalación de emprendimientos de megaminería a cielo abierto. Algunas de ellas fueron recientemente derogadas abriendo nuevamente la posibilidad que avancen empresas megamineras en esas provincias, como es el caso de La Rioja.

Agronegocios

Desde fines del siglo XX, la agricultura hegemónica en América Latina se encuentra signada por el denominado “Agronegocio”, que implica una profundización e intensificación de la producción agroindustrial orientada a la provisión de insumos para la exportación, donde priman las lógicas del mercado internacional de commodities y donde la concentración de poder económico y de decisión por parte de algunas empresas sobre las cadenas de distribución y comercialización determina los precios de los productos en detrimento de los pequeños y medianos productores. Este despliegue territorial se da en el marco de grandes innovaciones tecnológicas y de gestión empresarial en forma de red que implicó una hegemonía de los cultivos transgénicos en gran parte de la tierra cultivable de América Latina, como la soja, el maíz, la palma africana y otros cultivos que fueron conformando un paisaje uniforme de oligocultivos orientados a las exportaciones y en grandes establecimientos que generan una mayor concentración de la tierra, en el continente con los mayores índices de desigualdad del mundo, particularmente en relación con el acceso a la tierra.

Estos conflictos atraviesan a todos los países de América latina y las protestas y movimientos sociales que resisten este avance territorial del capitalismo agrario son innumerables. En países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay es donde mayor extensión territorial ha tenido este modelo productivo. También en Bolivia, Colombia, Ecuador y Centroamérica aparece con mucha intensidad el Agronegocio e, incluso, en países como México donde la distribución de la tierra ha sido mucho mayor, este modelo viene creciendo de forma exponencial.

Las respuestas más importantes contra el agronegocio la ejercen los pueblos indígenas y diversos movimientos campesinos que desde la década del noventa resisten desalojos e incluso toman tierras para producirlas de una forma alternativa al modelo dominante. El caso más conocido es el de los movimientos campesinos de Brasil, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y el Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), que han recuperado miles de hectáreas en sus ocupaciones y asentamientos. Luego de ocupar, comienzan un proceso productivo alternativo al hegemónico que les permite afianzar en sus territorios la reforma agraria de facto, así como la construcción de la denominada “soberanía alimentaria”.

Estas ocupaciones han recibido fuertes represalias por parte de los terratenientes y sus guardias privadas y los campesinos también han sufrido la represión de las fuerzas de seguridad públicas. Existen casos de asesinatos de campesinos, así como centenas de heridos, presos y militantes judicializados por ejercer estas protestas, como tomas de edificios públicos y grandes movilizaciones.

En la Argentina también existen diversos movimientos campesinos, el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), el Frente Nacional Campesino (FNC), la Organización de Trabajadores Rurales de Lavalle (OTRAL) y más recientemente la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que resisten desalojos y/o han ocupado tierras para ponerlas a producir bajo esquemas productivos ligados a lógicas campesinas, con un horizonte agroecológico. Por estas ocupaciones, resistencias a desalojos y cortes de ruta hay más de diez campesinos e indígenas asesinados en los últimos diez años –entre ellos, Javier Chocobar, Miguel Galván, Cristián Ferreyra, Roberto López– y Santiago Maldonado, el joven que desapareció en el contexto de la represión de una protesta de una comunidad mapuche en Cushamen en la Patagonia argentina y apareció muerto casi tres meses después.

Por su parte, en Paraguay diversos movimientos campesinos resisten el exponencial proceso de “sojización” del campo paraguayo a costa de sufrir represiones, encarcelamiento y asesinatos de decenas de campesinos en los últimos diez años. Este esquema se replica en otros países donde el agronegocio se ha fortalecido como modelo de producción hegemónico en los mundos rurales.

Otros conflictos en torno al extractivismo

Además de las mencionadas, existe una serie de actividades extractivas y emprendimientos de infraestructura a gran escala que afectan las áreas rurales del continente americano y generan procesos de lucha y resistencia de diferentes movimientos sociales. Por ejemplo, emprendimientos forestales de pino y/o eucalipto de las grandes empresas papeleras, la construcción de represas hidroeléctricas, plantas nucleares, grandes carreteras, oleoductos, gasoductos, grandes puertos comerciales, etc. que causan importantes impactos sociales y ambientales.

Algunas de esas resistencias podemos observarlas en el caso de las comunidades mapuches al sur de Chile, que vienen resistiendo las plantaciones de pinos en sus territorios comunitarios, al tiempo que sufren fuertes represiones por parte de los carabineros, la policía chilena, judicialización y encarcelamiento de sus líderes comunitarios, así como estigmatización y racismo social muy intensos desde los medios de comunicación masivos, parte de la clase política, y una importante porción de la población. En los últimos años se reportan cientos de mapuches judicializados, a los que se suma una decena de presos políticos indígenas, varios asesinados y cientos de heridos por las fuerzas represivas y, cada vez más, la aplicación de la ley Antiterrorista para perseguir a las comunidades mapuche que protestan contra estos emprendimientos extractivos y por la recuperación de su territorio y cultura ancestral.

