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Declaración de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut (UACCh)

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Vecinas y vecinos de diversas comunidades de la Provincia del Chubut (Rawson, Puerto Madryn, Esquel, Comarca Andina, Puerto Pirámides, Comodoro Rivadavia, Trelew y Pueblos Originarios) nos reunimos en la ciudad de Trelew en una clara decisión de continuidad en la lucha contra la megaminería, la defensa del agua como bien común y el respeto y acompañamiento a las reivindicaciones territoriales de los Pueblos Originarios.

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Foto // No a la Mina (Esquel).

Convencidos/as de que la palabra megaminería se vincula inmediatamente con las palabras saqueo y contaminación, seguimos alerta ante la nueva embestida de los extorsionadores megamineros que, de la mano del aliado gobierno nacional y la imprecisa postura respecto a la actividad del gobierno provincial, intervienen sistemáticamente en algunos medios de difusión hablando de las mentirosas bondades que traería esta actividad extractiva destructiva. “El lobby minero afirma que “hay que vencer la resistencia de las comunidades”, instando a que los poderes del gobierno vayan en contra de lo que dicen las leyes de sus provincias y, en consecuencia, en contra de los intereses del propio pueblo que les dio mandato”.

Como espacio colectivo que nos reúne por un buen vivir vemos que esta actividad destructiva necesita de métodos de control social, como los vividos en épocas de dictadura, que han sido sufridos por los y las vecinos/as de Esquel y la Comarca Andina, al descubrirse el fichaje realizado desde la Agencia Federal de Inteligencia en 2015. En esta oportunidad debemos repudiar el rol del Consejo de la Magistratura en su resolución de desestimación y archivo de la denuncia realizada a los fiscales de Esquel que recibieron estas fichas del agente federal, en el marco de la causa que criminaliza la Recuperación del territorio mapuche llevada a cabo por la Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen. Esta resolución del Consejo de la Magistratura avala esta forma ilegal de actuar, dando total impunidad al hecho. Seguimos atentos y solidarios con los y las compañeras/os que soportan esta persecución.

Repudiamos la indefinición del Gobierno Provincial, que desde su inicio de gestión se manifiesta públicamente a favor “del cuidado del agua”, aceptando sin rebatir, en presentaciones oficiales, a la organización Green Cross que afirma que “tras las cenizas del volcán en la meseta la única alternativa posible es la actividad extractiva”, definiendo a la megaminería como “la única salida productiva para la meseta”. Le sugerimos al Sr. Gobernador informarse respecto a los efectos de las cenizas volcánicas en los suelos e indagar respecto a la supuesta “trayectoria” de esta organización, que es la misma que dijo que Botnia, la papelera, tampoco contaminaba y hoy vemos la situación que atraviesan las comunidades costeras del río Uruguay. Instamos al gobierno provincial a enfocar su esfuerzo en fomentar en la meseta programas de desarrollo productivo que no impliquen la megaminería.

Los territorios donde estamos asentados, como necesarios para el buen vivir, hacen que sigamos acompañando al Lof en resistencia del Dpto.Cushamen. La relación con la tierra y el hábitat de las comunidades garantizan en esa porción del territorio el cuidado del ambiente y la defensa de los bienes comunes impulsando la interculturalidad y la articulación como vecinos/as del mismo suelo, materializando en la práctica el ideal que persigue nuestra Iniciativa Popular. Por esto repudiamos el vaciamiento de los territorios que sólo benefician a megaempresas multinacionales, dejando sin espacio habitable a comunidades enteras, sin escuelas y confinando a sus habitantes a la periferia de la ciudad.

Manifestamos nuestro rechazo absoluto al proyecto IIRSA (Iniciativa de Integración Regional Sudamericana), que pretenden realizar en la Patagonia, a través de la implementación de la infraestructura para el saqueo de los bienes comunes, planificando la realización del corredor bioceánico por  Paso León en la zona de la  Comarca Andina, El Manso, Reserva de Biósfera, selva valdiviana de características únicas; los puertos de Pto. Madryn y de San Antonio Oeste, las rutas y vías ferroviarias de la región comprometidas  serían colapsadas por el tránsito de carga pesada por lo que implica dicho proyecto.   No es la decisión de un gobierno de turno cambiar el destino de una región, faltando a los derechos de los ciudadanas/os y de las futuras generaciones y provocando la pérdida irreparable  de la Naturaleza. Nos oponemos al modelo extractivo que interpreta  a nuestro hábitat como producto.

Instamos a los sectores públicos y privados de la Salud a sentar postura concreta y alertar desde su rol fundamental sobre los impactos ciertos de la megamineria metalífera y radioactiva. Recurrimos al claro y contundente ejemplo de los Profesionales de Salud de Esquel y Tinogasta, junto a Trabajadores de la Salud de esas comunidades, que en 2012 realizaron declaraciones sobre los riesgos que acarrea la instalación de industrias megamineras sobre la salud del pueblo, fuentes de agua y ambiente en general. Así como a las certezas brindadas, en idéntico sentido, por el pediatra Dr. Miguel Webb en Comodoro Rivadavia.

Habiendo anunciado el Presidente Macri la puesta en marcha del Proyecto Navidad, destacamos el desprecio que se desprende ante una Provincia que hace ya 20 años, desde la lucha contra el repositorio nuclear en Gastre, pelea por un ambiente sano, sin contaminación, para las actuales y futuras generaciones.

A partir de esta embestida del Gobierno Nacional instamos a los y las Legisladoras/es a tratar y aprobar la Iniciativa Popular que pone freno al uso de químicos tóxicos que alterarían las napas de agua, el Río Chubut y la costa marítima, respetando la voluntad popular de hacer llegar un proyecto de Ley hecho por el Pueblo y para el Pueblo, en defensa del agua, la tierra y la vida.

En la defensa del agua, que, según sus propias palabras, el gobernador Das Neves dice compartir con las asambleas,  hay acciones concretas que favorecerían esa protección. Por eso reclamamos al Sr. Gobernador: dar de baja a las concesiones mineras vencidas, entre ellas el Proyecto Navidad, instar a la legislatura provincial a dar tratamiento y aprobación a la Iniciativa Popular, e incorporar la prohibición de la megaminería en el proyecto de reforma de la Constitución que se está impulsando. Estas acciones harían de la defensa ineludible del agua una concreción, reflejada en los sentimientos de la mayoría de la población.

 No es la decisión de un gobierno de turno cambiar el destino de una región, faltando a los derechos de los ciudadanos y de las futuras generaciones y provocando la pérdida irreparable de la Naturaleza. Nos oponemos al modelo extractivo que interpreta  a la naturaleza como producto.

Seguimos en Alerta y Movilización, con creatividad y perseverancia, hasta que se vayan las megamineras!!!!

El próximo encuentro de la UACCh será en la zona de la Meseta, reafirmando que no existen zonas de sacrificio posible, que la vida se defiende en todo el territorio chubutense.

TRELEW, 14 de Mayo 2016

NO ES NO

¡EL AGUA Y LA VIDA NO SE NEGOCIAN!   


Foto// ADN. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, Dina Migani

Allen: Secretaría de Ambiente desconoce el número de pozos

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En el mundo se debate sobre las consecuencias del cambio climático, la mirada está puesta en los Estados y empresas responsables que lo generan. Lejos de ese contexto, en la provincia de Río Negro la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable es garantista de las actividades extractivas. Una atenta recorrida por el Alto Valle nos deja zumbando una pregunta que nos hizo un vecino. ¿Puede el zorro cuidar al rebaño?

Foto// ADN. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, Dina Migani
Foto// ADN. Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro, Dina Migani

Por OPSur-

Dina Lina Migani fue nombrada como secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable por el gobernador de Río Negro, Alberto Wereltineck, en agosto del 2014. Desde que llegó no paró de cosechar cuestionamientos.

Apenas designada, Migani fue duramente criticada por el peronismo local. En plena puja electoral, mientras se desempeñaba como concejal de la cuidad de Fernández Oro por el Frente para la Victoria (FpV),  Dina dio el portazo y saltó a las filas del recientemente creado partido “Juntos somos Rio Negro”. La nueva fuerza impulsada por Wereltineck ganó ampliamente las elecciones que permitieron su reelección como gobernador y Dina quedó en las mismas funciones hasta la actualidad.

