Tag Archives: No Convencionales

ollanta

Daño petrolero en Perú: la herencia de Ollanta

[wp_easy_bubble_menu id='1']

KUCZYNSKI HEREDA EL DAÑO PETROLERO EN LAS CUATRO CUENCAS Y LAS COMPROMISOS INCUMPLIDOS DEL GOBIERNO DE OLLANTA

PRESIDENTE ELECTO SE REÚNE CON APUS. EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LOS RÍOS PASTAZA, CORRIENTES, TIGRE Y MARAÑÓN SE MANTIENE LA INCERTIDUMBRE Y EL ALTO RIESGO DE UNA VIDA SANA Y DIGNA.

ollanta

Por Renato Pita Zilbert

Andoas, 23/7/2016.- El gobierno de Ollanta Humala concluye su periodo y el caso de las cuatro cuencas continúa sin atenderse con decisión y eficacia. Los compromisos asumidos por el Estado y suscritos en actas con las organizaciones indígenas FECONACO, FEDIQUEP ACODECOSPAT y OPIKAFPE, no avanzan o avanzan lentitud y desigualdad. Es al menos lo que se percibió el pasado 14/7 en Iquitos, durante la evaluación de cumplimientos entre los indígenas y funcionarios públicos.

Por otro lado, el pasado 18/7 los presidentes de tres de las federaciones de este proceso, Carlos Sandi, Aurelio Chino y Alfonso López, tuvieron una breve reunión con el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski y el próximo ministro de cultura Jorge Nieto.

En esa reunión los apus expresaron preocupación por el cumplimiento de acuerdos pendientes y el respeto a la Consulta Previa y a los territorios indígenas, temas donde el candidato PPK no se mostró favorable. Las próximas autoridades indicaron que mantendrán el diálogo con las organizaciones indígenas y que el derecho a la consulta previa y los territorios serán respetados. Los apus entregaron un documento con los principales puntos pendientes de la agenda de las cuatro cuencas e hicieron un breve balance del proceso.

ACTAS: EVALUACIÓN MARZO 2015 – JULIO 2016

La reunión de evaluación en Iquitos duró más de seis horas. En ella funcionarios e indígenas intercambiaron y debatieron perspectivas y valoración del trabajo. Liderada por el ministro de vivienda, Francisco Dumler, está fue la primera sesión del Grupo de Trabajo multisectorial para el seguimiento de acuerdos, aunque este grupo se formó entre polémicas el pasado abril.

Los informes demostraron que el Ministerio de Vivienda es quien ha cumplido con mayor eficacia lo comprometido, con 65 plantas de tratamiento de agua instaladas en comunidades, y 65 adicionales en proceso de implementación, aunque presas en la lentitud de la burocracia.

La titulación de comunidades a cargo del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) está retrasada respecto al cronograma establecido, pero avanza. La principal traba aquí es que aún se pretende titular comunidades excluyendo zonas petroleras, pese a que estos territorios indígenas son ancestrales y distintos instrumentos legales amparan este derecho. El GOREL debe resolver de una vez esta situación que, según su asesoría legal, ve controversial; aunque según especialistas, no lo es.

La autoridad regional advirtió además la necesidad de aumentar en 1 millón y medio de soles el fondo para la titulación de comunidades, el cual reúne actualmente 3 millones. Esta solicitud se hizo explícita ante el ministro de vivienda.

Sin embargo las federaciones se mostraron muy preocupadas por las trabas, letargo y poca transparencia en sectores clave como salud y ambiente, ambos fundamentales e inseparables para mejorar la calidad de vida en los territorios indígena.

UN AMBIENTE INCIERTO

Uno de los compromisos más urgentes de atención está parado. Luego del cumplimiento de algunos compromisos, la remediación de los territorios contaminados de los lotes 1AB y 8, está sometida a la burocracia y a limitaciones del propio Estado.

El problema se encuentra en el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental (Ley 30321) de 50 millones de soles. Si bien este monto es inicial, y su aumento está comprometido, resulta ínfimo para atender la magnitud del problema de contaminación petrolera en los territorios indígenas de las cuatro cuencas.

El informe técnico “Casos de Estudio para Costos de Remediación Ambiental en Zonas Petroleras” de la ONG especializada ETECH International, estima que un proceso adecuado de remediación en la zona, costaría al rededor de mil millones de dólares. Es decir, el fondo actual sólo representa un 0.000005% del monto calculado. ¿El Estado cuenta con este dinero para la remediación?

Sin embargo, lo insólito es que hasta hoy esos 50 millones de soles no tienen una reglamentación para su uso. La ley que crea el fondo fue aprobada en mayo de 2015. A más de un año de esa fecha, recién existe un borrador avanzado de reglamento. El sector responsable de la aprobación final es Energía y Minas; sin embargo sorprende el rol cumplido por el Ministerio del Ambiente, quien ha demorado cerca de tres meses en hacer observaciones al borrador inicial.

En la última reunión el Ministerio de Energía y Minas se comprometió a publicar el proyecto de reglamento antes del cambio de gobierno. Quedará de las próximas autoridades la aprobación final del mismo y pronunciarse sobre el aumento del fondo semilla.

AVANCES Y RETROCESOS DE SALUD

El estudio toxicológico y epidemiológico está en plena ejecución. Es un proceso complejo y largo, que inició a principios de año y concluiría en febrero de 2017; aún se encuentran en la etapa de toma de muestras. Desde un inicio las federaciones lucharon por asegurar la participación de especialistas internacionales y acompañamiento permanente, lo cual se ha cumplido.

