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Que no te confundan: el fracking no se puede regular

Pese a la evidencia existente en Estados Unidos y otros países sobre los impactos negativos e inevitables del uso de fractura hidráulica (fracking) para la extracción de hidrocarburos no convencionales (como aquellos que se encuentran en rocas de lutitas bituminosas o en arenas compactas), el gobierno sigue promoviéndola en México.

Aroa de la Fuente López, Investigadora del Programa Territorio, Derechos y Desarrollo en Fundar.- En su discurso, las autoridades públicas nos dicen que, bien regulada, se evitarán los daños de esta técnica sobre las poblaciones, el ambiente y el clima y, se promoverá un uso “responsable”. Con este argumento en mente, la Agencia de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente (ASEA) publicó en marzo de este año los lineamientos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente para proyectos de gas y petróleo no convencionales. Mientras que están en trámite de aprobación los lineamientos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) sobre uso de agua para este fin.

Sin embargo, la realidad es muy diferente ya que el fracking no puede ser regulado. Como señalan Eduardo D’Elia y Roberto Ochandio, ingenieros petroleros con larga experiencia en este sector, se trata de una técnica experimental. Lo que significa que, a pesar del monitoreo en superficie para controlar la evolución de las fracturas, no se puede evitar que alcancen zonas porosas y permeables, por fuera de la formación a fracturar.

De esta manera, los fluidos utilizados, altamente tóxicos, junto con hidrocarburos de formación y otras sustancias presentes en el subsuelo, incluyendo metales pesados y elementos radioactivos, se escapan y llegan a los acuíferos, la superficie e, incluso, la atmósfera.

Su carácter experimental también implica que no se puede evitar la comunicación de las tremendas presiones a través de cañerías o cementaciones, las cuales se fisuran y rompen, lo que supone otra fuente inevitable de contaminación.

Por su parte, la revisión realizada en 2015 por las asociaciones Concerned Health Porfessionals de Nueva York y Physicians for Social Responsability de los estudios realizados por la industria, así como de análisis independientes, indica que, con los materiales y la tecnología que están disponibles en este momento, no pueden evitarse los problemas de ingeniería inherentes a este método; los cuales incluyen sismos antropogénicos, fugas de metano y deterioro del revestimiento y la cementación de pozos.

Asimismo, su examen de la literatura médica y de salud pública avalada por expertos y expertas no encontró pruebas de que la fractura hidráulica pueda llevarse a cabo de forma que no amenace la salud humana. Con base en esta evidencia, ese mismo año el estado de Nueva York prohibió el fracking en su territorio, con el objetivo de proteger la salud de la población, el agua y el ambiente.

“Su carácter experimental también implica que no se puede evitar la comunicación de las tremendas presiones a través de cañerías o cementaciones, las cuales se fisuran y rompen, lo que supone otra fuente inevitable de contaminación”.

Para entender qué significa esto en la práctica y cuáles están siendo las consecuencias del fracking en Estados Unidos, país donde esta técnica está sujeta a diferentes tipos de regulación, bastan algunos de los datos incluidos en el informe de 2015 de Food & Water Watch“Por qué es urgente prohibir el fracking”. En cuanto a la contaminación del agua, solo en Colorado se han reportado alrededor de 2,500 fugas desde principios de 2010, de las cuales 6% contaminaron aguas superficiales y 17% aguas subterráneas.

Mientras que en Dakota del Norte, la industria del petróleo y el gas también informó en 2011 de más de mil derrames. Ello pone en peligro las fuentes de agua para consumo humano y su uso en otro tipo de actividades, como la agricultura. De esta manera, el fracking vulnera el derecho humano al agua y a la alimentación.

Asimismo, esta técnica supone la emisión al aire de contaminantes peligrosos que incluyen dióxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas y compuestos orgánicos volátiles (COV), tales como los hidrocarburos benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos (BTEX), y diversos hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), los cuales tienen serias implicaciones para la salud.

Por su parte, los residuos sólidos producidos por la técnica pueden dar lugar a la obstrucción de rellenos sanitarios y a derrames de lixiviados (líquidos producidos por la descomposición de la basura o por lavado de la misma por las aguas de lluvia) con diferentes contaminantes, entre ellos materiales radiactivos. Debido a que la vida media del radio 226 es de 1600 años, este tipo de derrames contaminan el suelo circundante y las cuencas hidrográficas durante siglos. Todo ello, amenaza el derecho a la salud de las poblaciones presentes y futuras, así como el de vivir en un medio ambiente sano. Derechos todos ellos que el Estado mexicano debe garantizar.

Por todas estas razones, varias organizaciones y colectivos han levantado su voz para denunciar los intentos de regulación de esta técnica en México, dada la imposibilidad de que, a través de la misma, se puedan evitar los daños y poner en peligro la vida. Por su parte, la Alianza Mexicana contra el Fracking publicó un comunicado en que señala que los lineamientos de ASEA y Conagua son “inefectivos para evitar los impactos irreversibles y daños irreparables a causa del fracking, jurídicamente débiles e inoperables”.

Mientras que desde otros frentes se está promoviendo una petición para demandar que no se autorice el uso de agua para este fin en el país. Todas estas acciones tienen como común denominador la exigencia de que el fracking sea prohibido en México, como única vía para evitar sus afectaciones negativas, tal como lo han hecho ya Francia, Bulgaria e Irlanda, entre otros países.