Migani es ingeniera Química, en Higiene y Seguridad en el Trabajo, y tiene una especialización en Técnicas de Intervención Ambiental. Ejerció su profesión desde el año  2001 junto a su familia –esposo e hijo- en la empresa propia Quinpe S.R.L. Según el registro comercial, el emprendimiento tiene como objetivo brindar “servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural, la explotación de minas y canteras, ventas al por mayor de en comisión o consignación de minerales, metales y productos químicos industriales”. Entre los clientes figuran gran parte de las empresas que la Secretaría de Medio Ambiente debiera controlar: YPF, Entre Lomas, Petrobras, Medanito, Contreras Hnos, Halliburton, Baker Hughes, CalFrac, Skanka, Schlumberger, TGS, entre otras.

La legisladora  Ana Piccinini (FpV) cuestionó la designación de Dina Migani por incompatibilidad de funciones y expresó sus dudas en un medio regional: “la página web de la empresa Quinpe SRL dice que brindan un servicio acorde con las necesidades a sus clientes. Entonces vamos a interpretar que esta señora, cuando tenga que resolver una cuestión, lo hará en base a las necesidades de las empresas o de acuerdo a los principios fundamentales que cuidan y protegen el medio ambiente”. La ex Defensora del Pueblo de la provincia no fue la única en objetar a la funcionaria, en mayo del 2015 la senadora nacional Magdalena Odarda presentó un pedido formal al gobernador para que Dina Migani sea corrida del cargo, también por incompatibilidad en sus funciones. Tanto la grave situación de contaminación petrolera en Allen, como la escasa intervención de la Secretaría, lo avalan.

Las respuestas de Migani

Luego de descubrirse la contaminación por un derrame de petróleo en la zona de bardas en la ciudad de Allen, en un casual encuentro  entre Luis Genga, secretario de Derechos Humanos del sindicato de docentes rionegrinos (Unter), y la secretaria de Medio Ambiente, éste le hizo una serie de consultas. La secretaria, en un intento de evasiva, le sugirió que aquellas preguntas fueran enviadas por escrito. En agosto del 2015 Unter, envió un pedido de informe a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, en noviembre Dina Migani cumplió con su palabra y contestó el pedido sindical.

Foto// Diario Río Negro. Obreros levantan derrame en una olla.
Foto// Diario Río Negro. Obreros levantan muestras de derrame en una olla.

Hacemos una síntesis de la elocuente capacidad de no respuesta del que hace gala la Secretaría de Ambiente en el documento oficial.

Pregunta de Unter: ¿Es compatible la explotación hidrocarburífera con el método de fractura hidráulica y la fruticultura?

Respuesta de Migani: “la explotación hidrocarburífera es compatible con la fruticultura y toda otra actividad productiva que se desarrolle en el Alto Valle. Tal es así que se viene desarrollando sin inconvenientes. Es vital que se controle como se viene haciendo. De requerir información técnica, científica, le solicito amablemente que se dirija a Secretaría de Energía de la Nación y /o al Instituto Argentino de Gas y Petróleo”.

Unter: Cantidad de pozos programados por YSur y otras empresas en la zona del Ato Valle: Ubicación y tiempo que serán instalados.

Migani: “haciendo una estimación aproximada las empresas están realizando unos 30 pozos al año; Igualmente esta cifra es aproximada en el sentido de que se depende de estudios técnicos científicos y específicos, que se van haciendo a medida que la producción avanza a criterio exclusivo de la empresa”

Unter: Se están produciendo una cantidad creciente de venta de tierras a favor de YSur. Importa saber ¿Cuántas chacras se han enajenado y qué superficie total abarcan?

Migani: “Se desconoce puntualmente lo que usted manifiesta en cuanto a la supuesta creciente de venta de tierras a favor de la empresa YSur.  A fin de poder conocer lo que pregunta, le solicito amablemente que se dirija al departamento de relaciones institucionales de la empresa YSur”.

Unter: ¿Ha prosperado el recurso de amparo presentado por la Defensoría del Pueblo en el sentido de suspender la actividad extractiva hasta no se determine con certeza que pueden convivir la fruticultura y el fracking?

Migani: “Se desconoce si ha prosperado el recurso de amparo presentado. Asimismo se le informa que esta Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, participó de la audiencia en Gral. Roca, acreditando que no existía contaminación de hidrocarburos en ninguna de las locaciones de Allen sobre el pozo EFO 280”.

Las respuestas de la secretaria hablan por sí solas. En su mayoría “desconoce” la información para brindar una respuesta. De esta manera, no solo se expresa patente la desidia en la función pública de fiscalizar a las empresas, sino también aparece una gran cuota de cinismo. Ante las consultas de los docentes, les sugirió que redirijan sus preguntas a las mismas empresas que la Secretaría debería controlar, al Ministerio de Energía o al IAPG-Instituto creado y gestionado por representantes de las empresas petroleras. Eso sí, siempre lo hizo con un: “le solicito amablemente”.

Cada pozo que se realiza debe contar con la autorización de la Secretaría. Es la función por la que el Estado le paga el sueldo, por eso es inconcebible que exprese: “haciendo una estimación aproximada las empresas están realizando unos 30 pozos al año”. Queda demostrado que no controla, ni fiscaliza, y ni siquiera mira las cifras de los Ministerios que ella misma propone como fuentes confiables. Según los datos del Ministerio de Energía y Minería de Nación, la empresa YSur en el área Estación Fernández Oro (EFO) contaba con 60 pozos para el 2013, 131 en el 2014, mientras que en el 2015 ya ascendía la cifra a 230 pozos. O sea, únicamente esa empresa, en una sola área, tiene un total para el 2015 de 170 nuevos pozos.

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable niega que se hayan producido inconvenientes a raíz de la explotación de hidrocarburos Allen. Sin embargo, un informe de impactos realizado por este Observatorio, muestra que tan solo en el 2015 existieron cuatro derrames de distintas consecuencias en la EFO, el área de mayor  producción gasífera de la provincia en la actualidad.

Respuesta de Dina Migani a Unter
Respuesta de Dina Migani a Unter
Respuesta de Dina Migani a Unter
Respuesta de Dina Migani a Unter
Respuesta de Dina Migani a Unter
Respuesta de Dina Migani a Unter

El caso Lamperti

El 29 de octubre del 2015, Jessica Lamperti, productora frutícola de Allen, descargó su enojo en la red social Facebook, “hoy siento una gran amargura, un cliente del mercado exterior me dice que no va a poder comprarnos este año. Al preguntar los motivos me contesta queremos fruta libre de fracking!!”.

El comentario de Lamperti inmediatamente llegó a los medios de comunicación. Éstos alertaron a los dirigentes de la sede local de la Cámara de Productores. Indignado Sebastián Hernández, presidente de la Cámara expresó: “Esto lo veníamos anunciando, llegará un momento en el que no podremos vender la fruta por ser zona de explotación petrolera, equivalente a contaminación”. Jessica solicitó a la Secretaría de Fruticultura que de  algún tipo de garantía para asegurar que la actividad petrolera no esté contaminando las producciones. La respuesta vino de la Secretaría de Ambiente, que en conjunto con la de Fruticultura enviaron una carta documento a la productora invitándola a una reunión a puertas cerradas. Le pidieron que lleve los datos de los pozos que tiene cerca y el nombre del cliente que se negó a comprarle.

Esto generó un reclamo por parte de  la senadora Magdalena Odarda y el legislador Jorge Ocampo exigieron, a través de un pedido de informe, que se les brinde el acceso a la información. Además pidieron que se respete y no se hostigue a la productora de Allen.

Enrique Viale de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, suele decir que “hay veces que en Argentina precautorio se aplica al revés y los afectados deben demostrar que están contaminados”.

 

Fuentes consultadas

ADN (28/08/2014) Designan a Dina Migani como secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable

ADN (29/08/2014) Piccinini también cuestiona designación de Dina Migani

Radio Nacional Viedma (18/05/2015) Odarda pide el desplazamiento de Dina Migani, la titular de Ambiente y Desarrollo sustentable

Quinpe SRL, Página institucional de la empresa. Nuestros Clientes

Diario Rio Negro (01/11/2015) “Queremos fruta libre de fracking”

Radio Antena Libre (01/11/2015)Productora de Allen denuncio que no le compran su fruta por estar en una zona de fracking

ADN (06/11/2015) Fracking: Odarda y Ocampos denunciaron hostigamiento a una productora de Allen

ADN (07/11/2015) La Secretaría de Ambiente niega hostigamiento a Jessica Lamperti, de Allen


PNCalilegua

Calilegua: claroscuros de la remediación y persistencia de los intereses extractivistas

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Trabajadores y las trabajadoras del parque y la Asamblea de Organizaciones en Defensa del Parque Nacional Calilegua se movilizaron ante la llegada a la zona de autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) con un petitorio que va desde los despidos y la contaminación petrolífera del parque hasta la continuada violación de leyes internacionales sobre consulta a los pueblos originarios.

