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Daño petrolero en Perú: la herencia de Ollanta

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KUCZYNSKI HEREDA EL DAÑO PETROLERO EN LAS CUATRO CUENCAS Y LAS COMPROMISOS INCUMPLIDOS DEL GOBIERNO DE OLLANTA

PRESIDENTE ELECTO SE REÚNE CON APUS. EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LOS RÍOS PASTAZA, CORRIENTES, TIGRE Y MARAÑÓN SE MANTIENE LA INCERTIDUMBRE Y EL ALTO RIESGO DE UNA VIDA SANA Y DIGNA.

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Por Renato Pita Zilbert

Andoas, 23/7/2016.- El gobierno de Ollanta Humala concluye su periodo y el caso de las cuatro cuencas continúa sin atenderse con decisión y eficacia. Los compromisos asumidos por el Estado y suscritos en actas con las organizaciones indígenas FECONACO, FEDIQUEP ACODECOSPAT y OPIKAFPE, no avanzan o avanzan lentitud y desigualdad. Es al menos lo que se percibió el pasado 14/7 en Iquitos, durante la evaluación de cumplimientos entre los indígenas y funcionarios públicos.

Por otro lado, el pasado 18/7 los presidentes de tres de las federaciones de este proceso, Carlos Sandi, Aurelio Chino y Alfonso López, tuvieron una breve reunión con el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski y el próximo ministro de cultura Jorge Nieto.

En esa reunión los apus expresaron preocupación por el cumplimiento de acuerdos pendientes y el respeto a la Consulta Previa y a los territorios indígenas, temas donde el candidato PPK no se mostró favorable. Las próximas autoridades indicaron que mantendrán el diálogo con las organizaciones indígenas y que el derecho a la consulta previa y los territorios serán respetados. Los apus entregaron un documento con los principales puntos pendientes de la agenda de las cuatro cuencas e hicieron un breve balance del proceso.

ACTAS: EVALUACIÓN MARZO 2015 – JULIO 2016

La reunión de evaluación en Iquitos duró más de seis horas. En ella funcionarios e indígenas intercambiaron y debatieron perspectivas y valoración del trabajo. Liderada por el ministro de vivienda, Francisco Dumler, está fue la primera sesión del Grupo de Trabajo multisectorial para el seguimiento de acuerdos, aunque este grupo se formó entre polémicas el pasado abril.

Los informes demostraron que el Ministerio de Vivienda es quien ha cumplido con mayor eficacia lo comprometido, con 65 plantas de tratamiento de agua instaladas en comunidades, y 65 adicionales en proceso de implementación, aunque presas en la lentitud de la burocracia.

La titulación de comunidades a cargo del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) está retrasada respecto al cronograma establecido, pero avanza. La principal traba aquí es que aún se pretende titular comunidades excluyendo zonas petroleras, pese a que estos territorios indígenas son ancestrales y distintos instrumentos legales amparan este derecho. El GOREL debe resolver de una vez esta situación que, según su asesoría legal, ve controversial; aunque según especialistas, no lo es.

La autoridad regional advirtió además la necesidad de aumentar en 1 millón y medio de soles el fondo para la titulación de comunidades, el cual reúne actualmente 3 millones. Esta solicitud se hizo explícita ante el ministro de vivienda.

Sin embargo las federaciones se mostraron muy preocupadas por las trabas, letargo y poca transparencia en sectores clave como salud y ambiente, ambos fundamentales e inseparables para mejorar la calidad de vida en los territorios indígena.

UN AMBIENTE INCIERTO

Uno de los compromisos más urgentes de atención está parado. Luego del cumplimiento de algunos compromisos, la remediación de los territorios contaminados de los lotes 1AB y 8, está sometida a la burocracia y a limitaciones del propio Estado.

El problema se encuentra en el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental (Ley 30321) de 50 millones de soles. Si bien este monto es inicial, y su aumento está comprometido, resulta ínfimo para atender la magnitud del problema de contaminación petrolera en los territorios indígenas de las cuatro cuencas.

