Tag Archives: Impactos socio-ambientales

pachamama

De discursos y actores, ¿qué nos dejó el pacto Chevron-YPF?

[wp_easy_bubble_menu id='1']
 

Hace tres años la mayoría de la Legislatura neuquina aprobó, represión mediante, el histórico acuerdo Chevron-YPF. Tres discursos se enfrentaron de manera pública en la provincia. Mientras el gobierno nacional y provincial lo destacaba como una “garantía para el autoabastecimiento”; la oposición lo caracterizó como perjudicial para Neuquén. En tanto los partidos de izquierda y organizaciones mapuce lo denunciaron como una representación del saqueo y la contaminación

pachamama

Por Lorena Riffo*

En el año 2013, el gobierno nacional y el gobierno de la Provincia de Neuquén crearon nuevas normativas estatales en materia hidrocarburífera. En este marco, el 16 de julio la empresa YPF S.A. suscribió un acuerdo con Chevron Corporation para comenzar a explotar Hidrocarburos No Convencionales (HNC) en la formación geológica Vaca Muerta en Neuquén.

Con una represión de diez horas, la mayoría de la Legislatura provincial, el 28 de agosto de 2013, sancionó el aval al acuerdo. De esta manera, le extendieron a YPF S.A. el área concesionada en Añelo y le prorrogaron el contrato por diez años. Como decía Gramsci, cuando los sectores dominantes no pueden imponer sus intereses al conjunto de la población por vía del convencimiento de los sectores desfavorecidos, apelan a las herramientas coercitivas para seguir garantizando sus privilegios.

Esta demostración de fuerza es la clave histórica de la democracia representativa liberal para cerrar un conflicto cuyas complejidades no pudieron esconder. Las semillas del debate sobre las consecuencias de la hidrofractura como técnica experimental de extracción de hidrocarburos; la insostenibilidad de los combustibles fósiles; la ilegitimidad por la confidencialidad del acuerdo; y la trayectoria de contaminación de la empresa Chevron en la amazonia ecuatoriana; habían sido sembradas.

Tres discursos para un acuerdo

Entre mediados de mayo y principios de septiembre de 2013, diferentes posturas confrontaron en la escena pública a nivel nacional y regional en la provincia de Neuquén y sus zonas aledañas. Desde la lectura de los medios regionales en el Norte de la Patagonia Argentina, principalmente el diario Río Negro por su alcance y llegada, encontramos, sintéticamente, tres grandes maneras de caracterizar el pacto: “El acuerdo y la explotación de HNC como garantía del autoabastecimiento energético”; “El acuerdo como perjuicio para los intereses provinciales de Neuquén”; y, “El acuerdo y la explotación de HNC como representantes del saqueo y la contaminación”.

En primer lugar, los máximos exponentes que comprendieron “el acuerdo y la explotación de HNC como garantía del autoabastecimiento energético y beneficioso para la provincia de Neuquén”, en aquel momento, fueron el gobierno nacional y el gobierno provincial de Neuquén junto a sus funcionarios y partidarios, además del gerente de YPF S.A. y los representantes de Chevron. El pacto fue asociado con la recuperación de la soberanía energética y la importancia de dejar de girar divisas vinculadas a la importación de energía; y con el desarrollo socio-económico de ciudades emergentes, referido principalmente al aumento de puestos de trabajo e infraestructura en esas localidades. Finalmente, desestimaron los posibles riesgos ambientales en función que tanto YPF S.A. como el gobierno provincial tenían entre sus principales intereses la protección del agua.

En segundo lugar, el principal referente de la postura que entendió “el acuerdo como perjuicio para los intereses provinciales de Neuquén”, en 2013, fue la Lista B del Movimiento Popular Neuquino (MPN) en las PASO encabezada por Guillermo Pereyra, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa. También aportaron a esta mirada la Lista A de Compromiso Cívico Neuquino (CCN), cuyos referentes principales fueron Marcelo Inaudi, un histórico dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) y Rubén Etcheverry, un exfuncionario del gobierno de Jorge Sapag y presidente de Gas & Petróleo de Neuquén S.A. -la empresa petrolera en la que el Estado provincial es el principal accionista-; y el intendente de Neuquén Capital, Horacio Quiroga quien es uno de los principales e históricos opositores políticos al MPN. El discurso estuvo centrado en la oposición al gobierno provincial y nacional y en la visibilización de las falencias y contradicciones que tenía el acuerdo que avalaban. Basaron la crítica en los perjuicios que éste generaba para los intereses provinciales y para otras empresas que quisieran invertir en la extracción de HNC en Vaca Muerta; en paralelo a cuestionamientos formales en relación con el modo en que se decidió y difundió el mismo. En términos generales, no estaban en contra de la presencia de inversores externos para explotar HNC ni de la importancia de estos recursos para conseguir el autoabastecimiento energético.