El problema radica en el segundo acuerdo con el sector, un Plan de Salud de 10 millones de soles destinado a la atención en las comunidades. Si bien hubo una planificación donde estuvieron el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA) y las federaciones indígenas, la ejecución del plan a cargo de DIRESA es un misterio para las comunidades.

A pesar de ello, en la reunión del 14/7, la Unidad Ejecutora de la DIRESA expuso una sustentación más que optimista del acuerdo. Evidentemente, la DIRESA fue cuestionada por los presidentes de las federaciones, quienes calificaron como burla y engaño la gestión del fondo.

La credibilidad de la exposición se vio agravada cuando FECONACO, FEDIQUEP, OPIKAFPE y ACODECOSPAT informaron que han solicitado información sobre el uso del fondo de 10 millones de soles desde el mes de abril, sin tener respuesta. Asimismo, DIRESA se ha negado a reunirse con las federaciones a pesar de pactarse una reunión para mayo que el ente regional suspendió.

Otro aspecto negativo en la implementación de este acuerdo se vincula a la participación de las federaciones durante la ejecución de los fondos, la cual no se ha realizado ni promovido.

Los apus denuncian que las recientes emergencias y muertes por malarias u otras enfermedades prevenibles, las postas desabastecidas y el personal médico insuficiente, continúan siendo el pan de cada día en comunidades de donde se ha extraído millones de dólares en petróleo para el país.

En la reunión, las federaciones han solicitado que para el 2017 se aseguren fondos especiales para la implementación de este acuerdo aún pendiente; solicitud hecha en mayo, según consta en una carta remitida al presidente Humala.

Asimismo, existen otros compromisos cumplidos e incumplidos, ejecutados con satisfacción o no. Es el caso de talleres de capacitación para vigilancia ambiental, las acciones del OEFA de monitoreo, la implementación de proyectos productivos, entre otros.

BYE BYE OLLANTA HUMALA, HELLO KUCSZYNSKI

El diálogo iniciado por las federaciones indígenas de las cuatros cuencas inició en los albores del gobierno Ollanta Humala, en el segundo semestre de 2011. Respecto a otros gobiernos se ha demostrado avances significativos en materia de reconocimiento e identificación de un problema histórico, de magnitudes gigantescas y difícil tratamiento.

Sin embargo, al momento de tomar decisiones y definir las soluciones, las autoridades públicas se han mostrado limitadas y deficientes, la normativa se evidenció vacía, imprecisa, vieja y sin vínculo con la realidad. En este proceso de diálogo el Estado mostró su rostro más monocultural, y a su vez las precarias herramientas interculturales que posee. Asimismo, el Viceministerio de Intercultiralidad y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, en muchos casos generaron más controversia y provocación en lugar de facilitar el diálogo, como lo han denunciado los apus.

También se evidenció que la actual concepción que tiene el Estado de desarrollo, sostenido en el extractivismo, atentó y atenta contra derechos fundamentales y contra la vida misma. En el futuro no se puede dar la espalda a esto.

Las comunidades indígenas y sus federaciones han atravesado un proceso perverso, impune y ajeno al dolor. Pero a su vez aprendieron que en ese Estado duro también surgen voluntades que desde sus propios valores hicieron sinceros esfuerzos para que el proceso avance.

Queda pendiente la atención rápida, efectiva y pertinente de este problema socioambiental crítico desde hace casi 50 años, lo cual está lejos de la burocracia, el papeleo y la retórica. La efectividad y el real avance que viabilicen soluciones, se miden en las comunidades, en los indicadores de salud de las personas, en las garantías a la vida sana y digna, en el estricto respeto de los derechos, los proyectos de vida y las esperanzas de los pueblos indígenas quechua, kichwas, kukamas y achuares de las cuatro cuencas.

El diálogo entre el Estado y estos pueblos indígenas se abrió por iniciativa de los indígenas, son ellos quienes le enseñaron al Estado a dialogar desde la interculturalidad y la buena fe. Ahora sólo siguen exigiendo lo que les convocó: Respeto, dignidad, vida plena y buen vivir.

Observatorio Petrolero de la Amazonía


EJES- imagen destacada

EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental

[wp_easy_bubble_menu id='1']

logo ejesEJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental– lanzó el primer boletín electrónico mensual.

Esta iniciativa motorizada por Taller Ecologista (Rosario) y Observatorio Petrolero Sur, (Buenos Aires y Neuquén) pretende ser una nueva articulación de organizaciones involucradas en el debate energético y socioambiental de la Argentina.

Teniendo en cuenta las políticas y territorios implicados abordará distintas aristas del megaproyecto Vaca Muerta. El foco está puesto sobre los ángulos económico‐financieros y de justicia socioambiental para exponer las implicancias ocultas de la obstinación hidrocarburífera.

Por esta razón, el boletín contiene información vinculada a grupos afectados, análisis económicos, datos sobre degradación ambiental y deterioro democrático. Además, le dedica una sección especial al desarrollo de YPF-Chevron en Neuquén y una ventana con vínculos externos que acercan recursos, materiales y noticias relacionadas a la temática.  También aporta un pequeño resumen en inglés.

