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Ganadores y perdedores de los hidrocarburos no convencionales

Primera entrega del podcast realizado junto a EJES, sobre hidrocarburos no convencionales en Argentina.

Ganadores y perdedores en la Argentina de los hidrocarburos no convencionales

Basado en el informe “Ganadores y Perdedores en la Argentina de los hidrocarburos no convencionales”, en esta primera entrega del Podcast de EJES, Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, repasamos las consecuencias de las políticas energéticas destinadas a este sector y planteamos la necesidad de políticas que apunten a una transición energética justa, equitativa y democrática.

Este podcast fue realizado por EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, iniciativa del Observatorio Petrolero Sur (OPSur) y el Taller Ecologista, en conjunto con el Centro de Producciones Radiofónicas.

Entrevistas: Diego di Risio, Marco Kofman, Facundo López Crespo, Pablo Bertinat.

Guión: EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental. Locución: Flavia Medici. Locución: Juan Ruffo. Edición de sonido: Pablo Fisher. Imagen: Iconoclasistas.

Vaca Muerta


Pan American Energy Group, el nuevo rostro de BP

La petrolera BP confirmó el lunes que se completó el proceso de formación de Pan American Energy Group (PAEG). La nueva firma, propiedad de BP (50%) y Bridas Corporation (50%), nace como la empresa privada integrada más grande del sector en Argentina. Esto le otorga mayor capacidad de maniobra sobre Vaca Muerta, en un escenario de reposicionamiento de las compañías petroleras en el damero no convencional, y sobre la formación de precios de los combustibles, en un mercado interno recientemente liberalizado. Sin embargo la noticia pasó desapercibida para la prensa del Reino Unido y de Argentina.

PAEG es producto de la fusión de Pan American Energy, cuya propiedad comparten BP y Bridas Corporation, y Axion Energy, perteneciente a Bridas Corporation -controlada en partes iguales por la petrolera china CNOOC y la familia argentina Bulgheroni.

Axion compró en 2012 los activos de ExxonMobil (ESSO) en Argentina, Paraguay y Uruguay, sólo en el país controla una red de más de 500 estaciones de servicio, además de una refinería en la localidad bonaerense de Campana.1 En tanto Pan American Energy es la segunda productora de hidrocarburos de Argentina, extrae el 20% del crudo y el 16% del gas, y la principal operadora de la provincia de Chubut. Su principal activo es el yacimiento Cerro Dragón, el mayor productor de crudo del país, ubicado en la cuenca del Golfo San Jorge -donde hace más de un siglo comenzó la extracción de hidrocarburos y los impactos socioambientales de la actividad transformaron la región en un territorio de incertidumbre. Sin embargo en los últimos años la compañía puso su atención -y el grueso de sus inversiones- en Vaca Muerta,2 donde actualmente opera las áreas neuquinas Lindero Atravesado, Coirón Amargo Sur Este, Aguada Cánepa, Aguada Pichana Oeste y Aguada de Castro; y además tiene participación en otras tres: Bandurria Centro, Aguada Pichana Este y San Roque.

No Fracking in Argentina

BP doesn't frack in the UK, as it would attract "the wrong kind of attention". But through a subsidiary, the company has now started fracking in Argentina, despite resistance from local communities including the Indigenous Mapuche people.Our friends in Argentina asked if we could send a message of solidarity to all those resisting BP on the ground. So last week, as part of our mass "freezemob" performance in the BP-sponsored British Museum, we sang this song…

Posted by BP or not BP? on Thursday, December 21, 2017

La participación de la petrolera británica, a través de Pan American Energy, en la ampliación de la frontera no convencional en Argentina es un dato que cobra particular relevancia en el Reino Unido, donde existe un amplio rechazo social al fracking, por lo que la compañía desistió impulsar esa técnica para proteger imagen corporativa. El colectivo de comunicación Platform, con sede en Londres, recientemente publicó el informe BP, el dueño oculto de fracking, en el que puso de relieve esta situación. En tanto días atrás en la capital inglesa el colectivo de arte BP or not BP?, realizó una intervención en el emblemático British Museum, para solidarizarse con quienes resisten en Neuquén a la fracturación del territorio, particularmente con el Pueblo Mapuche.

Notas

1 Ver “Esso ahora se llamará Axion Energy en el país”, en Fortuna, 28 de setiembre de 2012, y “Adiós a las estaciones Esso, ahora se llamarán Axion Energy“, en La Nación, 12/12/2017.

