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Donde lo legal no es lo legítimo: el mega basurero petrolero en Catriel

El viernes 31 de marzo se realizará en la ciudad rionegrina de Catriel la audiencia pública en la que se presentará y analizará el proyecto de la instalación de un mega basurero petrolero en su ejido. La iniciativa corresponde a la empresa neuquina Crexell y, de concretarse, con sus 300 hectáreas se convertiría en el emprendimiento de su tipo de mayor envergadura desde que el fracking desembarcó en el norte de la Patagonia.

La planta de tratamiento de residuos petroleros de Comarsa, en Neuquén, tiene 34 has., la proyectada en Catriel, 300 has. Foto: Fabián Ceballos.

Por OPSur-

El 24 de marzo, en pleno feriado del Día de la Memoria, la secretaría de Ambiente de la provincia de Río Negro, Dina Migani, brindó una conferencia de prensa en Catriel acompañada por legisladora provincial Viviana Germanier, el intendente local Carlos Johnston y funcionarios municipales de las áreas de Planificación, Gobierno y Medioambiente. La apertura estuvo a cargo del mandatario municipal, quien agradeció la presencia de Migani, destacó la importancia de la participación ciudadana y de la libertad de expresión, aunque a veces, según sostuvo, los vecinos emitan opiniones que puedan parecer “desagradables” o sus intervenciones sean “desacertadas”..

Antes de cederle la palabra a Migani, Johnston destacó que Catriel es “un pueblo petrolero”, y añadió: “la actividad hidrocarburífera, en sí, genera pasivos ambientales, y a veces contaminación, y lo que viene a hacer esta empresa es a descontaminar”, en relación a la planta de tratamiento de residuos petroleros que pretender instalar la firma Crexell. En el mismo sentido se manifestó Migani en declaraciones a una radio local. Si el objetivo de esa conferencia de prensa era brindar información a la población, los funcionarios empezaron mal.

Participación Ltda.

El objetivo de la intervención de la secretaria de Ambiente rionegrina era impulsar la participación ciudadana en la audiencia pública del 31 de marzo, en la que se expondrá el proyecto de una planta tratadora de residuos petroleros que pretende instalar la empresa neuquina Crexell. Lo llamativo, que resulta hasta contradictorio de la invitación y del espíritu participativo promovido por las autoridades provinciales y municipales, es que estas instancias se realizan en horarios y días laborales -en este caso un viernes a las 9.30-, sin posibilidad de acceder a la información por medios digitales sino solo solicitándola personalmente en la Secretaría de Ambiente, con poca difusión informativa y con mecanismos poco democráticos para las exposiciones, dado que las intervenciones de la ciudadanía quedan para lo último, el tiempo es acotado y no siempre obtienen respuestas. Por otra parte, para la población que va ser afectada resulta es muy costoso fotocopiar cientos de páginas con los estudios y muchos de ellos requieren de conocimientos técnicos para ser comprendidos.

La titular de la secretaria de Ambiente manifestó el conocimiento de estos problemas al momento de hacer la invitación, “uno de los reclamos de la ciudadanía en otras audiencias públicas ha sido la falta de comunicación, la falta de información”. Sin embargo, a pesar de reconocer las críticas, esta convocatoria tiene estándares de participación aún menores a otra similar realizada en diciembre en Sargento Vidal, donde la población podía inscribirse vía on line, cosa que no ocurrió particularmente en este llamado.

En la conferencia, Dina Migani expresó que es muy importante que la población se exprese en la audiencia pública, “porque su opinión es tenida en cuenta al momento de hacer la aprobación de la resolución ambiental. A pesar de que la audiencia no es vinculante, esta resolución puede ser aprobatoria o no del Estudio de Impacto Ambiental, por lo tanto, escuchar las opiniones es muy importante, aunque la gente no quiera participar o ir a la audiencia pública”. Más allá de las afirmaciones de la funcionaria, el carácter no vinculante de estas convocatorias las ha transformado en un mero trámite, en el cual sugerencias, reclamos y objeciones realizados por la ciudadanía quedan durmiendo en el registro de un acta, mientras los proyectos avanzan. Ejemplo de ello es la audiencia pública celebrada en Sargento Vidal, donde se presentó el proyecto de Treater SA de instalar en Campo Grande, la primera planta de tratamiento de residuos petroleros de la provincia. En esa instancia las voces disidentes fueron las últimas en intervenir y sus dudas y cuestionamientos no tuvieron respuestas, o las respuestas fueron evasivas; y recientemente se enteraron por la prensa de que el proyecto fue aprobado. En aquella oportunidad una vecina preguntó qué se hacía con el material radiactivo que podría encontrarse en los cortes de perforación y cuál iba a ser el tratamiento que se daría a los metales pesados, ambos altamente peligrosos para la vida humana y el ambiente. Nunca obtuvo respuesta.

Por otra parte, si bien se convoca a participar, de momento no contamos con antecedentes de casos en los que la Secretaría de Ambiente haya desaprobado un proyecto, al menos eso no sucedió durante la gestión de Dina Migani. Una funcionaria cuestionada por ser dueña de la empresa de servicios petroleros Quinpe, también transportista de residuos, lo que dio lugar a que fuera denunciada por incompatibilidad de cargos.

Foto: Fabián Ceballos.

El proyecto

La mega planta que Crexell pretende instalar en Catriel busca ser acopiadora de los residuos de la provincia de Río Negro, especialmente de los generados por la explotación de hidrocarburos no convencionales con aplicación de la técnica de fractura hidráulica, más conocida como fracking. Allí se tratarían, según consta en el EIA, “residuos Industriales no Especiales, suelos contaminados con hidrocarburos, cutting, aguas con hidrocarburos, flowback, líquidos provenientes de perforaciones no convencionales y residuos semi-sólidos con hidrocarburos, comúnmente denominados ‘fondos de tanques’”. Además estaría habilitada para hacer la disposición final de los materiales tratados, y deja abierta la posibilidad de incorporar residuos de otras provincias.

Este proyecto ocuparía 300 hectáreas en el área de la meseta Bayo Mesa, a pocos kilómetros del centro de la ciudad de Catriel. Según el EIA, tendría un sector de tratamiento de residuos sólidos de 20 has. y otro de 100 has. destinado a suelos contaminados con hidrocarburos, dividido en tres subsectores: recepción y pretratamiento, biopilas y desorción térmica. También contempla un área de deshidratación de residuos semi-sólidos, que ocuparía 10 has., donde se almacenarían y procesarían lodos con hidrocarburos o fondos de tanques. En tanto se destinarían 20 has. al sector de tratamiento de residuos líquidos especiales, y otras 60 has. al relleno de seguridad, donde se efectuaría la disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos. La puesta en marcha la planta generaría 37 puestos de trabajo, contando los especializados y calificados.