En tercer lugar, el posicionamiento que presentó “el acuerdo y la explotación de HNC como representantes del saqueo y la contaminación” fue elaborado por una amplia y variada gama de actores sociales y políticos. Entre ellos/as: las listas de Frente Progresista Sur (FPS) -que era una alianza conformada por Proyecto Sur Neuquén, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido del Trabajo y el Pueblo (PTP)-, CC-ARI, FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y Libres del Sur en las PASO; representantes sindicales de Asociación de Trabajadores/as de la Educación de Neuquén (ATEN) y de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA); la Confederación Mapuce de Neuquén (COM); la Multisectorial contra la Fractura Hidráulica de Neuquén; la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua; la Pastoral Social y el Obispo. Esta perspectiva estuvo estructurada desde cuatro abordajes: la contaminación y las consecuencias socioambientales, la incompatibilidad entre el dinero y la vida de la población, las críticas a las restricciones que establecen los gobiernos para no ser controlados por la ciudadanía y la manifestación activa del pueblo y la ocupación del espacio público. Desde esta postura, el acuerdo consistió en una entrega de los bienes hidrocarburíferos a Chevron, que fue facilitada por los gobernantes de turno, en base a sus intereses particulares en este tipo de negocios. Criticaron los cuestionamientos oportunistas y electoralistas y se centraron en reclamar que lo que sería un beneficio para Chevron consistiría en un perjuicio para toda la sociedad. Estas múltiples aristas colaboraron en la creación de un complejo entramado de pensamiento que trascendía el mero hecho del acuerdo, a pesar de que lo cuestionaba puntualmente.

Tres años después cada uno de estos sectores tomó distintos rumbos. Los primeros siguen defendiendo el acuerdo aunque el desarrollo de Vaca Muerta sigue estando lejos de lo que prometieron. El sector de Pereyra, por su parte, luego de ganar las PASO cerró filas en torno del desarrollo de la hidrofractura en la región. Finalmente, las organizaciones siguen articulando un discurso y acciones que buscan visibilizar los impactos diversos que ha generado el acuerdo en la Provincia de Neuquén.

*Becaria Doctoral IPEHCS-UNCo-CONICET, Fadecs, Integrante de Tierra para Vivir


extractivismo cidh

El extractivismo viola los derechos humanos

[wp_easy_bubble_menu id='1']

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un informe que cuestiona la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas. El informe sostiene que esas actividades condenan a los pueblos originarios.

extractivismo cidh

Por Darío Aranda

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor organismo continental en la materia, afirmó que la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas violan los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así lo determinó en un extenso informe donde detalla que los gobiernos de la región priorizan su alianza con las empresas extractivas por sobre las leyes que protegen a la población. La CIDH denunció que se condena a las comunidades indígenas a la pobreza, desalojos y muerte. En Argentina existe un piso de 183 conflictos por territorios indígenas.

“Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, es el nombre del informe publicado por la Comisión Interamericana. “La llegada del siglo XXI trajo consigo un aumento de las extracciones mineras y petroleras en el continente. Igualmente, ha aumentado significativamente la presencia de monocultivos de exportación que cubren amplios territorios, con altos impactos ambientales”, detalla.

Precisa los avances de los cultivos de soja, caña de azúcar y palma aceitera. Y afirma: “La Comisión ha podido observar que se han producido serios impactos en los derechos humanos de las poblaciones. Es reiterada y consistente la información recibida sobre impactos negativos ambientales, sociales, culturales y humanos que generan estas actividades”.

La CIDH dedica todo un apartado al modelo agropecuario de la región y alerta sobre “impactos desproporcionados” de la producción de palma aceitera, caña de azúcar y soja. “Tienen efectos ambientales agudos como la pérdida de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, el aumento del uso de agroquímicos, el avance de la frontera agrícola sobre áreas naturales, entre otros”, describe. Cuestiona la autorización de semillas transgénicas, “acción estatal que desconoce las formas propias del manejo y gestión de los territorios indígenas”. Recuerda que se autorizaron semillas transgénicas de soja, maíz y algodón en contra de la decisión de pueblos indígenas de contar con un territorio libre de transgénicos.

El máximo organismo de derechos humanos cuestiona a los gobiernos por el “poco apoyo económico a la agricultura indígena o campesina, la negación de la soberanía alimentaria, el despojo de tierras”. También cuestiona que los estados permiten (por acción u omisión) la migración forzosa y la contaminación de flora, fauna, suelo y agua.

Precisa que el modelo agropecuario actual “exige altas cantidades de agrotóxicos” que afectan la salud de la población y el ambiente.

La CIDH también afirma que la minería produce destrucción de ecosistemas donde se ubican las canteras, afectación del sistema hidrológico, contaminación del agua y emisiones de polvo, entre otras consecuencias. “Este tipo de proyectos puede suponer una seria contaminación por el vertimiento de sustancias en el medio ambiente, bosques y ríos. Estas afectaciones pueden llegar a ser devastadoras en casos de proyectos mineros a gran escala o cuando se otorga un gran número de concesiones de pequeña escala”, advierte.

Y explica que tras la culminación de la extracción minera “se carecen de planes de cierre y remediación ambiental adecuados que aseguren la superación de los pasivos ambientales generados”.