2 Marcelo García, “Desde 2012, las inversiones petroleras se alejan de Chubut y Santa Cruz para privilegiar a Neuquén“, en El Extremo Sur, 17 de julio de 2017.


México: Las “invisibles” consecuencias del fracking

Hace unos días la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) de Veracruz y la organización Earthworks de Estados Unidos hicieron pública una serie de videos en que, usando la tecnología de la cámara FLIR GasFinder 320, muestra fugas de gases tóxicos en diversas instalaciones petroleras de Poza Rica y Papantla. Pese a que estas emisiones no pueden ser observadas a simple vista, sus impactos son muy palpables al contribuir al calentamiento del planeta y provocar severos riesgos para la salud. Los videos, realmente impresionantes, muestran cómo se escapan metano y otros compuestos orgánicos volátiles (COVs).

Esta es una de las caras más ocultas de la industria petrolera, muchas veces negada por las propias empresas y sobre la que los gobiernos hacen la vista para otro lado. El hecho de que la sociedad civil organizada haya empezado a mostrar y reportar las emisiones que se producen en las instalaciones de exploración, extracción, almacenamiento y transporte de gas y petróleo ha ido permitiendo colocar este tema en la agenda pública y exigir soluciones. Sin embargo, como lo constatan las imágenes recogidas en Veracruz, en México aún estamos muy lejos de dar una respuesta efectiva a esta problemática.

La constatación de estas emisiones muestra que no es sólo la quema de combustibles fósiles, como los hidrocarburos, lo que genera gases de efecto invernadero en forma de dióxido de carbono (CO2). Si no que la propia actividad de explorar y extraer estos recursos del subsuelo, de almacenarnos y de transportarlos conlleva un importante impacto negativo sobre el calentamiento del planeta, ya que el metano es un gas con un potencial de efecto invernadero 86 veces superior al CO2 en un horizonte de mediano plazo.

Las emisiones de metano y de compuestos orgánicos volátiles, incluyendo sustancias cancerígenas como benceno y formaldehído ponen en riesgo la salud de la población de estas zonas.

Y este problema es aún más profundo cuando el gas y el petróleo se encuentran en yacimientos no convencionales (de baja permeabilidad) y deben ser extraídos mediante la fractura hidráulica o fracking; el uso de esta técnica implica fugas de metano mucho mayores ya que hasta 12% de la producción de gas natural total, es decir, metano, en este tipo de yacimientos se escapa a la atmósfera durante el ciclo completo del proyecto. Si el clima del planeta ya estaba en apuros antes de la llegada del fracking por allá de la década pasada, imagínense ahora que varios países, como México, quieren intensificar y extender su uso.

De no evitar los planes del gobierno para entregar nuevas áreas para la explotación de hidrocarburos no convencionales, tal y como lo plantea el Plan Quinquenal de Licitaciones para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos 2015-2019 publicado por Sener, regiones como Veracruz se verán aún más afectadas por la perforación de nuevos pozos y la construcción de infraestructura de almacenamiento y transporte. También lo serán los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, San Luís Potosí y Puebla, los cuales entran también dentro de estos planes.

Esto es sumamente grave dado que las emisiones de metano y de compuestos orgánicos volátiles, incluyendo sustancias cancerígenas como benceno y formaldehído ponen en riesgo la salud de la población de estas zonas. Además, estos contaminantes atmosféricos pueden desplazarse a cientos de kilómetros de distancia y, por lo tanto, llegar a otras regiones del país, aunque en estas no se realice actividad petrolera, empeorando su calidad del aire.

Si ya era urgente abandonar la actividad de hidrocarburos para poder hacer frente al cambio climático, hoy se hace aún más imperante que el fracking sea prohibido en México y a nivel global como una muestra del compromiso de los Estados hacia la solución de esta problemática y el cumplimiento del Acuerdo de París. Asimismo, esta medida es imprescindible para proteger el derecho a la salud, entre otros derechos seriamente amenazados por esta práctica.

Por ello, les invitamos a sumarse al llamado de la Alianza Mexicana contra el Fracking y de otros colectivos a lo ancho y largo del mundo, y decir ¡No al fracking! ¡Ni aquí, ni allá, ni hoy, ni nunca!

*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.