Una empresa conocida

Crexell Soluciones Ambientales S.A. es la empresa de Nicolás Crexell, sobrino del ex gobernador de Neuquén Jorge Sapag y hermano de la senadora nacional Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino. La empresa es el segundo emprendimiento en este rubro, en 2016 la familia abrió Servicios Ambientales de Neuquén, en cercanías de Añelo, en sociedad con la empresa Befesa. En ambas firmas la titular es la esposa de Crexell, Fernanda Bisso, y en el caso de la versión rionegrina la sociedad incluye a su hija. Si bien la familia ha desarrollado una actividad empresarial vinculada al negocio petrolero, es con la llegada de Vaca Muerta donde los servicios de gruas y transporte, su rubro tradicional, tomaron un fuerte impulso, posicionándose como una de las beneficiarias de un negocio no convencional.

Vaca Muerta


Basureros petroleros: Otra consecuencia del fracking

Esta planta de 34 hectáreas está ubicada alrededor de barrios populares de la ciudad de Neuquén. Piletones olímpicos a cielo abierto de lodos de perforación, tierras contaminadas, agua de retorno, desechos químicos provenientes de la actividad petrolera son parte de la contaminación que afecta a las familias vecinas.

Desde 2012, en la era del fracking, el basurero multiplicó más de cuatro veces su tamaño. Los gases de sus hornos llegan a la ciudad y quedan en el aire. La lucha de la población logró que el gobierno decrete el traslado de COMARSA a más de 8 km de centros urbanos y 5 km de zonas productivas. Ahora vecinos y vecinas esperan que se complete el traslado, el cierre definitivo y la remediación de los daños producidos.

Otra energía es posible. Digamos no al fracking.


Consumir agua de red es casi una cuestión de fe en Caleta Olivia

La presunción de una alta prevalencia de diferentes tipos de cáncer en Caleta Olivia y su relación con el agua que se consume y la explotación de hidrocarburos es una incógnita planteada desde hace casi dos décadas y aún no ha sido despejada. La duda persiste en la población más allá de que organismos de la provincia de Santa Cruz y nacionales afirmen que en la localidad no se registra nada fuera de los parámetros esperables. Mientras tanto, beber el líquido que fluye de las canillas se torna casi una cuestión de fe en una ciudad donde el abastecimiento de agua a través de la red no está garantizado.

Por Hernán Scandizzo

“Caleta tiene más de 80 mil habitantes, necesitaríamos aproximadamente 1000 m3/h para poder tener una distribución del agua que nos permita una llegada de cuatro horas por día a cada domicilio. Eso no ocurre, estamos recibiendo cerca de 450 m3/h de la toma del lago Musters y aproximadamente 300 m3/h de los acuíferos de la zona, que en teoría es buena”, resume Facundo Prades, intendente de Caleta Olivia. La afirmación del funcionario es una invitación a la repregunta, ¿por qué el agua de los acuíferos ‘en teoría’ es buena? “Porque no tengo un estudio que pueda decirme que el agua es buena”, responde rápidamente y agrega: “entendemos que esto pasa por laboratorios de Servicios Públicos y ellos son los que hacen análisis de calidad y que obviamente está en condiciones de ser consumida.” En los dichos del jefe comunal asoma la duda que está instalada en la comunidad. Pasaron ocho meses desde que fue tomado el testimonio y la duda sigue ahí, en realidad hace ya varios años que vecinos y vecinas del norte de la provincia de Santa Cruz demandan que esa duda sea despejada. La desconfianza en torno a la calidad del agua que llega del acuífero patagoniano, captada desde los pozos ubicados en Meseta Espinosa y Cañadón Quinta, se origina en el hecho incontrastable de que en esa zona se inició la explotación petrolera en el norte santacruceño.

Foto: El Espejo Diario

“Un gran porcentaje de familias de Caleta Olivia no consumimos agua de la canilla, en otras localidades me dicen que es mayor todavía”, asegura Javier Rivarola, periodista de Radio 21 FM 90.1, emisora local que se destaca por mantener los micrófonos abiertos a la comunidad. “Servicios Públicos dice que el agua es potable, sin embargo en 2014 hubo reclamos de vecinos en relación a que en uno de los lugares que se capta agua [el acuífero patagoniano], los resultados no habían dado bien. Servicios Públicos hizo estudios y a ellos le dio bien.” Sin embargo el organismo provincial no resultó convincente, “muy poca gente consume agua de la canilla”, reitera el comunicador.

En 2014 S.O.S. Agua – ONG Viento Sur hizo analizar muestras de agua tomadas de once pozos de captación, en seis se determinó la presencia de hidrocarburos y de metales pesados. “Hicimos la denuncia en el Congreso Nacional, entregamos copias de las muestras de agua que daban contaminación, tanto arsénico como hidrocarburos en diferentes cisternas y pozos de Meseta Espinosa y Cañadón Quinta o Cañadón Quintar. Nos trataron, como mínimo, de irresponsables, cuando en realidad sabíamos que hay contaminación por la cantidad de gente que se está muriendo hace años”, relata Mary López, docente jubilada que lleva varios años caminando las calles, golpeando puertas, demandando soluciones para Caleta Olivia y el norte santacruceño. “El derecho básico al agua potable, al saneamiento lo tenemos que tener sí o sí”, recalca López. Enumera las denuncias realizadas en la Defensoría del Pueblo de la Nación y reclama que las autoridades publiciten los muestreos que verifican la contaminación del agua.

“Se han hecho incansables pedidos para poder hacer análisis del agua”, subraya el intendente Facundo Prades. El mandatario también señala que en 2003, cuando su padre, Carlos Prades, era senador nacional, impulsó un proyecto de resolución para que el Ministerio de Salud de la Nación realizara un estudio de prevalencia de distintos tipos de cáncer en Caleta Olivia. En esa iniciativa también se solicitaba que fueran investigados “para determinar si importan cierto grado de riesgo cancerígeno para la población”, el agua de red, las cenizas volcánicas, las líneas de alta y media tensión y los transformadores de energía, entre otros. “En ese momento se le contestó que la calidad del agua estaba dentro de los parámetros que establece el Código Alimentario Nacional y que las muertes por cáncer o tumores malignos también estaban dentro de los parámetros normales para una sociedad con la cantidad de habitantes que tenía nuestra provincia y, particularmente, Caleta Olivia y la zona norte de Santa Cruz”, sostiene el jefe comunal.