PNCalilegua

Por Colectivo Radio Pueblo

[Escuchar audio de la entrevista]

Enterados los trabajadores y las trabajadoras del Parque Nacional Calilegua (PNC) y la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC de la llegada a la zona de autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) se movilizaron al sitio de reunión, a la que no fueron invitados pese a su conocida lucha, para expresarles sus reclamos en varios puntos que, aún con el cambio de autoridades, siguen sin respuesta desde las administraciones anteriores y que van desde los despidos y la contaminación petrolífera del parque hasta la continuada violación de leyes internacionales sobre consulta a los pueblos originarios.

Si bien en un principio el presidente de la APN, Eugenio Brèard, no se avino a entrevistarse con los integrantes de la asamblea por “estar ocupado”, en palabras del jefe de Gabinete, Santiago Montanaro, sin embargo la permanencia de los trabajadores y la asamblea logró la entrevista buscada y el planteo de algunos de los puntos principales del petitorio por el que vienen movilizando.

Uno de los varios puntos exigidos fue respecto de la situación laboral de una compañera del Parque Nacional Calilegua, Lucía Brunetto, que aún se encuentra despedida pese a las promesas que se vienen sucediendo. Lucía era quien administraba distintos proyectos sociales vinculados al parque para las comunidades colindantes tales como infraestructura y capacitación, labor social del PNC que queda así desatendida.

Sobre este particular cabe mencionar que la respuesta del presidente de la APN fue desconocer la existencia de despedidos de Parques Nacionales, argumento que fue rebatido in situ por la propia compañera despedida pero que, para no prolongar la nota, resultó un argumento reiterativo de las autoridades frente a casi todos los items planteados: el desconocimiento de situaciones debido a su novedad en el cargo. Vale aclarar que el presidente de directorio de Parques Nacionales fue designado por el decreto 236/2016 del 25 de enero de este año, hace más de 4 meses.

Otra exigencia de los trabajadores y trabajadoras del parque y de la asamblea fue la limitada e irregular designación de la comisión ad hoc para la remediación petrolera del PNC.

Limitada en el sentido que no cuenta esta comisión con participación de la parte civil, y por supuesto ninguno de los integrantes de la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC ni de los trabajadores y trabajadoras de parques que la integran, quienes son precisamente los que han hecho conocer nacionalmente la crisis ambiental de la explotación petrolífera del parque.

En cuanto a lo irregular, pues tiene varias aristas. Por un lado varios de los pueblos originarios cuyos territorios históricos se superponen con el del PNC y que forman parte de la asamblea en defensa del mismo no fueron invitados a participar de la comisión, pese a la existencia de leyes internacionales que exigen la consulta previa, libre e informada de todos los pueblos afectados en su territorio. Por otro lado, los representantes de Parques Nacionales nombrados para la comisión, Julio Monguillot y Raúl Chiesa, no sólo no fueron elegidos bajo ningún proceso de consulta, sino que a Monguillot le fue abierto un sumario en 2013 por el entonces guardaparque del PNC y fiscalizador del yacimiento, Guillermo Nicolossi, por acciones que favorecían a las empresas petroleras a través de un proyecto de explotación que se extendía por 24 años; Chiesa, en ese momento vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, fue quien cajoneó la investigación mientras Carlos Corvalán, presidente de la APN, avalaba el proyecto extractivo; razón por la Nicolossi presentara en 2014 una denuncia administrativa ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas frente a las actuaciones de Chiesa y Corvalán. En febrero de 2016 la denuncia ante la citada fiscalía fue ampliada por Néstor Sucunza, Intendente del PNC.

Se llega de esta manera al absurdo actual donde los denunciantes del extractivismo vulnerante del PNC quedan como meros espectadores de un necesario proceso de remediación del parque nacional y donde los representantes de la APN en la comisión ad hoc que debe decidir y fiscalizar las acciones de saneamiento del PNC son nada más ni nada menos que los trabajadores de parques sospechados o denunciados por favorecer a las petroleras, cuyas secuelas ambientales son ahora los responsables (un eufemismo) de resolver.

Los claroscuros no paran allí, pues Chiesa y Monguillot fueron nominados a la comisión ad hoc por la funcionaria del área conservación de la APN, quien luego de nominarlos renunció a su puesto, quedando hasta ahora dos personas sospechadas nominadas por la anterior funcionaria y el área virtualmente desierta para nuevas actuaciones.

Las consecuencias de tal situación son insospechadas, pues así las cosas quedan algunas preguntas clave sin responder. En una entrevista a Moisés Corregidor, trabajador del PNC y miembro de la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC, algunos de los alcances del gris pueden auscultarse: “como dato para la opinión pública, sellar uno de estos 32 pozos (petroleros abiertos en el Parque Nacional Calilegua) significa un gasto que ronda los 30 millones de pesos, millones más millones menos, y sellar el pozo 3, que ellos piensan como primera medida, es más caro, aproximadamente 5 veces lo que significan los otros pozos, o sea 150 millones de pesos para ese pozo que está colapsado”. Al preguntarle quien pagaría ese costo, la respuesta fue concisa y clara “es lo que no sabemos”. Acaso ese punto oscuro acabe arrojando en realidad más luz a los hechos.

La Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC exigió al presidente de la APN, quien alegó desconocer a fondo la situación, la impugnación de los designados a la comisión ad hoc y consecuentemente la designación de nuevos representantes a dicha comisión, donde también se debe tener en cuenta la participación de la parte civil, y en particular el respeto a las leyes internacionales que exigen la consulta previa, libre e informada de todos los pueblos originarios afectados.

Para finalizar al menos en los puntos centrales del petitorio, y rizando el rizo de esta nota, los trabajadores del PNC expresaron su apoyo a los trabajadores del Parque Nacional los Glaciares, que vienen denunciando violencia laboral consistentes en maltratos y amenazas de despidos en ese parque. El denunciado por ello es el actual intendente del Parque Nacional los Glaciares, anterior presidente de la APN y ya citado más arriba en esta mismo texto: Carlos Corvalán.

Red Eco Alternativo


tlc

Se constituyó la “Asamblea Argentina mejor sin TLC”

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tlc

En el marco de un encuentro con cerca de quince organizaciones, quedó formalmente constituida la Asamblea Argentina mejor sin TLC. Reunidos en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA A) el 11 de mayo, las organizaciones y personalidades presentes acordaron conformar un espacio de campaña con el fin de tomar acciones sobre la agenda de libre comercio llevada adelante por el gobierno de Mauricio Macri.

En un primer momento del encuentro, Luciana Ghiotto, miembro de ATTAC-Argentina, dio inicio a la actividad contextualizando sobre los frentes de negociación abiertos por el gobierno argentino con el fin de liberalizar el comercio: el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, que pretenden que sea firmado antes de fin de 2016; la relación comercial con Estados Unidos, asunto en el que se avanzó durante la visita de Barack Obama en marzo; y finalmente el acercamiento de Argentina al Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), el cual fue firmado en febrero por 12 países, 3 de los cuales son latinoamericanos: Chile, Perú y México. Terminando la introducción, Ghiotto puso énfasis en que los plazos para reaccionar y construir una campaña en contra de la agenda de liberalización son muy cortos por lo cual la reacción de las organizaciones debe ser rápida y eficaz.

Modesto Emilio Guerrero, analista venezolano, destacó que 14 años atrás pudimos derrotar el avance del capital con el No al ALCA. Sin embargo, ahora nos volvemos a encontrar para refutar un proyecto de libre comercio, ya que desde el Sur, desde América Latina hemos sido incapaces de construir una estructura sólida y adecuada de integración alternativa para frenar la actual ofensiva feroz del capital. Explicó que es menester que hoy nos organicemos para frenar esta nueva oleada neoliberal.

Cerrando el panel informativo, Julio C. Gambina de CTAA resaltó que no se trata únicamente de una agenda de libre comercio sino de libre circulación de capitales, de una ofensiva del capital sobre el trabajo, los bienes comunes y la vida de los pueblos. Argumentó que lo único que en su momento pudo frenar el proyecto del ALCA fue la movilización popular y que por ello hace falta recuperar el espíritu de aquella época, construyendo una campaña en contra de la firma de cualquier TLC en Argentina y en la región.

Tras abrirse al debate, se pasaron algunos datos importantes con respecto a la agenda de movilizaciones que la Asamblea se propone desplegar: el 4 de noviembre próximo será la Jornada Continental de Lucha contra el Libre Comercio, día para el cual debemos organizar una movilización masiva; entre el 19 y 21 de septiembre por su parte, se va a realizar un encuentro de parlamentarios de la Unión Europea y del Parlasur (llamado Eurolat) en Montevideo donde se discutirá el tratado entre la UE y el Mercosur, para lo cual coordinaremos con las organizaciones uruguayas con el fin de generar una acción conjunta.