En este número 1 de julio 2016, se relatan las consecuencias sociales del aumento de los precios de los alquileres en las zonas petroleras y se presenta el “mapa del fracking”, que da cuenta del avance de los pozos sobre los suelos de producción frutícola en Río Negro. También se evalúan las transferencias de recursos de la sociedad hacia las compañías petroleras y se informa sobre la decisión de la legislatura neuquina de no restringir la perforación en “zonas sensibles”.

DESCARGAR BOLETÍN EJES Nro1

SUSCRIBIRSE AL BOLETÍN EJES

opsur logotaller ecologista

Vaca Muerta


rio negro asma

Estudio señala que el fracking incrementa casos de asma

[wp_easy_bubble_menu id='1']

rio negro asma

Vivir cerca de lugares donde se extrae gas a través de fracking puede incrementar hasta cuatro veces el riesgo de padecer asma, según reveló esta semana un estudio médico publicado en la revista científica estadounidense “The American Medical Association” (JAMA). El trabajo se basa en el examen de registros de salud recogidos de 2005 a 2012, en el estado de Pensilvania, donde más cantidad de pozos conviven con zonas urbanas.

Los investigadores hallaron más de 35.000 pacientes con asma de edades de entre cinco y 90 años. La mayoría de los ataques fueron leves y pudieron ser tratados. Otros 4.782 ataques fueron graves y requirieron hospitalización, el resto, intervención en salas de emergencia.

RIO NEGRO


campo maripe1

La comunidad mapuche Campo Maripe se opone al fracking en su territorio

[wp_easy_bubble_menu id='1']
campo maripe1

Las máquinas avanzan sobre el asfalto de la ruta provincial 17 y giran hacia la izquierda, adentrándose en un camino de tierra que los llevará al pozo 207 de YPF, ubicado a pocos kilómetros de Añelo, en la provincia de Neuquén. Al llegar allí comenzarán a trabajar en la extracción por fracking del famoso petróleo de Vaca Muerta pero algo interrumpe sus planes: unas 100 personas con banderas y consignas bloquean el camino. Se trata del lof (comunidad) Campo Maripe que reclama al estado un relevamiento territorial apropiado ya que, según un vasto y completo informe efectuado a instancias el propio gobierno provincial (se puede leeraquí) esas tierras le pertenecen a la comunidad.

La zona en disputa son 10 mil hectáreas que van desde el río Neuquén hasta la picada de Aguada Pichana. Campo Maripe, cuyo asentamiento principal está junto al Fortín Vanguardia, es reconocida como comunidad desde el año 2014 pero sus reclamos por tierras permanecen en conflicto ya que el gobierno sólo acepta como suyas unas 900 hectáreas en las que, por otro lado, es imposible realizar las tareas de pastoreo extendido y agricultura, las dos actividades de las que viven las 120 personas que forman parte de ella.

campo maripe 2

Una de las responsables del informe es la antropóloga Jorgelina Villarreal, que reconstruyó más de 100 años de avances y retrocesos territoriales y simbólicos. ¨La comunidad es pre existente al estado neuquino, su primer asentamiento se produce hacia 1927 como parte de las migraciones de los mapuche que llegaban cruzando la cordillera. Los abuelos del actual cacique, Lonco Albino Campo Maripe, llegan a esta zona y desarrollan su vida comunitaria. Aunque en el año 1964 el por entonces gobernador Sapag firmó el Decreto N° 0.737 que abre un registro de comunidades, ellos efectúan los trámites de reconocimiento en 2010 porque lo cierto es que nunca tuvieron necesidad de hacerlo: es raro pedir reconocimiento por ser, sencillamente, lo que uno es¨. La comunidad (lof) tuvo, desde sus orígenes, conflictos sucesivos por estas tierras, algunas privadas pero en su mayoría fiscales y concesionadas en gran porcentaje a empresas extractivas como YPF.

 ¨Toda comunidad originaria tiene derecho al consentimiento libre previo informado, es decir, las empresas o el estado debe informar las actividades que realizará en la zona y por qué plazo de tiempo. En el Parque Lanín, incluso, existe un co manejo y se toman decisiones compartidas entre las partes. El reconocimiento tardío de esta comunidad generó muchos inconvenientes y empezaron a ver, azorados, el avance de exploraciones. Por supuesto, tomaron medidas para detenerlo¨.

En el 2014 las hermanas del lof Albino se atan a unas torres de exploración y, por esta acción radical, se los reconoce finalmente como comunidad y se les conceden 54 hectáreas con la firma de un acta de acuerdo de paz social que estableció la realización de un relevamiento y la creación de una zona intangible, un límite al avance de YPF para que no se toque el territorio en disputa. Aunque parezca una redundancia, vale decir que 54 hectáreas es un número ìnfimo para cualquier actividad seria de agricultura o ganadería y que esto puso en peligro la supervivencia misma de la comunidad. Durante el 2015 se realizó el relevamiento pero el gobierno neuquino, luego de desconocer sus resultados, respondió que sólo tiene pruebas para dar 900 hectáreas que, en realidad, la comunidad ya está usando.