El informe técnico “Casos de Estudio para Costos de Remediación Ambiental en Zonas Petroleras” de la ONG especializada ETECH International, estima que un proceso adecuado de remediación en la zona, costaría al rededor de mil millones de dólares. Es decir, el fondo actual sólo representa un 0.000005% del monto calculado. ¿El Estado cuenta con este dinero para la remediación?

Sin embargo, lo insólito es que hasta hoy esos 50 millones de soles no tienen una reglamentación para su uso. La ley que crea el fondo fue aprobada en mayo de 2015. A más de un año de esa fecha, recién existe un borrador avanzado de reglamento. El sector responsable de la aprobación final es Energía y Minas; sin embargo sorprende el rol cumplido por el Ministerio del Ambiente, quien ha demorado cerca de tres meses en hacer observaciones al borrador inicial.

En la última reunión el Ministerio de Energía y Minas se comprometió a publicar el proyecto de reglamento antes del cambio de gobierno. Quedará de las próximas autoridades la aprobación final del mismo y pronunciarse sobre el aumento del fondo semilla.

AVANCES Y RETROCESOS DE SALUD

El estudio toxicológico y epidemiológico está en plena ejecución. Es un proceso complejo y largo, que inició a principios de año y concluiría en febrero de 2017; aún se encuentran en la etapa de toma de muestras. Desde un inicio las federaciones lucharon por asegurar la participación de especialistas internacionales y acompañamiento permanente, lo cual se ha cumplido.

El problema radica en el segundo acuerdo con el sector, un Plan de Salud de 10 millones de soles destinado a la atención en las comunidades. Si bien hubo una planificación donde estuvieron el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA) y las federaciones indígenas, la ejecución del plan a cargo de DIRESA es un misterio para las comunidades.

A pesar de ello, en la reunión del 14/7, la Unidad Ejecutora de la DIRESA expuso una sustentación más que optimista del acuerdo. Evidentemente, la DIRESA fue cuestionada por los presidentes de las federaciones, quienes calificaron como burla y engaño la gestión del fondo.

La credibilidad de la exposición se vio agravada cuando FECONACO, FEDIQUEP, OPIKAFPE y ACODECOSPAT informaron que han solicitado información sobre el uso del fondo de 10 millones de soles desde el mes de abril, sin tener respuesta. Asimismo, DIRESA se ha negado a reunirse con las federaciones a pesar de pactarse una reunión para mayo que el ente regional suspendió.

Otro aspecto negativo en la implementación de este acuerdo se vincula a la participación de las federaciones durante la ejecución de los fondos, la cual no se ha realizado ni promovido.

Los apus denuncian que las recientes emergencias y muertes por malarias u otras enfermedades prevenibles, las postas desabastecidas y el personal médico insuficiente, continúan siendo el pan de cada día en comunidades de donde se ha extraído millones de dólares en petróleo para el país.

En la reunión, las federaciones han solicitado que para el 2017 se aseguren fondos especiales para la implementación de este acuerdo aún pendiente; solicitud hecha en mayo, según consta en una carta remitida al presidente Humala.

Asimismo, existen otros compromisos cumplidos e incumplidos, ejecutados con satisfacción o no. Es el caso de talleres de capacitación para vigilancia ambiental, las acciones del OEFA de monitoreo, la implementación de proyectos productivos, entre otros.

BYE BYE OLLANTA HUMALA, HELLO KUCSZYNSKI

El diálogo iniciado por las federaciones indígenas de las cuatros cuencas inició en los albores del gobierno Ollanta Humala, en el segundo semestre de 2011. Respecto a otros gobiernos se ha demostrado avances significativos en materia de reconocimiento e identificación de un problema histórico, de magnitudes gigantescas y difícil tratamiento.

Sin embargo, al momento de tomar decisiones y definir las soluciones, las autoridades públicas se han mostrado limitadas y deficientes, la normativa se evidenció vacía, imprecisa, vieja y sin vínculo con la realidad. En este proceso de diálogo el Estado mostró su rostro más monocultural, y a su vez las precarias herramientas interculturales que posee. Asimismo, el Viceministerio de Intercultiralidad y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, en muchos casos generaron más controversia y provocación en lugar de facilitar el diálogo, como lo han denunciado los apus.