Desde este espacio y por las razones expuestas, respaldamos esta exigencia y les invitamos a sumarse a la misma. La defensa de los derechos humanos y el ambiente es algo que nos atañe a todas y todos y solo de manera colectiva lograremos dar los pasos que para ello se requiere.

*Este contenido representa la opinión del autor y no necesariamente la de HuffPost México.

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Salto: 1er. Foro Regional en Defensa del Acuífero Guaraní

1er. Foro Regional en Defensa del Acuífero Guaraní XVII Foro Regional contra el Fracking

PERFORACIONES PETROLERAS AMENAZAN AL ACUÍFERO GUARANÍ

El Sistema del Acuífero Guaraní está siendo amenazado en Uruguay por un plan de  perforaciones en busca de hidrocarburos de la empresa petrolera Petrel Energy que puede contaminar en forma irreversible los suelos y los depósitos subterráneos que conforman la segunda mayor reserva de agua potable del planeta.

Organizaciones uruguayas y argentinas nos reunimos el sábado último en la ciudad de Salto para analizar esta situación y definir las acciones a realizar en consecuencia. El evento fue inaugurado por el Intendente departamental, Andrés Lima, quien manifestó su rechazo a la posible utilización del ‘fracking’ en la región del Acuífero Guaraní.

Las perforaciones de Petrel surgen del contrato de exploración y explotación firmado en 2012 por ANCAP con la firma estadounidense Schuepbach. Ese contrato incluye tanto hidrocarburos convencionales como no convencionales que sólo son extraíbles por la técnica altamente nociva de fracturación hidráulica o ‘fracking’.

La semana pasada, el gobierno uruguayo anunció tardíamente la decisión de apoyar una moratoria del ‘fracking’ en el país por cuatro años. No es una solución, porque mantiene latente esa posibilidad y, mientras Uruguay no tenga una norma que lo prohíba, la petrolera puede apelar al contrato para realizar la explotación.

Además, ese contrato admite un arbitraje internacional en caso de divergencias entre Schuepbach y el Estado uruguayo. El Articulo 19 del Código de Minería, que rige a los hidrocarburos, establece que los litigios, sin excepción, deben dirimirse bajo la jurisdicción nacional y que cualquier disposición en contrario es nula. 

Hemos demostrado que, si bien estas perforaciones en Paysandú, Tacuarembó y Salto corresponden a una etapa de estudio, igualmente pueden contaminar el Acuífero. Y aunque se argumente que esto no es ‘fracking’, es obvio que estas perforaciones están preparando el terreno para esa posibilidad.

Las explicaciones de la Dinama para justificar la autorización de las perforaciones y no realizar audiencias públicas solicitadas desde las poblaciones no han sido suficientes. Estas perforaciones no son algo similar a la búsqueda de agua, como dijo el director Alejandro Nario, y no se da información clara de los químicos utilizados.

Schuepbach importó unas 168 toneladas de químicos para usar en las perforaciones, muchos de los cuales requieren un tratamiento especial por ser peligrosos para el ambiente. Pedimos informaciones a la Dinama sobre la aplicación y el destino final de estos productos, pero no hemos recibido respuestas satisfactorias.

En Argentina y Brasil, más de 300 municipios, la provincia de Entre Ríos y el Estado de Paraná  han prohibido el ‘fracking’. En Uruguay, seguiremos  promoviendo una ley que prohíba en forma definitiva esta tecnología y no detendremos las movilizaciones de la sociedad civil hasta que se suspendan también las perforaciones. 

El Acuífero Guaraní no es un patrimonio de una localidad ni de una nación. Más allá incluso de los cuatro países que lo compartimos, constituye un valor primordial para la Humanidad por la gigantesca reserva de agua que contiene, su ambiente y el sostén de la Vida en el planeta. Defenderlo es un deber al que no renunciaremos.

Salto, 12 de agosto de 2017.

Coordinadora Ambiental Todas las Manos

Coesus Latinoamericana contra el Fracking

Foro Regional Contra el Fracking

Asociación Civil Ambientalista de Salto

Asamblea Ciudadana Concordia

Asamblea Popular Ambiental Colón-Ruta 135

Grupo Gensa de Paysandú

Paysandú Libre de Fracking

Paysandú Nuestro

Secretaria de Ambiente “Waj Mapu” -Seccional Federación- AGMER

Tacuarembó Por el Medio Ambiente

350.org Argentina

Rivera por la Vida Sustentable y el Agua

Uruguay Libre de Megaminería

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16/08 | Catriel: “Extractivismo petrolero y energías extremas”

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Catriel, 16 de agosto de 2017. Jornada de formación pedagógica – sindical, destinada a docentes de todos los niveles afiliadas y afiliados a UnTER. Declarada de Interés Educativo Provincial por Resolución 2191/17. Duración 18 horas cátedra. Modalidad presencial. Dictado a cargo de investigadores y coordinador del Observatorio Petroleo Sur.

Catriel: Programa (ver en pdf)

Inscripción y dictado

  • Seccional UnTERFormosa 557, Catriel

Horario

  • 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00.

Responsables del dictado 

Contenidos

  • Módulo I: La acumulación por desposesión como mecanismo actual y permanente. El extractivismo en la Argentina y la acumulación del capital desde la Patagonia. Las energías y las infraextructuras extremas, un nuevo proceso de acumulación por desposesión.
  • Módulo II: La matriz energética nacional y sus impactos en la historia. La expropiación parcial de YPF como motor de la expansión de los hidrocarburos no convencionales. Vaca Muerta y la caída del precio internacional del barril y relentización.
  • Módulo III: El megaproyecto Vaca Muerta y las nuevas conflictividades. Ciudades, comunidades indígenas, zonas frutihortícolas e hidrocarburos.