En aquel proyecto de resolución, el entonces senador nacional Carlos Prades advertía la escasez de información y la inexistencia de programas de prevención y de detección precoz. “La provincia no maneja cifras oficiales, ya que nunca se ha llevado a cabo un relevamiento que permita establecer datos certeros. Pero podría aseverarse que el cáncer es una de las principales causas de muerte en distintos puntos de la provincia. (…) También es nula la existencia de informes de índole técnica o científica que permitan establecerlas [las causas].”

Terminal marítima petrolera de Caleta Olivia, desde allí sale la producción de crudo del norte santacruceño. Foto: El Patagónico.

“Si no hay número [registro de pacientes y personas fallecidas por cáncer] no hay estadística, y si no hay estadística no hay política pública sanitaria posible. Yo creo que es abandono de persona”, sentencia Mary Lopez. “La gente se está muriendo, gente muy joven de 25, 30, 35 años, con cáncer, y están cayendo ahora chiquitos. Hay esclerosis múltiple, miastenia gravis, Guillain-Barre, patologías que son EPF, enfermedades poco frecuentes. En la parte norte de Santa Cruz hay esta clase de patologías y no desde hace mucho”, asegura, quien está convencida que todo ello tiene origen en la contaminación producida por la explotación de hidrocarburos. En el mismo sentido se manifiesta el intendente Prades, quien afirma que “en muchos barrios, por manzana, hay un montón de gente” que tiene esa “maldita enfermedad” o que le han tenido que sacar un tumor, o que tiene algún pariente en esa situación. “Por eso hay esa sensación, como que el nivel de enfermos de cáncer o el nivel de tumores malignos en la zona es muy amplio.”

En los fundamentos del proyecto el ex senador Prades se citaban dos resoluciones del Concejo Deliberante de Caleta Olivia, una de diciembre de 2000 y la otra de agosto de 2001, en las que ya se manifestaba la preocupación del legislativo municipal por el “récord de enfermedades cancerígenas”. Incluso a través de una de ellas se solicitaba al Ministerio de Salud santacruceño que elabore “un cuadro estadístico concerniente a la localización de casos de pacientes enfermos de cáncer, en cualquiera de sus variantes en la Ciudad de Caleta Olivia, confrontados con diversas localidades de la Provincia, la Región, el País y, si fuera factible, de distintas ciudades del mundo”.

La convicción de que en la localidad la incidencia de diferentes tipos de cáncer es superior a lo estadísticamente esperado, anida en muchos vecinos y vecinas de Caleta Olivia. Justamente una de las causas de esa extendida convicción es la falta de estadísticas que la confirmen o desmientan. Más de dieciséis años pasaron del pedido realizado por el Concejo Deliberante local al gobierno de Santa Cruz, y ese estudio sigue pendiente.

Foto: La Prensa de Santa Cruz

Sacrificios

En la zona las principales empresas petroleras son YPF, Pan American Energy y Sinopec, enumera Facundo Prades. “Aquí las operadoras son grandes responsables del daño ambiental, incluso en la renegociación de las áreas petroleras hay un canon por el pasivo ambiental que debían remediar o pagar. No lo han pagado ni han empezado a dar cumplimiento a esa normativa”, sostiene el intendente caletense. “Plantar un yuyito o pasar diez metros cúbicos de tierra empetrolada por un horno pirolítico no es remediar ambientalmente el daño que han hecho en estas comunidades. Repartir camisetas para los clubes de futbol, donar escritorios y equipos informáticos viejos a las escuelas, a las entidades intermedias o a los municipios, no es sanear el daño ambiental”, subraya, al tiempo que advierte que resulta problemático, por decirlo de algún modo, cobrarle impuestos municipales a las compañías del sector.

“Hoy por hoy Caleta Olivia es un municipio con casi seis mil quinientos, seis mil setecientos empleados públicos y una actividad hidrocarburífera que no deja prácticamente nada. Pegas una vuelta y vas a ver desbordes cloacales por todos lados, una infraestructura que no se ha modificado en los últimos veinte años, aproximadamente. Infraestructura escolar, para actividades deportivas o culturales, son muy pocas”, detalla Javier Rivarola. Su testimonio es fácilmente verificable con recorrer apenas unas cuadras por la ciudad, las aguas servidas bajan por las calles, buscan el nivel del mar, el mismo mar donde los buques tanques esperan su turno para ser conectados a la monoboya de la terminal marítima petrolera y luego llevarse el crudo que salió de las entrañas del norte santacruceño. “En los últimos quince años, más o menos, Caleta Olivia creció de tener veinte, treinta mil habitantes a tener setenta y cinco mil habitantes, y ese crecimiento no fue planificado”, asegura el periodista de la 90.1. Si bien en los testimonios varían las estimaciones de cuál es la población actual, coinciden en el crecimiento exponencial de ésta y en que la ciudad está desbordada.

“Algunos dicen que esta zona es zona de sacrificio… a veces hay palabras que uno no querría tener que aprender; que aquí lo importante no es la gente que vive, si no los recursos naturales, el petróleo o, medianamente cerca de aquí, la minería. Que no es un lugar para vivir, es un lugar donde se sacrifica la vida o se sacrifica la gente que vive para poder extraer lo que tiene la tierra y lo demás, como se pueda”, sostiene el sacerdote Néstor Zubeldía, que asegura que a partir de las conversaciones con los vecinos y vecinas se fue metiendo en el tema, hasta convertirse en un puntal para quienes luchan por el agua. “Un lugar donde hace tantos años que hay población y una población creciente y no se ha resuelto el tema del agua, da que pensar que realmente se haya declarado zona de sacrificio”, enfatiza.

“Me parece que algunos problemas, concretamente el del agua, aquí es un tema político, porque en los últimos años hubo acceso a muchos recursos, entonces no es un problema económico. Tampoco creo que sea un problema técnico, estamos en una zona donde hay, me animaría a decir, de la mejor tecnología del país, porque suele pasar en lugares donde hay petróleo y minería. Entonces, si el tema no es económico, si el tema no es técnico, porque los recursos de uno u otro modo están o se pueden conseguir. Eso me hace pensar que el problema es claramente político”, afirma el párroco. Al momento de la entrevista Zubeldía estaba al frente de la parroquia salesiana local, lo estuvo hasta fines de enero, momento en que fue trasladado a Bernal, en el conurbano bonaerense. Un hecho que algunos vecinos y vecinas de la localidad adjudican a la influencia de sectores de poder molestos con el compromiso del religioso con las demandas de la comunidad.