¨El estado dijo que el informe era ¨antropológico¨, basado no en cuestiones técnicas y legales sino en cuestiones más bien culturales. Hicimos un trabajo muy exhaustivo, encontramos transacciones comerciales entre miembros de la comunidad y el estado, el pago de impuestos por el uso de la tierra para pastoreo ya desde 1927. Hay numerosas evidencias que prueban que ellos habitan esa zona hace muchos años¨. La parte legal, por otro lado, está enmarcada en la ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial, que establece en su artículo cuarto que existe derecho sobre “las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas¨. Jorgelina dice, sin reparos, que ¨el gobierno neuquino efectuó un informe que está lleno de mentiras. Se fijaron en Google Maps y dijeron que las casas son nuevas, que en 2006 no existían, y que no se podía determinar su origen¨.

Jorgelina también narra que ¨el año pasado, luego de que se incumpliera con el relevamiento, la comunidad toma las oficinas de YPF y se establece una mesa de diálogo con gente del gobierno y técnicos de YPF que finalmente nunca asistieron. Me convocan de nuevo, en modalidad de careo con los técnicos de la otra parte, y como nosotros llevamos pruebas y argumentaciones no nos pudieron objetar. Al fin concluyeron que el relevamiento era ¨conflictivo¨, dejando todo en suspenso¨.

La exploración petrolera en la zona se realiza vía fracking y la comunidad denuncia derrames y explosiones que generan zozobra y preocupación. El bloqueo de la comunidad al avance de YPF (en sociedad con Chevron) es una escena que lleva casi 100 años. Excede el titular de un diario y la especulación predecible de aquel que imagina a caciques ambiciosos que pretender ser socios en las regalías del petróleo. Villarreal dice que ¨la comunidad quiere seguir con sus actividades de pastoreo, están en defensa de la naturaleza y de un ecosistema que sienten como propio. Muchos de sus animales se mueren por la cuestión del fracking. Todo esto tiene que ver también con su cosmovisión: es la función de los mapuce cuidar el ecosistema¨.

BIG Sur


chevron-toxico

Afectados por Chevron en Ecuador temen negociaciones entre la petrolera y el Gobierno

[wp_easy_bubble_menu id='1']

Los indígenas y campesinos ecuatorianos afectados por la petrolera ganaron en 2012 el juicio ambiental más grande de la historia. Sin embargo Chevron retiró sus activos del país no pagando esta deuda, razón por la que fue embargada en Argentina en 2013, sanción que fue levantada para permitir su acuerdo con YPF.  En otra vertiente del juicio, la petrolera había demandado en 1991 al Estado ecuatoriano en tribunales internacionales por el supuesto incumplimiento de tratados de inversión, siendo sentenciado el año pasado a pagar 96 millones de dólares a la empresa.

La semana pasada la corte provincial de Sucumbios notificó que esos 96 millones deberán ser embargados para tomarlos como parte de pago a los afectados. Pero hasta ahora funcionarios del gobierno han evitado iniciar las formalidades de este embargo y los afectados temen que estén negociando con Chevron a espaldas de ellos.

chevron-toxico

Quito, 18 de julio de 2016.- A pesar de una providencia dictada por el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, el 12 de julio del año en curso, en la que se dispone por tercera ocasión, se emitan los oficios que notifican a las autoridades nacionales el embargo que pesa sobre los 96 millones que el Estado ecuatoriano debe pagar a Chevron, dichos documentos no han sido despachados, elevando sospechas sobre los funcionarios públicos que deben cumplir estas formalidades.

Al respecto, los dirigentes de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) y sus abogados, sostienen que las inexplicables demoras sobre el cumplimiento de las formalidades podrían deberse a acuerdos que se puedan estar haciendo con la petrolera, a espaldas de los ecuatorianos.  Como es de conocimiento público, apenas se conoció del fallo definitivo en contra del Ecuador, los afectados solicitaron se notifique inmediatamente sobre este embargo que está vigente desde el 2013; a pesar de ello, el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos prefirió demorar el trámite y darle largas; luego de las exigencias de los actores en el juicio ordena se proceda a emitir los oficios, a pesar de lo cual ha pasado casi una semana sin que se hayan enviado los oficios correspondientes a los Ministro Coordinador de la Política Económica, de Finanzas y Procurador General del Estado.

Pablo Fajardo, Procurador Común de los demandantes ecuatorianos, dio a conocer que de utilizar esta inacción de la Corte Provincial de Sucumbíos, como pretexto para no ejecutar el embargo de los 96 millones, se estarían violando una orden expresa y las leyes vigentes en el Ecuador.

Alertó además, que este es un caso de Derechos Humanos y por tanto es inconstitucional que el Estado pretenda hacer prevalecer los acuerdos comerciales sobre los Derechos Humanos contraviniendo lo que disponen los Art. 425 y 426 de la Constitución de la República.

Humberto Piaguaje, Coordinador de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), organización que aglutina a más de 30 mil indígenas y campesinos que siguen sufriendo los impactos de la contaminación provocada por la petrolera, dio a conocer que están dispuestos a conversar con el Gobierno Nacional, para llegar a un acuerdo razonable para el cobro de los 96 millones, sobre todo tomando en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el país.

Advirtió que una acción contraria por parte del Estado o del Gobierno para no hacer valer la justicia ecuatoriana implica una grave traición al país, un atraco, pero además una deslegitimación de las autoridades que dicen defender los derechos de la población ecuatoriana frente a los intereses de las transnacionales.  Si negocian con  Chevron habrán sucumbido al chantaje de las trasnacionales y dejarán en evidencia sus verdaderos intereses y la política de favorecer al capital por sobre el ser humano será expuesta públicamente.