También se evidenció que la actual concepción que tiene el Estado de desarrollo, sostenido en el extractivismo, atentó y atenta contra derechos fundamentales y contra la vida misma. En el futuro no se puede dar la espalda a esto.

Las comunidades indígenas y sus federaciones han atravesado un proceso perverso, impune y ajeno al dolor. Pero a su vez aprendieron que en ese Estado duro también surgen voluntades que desde sus propios valores hicieron sinceros esfuerzos para que el proceso avance.

Queda pendiente la atención rápida, efectiva y pertinente de este problema socioambiental crítico desde hace casi 50 años, lo cual está lejos de la burocracia, el papeleo y la retórica. La efectividad y el real avance que viabilicen soluciones, se miden en las comunidades, en los indicadores de salud de las personas, en las garantías a la vida sana y digna, en el estricto respeto de los derechos, los proyectos de vida y las esperanzas de los pueblos indígenas quechua, kichwas, kukamas y achuares de las cuatro cuencas.

El diálogo entre el Estado y estos pueblos indígenas se abrió por iniciativa de los indígenas, son ellos quienes le enseñaron al Estado a dialogar desde la interculturalidad y la buena fe. Ahora sólo siguen exigiendo lo que les convocó: Respeto, dignidad, vida plena y buen vivir.

Observatorio Petrolero de la Amazonía


EJES- imagen destacada

EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental

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logo ejesEJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental– lanzó el primer boletín electrónico mensual.

Esta iniciativa motorizada por Taller Ecologista (Rosario) y Observatorio Petrolero Sur, (Buenos Aires y Neuquén) pretende ser una nueva articulación de organizaciones involucradas en el debate energético y socioambiental de la Argentina.

Teniendo en cuenta las políticas y territorios implicados abordará distintas aristas del megaproyecto Vaca Muerta. El foco está puesto sobre los ángulos económico‐financieros y de justicia socioambiental para exponer las implicancias ocultas de la obstinación hidrocarburífera.

Por esta razón, el boletín contiene información vinculada a grupos afectados, análisis económicos, datos sobre degradación ambiental y deterioro democrático. Además, le dedica una sección especial al desarrollo de YPF-Chevron en Neuquén y una ventana con vínculos externos que acercan recursos, materiales y noticias relacionadas a la temática.  También aporta un pequeño resumen en inglés.

En este número 1 de julio 2016, se relatan las consecuencias sociales del aumento de los precios de los alquileres en las zonas petroleras y se presenta el “mapa del fracking”, que da cuenta del avance de los pozos sobre los suelos de producción frutícola en Río Negro. También se evalúan las transferencias de recursos de la sociedad hacia las compañías petroleras y se informa sobre la decisión de la legislatura neuquina de no restringir la perforación en “zonas sensibles”.

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Vaca Muerta


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Vecinos del buque regasificador de Escobar dan nuevos antecedentes en causa por importaciones

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  •  ESTADO DE LA CAUSA PENAL “La Población y el Territorio en riesgo permanente, solicitan paralización preventiva” 
 

En gran medida las serias irregularidades denunciadas en la justicia respecto del Gas Natural Licuado no hacen sólo a las compras, a través  de las que se abonarían incluso por buques metaneros que nunca llegarían a la Argentina.

Sino también a la no planificada e ilegal localización del Muelle Precario de Escobar en la primera sección de islas de los humedales del Delta del Paraná y que tendría entre sus máximos responsables al ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex secretario de energía Daniel Camerón.

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Imagen 1: Muelle Precario  de Escobar: Operatoria Ship to Ship (o buque a buque) regulada internacionalmente para alta mar.

El día 14 de junio del 2016 vecinos e integrantes de organizaciones sociales aportaron nuevas pruebas  en el marco de la denuncia penal iniciada en el año 2011 a raíz de la instalación de un buque de almacenamiento – regasificación, diseñado y regulada su operatoria internacionalmente para efectuarse en Alta Mar y no a más de 200 km de éste, volviéndose imposible concretar, sólo por ello, una zarpada de emergencia con el agravante de que el río Paraná de las Palmas y todos los accesos navegables tienen características inapropiadas para estas operatorias.