Otro ejemplo es el caso de las comunidades indígenas de los pueblos Moxeños, Tsimanaes y Yuracarés del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) en Bolivia que, desde 2011, se oponen a la construcción de una carretera que se proyecta para atravesar el parque nacional y el territorio indígena para unir las regiones de Cochabamba y Beni, que se encuentran actualmente incomunicadas. Esta carretera forma parte del planeamiento de desarrollo regional de infraestructura para Sudamérica (el Plan IIRSA) que promueve obras de infraestructura a gran escala para mejorar la extracción de recursos naturales así como la movilidad de mercancías a través de “corredores interoceánicos” entre el Océano Pacífico y el Atlántico.

Estos pueblos han realizado movilizaciones y cortes de carreteras para protestar contra este proyecto del gobierno de Evo Morales que mantiene en la actualidad la vigencia de este proyecto y que ha dividido a parte de las comunidades del TIPNIS. Ha generado un punto de inflexión de su gobierno en relación con los movimientos sociales campesinos e indígenas: mientras algunos siguen apoyando al gobierno, otros movimientos protestan y denuncian que, pese a identificarse como un “gobierno indígena y de los movimientos sociales” el gobierno promueve el extractivismo, en actividades relativas a los hidrocarburos, la megaminería, el agronegocio y los grandes emprendimientos de infraestructura, como la carretera del TIPNIS.

Alternativas al modelo hegemónico desde abajo

Dentro del modelo hegemónico extractivo coexiste una serie de formas de vida que se presenta como opuesta: mayormente los pueblos indígenas, los movimientos campesinos, las poblaciones afrodescendientes, los pescadores artesanales y otros actores subalternos de los mundos rurales. Algunos de estos movimientos sociales proponen y construyen en sus territorios formas de vida alternativas a la del modelo extractivo del capitalismo actual.

En toda América Latina perviven formas ancestrales de producción de alimentos y de formas de reproducir la vida que conviven, en muchos casos subsumidas, en otros en franca disputa, con las lógicas productivas del capitalismo agrario hegemónico. Estas formas productivas ancestrales -que podemos denominar como alternativas- son llevadas a cabo predominantemente por los pueblos indígenas y comunidades campesinas que habitan gran parte de los territorios del continente. A estos se suman las actividades productivas para el auto sustento en complementariedad con la producción de alimentos para los mercados locales y/o nacionales.

También existe una gama diversa de productores de pequeña y mediana escala que, sin ser necesariamente sujetos campesinos-indígenas, producen alimentos para el mercado local y/o nacional por medio de sistemas diferentes, aunque generalmente subsumidos en parte o totalmente a las lógicas de producción, distribución y comercialización del modelo de agronegocios o agroindustrial. Por otra parte, en las últimas décadas se fueron conformando diversas corrientes dentro de la agronomía, ligadas a las luchas campesinas e indígenas, que sistematizaron formas de producción alternativa al modelo hegemónico del agronegocio, realizando un proceso de relación de saberes técnicos y agronómicos con saberes campesinos, indígenas y de otros actores rurales subalternos que cristalizaron en lo que hoy se denomina como agroecología.

Estas experiencias presentan alternativas posibles para reproducir la vida en común y producir alimentos sanos y baratos. Son, aquí y ahora, alternativas a las actividades extractivas como los hidrocarburos, la megaminería y el agronegocio que se presentan como las portadoras del “desarrollo” y el “progreso” pero que terminan generando mayores desigualdades sociales, la destrucción de la naturaleza y la desarticulación de otras formas de vida. Es en esas resistencias y en las alternativas que emergen de las luchas campesinas, indígenas y rurales que aparece la esperanza de un cambio social que ya ha comenzado en los territorios en re-existencia de América Latina, Nuestra América.

Open Democracy


México: Las “invisibles” consecuencias del fracking

Hace unos días la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) de Veracruz y la organización Earthworks de Estados Unidos hicieron pública una serie de videos en que, usando la tecnología de la cámara FLIR GasFinder 320, muestra fugas de gases tóxicos en diversas instalaciones petroleras de Poza Rica y Papantla. Pese a que estas emisiones no pueden ser observadas a simple vista, sus impactos son muy palpables al contribuir al calentamiento del planeta y provocar severos riesgos para la salud. Los videos, realmente impresionantes, muestran cómo se escapan metano y otros compuestos orgánicos volátiles (COVs).

Esta es una de las caras más ocultas de la industria petrolera, muchas veces negada por las propias empresas y sobre la que los gobiernos hacen la vista para otro lado. El hecho de que la sociedad civil organizada haya empezado a mostrar y reportar las emisiones que se producen en las instalaciones de exploración, extracción, almacenamiento y transporte de gas y petróleo ha ido permitiendo colocar este tema en la agenda pública y exigir soluciones. Sin embargo, como lo constatan las imágenes recogidas en Veracruz, en México aún estamos muy lejos de dar una respuesta efectiva a esta problemática.