La investigación alerta que la explotación de hidrocarburos implica la apertura de trochas, las evaluaciones sísmicas y continua contaminación por derrames. “La CIDH ha recibido información sobre derrames en la selva amazónica debido a la rotura de oleoductos o tuberías generando, entre otros efectos, la presencia de cadmio en el agua. Se ha documentado ampliamente que la exposición al petróleo y a los compuestos químicos vinculados al mismo petróleo provoca efectos nocivos para la salud y la vida del ser humano”, afirma la investigación. Subraya que la explotación petrolera genera desechos tóxicos en todas las etapas de las operaciones, con permanentes hechos de contaminación y afectación de derechos indígenas.

El trabajo también cuestiona las represas que interrumpen el cauce natural de los ríos e impactan en las formas propias que tiene las comunidades indígenas de utilizar sus aguas, generalmente para la agricultura. Y vincula represas con el aumento de enfermedades como dengue, malaria, diarrea y problemas de la piel.

El informe, realizado con la colaboración de la ONG Iwgia (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas), concluye que el extractivismo provoca “graves impactos sociales y culturales, afectaciones en la salud, alteración en la calidad de vida, provocando desplazamientos (forzados) y daños irreparables a la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas”. Las actividades extractivas “pueden poner en riesgo la existencia misma de los pueblos indígenas”, alerta la CIDH.

La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional realizó en 2015 un mapa de conflictos indígenas de Argentina. Detectó un piso de 183 casos. “Son sólo un número representativo de los conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos, empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo –entre otras–), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, explicó Amnistía en el sitio web territorioindigena. com.ar, donde se pueden chequear y sumar nuevos casos.

Derecho a la consulta

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita a los Estados que apliquen el “derecho a la consulta” y al “consentimiento libre, previo e informado” ante cada acción que pudiera afectar a los pueblos indígenas (derecho vigente en distintas leyes nacionales y tratados internacionales, como el “Convenio 169 de la OIT”). La Comisión recuerda que no se pueden otorgar concesiones a empresas sin el visto bueno de las comunidades indígenas y afirma que no cumplir con ese derecho básico implica una violación de derechos humanos.

La Comisión afirma que cada vez que las comunidades indígenas se organizan y resisten a proyectos extractivos sobrevienen “actos de hostigamiento, amenazas y agresiones”. Se repiten persecuciones judiciales en contra de indígenas, presiones, secuestros y asesinatos. El extractivismo vulnera “el derecho a la vida”, define la CIDH.

Página 12


20160807_fracking

El silencio oficial cubre el carbón de la cuenca Claromecó

[wp_easy_bubble_menu id='1']

La constancia de que la Subsecretaría de Desarrollo de Servicios Públicos inició un expediente para avanzar con un proyecto de producción de energía eléctrica mediante gasificación de carbón mineral en la Cuenca Claromecó, y la firma de un convenio de colaboración entre el grupo australiano Delmo y el Instituto de Recursos Minerales de la Universidad Nacional de La Plata, también relacionado al aprovechamiento del carbón bonaerense, dan la pauta de que el tema sigue generando interés en diferentes actores más allá de la falta de información.

20160807_fracking

Por Hernán Scandizzo

A principios de agosto la Asamblea de Concejales de la Cuenca Claromecó y organizaciones ambientalistas se reunieron en Laprida para informar las gestiones realizadas con el fin de develar en qué etapa están los emprendimientos minero-energéticos proyectados en el centro sur bonaerense. Durante el encuentro también se planteó la necesidad de que se sancionen leyes provinciales que prohíban la aplicación de la gasificación subterránea de carbón (UCG, según las siglas en inglés) y el fracking. Además se acordó impulsar ordenanzas municipales para declarar libres de ambas técnicas a los municipios de la región.

Claromecó sigue siendo un enigma, no la localidad balnearia, sino la cuenca sedimentaria. No están claras las características y el potencial del gas y el carbón que podría contener, tampoco en qué punto se encuentran los proyectos del grupo inversor australiano Delmo ni de la Provincia. La gestión de Daniel Scioli culminó en diciembre sin despejar la incógnita y en los meses que lleva María Eugenia Vidal al frente de la Gobernación tampoco se pronunció. Esta situación se da a pesar del pedido de informes impulsado en mayo de 2015 por el entonces diputado Ricardo Vago en la legislatura bonaerense; las requisitorias del ex concejal de Guaminí, Ignacio Zavaleta, desde la Defensoría del Pueblo de la provincia; y las peticiones del OPSur al actual ministro de la Producción Jorge Elustondo.

El expediente fantasma

La información sigue llegando a cuenta gotas, surge de las búsquedas cruzadas en diferentes fuentes y de las respuestas parciales de dependencias públicas. Así se tomó conocimiento del expediente 2174-369/2015 sobre Producción de energía eléctrica mediante gasificación de carbón mineral en la Cuenca Claromecó, iniciado por la Subsecretaría de Desarrollo de Servicios Públicos en mayo del año pasado. Un expediente que le da una dimensión material a lo expresado en 2014 por Franco La Porta, otrora secretario de Obras y Servicios Públicos. En aquel momento planteó que el gobierno bonaerense estaba interesado en aprovechar el potencial de los recursos energéticos de la cuenca; puntualmente habló de carbón y gas de mantos de carbón. Luego guardó silencio sobre el tema.