En las intervenciones surgieron diferentes tipos de iniciativas. Se destacó la importancia de conocer exhaustivamente lo que se está negociando secretamente para poder tener una incidencia efectiva. Se insistió en la necesidad de especificar los costos sociales que conllevan los tratados de libre comercio, para lo cual se puede utilizar la experiencia de los países que ya han firmado estos tratados, como Colombia o Chile. En este sentido, se habló de la posibilidad de generar espacios de formación, replicando cursos y actividades para las organizaciones, así como tender puentes con las universidades. También se resaltó la necesidad de elaborar material pedagógico para la difusión, generando una estrategia de propaganda visual masiva.

Terminando la reunión, se acordó la creación de un listado de correos electrónicos a través del cual todas las organizaciones presentes pueden aportar elementos para la elaboración de una declaración que defina la existencia del espacio de Campaña, con el cual poder intervenir frente a las autoridades gubernamentales, como la Cancillería, y que sea útil asimismo para convocar a nuevas organizaciones para que participen en la Asamblea.

Se acordó que la próxima reunión será el jueves 26 de mayo a las 18.30 en la CTA A (Lima 609, 1er piso).


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Calilegua: trabajadores exigen integrar la comisión por actividad petrolera en el PNC

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Calilegua

Los trabajadores del Parque Nacional Calilegua, junto con organizaciones sociales e indígenas, cuestionaron la Comisión Ad Hoc, que tiene como objetivo detener la explotación petrolera ilegal al interior del parque. Las organizaciones exigieron que sean integrados a la Comisión los trabajadores del Parque, así como también representantes de los pueblos originarios, de los vecinos y  de los trabajadores petroleros. Al mismo tiempo impugnaron a dos miembros de la comisión por “haber faltado a sus deberes de funcionarios públicos que intentaron durante la gestión anterior garantizar la entrega”.

Ver el Comunicado de la Asamblea de Organizaciones en defensa del Parque Nacional Calilegua

Ver también:

Organizaciones en Defensa del PN Calilegua se pronuncian por ley de cese a explotación

Parque Nacional Calilegua: ¿La ley 5889 es suficiente?


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16/05 | Villa Regina: Charla-debate sobre fracking

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Fracking, el avance de la actividad extractivista en nuestra zona

13221057_10154168568322485_2231508898092669956_nEste lunes 16 de mayo se realizará en la cuidad de Villa Regina una charla- debate sobre el preocupante avance de la explotación hidrocarburífera con el cuestionado método de fractura hidráulica (fracking). La misma es organizada por la seccional local de la Unión de Trabajadores/as de la Educación de Río Negro (UnTER) y contará con la presencia de Diego Rodil, trabajador de INTA, que analizará la pérdida de las tierras productivas en el Alto Valle; y de los investigadores del Observatorio Petrolero Sur Fernando Cabrera, Martín Álvarez y Hernán Scandizzo.

Durante la charla se proyectará Territorio Crudo, material audiovisual realizado en conjunto con el Colectivo Vaca Bonsai, y se exhibirá la muestra fotográfica Cicatrices de la Tierra, que reúne registros de Alexis Vichich y Martín Barzilai.

La cita es el lunes 16 de mayo a las 19 hs, en la sede de la UnTER Villa Regina (Guaraní y José Hernández).

Teléfonos de contacto

Silvana Inostroza , UnTER Villa Regina /  (0298) 446275 · cel. 2984272140

Martín Álvarez, investigador del Observatorio Petrolero Sur / cel. 2995040213


Arcodel-Orinoco

Los peligros del Arco Minero del Orinoco: un breve análisis desde la economía ecológica

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En numerosas ocasiones se ha invocado la “irreversibilidad” de la revolución. Pero si había algo más esencial y fundamental que invocar, era la sostenibilidad del proceso. Es decir, que los medios básicos para reproducir la vida cotidiana, el agua, la energía, los alimentos, entre otros, puedan estar en un mínimo equilibrio respecto a los seres humanos que habitamos el país, y con las generaciones venideras. Sin esto, la utopía revolucionaria sencillamente no subsiste.

Arcodel-OrinocoFoto: Últimas Noticias

Por Emiliano Terán Mantovani

La situación que vivimos en la actualidad no es sólo consecuencia de un conflicto político a escala nacional, con sus respectivas injerencias imperiales. Es también el reflejo de la inviabilidad del capitalismo rentístico venezolano, de su crisis histórica, de su reformulación en la Revolución Bolivariana, y del desborde de la notable vulnerabilidad alimenticia, hídrica y energética que este modelo produce.

Como respuesta a esta crisis, el gobierno nacional está promoviendo un megaproyecto de minería sin precedentes en el país, el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO). En realidad esta propuesta es un salto al vacío, que no solo nos atornillaría al rentismo y al extractivismo, sino que nos enrumbaría a un terrible camino de insostenibilidad, deteriorando enormemente las condiciones para la reproducción de la vida cotidiana de millones de venezolanos.

Numerosos artículos han ya circulado mencionando las características y perjuicios que provocaría el AMO. En este artículo, les propondremos un breve análisis crítico desde la economía ecológica, para plantear una re-lectura de las diferentes valoraciones económicas que están en juego, resaltando no sólo las nefastas consecuencias que este mega-proyecto tendrá con la naturaleza y los pueblos indígenas del sur del Orinoco, sino también la afectación de la vida integral del país, incluyendo las enormes poblaciones urbanas venezolanas. Presentaremos a continuación algunos de estos aspectos, profundamente interrelacionados, los cuales consideramos de gran relevancia:

a.Contabilidad ecológica en déficit: la vida se vuelve precaria

El lenguaje que ha prevalecido en la economía contemporánea ha sido expresado constantemente en dinero (con una orientación crematística). El valor que se impone es el monetario, las contabilidades de la “riqueza de las naciones” están monetarizadas –ej. PIB–, y hace que prevalezca un sistema económico metafísico que pretende explicarse a sí mismo a partir del dinero. De esta manera se invisibilizan otros valores esenciales para la vida (ecológicos, culturales, afectivos). Esto nos ha creado una ilusión de riqueza, o la esperanza de resolverlo todo con dinero, que ha sido muy perjudicial.

Pero la economía –la “administración de la casa”, según su etimología– es más que eso. Desde una visión integral de la vida, se trata no sólo de lo que se encuentra dentro del “mercado”, sino también, y en esencia, de la distribución de flujos de energía y materia, los cuales nos mantienen vivos. La economía es fundamentalmente un ámbito de la vida ecológica, un sistema de abierto muy complejo.

La histórica promesa de “sembrar el petróleo” se ha centrado en la riqueza monetaria. En la actualidad, el gobierno nacional ha justificado reiteradamente el enorme sacrificio para la población y la naturaleza que supondría el AMO, en nombre de obtener más divisas, ocultando con dinero el extraordinario empobrecimiento socio-ecológico que éste conllevará.

Si valuáramos las 7.000 toneladas de oro que podría poseer Venezuela en sus reservas, tendríamos dos valores para contrastar: por un lado, unos 280.000 millones US$ en ganancia para el Estado, y por el otro, unos 3,1 a 7,4 billones de litros de agua que serían usados y potencialmente contaminados para extraer todo ese oro (entre 1 millón 240 mil a 2 millones 960 mil piscinas olímpicas, que puestas una seguida de la otra podrían darle casi 4 vueltas a la Tierra).

¿Vale toda esta agua, toda esta vida, 280.000 millones US$? Este monto es casi igual a los ingresos totales de PDVSA sólo en 2012 y 2013, y actualmente lo que tenemos es un país endeudado y en severa crisis económica ¿Qué podría hacer un multimillonario sin agua? Si acabáramos con la principal fuente de agua del país (la cuenca del Orinoco), ¿qué haríamos con ese dinero obtenido?

¿Si reformuláramos la contabilidad económica dándole valor a los bienes comunes para la vida? ¿Si reflejáramos que esta destrucción de vida es una destrucción de riqueza, es producción de pobreza? Si hiciéramos en un ejercicio crematístico, planteando que cada litro de agua vale 1 US$, ¿sería éste un proyecto económicamente viable?

Una cosa es el déficit fiscal –que en Venezuela sigue creciendo notablemente–, el cual podría resolverse con nuevos préstamos, la emisión de bonos y/o devaluaciones de la moneda. Otra cosa muy diferente es un déficit físico, y mucho más cuando se trata de “recursos” imprescindibles para la vida, recursos no renovables o que su capacidad de regeneración está siendo superada por los niveles de consumo. Estos déficits pueden producirse por degradación de los bienes comunes naturales en grandes cantidades, degradación de su productividad, o bien por la incapacidad o insuficiencia para su suministro.