La constatación de estas emisiones muestra que no es sólo la quema de combustibles fósiles, como los hidrocarburos, lo que genera gases de efecto invernadero en forma de dióxido de carbono (CO2). Si no que la propia actividad de explorar y extraer estos recursos del subsuelo, de almacenarnos y de transportarlos conlleva un importante impacto negativo sobre el calentamiento del planeta, ya que el metano es un gas con un potencial de efecto invernadero 86 veces superior al CO2 en un horizonte de mediano plazo.

Las emisiones de metano y de compuestos orgánicos volátiles, incluyendo sustancias cancerígenas como benceno y formaldehído ponen en riesgo la salud de la población de estas zonas.

Y este problema es aún más profundo cuando el gas y el petróleo se encuentran en yacimientos no convencionales (de baja permeabilidad) y deben ser extraídos mediante la fractura hidráulica o fracking; el uso de esta técnica implica fugas de metano mucho mayores ya que hasta 12% de la producción de gas natural total, es decir, metano, en este tipo de yacimientos se escapa a la atmósfera durante el ciclo completo del proyecto. Si el clima del planeta ya estaba en apuros antes de la llegada del fracking por allá de la década pasada, imagínense ahora que varios países, como México, quieren intensificar y extender su uso.

De no evitar los planes del gobierno para entregar nuevas áreas para la explotación de hidrocarburos no convencionales, tal y como lo plantea el Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 publicado por Sener, regiones como Veracruz se verán aún más afectadas por la perforación de nuevos pozos y la construcción de infraestructura de almacenamiento y transporte. También lo serán los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, San Luís Potosí y Puebla, los cuales entran también dentro de estos planes.

Esto es sumamente grave dado que las emisiones de metano y de compuestos orgánicos volátiles, incluyendo sustancias cancerígenas como benceno y formaldehído ponen en riesgo la salud de la población de estas zonas. Además, estos contaminantes atmosféricos pueden desplazarse a cientos de kilómetros de distancia y, por lo tanto, llegar a otras regiones del país, aunque en estas no se realice actividad petrolera, empeorando su calidad del aire.

Si ya era urgente abandonar la actividad de hidrocarburos para poder hacer frente al cambio climático, hoy se hace aún más imperante que el fracking sea prohibido en México y a nivel global como una muestra del compromiso de los Estados hacia la solución de esta problemática y el cumplimiento del Acuerdo de París. Asimismo, esta medida es imprescindible para proteger el derecho a la salud, entre otros derechos seriamente amenazados por esta práctica.

Por ello, les invitamos a sumarse al llamado de la Alianza Mexicana contra el Fracking y de otros colectivos a lo ancho y largo del mundo, y decir ¡No al fracking! ¡Ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca!

*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.

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Sierra Grande: La consulta que repudiamos

Sierra Grande no es una isla, forma parte de un Estado provincial que se manifestó respecto a la instalación de una planta nuclear en su territorio. Guste o no, la expresión de la ciudadanía se dio a través de las distintas movilizaciones, juntadas de firmas y además, a través de sus representantes y fue así que hoy  tenemos una Ley Provincial que ha dicho NO a la energía nuclear en Río Negro.

El destino y los intereses de los sierragrandense no se pueden hipotecar con un proyecto que no resuelve el problema laboral actual.

Los representantes del pueblo en la Legislatura y quienes circunstancialmente fueron elegidos para administrar desde los poderes ejecutivos son los responsables de explorar alternativas viables que ofrezcan trabajo genuino, inclusivo y constante, sin perjuicios a futuro.

No hay espacio para especulaciones económicas o políticas partidarias. Decir que una planta nuclear dará trabajo a la comunidad que deambula en la búsqueda laboral que le permita un ingreso digno para la supervivencia familiar, es jugar con la necesidad a partir de una mentira. Porque los trabajos serán dentro de dos años, por corto plazo pero con consecuencias negativas por miles de años.

Una consulta popular que desconoce la Ley provincial y la Ordenanza Municipal –votada entonces también por el actual intendente empecinado hoy en la convocatoria- no hace más que generar falsas expectativas además de ser un gasto innecesario que el pueblo de Sierra Grande no está en condicione de afrontar. Así lo demuestran obras necesarias que no se concretan por falta de presupuesto. Pero sin embargo, se pretenden gastar más de 200mil pesos en esta consulta estéril, que pretende ser solo una encuesta local.

¿Qué se busca con una consulta popular? Con ésta iniciativa el bienestar del pueblo cada día se aleja más, porque coloca a los vecinos en confrontaciones inútiles, mientras los funcionarios ocupan horas de trabajo para proyectos que no generan beneficio social.

NO ES NO. Acá en Sierra Grande, en la Provincia de Río Negro, en la Patagonia, y en ningún punto del país. Porque nuestro NO es una apuesta a la vida.