Vigilia en el Gorosito por el mes de prevención del cáncer de mama. Foto: El Patagónico

Ambiente y herencia

“En Santa Cruz no va a quedar nadie, en la zona norte tenemos serios problemas de agua por las petroleras, más al sur hay problemas de agua con las mineras. Tenemos problemas de salud, nadie se hace cargo, ni siquiera de una persona que va a atenderse a Comodoro Rivadavia (distante 70 km). Ninguna petrolera dice: ‘¿Hace falta dinero para mandar a tanta cantidad de enfermos a Comodoro a hacerle los estudios?’.” Mary López hace una pausa y deja fluir una palabra tras otra, que parecen chocarse porque están ávidas de salir, de comunicar, de denunciar una situación urgente. “El Estado está ausente, las petroleras se meten en las universidades, le lavan el cerebro a los jóvenes, basta con ver los diarios. Están haciendo lo mismo que [Pablo] Escobar, el narcotraficante [colombiano], hacía con el pueblo, dar dinero, hacer feliz a la gente. Acá la manera de hacer feliz es dándole becas a chicos jóvenes”, afirma. Sus palabras suenan descarnadas, por momentos apocalípticas, es el testimonio de quien sufre en el cuerpo las consecuencias de eso que a nivel institucional no tiene nombre, porque no hay estudios oficiales que lo certifiquen.

“No te van a hacer un helipuerto en Caleta para que la gente que está en estado crítico de salud vaya lo más rápido posible a Comodoro, al aeropuerto, para ir más rápido a la Capital Federal. Hay veces que no tenemos las hojas de placas para las radiografías. No se hacen ciertos estudios [en el Hospital Zonal de Caleta Olivia], hay que ir a Comodoro, y el que está enfermo y está mal, no está como para andar aguantando el traqueteo, encima, de las malas rutas. Estamos muy abandonados”, se lamenta Mary. Hay angustia e indignación en la voz, y da la impresión de que cada minuto que pasa sin respuestas, aumentan.

“Yo amo a Caleta Olivia, pero lamento profundamente esta situación de decadencia total que hemos tenido. Siguen sin reconocer las autoridades el tema de la contaminación”, afirma Graciela Reartes, también jubilada docente, quien como Mary López desde hace varios años lucha por cambiar el estado de las cosas. “Las Heras tiene el agua contaminada, hicieron análisis en laboratorios en Río Negro y les dio que tiene hidrocarburos. [Pico] Truncado también, Koluel Kayke tenía un altísimo porcentaje de cáncer en toda la comunidad. Esta situación en vez de generar una reacción en defensa de la vida y de la salud, genera depresión”, sostiene. La voz se le quiebra, hace una pausa, y agrega: “El hombre es un ser social, no es solo cuerpo, es cuerpo y ambiente, herencia y ambiente; no es herencia o ambiente, son los dos. Nuestro ambiente va eliminando las capacidades intelectuales y de vida de un montón de gente, porque es muy nocivo. Un tumor en la cabeza no se hace solo por algo orgánico, se forma porque hay una cuestión emocional más la cuestión orgánica, que se desata”.

Los testimonios de Mary López y Graciela Reartes transmiten la angustia de quienes tienen la certeza de que las cosas no están nada bien y que el paso del tiempo las agrava. Esa angustia es también urgencia. Mientras tanto, en una ciudad donde el abastecimiento de agua a través de la red no está garantizado, beber el líquido que fluye de las canillas se torna casi una cuestión de fe.


29-03 | EJES en Rosario en el marco del Break Free

En el marco del Break Free 2017, EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental – presenta sus informes:  “Transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina” y “Externalidades del Megaproyecto Vaca Muerta”.

 

Este miércoles 29 de marzo a las 17.30 horas : Vaca Muerta: Vaca Muerta: Poner el fracking en debate como salida a la crisis energética.

Exposiciones:

Escenarios energéticos y tendencias: Pablo Bertinat (EJES – Taller Ecologista)

Vaca Muerta como Megaproyecto: Fernando Cabrera (EJES – OPSUR)

Subsidios y transferencias al sector hidrocarburífero: Gustavo García  (EJES – Taller Ecologista)

Las cláusulas secretas del contrato YPF-Chevron: Rubén Giustiniani (Diputado provincial)

Los y las esperamos en la Facultad de Ciencias Políticas – Ciudad Universitaria – Riobamba 250 bis – Ciudad de Rosario. Miércoles 29 de marzo – 17.30 horas.

 


Fracturando el futuro energético de Chile

Ver/Descargar el Informe

Fracking Chilensis: Fracturando el futuro energético del país

Por: Cristián Opaso, periodista de Fundación Térram.-

En junio de 2014 la prensa destacaba, con indisimulado orgullo, que en un elegante hotel de Texas se había reunido un grupo de ejecutivos a cargo de empresas eléctricas chilenas –y de sus reguladores del gobierno-con los máximos representantes de las mayores petroleras del mundo, con el fin de “explorar opciones comerciales en torno al gas natural no convencional”.

El viaje, en realidad, más que de exploración era de concreción, ya que desde que se creara en 2011 el Consejo de Energía Chile-Estados Unidos, como respuesta a una decisión política de los Presidentes Piñera y Obama, el gobierno norteamericano y sus empresas comenzaron un multifacético esfuerzo para llevar a cabo una serie de iniciativas, entre las cuales, se recomendaba explícitamente “difundir y promover las ventajas que trae para Chile acceder al shale gas de Estados Unidos y sus posibilidades de utilización en el mercado energético local.”

En el 2014 los influyentes coterráneos visitaron el terminal de licuefacción de Sabine Pass -propiedad de Cheniere- y las instalaciones de la productora de shale gas SouthWestern Energy, en Little Rock, Arkansas, el cual es obtenido mediante la técnica de fracking, o fracturación hidráulica.

Esta técnica evolucionó desde la extracción convencional de petróleo al fracking, debido al surgimiento de recursos no convencionales de gas y petróleo shale gas y tight gas, entre otros. Lo que ha provocado un fuertísimo cuestionamiento a nivel mundial, por sus impactos ambientales, llegando a prohibirse en una cantidad, cada vez mayor de condados y territorios locales, además de otros países.