El dirigente de la organización informó que este cobro será invertido en tres acciones fundamentales: la una sostener el juicio de homologación en Canadá, donde se llevará a cabo una audiencia en el mes de septiembre;  la otra es continuar con la formulación de los planes de reparación para que una vez cobrada la totalidad se puedan ejecutar de manera inmediata, lo que evitará que sigan profundizándose los problemas por los que atraviesa la población afectada; y la tercera es iniciar acciones inmediatas para mitigar los daños causados por la petrolera.

Con estos fondos dice Piaguaje, “pondremos de inmediato en ejecución lo dictaminado en la sentencia emitida por las tres instancias judiciales que existen en Ecuador y que favorecieron a los afectados”.

El Coordinador de la UDAPT dijo estar confiado en que el Gobierno ecuatoriano actuará en favor de la justicia, sobre todo tomando en cuenta que el Presidente de la República siempre ha sostenido la importancia de la soberanía nacional y la defensa de los derechos de los ecuatorianos, ante los abusos cometidos por las transnacionales.  Como muestra, recuerda que el Ecuador es el promotor en las Naciones Unidas de un proceso para lograr que se ponga en vigencia un Tratado Vinculante que someta a las transnacionales al cumplimiento de los derechos humanos, con el fin de parar el abuso corporativo.

Informó finalmente que a nombre de sus representados ha solicitado formalmente una cita con el Presidente de la República para lograr un acuerdo para el cobro del embargo.

Contactos: Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT) – Quito Ecuador

Teléfonos: (593) 2 273533

Correo electrónico: casotexaco@gmail.com

María Eugenia Garcés: 0999225516

Nancy Rodríguez: 0999949337


actividad 22

22 / 07 | Comodoro Rivadavia: Charla debate sobre energía y fracking

[wp_easy_bubble_menu id='1']
 

Energía para la vida. De un mundo energívoro a uno frugal: César Herrera, profesor de Política Macroeconómica -UNPSJB

Territorio Crudo. El avance de los no convencionales en Río Negro y Neuquén. Hernán Scandizzo, periodista, miembro del Observatorio Petrolero Sur

El 22 de julio a las 18 hs  / Auditorio de Información Pública Almirante Brown 1/ Comodoro

actividad 22


campo maripe

Comunidad Mapuche Campo Maripe impide nuevos pozos de fracking de YPF-Chevron

[wp_easy_bubble_menu id='1']

campo maripe

Desde la madrugada de hoy, el LOF CAMPO MARIPE se ha instalado en el centro de su territorio para impedir que la petrolera CHEVRON/YPF instale nuevas locaciones en sus campos comunitarios. A pesar que desde comienzo del año pasado la comunidad ha insistido en encontrar una solución a la demanda territorial, el gobierno provincial solo responde con más concesiones en las tierras comunitarias. YPF sigue apelando a la fuerza para ingresar sin siquiera informar a la comunidad y la justicia abriendo nuevas causas, que en la última etapa incluyó embargos contra las autoridades comunitarias. Cuando la comunidad espera tener seguridad territorial a través del resultado del Relevamiento Territorial, la justicia dicta un embargo económico que descargan sobre el Logko ALBINO CAMPO MARIPE y su Inan Logko MABEL CAMPO MARIPE.

Este abuso de poder se completó ayer a última hora cuando CHVRON/YPF descarga toda sus maquinarias sobre las tierras con el objeto de instalar nuevas locaciones de Fracking en tierras delimitadas como de la comunidad, por el Relevamiento Territorial. En los últimos meses hemos venido manteniendo mesas de diálogo con el Ministro JORGE LARA que han servido solo para entretenernos, mientras no paran un segundo de romper el suelo y la vida comunitaria.

La propia Iglesia de Neuquen y la Asamblea de Derechos Humanos que han oficiado de veedores en la discusión sobre el Relevamiento territorial, han sido desoídos por el gobernador Gutierrez que no responde al llamado a buscar soluciones a través del dialogo y de una solución justa en la demanda de tierras.

Por esa razón el Lof CAMPO MARIPE expresa desde el centro de su territorio: – Reconocimiento territorial a Campo Maripe según los resultados del Relevamiento Territorial – Sin aplicación de la CONSULTA, Chevron no pasa. – MARICI WEU! (Diez Veces en Defensa del AGUA y la VIDA)

Contacto: ALBINO CAMPO MARIPE (Logko) 0299 154 091318


marcha vaca

Marcha contra el fracking en el portal de Vaca Muerta

[wp_easy_bubble_menu id='1']

Cientos de manifestantes se movilizaron el sábado bajo el lema: “Centenario y Vista Alegre libre de Fracking. En defensa de la Vida”

marcha vaca

Mientras Macri y Gutiérrez (gobernador de la provincia de Neuquén) festejan un acuerdo con Pae de inversiones en no convencionales, los pobladores de las localidades de Centenario (segunda ciudad de la provincia), Vista Alegre, Añelo y S.P. del Chañar se manifestaron rotundamente contra esta forma de explotación que como dicen los manifestantes, implica la contaminación de las tierras y del Rio Neuquén, a cuyas orillas vivimos.

La Marcha recorrió todo el centro de la Localidad al grito de “Vecino, vecina, el Fracking contamina, el Rio no se vende, el Agua se defiende” junto a docentes, estudiantes, agrupaciones políticas, ambientalista y una importante participación de comunidades Mapuches, quienes hoy están sufriendo las consecuencias en carne propia del Fracking.