Tenemos recursos naturales y riquezas extraordinarias en Sierra Grande y la Provincia de Río Negro toda que nos llevan a decir:

SI a la planificación y el desarrollo respetando al entorno natural.

SI al trabajo sustentable

SI a los proyectos colectivos que desechen los intereses sectoriales o particulares

SI al respeto de la Ley

SI A LA VIDA

-VECINOS/AS AUTONVOCADOS/AS DE SIERRA GRANDE Y PLAYAS DORADAS-

ADHIEREN: M.A.R. (Movimiento Antinuclear Rionegrino) – Iglesia Evangélica del río de la Plata – Asociación Árbol de Pie (Bariloche) – U.A.P. (Unión de Asambleas Patagónicas) – U.A.C. (Unión de Asambleas Ciudadanas) – UnTER CDC/ Escuela Rodolfo Walsh/Dpto. Pcial. Socioambiental “Chico” Mendes. – Asamblea Permanente por el Agua (Allen). – Foro Ambiental y social de la Patagonia (Comodoro Rivadavia – Chubut).- C.T.A. AUTONOMA (Viedma).- C.T.A. AUTONOMA DE Río Negro.- Asamblea Vecinal de Puerto Piramides.- Asamblea de Vecinos del Valle Conesa.- Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Carmen de Patagones.- Asamblea del Valle Medio.- Observatorio del Agua, Universidad Nacional de la Patagonia – Sede Esquel.- Fundación Ecosur, Neuquén.- Hermanas de la Misericordia de las Américas, comunidad argentina.- Pastoral Carcelaria de Fiske Menuco (Alto Valle de Río Negro).- Proyecto Crecer con Esperanza, Fiske Menuco (Rio Negro).-

Mirta Carbajal DNI Nº 13080236.- Cambarieri Ortiz, Yamila DNI Nº 29898437.- Araneda, Mariela DNI Nª 20750350.-Lorca, Sandra DNI Nª 24316636.- Cambarieri, Susana DNI Nº 14979691.- Giamberardino, Paula DNI Nº 26469611.- Calendino, Alicia DNI Nª 17778031.- Vega, Maria Fabiana DNI Nº 20750249.- Billiet, Roberto Oscar DNI Nº 10664398.- Carbonetti, Virginia DNI Nº 12844518.- Lucero Patricia Silvia DNI Nº 12730849.- Bruni, Ana Cecilia DNI Nº 30855119.- Quiñelaf, Susana DNI Nª 26882981.- Ferreyra, Lucas Gonzalo DNI Nº 32057302.-Lonch, Patricia DNI Nº 12369888.- Tilkin, María Laura DNI Nº 23665459.- Wieman, Ana DNI Nº 5093307.- Garcia, Luis DNI Nº 19012668.- Bilbao, Tania Melina DNI Nº 31288387.- Bruni, José Emanuel DNI Nº 26598480.- Milano, Bruno DNI Nº 34212593.- Cardoso Da silva, Vinicius DNI Nº 95756878.-Viñoly, Lucas DNI Nº 35131569.- Perello, Milton DNI Nº 24326323.- Galfrascoli, María Belén DNI Nº 30823716.- Galfrascoli, Marien DNI Nº 33950903.- Macia, Micaela DNI Nº 42652603.- Rodríguez, Pablo DNI Nº 24326369.- Rodríguez, Martin DNI Nº 27108303.- Baritoli, Ciro DNI Nº 29898239.- Ontiveros, Rafael DNI Nº 26136056.- Zurie, Amado DNI Nº 30823501.- Grandoso, María Inés DNI Nº 10477018.- Gava, Sabina DNI Nº 18142086.- Minyesky, Cristian DNI Nº 20988005.- Leonardelli, Carolina DNI Nº 22878063.- Rovera, Silvia DNI Nº 16994223.- Cabeola, Roberto DNI Nº 16518858.- Lopez, Anahi DNI Nº 29974290.- Cañumil, Ayelen DNI Nº 34353366.- Salinas, Daiana Janet DNI Nº 32263636.- Coca, Sonia DNI Nº 20423178.- Santillan, Natali DNI Nº 35099767.- Hernandez, Vanesa DNI Nº 26121892.- Haedo, Maria Cristina DNI Nº 16052358.- Catania, Clara Sofia DNI Nº 35207114.- Monton, Mariela DNI Nº 34373069.- Stolfo, Monica Adriana DNI Nº 21605258.- Acuña; Maria Mercedes DNI Nº 32316152.- Argumedo, Rita DNI Nº 35184015.- Pedernera, Mariela Gabriela DNI Nº 31865877.- Arias, Valeria DNI Nº 23549309.- Carballo, Constanza Jimena DNI Nº 23505001.- Cayunao, Juan DNI Nº 27633770.- Álvarez Garcia, Maria Lourdes DNI Nº 32599930.- Fuertes, Maria Elena DNI Nº 27980575.- Martinez, Andrea DNI Nº 28912275.- Rivas, Natalia DNI Nº 24372537.- Viudes, Gaston Ariel DNI Nº 26801011.- Marin, Cristina DNI Nº 16392469.- Amed, Jessica Noemi DNI Nº 32538148.- Fossati, Lucas DNI Nº 14792440.- Becco, Paola DNI Nº 26619224.- Cardelli, Maria Elina DNI Nº 18457850.- Carruega Niveyro Lorena DNI Nº 23895213.- Quiroga, Mariela DNI Nº 32057305.- Quiroga, Marina DNI Nº 33652692.- Quiroga, Juan Carlos DNI Nº 11641782.- Povedano, Hernan DNI Nº 22532953.- Quiroga, Sofia DNI Nº 30735109.- Dieu, America DNI Nº 23097149.- Holtz, Graciela DNI Nº 12316793.- Garbarino, Jorge Alek DNI Nº 23666614.- Medina, Olga DNI Nº 5078264.- Pereyra, Eliana DNI Nº 34403996.- Pacheco, Damián DNI Nº 29161944.- Martin, Maria Susana DNI Nº 12962346.- Norval, Maria Esther DNI Nº 12192274.- Alvarez, Eliana DNI Nº 39404287.- Belmonte, Valeria DNI Nº 25548376.- Carbajal, Sebastian DNI Nº 34051357.- Ceballos, Ricardo DNI Nº 11273163.- Sayhueque, Cristian Walter Andres DNI Nº 32518120.- Moreno, Luciana DNI Nº 32213550.- Sayueque, Valeria DNI Nº 31295166Arias, Jusara DNI Nº 93578919.- Quilapay, Suyhay DNI Nº 17868730.- Baez, Jose Alberto DNI Nº 13564842.- Avila, Gustavo Hernán DNI Nº 24255433.- Vidal, Maria Rosa DNI Nº 14553928.- Cifuentes, Gustavo Sebastian DNI Nº 25702593.- Vanda Ianowski DNI 20350585.- Juan S. BILOS – DNI 04941677.-
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The San Jorge Gulf Basin: Cancer in a Territory of Uncertainty