Llama la atención que no se haya hecho referencia al expediente impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo de Servicio Públicos ni en los pedidos de informes gestionados a través de la Defensoría del Pueblo por Zavaleta -que logaron algunas respuestas parciales- ni en la audiencia que el ex concejal de Guaminí y el diputado Vago mantuvieron con el entonces ministro de la Producción, Ciencia y Tecnología bonaerense, Cristian Breitenstein, en junio del año pasado. Cuando se concretó aquella reunión el proyecto sobre Producción de energía eléctrica mediante gasificación de carbón mineral en la Cuenca Claromecó, ya había comenzado a deambular por dependencias gubernamentales.

A mediados de 2015 Breitenstein informó que estaban siendo evaluados permisos para  prospección de carbón en la cuenca de Claromecó. El entonces ministro no especificó a qué proyectos se refería, tal vez se trataba de Indio Rico, Cura Malal y Guaminí, de Delmo Patricios 1000 SA, y Pillahuincó, de Delmo PTY LTD Natural Resources S. A.

Lo que sí quedaba claro era que el grupo australiano Delmo hasta ese momento no tenía derechos adquiridos, a pesar de afirmar lo contrario en su web. Por aquellos días Breitenstein destacó que uno de los puntos a aclarar era si había algún tipo de vínculo entre las empresas solicitantes Claromecó Energy, Delmo Patricios 1000 y Delmo PTY LTD Natural Resources. De ser así no podrían acceder a derechos sobre 600 mil hectáreas dado que el Código de Minería habilita un máximo de 200 mil hectáreas. Al respecto cabe destacar que en la edición del 24 de julio de 2007 del Boletín Oficial de la República Argentina se publicó la constitución de las sociedades anónimas Delmo Patricios 1000 y Delmo PTY. LTD. Argentina, ambas con domicilio en Buenos Aires y con mismo director titular y director suplente: Guillermo José De La Vega y José De La Vega respectivamente. Mientras que el 20 de junio de 2008 informó que en la misma ciudad se constituyó Delmo PTY LTD Natural Resources con Guillermo José De La Vega en la presidencia y José Alberto De La Vega, como director suplente. En tanto el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires del 25 de enero de 2013 dio cuenta de la conformación de Claromecó Energy SA, con domicilio en La Plata, su presidente G.J. De La Vega y director suplente, J. A. De La Vega.

Por otra parte se supo que el grupo Delmo suscribió un convenio de colaboración con el Instituto de Recursos Minerales de la Universidad Nacional de La Plata. La información la surgió del reporte financiero anual 2015 de Carbon Energy, empresa que aplicaría la técnica de gasificación subterránea de carbón de concretarse el proyecto en la cuenca Claromecó. Cabe destacar que la entidad dependiente de la universidad nacional es presidida por el geólogo Isidoro Schalamuk, quien en 2010 realizó estudios sobre tecnologías limpias para el aprovechamiento de carbón para el Ministerio de Producción de la provincia.

A través de otras indagaciones surgieron referencias a proyectos que permiten reconstruir una secuencia de las expectativas de diferentes empresas sobre la cuenca Claromecó. El expediente 2145-8684/06, por ejemplo, se inició a partir de la solicitud de Barranca Sur Minera SA -subsidiaria de Bridas SA- para que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible certifique la aptitud ambiental del proyecto de Exploración de arcillas carbonosas mediante la realización de sondeos a profundidad variable efectuada en los partidos de Laprida. Gral. La Madrid, Coronel Pringles, como complemento de la Prospección Sísmica 2D-actividad exploratoria que había realizado años antes. En tanto, en 2008, el pedido de certificado de aptitud ambiental del Proyecto de exploración Gral. La Madrid, de la británica Rio Tinto Mining & Exploration Limited dio lugar al inicio del expediente 22300-43/08. Los que se suman al proyecto exploratorio llevado adelante por YPF entre 2010 y 2014.

Respuestas pendientes

Aún resta saber si las empresas Delmo Patricios 1000 SA, Delmo PTY LTD Argentina SA, Delmo PTY LTD Natural Resources SA, Claromeco Energy y Pampas Resources PTY Limited Sucursal Argentina, vinculadas a Delmo Group, poseen derechos de cateo, exploración o explotación de minerales o hidrocarburos en el territorio bonaerense. La pregunta fue formulada a través de un pedido de informes, pero el ministro Elustondo aún no responde. También es necesario saber si más allá de este racimo de empresas,  otras firmas han peticionado o cuentan con permisos o concesiones en la provincia y también el Estado bonaerense brinde detalles de su proyecto en carpeta. Otro interrogante es si el Gobierno de la Provincia posee estudios científicos sobre los riesgos ambientales derivados de la aplicación de las técnicas de gasificación de carbón, combustión in situ y gasificación subterránea de carbón. Una respuesta también imprescindible, dado que la experiencia de Australia enciende las señales de alerta.