HuffPost


El agua, un derecho humano

La propuesta original fue enriquecida con los debates de la comisión de Medio Ambiente

Por Rubén Giustiniani / Diputado de “Igualdad y Participación”

La Legislatura de la provincia de Santa Fe sancionó la ley de aguas que regula la gestión integral de los recursos hídricos en la provincia sobre la base de un histórico proyecto de la senadora Cristina Berra. La propuesta original fue enriquecida con los debates de la comisión de Medio Ambiente presidida por el diputado Santiago Mascheroni y por los aportes del informe elaborado por la Universidad Nacional del Litoral.

Esta ley significa un gran avance que sitúa a Santa Fe entre las provincias que regulan con mayor claridad el uso del agua. Queremos resaltar dos temas que incorporamos al proyecto original como iniciativas nuestras: el agua como derecho humano y la prohibición del fracking.

Alcanzar la sostenibilidad en el uso del agua es un desafío del siglo XXI. Según la OMS y Unicef, 2.600 millones de personas carecen de acceso a saneamiento básico y 884 millones de personas en el mundo carecen de un acceso seguro al agua potable. La comunidad científica sostiene que para el año 2025 entre 3.500 y 7 mil millones de personas padecerán escasez de agua potable. En muchos lugares del mundo la situación es crítica. El continente americano encierra casi la mitad de las reservas de agua potable del mundo; sin embargo, en muchos países de América la mayoría de la población no tiene acceso al recurso.

Resulta preciso señalar que el acceso al agua potable y al saneamiento, ambos vinculados al derecho a la salud, ha sido considerado como derecho humano por la comunidad internacional. El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

En sintonía con las normativas y recomendaciones internacionales, la ley sancionada reconoce el derecho humano al agua en su artículo 8: “El estado provincial debe garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, el cual implica contar con agua suficiente, físicamente accesible y de calidad apta para ingesta humana y usos domésticos, de conformidad con los criterios generales que surgen del derecho internacional de los derechos humanos”.

La ley, por su parte, prohíbe el fracking, que significa una gran amenaza para nuestras reservas de agua. La fractura hidráulica es una técnica de extracción no convencional de gas o petróleo mediante perforaciones en las rocas que contienen hidrocarburos en su interior, acompañadas de inyecciones de agua, arena y químicos altamente contaminantes, a fin de generar fracturas que permitan la extracción del recurso.

La explotación de hidrocarburos no convencionales se caracteriza por ser técnicamente más difícil, económicamente más costosa y con mayores riesgos de contaminación.

Uno de los principales impactos que trae aparejado el fracking es el alto consumo de agua: un pozo requiere entre 9 mil a 29 mil toneladas de agua y una plataforma de 6 pozos de media necesita unos 54 mil a 174 mil millones de litros de agua en una sola fractura. Además del uso intensivo de agua, el fracking produce la contaminación de las aguas tanto superficiales como subterráneas. Se han dado casos de contaminación por la ruptura de conductos, accidentes de camiones y el desbordamiento de las balsas residuales que contienen químicos, metales pesados y elementos radiactivos. La contaminación del agua se produce por la cantidad de productos químicos contaminantes que conlleva la actividad. En estudios internacionales se han identificado entre 260 y 360 sustancias químicas dañinas para la salud.

El fracking ha sido prohibido en casi toda Europa y en la mayoría de los estados de Estados Unidos, que es donde más se lo ha impulsado y donde más se han sufrido sus efectos. En Argentina más de 54 localidades han sancionado ordenanzas contra la fractura hidráulica, y con esta ley Santa Fe se sitúa como la segunda provincia del país en prohibir el fracking, después de Entre Ríos.

Dando cumplimiento al artículo 41 de la Constitución Nacional, que insta a las autoridades a proveer a la protección del derecho a un ambiente sano y a la utilización racional de los recursos naturales, y a las recomendaciones internacionales sobre el acceso al agua potable como derecho humano, aprobamos una ley que regula el recurso hídrico desde un enfoque de derechos, fundamentalmente para garantizar el suministro a las vecinas y vecinos de los barrios más humildes de las grandes ciudades de la provincia y de las localidades del interior donde el acceso al agua es limitado.

La Capital


EJES N°15 – El fracking en debate

Porque la población de Catriel no quiere los basureros petroleros en su territorio aunque la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Río Negro lo apruebe. Porque mientras hablan de “ciudades sostenibles”, la fundación de una petrolera, un organismo de crédito internacional y un municipio regulan cómo se vive en las ciudades del megaproyecto Vaca Muerta. Porque hay un nuevo subsidio a la producción de gas no convencional y 459 pozos de fracking en las inmediaciones de los cursos de agua de Río Negro y Neuquén. Porque sabemos que otra energía es posible, un nuevo boletín de EJES.