The lack of research to support the widespread perception that the prevalence of different types of cancer is greater in oil towns than in the rest of the country makes these societies territories of uncertainty. Based on testimonies of health professionals from Caleta Olivia and Comodoro Rivadavia, we inquire about the absence of such studies, the consequences associated, and the capacity of the public and private systems to provide care to those who need it. Statistics are missing but patients are not.

by Hernán Scandizzo / OPSur

Comodoro Rivadavia and Caleta Olivia are two pieces of the same puzzle: The Golfo San Jorge basin. The south of Chubut and the north of Santa Cruz are united by a common historyhydrocarbons extraction, which began in 1907. A century later, driven by exploration and exploitation concessions, it branched out into land and sea over more than 60,000 square kilometers. As it is the case in other communities of the country where certain extractive activities or industrial processes are carried out, the population of both cities affirms that some pathologies are more prevalent there than in the rest of Argentina. The lack of statistics and research to confirm that perception makes these societies territories of uncertainty. In such a context, the public health system, crippled by overwhelming needs, faces the situation squarely. While it is true that thorough studies confirming suspicions are still needed, the patients are still there. Meanwhile, far from bridging the existing gaps, private health plans and health insurance funds increase the burden.

“There are no statistics, either private nor governmental, but there is a very striking number of patients with different types of cancers. We do not know why there is so much prevalence, if it is the case that it has actually increased,” says Néstor Sosa, a surgeon at the local Hospital Zonal in Caleta Olivia and Assistant Secretary of the local branch of the Asociación de Trabajadores del Estado (State Workers Association). “If there are no statistics, you do not know what the problem is, you do not know how big the problem is, you will not be able to solve it,” he warns, and completes the thought: “In fact there is a policy of quasi negation, because you do not see important gestures. For example, the Northern area [of the province of Santa Cruz] has one oncologist; thus the ability to solve the problem is very limited.”

“I know there are a lot of cases of breast, , lung, and especially rectum and colon cancer, that’s what you see frequently when you visit oncology wards,” says Sosa. And he goes back to the previous statement: “There may be many factors in common, but problems are mostly attributed to water, without having a scientific basis. There is no serious study that denies or confirms it.” It also draws attention to a large number of children with developmental disorders, learning impairment, and lower IQs. The conclusion is similar: “You see a rather alarming number of children, which surpasses the average one would expect; I think that the studies are not thorough enough to determine an etiological cause.” The words clash against the microphone of the tape recorder; the interview takes place in the empty cafeteria of a gas station. It is Sunday night, the ever-present TV broadcasts a football match played more than 1,800 kilometers north of that table, in a Buenos Aires neighborhood.