El informe elaborado, a petición del Congreso de los Estados Unidos, entrega “Evidencia científica de que, bajo ciertas circunstancias, las actividades de fracturación hidráulica o fracking, para extraer hidrocarburos no convencionales, pueden impactar en el recurso agua potable”. Tras la revisión de 1.200 estudios científicos y otros propios, la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency, EPA) analizó las diversas etapas del proceso de extracción de shale gas donde se usa agua, es decir revisó el ciclo del agua utilizada en fracking, desde la adquisición, pasando por la mezcla de esta con químicos a su inyección en los pozos, hasta la recolección de agua que se devuelve y su posterior tratamiento. Identificando casos de impacto en “cada paso del ciclo de agua”.

El chorro de agua, mezclada con arena y docenas de químicos (varios de ellos de alta toxicidad), se inyectan a presión en pozos petroleros o de gas, para así destruir las secciones del subsuelo, para luego recoger el hidrocarburo que sale a la superficie y recuperar también el cocktail tóxico que logra volver, esto puede resultar altamente contaminante, especialmente en las napas de agua.

Y esto no lo dicen sólo ambientalistas, el 13 de diciembre de 2016 la prestigiosa Agencia EPA hizo público su estudio sobre los impactos de la técnica de fracking sobre el agua potable. Los cuales van desde “cambios temporales en la calidad del agua, hasta contaminación, que provocó que pozos de agua de particulares quedaran totalmente inutilizables”.

Es por estos impactos ambientales que esta técnica ha sido prohibida en Alemania, Francia, Bulgaria y Escocia y en muchas localidades de los Estados Unidos, como Nueva York y Maryland, entre otras. Llegó incluso a prohibirse en Denton, Texas, considerada la cuna del fracking, aunque luego la medida fue revertida por dicho estado.

Uno se podría preguntar, porque el gobierno chileno antes de tomar decisiones no estudia con detención el informe de la EPA, y sólo escucha la opinión de las empresas norteamericanas, como las involucradas en el Consejo de Energía Chile-Estados Unidos, que tienen claros intereses creados.

Para ser justos, habría que decir que en Chile hay funcionarios públicos que han levantado la voz, o por lo menos han entregado una opinión escrita, es el caso del Dr. Oscar Vargas, de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y Antártica Chilena, quien a propósito del proyecto “Fracturación Hidráulica en 24 pozos de Hidrocarburos; Bloque Arenal” le indicara en un oficio a Karina Bastidas Torlaschi, Directora del Servicio de Evaluación Ambiental de la región que “Gran cantidad de productos químicos que se utilizan en el proyecto tienen cualidades carcinogénicas, la mayoría no son 100% biodegradables y otros simplemente no se degradan, lo que resulta un riesgo potenciar de contaminación tanto de suelo, subsuelo y aire, por ende los acuíferos involucrados en la perforación de cada uno de los pozos, condición que no se expresa con claridad en la DIA”.

A pesar de estas prevenciones, muchos proyectos han sido aprobados en los últimos dos años por el Servicio de Evaluación Ambiental, vía declaración de impacto ambiental (DIA) es decir sin participación ciudadana. Especialmente en el extremo sur de Chile, Tierra del Fuego y la ribera norte del Estrecho de Magallanes, lo que ha significado un fuerte crecimiento de la técnica, que comenzó a ser probada en el año 2012 y que en 2014 ya contaba con 8 proyectos, lo cual se tradujo en un total de 71 pozos, a fines de 2016, los proyectos que mencionaban explícitamente fracturación hidráulica habían subido a 20, esta vez con un total de, al menos, 145 pozos.

Geopark Fell SpA estaría utilizando la técnica subrepticiamente, de hecho el primero de junio de 2016 se dio inicio oficialmente a un proceso sancionatorio por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, en contra de la empresa “titular de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos ubicados en la comuna de San Gregorio, en el marco de un Contrato Especial de Operación Petrolera (CEOP) suscrito entre la empresa y el Estado de Chile”. Entre las varias infracciones, se detectó “el desarrollo de actividades de fracturación hidráulica en diferentes pozos, sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental (RCA), exigida por ley para este tipo de actividades.”

Además de los gravísimos impactos ambientales, el fracking hipoteca el futuro energético de nuestro país, ya que sigue desarrollando fuentes energéticas basadas en combustibles fósiles, desechando la implementación de energías renovables, que estos últimos años han demostrado mayores índices de factibilidad económica, especialmente en el norte de nuestro país.

Descargar el Informe

Térram


Comodoro Rivadavia: crecer sobre la incógnita de los pasivos ambientales

En diciembre de 1907 se perforó el primer pozo del que surgió petróleo en Comodoro Rivadavia, desde entonces ese acto se repitió miles de veces y sobre esa misma tierra agujerada creció y se expandió la Capital Nacional del Petróleo. De tanto en tanto aquellos “pozos pioneros”, ocultos bajo la ciudad, buscan la superficie sin importarles las edificaciones sobre ellos levantadas, o aparecen como tesoros no deseados en nuevos loteos y planes de vivienda. Esos pasivos ambientales también alimentan sospechas sobre otros posibles que no se “manifiestan”. Sin embargo el subsecretario de Medio Ambiente de la ciudad, Daniel González, asegura que no han encontrado rastros de hidrocarburos en las captaciones de agua subterránea de Manantiales Behr y destaca las inversiones del sector privado en controles y en remediación.

Foto: Diario El Patagónico.

Por Hernán Scandizzo

En los pozos de agua de Manantiales Behr no tenemos ningún análisis químico que nos esté indicando la presencia de hidrocarburos o algún elemento asociado a aguas de formación, por inyección”, subraya Daniel González, subsecretario de Medio Ambiente de Comodoro Rivadavia. “Anualmente le pedimos a la Cooperativa que nos presente el muestreo de todo el espectro de metales pesados, hidrocarburos, un análisis absolutamente completo. No son estudios baratos, estamos hablando de más de 17 mil pesos por estudio, y son unos cincuenta puntos de toma.” A lo largo de la entrevista el funcionario reitera el énfasis en las erogaciones que realiza el sector privado tanto en controles como remediación de pasivos ambientales, tal vez como una forma de proyectar un estado municipal fuerte o un compromiso por parte de las empresas.