A  nivel nacional fue sancionada en el año 2012 la Resolución Nº 338, a través de la cual se incorporaron las normativas internacionales como normas de aplicación, sin embargo, se incumplen en el caso del Puerto Regasificador de Escobar.

Los querellantes en la reciente presentación reiteraron la  solicitud de clausura preventiva del Muelle Precario de Escobar,  con capacidad para almacenar 50.000 toneladas de GNL (equivalente energético a 55 bombas de Hiroshima), ante el peligro de incendio, explosión, y otros peligros en calidad de estrago que generan las operatorias de transporte, transvase, almacenamiento y regasificación.

Los análisis de riesgos efectuados en países como EEUU., establecen el peligro a lo largo de todo el recorrido de los buques metaneros y no sólo en el punto de almacenamiento regasificación, quedando involucrados en la zona de riesgo la Capital Federal y todos los municipios que colindan con su recorrido: San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Campana,etc.

En este sentido para el caso de un proyecto similar en EEUU, y dado que es imposible controlar un accidente mayor con GNL, se opusieron el Ejército, Defensa Civil, los Bomberos, los Guardacostas (equivalente a la Prefectura Naval) entre otros responsables que debían actuar en caso de accidente.

Se violaría un amplio marco jurídico provincial, nacional e internacional, se falsearía documentación pública otorgando así distintas autorizaciones de manera de dar una apariencia de legalidad a las operatorias con buques regasificadores y metaneros en el km 74/5  del río Paraná de las Palmas, asimismo los controles establecidos -auditorias, certificaciones, etc.- se remiten exclusivamente al muelle de atraque de manera que ninguna instalación con GNL sería controlada. No cuenta con los obligatorios Seguros de Responsabilidad Civil ni con la Habilitación conforme la ley Nacional de Puertos, habilitación esta última que tampoco puede obtener porque las características del muelle precario excede su ámbito de aplicación.

En el año 2015, nuevamente sin respetar el debido proceso de evaluación de impacto ambiental, se reemplazaría el buque instalado por otro, que efectúa un proceso de regasificación altamente contaminante, y que requeriría a pleno funcionamiento de más de 700.000.000 de litros de agua dulce del río Paraná de las Palmas para ir calentando el gas del estado líquido a – 161 º C al estado gaseoso. El agua sería devuelta al Paraná entre 7 a 10 grados más fría y clorada -entre otras sustancias tóxicas- provocando un severo impacto ambiental tanto para la vida acuática como para la calidad del agua de la que se abastecen millones de personas, proceso conocido como “sistema abierto”, y que ha provocado “zonas muertas” incluso en mar abierto.

Ante los contundentes fundamentos presentados para que sea paralizado preventivamente el Muelle Precario, el Juez Federal de Campana Adrián González Charvay negó la medida. Ahora es la Cámara Federal de Apelaciones la que deberá evaluar la medida preventiva solicitada por la querella.

Asociación ambientalista del partido de Escobar.


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Estudio señala que el fracking incrementa casos de asma

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rio negro asma

Vivir cerca de lugares donde se extrae gas a través de fracking puede incrementar hasta cuatro veces el riesgo de padecer asma, según reveló esta semana un estudio médico publicado en la revista científica estadounidense “The American Medical Association” (JAMA). El trabajo se basa en el examen de registros de salud recogidos de 2005 a 2012, en el estado de Pensilvania, donde más cantidad de pozos conviven con zonas urbanas.

Los investigadores hallaron más de 35.000 pacientes con asma de edades de entre cinco y 90 años. La mayoría de los ataques fueron leves y pudieron ser tratados. Otros 4.782 ataques fueron graves y requirieron hospitalización, el resto, intervención en salas de emergencia.

RIO NEGRO


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La comunidad mapuche Campo Maripe se opone al fracking en su territorio

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Las máquinas avanzan sobre el asfalto de la ruta provincial 17 y giran hacia la izquierda, adentrándose en un camino de tierra que los llevará al pozo 207 de YPF, ubicado a pocos kilómetros de Añelo, en la provincia de Neuquén. Al llegar allí comenzarán a trabajar en la extracción por fracking del famoso petróleo de Vaca Muerta pero algo interrumpe sus planes: unas 100 personas con banderas y consignas bloquean el camino. Se trata del lof (comunidad) Campo Maripe que reclama al estado un relevamiento territorial apropiado ya que, según un vasto y completo informe efectuado a instancias el propio gobierno provincial (se puede leeraquí) esas tierras le pertenecen a la comunidad.