— Boletín EJES Nº 15 – Noviembre 2017 —

El Banco Central de Noruega propuso remover de su fondo soberano de inversión al petróleo y el gas, medida que descapitalizaría en parte a las grandes empresas del sector. Habiendo desinvertido ya del carbón, el camino es reducir los riesgos financieros de los fósiles: introducción de los autos eléctricos, nuevas regulaciones climáticas, entre otras. El fondo soberano de casi un billón de dólares es el más grande del mundo y se constituyó, justamente, a partir de la explotación de petróleo y gas en el Mar del Norte. Proceso dado bajo comando de la estatal Statoil. Pero la exposición financiera no es el único ángulo de debate en el país nórdico, sino también cómo reconvertir su economía y sobre si es conveniente y ético avanzar hacia el Ártico. En el mientras tanto, Statoil impulsa su internacionalización, hecho que incluye el desembarco en Vaca Muerta.

Lejos de la situación privilegiada que se encuentra Noruega (tanto Neuquén como Nación acumulan deudas externas desorbitantes por caso), lo que a países del sur nos tendría que alertar es la transformación en curso del mercado global de energía. Justamente porque la extracción masiva de fósiles de Vaca Muerta -fruto de la inversión extranjera por venir- es una prioridad para el gobierno argentino. Pero es una esperanza que no termina de concretarse en la magnitud esperada. En el mientras tanto, el Estado, mediante YPF y subsidios a las petroleras (ahora aplicada también para la Cuenca Austral), y los usuarios, mediante el tarifazo, siguen invirtiendo en el megaproyecto. Fenómeno que no deja de tener numerosos impactos en terreno, como el aumento de la conflictividad y configuración del ‘enemigo interno mapuche’. En los últimos días la escalada va en aumento, desde la situación particular de la zona (a la aparición de bombas cerca de pozos le siguió una serie de allanamientos a activistas sociales) a la general en la región (un comunero mapuche fue asesinado por la Prefectura). Con la cumbre ministerial de la Organización Mundial del Comercio y asunción de la presidencia argentina al G20 en ciernes, ratificar nuestros caminos justos y sustentables son necesarios, tanto ayer como hoy. ¡Justicia para Santiago Maldonado! ¡Justicia para Rafael Nahuel!

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Vaca Muerta


La futura ley de Aguas prohíbe el uso del fracking en Santa Fe

En Diputados esperan que el Senado sancione la norma el jueves. La decisión ya fue adoptada por la vecina Entre Ríos. También pone límites al termalismo. El vital elemento como derecho humano.

por  Mario Cáffaro

“Esta norma es la resultante de un trabajo de mucho tiempo, de un trabajo colectivo como deben ser las políticas de Estado. La provincia hace un gran salto, no es la panacea, pero sí, es un avance”, destacó el radical Santiago Mascheroni al cerrar su alocución en defensa del proyecto de la futura ley de Aguas que Diputados votó por unanimidad y giró en segunda revisión al Senado.

La temática no es novedosa en la Legislatura. Aunque parezca mentira, la provincia no tiene una ley sobre el uso de tan vital elemento como es el agua. El justicialista Julio Eggimann señaló que hay algunas menciones al tema en el viejo Código Rural votado en agosto de 1901. Mascheroni recordó que la temática la instaló en su segundo mandato Jorge Obeid cuando envió un mensaje a la Legislatura. El actual gobernador, Miguel Lifschitz, destacó la necesidad del plexo normativo en sus dos mensajes de apertura de sesiones ordinarias.

El último jueves “con el agua al cuello” como dijo Mascheroni en materia de tiempos legislativos, Diputados aprobó un texto con la expectativa que Senado convierta en ley el jueves venidero. Hubo conversaciones para que ello ocurra aunque los senadores se reservaron la última palabra y que dependerá de la lectura de un texto de 200 artículos.

Es que el Senado es Cámara de Origen a partir de un proyecto de Cristina Berra (PJ – San Martín) que tuvo tres votaciones en ese cuerpo y nunca prosperó en Diputados. En la Cámara Baja, había iniciativas propias de Mascheroni y Eggimann más otra de Rubén Giustiniani (Igualdad y Participación) que apuntaba a prohibir el uso de fracking en la provincia. Para saldar diferencias, Diputados encargó un trabajo académico que hicieron el Instituto Nacional del Agua y las facultades de Ingeniería y Ciencias Hídricas y de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNL donde compararon los cuatro proyectos y sugirieron la redacción final.