The surgeon´s testimony match the statements of Mara Marquez, chief of pediatrics at the Regional Hospital of Comodoro Rivadavia. “We have a high incidence of tumor pathology and leukemia; unfortunately, truth is they are not treated here. They are referred to other facilities, due to lack of resources, since we do not have a pediatric hematologist-oncologist”, he states. “We have the impression, without statistics because we do not have them, that there is an increase of oncological pathologies compared to other places,” he emphasizes. Shortages once again open the way to uncertainty. “I cannot tell you if what’s going on it’s because of oil, if it’s enzymatic disrupters, because there is no serious study carried out.” The only certainty is what is missing. . She immediately emphasizes: “But we noticed that there is a high incidence compared to other places.”

Public hospital, private burden

“Speaking subjectively,” says Márquez, “four years ago, and may be more, five or six, we began to see an incidence of these pathologies. There are more cases of leukemia and solid tumors, but that may be because more people is receiving attention at the Hospital, given that the private centers of Comodoro do not hospitalize serious patients, and five years ago, they closed the pediatric guards,” he explains. He stresses once again the importance of statistics, since uncertainties could be solved with scientific studies.

Márquez claims that the Public Health System in Comodoro Rivadavia “ended up being too small”. “But why? Not because there are more Bolivian, Paraguayan immigrants but because we are attending patients with private health insurance plans like SwissMedical, OSDE, Docthos, the best prepaid medicine and medical insurances companies. If the son of the richest person in Comodoro Rivadavia is injured, he comes to our intensive care unit,” says the head of Pediatrics at the Regional Public Hospital of the town. The interview takes place in a hall, from the hallway come the testimonies embodied in the constant movement seen in the pediatrics ward.

Again, the testimony of Marquez and Sosa come together. “The private sector is not able to see the patients because it has no specialists in the area. They can treat complications in cancer patients: a cancer patient with pneumonia, for example; but the underlying disease, the cancer treatment, chemotherapy and radiation, they cannot do it,” says Néstor Sosa, with regards to medical services in the north of Santa Cruz. “For a time the government’s policy tried to undermine the private sector, with the aim of strengthening the public sector. They were never able to strengthen the public sector, but they succeeded in undermining the private sector. Thus, with money or without money, the possibility of excellence in health care is very difficult to find here.”

Accessibility and distance

“What’s the fate of a cancer patient in Caleta Olivia?” Sosa asks. And he answers: “It’s problematic. There is only one oncologist who treats patients at the local Hospital Zonal, which, of course, has its breaks. Suddenly she has her holidays, she has an illness, she has her stuff. And she does not have a replacement during those breaks, and there remains a very small capacity of treating people. ” He makes a short pause, and explains further: “The doctor in charge of the oncology ward has more than a thousand patients on the list, not only here, but also from inland in the province. Patients whose doctor is far away, more than 300 kilometers.” At this point in his story he clarifies that they come from Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Firtz Roy, Jaramillo, Puerto Deseado and even, underlines the doctor, San Julián .

In the absence of statistics, it cannot be established whether in the oil city of Las Heras, the pathology is more prevalent than in Puerto Deseado, for example. “We only have the number of patients who go to a clinic solving the pathology of the moment,” Sosa says. In cases of leukemia or lymphomas, which are oncohematologic pathologies, the Caleta Olivia Hospital has no hematologist, and the person must go “to Comodoro, Buenos Aires or elsewhere.” “There is no possibility of being treated here.” And he continues enumerating the shortages, as if going through the rosary beads.” There is no radiotherapy in Santa Cruz, you have to do it in the nearest province [Chubut], which means that half of the treatment is not covered. A patient who has to receive radiation for a brain metastasis, who lives in Los Antiguos, around 400 kilometers away, has to stay alone a month or more in God-knows-where, to be able to do the treatment. The lack of accessibility is a very serious problem here.”

Statistics and neglect

“We know, to begin with, that our province [Chubut] has higher rates of cancer than others,” says general practitioner Susana Muñoz, a professor and coordinator of the Higher Technical Qualification in Community Health Sciences. “This has been happening for a long time, but a more thorough epidemiological research is not taking place. In addition, you cannot bundle all types of cancer together, there are some that are specific to certain environmental risks,” she clarified. Outside, the leaden sky and the intense cold intensify the winter. In contrast,the atmosphere in the office is warm, and the talk flows uninterrupted.

“The information is disaggregated into types of cancer, but we do not know if it is the whole the information,” she says. And then she introduces a series of variables that should be taken into account: “Many people from Comodoro are not treated here, but in other places, they travel. We do have other people that are treated here. We have people coming from different areas in the province, who are treated in the CABIN [Bionuclear Applications Center], which is an area for radiation therapy”. The information is too disorganized, so it is very difficult to differentiate properly. Because it needs a certain permanence during a certain time,” she explains.

“Unfortunately there are few [epidemiological] studies [in Argentina] on environmental problems, and environment and non-communicable diseases, such as cancer or other types of hemato-oncological diseases, serious and pernicious cases of anemia. There is a lot of information about the health impacts caused by certain environmental pollutants derived from oil. It is well studied internationally, but there is a great deficit of local epidemiological studies, those that can demonstrate health harms on that are caused by certain environmental situations,” explains the general practitioner. “Comodoro is in an almost ideal situation to do that, there are important sectors of the population that could be studied, that have been in contact with such situations, that still are, because they live in areas where there were oil wells or because they work in contact with them. There are many conditions, but there have been no developments,” she regrets.