Hubo una fuerte negativa de los grandes medios periodísticos de la región de difundir y cubrir la marcha, en claro favor de no entorpecer el acuerdo, queriendo tapar la fuerte oposición social a este tipo de proyectos que solo deja contaminación mientras los tarifazos hacen estragos en la economía de los trabajadores y el pueblo pobre y se cuentan por miles los despidos y suspensiones en el petróleo.


La manifestación surge luego de varias reuniones planteadas tanto en Centenario como en Vista Alegre, tras descubrir que en las zonas cercanas a estas localidades y del Neuquén están, secretamente, instalando torres de explotación hidrocarburífera utilizando el peligroso método de la Hidrofractura.

El PTS reivindica y participa de la movilización además de poner a disposición la Casa Cultural La Patagonia Rebelde para la difusión de la lucha, a la cual hay que fortalecer a partir de que las organizaciones de trabajadores la tomen en sus manos.


La próxima reunión de la comisión organizadora es el lunes 18/07 en la Biblioteca Fonseca a las 20 h.

La izquierda Diario


shell fracking

Los tarifazos son el fracking

[wp_easy_bubble_menu id='1']

Las altas subas en las tarifas de gas, su revés judicial y la rectificación parcial del gobierno constituyen la noticia de la semana. ¿Cuáles son las causas profundas de una medida que presenta un alto costo político para Mauricio Macri? El discurso oficial asocia la tarifa con un incentivo para ahorrar energía, presentándola como una medida ecológica. Sin embargo, al mismo tiempo la solución prometida es explotar Vaca Muerta. ¿Cómo se entiende esta aparente contradicción?

shell fracking

INFORME

Por Eduardo Soler

Unas horas después de su polémica recomendación sobre evitar andar “en remera y patas” en las casas, con el fin de ahorrar gas, el presidente Mauricio Macri dejó otra frase contundente pero que pasó desapercibida. “Estamos en el comienzo de una explosión de inversión en Vaca Muerta”, aseguró, haciendo referencia a la extracción de petróleo y gas no convencionales en Neuquén.

Entre un dicho y otro, ambas cuestiones ya habían sido señaladas por Marcos Peña. El Jefe de Gabinete afirmó que la suba de tarifas promueve el ahorro de gas y por tanto el medio ambiente, en una perspectiva liberal del problema ecológico. Pero al mismo tiempo, expresó que el fracking será la solución de la crisis energética, porque nos permitirá llegar al auto-abastecimiento, colocando así el énfasis en la profundización del modelo extractivo.

Desde ya, que las promesas de la salvación argentina centradas en la explotación del yacimiento “Vaca Muerta” nacieron con el kirchnerismo. Incluso puede entenderse la medida de la estatización parcial de YPF por fuera del argumento oficial de la “soberanía energética”, interpretando el el manifiesto interés en desarrollar el fracking con el fin de obtener divisas de exportación. Esta concepción está incluso explicita en la Ley sancionada por el Congreso en mayo de 2012.

De ese tiempo a esta parte, la baja del precio del petróleo fue el principal factor que alteró los cálculos, tanto del gobierno como del sector empresarial. Mientras que entre 2011 y 2013 el precio del barril de petróleo se ubicó por encima de los 100 dólares, desde el 2014 se registró una fuerte baja que llevó el precio a menos de 50 dólares. Entre las causas de esta inestabilidad se cita la desaceleración de los gigantes emergentes.

No obstante, otro factor importante es la irrupción de los hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos. Además de contar con la mayor reserva explorada en el mundo, el costo de extracción de esquisto se ubican entre los 39 y 48 dólares, por lo cual la barrera económica resulta accesible. En comparación, extraer hidrocarburo no convencional en Vaca Muerta resulta más caro. Desde Chevron, la principal inversora con 2.700 millones de dólares, apostaban por un precio del barril cercano a los 70 dólares.

Política de Estado hidrocarburífera

En este juego, entra en consideración la política de Estado de desacople del precio internacional con el local, que venía de la gestión kirchnerista y continúa en la actualidad, aunque bajo distintos criterios.  En los últimos años, para sostener la actividad petrolera luego de la caída de los precios de 2014, se mantuvo la “competitividad” con un precio subsidiado, ubicado en torno a los 67 dólares por barril. Uno de los argumentos es evitar la conflictividad social con los trabajadores petroleros.

Sin embargo, la razón de fondo parece ser otra, y consiste en consolidar la inversión extranjera en los yacimientos locales, en particular en Vaca Muerta. En mayo, el Ministro de Energía, Juan José Arangueren, fue el principal orador del seminario “Shale en la Argentina: el futuro de Vaca Muerta” en Houston. Allí expresó que su deseo para el sector es que se pasara de la etapa de los estudios geológicos a la explotación del recurso.

En Estados Unidos, el Ministro se reunió con el presidente de Chevron para América Latina, Ali Morishi, quien tiene particular interés en la continuidad de las inversiones. Uno de los frentes de batalla se presenta en el aspecto legal, porque en los próximos días el gobierno debiera dar publicidad del acuerdo secreto firmado para proteger sus inversiones. Entre ellos, figuran la facilidad para girar divisas al exterior.