Carbón
Nacional


charlas fracking

26/08 | BsAs: Charla “Petróleo y Resistencias”

[wp_easy_bubble_menu id='1']

El fracking en la Argentina y la resistencia indígena al extractivismo.

Proyección de Territorio Crudo

El Ciclo Reencuentros con Pueblos Originarios de la UNGS invita este viernes 26 de agosto a las 18hs a la Charla sobre Petróleo y Resistencias: El fracking en la Argentina y la resistencia indígena al extractivismo. Además proyectaremos la serie documental Territorio Crudo, una coproducción del Observatorio Petrolero Sur y el Colectivo Vaca Bonsai La actividad está referida a los conflictos actuales frente al Extractivismo y el apogeo del modelo de ?desarrollo? económico actual. Se abordará las luchas y resistencias de las poblaciones afectadas, así como el fortalecimiento organizativo de las comunidades, la defensa de la autonomía y las alternativas económicas frente a ello. Nos acompañará en esta oportunidad Felipe Gutiérrez del Observatorio Petrolero Sur. Lugar: Centro Cultural UNGS: Roca 850, San Miguel.

charlas fracking  


comarsa

Comarsa se muda a Añelo y se termina el proyecto del Ecoparque

[wp_easy_bubble_menu id='1']

La empresa de remediación cuya presencia es cuestionada en el parque industrial de Neuquén busca permiso para instalarse en un predio de esa localidad.

comarsa

La remediadora quedó rodeada de zonas urbanas.

La Subsecretaría de Ambiente de Neuquén convocó a una audiencia pública para poner a consideración el estudio de impacto ambiental de la mudanza de la remediadora Comarsa, que finalmente se instalará en la zona de Añelo.

Héctor Basilotta, director de la firma comentó que el traslado de la empresa ya es un hecho. “Tenemos asignadas las tierras, avanzamos en el plan de salida, consustanciados con la provincia. El lugar queda fuera del ejido municipal, en la zona conocida como Bajada del Mono”, sostuvo.

De esta manera, las empresas de remediación tienen su rumbo marcado y el anunciado “Ecoparque” va camino a convertirse en una utopía. Cuando el gobierno de la provincia publicó en diciembre de 2015 el decreto que exigía a las empresas de remediación instalarse en un mismo lugar, decía que tres serían las primeras en mudarse: Treater, Indarsa y Comarsa. Hoy las tres tiene otros planes convalidados por el gobierno.

El denominado Ecoparque contaba con 1.800 hectáreas a “8 kilómetros de cualquier ejido y a 5 km de emprendimientos productivos” con controles exhaustivos para cuidar el ambiente.

A fines de marzo, la comisión de Ambiente de la Legislatura sesionó en Cuenca XV, impulsada por el diputado Claudio Domínguez. El titular de la secretaría de Ambiente, Ricardo Esquivel, contó allí a “Río Negro Energía” que las empresas no se podrían trasladar a los terrenos que él había anunciado, porque había explotaciones de petróleo. Dijo que “irían de modo provisorio a el Parque de Añelo”, hasta que estén las nuevas tierras.

Cuestionado por varios sectores todo quedó envuelto en una gran confusión y a mediados de abril, Indarsa comunicó que se trasladaba al predio del Parque Industrial de Añelo, en el que ya está radicada Treater, a unos 5 kilómetros de la ciudad.

Ahora Comarsa consiguió las tierras que en mayo Basilotta decía que evaluaban junto al ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente, Jorge Lara y aseguran que cumplen con la norma.

Algunos de los que trabajaron en el decreto del Ecoparque comentan que se trabajó duro para tener una ley de avanzada, pero al intentar ponerla en marcha, parece que el diablo metió la cola. El emprendimiento parece que quedará en el estante de los proyectos nunca concretados.

Idas y vueltas de un proyecto que no fue

Diciembre 2015. Un decreto crea el Ecoparque para industrias que tratan residuos especiales.

Marzo 2016. Vecinos exigen la salida de las industrias del PIN. La provincia dice que no están disponibles las tierras.

Abril 2016. Indarsa comienza su mudanza al Parque Industrial de Añelo, en un predio cercano a Treater.

RÍO NEGRO


residuos

Presentan un amparo por el traslado de Comarsa e Indarsa

[wp_easy_bubble_menu id='1']

El diputado de Libres del Sur, Santiago Nogueira, demandó a la provincia de Neuquén “por haber incumplido con el deber de información ambiental”. Nogueira realizó dos pedidos de informe para saber cuando y en qué condiciones será el traslado de Comarsa e Indarsa, empresas de tratamiento de residuos petroleros. La justicia le dio lugar al amparo y cuando el ejecutivo sea notificado tendrá dos días para dar una respuesta.