 Organiza


Extreme. The New Frontiers of Energy Extractivism in Latin America

We want to bring you the “Extreme newsletter: New frontiers of energy extractivism in Latin America”, which gathers articles published between September and December 2016 on the website of Oilwatch Latin America. It tries to put into dialogue different approaches to extreme energy, to contribute to critiques of fossil civilization and to reaffirm the urgency of building alternatives.

We hope the work lives up to these goals.

Contents.

What do we Understand by Extreme Energy?  4.

Anihilating Space Through Time  10.

Biotechnology in the Service of Extractivism  20.

Blowing up the Ocean  26.

Pre-salt: Extreme Energy from the Entrails of the Earth  34.

An Iceberg Called “Vaca Muerta”  44.

Colombia: “Heavies” Expand the Extractive Frontier  54.

Violence as a Model  64.

Extreme Orinoco: The Oil Belt and the Mining Arc, High Risk Extractivism  74.

Coal 2.0: Another Chapter in the Latin American Unconventional Plot  82.

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El macrismo apunta todo al fracking y a bajar el consumo interno

Por Marcelo García (Especial para El Extremo Sur).

El retroceso de la economía, la parálisis industrial y la caída del consumo en el mercado interno tienen un claro correlato en el plan energético del macrismo.

La matriz del uso de la energía aumentó en el consumo de petróleo importado y sigue sin solucionarse el déficit de generación de gas natural. El fracking en Vaca Muerta es la prioridad principal y las energías renovables mantienen su escasa incidencia.

La recesión económica que cierra las posibilidades de consumo masivo de importantes sectores de la población, se mantiene en base a la alta inflación, la constante devaluación del peso, el permanente aumento de las tarifas, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, conjuntamente con la destrucción de empleo tanto en el sector formal como en el trabajo en negro.

El plan económico instrumentado por el presidente Mauricio Macri tiene su vinculación directa con el área energética, donde se observa un estancamiento del consumo durante el año 2016, retomándose la caída de la producción de petróleo y un leve aumento en la extracción de gas.

La proliferación del consumo y el aumento del consumo, no viene siendo prioridad para la gestión macrista. Por el contrario, ha dado clara muestras de querer bajar el uso del gas en los sectores domiciliarios a través del duro impacto que causaron los tarifazos; pero tampoco se observa que los objetivos apunten hacia un mayor uso de los combustibles fósiles en la producción industrial nacional. Ni que hablar del abastecimiento del gas por redes a los miles de hogares que aún se calefaccionan o cocinan con leña y garrafas.

Desde la asunción de Macri y el nombramiento del ministro de Energía Juan José Aranguren se detecta una política energética que no tiene como prioridad la ampliación del mercado interno, poniendo su centro de expansión en la explotación de los recursos no convencionales como los de Vaca Muerta y que a priori no tienen como prioridad cubrir un posible incremento del mercado nacional, sino más bien sumarse al contexto internacional como un gran exportador de gas y crudo obtenido con la técnica del fracking.

Por los pasos dados en los primeros 18 meses de gestión macrista, puede inferirse que la prioridad es achicar el consumo del mercado interno, revertir el déficit energético propiciado por la compra de gas en el exterior; y convertir a la Argentina en un fuerte jugador del comercio mundial de energía.

Si a esas políticas se le suman las vinculadas con los nuevos convenios colectivos de trabajo para los trabajadores petroleros de las Cuencas Neuquina y del Golfo San Jorge, que apuntan esencialmente a bajar los costos laborales e incrementar la productividad, la ecuación macrista cierra a la perfección con los planes de las operadoras petroleras multinacionales.

Por ahora la YPF con mayoría accionaria estatal, tiene un papel para cumplir en el terreno de aplicar dichas políticas en los yacimientos no convencionales y abrirles las puertas de Vaca Muerta al conjunto de las multinacionales petroleras, pero no habría que descartar que en un futuro no muy lejano pueda ingresar entre las empresas a ser privatizadas en su totalidad.

Estancamiento del consumo

Al inicio del siglo actual, el consumo energético del país representaba 58,8 millones de toneladas equivalentes de petróleo; pero entre la crisis de 2001 y 2005 casi no se generaron variaciones importantes, llegando a un total de 62,2 millones de la misma unidad que representaron un pequeña variación del 5,8% según los datos relevados por British Petroleum en su informe anual llamado Statistical Review of World Energy.

Cuando la economía comenzó a recuperarse promediando los años de kirchnerismo, el consumo de energía aumentó notablemente y pasó de aquellos 62,2 millones de toneladas equivalentes de petróleo a un total de 80,4 millones, mostrando una suba del 30% para el año 2011. De ahí en adelante el consumo energético fue creciendo de manera constante en un promedio anual de 2 millones de toneladas que significaron una variación que rondó entre el 2 y el 3%.

Pero desde la llegada del macrismo al gobierno el consumo total de energía en el país se estancó, reflejando la recesión económica y los problemas laborales y de consumo que se soportaron durante todo el primer año de la gestión de Cambiemos.

En el último año de gobierno de Cristina Kirchner, el consumo de energía nacional fue de 88,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo y en el primero de Mauricio Macri fue de 88,9 millones, expresando con absoluta claridad el estancamiento de la economía del país.