La mayor parte del agua que consumen los aproximadamente 200 mil habitantes de Comodoro Rivadavia llega desde el lago Musters a través del acueducto Jorge Carstens, pero en los últimos años, el Municipio, en conjunto con el gobierno provincial y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada pusieron en funcionamiento nuevamente pozos perforados en Manantiales Behr, que captan del acuífero Patagoniano. “Son pozos muy antiguos, han estado abandonados y es lógico que la misma cañería y los elementos que estaban dentro se oxidaran. Hubo que sacar bombas y purgar los pozos para mejorar la calidad. Lo bueno es que podemos garantizar la calidad del agua porque hay un punto de entrega de todas esas captaciones que es la que nosotros permanentemente monitoreamos y tenemos la tranquilidad de que a la población le llega agua de muy buena calidad.”

Foto: Biblioteca Digital Trapalanda de la Biblioteca Nacional

Para dar una referencia del impacto de la habilitación de las captaciones en Manantiales Behr, Gonzaléz señala que lo allí “producido” equivale al 10% del caudal que llega a través del acueducto Jorge Carstens. “Si bien el acueducto que viene de Manantiales Behr deriva hacia Caleta Córdova y hacia Ciudadela [barrios comodorenses apartados del núcleo urbano], si necesitáramos agua y no viniera del acueducto Lago Musters-Comodoro, podríamos inyectarle desde aquella zona por el entramado de cañerías que tiene.”

Ante el sostenido descenso del caudal de la cuenca del río Senguer y la profundización de las históricas dificultades para garantizar el abastecimiento de Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia que genera, el acuífero Patagoniano es contemplado por algunos sectores como una alternativa. Aunque haya quienes sostengan que, al menos para el caso de Caleta Olivia, se trata de poner más bombillas en el mismo mate y subrayen los impactos recibidos tras décadas de explotación de hidrocarburos.

Biblioteca Digital Trapalanda de la Biblioteca Nacional

yacimiento/ciudad

Comodoro Rivadavia es una ciudad que está sobre un yacimiento y todavía ese yacimiento está en explotación, y esta interacción entre la sociedad y la industria la tenemos todos los días”, resume González. Unas setenta personas, según el cálculo rápido que hace su titular, trabajan en la Subsecretaría de Medio Ambiente, de ellas sólo cinco están abocadas a intervenir ante las problemáticas derivadas de esa interacción cotidiana, el resto se concentra en el control de la industria, de efluentes cloacales, de residuos patológicos y de residuos sólidos urbanos.

“Si bien todo es yacimiento, la zona norte de Comodoro Rivadavia es la que mayor cantidad de pozos tuvo”, cuenta González, quien vuelve sobre la idea del yacimiento ciudad. “Cuando uno observa fotografías antiguas de la ciudad, sobre todo la zona norte, está plagada de pozos. Más o menos desde el centro hacia Km 5, hay alrededor de cinco mil pozos, sobre los cuales se instaló la ciudad y crecieron los barrios; pozos que si bien están registrados, no todos tienen el abandono como corresponde”, sostiene el funcionario. En la prensa e incluso en un proyecto legislativo se afirma que son alrededor de 2400. Sin embargo, tener un registro no siempre garantiza conocer su ubicación dado que, según explica el subsecretario de Medio Ambiente, a lo largo de los años cambiaron los métodos de medición y no siempre las coordenadas asentadas décadas atrás permiten acceder al pozo, por lo que abundan casos en los que la incógnita se despeja cuando éstos se ‘manifiestan’ a través de fugas de gas o de aguas de formación e hidrocarburos. Cuando eso sucede la empresa operadora del yacimiento debe hacerse cargo del cierre. “A veces han tenido que demoler prácticamente la casa para darle la terminación como corresponde a un pozo y volver a construirla”, comenta.

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También el proceso de permanente expansión de la ciudad pone en superficie instalaciones abandonadas, piletas, derrames. “Se están haciendo nuevos planes de vivienda y loteos y cuando se realizan los estudios de impacto ambiental te encontrás con que hay un montón de pasivos ambientales, hay que levantar cañerías y, si hay derrames, trasladarlos a un sitio donde puedan ser tratados.” En esos casos interviene la Subsecretaría de Medio Ambiente y certifica el retiro -“que para retirar también es toda una inversión”- y remediación de los pasivos. “Son cien años de industria petrolera y han habido eventos muy grandes”, sintetiza González. Algunos de ellos quedaron instalados en la historia local por su magnitud, como es el caso del pozo 128, que cuando lo perforaron en 1925 no encontraron la forma de detener la surgencia y durante meses estuvo corriendo el petróleo por el arroyo Belgrano hacia el mar. “De cosas por el estilo ha quedado toda una historia en la ciudad, que todavía está latente en algunos aspectos.”

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Si bien los pozos mal cerrados aparecen como una herencia no deseada, los del presente no siempre son bien recibidos en la Capital Nacional del Petróleo. “En líneas generales, actualmente los pozos están en la periferia, se han ido retirando de la ciudad, y en este momento la mayor problemática es con unos que están en el sector de Bella Vista, que son pozos dirigidos hacia la ciudad.” El proyecto al que se refiere González prevé la perforación de diez pozos entre los barrios Bella Vista y Malvinas Argentinas. “YPF avanzó con la obra civil, la construcción de un muro perimetral alrededor una suerte de bicisenda que hay, con elementos para que la gente haga gimnasia. Si bien se va a perforar en el centro del predio y las distancias de seguridad están dentro del reglamento, el muro sirve un poco para contener el ruido ambiente. Tanto desde el área de Hidrocarburos de la Subsecretaría como del ministerio de Ambiente no hemos visto nada que pudiera hacer que el proyecto sea inviable. Está dentro de la normativa.”

Desde la perspectiva oficial, el problema no serían los pozos sino que el barrio Petroleros Privados creció alrededor del sitio elegido por YPF y los residentes empezaron a preocuparse por la temática ambiental. “Hemos tenido cuestiones similares en otros barrios, como Restinga Alí, pero no ha habido este tipo de problemas.” Por qué preocuparse, la clave es control y remediación…


Alarmante informe de la ONU sobre los efectos de los plaguicidas a nivel mundial

Foto: Imagen ilustrativa de fumigación ilegal resguardada por el propio Estado paraguayo, en la colonia Tava Jopói, Canindeyú, diciembre de 2013. Obtenida de Radio Integración.

Unas 200 mil personas mueren por intoxicaciones agudas, mientras que los niños y niñas son el sector más vulnerable frente a la contaminación, asegura.