Comarsa e Indarsa deben presentar un plan de cierre y trasladarse a ocho kilómetros del éjido urbano, así lo establecen el decreto provincial 2263/15 y la la ley nacional 24.051.

En octubre de 2014, en Indarsa, se rebalsó una pileta de residuos petroleros y el crudo se desparramó por las calles de Parque Industrial. A fines del 2015, y a partir  de la movilización y denuncias de vecinos y vecinas del oeste preocupadas por la contaminación, mediante el decreto 2263/15 se dispuso que las empresas Comarsa e Indarsa, deberán trasladarse a zonas alejadas al menos ocho kilómetros de los ejidos municipales y con una zona de exclusión de cinco kilómetros que deben estar libres de asentamientos poblacionales al menos por los próximos 20 años. El plazo para mudarse es de un año, extensible a un año más. La ley nacional 24.051 indica que para proceder al cierre de una planta de tratamiento de residuos peligrosos el titular debe presentar un plan de cierre que debe ser aprobado o desestimado por la autoridad de aplicación.

El diputado de Libres del Sur presentó dos pedidos de informe. Ninguno tuvo respuesta. “No tuvimos respuestas y fuimos pacientes ya que el subsecretario de Ambiente, Ricardo Esquivel, y el director de Comarsa, Hector Basilotta, iban a visitar la comisión de Ambiente de la Legislatura pero cuando eso sucedió sus intervenciones dejaron más dudas que certezas, por eso presentamos un nuevo pedido de informe”, relató. “Nos vimos en la obligación de presentar un recurso de amparo para que la provincia finalmente de una respuesta, no sólo a nosotros sino a todos los vecinos y vecinas que les preocupa el tema”, expresó.

La información que Nogueira exige es: memoria técnica, proyecto con los requisitos dispuestos en el artículo 53 del decreto 2263/15, cantidad de residuos acopiados, plan para efectivizar el traslado de las plantas de tratamiento y plazos para hacerlo e información sobre cuál es el plazo que ha otorgado la autoridad de aplicación a las empresas para efectivizar el traslado tanto de Comarsa como de Indarsa.

También requiere un informe para saber si las empresas abandonaran de forma definitiva los predios que ocupan en el Parque Industrial, y en caso de que la respuesta sea negativa, se informe qué tipo de actividades continuarán realizando y acompañe la autorización que posean para ello teniendo en cuenta el cumplimiento de la nueva normativa.

El legislador aseguró: “Vamos a agotar todas las instancias hasta saber cuándo y en qué condiciones se van a trasladar Comarsa e Indarsa”.

“Hoy en la provincia tenemos dos grandes problemas: hay plantas de tratamiento de residuos petroleros en la ciudad, lo cual está prohibido por decreto, y además se está incumpliendo la ley nacional 25.831 que establece el libre acceso a la información ambiental “, agregó.

El expediente del amparo se encuentra en el Juzgado Civil n°2 a cargo de la Dra. Alejandra Cristina Bozzano, que ya le dio lugar. Según informó Nogueira entre hoy y el martes la provincia será notificada y desde entonces tiene dos días para proveer la información, caso contrario será intimada por la justicia.

residuos

Residuos acopiados en Comarsa. Foto María Pía Borja

Esquivel no responde ni renuncia

Nogueira también se refirió al subsecretario de Ambiente, Ricardo Esquivel: “Trascendió en medios de comunicación que Esquivel renunciaría, lo cierto es que la renuncia oficial no está y por lo tanto, mientras continúe en el cargo, es responsabilidad de él y del ministro Lara  darnos la información que exigimos”, dijo.

El mes pasado el diputado presentó un proyecto de resolución para que la Legislatura interpele al Esquivel y al ministro de Seguridad, Trabajo y Ambiente de la provincia, Jorge Lara sobre estos temas. “Creemos que ya es momento de que se presenten en la Legislatura y den explicaciones”, dijo al respecto.

8300 web


encuentro27

Encuentro de Asambleas, Comunidades y Activistas en Lucha contra el Extractivismo

[wp_easy_bubble_menu id='1']

“Si la vida que nos imponen no es digna, nuestra dignidad está en luchar por construirla”.

encuentro27

A lxs compañerxs que se organizan, resisten y luchan desde diferentes espacios políticos, a las asambleas populares, a las comunidades, a la sociedad toda:

Lxs convocamos a participar del Encuentro de Asambleas, Comunidades y Activistas en Lucha contra el Extractivismo.

A 3 años de la firma del pacto YPF-CHEVRON, garantizado por el entonces gobierno nacional kirchnerista, lxs diputadxs del MPN y del resto de los partidos patronales, con el objetivo de profundizar la entrega, habilitando la usurpación y el despojo de comunidades mapuches, el saqueo de los bienes comunes del territorio y la contaminación. A 3 años de haber afirmado que no habría progreso para lxs de abajo, sino todo lo contrario. Para nosotrxs solo contaminación, enfermedad, pobreza y muerte. Para los de arriba, empresarios y gobierno, el lucro millonario y las garantías legales para saquearlo todo. Hoy, el actual gobierno del cambio, sostiene que Argentina tiene que “volver al mundo” y dirige su política económica a beneficiar aún más a grandes empresas trasnacionales, a costa del ajuste de la clase trabajadora.