Ese 0,2% de insignificante movimiento que se produjo en el 2016 se tradujo en que la industria se estancó y experimentó un retroceso en su actividad como consecuencia de la contracción de la economía y la pérdida del poder adquisitivo de amplios sectores de la población. El consumo domiciliario de la energía se mantuvo estable y no se observa que haya vecinos desconectándose a la energía eléctrica o la gasífera, aunque sí hay un proceso de ahorro por los altos costos impuestos tras los tarifazos.

La primera mitad del año en curso no muestra elementos de recuperación de la economía, sino que por el contrario sigue cerrando empresas, incrementándose los niveles de pobreza y desempleo, debiendo esperarse para finales de año que el consumo energético siga estancado o que inclusive experimente por primera vez varias décadas un retroceso.

Consolidación de la matriz energética fósil

La conformación de la energía consumida en el país sigue siendo esencialmente fósil, basada en el petróleo y gas. Esa matriz energética ha sufrido fluctuaciones a lo largo de las últimas dos décadas, inclinándose notablemente hacia el uso del gas por encima del crudo, pero sin desarrollar notoriamente las energías renovables o las vinculadas la hidroeléctrica o la nuclear.

Históricamente la matriz energética nacional se ha basado en los combustibles fósiles y así se mantiene en la actualidad, aunque podría esperarse que si se concreta la construcción de una nueva central nuclear en la Patagonia -tal como lo impulsa el gobernador rionegrino y el propio Gobierno nacional- podría incrementarse la incidencia de este tipo de energía.

Una situación similar podría suscitarse con las energías renovables a partir de los varios parques eólicos y algunos solares que fueron licitados y se construirían en los próximos años.

Más allá de las perspectivas inciertas sobre las energías renovables, lo cierto es que ni el kirchnerismo ni el macrismo han introducido cambios sustanciales en la vertientes que alimentan el movimiento energético del país, menos aún que apunten a un consumo mas sustentable en base a energías limpias.

Tras más de una década bonanza económica generada por los altos precios internacionales de los comodities (con promedios del petróleo a 100 dólares por barril o la soja a 600 dólares la tonelada), el uso de la energía se mantuvo tal como siempre, basándose en los recursos fósiles concentrados en el petróleo y el gas.

A lo largo de los últimos 17 años, el gas mantuvo una incidencia entorno del 50% del abastecimiento energético; mientras que el petróleo incrementó su influencia en un 6%, y significa el 36% del total de la energía que se consume en el país. Del gas y el crudo surgen las dos principales fuentes energéticas y acaparan el 86% del total consumido en el país.

La fuentes de energía hidroeléctrica se mantuvieron estables desde 2000 y representaron en promedio el 11% de la matriz energética, aunque en 2016 retrocedieron hasta representar el 9,8% del total.

La cuarta fuente de abastecimiento energético de importancia corresponde a la energía nuclear que en 2000 representaba el 1,4% de la matriz; pasando a abarcar el 2,9% en 2005;  retrocediendo nuevamente al 1,5% en 2015 y trepando al 2,1% en 2016. Esa tendencia se incrementaría notablemente si se construye la central nuclear en la Patagonia (ver informe en páginas 12-13).

Aunque con una incidencia escasa, el carbón sigue siendo a partir de los yacimientos de Río Turbio una fuente minoritaria de la matriz nacional. Su porción de la torta energética se mantuvo en promedio cercana al 1,2%, con variaciones descendentes en los años 2012 y 2013, pero una suba al 1,7% en los años 2014 y 2015. El año pasado retornó a su nivel del 1,2% del total.

Por más anuncios rimbombantes que se vienen haciendo desde varios años, las energías renovables como la eólica y solar tienen un efecto casi inexistente en la matriz energética nacional. Eso demuestra el absoluto desprecio que han tenido los últimos gobiernos, sin excepción, para el desarrollo de las energías limpias.

Hasta principios de la década actual, las renovables no movían el cero en la matriz y recién en 2011 comenzaron a representar el 0,6% de toda la energía utilizada en la Argentina. El punto más elevado se alcanzó en 2014, cuando casi se llega al 1%; pero en 2016 se retrocedió nuevamente al 0,8%.

Un cambio sustancial en la normativa de las renovables impuso la denominada Ley Guinle, redactada e impulsada por el recientemente fallecido senador nacional por Chubut y ex intendente de Comodoro Rivadavia. Allí se estableció que en el 2017 se deberá cubrir un 8% de la energía consumida en el país con las renovables, lo que parece casi imposible de cumplir este año, y que elevará al 20% la meta para el año 2025.

Más gas subsidiado y petróleo importado

Para cubrir la constante demanda energética que se produjo desde principios de la década, el kirchnerismo se convirtió en un importador neto de gas natural desde Bolivia y gas natural licuado desde Trinidad y Tobago.

La pérdida del autoabastecimiento energético fue cubierto con un importantes cantidades de dólares que desembolsó el Estado nacional a través de Enarsa para concretar esas importaciones. La baja en la producción gas no se detuvo ni siquiera con las múltiples formas de subsidio que se vienen instrumentando desde hace varios años y de ahí que la necesidad de abastecer al mercado interno haya sido cubierta con importaciones.

Para el año 2000 la producción gasífera del país era de 38,1 billones de metros cúbicos anuales y su tendencia creciente se mantuvo hasta el 2006 cuando se llegó a los 46,1 billones; de ahí en adelante la extracción de gas comenzó a declinar de manera constante 35,5 billones extraídos en los años 2013 y 2014.