Sin embargo, también estuvieron presentes directivos de Shell, la corporación anglo-holandesa en la que Arangueren realizó toda su carrera profesional, y en la cual tiene acciones aún en la actualidad. La compañía estaba explorando cinco pozos en tres áreas de la formación Vaca Muerta, pero acaba de adquirir nuevos permisos por 5 millones de dólares en Coirón Amargo y plantea aumentar sus inversiones.

Por eso, el juego de intereses podría unir un lado y otro del mostrador. De hecho, la estrategia de Shell en Vaca Muerta fue diseñada por el propio Aranguren. En abril de 2014, el entonces CEO declaró que las inviersiones apostaban porque el “viento de cambio en el gobierno argentino alcance a la política energética para impulsar el desarrollo del shale oil y shale gas como vehículo para reducir las importaciones de combustibles”.

En ese mismo sentido, Teófilo Lacroze, el actual presidente de Shell Argentina,manifestó recientemente que debe mantenerse el precio subsidiado del crudo en Argentina, “más alto que el precio internacional, con el objetivo de mantener el nivel de actividad del 2015”. Y dejó en claro: “Nuestra expectativa es que esta política se mantendrá hasta que los precios internacionales se acerquen a los locales”.

Para mayores detalles sobre la estrategia a mediado plazo, en el caso de Shell la inversión apunta a construir una planta para procesar 10 mil barriles de petróleo no convencional para 2017. La empresa subsidiaria de Shell, O&G Developments, había anunciado en marzo de 2013 el descubrimiento de hidrocarburo no convencional en el área de Sierras Blancas. Por lo tanto, la corporación compite por hacer negocios en Vaca Muerta.

Dale gas no convencional

Los precios del petróleo y del gas no son los mismos, pero mantienen tendencias similares. En el caso de Argentina, no obstante, la política energética fue decisiva en mantener bajo el precio de gas de consumo domiciliario, y también industrial. Por el contrario, el precio de la nafta -refinada del petróleo- sí tuvo aumentos en los últimos años, en los cuales Shell fue la empresa pionera.

En el área específica del gas no convencional, la compañía francesa Total lleva la delantera, ya que el año pasado conectó diez pozos de shale gas para venderlos al mercado local. En marzo de 2014, cuando la entonces Presidente Cristina Fernández viajó a Francia, los directivos de la compañía pidieron más incentivos para su inversión. Entre ellos se destacaba achicar la brecha entre el precio que se pagaba a la producción local y a la importación de gas natural.

En aquel momento, se hablaba de que el precio del millón de BTU (unidad de medición del gas) oscilaba en torno a los 7,5 dólares para la producción local, mientras que el gas que se importaba llegaba a los 17 dólares. Sin embargo, ese mismo año los precios de los hidrocarburos bajaron en todo el mundo, lo cual fue modificando el panorama del mismo modo que lo expresado para el petróleo.

En la actualidad, Argentina consume en el invierno 150 millones de metros cúbicos de gas, mientras que produce sólo 100 millones. Este déficit debe cubrirse con gas importado. A partir de allí surge la polémica por el origen, entre los precios y las calidades relativas de la producción en Bolivia y el que viene a través de Chile. Las sospechas apuntan a que la empresa intermediaria, en el último caso, resulta la propia Shell.

Si volvemos al precio del millón de BTU de producción local, en febrero se había negociado un precio de 4,7 dólares. Sin embargo, el Ministerio de Energía garantizó un precio en boca de pozo de 5,1 dólares. Este incremento, no obstante, no llegaba a cubrir el valor que tenían años atrás por el propio mercado, y del que se hacía cargo el subsidio estatal. Por eso mismo, la alta suba de las tarifas de gas busca garantizar una mayor rentabilidad a las empresas del sector.

El artículo publicado hoy en La Nación parece confirmar nuestra suposición: “Corregir precios y atraer inversiones: claves para salir de la crisis energética“. Allí la crítica a las políticas de subsidios del gobierno kirchnerista, se une con la promesa de Vaca Muerta: “gracias al shale gas se podría abastecer la demanda actual del país durante 300 años”. Para eso estiman inversiones de 8 mil millones de dólares anuales, las que deben vincularse con la tarifas acordes con estos montos.

Desde la empresa Total, Sergo Giorgi coincidía con este diagnóstico en declaraciones a El Cronista: “La necesidad de capital intensivo para los desarrollos no convencionales implica que todas las partes involucradas cooperen de manera estrecha para que la actividad sea sostenible”. Así, para que las empresas “asuman el riesgo”, también el gobierno “tiene que jugar un papel de catalizador de inversiones en la fase de despegue del desarrollo de Vaca Muerta”.

Shell y Total trabajan en forma conjunta en algunos yacimientos de Vaca Muerta. En 2014, Shell compró el 42,5 por ciento de la participación que tenía Total en las explotaciones de La Escalonada y Rincón La Ceniza. La compañía francesa mantuvo otro 42,5 por ciento y la operación, mientras que el 15 por ciento restante corresponde a la empresa provincial de Neuquén. El año pasado directivos de ambas compañías coincidieron en la estrategia de multiplicar el fracking en Vaca Muerta, pasando de 250 a 4 mil pozos.