En este marco, proponemos encontrarnos, compartirnos las luchas que venimos construyendo en distintos territorios, reconocernos compañerxs y hermanxs que no estamos solxs resistiendo contra el imperialismo extractivista, contra el capitalismo/patriarcado colonizador y racista. Proponemos un hecho político, que repudie a los responsables, que nos interpele como sociedad, que nos permita coordinar y unificar luchas, desde la solidaridad activa de nuestras identidades combativas, para seguir en este camino con el newen de un mismo puño que brota urgente desde lo más profundo de la tierra, de los cerros, de los ríos y los bosques.

Porque nunca compramos la idea de desarrollo que pretendieron vendernos los gobiernos y las empresas trasnacionales. Porque sabemos que las rutas del petroleo, de la minería y de la soja, también son las rutas de la trata con fines de explotación sexual. Porque las masculinidades que se producen en este sistema, generan la violencia machista que nos abusa, golpea y mata. Porque la tierra es apropiada y violentada de la misma manera que nuestros cuerpos. Porque con nuestros cuerpos resistimos en la calle, la feroz represión de aquel 28 de Agosto del 2013. Porque asumimos el compromiso de defender los cerros, los ríos, los bosques y las semillas. Porque continuamos denunciando la política de muerte del MPN, que desde hace más de 50 años detenta el poder del Estado neuquino, en base al clientelismo que se sostiene sumiendo a gran parte de la población en la miseria, persiguiendo, reprimiendo y criminalizando y judicializando a lxs que luchamos, con la policía matando a los pibes en los barrios, expulsándonos a los márgenes de la ciudad sin acceso a los servicios básicos, condenándonos a respirar el humo tóxico de los basureros petroleros donde se queman los residuos de la hidrofractura y a beber de los ríos contaminados con hidrocarburos. Porque queremos que la tortilla se vuelva.

Porque continuamos la lucha de nuestra lamngen Cristina Lincopan, que entregó su vida defendiendo el territorio de la voracidad capitalista, machista y racista de las petroleras y los gobiernos. Porque continuamos la lucha de Berta Cáceres, asesinada por defender el río de las represas, quien convencida nos contó que vamos a vencer, porque el Río Gualcarque se lo dijo. Porque en este rincón de la Patagonia, las Madres de Plaza de Mayo Filial Alto Valle no claudicaron la lucha de lxs 30.000, y nos enseñaron a no dar ni un paso atrás! Por nuestrxs hijxs. Por la vida digna. Lxs esperamos!

Organizan y convocan: Asamblea Fuera Basureros Petroleros y Asamblea Centenario Libre de Fracking. Lugar: Aulas 15, 17, 19 de Humanidades UNCo Desde las 8:30hs Acreditación. 9:00hs Apertura del Encuentro 10:00hs Trabajo en 2 comisiones, en paralelo. -Modelo extractivista. Consecuencia y alternativas. -Experiencias de resistencia y lucha frente al extractivismo. 13:00hs Almuerzo. 14:30hs Plenaria de Conclusiones. 18:00hs MARCHA (Solicitamos nos confirmen su presencia, aclarando si son vegetarianxs o veganxs, para garantizar el almuerzo de todxs, a la dirección de correo v.mora@live.com.ar)


Arcodel-Orinoco

Arco Minero del Orinoco y fin de ciclo en Venezuela

[wp_easy_bubble_menu id='1']

Arcodel-Orinoco

Emiliano Terán Mantovani

Mientras en Venezuela los defensores de la macondiana “minería ecológica ecosocialista” escriben artículos planteándonos que podríamos salir ganando con el proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), el gobierno venezolano habría firmado un acuerdo caníbal con la transnacional canadiense Gold Reserve que, de confirmarse oficialmente, contiene algunas cláusulas que podríamos considerar hasta cínicas, donde el Estado termina asumiendo todos los costos y consecuencias del proyecto (véase el reciente análisis de Edgardo Lander sobre el anuncio público realizado por esta minera el 8/08 acerca de su acuerdo con el gobierno venezolano https://www.aporrea.org/contraloria/a232524.html).

Como un síntoma de estos tiempos, el presidente de la Gold Reserve, Doug Belanger, celebra la nueva política minera del gobierno nacional, ya no solo en a nombre su empresa, sino en el de todas las nuevas inversiones extranjeras directas que se beneficiarán con este cambio de rumbo.

Uno de los principales argumentos propuestos para defender el relanzamiento de este proyecto es que es una decisión soberana que nos permitiría recuperarnos y nos podría fortalecer políticamente. Parece que es todo lo contrario: no es que el Petro-estado venezolano va debilitado a negociar en el Arco Minero del Orinoco, sino que el Arco Minero del Orinoco es relanzado a raíz del debilitamiento del Petro-estado. El AMO es la clara expresión de este debilitamiento interno y geopolítico; es una expresión de poder del capital transnacional y se configura a partir del agotamiento y capitulación del progresismo gubernamental. Por tanto supone un nuevo esquema de poder en el país. A esto podríamos adjudicarle algunos claros rasgos de fin de ciclo.