La zona en disputa son 10 mil hectáreas que van desde el río Neuquén hasta la picada de Aguada Pichana. Campo Maripe, cuyo asentamiento principal está junto al Fortín Vanguardia, es reconocida como comunidad desde el año 2014 pero sus reclamos por tierras permanecen en conflicto ya que el gobierno sólo acepta como suyas unas 900 hectáreas en las que, por otro lado, es imposible realizar las tareas de pastoreo extendido y agricultura, las dos actividades de las que viven las 120 personas que forman parte de ella.

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Una de las responsables del informe es la antropóloga Jorgelina Villarreal, que reconstruyó más de 100 años de avances y retrocesos territoriales y simbólicos. ¨La comunidad es pre existente al estado neuquino, su primer asentamiento se produce hacia 1927 como parte de las migraciones de los mapuche que llegaban cruzando la cordillera. Los abuelos del actual cacique, Lonco Albino Campo Maripe, llegan a esta zona y desarrollan su vida comunitaria. Aunque en el año 1964 el por entonces gobernador Sapag firmó el Decreto N° 0.737 que abre un registro de comunidades, ellos efectúan los trámites de reconocimiento en 2010 porque lo cierto es que nunca tuvieron necesidad de hacerlo: es raro pedir reconocimiento por ser, sencillamente, lo que uno es¨. La comunidad (lof) tuvo, desde sus orígenes, conflictos sucesivos por estas tierras, algunas privadas pero en su mayoría fiscales y concesionadas en gran porcentaje a empresas extractivas como YPF.

 ¨Toda comunidad originaria tiene derecho al consentimiento libre previo informado, es decir, las empresas o el estado debe informar las actividades que realizará en la zona y por qué plazo de tiempo. En el Parque Lanín, incluso, existe un co manejo y se toman decisiones compartidas entre las partes. El reconocimiento tardío de esta comunidad generó muchos inconvenientes y empezaron a ver, azorados, el avance de exploraciones. Por supuesto, tomaron medidas para detenerlo¨.

En el 2014 las hermanas del lof Albino se atan a unas torres de exploración y, por esta acción radical, se los reconoce finalmente como comunidad y se les conceden 54 hectáreas con la firma de un acta de acuerdo de paz social que estableció la realización de un relevamiento y la creación de una zona intangible, un límite al avance de YPF para que no se toque el territorio en disputa. Aunque parezca una redundancia, vale decir que 54 hectáreas es un número ìnfimo para cualquier actividad seria de agricultura o ganadería y que esto puso en peligro la supervivencia misma de la comunidad. Durante el 2015 se realizó el relevamiento pero el gobierno neuquino, luego de desconocer sus resultados, respondió que sólo tiene pruebas para dar 900 hectáreas que, en realidad, la comunidad ya está usando.

¨El estado dijo que el informe era ¨antropológico¨, basado no en cuestiones técnicas y legales sino en cuestiones más bien culturales. Hicimos un trabajo muy exhaustivo, encontramos transacciones comerciales entre miembros de la comunidad y el estado, el pago de impuestos por el uso de la tierra para pastoreo ya desde 1927. Hay numerosas evidencias que prueban que ellos habitan esa zona hace muchos años¨. La parte legal, por otro lado, está enmarcada en la ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial, que establece en su artículo cuarto que existe derecho sobre “las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas¨. Jorgelina dice, sin reparos, que ¨el gobierno neuquino efectuó un informe que está lleno de mentiras. Se fijaron en Google Maps y dijeron que las casas son nuevas, que en 2006 no existían, y que no se podía determinar su origen¨.