Los déficits físicos (biodiversidad, agua, energía, etc.) suelen ser reflejo de un sistema insostenible. Resolverlos es mucho más complicado (no bastan préstamos o emisión de dinero). Las consecuencias suelen ser drásticas y plantean escenarios de colapso sistémico, lo cual es imperiosamente necesario evitar.

b. El metabolismo social crece

El metabolismo entre la naturaleza y la sociedad, es decir, el régimen social específico que sintetiza los procesos de apropiación, procesamiento, circulación, consumo y desecho de los recursos, energías, materias, o los llamados “servicios ambientales”, ha crecido en Venezuela a la par de su desarrollo capitalista/rentista. Una de las consecuencias históricas de este desarrollo es la configuración de un sistema de consumo intensivo por la vía de la distribución (siempre desigual) de la renta petrolera. Esto se expresa en la actualidad en diversos indicadores, como por ejemplo el hecho de que somos el segundo país de América Latina (sin contar el Caribe) que consume más electricidad per cápita, según la CAV y CEPAL; o el país que más CO2 per cápita emite en toda la región (exceptuando el Caribe), según el Banco Mundial.

El desarrollo de este metabolismo social nos ha llevado a la situación de “translimitación ecológica”. Según el “Informe Planeta Vivo” de la WWF, Venezuela tiene una de las dos huellas ecológicas más altas de Latinoamérica y es uno de los dos países de la región que han superado el límite de su capacidad eco-regenerativa, es decir, que consume más naturaleza de la que sus ecosistemas son capaces de regenerar, por lo que nos encontramos en situación de “déficit ecológico”. En este sentido, cabría reconocer por ejemplo que, además de otros factores, la crisis de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como el Guri, se debe también al aumento de la demanda de energía en Venezuela en los últimos años.

Conviene pues, evaluar tres elementos: el primero, la transformación del metabolismo social en el sur del Orinoco que va a provocar la depredadora megaminería del AMO –se estima que en general de 4 a 1 toneladas de materiales son removida para obtener un gramo de oro, a lo que se suma la enorme cantidad de energía empleada y disipada–, lo cual a su vez va a impactar en todo el metabolismo social venezolano.

El segundo elemento tiene que ver con los patrones de consumo. Es importante resaltar que cuando la inclusión social está representada en el consumo masivo vinculado al american way of life (teléfonos inteligentes, aires acondicionados, automóviles y motos, junto a otros electrodomésticos), se produce una paradoja entre el “bienestar” y la sostenibilidad socioambiental. Las rentas mineras suelen orientarse, como forma de compensación social y de domesticación de la población, a este tipo de consumos. Los profundos daños del AMO tratarían de ser endulzados con este tipo de gasto, reproduciendo estos patrones metabólicos. Una política de ahorro energético para enfrentar la crisis de este sector entra en conflicto con este largo proceso de incorporación masiva al consumo –y de cambios en las expectativas en los modo de vida–, tomando además en cuenta la gran incidencia que tiene el sector residencial en el consumo eléctrico nacional (más de un tercio del total, según informe MPPEE 2013).

El tercer elemento tiene que ver con el marco socioeconómico de este creciente metabolismo: el extractivismo. Esto implica que toda la energía consumida no se dirigirá a un proceso productivo y de soberanía energética, sino al incremento de la disipación de la misma (entropía) y la dependencia ecológica.

c. Afectación de la fertilidad de la tierra y de la productividad de los ecosistemas

Cuando Marx analizó en El Capital la renta de la tierra, hizo alusiones a la afectación de la productividad de la misma a raíz de los métodos depredadores de producción agrícola. De esta forma, se producía no sólo un empobrecimiento del proletariado, sino también de la tierra. Este ha sido uno de los principales argumentos de John Bellamy Foster para reivindicar la faceta ecológica de Marx (y las bases de un marxismo ecológico).

Nosotros planteamos aquí el análisis no solo de la tierra, sino de los ecosistemas y sus ciclos. Las depredadoras consecuencias de la megaminería en el AMO, no sólo afectaría la riqueza de la vida en términos cuantitativos –avance en el número de hectáreas devastadas, especies afectadas, cantidades de agua o partículas de aire contaminadas– sino también cualitativos.

Daños ambientales irreversibles podrían afectar la productividad ecológica y por ende comprometer aún más las condiciones generales de la vida. Esto puede ser especialmente dramático en relación a los suelos del Escudo Guayanés, que dada su notable fragilidad, podría pasar muchas décadas para que pudieran recuperarse, para recobrar sus ciclos vitales, si acaso alcanzaran a hacerlo.

Un buen ejemplo de las consecuencias económicas de la merma de la productividad ecológica está en el agua. En las discusiones y análisis sobre el actual déficit energético en Venezuela, normalmente prevalecen argumentos sobre las fallas en la capacidad instalada (hidroeléctrica y termoeléctrica), o bien los efectos del fenómeno del Niño. Aunque estos factores hacen parte del problema, también cabría reconocer que se ha venido produciendo un déficit (en términos de falta o escasez) en el caudal del río Caroní –curvas generales en descenso–, el cual alimenta la represa del Guri. Una de las razones de este decrecimiento ha sido la deforestación que se ha producido en la zona. Se trata de una expresión del déficit ecológico que tiene su proyección en la economía, en la medida en la que este caudal tiene una importancia estratégica para la producción hidroeléctrica en el país, y por tanto para la vida en las ciudades y los sectores industrial y comercial. Todo este fenómeno de merma de la productividad ecológica, si lo pensamos desde la sostenibilidad, pone en riesgo también los medios de vida de generaciones futuras.

d. Déficit físico en el comercio internacional

Las economías extractivistas latinoamericanas como la venezolana, usualmente se caracterizan por exportar cantidades desproporcionadamente mayores de naturaleza (general pero no únicamente medida en toneladas) de las que se importan, sin que esto garantice ganancias comparables a las de los países centrales de la economía global, o bien permita que nuestras economías puedan salir de la dependencia del extractivismo. Esto en cambio, se traduce en un balance ecológico negativo, que tiene repercusiones domésticas.

Más allá del déficit de la balanza comercial de Venezuela (para el tercer trimestre de 2015 según el BCV), la expansión del megaproyecto del AMO supondría una mayor cantidad de exportación neta de naturaleza. Si a esto se suma que los recursos podrían exportarse mucho más baratos que en años anteriores (dadas las bajas expectativas de repunte de los precios de las commodities), lo que afecta notablemente las importaciones a la baja, tendremos también un incremento del déficit ecológico nacional.

El relanzamiento del extractivismo por parte del gobierno nacional se basa en una propuesta presente en varias de las declaraciones oficiales: el impulso a las exportaciones (no solo minería, sino gas, pesca, entre otras). Esto en realidad indica que la economía nacional será relanzada con orientación al mercado global, marcado claramente por los patrones de acumulación neoliberal.

Toda esta “fuga de naturaleza” hacia el mercado internacional no sólo no resuelve los problemas de fondo, sino también canaliza un saqueo de recursos que compromete los medios de reproducción de la vida de numerosas venezolanas y venezolanos. En los períodos de recesión o depresión económica, el capital internacional buscará ajustar los procesos de acumulación en el AMO, para evitar afectar la tasa de ganancia. Este ajuste se cargará progresivamente sobre el país, sus ecosistemas, recursos y población.

e. Después de la devastación ambiental, ¿quién se queda con la renta?

La expansión del extractivismo suele justificarse con la idea de que necesitamos más divisas, rehuyéndole normalmente al debate sobre la distribución de la riqueza y activos existentes y del manejo de los excedentes monetarios. Ahora que el país se encuentra muy mermado económicamente, y ante el terrible relanzamiento del AMO, cabría preguntarse donde están los dineros públicos provenientes de la devastación ambiental de los últimos años –de ahí la relación entre extractivismo y endeudamiento público, y la importancia actual de una auditoría de todas las cuentas nacionales.

No tiene sentido hablar de “expansión” y “crecimiento” sin analizar la distribución de la riqueza existente. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad instalada industrial y cuánto de ella se utiliza? ¿Cuánto de ella no, y por qué? A la luz de esta crisis, ¿qué hacer con el 40% de las tierras nacionales que han sido declaradas improductivas? ¿Qué otros tipos de uso de la tierra podría dársele a los territorios del AMO, sin que esto tenga que conllevar a la devastación ambiental y la insostenibilidad social? Muchos más ejemplos como estos podrían darse. Queda claro que hay varias alternativas a ser estudiadas antes que entregar nuestros territorios a la voracidad del capital foráneo.