“There are many factors that make the analysis more difficult,” she warns, but “it can still be done because it has been done in many parts of the world.” Why not here? “It is not only because of the political or economic interests of oil companies, which I am sure they exist.” She immediately adds another factor, which makes more complex what at first seemed linear: “A lot of it has to do with the neglect in the functioning of our State for many decades, with a lack of continuity in public policies.”

Muñoz illustrates it with a simple example: “A national system of injury surveillance was organized: assault, self-harm (suicide), in different ways. When [people] get to the ER, the record states ‘injuries’, and that hides a lot of problems that lie behind.” “A template was designed to fill in when an injured patient arrives, to get more information about the actual causes. It was distributed to all the ERs in the country,” she pauses. “Almost all the hospitals that began to fill it –all of them in this province, and in other places almost allstopped doing it. It could not be sustained in time, for whatever reason. It was a very important source of information and a simple procedure to follow. Let alone with cancer, which is much more complex, because it is multifactorial, there are many more elements that should be taken into account to be able to see to what factors the person was exposed,” she concludes.

* This article is part of the series On water and oil, questions about the present of the San Jorge Gulf basin.

Source http://www.opsur.org.ar/blog/2017/07/26/cuenca-del-golfo-san-jorge-cancer-en-un-territorio-de-incertidumbre/

Golfo San Jorge


“Somos testigo de los daños del fracking en Patagonia”

Hace un año desde EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, realizamos las Jornadas Internacionales Salud, Ambiente e Hidrocarburos No Convencionales en Buenos Aires y Neuquén para poner en común la experiencia y los resultados científicos que prueban que el fracking presenta un riesgo a la salud y al ambiente.

Con una perspectiva de salud socioambiental buscamos realizar un aporte a la comprensión desde el debate. En el marco de esta propuesta recorrimos los territorios afectados con quienes participaron de las Jornadas.

La Dra. Sandra Steingraber (Concerned Health Professionals), la Dra. Kathleen Nolan (Physicians for Social Responsibility) y la activista Colleen Boland (We are Seneca Lake) compartieron su experiencia en la prohibición del fracking en el Estado de Nueva York y registraron lo que analizaron en su visita.

Colleen Boland ha publicado una lista en Youtube “U.S. Delegation Witnesses Harms of Fracking in Patagonia, Argentina – October 25-30, 2016” donde se pueden ver comentarios y entrevistas realizadas por la Doctora Steingraber en la localidad de Allen en Río Negro, en Loma La Lata, Añelo y Vista Alegre en Neuquén.

Acceder a los videos.

Vaca Muerta


Contaminación o modelo económico que mata


Campos petroleros en llamas en Mosul, Iraq. Crédito: ONU Medio Ambiente.

(IPS) – El modelo económico lineal prevaleciente, de “tomar-hacer-desechar” que consiste en el agotamiento voraz de los recursos naturales tanto en la producción como en el consumo, resultó ser uno de  los mayores asesinos pues genera la enorme contaminación del aire, el suelo y el agua.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que casi una cuarta parte de las personas que mueren, unas 12,6 millones en 2012, se deben a la contaminación y, por lo menos 8,2 millones, pueden achacarse a causas ambientales no transmisibles; además de que más de las tres cuartas partes ocurren solo en tres regiones.

Al igual que en la mayoría de los casos de contaminación, los países de bajos y medianos ingresos, que están entre los menos industrializados de la Tierra, soportan enfermedades derivadas de la contaminación, cuyas consecuencias afectan de manera desproporcionada a niñas y niños.

Las últimas evaluaciones ambientales regionales y mundiales dan indicios de la magnitud de esa amenaza actual: contaminación del aire, la tierra y el suelo, el agua dulce, la costa y el mar, además de las causas transversales como los químicos y los desperdicios, señala la ONU Medio Ambiente.

Por si fuera poco la muerte de millones de seres humanos todos los años a causa de la contaminación generada por el hombre, también repercute en la economía mundial. La ONU (Organización de las Naciones Unidas) estima que la contaminación aérea tiene un costo de unos tres billones (millón de millones) de dólares, mientras que la contaminación interior asciende a dos billones de dólares al año.

El cambio climático también modifica los patrones climáticos y afecta el grado y la aparición de contaminantes y de alergénicos atmosféricos, como el ozono y el polen, y en algunos casos exponiendo a las personas a elevadas concentraciones por períodos más prolongados que en décadas anteriores, según un informe de ONU Medio Ambiente.

El documento “Hacia un planeta libre de contaminación”, presenta algunos ejemplos: la mala calidad del aire es un problema en casi todas las regiones, la contaminación del agua es una de las principales causas de la mortalidad infantil; el sobreenriquecimiento de la tierra y el agua con nutrientes causa cambios en el ecosistema y la pérdida de biodiversidad.