Recién en 2015 se logró incrementar a 36,5 billones de metros cúbicos y con los aumentos subsidiados al gas en boca de pozo (7,5 dólares por millón de BTU) que instrumentó el macrismo, la producción trepó a los 38,3 billones. Los números demuestran con meridiana claridad que las operadoras aumentan o bajan sus niveles de producción en función de los precios internacionales y sólo los subsidios estatales al capital privado consiguen que la extracción incremente sus niveles; y así todo los volúmenes apenas se aproximan a los ritmos productivos de principio de la década.

En el terreno del gas, durante el kirchnerismo se produjo la combinación de un aumento del consumo energético con un descenso de la producción gasífera, y dicho déficit fue suplantado con las importaciones. En 2005 las compras de gas en el exterior llegaron a 145 millones de dólares, pero treparon a casi 3.000 millones de dólares en 2011 y alcanzaron el récord en 2014 con la notable suma de 5.800 millones de dólares en importaciones gasíferas costeadas por el Estado.

En 2015 las importaciones bajaron a los 3.500 millones de dólares como consecuencia del aumento productivo subsidiado en los yacimientos nacionales, pero con la llegada del macrismo las compras al extranjero descendieron a casi la mitad y los 1.800 millones de dólares utilizados para comprar gas importado respondieron a una política nacional de estancar el consumo y reemplazar el déficit de la balanza comercial energética por la vía del subsidio estatal para la producción gasífera en el país.

Dentro de ese panorama de desabastecimiento, la producción de petróleo decreció notablemente en los últimos 20 años y solo logro frenarse con el mismo método del subsidio estatal a las empresas multinacionales del sector. Ese panorama que lleva dos largas décadas comenzó a traducirse en importaciones petroleras que aumentan año a año y que con el actual gobierno de Macri parecen convertirse en una política de Estado para reemplazar el déficit petrolero.

Producción petrolera en descenso

En medio de la crisis del 2001 se produjo el pico más elevado de la producción nacional de crudo en el país, al alcanzar los 924 mil barriles diarios; pero de ahí en adelante el descenso fue constante. Para 2014 y 2015 la producción petrolera había bajado un -30% y se estancó en los 641 mil barriles diarios, aunque el año pasado volvió a caer a los 619 mil barriles por día, reflejando una nueva caída del -3% y llegó a los 619 mil barriles por día.

Desde 2012, el país comenzó a importar petróleo por 133 millones de dólares, una suma relativamente exigua pero que bien podría ser reemplazada por crudo nacional que no se extrae de las cuencas productivas. En 2013 llegaron a los 255 millones de dólares y al año siguiente alcanzó el récord importado por una suma de 321 millones de dólares.

En 2015 las importaciones de crudo bajaron a los 125 millones de dólares y con la llegada del nuevo gobierno, que parece apuntar al libre mercado comprando mayores cantidades en el extranjero, ascendieron en un 114% y llegaron a los 270 millones de dólares.

La fuerte impronta para la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta tranquilamente podría conquistar el autoabastecimiento del deprimido mercado interno nacional, pero la estrategia macrista hace pensar que la prioridad estará puesta en la exportación como uno de los ejes centrales de los hidrocarburos obtenidos a través de la técnica del fracking en la Cuenca Neuquina.

¿Se cumplirá con la Ley Guinle de renovables?

A finales de año las energías renovables deberán representar el 8% de la matriz energética nacional, así lo estipula la Ley que elaboró el recientemente fallecido Marcelo Guinle, senador nacional durante 14 años.

La enorme diferencia sobre el panorama existente hasta el año pasado y la meta que se debe alcanzar el 31 de diciembre, genera una enorme duda, ¿se llegará a cubrir la cuota de generación de energías renovables?

A finales de septiembre de 2015 fue aprobada en el Senado la Ley 27.191 que elaboró el legislador chubutense por el Frente para la Victoria, Marcelo Guinle. Recién en abril del año pasado fue reglamentada por el Poder Ejecutivo a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 531.

La “Ley Guinle” estableció pautas a cumplir por el Estado en la modificación de la matriz energética nacional, estipulando que en para fin de año las energías renovables deben representar el 8% del total de la matriz energética nacional; mientras que para el año 2025 la cuota de energías renovables deberá alcanzar como mínimo el 20% de la generación energética total de la Argentina.

El exiguo 0,7% de renovables que se generaron en la matriz energética del 2016 hace pensar que alcanzar la pauta prevista para este año será un objetivo muy difícil de lograr, mucho más aún si se observa la política energética de la actual gestión macrista, donde las prioridades están focalizadas en Vaca Muerta y no en las energías limpias.

Solo para comparar lo que sucede con Argentina respecto del resto del continente y del mundo, es necesario reflejar que el país se encuentra bastante por detrás del promedio mundial de energías renovables que totalizaron en el 2016 el 3,2% de la matriz energética planetaria.

Respecto de Latinoamérica, las diferencias son aún más pronunciadas porque por ejemplo Brasil alcanzó el 6,4% de renovables; Chile posee un 6,2%; e inclusive Perú superó a la Argentina con su 2,2% de la matriz.

En el contexto mundial, Estados Unidos produce el 3,7% de su energía a través de las renovables; mientras que China, el gran consumidor del mundo, solamente posee un 2,8% de energías limpias.