Asunción, 16 de marzo de 2017 (BASE IS) La relatora especial sobre el derecho a la alimentación para las Naciones Unidas, Hilal Elver, entregó recientemente un informe que analiza la colisión entre los derechos humanos y el uso de plaguicidas en todo el mundo.

Este material es insumo de debate del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está de sesión desde el 27 de enero al 24 de marzo próximo.

En su introducción, el informe explica que se hizo con colaboración de la relatoría especial sobre las implicaciones para los derechos humanos de la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.

Reconoce como innovación tecnológica en agricultura el uso de plaguicidas, pero afirma que los avances que pudo tener en agricultura, se han logrado “a costa de la salud humana y el medio ambiente…” .(página 3)

De acuerdo al documento anualmente 200 mil personas mueren por intoxicación aguda a causa de los plaguicidas, y que por intoxicaciones crónicas es difícil tener una cifra, debido a la cantidad de sustancias químicas a la que están expuestas las personas diariamente, lo que dificulta definir un vínculo causal directo con los plaguicidas. (páginas 3 y 5)

En su parte inicial, el informe afirma que es posible producir alimentos más saludables y ricos en nutrientes “sin utilizar químicos tóxicos o utilizando un mínimo de ellos”. Y propone que la agricultura apueste la eliminación progresiva de los plaguicidas peligrosos y legislaciones eficaces basadas en los derechos humanos.

“La exposición a plaguicidas puede tener repercusiones graves en el disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho a una alimentación adecuada y derecho a la salud”, dice. Y asegura que son los Estados quienes están obligados a hacer que se garanticen estos derechos y asegurar que los alimentos estén libres de plaguicidas…(página 4).

Daños a la salud humana

El informe se divide en varios apartados, pero a la hora de las repercusiones, lo hace en aquellos efectos sobre la salud humana y efectos sobre el medio ambiente. A continuación solamente resumiremos lo que dice sobre los efectos sobre la salud de las personas y en los próximos días analizaremos los demás apartados.

“Hay pocas personas que no estén expuestas a los plaguicidas. La exposición puede producirse a través de alimentos,el agua, el aire o el contacto directo con los plaguicidas o con sus residuos”, empieza diciendo. (página 4)

Entre los efectos crónicos, analiza que existen estudios y experiencias que vinculan a la exposición de plaguicidas enfermedades como el cáncer, Alzheimer, Parkinson trastornos hormonales, de esterilidad y desarrollo, efectos neurológicos, asmas, alergias e hipersensibilidad. (página 5)

Afirma que los efectos en la salud de los plaguicidas no se estudian ampliamente antes de que salgan al mercado, por sobre todo sus principios “inactivos” que se añaden a su principio activo. “Tampoco se ha estudiado debidamente la combinación de efectos resultante de estar expuesto a múltiples plaguicidas a través de los alimentos, el agua, el suelo y el aire”, explica. (páginas 5 y 6)

Señala que entre los grupos humanos con mayor riesgo están agricultores y agricultoras por estar en contacto directo con estas sustancias; las comunidades campesinas e indígenas cercanas a las zonas de aplicación de las mismas (en muchas comunidades agrícolas se encontraron residuos de plaguicidas que no se usaban más hace 20 años; y en muchas comunidades indígenas se constató la contaminación de sus alimentos tradicionales y de los cuerpos de las personas de estas comunidades); y consumidores, en cuyos alimentos de origen vegetal o animal permanentes estudios encuentran residuos de plaguicidas, que en la mayoría de los casos no se degradan al lavar o cocinar dichos alimentos. (páginas 4, 5, 6 y 7)

Pero el sector más vulnerable y expuesto, explica el documento, es el conformado por las mujeres embarazadas y niños y niñas, éstos últimos por no estar completamente desarrollados y por su menor tamaño en relación con las dosis. (página 8)

En la infancia los efectos relacionados a la exposición a plaguicidas señalados son alteraciones de su desarrollo mental y fisiológico “y provocando, posiblemente, una vida de enfermedades y trastornos”. (página 8).

Contra la salud materna y la gestación de bebés, el material menciona abortos espontáneos, partos prematuros y malformaciones.

Varios estudios encontraron residuos de los plaguicidas en el cordón umbilical y en las primeras heces o materia fecal de los recién nacidos, lo que prueba una exposición prenatal, dice. (página 8)

Esta exposición, inclusive, puede trasmitirse a través del padre o la madre, hasta tres meses antes de la concepción del nuevo ser, explica. (página 8)

Y sigue citando otras afecciones vinculadas, como leucemias, cáncer, autismo, problemas respiratorios, alteraciones en el sistema nervioso y el sistema inmunológico.

Por último, asegura que los plaguicidas también pueden llegar al bebé a través de la leche materna “lo cual resulta particularmente preocupante, dado que la leche materna es la única fuente de alimentos de muchos bebés y el metabolismo de estos no está lo suficientemente desarrollado como para poder combatir productos químicos peligrosos”. (página 8).

Otros estudios, también, detectaron residuos de plaguicidas en sucedáneos de la leche materna, asegura.

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BASE IS


Boletín Nº7 EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental

>> Fracking y mujeres: entrevista a Graciela Alonso de la Colectiva Feminista La Revuelta>> En Neuquén pretenden dar marcha atrás con las ordenanzas que prohíben el fracking>> Análisis de la disparidad entre provincias en el aumento del gas>> Incertidumbres de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU>> Extracción en Loma Campana y la caída de la perforación shale>>

Boletín EJES Nº 7  – Marzo 2017 —

Con este séptimo boletín damos inicio al envío mensual de 2017. Con la certeza del acelerado ritmo de este año, esperamos que las producciones presentadas sirvan para continuar contemplando a la energía como una arista fundamental de todo el debate político nacional.

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Vaca Muerta


Informe especial “Represados”-ENDEPA

Las represas hidroeléctricas son obras que -emplazadas sobre cursos de agua -, convierten a través de la presión del agua sobre las turbinas, la energía cinética en electricidad. Las primeras evidencias arqueológicas de represas sugieren que las mismas datan del año 3000 AC en Mesopotamia, Jordania y Egipto.

La enorme demanda de electricidad que acarreó la era industrial, conllevó a la construcción de miles de represas hidroeléctricas que entre mediados del siglo XX y lo que va del siglo XXI, alcanzaron unas 45 mil represas hidroeléctricas en todo el mundo.