“Es un proyecto complejo, con característica de un Código, es decir un cuerpo normativo que abarca diversos aspectos de una problemática en común, en este caso del agua, desde distintos enfoques: jurídico, administrativo; responsabilidad social, colectiva; responsabilidad del Estado, de particulares y, también, geológica y física”, explicó el radical que fue el primero en exponer. Como los restantes oradores, destacó la decisión del carácter de derecho humano que se establece para el acceso y uso del agua. Detalló luego los distintos aspectos que contiene y se detuvo en el tema del fracking y el termalismo reglados en el proyecto. “El texto es coherente, integral y funcional a los objetivos que se persiguen”, concluyó.

Más voces favorables

El texto regula la gestión integrada de los recursos hídricos para promover los distintos usos del agua de manera sustentable a favor de las generaciones presentes y futuras, garantizando el derecho humano fundamental de acceso al agua potable.

El socialista Rubén Galassi destacó la responsabilidad del Estado de llegar con agua potable a todas las localidades y señaló que “en los últimos 10 años se pasó de 78 localidades que no tenían agua potable a 24 localidades. Se seguirá trabajando para que éstas también cuenten con este derecho. Se han invertido 9 mil millones de pesos en acueductos, otra de las herramientas fundamentales”, acotó.

El proyecto establece que el dominio de la provincia sobre las aguas es inalienable, imprescriptible e inembargable. El ejercicio de los derechos de dominio y de uso y goce, sean públicos o de particulares, debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. También especifica que el Estado provincial debe garantizar el derecho humano de acceso al agua potable, el cual implica contar con agua suficiente, físicamente accesible y de calidad apta para ingesta humana y usos domésticos.

De acuerdo con el articulado del proyecto, el agua es un bien esencial para la vida humana y la de los ecosistemas, tiene una función social y ambiental, es un recurso natural finito y vulnerable con alto valor social, sanitario, ambiental y económico, integra el proceso productivo y que el Estado provincial concede para su uso una vez cubierta la función social y ambiental.

“Santa Fe se debe una ley de aguas”, señaló la radical Estela Yacuzzi. Eggimann destacó que “viene a cubrir un vacío legal”, y admitió que su proyecto se enancó en el ingresado años atrás por Danilo Kilibarda.

Giustiniani explicó las razones por las cuales incluir la prohibición del fracking pese a que Santa Fe hoy es una provincia petrolera pero destacó que los mapas presentados por YPF señala a nuestra provincia como cuenca de shale oil. “No es antojadizo y debemos prever el no uso de esta tecnología cara y contaminante en el territorio. Así como esta provincia es pionera en prohibir la construcción de usinas nucleares, debemos impedir el uso del agua para perforar la roca para sacar petróleo”.

También hicieron aportes a la discusión Patricia Chialvo (PJ), Carlos del Frade (Frente Social y Popular), Verónica Benas (Pares), Héctor Cavallero (FJV) y Gabriel Real (PDP) quien advirtió que más allá de la normas se necesitan decisiones políticas fuertes e inversiones importantes para evitar los graves problemas hídricos que atraviesa la provincia, hoy expuestos en la laguna Melincué y en La Picaza.

Agua segura en establecimientos gastronómicos

También Diputados dio media sanción a un proyecto para promover el consumo de agua segura en la población, incentivando el uso de agua de red y garantizando el derecho de acceso gratuito al vital elemento en establecimientos que prestan servicio de venta de comidas y bebidas.

La iniciativa fue presentada por la socialista Marita Ayala y dijo que apunta a “que los clientes de los establecimientos gastronómicos puedan acceder gratuitamente al agua segura de red en jarras u otros recipientes. Es un derecho fundamental que ya se garantiza en otras ciudades del mundo, y hay ciudades en la provincia que ya han sancionado ordenanzas en este sentido. Es muy importante contar con una norma provincial que reconozca el derecho al agua como derecho humano”.

El proyecto establece que los puestos de venta de comidas y bebidas al público, ya sea en forma permanente, discontinua u ocasional, radicados en la provincia de Santa Fe deberán disponer para sus clientes el acceso gratuito al agua de red apta para el consumo humano mediante una jarra de mesa u otro receptáculo garantizando el derecho humano al agua.