Europa es el continente más avanzado en el terreno de las energías renovables con un 5% de su matriz energética y al anterior de la región el liderazgo le corresponde a Dinamarca con el 23,7%, seguida por Portugal 14,3%. Finlandia llegó el año pasado al 12,4%; mientras que Alemania, España y Suecia conquistaron el 11,7% del total energético consumido en cada una de sus matrices energéticas.


Descargá los materiales del seminario web “Vaca Muerta”

Si tuviste la oportunidad de participar, esperamos que los temas presentados hayan sido de tu interés.  Si no pudiste participar, o si te interesa tener la información, aqui encontrarás la grabación y las presentaciones del seminario.
 
Si aún no conoces a la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, nos gustaría presentarnos: somos una red de organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil que coordina acciones para lograr una América Latina libre de fracking. Te invitamos también a conocer más y a acceder al Informe Regional Última Frontera.


Ante la autorización a El Trebol SA para realizar fracking

Malargüe, Mendoza, 07 de agosto de 2017.

Comunicado de la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe

Ante la información publicada en diversos medios de comunicación, referida a la autorización del gobierno provincial para explorar y explotar petróleo por parte de la Empresa El TREBOL S.A., en el área Puesto Rojas, distante a escasos kilómetros de la ciudad de Malargüe y del río Salado que forma parte de la cuenca del Atuel, mediante el método de “fractura hidráulica – fracking” en 4 cuatro pozos: “PETRE.MD.N.CP-1013”, “PETRE.MD.N.CP-1015”, PETRE.MD.N.CP-1017 y pozo “YPF.Md.Nq.PR-59”. La Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe, repudia y rechaza esta decisión ya que:

  • Viola la Ley Nacional 25.675. que establece instancias obligatorias como Estudio de Impacto Ambiental, audiencia pública, los respectivos dictámenes técnicos sectoriales y el principio precautorio.

  • Resulta vergonzosa, la actitud del actual gobierno y la de los actuales funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, al argumentar que por “tratarse de pozos que ya existían y fueron explotados de manera convencional, sólo bastaba una resolución interna (789/17) para dar inicio al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”, cuando en realidad se trata de un proyecto completamente diferente al cual esos pozos fueron perforados. Siendo además una empresa diferente la que lo lleva a cabo, de capitales suizos (país donde esta actividad contaminante está prohibida).

  • Se desconocen los reales impactos de este proyecto ya que el organismo que realiza la Evaluación de Impacto Ambiental (Fundación CRICyT) efectuó una parte de la evaluación. No se contempla la perforación y terminación de los pozos que ya ha sido aprobado. Desconociéndose públicamente hasta la fecha el estudio de dicha evaluación.

  • No se han tenido en cuenta los impactos en el paisaje, la flora, fauna, ni en la actividad ganadera tradicional. Tampoco se plantean medidas de remediación a mediano y largo plazo, una vez concluido el proyecto.

  • Este método de extracción, fracking, es una modalidad de explotación que aún no se encuentra regulada en la legislación mendocina y además, está prohibida por su gran impacto ambiental en más de 12 (doce) países de Europa y gran parte de Estados Unidos.

  • Los dictámenes del Departamento General de Irrigación y la Fundación CRICyT (una entidad privada) que pretenden avalar técnicamente este proyecto, concluyen sosteniendo que “los trabajos a desarrollar podrían afectar las fuentes y la calidad del recurso hídrico subterráneo y superficial” (folio 8 pag´Nº7, de la resolución Nº813). No obstante, dichos organismos aprueban este proyecto.

  • Qué es la misma empresa TREBOL S.A., la que deberá realizar el monitoreo del recurso hídrico subterráneo y no un organismo diferente. Sembrando serias dudas acerca de la credibilidad de estos análisis. Dejando una vez más, el Estado en manos de los privados e interesados en el negocio extractivista, el control de los impactos ambientales, en este caso, el agua nuestro bien más preciado.

Por lo expuesto, La Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe:

-Rechaza públicamente la autorización “como prueba piloto” del gobierno provincial de la explotación petrolera no convencional (fractura hidráulica- fracking) en el departamento de Malargüe, utilizando importantes cantidades de agua del río Salado, afluente principal de la cuenca del río Atuel.

-Alerta a la comunidad que se trata de una actividad altamente contaminante que podría afectar directa e indirectamente: los acuíferos locales por el uso de productos químicos tóxicos; el aire por la emisión de productos químicos y liberación de gases de efecto invernadero como el metano; el suelo, la fauna, flora y la salud de los pobladores cercanos al área petrolera de Puesto Rojas. Además de impactar negativamente en la actividad ganadera y el turismo.

-Hace más de 40 años que se extrae petróleo en Malargüe, a lo largo de estas décadas hemos sido testigos de los numerosos accidentes y denuncias por impactos ambientales que genera esta actividad, y de la incapacidad para controlarlos por parte del Estado. Siendo escasos los beneficios para los legítimos habitantes de estos territorios(los puesteros), donde se practica la explotación hidrocarburífera, quiénes ni siquiera se ven favorecidos como parte de la mano de obra que insume el sector.

Por lo expuesto, exigimos a la brevedad:

-Que estos territorios no sean saqueados y contaminados, por la extracción petrolera no convencional (fracking) y la minería a gran escala que destruyen la vida y los bienes comunes. Enfrentando a los pueblos, mientras las empresas se enriquecen y empobrecen a nuestros pobladores.

-El respeto hacia las comunidades locales que viven en estos territorios afectados por el extractivismo.

-La promoción con políticas de Estado eficaces, de las actividades culturales y económicas más sustentables, como la ganadería y el turismo.