Jorgelina también narra que ¨el año pasado, luego de que se incumpliera con el relevamiento, la comunidad toma las oficinas de YPF y se establece una mesa de diálogo con gente del gobierno y técnicos de YPF que finalmente nunca asistieron. Me convocan de nuevo, en modalidad de careo con los técnicos de la otra parte, y como nosotros llevamos pruebas y argumentaciones no nos pudieron objetar. Al fin concluyeron que el relevamiento era ¨conflictivo¨, dejando todo en suspenso¨.

La exploración petrolera en la zona se realiza vía fracking y la comunidad denuncia derrames y explosiones que generan zozobra y preocupación. El bloqueo de la comunidad al avance de YPF (en sociedad con Chevron) es una escena que lleva casi 100 años. Excede el titular de un diario y la especulación predecible de aquel que imagina a caciques ambiciosos que pretender ser socios en las regalías del petróleo. Villarreal dice que ¨la comunidad quiere seguir con sus actividades de pastoreo, están en defensa de la naturaleza y de un ecosistema que sienten como propio. Muchos de sus animales se mueren por la cuestión del fracking. Todo esto tiene que ver también con su cosmovisión: es la función de los mapuce cuidar el ecosistema¨.

BIG Sur


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La amenaza del “libre comercio” en Argentina

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La última edición del programa el Peso del Rocío de FM La Tribu abordó los intentos del gobierno por ampliar y liberalizar el comercio internacional a partir de la firma de tratados como el de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea, y el Tratado Transpacífico con la Alianza del Pacífico.

En el programa estuvieron Felipe Gutierrez miembro del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), refiriéndose a los impactos que estos tratados pueden tener para el ingreso de empresas extractivas. También participó Leandro Morgenfeld Docente UBA, Investigador Adjunto del CONICET y autor del libro Vecinos en conflicto.

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5/08 Audiencia pública: explotación de carbón en Claromeco

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Los Ciudadanos integrantes de la “Asamblea de Concejales de la Cuenca de Claromecó”, nos dirigirnos a UD, a fin de invitarlo a participar de la 3ª Audiencia Pública, el 5 de Agosto de 2016 a las 13 Hs, en el Centro Vasco sito en Avda. Pereyra 1428,  donde abordaremos la temática sobre el trámite iniciado en el Ministerio de Producción, para la habilitación de exploración y la eventual explotación de los yacimientos de gas de carbón, en la región que comprende la cuenca de Claromecó.

Ante la ausencia de respuestas concretas y definitivas de los ámbitos naturales, es que realizaremos una nueva Audiencia Pública en la Ciudad de Laprida, por estar ésta, en la ubicación de la región afectada, con la finalidad de poner de relieve una situación, que, de seguir su curso afectará la vida de millones de Bonaerenses, a los que se oculta información Pública.

Desde ya, nos honraría contar con su participación.

Asamblea de Concejales de la Cuenca de Claromeco.


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Ambientalistas en peligro

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Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes.

ambientalistas aranda

Por Darío Aranda

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

Página 12

Ver informe: En terreno peligroso


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Afectados por Chevron en Ecuador temen negociaciones entre la petrolera y el Gobierno

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Los indígenas y campesinos ecuatorianos afectados por la petrolera ganaron en 2012 el juicio ambiental más grande de la historia. Sin embargo Chevron retiró sus activos del país no pagando esta deuda, razón por la que fue embargada en Argentina en 2013, sanción que fue levantada para permitir su acuerdo con YPF.  En otra vertiente del juicio, la petrolera había demandado en 1991 al Estado ecuatoriano en tribunales internacionales por el supuesto incumplimiento de tratados de inversión, siendo sentenciado el año pasado a pagar 96 millones de dólares a la empresa.

La semana pasada la corte provincial de Sucumbios notificó que esos 96 millones deberán ser embargados para tomarlos como parte de pago a los afectados. Pero hasta ahora funcionarios del gobierno han evitado iniciar las formalidades de este embargo y los afectados temen que estén negociando con Chevron a espaldas de ellos.

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Quito, 18 de julio de 2016.- A pesar de una providencia dictada por el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, el 12 de julio del año en curso, en la que se dispone por tercera ocasión, se emitan los oficios que notifican a las autoridades nacionales el embargo que pesa sobre los 96 millones que el Estado ecuatoriano debe pagar a Chevron, dichos documentos no han sido despachados, elevando sospechas sobre los funcionarios públicos que deben cumplir estas formalidades.