Profundización del extractivismo energético

Nos encontramos, así, en la clásica situación. Las empresas piden que el Estado no intervenga cuando esto afecta sus negocios, pero su rol es fundamental para asegurar sus inversiones. Por ello, si el Estado Argentino apuesta al fracking en Vaca Muerta como la solución a futuro, sólo estaremos volviendo a subsidiar el extractivismo. Se trata de una situación similar a la megaminería, aunque en el caso del petróleo y el gas es diferente porque constituye el principal insumo para las demandas energéticas en nuestro país.

Desde ya, una política alternativa vendría con el real fomento de las energías alternativas limpias, que nos permita superar la dependencia de los hidrocarburos, que asciende a más del 80 por ciento. El fomento de la energía solar y eólica, por caso, tiene como “desventaja” que es difícil la concentración de su renta. Un modelo sustentable incluye que cada consumidor sea también productor de energía, como en el caso paradigmático de la energía solar calórica o térmica instalada en cada hogar.

Solamente en ese escenario de apuesta a futuro de mediano plazo, resultaría creíble para la sociedad una política de ahorro de energía, que debiera partir de la base de cuidar a los sectores sociales más vulnerables. Por el contrario, así como en el gobierno anterior los subsidios beneficiaban a las empresas, ahora se propone que la tarifa domiciliaria cubra esa transferencia de recursos. Por lo tanto, el ahorro está en función mantener y garantizar las ganancias mediante las tarifas llamadas competitivas.

En la transición entre un gobierno y otro, Miguel Gallucio defendía su política al frente del YPF. Mientras que el Estado había erogado unos 11 mil millones en 2015 para sostener el precio del petróleo y del gas, el ex-CEO de YPF consideraba que esta situación era transitoria por la tendencia del mercado global. La idea era aplicar la suba que ya se había hecho en el combustible. Por lo tanto los subsidios debían retirarse, al mismo tiempo de acompañar el hipotético repunte del precio internacional.

En los dos escenarios esperados por el sector empresario se reúne una misma tendencia a la suba, que está justificada en el caso del hidrocarburo no convencional. Estos yacimientos tienen de por sí un costo mayor, porque se trata de un recurso que está diseminado en la roca madre, así como la megaminería trabaja con vetas de muy baja ley. Por eso mismo el costo es más alto, y mucho más si se incluyera el impacto ambiental (ecológico y social) que genera el fracking en los territorios donde opera.

La lógica El gobierno nacional intenta justificar el exacerbado aumento de las tarifas energéticas haciendo alusión al ahorro y que esto beneficia al ambiente. Sin embargo, argumentan también que la solución final a la crisis energética vendrá por el lado del fracking, una tecnología de alto impacto ecológico. Ambas medidas, por lo tanto, se entienden mejor en la lógica del extractivismo energético: mercantilización del servicio y acumulación por desposesión.

Com Ambiental


nqn YPF inauguró junto al gobierno neuquino  la primera bateria de shale oil en loma de la lata foto mati subat 13-06-2013

YPF tiene cinco días para dar a conocer el pacto con Chevron

[wp_easy_bubble_menu id='1']

El 16 de julio se cumplen tres años del acuerdo entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta. Luego de movilizaciones, represión, investigación y denuncias judiciales, en los próximos días se podría llegar a conocer de forma completa el documento firmado entre las dos empresas, mantenido en secreto hasta el momento. El conocimiento acabado es crucial por cuestiones de responsabilidad y rendiciones de cuentas en los planos fiscales, ambientales, sociales y culturales, al tener en cuenta que los pozos de fracking se realizan en la comunidad mapuche Campo Maripe. En el largo proceso judicial, YPF ha logrado sortear los numerosos fallos en su contra, incluido el del 2015 de la Corte Suprema, a fuerza de apelaciones y dilaciones. Aunamos porque la semana que viene YPF cumpla de una buena vez con lo que demanda el pueblo. Compartimos la siguiente nota del Diario de Buenos Aires, sobre la orden de la Cámara.

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la petrolera YPF que cumpla con la entrega de toda la documentación.

nqn YPF inauguró junto al gobierno neuquino la primera bateria de shale oil en loma de la lata foto mati subat 13-06-2013

Luego de mucho tiempo de evasivas, medidas cautelares y frenos judiciales, la Justicia resolvió exigirle a la petrolera estatal que dé a conocer públicamente  las clausulas del acuerdo con Chevron.

De esta manera, los magistrados confirmaron el rechazo a planteos realizados por YPF: ahora deberá cumplir con la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de noviembre de 2015.

En caso de que no se entregue la documentación, resolvieron que “se libre mandamiento de secuestro y se remita copia de las actuaciones a la Justicia penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia”.

Desde principios de año, el macrismo se negó a dar a conocer el acuerdo pese a haber fustigado al kirchnerismo durante mucho tiempo por lo mismo: la ahora titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, justificó la decisión de no revelar las cláusulas confidenciales del acuerdo entre YPF y Chevron para perforar en el yacimiento de Vaca Muerta.

Desde la firma del acuerdo en 2013,  y rubricado bajo la bandera de la “soberanía energética”, organizaciones sociales, políticas y medioambientales han denunciado el hecho de haber realizado un pacto comercial con una de las compañías más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo.

Según Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Chevron se habría garantizado “un beneficio neto del 50% de las utilidades a perpetuidad, aún si se retira del país”. Para colmo, la firma del acuerdo lo hicieron dos firmas subsidiarias de las empresas, radicadas en paraísos fiscales: YPF Shell Oil Company  y Chevron Overseas Company.

el diario de buenos aires