Distintas organizaciones y diversos estudios confluyen en que aproximadamente un 52% de los ríos del planeta tienen enclavada una represa.

Con cerca de medio millar de grandes y medianas represas, y una dependencia de la energía hidráulica de un 96%, Brasil es el país con más hidroeléctricas del continente latinoamericano. En  Argentina, en tanto, existe una veintena de represas y varios proyectos hidroeléctricos en danza.

Tanto en su etapa de construcción, como durante sus años de funcionamiento, las grandes represas hidroeléctricas provocan severos impactos ambientales, sanitarios y sociales. Las enormes extensiones de tierra que toda represa inunda, provoca destrucción de recursos naturales y desplazamientos forzosos de poblaciones enteras. Según el Movimiento de Afectados por Represas (MAB) en Brasil, en dicho país existen más de un millón de pobladores desplazados por represas. Mientras que en Argentina, la cantidad de desalojos forzosos provocados por la mega represa hidroeléctrica Yacyretá , alcanzó las 80 mil familias en las márgenes de la provincia de Misiones y la localidad paraguaya de Encarnación.

Las consecuencias de las hidroeléctricas sobre los pueblos, dio lugar a un emergente colectivo de organizaciones y asambleas de resistencia a estos proyectos.

El primer Encuentro Internacional de Poblaciones Afectadas por Represas, que reunió a afectados de 20 países, culminó en Curitiba, Brasil, el 14 de marzo de 1997 con una Declaración que describe las consecuencias ambientales y sociales de las grandes represas y reclama la reparación de los daños ocasionados. Desde ese año, fue elegido el 14 de marzo como el “Día Internacional de Acción contra las Represas y por los Ríos, el Agua y la Vida”.

Entre las poblaciones más damnificadas por represas hidroeléctricas en Latinoamérica, se encuentran los Pueblos Originarios. En casi todos los casos donde las represas afectan territorio indígena, no solo se anegan los mismos, sino también, se pone en jaque culturas ancestrales y modos de vida tradicionales, sembrando desarraigo y escasez. “Para acercarnos a las razones sociales que explican la necesidad de luchar contra las grandes represas, hay que tener en cuenta que más de 400 mil kilómetros cuadrados de tierra en el mundo fueron inundados por la construcción de 45 mil represas y que este hecho ocasionó el desplazamiento de sus tierras de un número que va de 60 a 80 millones de personas, entre los cuales la mayoría son campesinos e indígenas” asegura Patricia Agosto, Historiadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

“La lucha contra las grandes represas tiene detrás de sí la autodeterminación de los pueblos y el respeto a la tierra y a todos los recursos que ella alberga. Con estos megaproyectos los pueblos se ven obligados a abandonar sus tierras, sus modos de vida y su relación armónica con la naturaleza. Ésta es herida de muerte porque estos proyectos traen consigo la pérdida definitiva de los recursos, no el aprovechamiento temporal de los mismos.  Porque los pueblos y las comunidades lo saben es que no se dejan convencer por los argumentos basados en los supuestos beneficios que traerá el “progreso” y la “modernización” para las sociedades. Saben que detrás de estos argumentos están los objetivos del gran capital que nunca fueron beneficiar a los pueblos y sí hacer un uso irracional de los recursos para hacer grandes negocios y negociados entre unos pocos. Las comunidades que ya han sido afectadas prestan testimonio permanente de estos mecanismos depredatorios del poder económico y político” sostiene Agosto.

Descargar Informe Represados.


Otro negociado involucra a los Macri: ahora con una central térmica

En una caliente sesión del Concejo Deliberante de Benito Juárez se aprobó el cambio de zonificación para así poder habilitar la instalación de una central termoeléctrica en la ciudad de Barker (que pertenece a ese distrito). Esta misma central se había pretendido ubicarla en Tandil, pero el rechazo popular obligó a intentarlo en esta ciudad cercana.

Esa tarde se realizó una asamblea de la cual participaron más de 150 vecinos, que luego concurrieron a dicha sesión. Cuando las puertas se abrieron ya se encontraba adentro un grupo de partidarios del Intendente actual (FpV-PJ) y miembros del sindicato Luz y Fuerza, con banderas que decían “Sí al trabajo” y “Sí al crecimiento”.

Había también policías de civil, mezclados entre los manifestantes, para amedrentar. A la hora de resolver, los concejales del intendente (FpV-PJ) y el PRO votaron unidos, demostrando -una vez más- que “la grieta” es inexistente cuando se trata de avasallar los derechos del pueblo. La presión del gobierno provincial también fue importante para inclinar la balanza.

La termoeléctrica es una inversión del grupo MSU Energy, que antes se dedicaba a los negocios agropecuarios, pero a la luz de las políticas de este gobierno descubrió un nuevo canal para agigantar su cuenta bancaria.

Los terrenos se encontraban a nombre de Cabalgando S.A. propiedad de Luciana Blanco Villegas, prima del presidente Mauricio Macri (Argnoticias, 11/2). El cambio de zona rural a industrial, que aprobó el Concejo, multiplicó varias veces el valor de las hectáreas involucradas. No sólo con el Correo se pueden hacer buenos negocios.

La instalación de una Central térmica en una zona turística como Barker tendría un duro impacto para el medio ambiente y el paisaje. Por eso encontró tanta resistencia en otra ciudad turística como Tandil.

El argumento que esgrime el gobierno es la generación de puestos de trabajo para los vecinos de Juárez. Pero esto no es tan así, ya que MSU realiza sus construcciones mediante acuerdos con la burocracia de la UOCRA, que se encarga de seleccionar el personal, que no necesariamente será de la ciudad. Y la operación de la planta -una vez construida- no requeriría de más de 40 técnicos especializados.

Tampoco se verá Benito Juárez beneficiado con la energía generada  ya que, a través de la red interconectada, alimentará otros destinos.

El pueblo se ha manifiestado en contra de este negocio turbio, que se potencia con los tarifazos, que lo convierten en un verdadero “bocado”.

Estudios científicos demuestran que la misma energía puede conseguirse con un parque eólico que, en este contexto, sería lo más adecuado para no dañar el ambiente. Pero los negocios de MSU sólo se guían por el lucro.

Los trabajadores no debemos pagar con nuestras condiciones de vida,  el desfalco de los subsidios kirchneristas y el negocio de los privatizadores apoyado en los  tarifazos que revientan las economías hogareñas.

La Asamblea de vecinos sigue en pie de lucha para detener este atropello.

Prensa Obrera