No necesariamente hace falta que se produzca un cambio de gobierno para que se desarrolle un cambio de régimen. Esto parece notarlo cada vez más personas, militantes y organizaciones sociales en Venezuela y América Latina. Pero como no hay tabula rasa en estos complejos procesos históricos, importantes preguntas surgen: si estamos en un nuevo ciclo, ¿Cuándo comenzó a operar? ¿O cuándo ha terminado el anterior?

Sin pretender responder con precisión esta pregunta, y reconociendo que desde hace varios años un proceso de flexibilización económica progresiva se ha venido desarrollando en el país –desde tasas de cambio preferenciales a las transnacionales en la Faja del Orinoco, agresivos endeudamientos externos desde 2010, cesiones parciales de participación accionaria en las empresas mixtas a favor estas compañías foráneas, hasta llegar al decreto de las zonas económicas especiales–, planteamos que el AMO, más que solo un proyecto minero de grandes proporciones, representa un punto de inflexión histórico en el país.

El AMO no es solo un claro síntoma de la inviabilidad del capitalismo rentístico venezolano, inscrito en una larga crisis histórica. Es también la expresión más nítida de una completa reorganización de territorio nacional alrededor del extractivismo. Es el emblema de la expansión hacia las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela, a la apropiación las últimas zonas “vírgenes” del país, y refleja la nueva arquitectura geográfica del capitalismo al menos para los próximos 50 años.

El desarrollo del AMO se va conectar con el polo de desarrollo que configura con la Faja Petrolífera del Orinoco, que a su vez se vincula con el proyecto del puerto de aguas profundas en Araya por el norte y con proyectos de vialidad hacia Brasil por el sur –ambos inscritos en la estrategia COSIPLAN-IIRSA para Suramérica. La misma lógica que impulsa Puerto América en el Zulia para operativizar la expansión del extractivismo carbonífero en el norte de este estado, donde además se desarrollaría vialidad y un gaseoducto hacia Colombia. Y así podríamos hablar de la Faja Pesquera, el relanzamiento de los proyectos de gas offshore o la llamada Faja Forestal.

Toda esta red de proyectos representa una red de impactos socio-ambientales y económicos que tendrá devastadoras consecuencias. Tengo la impresión que los críticos del AMO en realidad somos también en el fondo los críticos de esta geografía del saqueo en Venezuela.

Pero hay algo más. Ante una crisis hegemónica, el AMO es probablemente una parte muy importante de la base material, del sostén económico de una nueva configuración de poder, de una nueva estructura de gobernanza. Su impacto es no solo social, ambiental y económico, sino también político: de concretarse una alianza entre el sector militar y las corporaciones transnacionales basado en el extractivismo, como se hace evidente en los decretos y leyes promulgados en los últimos meses, pero también en los acuerdos firmados con mineras como la Gold Reserve, se terminaría de potenciar materialmente este pacto de gobernanza. Estaríamos, para interpretarlo en clave histórica, ante una especie de fase superior del Gomecismo.

Esto, a decir verdad, hay que tomárselo muy en serio. En las nuevas fronteras de las commodities se juega el futuro de la sociedad venezolana.

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo, investigador y ecologista político. Mención honorífica al Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015. Hace parte de la Red Oilwatch Latinoamerica.

ALAI


sr carbon

Chile: Impactos del carbón en Zonas de Sacrificio

[wp_easy_bubble_menu id='1']

Campaña #NoMasCarbon

‘Sr. Carbón’ es el protagonista de la producción audiovisual con que Fundación Terram busca concientizar a la ciudadanía sobre las consecuencias socio-ambientales del uso intensivo del carbón en distintas localidades del país.

#NoMasCarbon se denomina la campaña de concientización ciudadana que realiza Fundación Terram y que lanzó a través de la divulgación de un videoclip, el cual narra la historia del ‘Sr. Carbón’ y cómo el uso de este mineral ha contaminado el medio ambiente y afectado la salud y calidad de vida de comunidades desprotegidas, en este caso, de los habitantes de la Zona de Sacrificio ambiental que componen las localidades de Puchuncaví y Quintero, en el norte de la Región de Valparaíso.

El video puede visualizarse en el sitio web www.terram.cl donde además las personas pueden firmar apoyando esta causa. La campaña #NoMasCarbon también comprende la difusión de un segundo registro audiovisual.

Las llamadas Zonas de Sacrificio en el país son definidas como hábitats de alta concentración industrial, principalmente de plantas termoeléctricas operadas en base a carbón, siendo el caso de las localidades de Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví-Quintero y Coronel.

El video de la campaña fue realizado gracias a la alianza con Chao Pescao, Media Factor y el Programa de Donaciones Ambientales de Patagonia Inc.