Por último, con un poco de suspicacia surge la pregunta: ¿qué se hará con la renta minera obtenida? La ampliación de la cuenta corriente tiene entre sus principales asignaciones el pago de la deuda y la compra de productos importados. Y si hubiese algún excedente, ¿quién lo va a manejar? ¿Para qué será usado? ¿Qué poder de decisión tiene la gente común sobre esa administración? Los patrones capitalistas de apropiación de la riqueza plantean serias amenazas de empobrecimiento a la población.

f. Buen Vivir y debates sobre el consumo

Queda para otro espacio y ocasión, planteamientos más definidos sobre alternativas a este terrible proyecto minero. Sin embargo, es importante recalcar, ante los desafíos de un déficit ecológico, la importancia de nuevos paradigmas sociales, nuevas escalas de valoración, nuevos patrones culturales que interpelen nuestras concepciones sobre la riqueza y sobre la pobreza, tomando en cuenta que esta última está vinculada, en primera instancia, a la indisponibilidad e incapacidad social para el acceso a los bienes comunes para la vida.

Al menos tres interrogantes se nos plantean al respecto: ¿hasta qué medida es posible un cambio radical de la política de “los de arriba” que revierta este tránsito hacia la acentuación de la inviabilidad del modelo? ¿Qué grupos sociales y políticos deben impulsar una transformación cultural como la mencionada? Y, ¿qué estrategias deben ser propuestas para transformar patrones culturales tan vinculados históricamente al “american way of life” sin sufrir amplio rechazo social por algunas medidas “impopulares”?

Por último, creemos importante que en los debates sobre bienestar social, o Buen Vivir, no sólo se reivindique un ideal abstracto de lo que consideramos deseable, sino también referentes que se adecúen a la crisis ambiental global, y a las potenciales consecuencias que esto tendrá. En este sentido, parece que un verdadero objetivo revolucionario es incrementar nuestra resiliencia, es decir, nuestra capacidad de soportar y recuperarnos ante perturbaciones significativas de los entornos y ecosistemas en los cuales habitamos. Nuevos tiempos suponen nuevos desafíos, y por tanto, nuevas maneras de pensarnos y organizarnos.


Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 y hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.


ALAI – Agencia Latinoamericana de Información.


Foto// María Pía Borja. Comarsa en la Comisión de Medio Ambiente de Legislatura de Neuquén

Un basureo político

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Comarsa es dueña de la planta de tratamiento de residuos petroleros más grande de la Patagonia norte. Ubicada en el oeste de la ciudad de Neuquén, la planta es señalada por la población de los barrios aledaños como altamente nociva para la salud de los vecinos. Por esta razón la empresa fue interpelada en la Comisión de Ambiente de la Legislatura neuquina. Ella debía dar respuestas sobre su situación actual y explicar el plan de cierre definitivo. Al contrario de lo esperado, los directivos de la compañía explicaron que no habrá cierre definitivo y que no tienen un lugar concreto donde mudarse.

Foto// Martín Bazilai. Basurero Comarsa en Neuquén Capital

Por OPSur- En la mañana del 4 de mayo la Comisión de Ambiente de la Legislatura, presidida por el diputado del Movimiento Popular Neuquino Claudio Domínguez, recibió a los directivos de la empresa Comarsa. Héctor Basilotta, director de compañía, Federico Ponce, ingeniero y gerente general, y  Pablo Sily, gerente de Relaciones Humanas, expusieron durante casi dos horas sobre la situación de la planta ubicada en el oeste de la capital provincial. Las preguntas de los diputados realizaron estaban orientadas a conocer el plan de trabajo para el retiro definitivo del basurero petrolero de la ciudad, pero las respuestas fueron evasivas.

El tridente empresarial se ubicó en la cabecera de la mesa, donde generalmente se ubica quien preside la Comisión, tal vez haya sido un hecho casual, pero el correr de la reunión dejó un gran margen de duda, por momentos llevaron el control de los tiempos. Quienes deberían haber sido  interpelados, interpelaron al poder político por la falta de un lugar donde mudarse, mientras que vecinos y trabajadores se retiraron con más incertidumbres que con las que llegaron. En sala se encontraba el secretario de Ambiente de la Provincia, Ricardo Esquivel, quien también fue objeto de reclamos y críticas; para sorpresa del auditorio, al presentarse el funcionario sostuvo: “no sé si quedarme, ahora me entero que no estaba invitado, me confundí”.

Foto// María Pía Borja. Comarsa en la Comisión de Medio Ambiente de Legislatura de Neuquén

“Somos una empresa nacional, podemos decir, hasta familiar, que nos asentamos en Neuquén a partir de junio del 2008”, comenzó Basilotta el relato. “Cuando nos radicamos esto era prácticamente un desierto, no había nada, la nada misma, y claramente las tierras estaban destinadas a fomentar este tipo de industrias, destinadas a estas industrias”, subrayó emulando a a los emprendedores que conquistaron el desierto tras el genocidio armado perpetrado por el Estado a fines del siglo XIX. Contrariamente los barrios aledaños al “desierto” de Basilotta, cuentan de muchos años de radicación, ejemplo de ello es el barrio Parque Industrial, hoy llamado Jaime de Nevares, fundado en 1972.

Los ejecutivos de Comarsa llegaron acompañados al recinto por trabajadores de la empresa, quienes fueron activos participantes de la jornada, reafirmando los dichos de la empresa y confrontando a vecinos y diputados opositores. Basilotta expresó la inocuidad de la actividad en estos términos: “Tenemos en la empresa 120 trabajadores directos y 60 puestos indirectos, de todo ese personal el 32 % reside en la proximidad de la planta. Ellos tienen contacto directo e indirecto, es decir, son los verdaderos actores de todas las tareas que se llevan a cabo, los que manejan los hornos, manipulan, trasladan, llevan. Todo el plantel convivimos dentro de este microclima que está objetado. Nosotros mismos nos iríamos a suicidar cualquier día del año yendo a trabajar a Comarsa si tomamos lo dicho por aquellos que nos acusan de que contaminamos”. El gerente de la empresa aseguró que desde la puesta en funcionamiento de la planta no se registran enfermedades vinculadas al manejo de sustancias tóxicas. “Nos parece, y no quiero usar palabras que no estén a tono, una injusticia aquello de lo que se nos acusa, acompañamos los certificados de la doctora Mónica Glorioso que es nuestra médica laboral”, aseveró.

Basilotta también mencionó como elemento probatorio de que la empresa no contamina el fallo judicial favorable dictado en 2011 en la causa Fernández Genaro contra Comarsa, expediente 449828. “No existe evidencia ni prueba médica objetiva que acredite que los procesos industriales controlados por el Municipio y la Provincia generen infección, problemas respiratorios, gastroenteritis, como son señaladas en declaraciones periodísticas por parte de algunos diputados y vecinos”, desafió. Cabe destacar que el fallo presentado como prueba del directivo es previo al crecimiento exponencial de la planta, producto del aumento de actividad generada por Vaca Muerta.

Para Basilotta, en cambio, el verdadero problema de la contaminación es el basurero clandestino existente en las inmediaciones. “El principal flagelo que amenaza día a día a la salud de la gente que habita, que es aledaña al Parque (Industrial), y que nos afecta también a Comarsa, es el basural en donde la gente arroja de todo, y todo esto es quemado a diario. Ahí sí yo haría foco y diría que son una fuente de enfermedades”, enfatizó. “Les puedo asegurar que Comarsa se va a ir de ahí, y van a seguir teniendo infecciones, gastroenteritis, todo tipo de enfermedades que genera este flagelo”, sostuvo en defensa de la compañía.

Foto// Martín Barzilai. Vista aérea de Comarsa

No nos vamos nada

Para Comarsa irse era un objetivo, según el directivo. “Nosotros decidimos trasladarnos a Añelo, de donde provienen estos residuos, porque necesitamos ser más competitivos, minimizar riesgos y costos en el traslado, porque la competencia ya estaba establecida allá”, señaló. “Adoptando la política de crecer, de ser competitivos y de querer seguir liderando, adquirimos 20 hectáreas en Añelo, fuimos bien recibidos y alentados por el Municipio, agregamos 4 hectáreas más en el parque industrial. Todo esto al final no sucedió, por indefiniciones, porque hacia fin de año apareció un decreto que regulaba nuevamente a las tratadoras con distancias a los ejidos municipales, apareció la idea de un ecoparque, fuimos los primeros en ir, junto a la Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de Industria a ver a dónde nos tocaba, dónde teníamos que ir a invertir. Fuimos también los primeros en enterarnos que esto era inviable, que no tenía masterplan, que no tenía estudio de impacto ambiental, que no tenía los servicios esenciales. En ese contexto retrocedimos un casillero”, relató Basilotta.