-La protección de nuestra vida, nuestros bienes comunes como el agua, la tierra, el aire, la fauna, la flora, los recursos naturales y el buen vivir de quienes habitamos estos territorios.

-La implementación del principio precautorio ante esta actividad, sin que seamos usados como “prueba piloto” para establecer si los resultados son contaminantes o no.

Denunciamos y repudiamos la reiterada intención del gobierno provincial y nacional de imponer en nuestro departamento actividades extractivas contaminantes, que NO apuntan al desarrollo local ni al bienestar, como el fracking y la megaminería, cuando ni siquiera es capaz de controlar la explotación petrolera convencional.

Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe.

Adhieren a este comunicado:

Asambleas Mendocinas por el agua Pura (AMPAP)


Mendoza: El Fracking Mata. El Gobierno Miente.

Comunicado de Prensa ASAMBLEAS MENDOCINAS POR EL AGUA PURA (AMPAP)

Este miércoles 9 de agosto, a partir de las 18 horas, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) nos concentramos en la puerta de la Legislatura de Mendoza para rechazar los intentos de avance del fracking en Mendoza por parte del gobernador Alfredo Cornejo y sus funcionarios. Por esto invitamos al conjunto del pueblo mendocino a manifestarse contra estas políticas que ponen en riesgo nuestro medio ambiente y, en particular, el agua de Mendoza y de las provincias de La Pampa y Neuquén.

Una vez más el gobierno miente. Alfredo Cornejo en su campaña electoral dijo: “todo dentro de la ley”. Sin embargo, parece que olvidó su compromiso de campaña al estar fuera de la ley; pero entendemos que es materia corriente en la política profesional, donde la palabra tiene un precio de mercado y se subasta al mejor postor. Como sea: “El agua de Mendoza no se negocia”, es base para la vida y es fundamental para nuestro presente. Porque el agua no es una mercancía, aunque los distintos gobiernos traten de hacer negocios a partir de ella. Con el método del fracking, el agua de nuestra tierra está en riesgo de contaminaciones irreversibles, por más que el Subsecretario de Minería de Mendoza, Emilio Guiñazú, declare en algunos medios de difusión que no hay datos certeros sobre la contaminación del fracking. La realidad muestra todo lo contrario, por la escala brutal de este método extractivo, que ha encontrado en el corazón del desenfreno petrolero: la ciudad de Dish, Texas, EEUU, los impactos pueden ser irreversibles. Este es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias, ya que se encontraron en el agua, índices mucho mayores a los permitidos de benceno, tolueno y xileno. Consecuencias como estas han llevado a prohibir el fracking en 72 ciudades de Brasil. También ha sido prohibido en países como Alemania, Escocia, Francia. Irlanda del Norte y Bulgaria.

También, en ciudades como Lancashire (Inglaterra) y Ohio (Estados Unidos) han paralizado las prospecciones y explotaciones al notarse un aumento de los terremotos en las zonas fracturadas. Mendoza es una zona sísmica, y este riesgo exige por ley un Estudio de Impacto Ambiental pormenorizado, y la correspondiente Audiencia Pública. Ante cualquier intento de proyecto en materia de extracción de no convencionales, así sea para utilizarlo solamente como método para reactivar pozos parados resulta fundamental respetar la legalidad vigente en todas sus etapas.

Sin embargo, el gobierno provincial trata de avanzar con explotaciones de no convencionales a base de fracking en el yacimiento de Vaca Muerta en Mendoza, que corresponde al sur de Malargüe, y que es emblema de la entrega de nuestros bienes naturales a manos privadas. Esta misma política la sostuvo el gobierno de Cristina Fernández con el acuerdo con Chevron y la famosa cláusula secreta. El actual gobierno de Mauricio Macri la continúa, al abrir el juego a mayores inversiones extranjeras en el mismo proyecto de Vaca Muerta. El gobierno provincial, en tanto, avanza sin importarle las consecuencias y evade la legalidad vigente. Guiñazú, desde Minería, ha salido a saludar la inversión de El Trébol s.a. en Malargüe. El Secretario de Ambiente de Mendoza, Humberto Mingorance, ha mantenido un silencio hermético; y Eduardo Sosa, otrora líder de OIKOS Red Ambiental y actual funcionario de la cartera de Ambiente, sólo atinó a desconocer lo que estaba pasando. Cornejo, Guiñazú y Mingorance son responsables de violar la legalidad vigente, y de poner en riesgo el medio ambiente y el agua de Mendoza. Los conflictos que pueden vislumbrarse a corto y mediano plazo, y las consecuencias sociales, económicas y culturales no sólo son para Mendoza, sino también para La Pampa y Neuquén, provincias que tampoco han sido consultadas.

El proyecto se autorizó a través de la Resolución 813 de la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y desde esa propia cartera se juega a desconocer qué pasó. Además compartimos un punteo de temas que no se han tenido en cuenta:

– Este proyecto debería haber sido presentado junto a una manifestación de Impacto Ambiental ya que la empresa de capitales suizos utilizará el fracking como método extractivo.

– Se debería haber hecho una consulta a los/as afectados/as directos/as de este proyecto.

– Se tendría que haber llamado a una audiencia pública.

– Irrigación debería haber intervenido sectorialmente ya que se utilizarán grandes cantidades de agua, además de los riesgos ciertos de contaminación del agua de riego, e incluso el agua para consumo humano.