Ámbito

“Esta ley rige la gestión de todas las aguas superficiales, subterráneas y atmosféricas. Todas las aguas quedan sujetas al control, a las limitaciones y a los fines que en función del interés público establezca la Autoridad de Aplicación y sometidas a las disposiciones de esta Ley de Aguas. Sin perjuicio de ello, la prestación de los servicios sanitarios es regida por la ley especial vigente o la que en el futuro la reemplace, conforme los principios derivados de la presente ley”, dice el artículo 2 del proyecto girado en revisión al Senado.

El Litoral


“Somos testigo de los daños del fracking en Patagonia”

Hace un año desde EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental, realizamos las Jornadas Internacionales Salud, Ambiente e Hidrocarburos No Convencionales en Buenos Aires y Neuquén para poner en común la experiencia y los resultados científicos que prueban que el fracking presenta un riesgo a la salud y al ambiente.

Con una perspectiva de salud socioambiental buscamos realizar un aporte a la comprensión desde el debate. En el marco de esta propuesta recorrimos los territorios afectados con quienes participaron de las Jornadas.

La Dra. Sandra Steingraber (Concerned Health Professionals), la Dra. Kathleen Nolan (Physicians for Social Responsibility) y la activista Colleen Boland (We are Seneca Lake) compartieron su experiencia en la prohibición del fracking en el Estado de Nueva York y registraron lo que analizaron en su visita.

Colleen Boland ha publicado una lista en Youtube “U.S. Delegation Witnesses Harms of Fracking in Patagonia, Argentina – October 25-30, 2016” donde se pueden ver comentarios y entrevistas realizadas por la Doctora Steingraber en la localidad de Allen en Río Negro, en Loma La Lata, Añelo y Vista Alegre en Neuquén.

Acceder a los videos.

Vaca Muerta


EJES N°14 – El fracking en debate

En este número de EJES hicimos foco en la provincia de Mendoza, donde la Legislatura discute un proyecto de prohibición del fracking presentado por asambleas que buscan defender el agua. El mismo objetivo persiguen las organizaciones uruguayas que no confían en la integridad de los pozos exploratorios ya realizados y en cuyo subsuelo se extiende el acuífero Guaraní. Señalamos cómo las empresas internacionales tienen injerencia en la toma de decisiones de las políticas públicas del sector energético que hoy apuestan por el desarrollo del gas. También analizamos la desregulación de los precios de los combustibles y el aumento de las importaciones. En relación a las corporaciones del sector, Pan American Energy y Axion Energy anunciaron su fusión y todos los caminos conducen a los paraísos fiscales.

— Boletín EJES Nº 14 – Octubre 2017 —

En Argentina y la región se registra un derrotero político de creciente violencia. Especialmente sobre aquellos y aquellas que obstruyan el camino del mercado. América Latina ya cuenta con la mayor cantidad de asesinatos en conflictos socioambientales a nivel global, donde proyectos de minería e hidrocarburos son la principal causa.

Hasta dónde llega el Estado de derecho y sus garantías para la población es una pregunta abierta. Hasta dónde el conflicto social será criminalizado, también. En este sentido, la agenda que empujan las empresas sobre Vaca Muerta ha ido virando a medida que obtuvo victorias (subsidios, marco regulatorio y la flexibilización laboral). Si bien cada punto debe actualizarse a medida que las compañías lo necesiten, es ahora donde la infraestructura y los conflictos sociales aparecen como los próximos temas a discutir, tal como señaló hace unos días en Neuquén, el CEO de Shell Argentina Teófilo Lacroze. En ambos casos el sector corporativo no confía exclusivamente en las capacidades estatales.

En cuanto a la infraestructura, la propuesta más clara son los acuerdos público-privados, herramienta que permite una gestión mixta de los activos. Tal instrumento es promovido fuertemente por el ministerio de Finanzas y forma parte de la agenda que discutirá el G20 el año próximo. En relación al  conflicto social (o “bloqueos” como lo denominó Lacroze), la estrategia es más difusa por los altos costos políticos que implica. El desalojo reciente de la comunidad mapuche Fvta Xayen y la reapertura de causas contra Campo Maripe en Neuquén pone en el ojo de la tormenta a las comunidades mapuche. Por lo pronto, la campaña mediática anti-mapuche está creciendo también en Neuquén, foco que ya había priorizado el mismo ministerio de Seguridad a fines del año pasado. Sin brindar cobertura previa, el portal corporativo iProfesional publicó cinco notas (1, 2, 3, 4, 5) en poco más de dos meses y el programa de Jorge Lanata hizo lo suyo en agosto. Una nota en Perfil cuantificó en US$ 60 millones el “costo mapuche”. Las organizaciones mapuche aparecen como preocupantes amenazas para el desarrollo de Vaca Muerta porque según el discurso mediático atentan de forma “cuasi mafiosa” con sus “intereses empresarios”.