Según el empresario el reclamo de los vecinos, que tiene a Comarsa en el centro de la discordia, no es por sus actos. “(La empresa) nunca tuvo una mala praxis, nada de que se la pueda acusar, de ningún evento, sin embargo el derrame ocurrido en el Parque Industrial (en referencia al registrado en la planta de Indarsa en octubre de 2014) fue un coletazo que nos pegó duro. Mirá dónde hoy estamos sentados”, sostuvo. Una vez más Basilotta pateaba la pelota fuera de la cancha.

Lo más gráfico en la alocución fue el cierre, al confundir a la provincia con una empresa. “Hay otras provincias que manejan la economía, que manejan otros sectores, pero Neuquén es una empresa que permanentemente está prometiendo mayor actividad. Más allá de lo que nos toca vivir hoy, que es un escenario deprimido, que pareciera que el tema de Vaca Muerta se allanó y que entró en meseta, entiendo que Neuquén va a seguir proporcionando gas, que tiene en vista represas y que tiene una economía latente. Neuquén es sinónimo de hidrocarburos, y les puedo asegurar que no hay actividad hidrocarburífera sin las tratadoras de los residuos que genera esa actividad, no puede existir una de la otra.”

Foto// Ike Teuling. Basurero petrolero Comarsa. Pileta de cutting a cielo abierto en Neuquén Capital.

Inmediatamente el diputado de Libres del Sur, Santiago Nogueira, comenzó con la interpelación. “Hemos presentado un pedido de informes sobre el cierre definitivo que no ha sido respondido por la Secretaría de Medio Ambiente, por eso le preguntamos a usted -dirigiéndose a Basilotta-, ¿cuál es el plan de cierre definitivo?”. Simultánemente el legislador intentó poner la discusión en su eje, recordádole al representante de la empresa el motivo de la interpelación; en el mismo sentido la diputada Patricia Jure, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, le pidió al diputado Claudio Domínguez que presida la comisión, en lugar de dejar que lo haga el director de Comarsa.

“Ustedes están acá para discutir sobre ese eje (el cierre definitivo) y no, si la empresa contamina o no contamina. Ya hay un consenso definitivo, Comarsa e Indarsa no pueden estar en el ejido y deben hacer un traslado. Nosotros queremos saber: ¿cómo va lo van a hacer, cómo lo tienen previsto y si lo han presentado? Por ley tienen que presentarlo al inicio de la actividad y reactualizarlo tiempo antes de irse, me preocupa escuchar que no lo tienen presentado”, destacó Nogueira. Basilotta salió al cruce remarcando la diferencia entre trasladar la actividad y cerrar la empresa: “Que quede claro, que se tome nota de esto, que Comarsa no se va a cerrar. Se puede relocalizar la actividad, pero no el cierre definitivo de Comarsa, podemos tener otra actividad que no sea tratar barros empetrolados”.

El legislador de Libres del Sur insistió en conocer en qué plazo se pondría fin al tratamiento de residuos petroleros. “Es fundamental saber los tiempos, no vaya a ser que le digamos a la comunidad que se van a ir y estén después dos años más quemando”. A lo que el Basilotta respondió que “es difícil poner un plazo sin tener un lugar de destino”. “En este momento y en este lugar no puedo comprometerme a decir me voy tal día y cierro tal día, cuando no sé a dónde me tengo que ir”, afirmó. “No podemos poner un tiempo, será el tiempo posible y necesario para remediar un pasivo que no es nuestro, que es de las operadoras y de la Provincia, pero que está radicado ahí”, añadió, cargando una vez más las responsabilidades sobre terceros. “Nosotros queremos entregarlo de la mejor manera, pero no es una carrera contra el tiempo, es tener la eficacia y la eficiencia de disponer de ese residuo de la mejor manera”, concluyó.

Según el secretario de Ambiente, el plan implica el traslado del material tratado y el tratamiento del que está en bruto, para luego ser trasladado a otro destino. “En treinta días tiene que salir uno de los hornos pirolíticos a Añelo”, aclaró Esquivel, dando por hecho la radicación de la empresa en esa localidad, más allá de lo expresado por Basilotta. “Allá se tienen que preparar las instalaciones para que estén adecuadas para preliminares, preparación de suelos, elaboración de piletas, la instalación de cada uno de los hornos y a partir de ese momento, en sesenta días más, se cierra el portón (de la planta de Comarsa en el Parque Industrial Neuquén), la recepción de residuos. El segundo horno sigue tratando el material industrial que va quedando y sigue unos seis u ocho meses más. Una vez que tratan todo el material se traslada este segundo horno a Añelo y ya queda de manera permanente. Los hornos de absorción que tratan el cutting tienen que seguir trabajando, a lo mejor un año, a lo mejor dos, hasta agotar el material que está acumulado. Una vez que está tratado todo ese perímetro, comienza el plan de cierre y abandono. El plan que mencionaba Santiago (Nogueira) es la remediación de todo ese sitio hasta la extinción de todos los residuos contaminantes que pueda haber y la realización de estudios físicos-químicos para verificarlo. En ese momento se determina la satisfacción del cierre de la actividad, no del predio, sobre ese lugar puede montarse a futuro cualquier otra actividad.”

A pesar de las evasivas, Daniel Fernández, vecino del basurero, señaló como un hecho positivo la interpelación realizada por la Comisión de Ambiente y subrayó que eso era fruto de la movilización de los vecinos. “Ni la provincia, ni las empresas se preocuparon por  estar en un lugar donde no tienen que estar. Yo quiero poner en la mesa que nosotros como vecinos nos juntamos con la empresa y llegamos a tres acuerdos, primero, que se tenían que ir; segundo, que no iban a despedir a ningún trabajador; y tercero, que se iba a hacer una comisión de seguimiento donde los vecinos seamos parte, que vea cómo se hace la remediación y la empresa estuvo de acuerdo.” En tanto enfatizó: “Acá hay que decir que la responsabilidad ha sido del gobierno, de la Secretaría de Ambiente, en algún punto de la empresa, pero no de los trabajadores y los vecinos”.

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Foto César Izza// Congreso Socioambiental de Unter

Declaración del 1er Congreso Socioambiental de la Unter

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“Por la construcción de nuevos órdenes socioambientales”

Nos encontramos reunidos en Fiske Menuco (General Roca) docentes de toda la provincia de Río Negro, delegados y delegadas sindicales, militantes ambientales, representantes de la ciencia y la investigación, trabajadores y trabajadoras que nos sentimos convocados por la creciente degradación y conflictividad ambiental en nuestros territorios, agravada por la ejecución de proyectos extractivos impuestos a nuestros pueblos por el modelo de producción y saqueo hegemónico.

Foto César Izza// Congreso Socioambiental de Unter Durante dos días profundizamos el análisis de las situaciones que agravian a nuestra provincia y región, a nuestras comunidades, nuestros estudiantes, nuestros vecinos, compartimos experiencias, reforzamos vínculos, definimos estrategias y propuestas de acción colectivas que favorezcan la construcción de nuevas miradas, nuevas subjetividades, nuevas formas de convivencia con la Naturaleza, y entre nosotros y nosotras, hombres y mujeres que habitamos este territorio.

Aspiramos a nuevos escenarios ambientales, donde el respeto por la vida y el ejercicio efectivo del derecho a un ambiente sano, de todos los seres que habitamos este Planeta sean los valores esenciales en que se funde un nuevo paradigma que organice nuestra comunidad. Haber trastocado estos valores sometiéndolos en función de los intereses de los sectores privilegiados ha conducido a la acumulación de capital y el lucro como único proyecto civilizatorio económico-político-cultural que se ha sostenido en la explotación de seres humanos y naturaleza, provocando desigualdad, destrucción, e infortunio sin fin.

Vivimos en un territorio que es ríos, que es bosques, que es estepa, que es mar, que es viento… y que también es historia, es cultura, es identidad, es proyecto de vida. El sistema impuesto históricamente en la región ha destruido culturas, masacrado pueblos, fragmentado el territorio. Miradas que ven un “desierto” a ser conquistado, desdeñan la diversidad, fragmentan y mercantilizan la vida, sostenidas por los intereses y el accionar político que confluyen en profundizar un modelo de expoliación de los bienes comunes disfrazado de “progreso”.