– El consumo de la fractura hidráulica ronda entre los 15 mil y 30 mil metros cúbicos de agua dulce para el funcionamiento de un sólo pozo; esto impacta directamente sobre el río Atuel, el mismo que está en conflicto con la provincia de La Pampa. En el mismo sentido de lo inconsulto de este proyecto, se obvió el Informe Sectorial de la Subdelegación de Aguas del Río Atuel, de Irrigación.

– Para lograr el fracking se inyectan grandes volúmenes de agua y el porcentaje de retorno es variable (puede ir del 15 al 80%), mientras que el resto queda bajo tierra, donde los aditivos (sustancias tóxicas y cancerígenas) que se aplican quedan en contacto con las napas subterráneas de los territorios afectados. Esto pone en manifiesto riesgo de contaminación tanto las aguas superficiales del río Atuel como los acuíferos subterráneos.

Este miércoles nos concentraremos frente a la Legislatura de Mendoza para exigir se anule esta resolución para que el fracking no aceche nuestros territorios, para que nuestra tierra, nuestro aire y nuestra agua no estén en riesgo de contaminación ni las empresas multinacionales continúen expandiendo sus negocios a costa de la pobreza de nuestros pueblos.

Por el agua pura. El fracking mata. El gobierno miente. ASAMBLEAS MENDOCINAS POR EL AGUA PURA

• Contactos: – Daniel Funes (San Carlos): 02622 – 15439048 – Eduardo Latino (Mendoza): 0261 – 152085007 – Edith Corvalán (Tunuyán): 02622 – 15644095 – Nelly Cuevas (Maipú): 0261 – 155608891 – Soledad (Malargüe): 0260 – 154337816


Uruguay: marcha en defensa del Acuífero Guaraní, piden que se prohíba el fracking

Centenares de personas marcharon este sábado desde el kilómetro 154 de la Ruta 26, a pocos kilómetros de la localidad de Tambores, hasta la entrada misma de uno de los pozos que está haciendo la empresa Schuepbach Energy.

El reclamo principal de la marcha era que se paren las perforaciones y que no se realice fracking (o fractura hidráulica), técnica altamente nociva para el agua subterránea.

En la actividad participaron activistas de varios puntos del país pero también de Argentina, Brasil y Paraguay.

Portando carteles y pancartas alusivas, los manifestantes pidieron que se detengan las perforaciones en busca de hidrocarburos, las cuales, en muchos casos, implican la generación de movimientos sísmicos.

Al llegar a la entrada misma de los pozos y a pocos metros de donde se realizan las exploraciones, los manifestantes leyeron una proclama realizada en conjunto.

Las exploraciones petrolíferas se están realizando sobre una de las mayores reservas de agua dulce del mundo: el Acuífero Guaraní.

Si bien los departamentos de Salto y Paysandú están declarados por sus respectivas juntas departamentales como “libres de fracking”, los manifestantes quieren que eso se respete y que la técnica sea prohibida a nivel nacional.

El Acuífero Guaraní, cuya superficie es de 1.175.000 Km3, tiene una importancia que a veces no se reconoce. Allí almacenan aguas que poseen una antigüedad de hasta 20.000 años.

La Juventud


Advierten legalización “disfrazada” del fracking en México

El gobierno de México busca legalizar, por la puerta de atrás y de forma disfrazada, la práctica de la fracturación hidráulica o “fracking” para favorecer con garantías a las empresas que pretenden invertir en proyectos de extracción de gas en la Cuenca de Burgos, denunciaron representantes de comunidades indígenas y organizaciones, activistas, especialistas e investigadores.

Integrantes de la Alianza Mexicana contra el Fracking (AMCF) acusaron que el gobierno mexicano facilitará la entrada de corporaciones petroleras a costa de los derechos de las comunidades, como a la consulta previa, libre e informada.

Hace dos años se logró que no procediera la reforma a la Ley Nacional de Aguas, en la que no sólo se pretendía privatizar el agua, sino también legalizar el fracking. Sin embargo, la fracturación hidráulica ahora está contenida en una regulación secundaria emitida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y en revisión en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para su próxima publicación en el Diario Oficial de la Nación, explicaron Rogel del Rosal Valladares y Rosa Esther Peña, de la AMCF.

Por su parte, el investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Miguel Ángel Montoya, aseguró que la regulación secundaria representa “un acto de absoluta ilegalidad y criminalidad” al pasar por encima de la Ley Nacional de Aguas, que prohíbe la explotación de aguas residuales si contamina los acuíferos.

La práctica del fracking lleva en México por lo menos diez años y ha provocado afectaciones en comunidades de Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Su ejecución consta de la perforación vertical de la tierra de 3 a 5 kilómetros y luego 16 perforaciones horizontales en todas direcciones y con extensión de 1.5 kilómetros cada uno.

Una vez cubierta el área subterránea de millones de metros cuadrados, se inyectan hasta 28 millones de litros de agua mezclada con arena y sustancias altamente tóxicas en cada pozo, cuyo periodo de vida no rebasa los 15 días, para romper las estructuras geológicas y extraer los hidrocarburos, explicó Carlos Vega, maestro en ciencias, hidrogeólogo y director del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa de la UAM.

En las sustancias utilizadas para el fracking se han encontrado hasta 64 elementos tóxicos, cancerígenos y mutagénicos que contaminan las corrientes subterráneas, ríos, lagunas y manantiales. Sin embargo, aún no se conoce el impacto de todos los compuestos que integran las sustancias para la fractura hidráulica.

Aporrea