Pero no todo se resuelve de forma tan sencilla sino que es producto de los conflictos y la lucha: Argentina tendrá que responder ante la ONU por las implicancias climáticas y de derechos humanos del Megaproyecto Vaca Muerta. Si bien sabemos que el gobierno de Mauricio Macri no es propenso a respetar el marco jurídico internacional de derechos humanos, también sabemos que necesitaremos todas las instancias de protección a nivel nacional e internacional.

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Soberanía energética vs. Capitalismo verde

Ayer presentamos el quinto número de la revista Fractura Expuesta. “Puntos de Fuga” busca sintentizar discusiones en torno a dos modelos contrapuestos para afrontar la crisis energética: por una parte las alternativas de los pueblos, por la otra el modelo neoliberal del gobierno macrista. Compartimos los principales elementos que surgieron en el debate, así como audios y fotos de la jornada. 

La publicación del quinto número de la revista del OPSur tenía como propósito revisar los principales debates que se dan en el segundo año de administración macrista, el denominado “año de las energías renovables”. La apuesta por estas últimas busca enverdecer la política energética, ocultando detrás el modelo privatizador y extranjerizador que viene de la mano con el plan RenovAr. Como parte del mismo paquete de lavado de cara “verde” está el modelo de gestión de los conflictos sociales y ambientales producidos por el extractivismo energético, ahora gestionado desde las propias empresas u ONGs que responden a estas.

Ante esta propuesta oficial se contraponen los discursos populares sobre el sistema energético: diversificación de fuentes bajo un control estatal, con participación de la clase trabajadora, entendiendo a la energía como un derecho humano. En ese marco se dieron los debates entre las y los expositores y el público presente.

La primera intervención corrió por parte de José Seoane, integrante del Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe (GEAL) y autor de uno de los artículos de la revista. “Una de las novedades que están presentes, es que hay toda una serie de dispositivos dirigidos a construir un tratamiento neoliberal de la cuestión ambiental. Y este tratamiento ha construido un nuevo paradigma a nivel internacional, que es el de la economía verde”, sostuvo en su intervención.

Seoane agregó que se ha querido instalar de que hay dos opciones: o la política negacionista de Trump, que niega el cambio climático o la economía verde. “Y esto es completamente falso. La economía verde es el dispositivo de tratamiento de la cuestión ambiental que promueven grandes sectores del capital europeo y norteamericano. Entonces hay que pensar las alternativas fuera de esta polaridad, y hay muchas, porque los pueblos han construido sus alternativas en la lucha contra el extractivismo”.

Escuchá la presentación de José Seoane

Luego fue el turno de Gabriel Martínez, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA). Martínez hizo hincapié en el avance del modelo neoliberal sobre la cultura laboral argentina vinculada al desarrollo de oficios que ordenaban la vida de las y los trabajadores y le deban una expectativa de mejor calidad de vida. “En la década del noventa todo esto se rompe, a través de la entrega a privados de la administración de las empresas públicas y la concesión de los recursos naturales”, señaló.

“Nosotros sostenemos que los bienes comunes en manos privadas constituyen desde el punto de vista social, una política absurda. Fue inventada únicamente para que las empresas tengan tasas de ganancia adicionales. Pero el Estado puede administrar sus áreas petroleras, desarrollar sus empresas de servicios públicos, garantizar el servicio publico y lograr tarifas mucho mas bajas de las que tenemos hoy. Esto sería hacerse cargo y cumplir con el derecho social a la energía“, agregó Martínez.

Escuchá la intervención de Gabriel Martínez

Por último la investigadora Ariana Ortega del Observatorio Petrolero Sur explicó los motivos por los cuales confrontan ambos modelos. De una parte la Soberanía Energética, entendida como un derecho humano colectivo ejercido por los pueblos, con una amplia participación de los y las trabajadoras del sector debido a que estos cuentan tanto con el conocimiento técnico, como con la mirada política social y ambiental. Por otra parte caracterizó al capitalismo verde como “un modelo que habla de la naturaleza y que no incluye a los seres humanos e incluso aparece como opuesta al mundo social. Evidentemente si las propuestas de transición no contemplan la justicia social y ambiental al mismo tiempo, no estamos hablando de alternativas viables ni justas”, sostuvo.