Además, aumentan los plásticos en los océanos y todavía no hay una “opción de almacenamiento o de descarte” aceptable para procesar combustibles nucleares de una generación anterior.

Aire

La contaminación aérea es el gran riesgo ambiental para la salud en el mundo.

Unas 6,5 millones de personas mueren de forma prematura todos los años por la exposición a la contaminación del aire interior y el exterior, y nueve de cada 10 personas respiran un aire libre cuya contaminación supera lo aceptable, según pautas de la OMS.

La agencia también señala que la contaminación aérea afecta de forma desproporcionada a las personas más vulnerables, incluso a las que tienen incapacidades psicológicas y a niños pequeños.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que aproximadamente 2.000 millones de personas en áreas donde la contaminación exterior del aire supera las aceptables, y 300 millones, en áreas donde es por lo menos seis veces superior.

Las principales fuentes de contaminación del aire son las emisiones de combustibles fósiles liberadas tras la quema de carbón, utilizado para calefaccionar, el transporte, los hornos industriales, la fabricación de ladrillos, la agricultura y la quema no regulada de desperdicios, como plásticos y baterías, en incineradores y fosos abiertos, según el informe de ONU Medio Ambiente.

Otras fuentes son la quema de turba, que genera humo, arena y tormentas de arena, así como la desertificación, que suele derivar en la degradación del suelo, la deforestación y la desecación de humedales.

El documento también señala que la contaminación aérea es responsable de la muerte de 4,3 millones de personas, de 18 por ciento de los accidentes cardiovasculares y de 33 por ciento de infecciones respiratorias bajas.

En particular, afecta a las mujeres, los niños, las personas enfermas y las mayores, y a las de sectores de bajos ingresos, porque suelen estar expuestos a una elevada concentración de contaminantes de la cocina y la calefacción.

Tierra y suelo

El documento también señala que la contaminación de la tierra y del suelo se deben en gran parte a las malas prácticas agrícolas, a la ineficiente irrigación y a la inadecuada gestión de desperdicios sólidos, como el almacenamiento inseguro de desperdicios nucleares y químicos, y una variedad de actividades industriales, militares y de extracción de recursos naturales.

ONU Medio Ambiente explica que los contaminantes degradan fácilmente la tierra y los acuíferos y son difíciles de eliminar, lo que hace que las personas y los animales que viven cerca de zonas industriales y algunas tierras recuperadas corren riesgo de seguir expuestos a la contaminación si los sitios no se limpian de forma adecuada.

Los principales contaminantes del suelo son los metales pesados, como plomo, mercurio, arsénico, cadmio y cromo, contaminantes orgánicos y otros pesticidas, así como productos farmacéuticos, como antibióticos utilizados en la cría de animales, detalla el informe.

Se estima que por lo menos un millón de personas sufren envenenamiento cada año por una excesiva exposición y uso inapropiado a pesticidas, con efectos sobre la salud de todos, según ONU Medio Ambiente.

La principal causa del uso de pesticidas sintéticos es reducir las consecuencias negativas de las plagas, como insectos, enfermedades y malezas, en los cultivos, que en la década de los años 90 eran responsables de 40 por ciento de la pérdida de cosechas en el mundo.

El número de mujeres que aplican pesticidas varía, pero en algunos países llega a 85 por ciento o más del total de trabajadores dedicados a la actividad, y a menudo siguen trabajando embarazadas o en período de lactancia.

Las mujeres, además, quedan expuestas a pesticidas, aun cuando no los aplican directamente, porque muchas veces son las recolectoras, actividad que las deja vulnerables.

Además, la exposición a pesticidas puede causar daños para toda la vida y aumenta el riesgo de partos prematuros, defectos congénitos, muerte, reduce la función del esperma y muchas enfermedades más, alerta el informe.

El abuso de antibióticos puede ocasionar cambios rápidos en la composición microbiana del suelo, el agua dulce y la biota, y es responsable de la resistencia antimicrobiana, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Agua dulce

El informe “Hacia un planeta libre de contaminación” señala que los cuerpos de agua están muy contaminados, en particular por una variedad de nutrientes, agroquímicos y agentes patógenos de aguas residuales no tratadas, y metales pesados de la minería y efluentes industriales.

Además, el agua contaminada tiene más probabilidades de albergar vectores de enfermedades, como vibrio, que causa el cólera, y esquitosomasis, transmitida por un gusano.

Otro asunto preocupante mencionado en el informe, es que más de 80 por ciento de las aguas residuales se liberan al ambiente sin ningún tratamiento. En el mundo, 58 por ciento de los casos de personas con diarrea, gran responsable de la mortalidad infantil, surgen por la falta de acceso al agua limpia y al saneamiento.

Esas son algunas de las grandes consecuencias del llamado modelo económico lineal, que quizá debería ser conocido como la implacable destrucción de la naturaleza y de los seres humanos.

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Traducido por Verónica Firme

IPS