Al respecto, los dirigentes de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) y sus abogados, sostienen que las inexplicables demoras sobre el cumplimiento de las formalidades podrían deberse a acuerdos que se puedan estar haciendo con la petrolera, a espaldas de los ecuatorianos.  Como es de conocimiento público, apenas se conoció del fallo definitivo en contra del Ecuador, los afectados solicitaron se notifique inmediatamente sobre este embargo que está vigente desde el 2013; a pesar de ello, el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos prefirió demorar el trámite y darle largas; luego de las exigencias de los actores en el juicio ordena se proceda a emitir los oficios, a pesar de lo cual ha pasado casi una semana sin que se hayan enviado los oficios correspondientes a los Ministro Coordinador de la Política Económica, de Finanzas y Procurador General del Estado.

Pablo Fajardo, Procurador Común de los demandantes ecuatorianos, dio a conocer que de utilizar esta inacción de la Corte Provincial de Sucumbíos, como pretexto para no ejecutar el embargo de los 96 millones, se estarían violando una orden expresa y las leyes vigentes en el Ecuador.

Alertó además, que este es un caso de Derechos Humanos y por tanto es inconstitucional que el Estado pretenda hacer prevalecer los acuerdos comerciales sobre los Derechos Humanos contraviniendo lo que disponen los Art. 425 y 426 de la Constitución de la República.

Humberto Piaguaje, Coordinador de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), organización que aglutina a más de 30 mil indígenas y campesinos que siguen sufriendo los impactos de la contaminación provocada por la petrolera, dio a conocer que están dispuestos a conversar con el Gobierno Nacional, para llegar a un acuerdo razonable para el cobro de los 96 millones, sobre todo tomando en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el país.

Advirtió que una acción contraria por parte del Estado o del Gobierno para no hacer valer la justicia ecuatoriana implica una grave traición al país, un atraco, pero además una deslegitimación de las autoridades que dicen defender los derechos de la población ecuatoriana frente a los intereses de las transnacionales.  Si negocian con  Chevron habrán sucumbido al chantaje de las trasnacionales y dejarán en evidencia sus verdaderos intereses y la política de favorecer al capital por sobre el ser humano será expuesta públicamente.

El dirigente de la organización informó que este cobro será invertido en tres acciones fundamentales: la una sostener el juicio de homologación en Canadá, donde se llevará a cabo una audiencia en el mes de septiembre;  la otra es continuar con la formulación de los planes de reparación para que una vez cobrada la totalidad se puedan ejecutar de manera inmediata, lo que evitará que sigan profundizándose los problemas por los que atraviesa la población afectada; y la tercera es iniciar acciones inmediatas para mitigar los daños causados por la petrolera.

Con estos fondos dice Piaguaje, “pondremos de inmediato en ejecución lo dictaminado en la sentencia emitida por las tres instancias judiciales que existen en Ecuador y que favorecieron a los afectados”.

El Coordinador de la UDAPT dijo estar confiado en que el Gobierno ecuatoriano actuará en favor de la justicia, sobre todo tomando en cuenta que el Presidente de la República siempre ha sostenido la importancia de la soberanía nacional y la defensa de los derechos de los ecuatorianos, ante los abusos cometidos por las transnacionales.  Como muestra, recuerda que el Ecuador es el promotor en las Naciones Unidas de un proceso para lograr que se ponga en vigencia un Tratado Vinculante que someta a las transnacionales al cumplimiento de los derechos humanos, con el fin de parar el abuso corporativo.

Informó finalmente que a nombre de sus representados ha solicitado formalmente una cita con el Presidente de la República para lograr un acuerdo para el cobro del embargo.

Contactos: Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT) – Quito Ecuador

Teléfonos: (593) 2 273533

Correo electrónico: casotexaco@gmail.com

María Eugenia Garcés: 0999225516

Nancy Rodríguez: 0999949337


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22 / 07 | Comodoro Rivadavia: Charla debate sobre energía y fracking

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El 22 de julio a las 18 hs  / Auditorio de Información Pública Almirante Brown 1/ Comodoro

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