En esa línea se refirió a la implementación de energías renovables en el país, señalando que estas fuentes no significan necesariamente que van a ser más justas, democráticas o sustentables. Esto debido a que el modelo renovable “está direccionado a favor del lucro empresario. Y claro, además el sistema energético está altamente concentrado, es muy inquitativo, poco democrático y contaminante. Si no nos preguntamos ¿Energía para qué y para quién? No vamos a poder hacer una transición justa. El debate sobre energía no es solo de fuentes. Porque como es evidente a esta altura, las soluciones mágicas no existen y este nuevo fanatismo por lo renovable no lleva automáticamente a donde queremos llegar”.

Escuchá la intervención de Ariana Ortega

Escuchá las preguntas del público y respuestas del panel

Descargá Fractura Expuesta

 


El Estado argentino debe responder ante la ONU por la explotación de Vaca Muerta

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU le preguntó al gobierno nacional sobre cómo concilia la explotación de Vaca Muerta con el cambio climático y con el cuidado del medio ambiente y derechos a la vivienda, el agua, la salud y la alimentación de quienes viven en la región donde se extraen hidrocarburos no convencionales.

Por OPSur.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas realizó dos preguntas al Estado argentino vinculadas con la explotación del megayacimiento Vaca Muerta. La primera se vincula con la manera en que el gobierno nacional prevé hacer compatible esa explotación con la obligación de mitigar el cambio climático proveniente del Acuerdo de París. En un segundo momento, el organismo internacional interrogó sobre cómo evitará el impacto negativo en el medio ambiente y en los derechos a la vivienda, el agua, la salud y la alimentación de las personas que viven en la zona donde se extraen hidrocarburos no convencionales.

“Es un paso importante para el cuestionamiento internacional de Vaca Muerta. Fuera de las fronteras Argentinas se conocen únicamente los informe sobre la riqueza del megayacimiento pero nada se informa sobre los impactos socioambientales que está ocasionando la actividad. Además, debido al aumento de la violencia contra los defensores del medio ambiente y las comunidades indígenas registradas en la región, se necesita mayor protección”, evaluó Diego di Risio, coordinador del Observatorio Petrolero Sur, una de las organizaciones que promovieron estos cuestionamientos.

“El Comité deja en claro que los Estados tienen la obligación bajo los acuerdos de derechos humanos de la ONU de prevenir y reducir las emisiones adicionales de gases de efecto invernadero generados por la extracción y combustión de combustibles fósiles”, analizó Sébastien Duyck, abogado principal del Centro Internacional de Derecho Ambiental, otra de las promotoras.

Por su parte, Lucy Mckernan, de Global Initiative, sostuvo que “estas preguntas dirigidas a  Argentina revelan serias preocupaciones sobre la compatibilidad de las actividades extractivas en Vaca Muerta con las obligaciones de Argentina en materia de derechos humanos y, en particular, en relación con los derechos de los pueblos indígenas y la mitigación del cambio climático”.

Estos cuestionamientos son parte del trabajo de realización del informe 2018 del Comité. En el documento que se publicará el próximo año, el Comité se referirá al cumplimiento por parte de Argentina de los compromisos derivados del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Antes de junio de 2018, la gestión de Mauricio Macri deberá emitir una respuesta, tras la que el Comité dialogará con representantes gubernamentales antes de emitir las “observaciones finales”.

Las preguntas surgen de una presentación realizada por el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) de Argentina en conjunto las organizaciones internacionales Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Las últimas cuentan con sedes en la ciudad de Ginebra, Suiza.

Por su parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció en 1985 para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que Argentina ratificó en 1986. El Comité emitirá un informe sobre Argentina el próximo año y las organizaciones promotoras del pedido aspiran a que incluya esos dos ejes de preguntas al gobierno nacional.

Textuales de las preguntas dirigidas al Estado argentino:

  • Indique cómo concilia su objetivo de explotar combustibles fósiles no convencionales, como su proyecto en Vaca Muerta en Neuquén, con su obligación de mitigar el cambio climático como parte de la cooperación internacional en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales.

  • Sírvanse explicar qué medidas concretas ha tomado o se propone adoptar para evitar que la explotación de combustibles fósiles no convencionales, como su proyecto en Vaca Muerta en Neuquén, con técnicas como el fracking, no tenga un impacto negativo en el medio ambiente y en los derechos a la vivienda, el agua, la salud y la alimentación de las personas de la región.

Vaca Muerta