Rechazamos este tipo de argumentaciones. Sostenemos que los proyectos que buscan impulsarse en la provincia (mega-minería, expansión hidrocarburífera, agronegocios, sobre explotación pesquera, entre otros) lejos del bienestar social esgrimido, depredan bienes naturales; contaminan agua, el suelo y atmósfera, a veces de manera irreversible; producen profundos desequilibrios sociales; vulneran derechos territoriales de comunidades y pueblos originarios; atentan contra la autonomía y autodeterminación; y generan graves consecuencias para la salud de las personas y los ecosistemas.

Estos proyectos vienen impulsados por los intereses de los poderes económicos y la connivencia de los funcionarios de turno. El estado facilita en casi todos los casos y aún en contra de las comunidades, la concreción de proyectos contaminantes, por ejemplo, hace cuatro años, la legislatura provincial derogó la “Ley Anti-cianuro” (N° 3981) que regulaba la actividad minera, en contra de la voluntad popular y a favor de las empresas del sector. Simultáneamente, el poder económico despliega una variada gama de estrategias de cooptación. Opera sobre los espacios académicos, de investigación, educativos y los medios de comunicación para condicionar la construcción y difusión del conocimiento.

En ese sentido, en nuestra provincia, señalamos la creación de una Tecnicatura en Minería, con orientación extractivista, en Jacobacci, donde hace años que la comunidad se opone al proyecto de minería de oro de Calcatreu. También, el dictado de cursos de formación docente sobre “Educación energética y ambiental” organizados en Bariloche, por la Fundación YPF y el Ministerio de Educación, al tiempo que en la provincia crece la resistencia al avance de la explotación hidrocarburífera.

Un sistema con graves costos humanos y ecológicos, cuyas consecuencias se ocultan, se niegan, minimizan en un procedimiento que incluye la descalificación y cuestionamiento a nuestros investigadores y su abundante corroboración científica.

Nuestra producción frutihortícola se ve seriamente dañada por los mismos intereses. Avanza la explotación hidrocarburífera, el fracking y la especulación inmobiliaria sobre las tierras que nuestros ancestros lograron fertilizar en décadas de paciencia, amor y trabajo sobre territorios áridos y que hoy, volverán a la aridez de la especulación.

En algunas regiones, como en el resto del país, advertimos el avance del agronegocio enfocado en la producción de granos para la exportación, el uso desmedido de agrotóxicos, la homogenización y estandarización de variedades en frutas, verduras, incluso algunas genéticamente modificadas (con pérdidas trascendentes de biodiversidad). Todos sometidos a la lógica del mercado y sus intereses.

En la nueva desertización, productores y consumidores están igualmente condenados al ritmo de la desaparición de peras y manzanas flanqueadas por las torres de la ambición. En este contexto, la producción de alimentos nada tiene que ver con la soberanía y seguridad alimentaria ni con la cultura de los pueblos, sino con los intereses del mercado. En nuestra cordillera la pérdida de bosque nativo por desmontes e incendios, en su inmensa mayoría intencionales, son coletazos de la especulación inmobiliaria. Esta pérdida representa una inmensa pérdida de biodiversidad y profundiza el riesgo y los daños en las nacientes de las cuencas, sumándose a los efectos del calentamiento global, con el retroceso de glaciares y reducción de precipitaciones.

Valoramos el rol de nuestras comunidades y organizaciones que alertadas por los daños irreversibles sobre su entorno y el ejercicio de sus derechos, han decidido resistir el avance de estos proyectos destructivos y defender los bienes naturales y la vida.

Nuestro Congreso

Se pronuncia categóricamente en contra del modelo de desarrollo impuesto por el poder hegemónico que genera desigualdad, injusticia, explotación, saqueo, dolor, poniendo en peligro la vida. Todo daño a la naturaleza es daño a la humanidad. No hay ni habrá justicia social sin justicia ambiental.

Sostiene que existen alternativas, otras formas de habitar el planeta, de convivir en armonía y se compromete a protagonizar esa búsqueda y construcción, desde el conocimiento y la organización.

Reafirma la importancia decisiva que tiene para las comunidades el rol docente en función de difundir, problematizar, debatir y construir conocimientos estratégicos sobre estas realidades ocultadas, minimizadas y distorsionadas desde el poder.

Recoge las inquietudes de los participantes en el sentido de promover mejores articulaciones educativas en la comprensión de la relación salud – alimentación y en develar los procesos que conspiran obturando el ejercicio efectivo del derecho a una alimentación suficiente, nutritiva, oportuna, disponible y culturalmente adecuada para toda la población.

Señala en particular la necesidad de esclarecer los intentos renovados del poder dominante, en procura de usar el sistema educativo como herramienta de penetración a favor de sus intereses, incluso pretendiendo cooptar las organizaciones sociales y sindicales.

Reafirma la importancia de que la UnTER amplíe el tratamiento de la problemática abordada en el Congreso hacia otros actores sociales, contribuyendo a la formación de los trabajadores en función de precaver, prevenir, mitigar, atemperar, resolver y recomponer los daños ambientales que generan los procesos de producción y consumo en marcha.

Propone:

• Impulsar la incorporación de la problemática ambiental desde el Pensamiento Ambiental Latinoamericano en todos los niveles y las modalidades del sistema y especialmente en la formación y actualización docente.

• En lo inmediato garantizar la inclusión de estos contenidos en la transformación curricular en todos los niveles.

• Impulsar la creación de áreas o departamentos institucionales específicos para el abordaje de la problemática ambiental en las escuelas, con el objetivo explícito de transversalizar las currículas.

• Institucionalizar el área ambiental en el sindicato.

• Que el 5 de junio, día mundial del Ambiente, sea un día de acción ambiental de la UnTER en toda la provincia.

• Realizar publicaciones específicas en formato impreso, digital, audiovisual.

• Adherir y apoyar por diversos medios la campaña por la restitución de la Ley Anti-cianuro.

• Lanzar una campaña provincial sobre hidrocarburos y minería.

• Proponer la realización de una campaña de difusión y concientización sobre el derecho social inalienable del acceso al agua.

• Exigir que en las escuelas potencialmente afectadas por actividades altamente contaminantes se realice controles sobre el estado del agua que se consume y un relevamiento epidemiológico a fin de identificar posibles impactos sobre la salud de la comunidad educativa.

Finalmente, nos convoca la indignación, pero también la esperanza y la convicción de que existen otras formas posibles de vincularnos, de vivir en armonía con la Tierra y con la Naturaleza como un todo.

No debemos ni podemos caer en la resignación o indiferencia. Estamos convencidos de que la acción colectiva, la capacidad de organización, el espíritu solidario y el compromiso de las muchas expresiones de lucha y resistencia en nuestra provincia, la región, el país, en nuestra América y en todos los rincones del Planeta, tienen la capacidad de transformar el mundo, de cambiar la historia.

Por esta razón nuestro Congreso asume el firme compromiso de trabajar en todos los ámbitos por la construcción de nuevos escenarios ambientales comprometidos con la liberación de nuestros pueblos.

Fiske Menuco – Gral. Roca 6 de julio de 2016


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Campaña para financiar documental “Lágrimas de Aceite” en la amazonía peruana

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El colectivo Alerta Amazónica ha puesto en marcha un nuevo proyecto documental en la Amazonía de Perú.

Este verano, viajaremos a los ríos Tigre y Marañón, recorriendo comunidades Awajún y Huampis para documentar los impactos a la salud y al medio de los últimos derrames de petróleo provocados por las fugas del Oleoducto Norperuano.

Como sabéis, somos un colectivo independiente que no tiene ninguna fuente de financiación ni acceso a subvenciones. Por este motivo, hemos decidido poner en marcha una campaña de micro-mecenazgo a través de la plataforma Verkami.

Hoy martes 10 de mayo hemos puesto en marcha una colecta de micro-aportaciones para financiar nuestro proyecto y en los próximos 40 días aspiramos a reunir 4.000 euros que serán destinados a transporte, completar el material de grabación y a cubrir parte de la edición del documental.

Puedes ver más detalles y nuestros trabajos anteriores en la presentación del proyecto:

http://www.verkami.com/locale/es/projects/14817-documental-lagrimas-de-aceite-rastros-de-petroleo-en-la-amazonia

Es importante que la campaña comience con fuerza para generar confianza y contagiar los apoyos en el proyecto.

¿Cómo nos puedes ayudar? – Difundiendo la campaña entre tus contactos. – Si has pensado en aportar, hacerlo los primera días tiene un efecto contagioso. Muchas gracias, Lidia y Marc Equipo ·Lágrimas de Aceite”- Alerta Amazónica 2.016 Nuestra campaña: