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Mexico (2)

México: el fracking y las profundas raíces de la violencia

Mexico (2)

Por Aroa de la Fuente López*

La situación por la que atraviesa México es alarmante. Las más de 23 mil personas desaparecidas en el país entre 2007-2014, según cifras oficiales[1], nos hablan de un contexto de violencia e impunidad excepcional en el que el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con lo indignante y doloroso que es, sólo representa la punta del iceberg. Rara vez se va a la raíz del problema, se señala al crimen organizado como el causante de las muertes, las desapariciones y los ataques. En este sentido, es necesario resaltar que la violencia que vive el país tiene raíces mucho más profundas en las cuales el Estado tiene una gran responsabilidad. Entre otras razones, por instrumentar políticas que priorizan los intereses privados y empresariales sobre los públicos, por la falta de espacios de participación, por la debilidad institucional inducida, y por la pobreza y la marginación en las que subsiste una gran parte de la población, en especial la indígena.

Las reformas estructurales aprobadas en 2013 y 2014 por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto vienen a sumarse a estas políticas y vaticinan que las causas profundas del malestar social existente se profundizarán y expandirán. Con ello se prevé un aumento de la conflictividad y la violencia, en particular de aquella ejercida por el Estado, ya sea a través de su propio actuar o por decidir mirar hacia otro lado cuando otros la ejercen.

 

Territorios en disputa

Una de las más importantes fuentes de la conflictividad que se vive en el país es la imposición de proyectos de desarrollo ante los cuales la población se declara en resistencia. El gobierno ha reaccionado haciendo oídos sordos a estas legítimas demandas sociales o, directamente, mediante acciones de criminalización, hostigamiento y represión que llega a esconder tras la cortina de la lucha contra el crimen organizado. Casos que reflejan esta situación se presentan a lo largo y ancho de México en todo tipo de proyectos: mineros, petroleros, turísticos, eólicos, de infraestructura hídrica, etc. Ejemplos de ello son las comunidades en lucha en el Istmo de Tehuantepec, del estado de Oaxaca, en contra de mega parques eólicos;[2] la organización de frentes regionales en contra del uso de la fracturación hidráulica en Veracruz, San Luís Potosí, Puebla e Hidalgo (AAVV, 21/06/2015); y la resistencia a la construcción de un acueducto que afectará a cuatro estados del país y llevará agua para hacer posible la explotación de hidrocarburos de lutitas en Nuevo León.[3]

En un marco de extrema violencia, la reforma energética profundiza un modelo energético insostenible

Estos movimientos y frentes de resistencia han sido atacados repetidamente por las empresas y por el gobierno federal, así como por las autoridades estatales y municipales. Los casos más recientes son los ocurridos el 7 de junio, enmarcados en el contexto de elecciones de autoridades locales. La consigna abanderada por el Estado sobre el derecho al voto ha sido utilizada como justificación para reprimir a diversos colectivos, en un nuevo intento de hacerse con el control de los territorios. El primero de ellos fue el ataque con armas de fuego, por parte de grupos vinculados al presidente municipal de Juchitán, a integrantes de la Asamblea General Comunitaria de Álvaro Obregón (Oaxaca) -organización que forma parte del frente en defensa del territorio contra los proyectos eólicos del Itsmo. El segundo, la agresión a estudiantes de la Universidad Veracruzana que integran movimientos en defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales, y apoyan estrategias en contra del desarrollo de la fractura hidráulica (Centro Prodh, 05/06/2015). Por último, la brutal acción de la Policía Federal contra la población de Tlapa de Comonfort, en Guerrero, que dejó un muerto y varios heridos, en un acto de represión contra los trabajadores de la educación que reclaman el esclarecimiento del paradero de los 42 normalistas que siguen desaparecidos,[4] así como la aplicación de justicia por los asesinatos cometidos (Tlachinollan, 08/06/2015).

 

Un marco para la fractura

Es en este contexto que se inserta la Reforma Energética de diciembre de 2013, que supuso la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para permitir la participación del sector privado en la industria de hidrocarburos. Esto implicó un cambio muy profundo a la operación de dicho sector, que desde 1938 estaba reservada al Estado a través de Petróleos Mexicanos (Pemex). El principal argumento esgrimido por el gobierno para impulsar esta modificación fue la necesidad de revertir la caída en la producción de petróleo observada desde 2004, que pasó de 3.5 millones de barriles diarios (mmbd) a 2.5 mmbd en 2013 (Pemex, 2015 a). Igualmente, la reforma buscaba aumentar la extracción de gas para así reducir las importaciones, que en 2013 se situaron en 1.289 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) (Pemex, 2015 b). Para ello, sería necesario explotar los hidrocarburos no convencionales, especialmente aquellos que se encuentran en yacimientos de lutitas y requieren el uso de la fracturación hidráulica. Y, siempre según la opinión del gobierno, esto no podría hacerse sin el apoyo de las empresas petroleras privadas que cuentan con la experiencia, la tecnología y los recursos financieros. Por lo tanto, la reforma no sólo privatiza la industria, si no que profundiza un modelo energético insostenible, basado en combustibles fósiles, con la utilización de técnicas que suponen impactos sociales, ambientales y económicos negativos muy superiores a los ya graves causados por proyectos convencionales.[5]

A la reforma constitucional se sumó, en agosto de 2014, la aprobación de legislación energética que vino a sentar las bases bajo las cuales operará este nuevo modelo de industria. La sanción de nueve leyes y la modificación de doce existentes supusieron la creación de un marco regulatorio que favorece, facilita y acelera el desarrollo de los proyectos hidrocarburos y el uso de la fracturación hidráulica. Su simple aprobación supone violaciones graves a los derechos humanos y a las obligaciones del Estado de garantizarlos, establecidas en los tratados internacionales subscritos por México y en su propia constitución, que se verán agravadas con la implementación de la reforma.

El Estado podrá obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas, incluso si son pueblos indígenas

La nueva Ley de Hidrocarburos da preferencia sobre el acceso y el uso del territorio a los proyectos de explotación de petróleo y gas. De manera contradictoria, a la vez que se privatiza la industria de hidrocarburos, ésta es declarada de utilidad pública, lo que implica que el Estado podrá obligar a los propietarios a rentar sus tierras a las empresas. Esta medida se puede aplicar, incluso, cuando se trate de proyectos que afecten a los pueblos indígenas, lo que vulnera sus derechos a la autodeterminación y al territorio, entre otros. Por lo tanto, existe una desprotección de los habitantes de las tierras ya que se les pretende forzar a permitir la actividad petrolera, sin importar las afectaciones que pueda suponerles a su vida y a las actividades que realizan. Por otro lado, la Ley indica que los gobiernos locales deben contribuir al desarrollo de los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, entre otros, para lo que tienen que garantizar y agilizar la entrega de las autorizaciones y permisos bajo su competencia. Es decir, también las autoridades estatales y municipales tienen la obligación de permitir los proyectos, sin importar qué consecuencias tengan para sus territorios ni las políticas de desarrollo que se encuentren implementando en los mismos.

La Ley de los Órganos Reguladores en Materia Energética, en tanto, señala que los actos de los mismos sólo serán impugnables mediante amparo y no serán sujetos de suspensión, lo que tiene el objetivo de dar seguridad a las inversiones. Dado que son los órganos encargados de otorgar los permisos y contratos para la explotación de los hidrocarburos, la inclusión de esta disposición quiere decir que los proyectos no podrán ser detenidos hasta que haya una resolución judicial -lo que puede tardar años-, aunque conlleven violaciones a derechos humanos y degradación ambiental.

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Otra de las disposiciones para asegurar el desarrollo de la actividad es la incluida en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, con la creación del impuesto por la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos que alimenta un fondo estatal y municipal. El problema recae en el hecho de que las empresas estarán exentas de su pago cuando, por razones ajenas a su voluntad, no puedan operar en las áreas determinadas. De esta manera, se motiva a los gobiernos locales a que pongan en marcha medidas para que las compañías operen, lo que puede hacerse a costa de aquellas personas y comunidades que se oponen a los proyectos en defensa de sus derechos. Para ello, contarán con un mecanismo adicional: la Gendarmería, cuya creación se realizó tan sólo once días después de la aprobación de la legislación complementaria de la reforma energética (Fundar, 21/10/2014). Este cuerpo policial de élite, con más de 5 mil efectivos, tiene entre sus principales funciones actuar frente a quienes atenten contra los ciclos productivos y las fuentes de ingresos, es decir, las inversiones. De hecho, el mismo Secretario de Hacienda declaró a finales de 2014, en reuniones anuales convocadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que la Gendarmería será utilizada para proteger los proyectos energéticos. Incluso, se plantea crear una división especial dentro de este cuerpo para el sector minero (El Financiero, 14/04/2015).

En un país en el que la inseguridad crece cada día y donde hay miles de desaparecidos y asesinados, resulta aún más flagrante que se destinen recursos públicos a la protección de las empresas y no de la población. Además, dado el contexto de criminalización y represión de la protesta social y de los defensores de derechos humanos, del territorio y del medio ambiente, la Gendarmería se configura como un instrumento más para la imposición de proyectos.

 

Muchos mundos

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Lo expuesto hasta aquí, junto con otros cambios introducidos en la reforma tales como el debilitamiento de la regulación ambiental y la inclusión de la consulta previa como un mero trámite al no asegurar el derecho al consentimiento, plantea un panorama que se oscurece aún más ante la inminente intensificación del uso del fracking. Antes de la reforma, la fracturación hidráulica fue utilizada en, al menos, 20 campos en yacimientos de lutitas[6]. En todos los casos, esta actividad se realizó sin que la población fuera informada ni consultada al respecto. Con los cambios introducidos en la legislación en 2013 y 2014, las amenazas son aún mayores. La llegada de los gigantes petroleros, como Chevron, que tendrán a su favor una legislación para hacer y deshacer a su antojo, y un Estado a su servicio, plantea serios retos para la defensa del territorio en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luís Potosí y Oaxaca.

Sin embargo, la reforma viene acompañada de voces que se alzan cada vez más fuertes en contra del fracking, y de la multiplicación de poblaciones en lucha, que no sólo buscan detener esta actividad sino también plantear alternativas sustentables de vida comunitaria. No hay que olvidar que México es un país de resistencias, de construcción de alternativas y de luchas por una realidad diferente, que sigue en pie por un mundo en que quepan muchos mundos.

 

* Miembro de Fundar, Centro de Análisis e Investigación y la Alianza Mexicana contra el Fracking ** Este artículo es una adelanto de la nueva edición de Fractura Expuesta

 

[1] En México existen serios cuestionamientos a la confiabilidad de estos datos, ya que las instituciones públicas no dan información sobre la metodología utilizada, lo que lleva incluso a que diferentes entidades del Estado cuenten con cifras discrepantes entre ellas. Diversos colectivos en el país denuncian que estas cifras son muy inferiores a la realidad de las desapariciones ocurridas (Revista Proceso, 12/02/2015 y La Jornada, 30/08/2014).

[2] Más información sobre este caso se encuentra en https://consultaindigenajuchitan.wordpress.com

[3] Para conocer más sobre este proyecto ver en http://noamonterreyvi.com/que-es/

[4] Es importante señalar que hasta el momento sólo los restos de uno de los cuarenta y tres estudiantes desaparecidos, Alexander Mora, han podido ser identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (BBC Mundo, 06/12/2014).

[5] Para más información ver Bravo, Elisabeth (2005)

[6] Para más información ver Solicitud pública de información número 1857500102714 a Pemex. Disponible en http://www.sisi.org.mx/jspsi/documentos/2014/seguimiento/18575/1857500102714_065.pdf

 

Fuentes consultadas:

AAVV (21/06/2015). Pronunciamiento por la Vida y en Resistencia Contra la Devastación Ambiental y el Exterminio de Nuestro Origen.

BBC Mundo (06/12/2014). México: “identifican” los restos de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Bravo, Elisabeth (2005). Impactos de la explotación petrolera en América Latina.

Centro Prodh (05/06/2015), Acción Urgente: Ataques y Agresiones a estudiantes de la Universidad Veracruzana.

El Financiero (14/04/2015), Crearán división especial en Gendarmería para minería.

Fundar (21/10/2014). Gendarmería debe proteger derechos de personas y no intereses empresariales.

La Jornada -Fernando Camacho Servín- (30/08/2014). Incoherentes, las cifras oficiales de desaparecidos: AI.

Pemex (2015 a), Producción de hidrocarburos líquidos.

— (2015 b), Volumen de las importaciones de productos petrolíferos, gas natural y petroquímicos.

Revista Proceso -Homero Campa- (12/02/2015). En este sexenio, 13 desaparecidos por día.

Tlachinollan (08/06/2015). Acción Urgente: Policía federal abre fuego en contra de población de Tlapa de Comonfort después de un operativo fallido.

Puits non conventionnels dans la zone de Loma Campana, a 8 km d'A?elo.

¿Y si la vaca se cae?

Desde 2012, con la estatización parcial de YPF, el gobierno apuntaló un modelo energético que, sin chocar frontalmente, marcaba diversas rupturas con el neoliberalismo petrolero. La reforma de la Ley de Hidrocarburos, aprobada en octubre pasado, intentó abordar el escenario que planteaba el lento desarrollo de Vaca Muerta, se otorgaron mayores beneficios a las empresas del sector, pero también se promociona fuertemente la recuperación terciaria, la explotación offshore y los crudos ultra pesados como alternativas para incrementar la extracción. Sin embargo, la baja internacional del precio del petróleo amenaza con un prolongado impasse a la piedra angular de esta política: los yacimientos no convencionales. ¿Se abre otro capítulo en la política petrolera?

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Por Diego Pérez Roig* / Fotos Martín Barzilai, Sub Coop

“Hay optimismo y aceptación general de la situación actual”. Así sintetizó Adil Abdul-Mahdi, ministro iraquí del petróleo, el ánimo reinante en la reunión de la OPEP celebrada en Viena a comienzos de junio. La cotización internacional del petróleo crudo, así como de otros hidrocarburos y derivados, sufrió una estrepitosa caída entre mediados de 2014 y abril de este año. Si bien todavía se encuentra lejos de la anterior franja de US$ 100-110 por barril –¡ni qué hablar de los US$ 140 de 2008!–, el precio se ha estabilizado entre los US$ 60-65 y ha traído relativa tranquilidad a los países exportadores. Mientras que varios de los miembros de la organización esperan que continúe ascendiendo hasta alcanzar un óptimo de US$ 80, estimaciones más cautas, como la del Ministro de Energía ruso, prevén una fluctuación entre US$ 60-70 en los próximos tres años.

A la hora de analizar estos vaivenes, existe relativo consenso respecto de una importante sobreoferta a nivel mundial, aunque el énfasis se ha puesto de manera dispar en una multiplicidad de causas. De un lado, el estancamiento europeo y japonés, el bajo crecimiento estadounidense y la desaceleración de la economía china, implican una menor demanda de energía. Del otro, el masivo desarrollo de explotaciones no convencionales en EEUU, que redujo a menos de la mitad sus importaciones, se ha combinado con la resolución de la OPEP de no recortar la extracción en el mediano plazo. Algunos analistas vieron en esta jugada la determinación de llevar adelante una guerra de precios contra las (más costosas) explotaciones no convencionales, en la que no sólo ganaría la OPEP, sino las majors de la industria, que sacarían partido de la quiebra de los numerosos y advenedizos capitales pequeños y medianos que desembarcaron en el sector a raíz del boom del shale. Otros se inclinan por el interés estadounidense de ahogar económicamente a los miembros díscolos del cartel –Venezuela, Irán, Ecuador, Nigeria– y dar un tiro por elevación a Rusia. Contaría aquí con la anuencia de Arabia Saudita, inestimable aliado desde las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial, y el aumento de la tasa de interés de referencia que fija el Comité Monetario de la Reserva Federal de EEUU, que al revaluar el dólar, repercute no sólo en el precio del petróleo, sino también sobre el conjunto de los commodities.

“¿Hasta qué punto puede garantizarse la rentabilidad de las inversiones en Vaca Muerta, sin comprometer el frente fiscal ni la competitividad de la economía?”

Estos desacuerdos respecto del origen de los movimientos de coyuntura, contrastan, no obstante, con las certezas que otorga la mirada de largo plazo. Aunque no deben menospreciarse las consecuencias de las fluctuaciones en los precios, la realidad es que estas se producen en el marco de una notable tendencia al alza. Medido a valores de 2013, a lo largo de la historia el precio promedio del barril de petróleo superó los US$ 100 únicamente en seis oportunidades, de las cuales cuatro corresponden a la última década (1864, 1979, 1980, 2008, 2011, 2012 y 2013). Entre 2000-2013 se ubica en los US$ 70, mientras que entre 1861-1999 no alcanza los US$ 30. Así las cosas, no es aventurado suponer que pese a las oscilaciones actuales, o a otras futuras de mayor o menor intensidad, éstos eventualmente encontrarán nuevos puntos de equilibrio que rebasarán los máximos históricos; el problema es cuándo.

¿Se abre un impasse?

Recordemos que este notable incremento en el precio de los hidrocarburos durante la década de 2000 es condición sine qua non para todas aquellas explotaciones que incorporan una mayor masa de capital –offshore, lutitas, coalbed methane, arenas bituminosas, etc.–, con el objetivo de ampliar o suplir la oferta que ya no puede obtenerse por métodos convencionales. No es llamativo, pues, que los vaivenes en la cotización internacional hayan abierto un debate en Argentina acerca de la viabilidad económica de los proyectos que buscan sacar provecho del potencial de Vaca Muerta y otras formaciones geológicas.

Vue aerienne d'un puits non conventionnel de gaz et de petrole sur le site de Vaca Muerta ou est concentre une partie tres importante des reserves de gaz de schiste argentins, non loin du village d'A?elo.

En este respecto, la paradoja es que aquellos actores que ayer se oponían fuertemente al desacople de precios internos e internacionales impuesto por los derechos de exportación –fundamentalmente empresas y gobiernos provinciales–, hoy presionan por el mantenimiento de una cotización artificialmente alta en el mercado local. Desde que interviene directamente en el sector a través del control de YPF, el Gobierno Nacional no hace oídos sordos a este tipo de reclamos. Por este motivo, mientras saca provecho del menor costo de la importación de combustibles, reduce sólo moderadamente la cotización del barril de las variedades de crudo Medanito y Escalante, e implementa un subsidio estímulo a la extracción y exportación. ¿Hasta qué punto puede garantizarse la rentabilidad de las inversiones en Vaca Muerta, sin comprometer el frente fiscal ni la competitividad de la economía en su conjunto?

En febrero, el CEO de YPF, Miguel Galuccio, evaluó esta situación como coyuntural –“si pensara que el precio se va a quedar en US$ 50 en los próximos veinte años, tendríamos que bajar la persiana en el no convencional”– y pronosticó que en el corto o mediano plazo el barril volvería a acomodarse por encima de los US$ 84. Sin embargo, en los últimos meses YPF avanzó en una reestructuración de sus operaciones en el área Loma Campana, con el objetivo de incrementar la cantidad de pozos y su productividad, así como de reducir costos en términos de equipos, infraestructura y contratación de servicios. Se percibe que esta situación internacional, desde ya ingobernable, amenaza con colocar en un (¿prolongado?) impasse al conjunto de condiciones que, desde 2012, se vienen generando a nivel local con el objetivo de disparar la explotación de no convencionales.

Luego de la recuperación del control de YPF, se logró un primer acuerdo con Chevron, socio shale de inestimable aporte en términos de financiamiento, capacidad de gestión y know how. Meses más tarde, el Gobierno Nacional llegó a un entendimiento con Repsol por la expropiación de acciones de YPF, que puede entenderse, valoraciones al margen, como un intento de normalizar las relaciones con el sector y facilitar el acercamiento de nuevos socios. El acuerdo con Chevron estuvo enmarcado por la creación de un nuevo Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos (decreto 929/13), que dispuso una serie de beneficios[1] para aquellos titulares de permisos de exploración y/o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional, que presentaran un proyecto de inversión para la extracción de hidrocarburos con un desembolso mínimo de US$ 1.000 millones en los primeros cinco años.

Por su parte, desde el punto de vista político, el acuerdo YPF-Chevron requirió sendos entendimientos de Neuquén con la empresa argentina y con el Gobierno Nacional. La provincia, que detenta el dominio originario de los recursos, avaló las condiciones del decreto 929/13 y se comprometió a mantener las regalías en el orden del 12% hasta el año 2048 (que surge del plazo de vigencia de la concesión y su prórroga); a no gravar a la empresa con nuevos tributos, renta extraordinaria ni “Canon Extraordinario de Producción”; y a permitir que la propia YPF actúe dentro un equipo de trabajo que facilite las tareas de fiscalización ambiental y de inversiones, que competen a la autoridad de aplicación –además, YPF podrá ceder todos estos derechos y obligaciones a otro cesionario. Por último, de no llegar a un entendimiento en caso de controversias, sería inapelable el arbitraje de acuerdo a las reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional, con sede en París.

A cambio, Neuquén logró el compromiso de un plan de obras públicas por $ 1.000 millones, que sería financiado por la Nación. Este ítem, que apunta a generar consenso en los departamentos con mayor impacto por la actividad hidrocarburífera, contrasta notablemente con la brutal represión que sufrió, el día de la votación en la Legislatura provincial, una manifestación de 5 mil personas –integrantes de organizaciones sociales, sindicales, políticas, estudiantiles y de pueblos originarios– opuesta al acuerdo, que derivó en dos heridos por balas de plomo.

“Lo que el contexto internacional pone en cuestión, en realidad, es la posibilidad misma de sostener las premisas básicas que orientan el actual modelo petrolero”

Finalmente, desde el punto de vista macroeconómico, el impulso a la explotación de no convencionales propició cambios en el sistema de retenciones (resolución 1/13 del Ministerio de Economía de la Nación), que actualizaron el valor de corte que el productor recibe por cada barril exportado y el precio de referencia internacional a partir del cual se aplica el gravamen. De esta manera, el Estado nacional aceptó resignar parte de sus ingresos por retenciones en relación a las alícuotas anteriores y tendieron a equipararse los niveles de rentabilidad entre el petróleo de exportación y el destinado al mercado interno. Asimismo, se incrementó el precio del millón de BTU de gas en boca de pozo y se permitió un importante aumento de los combustibles, que desde mayo de 2012 acumulan subas superiores al 100%.

La contradicción commodities/recursos estratégicos

Lo que el contexto internacional pone en cuestión, en realidad, es la posibilidad misma de sostener las premisas básicas que orientan el actual modelo petrolero. La ley de soberanía hidrocarburífera de mayo de 2012, dictaminó como principio rector general de la política a implementar en el sector la concepción de los hidrocarburos como recursos estratégicos, (supuestamente) imprescindibles para un desarrollo socioeconómico armónico, equitativo y sustentable. Por este motivo, la actividad hidrocarburífera se conceptualiza como de interés público nacional, quedando a cargo del Estado “el autoabastecimiento en materia de combustibles [que] contribuye de manera crucial a determinar el tipo de modelo económico y de crecimiento que puede desenvolverse en cada país”. Para ello se estableció la utilidad pública y la expropiación del 51% del patrimonio de YPF S.A., hasta ese momento en manos de Repsol. Este cambio, así como la reafirmación del Poder Ejecutivo como la “autoridad a cargo de la fijación de la política en la materia”, son indicativos de un intento de re-centralización del diseño y la implementación de la política hidrocarburífera, que inevitablemente choca con lo establecido constitucionalmente a partir de 1994 y la provincialización consolidada durante los 2000, aunque lo revierte solo parcialmente.

Sin embargo, este sentido estratégico de los hidrocarburos[2] quedó enfrentado contradictoriamente con un resurgido criterio mercantil, que es expresión de otros de los principios rectores de la ley: “la obtención de saldos de hidrocarburos exportables para el mejoramiento de la balanza de pagos”; la continuidad de YPF como sociedad anónima abierta; la preservación de los intereses de los accionistas “generando valor para ellos”; y, en menor medida, la promoción de asociaciones con otras empresas -que pueden ser públicas, pero también “privadas o mixtas, nacionales o extranjeras”.

¿Cómo lograr el autoabastecimiento en un país cuyos campos petroleros más importantes se encuentran maduros y en franca declinación? ¿Cómo compatibilizar este objetivo, a su vez, con la “obtención de saldos exportables”? Está claro que la única posibilidad de suturar esta contradicción descansa sobre la supuesta riqueza de Vaca Muerta y otras formaciones geológicas. Un potencial ahora puesto en duda por la caída de los precios y que, hasta el momento, sólo avalan estimaciones hechas por organismos gubernamentales extranjeros y una ínfima certificación de reservas sobre el total de recursos proyectados.

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Esta creciente incertidumbre fue el trasfondo de la aprobación, en octubre de 2014, de una nueva ley de hidrocarburos presentada en el Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo. Entre los fundamentos de la norma reaparecen el sentido estratégico del petróleo y el gas, con énfasis en la necesidad de lograr el autoabastecimiento[3], y el interés por aprovechar estos recursos en cuanto commodities capaces de aportar equilibrio al sector externo. La ley continúa colocando a las “explotaciones no convencionales de hidrocarburos” como centro de la ecuación energética en el mediano y largo plazo. En este sentido, se amplían los plazos de exploración; se permite la subdivisión de áreas y su re-concesión como explotaciones no convencionales, previa solicitud del concesionario, por un plazo de 35 años prorrogable por 10 más; se establece un tope para el cobro de cánones y regalías; se ratifica la libre importación de bienes de capital e insumos imprescindibles para las operaciones, dispuesta por el decreto 927/13; se flexibilizan las condiciones de incorporación al régimen promocional creado por el decreto 929/13 –al disminuir la inversión mínima a US$ 250 millones– y se reduce el tiempo para la percepción de sus beneficios de cinco a tres años.

Lo más llamativo, no obstante, es que también se regimientan e incorporan importantes estímulos para otro tipo de explotaciones, definidas como proyectos de producción terciaria, petróleos extra pesados y costa afuera (offshore). Además de compartir varios de los beneficios anteriores, se contempla la posibilidad de que en estos casos, por su productividad, ubicación y características técnico/económicas desfavorables, la autoridad de aplicación correspondiente reduzca hasta en un 50% el cobro de regalías. Las explotaciones costa afuera, particularmente, contarán con permisos de exploración de idénticos plazos a las no convencionales, plazos de concesión por 30 años –prorrogables por 10 más–, y la posibilidad de exportar libremente un 60% de lo extraído a partir del tercer año, en caso de que la inversión hubiera alcanzado un mínimo de US$ 250 millones.

Todo un indicio, en definitiva, de que ante un panorama internacional que coloca entre signos de pregunta a las explotaciones más costosas, quizá sea necesario ampliar la oferta de hidrocarburos priorizando campos que llevan varias décadas de explotación y/o apurando la expansión de la frontera hidrocarburífera hacia el mar. Un escenario semejante, en el que podría reducirse significativamente el potencial de recursos a extraer, ¿precipitará un nuevo capítulo del dilema político recursos estratégicos-commodities? En suma, ¿empujará a una redefinición más profunda del modelo petrolero que la intentada a partir de 2012?

* Diego Pérez Roig. Politólogo. Integrante del OPSur e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes.

** Este artículo es una adelanto de la nueva edición de Fractura Expuesta

[1] Una vez cumplidos los primeros cinco años, podrían exportar el 20% de lo extraído sin pagar retenciones y tendrían la libre disponibilidad del 100% de las divisas que obtuvieran. En caso de que estos volúmenes debieran destinarse al mercado interno para satisfacer las necesidades de autoabastecimiento, igualmente gozarían de un precio no inferior al de exportación, que si bien se pagaría en pesos, también podría convertirse a divisas de libre disponibilidad. El régimen también contemplaba la solicitud de recategorización de los bloques (o fracciones) como “concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos”, con una extensión mínima de 25 años, prorrogables a 10 más de forma anticipada.

[2] Dos meses más tarde, el decreto reglamentario 1277/12 del 25 de julio, reafirmó los principios más disruptivos la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Así, se puso fin a la “libre disponibilidad” que se arrastraba desde las primeras reformas neoliberales y se intentó institucionalizar una mayor planificación y gestión a nivel nacional de los segmentos del sector.

[3] El petróleo y el gas “resultan en la actualidad la principal fuente energética, y consecuentemente [recursos trascendentales] en la estructura económica y de desarrollo para dicho crecimiento, resultando necesario fortalecer la promoción de la inversión destinada a la explotación de hidrocarburos”. La política de autoabastecimiento debe incrementar la producción propia “como recurso estratégico”, para reducir la dependencia del petróleo importado, acumular stocks de crudo, e implementar mecanismos que “permitan sobrellevar las fluctuaciones de los precios del petróleo a nivel internacional”.

Debate en Eurolat: un triunfo del movimiento antifracking

La reciente intervención al interior de la Asamblea que reúne a parlamentarios de Europa y América Latina, conocida como Eurolat, mostró una vez más la unidad del movimiento global antifracking y la fortaleza de nuestros argumentos. Gracias al esfuerzo conjunto desde ambos lados del Atlántico, logramos cambiar el eje de la discusión en torno a un informe que en su redacción original buscaba promover esta degradante técnica. Esto permitió construir una plataforma para avanzar con una recomendación de moratoria al fracking en ambas regiones.

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OPSur exponiendo en el encuentro Eurolat – Sociedad Civil /Julieta González 

Felipe Gutiérrez (*) y Antoine Simon (**).- Cuando conocimos la existencia del informe sobre “oportunidades y desafíos del gas de esquisto” , desarrollado por la Comisión de Desarrollo Sostenible del Eurolat, nos generó una gran preocupación el tono que sostenía. Escrito por la eurodiputada española Pilar Ayuso (PP) y el representante colombiano Mauricio Gómez (PL), su redacción buscaba la promoción irrestricta de la técnica del fracking, llamando a los parlamentarios de ambas regiones a legislar en su favor. El reporte inicial tenía dos bases fundamentales:

– los cuestionados informes del gobierno de Estados Unidos que sostienen evaluaciones demasiado optimistas respecto de las reservas mundiales de gas y petróleo de lutitas/esquistos;

– la idea de que la experiencia de EE.UU. en torno a los no convencionales puede ser replicada, ignorando los numerosos obstáculos económicos, geológicos y ambientales observados en la mayoría de las otras regiones del mundo (omitiendo además las controversias ambientales que esa explotación generó en EE.UU.).

A pesar de que el Eurolat no es un espacio legislativo -de ese encuentro sólo emanan recomendaciones no vinculantes- consideramos crucial generar una alerta temprana, debido a que la aprobación de dicho informe hubiera constituido un primer antecedente de promoción pública al fracking en un espacio birregional. Por esto, junto a más de 200 organizaciones de 20 países de ambos continentes, elaboramos una carta de recomendaciones s que hicimos llegar a los miembros del Eurolat antes de la reunión realizada en marzo en Ciudad de Panamá. A pesar de destacar algunos argumentos como la aplicación del principio precautorio y la propuesta de fortalecer instituciones de monitoreo, incorporados en el documento,  llamamos la atención sobre el desbalance del texto que, entre otras cosas, obviaba el negativo impacto que esta técnica genera en el cambio climático, la compleja situación financiera que transita el sector -sobre todo a partir de la baja del precio del petróleo-, además del importante movimiento global que ha prohibido esta técnica en numerosos países, estados y municipios.

Ante esto hicimos una serie de recomendaciones que podemos sintetizar en tres argumentos principales. En primer lugar, llamamos a regular el doble estándar en el que incurren las empresas europeas al operar en América Latina. Un ejemplo de esto es el caso de la petrolera francesa Total, mientras en su país de origen el fracking está prohibido, en la Argentina, fractura incluso al interior de sitios de alto valor de conservación de una importante porción de flora y fauna de la Patagonia como es el Área Natural Protegida Auca Mahuida. La reacción de la empresa solo ocurrió después de que viajamos a su Junta de Accionistas en París para denunciar lo que están haciendo en la Patagonia, convocando a una reunión en Neuquén donde señaló que no volverían a fracturar dentro del área en el corto plazo.  Este es sólo uno de las decenas de casos de cómo operan en América Latina las empresas transnacionales del sector.

Por otra parte consideramos que el Eurolat debe llamar a que se desarrollen consultas a las poblaciones locales, más aún cuando estas tienen derechos específicos que las resguardan, como es el caso de los pueblos indígenas. Esta consulta debe ser previa, es decir no debe hacerse sobre los hechos consumados, y debe darse de manera libre e informada. Finalmente, y basándonos en el principio precuatorio citado en la redacción original del texto, sostenemos que éste debe llamar a declarar una moratoria de la utilización del fracking en ambas regiones.

Con ese documento, que contenía recomendaciones y numerosas evidencias de los impactos ambientales de esta industria, iniciamos el contacto con decenas de diputados de ambas regiones. Nuestro trabajo tuvo eco en muchos de ellos, de distintas bancadas y países, lo que generó que se propusieran 177 enmiendas al reporte. La votación de estas enmiendas debía ocurrir a principios de junio, durante la reunión de Eurolat en Bruselas, sin embargo fue pospuesta luego de que los autores del texto inicial fueran tomados por sorpresa por la cantidad de enmiendas críticas.

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El representante colombiano Mauricio Gómez (PL), visita Loma Campana junto a la senadora Lucila Crexell (MPN) /Facebook Sen. Crexell

La plataforma para una moratoria

Finalmente el informe  fue abordado al interior de la Comisión de Desarrollo Sostenible, donde solo tuvo la defensa de sus redactores. Ayuso reconoció la importancia de “aplicar el principio precautorio” en la discusión energética, aunque advirtió que si el informe finalmente llamaba a una moratoria, ella quitaría su firma. Por su parte Gómez, relató una visita que hizo a la formación Vaca Muerta -coordinada por representantes argentinas del Eurolat- para luego sostener que “en  Argentina, en materia de medio ambiente, no le ha pasado absolutamente nada con el fracking”. Finalmente agregó que los químicos utilizados en la fractura son los mismos que utilizan los dentistas.

“Yo tengo todos mis dientes y no precisé hacer fracking”, respondió el eurodiputado portugués José Inácio Faria (ALDE), quien llamó a la prudencia con la utilización de esta técnica. Por su parte el senador brasileño Roberto Requiao (PMDB) instó a considerar técnicas alternativas, mientras que el italiano Ignazio Corrao (EFDD) pidió no generar una “falsa dicotomía entre desarrollo y medio ambiente”. Uno a uno los demás miembros de la comisión fueron tomando la palabra para plantear sus diferencias con el informe. El senador chileno Alfonso de Urresti (PS) le recordó al diputado Gómez el impacto sobre las poblaciones mapuche que habitan sobre la formación Vaca Muerta en Argentina, llamando a aplicar la consulta previa en estos casos y a utilizar el principio precautorio para “no hacer experimentación en nuestros territorios”. En la misma línea se pronunciaron el portugués Carlos Zorrinho y el inglés Seb Dancce (ambos socialdemócratas), mientras que en favor de las enmiendas también se manifestaron los españoles Tania González Peñas de Podemos (GUE/NGL) y Ernest Urtasún (Verdes). “Queríamos traer este debate al Eurolat, quiero agradecer a las organizaciones que aportaron con su experiencia y su voz y nos ayudaron a hacer frente al fracking, que en este momento es una de las grandes amenazas medioambientales que tenemos”, señaló Urtasún. Y  agregó: “Si el texto sale aprobado tal y como está sería un desastre. No lo vamos a permitir, vamos a luchar para que eso no sea así”.

El debate en comisión demostró que hubo un giro en 180 grados de la discusión, a partir de nuestras intervenciones y las enmiendas propuestas. Esto sienta un precedente muy importante, y nos permite avanzar hacia la búsqueda de la prohibición fracking en ambas regiones. Aunque no significa detener la expansión de la industria no convencional, sienta un precedente y demuestra que nuestro trabajo conjunto puede tener un impacto en el más alto nivel del proceso de toma de decisiones. Creemos que ese trabajo puede ser una de las claves para ganar esta batalla.

(*) Observatorio Petrolero Sur, Argentina (**) Amigos de la Tierra Europa.

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Debate en Eurolat: un triunfo del movimiento antifracking

La reciente intervención al interior de la Asamblea que reúne a parlamentarios de Europa y América Latina, conocida como Eurolat, mostró una vez más la unidad del movimiento global antifracking y la fortaleza de nuestros argumentos. Gracias al esfuerzo conjunto desde ambos lados del Atlántico, logramos cambiar el eje de la discusión en torno a un informe que en su redacción original buscaba promover esta degradante técnica. Esto permitió construir una plataforma para avanzar con una recomendación de moratoria al fracking en ambas regiones.

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OPSur exponiendo en el encuentro Eurolat – Sociedad Civil /Julieta González 

Felipe Gutiérrez (*) y Antoine Simon (**).- Cuando conocimos la existencia del informe sobre “oportunidades y desafíos del gas de esquisto” , desarrollado por la Comisión de Desarrollo Sostenible del Eurolat, nos generó una gran preocupación el tono que sostenía. Escrito por la eurodiputada española Pilar Ayuso (PP) y el representante colombiano Mauricio Gómez (PL), su redacción buscaba la promoción irrestricta de la técnica del fracking, llamando a los parlamentarios de ambas regiones a legislar en su favor. El reporte inicial tenía dos bases fundamentales:

– los cuestionados informes del gobierno de Estados Unidos que sostienen evaluaciones demasiado optimistas respecto de las reservas mundiales de gas y petróleo de lutitas/esquistos;

– la idea de que la experiencia de EE.UU. en torno a los no convencionales puede ser replicada, ignorando los numerosos obstáculos económicos, geológicos y ambientales observados en la mayoría de las otras regiones del mundo (omitiendo además las controversias ambientales que esa explotación generó en EE.UU.).

A pesar de que el Eurolat no es un espacio legislativo -de ese encuentro sólo emanan recomendaciones no vinculantes- consideramos crucial generar una alerta temprana, debido a que la aprobación de dicho informe hubiera constituido un primer antecedente de promoción pública al fracking en un espacio birregional. Por esto, junto a más de 200 organizaciones de 20 países de ambos continentes, elaboramos una carta de recomendaciones s que hicimos llegar a los miembros del Eurolat antes de la reunión realizada en marzo en Ciudad de Panamá. A pesar de destacar algunos argumentos como la aplicación del principio precautorio y la propuesta de fortalecer instituciones de monitoreo, incorporados en el documento,  llamamos la atención sobre el desbalance del texto que, entre otras cosas, obviaba el negativo impacto que esta técnica genera en el cambio climático, la compleja situación financiera que transita el sector -sobre todo a partir de la baja del precio del petróleo-, además del importante movimiento global que ha prohibido esta técnica en numerosos países, estados y municipios.

Ante esto hicimos una serie de recomendaciones que podemos sintetizar en tres argumentos principales. En primer lugar, llamamos a regular el doble estándar en el que incurren las empresas europeas al operar en América Latina. Un ejemplo de esto es el caso de la petrolera francesa Total, mientras en su país de origen el fracking está prohibido, en la Argentina, fractura incluso al interior de sitios de alto valor de conservación de una importante porción de flora y fauna de la Patagonia como es el Área Natural Protegida Auca Mahuida. La reacción de la empresa solo ocurrió después de que viajamos a su Junta de Accionistas en París para denunciar lo que están haciendo en la Patagonia, convocando a una reunión en Neuquén donde señaló que no volverían a fracturar dentro del área en el corto plazo.  Este es sólo uno de las decenas de casos de cómo operan en América Latina las empresas transnacionales del sector.

Por otra parte consideramos que el Eurolat debe llamar a que se desarrollen consultas a las poblaciones locales, más aún cuando estas tienen derechos específicos que las resguardan, como es el caso de los pueblos indígenas. Esta consulta debe ser previa, es decir no debe hacerse sobre los hechos consumados, y debe darse de manera libre e informada. Finalmente, y basándonos en el principio precuatorio citado en la redacción original del texto, sostenemos que éste debe llamar a declarar una moratoria de la utilización del fracking en ambas regiones.

Con ese documento, que contenía recomendaciones y numerosas evidencias de los impactos ambientales de esta industria, iniciamos el contacto con decenas de diputados de ambas regiones. Nuestro trabajo tuvo eco en muchos de ellos, de distintas bancadas y países, lo que generó que se propusieran 177 enmiendas al reporte. La votación de estas enmiendas debía ocurrir a principios de junio, durante la reunión de Eurolat en Bruselas, sin embargo fue pospuesta luego de que los autores del texto inicial fueran tomados por sorpresa por la cantidad de enmiendas críticas.

 eurolat loma campana

El representante colombiano Mauricio Gómez (PL), visita Loma Campana junto a la senadora Lucila Crexell (MPN) /Facebook Sen. Crexell

La plataforma para una moratoria

Finalmente el informe  fue abordado al interior de la Comisión de Desarrollo Sostenible, donde solo tuvo la defensa de sus redactores. Ayuso reconoció la importancia de “aplicar el principio precautorio” en la discusión energética, aunque advirtió que si el informe finalmente llamaba a una moratoria, ella quitaría su firma. Por su parte Gómez, relató una visita que hizo a la formación Vaca Muerta -coordinada por representantes argentinas del Eurolat- para luego sostener que “en  Argentina, en materia de medio ambiente, no le ha pasado absolutamente nada con el fracking”. Finalmente agregó que los químicos utilizados en la fractura son los mismos que utilizan los dentistas.

“Yo tengo todos mis dientes y no precisé hacer fracking”, respondió el eurodiputado portugués José Inácio Faria (ALDE), quien llamó a la prudencia con la utilización de esta técnica. Por su parte el senador brasileño Roberto Requiao (PMDB) instó a considerar técnicas alternativas, mientras que el italiano Ignazio Corrao (EFDD) pidió no generar una “falsa dicotomía entre desarrollo y medio ambiente”. Uno a uno los demás miembros de la comisión fueron tomando la palabra para plantear sus diferencias con el informe. El senador chileno Alfonso de Urresti (PS) le recordó al diputado Gómez el impacto sobre las poblaciones mapuche que habitan sobre la formación Vaca Muerta en Argentina, llamando a aplicar la consulta previa en estos casos y a utilizar el principio precautorio para “no hacer experimentación en nuestros territorios”. En la misma línea se pronunciaron el portugués Carlos Zorrinho y el inglés Seb Dancce (ambos socialdemócratas), mientras que en favor de las enmiendas también se manifestaron los españoles Tania González Peñas de Podemos (GUE/NGL) y Ernest Urtasún (Verdes). “Queríamos traer este debate al Eurolat, quiero agradecer a las organizaciones que aportaron con su experiencia y su voz y nos ayudaron a hacer frente al fracking, que en este momento es una de las grandes amenazas medioambientales que tenemos”, señaló Urtasún. Y  agregó: “Si el texto sale aprobado tal y como está sería un desastre. No lo vamos a permitir, vamos a luchar para que eso no sea así”.

El debate en comisión demostró que hubo un giro en 180 grados de la discusión, a partir de nuestras intervenciones y las enmiendas propuestas. Esto sienta un precedente muy importante, y nos permite avanzar hacia la búsqueda de la prohibición fracking en ambas regiones. Aunque no significa detener la expansión de la industria no convencional, sienta un precedente y demuestra que nuestro trabajo conjunto puede tener un impacto en el más alto nivel del proceso de toma de decisiones. Creemos que ese trabajo puede ser una de las claves para ganar esta batalla.

(*) Observatorio Petrolero Sur, Argentina (**) Amigos de la Tierra Europa.

20 Mitos y realidades del fracking

Descargá el libro gratis en formato pdf fracking_mitosyrealidades Prefacio

Las advertencias sobre los riesgos e incertidumbres causados por la dinámica industrial y la opción por un crecimiento económico exponencial e ilimitado, durante décadas desestimadas en nuestro país, actualmente ocupan un lugar en la agenda de amplios movimientos sociales y políticos. Así, aquellos megaproyectos que antes eran aceptados sin discusión por la población, hoy comienzan a convertirse en motivos de problematización y de intensos debates sociales. Los daños sistemáticos en el ecosistema –en algunos casos irreversibles–, que afectan y amenazan cada vez más el desarrollo y la reproducción de la vida, han volcado el tablero.

Los debates y decisiones que antes estaban reservados exclusivamente a los técnicos y las burocracias especializadas de las metrópolis hoy son disputados por la participación ciudadana, que en más de una oportunidad crece desde pueblos y parajes olvidados de la extensa geografía del país. Así ha sucedido con la megaminería a cielo abierto en nuestro país, alrededor de la cual, desde 2003, se han venido desarrollando fuertes resistencias y cuestionamientos. Asimismo, comienza a avizorarse con respecto al modelo sojero, sobre todo relacionado a sus impactos socio-sanitarios, al desplazamiento y criminalización de poblaciones campesinas e indígenas, al avance del desmonte y la tendencia al monocultivo.

La extracción de los hidrocarburos no convencionales, con la metodología de la fracturación hidráulica o fracking se inserta en este registro controversial, aún así posee rasgos propios que le dan un carácter más amplio y complejo. Los cuestionamientos científicos, las resistencias y los graves conflictos que está suscitando la imposición del fracking en diversas regiones del planeta, más aún, el horizonte civilizatorio que implica la consolidación de una determinada matriz energética, hacen necesaria la producción y divulgación de información plural, interdisciplinaria y crítica sobre el tema, así como la apertura de un debate verdaderamente democrático en nuestra sociedad.

Desde nuestra perspectiva, tres son los ejes esenciales en dicho debate colectivo. Uno, el eje que sostiene la necesidad de construir un enfoque integral y multidisciplinario; dos, el eje que defiende la pluralidad del saber científico y su independencia respecto de los diferentes poderes (económico, político, mediático, religioso); tres, el eje que conecta la discusión con la cuestión de la democracia y sus fronteras, esto es, que construye un abordaje complejo e interdisciplinario, en convergencia con una visión participativa de la democracia.

Así, el primer eje está vinculado a la multidisciplinariedad. Dada la complejidad del tema, así como el carácter controversial ya evocado, el debate sobre el fracking exige desarrollar un enfoque integral y multidisciplinario, que dé cuenta de las múltiples dimensiones que atraviesan la problemática, desde las más generales (la cuestión geopolítica, la cuestión de la matriz energética, la normativa especial que ésta genera, el rol de las empresas nacionales y las trasnacionales), pasando por aquellas estrictamente técnicas (si el fracking es una técnica segura o no; qué implicaciones puede tener en su carácter de técnica experimental, el impacto ambiental sobre el agua, sobre el territorio, sobre la salud de las personas y animales, sobre el cambio climático), hasta aquellas más políticas y sociales (qué sucede con las economías regionales; qué configuraciones urbanas y sociales aparecen asociadas a esta matriz, porqué se niega la participación de las poblaciones afectadas, qué cuestiones involucra la criminalización de las luchas, entre otros).

El segundo eje inserta esta discusión en un escenario de fuertes asimetrías de poder. Por un lado, es conocida la capacidad de lobby de las grandes corporaciones trasnacionales ligadas a la extracción de hidrocarburos, así como el lugar cada vez mayor que el fracking, de la mano de Estados Unidos, tiene en la agenda global. Por otro lado, hay que destacar el interés del gobierno argentino por identificar la explotación de hidrocarburos no convencionales con soberanía energética, en un contexto de fuerte déficit, lo cual lleva a descalificar o minimizar los diferentes argumentos que colocan el fracking en un campo de importantes riesgos e incertidumbres, negando así los impactos que este tipo de extracción pueda provocar en los ecosistemas y la salud de las poblaciones. A esto se suma que cualquier cuestionamiento sobre el fracking, conlleva también una discusión sobre la matriz energética, la cual en el caso argentino es fuertemente dependiente de los hidrocarburos. Y en este campo, antes que la apuesta por una transición en dirección hacia energías limpias y renovables, resulta claro que el gobierno nacional y los oficialismos provinciales han decidido profundizar la actual matriz energética, descalificando cualquier discusión o alternativa como “irrealista”, o producto de visiones “fundamentalistas”, ligadas a los movimientos y asambleas socioambientales y las organizaciones indígenas.

Todo ello torna aún más difícil y espinosa la cuestión, insertando el debate en una escena asimétrica, donde sólo unos pocos (los que avalan el fracking) tienen voz y difusión. En este sentido, es importante destacar que la aprobación del convenio entre YPF-Chevron-provincia del Neuquén (28 de agosto de 2013), habilitó el ingreso a gran escala del fracking en nuestro país. A través de una fuerte campaña publicitaria, que no ha escatimado medios económicos ni simbólicos, el gobierno nacional y sus socios provinciales han buscado establecer una suerte de consenso sobre el fracking, dando a entender que la discusión ya fue saldada y que las dudas han sido evacuadas. La defensa del fracking aparece, además, avalada por técnicos y expertos, mayormente ligados al mundo de las empresas petroleras, que creen detentar el monopolio del saber, y se escudan detrás de una concepción monolítica y cerrada de la ciencia. Muchas de esas voces expertas tienen intereses económicos claros o, en su defecto, han naturalizado la actual matriz energética y el desarrollo de la industria hidrocarburífera, a la cual aceptan sin cuestionamientos. Así, muchas de esas voces, interesadamente o no, piensan que no existe otra alternativa que la que propone el gobierno, a través de la YPF modelo 2012 y sus socios transnacionales, y tienden a acantonarse en una defensa acérrima del actual modelo energético.

Es por esta razón que en un contexto cada vez más unilateral –y monocromático– de avasallamiento y de cierre de los canales de discusión sobre el tema, la producción de un saber experto independiente tanto del poder económico como del poder político, se hace imprescindible. Se trata de producir y sistematizar información y conocimiento de manera clara, veraz y fundada, en gran medida muy poco accesible al público que está o puede estar interesado en el tema, así como a las comunidades que cuestionan el fracking y desconfían de las fórmulas triunfalistas de los gobiernos y empresas.

Es por esta razón también que consideramos necesario incorporar los más diversos saberes y disciplinas científicas, a fin de problematizar aquello que algunos expertos y políticos buscan acotar y redefinir como una cuestión estrictamente técnica, como si la temática fuera monopolio exclusivo de los especialistas del campo del petróleo. Ante esa mirada acotada, proponemos la conjunción de diversos saberes y disciplinas científicas: el equipo así conformado para la elaboración de este libro está constituido por un ingeniero especialista en petróleo (Eduardo D´Elía), un geógrafo y técnico con trayectoria en el campo del petróleo (Roberto Ochandio), un ingeniero especialista en temas de energía (Pablo Bertinat), un abogado especialista en cuestiones ambientales (Enrique Viale), un periodista y un especialista en ciencias políticas (Hernán Scandizzo y Diego di Risio, de Observatorio Petrolero Sur) y una doctora en sociología (Maristella Svampa).

En tercer lugar, estamos convencidos que además de ser un debate colectivo, en el mismo tienen un rol fundamental las comunidades afectadas. En nuestro país, son cada vez más las voces de los pueblos originarios, organizaciones multisectoriales y asambleas ciudadanas, que reivindican su derecho a decidir respecto de la sustentabilidad o no de megaproyectos que ponen en vilo formas de vida y horizontes colectivos. Como hemos señalado en este prefacio, creemos que no sólo está en cuestión lo que entendemos por modelo de desarrollo y su relación con la problemática ambiental; sino también lo que entendemos por democracia, quiénes tienen derecho a decidir y porqué. Más simple, se trata de abrir la discusión sobre la cuestión de la democratización de las decisiones colectivas. Así, esta es una disputa que nos coloca en las fronteras mismas de la democracia, que habla acerca de su posibilidad y de su alcance.

20 mitos y realidades del fracking en Argentina tiene por objetivo proporcionar información veraz y documentada, apoyada en una argumentación pluridisciplinar, sobre este tema tan complejo y controversial.

Tal como lo habíamos hecho respecto de la megaminería, por esta vía, apuntamos a deconstruir el discurso hegemónico y los lugares comunes sobre el fracking, desmontando y desactivando los “mitos” que sobre la explotación de los hidrocarburos no convencionales y a gran escala repiten con total impunidad sus actuales defensores (corporaciones petroleras, representantes del gobierno nacional y de las diferentes provincias petroleras, voceros periodísticos y cierto saber experto, como institutos ligados a la industria petrolera), amparados en la escasa información y conocimiento que el argentino medio tiene sobre estos temas.

Finalmente, el libro que presentamos aquí es tanto la conjunción de diferentes disciplinas como el producto de un intenso trabajo colectivo. Y aunque hayamos optado por señalar quienes han contribuido de modo fundamental en la elaboración de cada mito, cabe aclarar que el libro es producto del trabajo y la discusión colectiva, que ha llevado varios meses de reuniones y múltiples escrituras, hasta llegar a esta versión consensuada que hoy ofrecemos al público. Pero por sobre todas las cosas, es un libro que apunta a romper con la visión monolítica que hoy se impone sobre el fracking a partir de la producción de un saber experto independiente. Una tarea necesaria y cada vez más difícil en un contexto de invisibilización de las críticas y de los cuestionamientos que colectivos de ciudadanos y miembros de la comunidad científica hacen actualmente sobre el fracking.

Agradecemos a la editorial El Colectivo, vinculada al Frente Popular Darío Santillán, por el compromiso asumido con estos temas, no siempre visibles desde las grandes urbes. Asimismo, nuestro agradecimiento a la Fundación Rosa Luxemburgo por el apoyo económico en la coedición de este libro. Y nuestra dedicatoria a aquellos y aquellas personas que desde las asambleas, organizaciones mutisectoriales y pueblos originarios reclaman la necesidad de un debate acerca de los modelos de desarrollo, el respeto del ambiente y las formas de participación.

Aunque somos conscientes del debate desigual en el que se inserta este trabajo, esperamos poder contribuir a pensar una sociedad mejor, más respetuosa del futuro de las próximas generaciones, más crítica y plural en su concepción de la vida y la democracia.

Los autores, Julio del 2014.

Desde Buenos Aires, Esquel, Morón, Río Gallegos y Rosario.

El sentido comunal de la crítica al extractivismo

Energía, caos sistémico y producción de lo común

“Como los conquistadores del Far West americano, el capitalismo avanza hacia el desierto”. José Natanson

“Como si fueran equivalentes Estado, Gobierno y Administración. Como si el Estado fuera el mismo, como si tuviera las mismas funciones de hace 20, 40, 100 años. Como si el sistema fuera también el mismo y mismas las formas de sometimiento, de destrucción. O, para ponerlo en términos de la Sexta: las mismas formas de explotación, represión, discriminación y despojo. Como si allá arriba el Poder hubiera mantenido invariable su funcionamiento. Como si la hidra no hubiera regenerado sus múltiples cabezas”. Subcomandante Galeano (EZLN), abril 2015

territorios en resistencia Por Emiliano Teran Mantovani.

Como lo han planteado recientemente los zapatistas, esos nubarrones en el horizonte, ¿significan que viene una lluvia pasajera o una tormenta? Los crecientes rasgos de caos sistémico que se desarrollan ante nuestros ojos, interpelan con fuerza, una y otra vez, el sentido de los debates políticos sobre transformaciones y resistencias a la incesante expansión del capital; impactan sus dinámicas, crean constantemente encrucijadas, dilemas éticos; hacen que sean cada vez menos útiles algunos análisis centrados en los aspectos formales y regulares de los sistemas.

El movimiento salvaje del capital ha convertido al sistema capitalista contemporáneo en una especie de Frankenstein. Se trata en efecto, de un régimen de biopoder global muy asimétrico, pero que se despliega en un sistema de altísima complejidad e incertidumbre, con crecientes manifestaciones caóticas, de múltiples bifurcaciones, inestabilidades, fragmentaciones y volatilidades, sin precedentes en su historia; un proceso que recuerda también la metáfora de Marx en el Manifiesto Comunista, aún más pertinente para nuestros tiempos, del brujo que se vuelve impotente para dominar los espíritus subterráneos que conjuró. Bajo los pies de todo el juego geopolítico actual, de la guerra mundial por los recursos, de todas las pugnas territoriales de poder que hoy se desarrollan, se reproduce un orden metabólico incontrolable, como lo ha planteado István Mészáros.

En este sentido, y con respecto a los sistemas extractivistas latinoamericanos, ¿qué impacto tendrá para éstos, sus pobladores, sus territorios, el desarrollo de esta crisis civilizatoria, en relación a los distintos niveles de vulnerabilidad de la región? ¿Cómo leer las mutaciones regresivas del «ciclo progresista» en los últimos años, a la luz de la dinámica de caos sistémico global? ¿Cómo se vincula esto, con los notables cambios en los órdenes metabólicos de nuestros países de la última década, que en diversos casos, como el venezolano, hace manifiesto los límites y el agotamiento de sus modelos de “desarrollo”?

De esta compleja coyuntura histórica, se desprenden también otra serie de preguntas fundamentales, ¿cuáles son pues, los horizontes positivos, programáticos, éticos, políticos de la crítica al extractivismo? ¿Hacia dónde apunta? ¿La crítica al extractivismo debería servir para apuntar al “desarrollo” de una “economía nacional” industrializada? ¿El centro de los objetivos es mejorar la producción, la productividad, y engordar el sector secundario? Ante las crecientes manifestaciones de caos sistémico, ¿hacia dónde se dirige la crítica?, ¿quiénes gestionan en los países o territorios de América Latina, las transformaciones y paliativos ante el agravamiento de la crisis global? ¿Qué podrán ser capaces de ofrecer los Estados extractivistas (periféricos) ante esta situación?

La “primavera” progresista, viva y movida en la década pasada en muchos países de la región, que avivó los debates sobre el neoextractivismo, se ve cada vez más lejos en el retrovisor, y es opacada por los nubarrones visibles en el horizonte. Las cosas van cambiando a un ritmo sostenido.

Los anhelados Estados de bienestar, parecen formas políticas coyunturales de un momento del desarrollo histórico capitalista, de una serie de condiciones, que no parecen poder repetirse en la actualidad. ¿Cómo se conjuga la soñada industrialización, con los límites de la expansión de los procesos de reproducción ampliada de capital, a escala planetaria?, ¿cómo queda el afán de “desarrollo nacional” ante el hipotético «fin de los ciclos Kondratieff»[1]?, ¿a cuánto tiempo, y en qué escalas geográficas va a ser posible planificar?, ¿cuál es nuestra capacidad para atenuar los notables grados de vulnerabilidad sistémica que posee la región, ante situaciones difíciles?, ¿qué formas van tomando las disputas territoriales y qué capacidad puede mantener el Estado para monopolizar su poder en territorio nacional? Y en este sentido, ¿qué papel político pueden jugar las diversas formas de extractivismo delincuencial[2] que operan en América Latina?

Ante semejantes amenazas, incluso a la propia posibilidad de vida humana en el planeta, el sentido ético-político de la crítica al extractivismo centra su mirada en la reproducción de la vida y sus ciclos, en el más amplio sentido de la palabra ―no solo vida humana―. Se trata de una moneda con sus dos caras: una que busca desnudar al extractivismo mostrando sus límites y consecuencias, poniendo en evidencia sus narrativas y aspectos programáticos, y la falsa idea de que “no hay alternativas”; la otra, intenta visibilizar que no hay fórmula post-extractivista que valga, por más deslumbrante que sea la promesa, si se niega a reconocer la soberanía popular-territorial, si se rehúsa a privilegiar la riqueza ontológica de la vida, los procesos ecológicos de producción de valor. En este sentido, el proyecto ético-político que constituye la crítica al extractivismo, se centran en la defensa y reproducción de los comunes, de lo común.

Caos sistémico y territorios en resistencia: la biopolítica de los comunes

El desafío a los capitalismos extractivos, al ser éstos órdenes metabólicos transterritoriales[3], son no solo horizontes políticos del campo rural, campesino o indígena, sino también urbano. El ámbito y la producción de los comunes, claramente diferente del ámbito histórico de lo público y lo privado, no solo se define a partir de la acción colectiva, constitución de comunidad, y/o tejidos cooperativos (estables o no) entre sujetos, sino en la manera sinérgica y armónica en la cual interactúan con sus ecosistemas para reproducir la vida inmediata. Los bienes comunes, la riqueza común del mundo material e inmaterial (agua, biodiversidad, saberes, etc.), son comunizados en la gestión social colectiva, mediante acuerdos intersubjetivos para garantizar la subsistencia, sin agredir a cualquier otra experiencia de comunes. Es en este sentido, que hablamos de un concepto biopolítico de lo común: los bienes para la vida son componentes de un ecosistema, al igual que los humanos y las interacciones sociales. Se trata de un concepto ecológico cualitativo[4] para la reproducción de la vida.

Esta noción potenciadora de la crítica al extractivismo tiene importantes implicaciones políticas que es necesario resaltar. En primer lugar, ante escenarios de caos sistémico, de gran complejidad y alta incertidumbre, en los cuales los entornos pueden cambiar rápidamente (en términos políticos, sociales, climáticos, etc.), el principio de orden es la comunidad y lo comunitario. Si los sistemas se caotizan, son las fuerzas sociales territoriales las que tienen principalmente el alcance y la capacidad de resistir y/o transformar las múltiples perturbaciones que afectan la reproducción de su vida cotidiana. Es en lo molecular donde lo común puede luchar contra los estragos del caos capitalista.

En segundo lugar, si el capital penetra todos los espacios y ámbitos de la vida humana ―por esta razón es un sistema “totalitario” para Mészáros―, esto implica que en primera instancia, es en ellos donde las formas de lo común no sólo producen sus resistencias territoriales, sino también germinan las formas futuras del cambio histórico en desarrollo. Mientras que las corrientes hegemónicas de la política en América Latina acotan todo el discurso en plantear cuál es el mejor balance entre Estado y Mercado, los comunes, con su diversidad de potencialidades y situaciones, trazan sus propios libretos e intentan defender y ejercer su soberanía territorial, y conformar mejores balanzas de poder con los gobiernos instituidos, sobre la premisa de un mandar obedeciendo o un «poder obediencial» (E. Dussel); esto tanto en los ámbitos rurales o semi-rurales (por ejemplo, las resistencias actuales contra el proyecto minero Tía María, Arequipa, Perú), como en los urbanos (por ejemplo, la Asamblea Ciudadana en defensa del parque Alberdi en Santa Fe, Argentina, o los campamentos de pioneros en Caracas, Venezuela). En todos los casos, el horizonte anti y post-extractivista desde lo común, recentra la producción de lo político en la vida inmediata colectiva de los y las pobladoras, sin que eso implique el abandono de ámbitos más amplios de disputa política, de escalas biorregionales, nacionales, continentales o globales.

En tercer lugar, una noción biopolítica de lo común resalta el carácter biocéntrico de su proyecto emancipatorio –biocéntrico por estar centrado en la Vida, en el más amplio sentido de la palabra (no solo vida humana), sin por esto borrar al ser humano–. Esta idea invita a preguntarse, ¿dónde está la riqueza?, ¿dónde está la energía?, ¿dónde se produce el valor?

La lógica de expansión geográfica, de crecimiento geométrico y fractal del sistema capitalista, no se da sólo en la superficie del campo social, ni únicamente por medio de la intervención del trabajo vivo humano, como se ha planteado generalmente desde las teorías antropocéntricas del valor; sino se desarrolla fundamentalmente a partir de la búsqueda permanente de dominación de la propia reproducción de la Vida y sus ciclos. A parte de la dominación sobre el trabajo vivo humano, la captura energética que produce el movimiento del capital y sus circuitos de acumulación se obtiene también de la producción de vida de los demás componentes de un ecosistema. Incluso el trabajo vivo humano se alimenta de éstos. Es imposible abstraer el plusvalor de la vida ecológica.

Estas omisiones son reflejo de la concepción de la economía humana como un meta-sistema, en vez de considerarlo como continuación del proceso reproductivo de la Vida. La centralidad del trabajo humano objetivado, ha dejado de lado otros productos no humanos constitutivos de la vida social –no solo los residuos, sino los diversos procesos de transformación de energía que alimentan a otros componentes–, los cuales se subsumen al primero.

El sistema capitalista pues, antes que un orden metabólico “social”, es primero un orden metabólico territorial. Produce sus propios ecosistemas, en los cuales instituye, de manera simultánea, formas de dominación sobre los humanos y sobre la naturaleza. Aliena la riqueza ontológica de la vida[5] para hegemonizar la forma dinero.

Hay una relación muy estrecha (pero invisibilizada, o muy poco atendida) entre energía y valor –valor definido ahora, en su amplio sentido ecológico–. Las omisiones tradicionales sobre dónde está la energía, la riqueza, o dónde se produce el valor, no solo están muy vinculadas con las causas de la crisis ecológica global, sino que la visibilización de estas formas bio-económicas, tiene relación con las posibilidades de potenciar formas de autonomía material para pueblos, en la medida en la que se recuperan, rescatan o expanden formas de producción, aprovechamiento y uso de energías de escalas moleculares, descentralizadas, provenientes de la riqueza propia de los ecosistemas que constituyen la vida social.

La energía pues, no está solo en los macro-procesos energéticos –aunque estos son los hegemónicos–, no sólo es la que aparece reflejada en las estadísticas de los informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE), de la OPEP, de la BP, o de los ministerios de energía de nuestros países. Hay múltiples procesos moleculares de producción de energía en numerosas formas de la vida cotidiana, muchas de las cuales están íntimamente vinculadas con diversas formas de resistencia (directas o indirectas) a la dominación capitalista, con tramas comunales y cooperativas, y/o con prácticas ecologistas que buscan revertir los procesos depredadores del sistema moderno.

En este sentido, podemos hablar de energías insurgentes o disidentes, en la medida en la que su producción biopolítica crea y posibilita prácticas sociales más allá del capital[6]. Son una especie de lógicas populares de «permacultura» que, con variados alcances, ofrecen vías para la producción de lo común, y referentes materiales para enfrentar las consecuencias de la crisis civilizatoria y el caos global.

Cinco principios de la biopolítica de los comunes

A partir de lo antes expuesto, proponemos cinco principios fundamentales en relación a energía, caos sistémico y producción de lo común:

  1. Tenemos que apropiarnos de nuevas escalas de valor y nuevos conceptos de riqueza: nuevos parámetros en la representación del valor, que tengan un carácter biocéntrico, que permitan no sólo desmantelar el aparato argumental que justifica al extractivismo, sino reformular nuestros patrones de vida cotidiana, nuestros horizontes políticos, nuestros procesos de producción de subjetividad, y nuestras capacidades materiales de autogestión, en la medida en la que desarrollamos nuevas relaciones ecosistémicas, que sean ecológicamente productivas, y que se potencian a partir de la gestión cooperativa.
  1. Comunismo resiliente: la producción de lo común es imperiosa ante el caos sistémico. Junto con la conciencia de la crisis civilizatoria, y de sus posibles consecuencias socioterritoriales, está el concepto de resiliencia, que nos remite a la capacidad de una comunidad/ecosistema, de soportar y recuperarse ante perturbaciones significativas del mismo. En este sentido, es fundamental recuperar los procesos que hacen posible la reproducción de la vida social y mantenerlos cerca de nuestros territorios, como lo propone Rob Hopkins[7]. Difícilmente se puedan pensar procesos de transformación y resistencias sociales más allá del concepto de resiliencia.
  1. Otras soberanías: comunizar, ocupar y reapropiar: reconocer que los ecosistemas básicamente funcionan de manera cooperativa y no jerarquizada, y que los bienes comunes para la vida no pertenecen exclusivamente a nadie, no basta para producir lo común. El tipo de relación y gestión común que se produce entre los sujetos, y su relación con los ecosistemas debe ser ejercido. De esta forma, si se trata de un open source, de una empresa de propiedad mixta, de una okupa, o de una comuna venezolana legalizada por el Estado socialista, es secundario. No interesan primordialmente los aspectos formales o nominales de estas gestiones, sino la potencialidad política popular de ejercer la soberanía y lo común sobre el territorio y los bienes para la vida, sea por vías de acción directa o bien por negociaciones vistas desde el «poder obediencial».
  1. Comunizar a partir de la reproducción de la vida: como lo ha reconocido Silvia Federici, la centralidad de la política y la economía, ha girado en torno al campo de los medios de producción, dejando de lado lo que ha denominado los «medios de reproducción de la vida», un campo que no sólo ha sido llevado fundamentalmente por la mujer, sino que también ha sido el ámbito de la vida social donde suelen reproducirse las formas de lo común[8]. Es por tanto esencial, recuperar la reproducción de la vida como elemento central de la política.
  1. Las diversas tradiciones de lucha, las diversas formas de lo común: cada territorio, cada nación, tiene tejidos y formas cooperativas y comunitarias diversas, con cosmovisiones, parámetros y complexiones diferentes. Pueden tener viejas tradiciones ancestrales o ser más contemporáneas y fragmentadas como los grandes ámbitos urbanos. Son estas las características ecosistémicas que definen cada una de estas luchas, sus puntos de partida, y no así lo es un libreto pre-establecido, aunque es importante compartir algunos horizontes ético-políticos de lucha. Hemos insistido, por ejemplo, para el caso venezolano, que la subjetividad contrahegemónica más potente y masiva de la historia del capitalismo rentístico es el «chavismo», y que esta es una fuerza que se constituye ontológicamente de abajo hacia arriba, aunque esto haya sido presentado generalmente al revés[9], y aunque diversas tramas corporativas intenten capturar su potencia popular-insurgente. Como lo han reconocido Negri y Hardt, “uno de los escenarios decisivos de la acción política hoy implica la lucha en torno al control o la autonomía de la producción de subjetividad[10]. Cada experiencia de producción de lo común, se enfrenta no sólo a la conflictividad geopolítica, a la crisis civilizatoria, sino también a la micropolítica de agresión sobre estos procesos contrahegemónicos de subjetividad, de corporalidad, de creación de nuevos sentidos comunes. He ahí uno de los grandes desafíos para estos procesos de transformación, en todas sus escalas, que se vive con enorme intensidad en la Revolución Bolivariana.

Caracas, mayo de 2015

  • Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).

Referencias bibliográficas

– BEINSTEIN, Jorge. Esperando inútilmente al quinto Kondratieff. Agencia Latinoamericana de información. 11/03/2009. Disponible en: http://www.alainet.org/es/active/29366. Consultado: [17/05/2015]. – FEDERICI, Silvia. “Feminism and the politics of the commons”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012. – HARDT, Michael. Negri, Antonio. Commonwealth. Ediciones Akal. Madrid 2011. – HOPKINS, Rob. “Resilience thinking”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012. – LOHMANN, Larry. Hildyard, Nicholas. Energy, Work and Finance. The Corner House. March 2014. Disponible en: http://www.thecornerhouse.org.uk/sites/thecornerhouse.org.uk/files/EnergyWorkFinance%20%282.57MB%29.pdf. Consultado: [17/05/2015]. – MATTEI, Ugo. “First thoughts for a phenomenology of the commons”, en: Bollier, David. Helfrich, Silke. The wealth of the commons: a world beyond market & state . David Bollier, Silke Helfrich and Heinrich Böll Foundation. Massachusetts, USA. 2012. – TERAN Mantovani, Emiliano. Extractivismo delincuencial y la metástasis del capitalismo rentístico venezolano. Rebelión. 05-02-2015. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=195084. Consultado: [17/05/2015]. – TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos. Rebelión. 09-09-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=189388 . Consultado: [09/09/2014]. – TERAN Mantovani, Emiliano. Desnudar al extractivismo: repensar el origen y destino de la riqueza. Rebelión. 14-11-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191979. Consultado: [17/05/2015]. – TERAN Mantovani, Emiliano. Re-ocupar el chavismo. Rebelión. 01-07-2014. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=186718 . Consultado: [17/05/2015].

—– [1] Sobre esto véase: BEINSTEIN, Jorge. Esperando inútilmente al quinto Kondratieff. [2] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Extractivismo delincuencial y la metástasis del capitalismo rentístico venezolano. [3] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Las espirales del debate sobre extractivismo y los nuevos tiempos. [4] MATTEI, Ugo. “First thoughts for a phenomenology of the commons”. p.42 [5] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Desnudar al extractivismo: repensar el origen y destino de la riqueza. [6] Para Larry Lohmman, existe una Energía con E mayúscula, vinculada a la termodinámica, y una serie de otras energías (con e minúscula) que están alrededor de nosotros, están ligadas a la sobrevivencia, son no-termodinámicas, y aunque coexisten con la Energía, sin embargo, están opuestas a ella. Sobre esto véase: LOHMANN, Larry. Hildyard, Nicholas. Energy, Work and Finance. [7] HOPKINS, Rob. “Resilience thinking”. p.20 [8] Cfr. FEDERICI, Silvia. “Feminism and the politics of the commons”. [9] Cfr. TERAN Mantovani, Emiliano. Re-ocupar el chavismo. [10] HARDT, Michael. Negri, Antonio. Commonwealth. p.12

Fuente: ALAI
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Y llegaron las vacas flacas…

El documento sintetiza un trabajo de investigación mucho más amplio que busca aportar análisis sobre la situación de las principales economías latinoamericanas y su afectación por la caída del precio de sus diferentes commodities estratégicos en el último período. El trabajo relaciona estos datos con la situación política al interior de estos países y plantea diversas interrogantes y cuestionamientos tanto en lo político como en lo económico hacia el futuro inmediato.

vacas flacas

Por Decio Machado / Director de la Fundación Alternativas Latinoamericanas de Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA)

La tendencia a la baja de los precios de las materias primas ha sacudido fuertemente las economías latinoamericanas en los últimos meses. Esta situación ha generando indicadores desfavorables para el ciclo económico en curso, condición que ha sido utilizada por determinados actores políticos para desestabilizar algunos gobiernos estratégicos de perfil progresistas en la región.

Enmarcado en este contexto político y económico, el llamado ambiente para los negocios –basado sobre criterios empresariales y enfoque de oportunidades- se ubicó 26 puntos por debajo del promedio de los últimos diez años, una situación por cierto que contrasta con la ligera mejora registrada sobre estos mismos indicadores a nivel global. Frente a las tímidas mejoras económicas que recientemente se han dado en las economías de EEUU, Unión Europea y Japón; el subcontinente latinoamericano es percibido en la coyuntura actual como un espacio de riesgo.

Las previsiones de crecimiento económico para América Latina al cierre del actual año en curso, se mueven en un franja de entre el 1,3% (según estimaciones del FMI) al 2,2% (según la CEPAL). De una forma u otra, ambos indicadores han de ser considerados como mediocres teniendo en cuenta los actuales niveles de PIB per cápita existentes en el subcontinente, el cual se estima según promedio de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) en 12.443 dólares anuales.

Fin de la economía fácil

La época dorada de los commodities parece haber llegado a su fin. De manera paralela, los gobiernos de la región empiezan a demostrar sus carencias respecto estrategias eficientes en materia social y económica para reenfocar sus políticas destinadas a la disminución de la desigualdad y el desarrollo de sus respectivos países. Todo ello en una América Latina donde aun existen 167 millones de personas que viven en situación de pobreza, a pesar de que la brecha entre pobres y ricos en al menos 15 países, haya disminuido un 10% en el período transcurrido ente los años 2002 y 2013.

Aunque la pobreza por ingresos se ha reducido a casi la mitad durante la última década, no todos han logrado incorporarse a la clase media de cada uno de sus respectivos países: la población en riesgo de caer en pobreza por ingresos son cerca de 200 millones de personas en el conjunto de la región. Sin duda hablamos de una proporción demasiado alta de latinoamericanos en riesgo de ver severamente agravado su estatus social y económico en caso de enfrentar algún tipo de crisis significativa –población vulnerable-, convirtiéndose en el grupo de mayor tamaño en la región (38%). Hablamos de más de un tercio de la población regional, siendo estos los que ni se encuentran viviendo en la pobreza (25%) ni han logrado aún ingresar en la clase media (34%).

La clase media (ingresos entre U$D 10 y U$D 50 dólares diarios) en América Latina y el Caribe creció en 82 millones de personas, pasando del 21% de la población al 34% en 2012. En paralelo, la población vulnerable (ingresos entre U$D 4 y U$D 10 al día) también aumentó ligeramente del 35% de la población latinoamericana en el 2000 al 38% en 2012, según análisis del PNUD publicados el pasado año. Este mismo organismo destacaba la reducción de la proporción de personas viviendo en la pobreza (ingresos inferiores a U$D 4 al día) como un gran logro de la región: del 42% en 2000 al 25% en 2012.

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Entre los países referenciales en estos aspectos cabe destacar a Perú, donde el descenso de la pobreza se concentro hacia la clase media, ubicándose como el de mayor aumento en el tamaño relativo de este grupo (19,1 puntos porcentuales). También Bolivia asumió un papel protagónico en estas estadísticas, dado que pasó a ser el país con la mayor reducción relativa de pobreza (32,2 puntos porcentuales), aunque también con el mayor de aumento de población vulnerable (16,9 puntos porcentuales). El caso chileno y argentino también son destacables, en la medida en que redujeron tanto la pobreza como la vulnerabilidad, situación que se correspondió casi en su totalidad con el aumento de sus correspondientes clases medias.

Todos y cada uno de los gobiernos latinoamericanos durante esta última época, desde los de tendencia política más progresista hasta los más conservadores, han desarrollado fuertes campañas de comunicación estratégica y marketing político destinadas a posicionar a sus líderes como los referentes y el modelo a seguir en la senda hacia el desarrollo regional. El caso del aparato de propaganda ecuatoriano y la frecuencia de sus mensajes en relación al tamaño de su territorio nacional y número de ciudadanos destaca como referente de la desproporcionalidad que desde algunos gobiernos se ha llegado a alcanzar en este sentido. Todo ello apoyado desde el exterior por pretendidos conformadores de opinión procedentes del mundo tecnológicamente desarrollado, los cuales a cambio de reconocimiento y otras prebendas, se han encargado de formar parte desde el exterior de estos aparatos propagandísticos.

Sin embargo y más allá de los reconocidos logros en materia socioeconómica de América Latina, cabe reseñar que hablamos de un territorio con condiciones sumamente beneficiosas para la inversión, dada su riqueza natural, conectividad, homogenización de leguas y mercados, así como su lejanía de las zonas planetarias en conflicto bélico –Oriente Medio entre otros-. Las realidades nacionales y los logros en materia de lucha contra la pobreza que se han visto efectivizados en los últimos años han sido acompañados por un agudizado proceso de reprimarización económica, característica común en la región, que ha viabilizado la aplicación de políticas desarrollistas de perfil neoextractivista, como estrategia para la consecución de importantes ingresos basados en el dinero fácil. Dicha condición ha marcado el retorno regional a la alta dependencia de las exportaciones de productos primarios y de baja elaboración.

Llegado ahora el momento de la “flacas vacas” las economías latinoamericanas más importantes, todas ellas con una fuerte dependencia extractivista, sufren el impacto por la afectación de la caída de los precios de loscommodities en el mercado internacional.

Brasil en crisis

Entre 2003 y 2010, coincidiendo con los dos gobiernos del carismático presidente Lula da Silva, Brasil se convirtió en la sexta economía mundial, creciendo una media del 5% anual. Ni siquiera la crisis financiera internacional de 2008 y 2009 significó un obstáculo insalvable para el crecimiento brasileño. Mediante un círculo mágico de exportaciones exitosas, sobre todo de soja, y con el enorme estímulo de la demanda China, los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) dispusieron de cuantioso recursos para financiar sus programas de inclusión social –especialmente el Plan Bolsa de Familia-. Brasil mediante el crédito fácil que llegaba a las familias que históricamente se habían visto marginadas del consumo consiguió dinamizar el mercado interno nacional. Escaso desempleo con tendencia a disminuir, redistribución de la riqueza mediante programas de subsidio, incremento de la capacidad adquisitiva de la población asumidas por las empresas gracias al incremento del gasto y el consumo, fueron configurando una lógica socioeconómica que permitió alimentar una rueda que parecía imparable de bonanza económica.

El desempleo en Brasil descendió desde el 13% en 2004 al 5% en 2014. La renta media se elevó de 700 reales (unos U$D 250) a unos 1.100 reales (unos U$D 393) en 2013. Más de treinta millones de personas, de una población de 200 millones, pasó de la economía sumergida al empleo formal –de baja calidad en la mayoría de los casos- y a cotizar fiscalmente al Estado. El nuevo salario medio, que bascula en la amplia franja de entre los 1.000 a los 3.000 reales (entre USD 260 y USD 1100) se conformó una nueva clase social denominada “clase C”, la cual empujada por los créditos bajos, impulso fuertemente el consumo interno (60% del PIB total del país) y la economía nacional.

En resumen, se logró bajar los niveles de desnutrición y desescolarización, se aumentó la cifra de trabajadores sindicados y se introdujeron ciertas mejoras en el mercado laboral.

Brasil dispone de abundantes recursos naturales y su economía, afortunadamente, está relativamente diversificada. Siendo gran potencia agrícola, el gigante suramericano es el primer productor mundial de café, caña de azúcar, naranjas, y uno de los primeros productores de soja. El país atrae un gran número de empresas multinacionales de la industria agroalimentaria y de los agrocombustibles, contando además con el mayor volumen de ganado comercial del mundo. A pesar de ello, el aporte de la agricultura al PIB nacional es escaso, pues representa tan solo el 5,5%, aunque el sector asegura el 40% de las exportaciones. Brasil es también el cuarto exportador mundial de madera, gracias a un proceso de deforestación creciente en territorios amazónicos.

Se trata también de un gran país industrial (es más industrializado de América Latina): la importancia de sectores como el textil, aeronáutico, farmacéutico, automovilístico, siderúrgico y químico es cada día mayor. La mayoría de los grandes fabricantes de automóviles han establecido unidades de producción en el país. El sector industrial representa casi más de un cuarto del PIB, pero experimenta una fuerte desaceleración, que intenta frenar el plan “Brazil Maior”.

El sector terciario representa dos tercios del PIB y emplea a 60% de la población activa. El país ha emprendido estos últimos años la producción de servicios con alto valor añadido, especialmente en el ámbito de la aeronáutica y las telecomunicaciones.

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La explotación de su riqueza en minerales le coloca como segundo exportador mundial de hierro y uno de los principales productores de aluminio y hulla.

Sin embargo, los tiempos han cambiado para la economía brasileña, la cual se estancó y entró en recesión, lo cual afecta a los sectores más vulnerables, expobres y capas medias.

Si analizamos el caso brasileño y fijándonos tan sólo en la afectación de la bajada de precios del mineral hierro –segundo mayor producto de exportación del país, sólo superado por la soja- en su economía nacional, veremos como el gigante suramericano con la caída actual del 50% del valor de este producto, ha sufrido un impacto valorado en menos U$D 8 mil millones en su cuenta de exportaciones.

Este hecho ha significado que la economía del quinto país más grande del mundo (48% de la extensión geográfica de Suramérica y con un territorio agrícola cuantificado en 2,64 millones de kilómetros cuadrados) haya tenido que suspender temporalmente las actividades de varias de sus empresas más relevantes del sector, que estas procedan al ajuste de sus costes operacionales y… ¿cómo no?, que en muchos casos se esté procediendo impunemente con el despedido de trabajadores.

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A pesar del aumento de 15 millones de toneladas de hierro en la cantidad exportada, la baja en el precio provocó una caída del 20% en los ingresos, motivo por el cual las exportaciones brasileñas dejaron de recaudar en minerales ferrosos unos U$D 12.900 millones.

Las consecuencias han sido graves para las cuentas externas del país. Brasil cerró el año 2014 con un déficit de cuenta corriente de 4,2% del PIB, unos U$D 90.000 millones, lo que viene a significar un notable aumento comparativo respecto a los datos del 2013 (3,6% del PIB).

Analizando los recientes datos de enero, vemos que el país registró un déficit en su balanza comercial de U$D 3.174 millones debido a la fuerte caída de las exportaciones a China y Argentina. Las exportaciones brasileñas cayeron 10,4% el mes pasado interanual, situándose en U$D 13.704 millones, mientras las importaciones alcanzaron los U$D 16.878 millones.

Las ventas a China, primer socio comercial de Brasil en los últimos años, bajaron 35,5% hasta U$D 1.300 millones, por menores ingresos en hierro, azúcar, cueros, cátodos de cobre, polímeros, plásticos, entre otros. En el caso argentino, tercer cliente de Brasil, también cayeron en un 26,1%.

Respecto a la caída del precio del petróleo, Brasil no se ha visto de momento fuertemente afectado dado que su producción busca cubrir las necesidad internas de consumo, sin embargo se están sembrando fuertes dudas sobre la rentabilidad de proyectos energéticos estratégicos fundamentales para el desarrollo del país, como es el caso de la explotación planeada por Petrobras de las reservas en aguas profundas en el Presal.

Por su parte, los efectos sociales y políticos de dicha crisis son evidentes, y ya han desembocado en la pérdida de control por el PT del poder legislativo, cuya Cámara tiene una composición mayoritaria de perfil conservador; un creciente nivel de conflictos internos en el oficialismo, así como niveles de corrupción destapada cada vez mayores en el gobierno y las empresas estratégicas más importantes del país. La estabilidad política brasileña no es muy prometedora.

La popularidad de la presidenta Dilma Rousseff se desplomó a casi la mitad desde su reciente reelección –obteniendo la más baja evaluación de un gobierno desde diciembre de 1999 durante el mandato del Fernando Henrique Cardoso-, en medio de escándalos de corrupción, la desaceleración económica y el alza de precios de la electricidad, la gasolina y los pasajes de los transportes públicos. En resumen, si las elecciones presidenciales brasileñas -celebradas hace apenas tres meses y medio y donde la actual mandataria ganó con apenas 3 millones de votos de diferencia entre un electorado de 146 millones de ciudadanos con derecho a sufragio (Rousseff obtuvo el 51,64% frente al 48,36% de su oponente, el liberal conservador Aécio Neves)-, fuesen hoy, la era gobernista del Partido de los Trabajadores, inaugurada por Lula da Silva con su investidura el 1 de enero del 2003, habría pasado a ser ya historia.

Ahora, la estrategia conservadora pasa por calentar el país a base de movilizaciones ciudadanas –el próximo 15 de marzo hay convocatoria nacional de movilizaciones para pedir la salida de Dilma Rousseff del gobierno- y la estrategia de petición de impeachment (una figura del Derecho anglosajón reconocido en la normativa brasileña mediante el cual se puede procesar a un alto cargo público) destinado a intentar relevar a la presidenta de su cargo. En definitiva, el “calentón” político brasileño está en marcha y el PT en la peor situación desde que está en el poder, a pesar de su reciente victoria electoral.

Chile minero

La economía chilena ha tenido un desempeño bajo en el último tiempo y su desaceleración es causada por una combinación de factores externos y domésticos, entre los cuales están los altos costos energéticos, la baja productividad nacional, la falta de inversión y fundamentalmente el descenso de los precios de loscommodities. Situación que comienza a generar dudas sobre si la minería seguirá siendo el sector que impulse la economía.

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En el caso chileno, por la importancia del cobre en la economía nacional, el ingreso de sus exportaciones se ha visto fuertemente afectado. Si bien durante gran parte del pasado año se consiguió mantener el precio de la libra de cobre a U$D 3, su precio se ha ido viendo paulatinamente deteriorado desde noviembre del 2014.

Alrededor del 40% de las exportaciones chilenas proceden de la minería. La caída en el valor de este metal impacta de manera importante en la actividad local, el mercado bursátil y el balance fiscal. Cabe señalar al respecto, que en el presupuesto fiscal chileno para el 2015 se valoró el precio del cobre en U$D 3,12, siendo su precio actual de U$D 2,61 (16% inferior). Esta situación genera a su vez graves implicaciones en materia de recaudación fiscal e impacto negativo en los sectores auxiliares a Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco).

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Siguiendo con los datos del Servicio Nacional de Aduanas, el intercambio comercial de Chile con el resto del mundo registró el pasado mes de enero un descenso de 9,9% interanual. Es decir, el comercio exterior chileno alcanzó un valor de U$D 11.295 millones, unos U$D 1.244 millones menos respecto de enero del 2014. Esta reducción se motiva por las disminuciones del comercio internacional con Asia (7,8%), Europa (15,7%) y América (9,6%).

Por su parte las importaciones durante enero del 2015 alcanzaron U$D 4.761,8 millones, dado que los combustibles –que representan el 13,9% de las importaciones totales de este estrecho pero largo país andino- disminuyeron casi un 50% de su valor.

Sin embargo, Chile aparece como uno de los países más expuestos a la desaceleración de la actividad económica de China, dado que sus exportaciones al gigante asiático representan el 7% de su PIB nacional. Cabe indicar, que Chile es el principal exportador a China dentro de la región, seguido de Venezuela, Uruguay, Perú y Brasil. Esto hace que el país pase por un ciclo de desaceleración económica que tuvo su arranque en el año 2013, cuando el PIB creció un 4,1% frente al 5,6% registrado en 2012. Este valor para el 2014 ha sido tan solo del 1,8%.

Desde el ámbito político, es reseñable la reciente dimisión como director sociocultural de la Presidencia del hijo de Michelle Bachelet, luego que la prensa desvelara que fue beneficiario de un crédito de 10 millones de dólares que se concretó apenas veinticuatro horas después de la elección como presidente de la República de su madre. Esta situación de desgaste hacia la imagen de la presidenta Bachelet, sumada a la deteriorada situación económica del país, ha significado que aunque la mandataria chilena registre una valoración positiva a su gestión del 40%, el nivel de rechazo alcanzó el 46%.

Argentina sojera

Argentina cerró el año 2014 con una caída de su PIB del 1,5% y según los pronósticos del Banco Mundial existirá una relativa recuperación durante el año 2015, cerrando con una contracción del 0,3%.

Estos resultados son, más allá del impacto de lo que las instituciones de Bretton Woods llaman muy discutiblemente “default selectivo” –disputa irresuelta del Estado con “fondos buitres”-, la consecuencia de la caída de los precios de las materias primas, especialmente la soja, y el deterioro del clima de negocios en el país, fruto de las trabas a las importaciones que se ha visto obligado a interponer el gobierno kirchnerista.

Para entender la magnitud que el sistema de agronegocios de la soja tiene para Argentina, basta indicar que representa el 5,5% del PIB nacional, generando el 26% de las divisas que ingresan en concepto de exportaciones en el país (soja y sus derivados de aceite y harina). Tras EEUU y Brasil, Argentina aporta el 17% del “oro verde” al mercado mundial; y aunque su dependencia respecto de las materias primas es inferior a la de países como Colombia, Perú, Chile, Venezuela, Bolivia o Ecuador, dado que el 32,6% de sus exportaciones son productos manufacturados, es evidente la importancia que sobre su economía tiene la caída de precios de este producto.

Dado que el país grava con un impuesto del 35% la exportación de grano, el 3,5% de la recaudación tributaria argentina en 2014 devino de las ventas al exterior de la soja y sus derivados.

Si sumamos las exportaciones de harina y pellets de soja, poroto de soja, aceite de soja, biodiesel, semilla de girasol, pellets de harina de extracción de girasol y aceite de girasol en bruto, veremos que el total de las ventas externas de estos siete productos alcanzó en 2014 el monto de U$D 21.857 millones. Esta cifra sobre un total de exportaciones de U$D 71.935 millones, supone que el grupo de productos oleaginosos generó el 30,3% del total de divisas obtenidas por exportaciones en Argentina. Sin embargo, si analizamos el mercado en los últimos dos años veremos que los precios de los aceites vegetales cayeron un 27% durante este período, lo que produce una seria preocupación sobre los productores agropecuarios argentinos, la agroindustria nacional y el resto de los operadores económicos además del Estado, augurándose el fin del boom sojero.

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El ingreso de divisas por exportaciones de los principales complejos agrícolas argentinos sumará estimativamente un valor de U$D 22 mil millones en 2015, lo que supondrá un nuevo revés para las arcas públicas del segundo país más grande de Suramérica, dado que significará una reducción del 9% sobre el monto obtenido en 2014. De igual manera, se prevé que el aporte en concepto de derechos de exportación de los tres principales cultivos (soja, trigo y maíz) y de sus derivados, alcancen estimativamente unos U$D 6.900 millones al cierre del presente año, lo que implicaría una disminución de 600 millones respecto al 2014 –un 8% menos-.

De acuerdo con estas estimaciones y considerando las últimas proyecciones de producción y tomando los precios FOB (siglas de Free on board: significa que el vendedor asume los gastos hasta la puesta de la mercancía en el barco o medio de transporte) oficiales actuales para los tres cultivos – unos U$D 250 por tonelada de trigo, U$D 439 dólares de soja, y U$D 180 dólares para el maíz-, los complejos agrícolas seleccionados concretarían exportaciones por U$D 22.000 millones durante 2015. De estos, el 85% sería el aporte de un sector sojero en crisis, sin considerar en este cálculo los envíos de biodiesel.

La reducción de las exportaciones de estos tres productos estrella de la balanza comercial argentina generarán diversas repercusiones sobre la macroeconomía del país durante el presente ejercicio, incluyendo una merma del consumo interno en el país, incremento del déficit fiscal y una caída en los ingresos por derechos de exportación. Este conjunto de circunstancias generará a la postre, mayor endeudamiento externo y necesidad de continuar restringiendo las importaciones con el fin de preservar un superávit comercial positivo.

Por otro lado, la caída de los precio del crudo también ha tenido un efecto negativo sobre la industria del biodiesel argentino, aunque a pesar de los avatares del sector la producción argentina en 2014 alcanzó un récord de 2,6 millones de toneladas, de las cuales 1,5 millones fueron destinadas a la exportación. A su vez, megaproyectos energéticos como la explotación mediante fracking de las reservas no convencionales de Vaca Muerta en la Patagonia quedan en entredicho dado que la caída de los precios del crudo pone en cuestión la rentabilidad de este tipo de emprendimientos.

Desde la perspectiva política, la mayoría de la población argentina considera que el año 2015 será un año aciago para la economía del país, lo que concuerda con los últimos indicadores de popularidad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien muestra una imagen negativa del 64%. Este incremento en la percepción negativa de ella y su gobierno no solo es fruto de la situación económica que atraviesa el país, sino también de una eficaz estrategia de desgaste auspiciada por los sectores conservadores argentinos en torno al caso Nisman. Más allá de la coyuntura, el futuro político argentino para 2016 (cambio de gobierno) se mueve sin discusión hacia la derecha, pues indiferentemente de que el próximo presidente de la República sea Sergio Massa, Mauricio Macri o Daniel Scioli (potenciales candidatos a ocupar próximamente el sillón presidencial de la Casa Rosada), el giro político esta dado hacia posiciones más conservadoras.

Venezuela del oro negro

Entre 2005 y 2013, Venezuela ha vivido una etapa de relativa estabilidad económica consecuencia de los altos precios del petróleo, lo que permitió el financiamiento de importantes programas y subsidios sociales que mejoraron el nivel adquisitivo de gran parte de la población y que muchos salieran de la pobreza. Dicha situación comenzó a revertirse a partir del año pasado debido a la caída de los precios del petróleo, un importante y acelerado crecimiento de la inflación (el año pasado se alcanzó la tasa del 64%, la más grande de la región), entre otros factores de índole político interno y externo, así como la mala gestión del aparato burocrático administrativo del Estado.

En lo que tiene que ver estrictamente con el crudo, los impactos de la caída de su precio sobre la balanza de pagos venezolana son realmente dramáticos. Si en 2012 los ingresos por exportaciones petroleras fueron de U$D 93.569 millones con un precio promedio de exportación de U$D 103,42 por barril, en 2013 las cifras bajaron a U$D 85.603 millones, habiendo caído en 2014 a U$D 71.500 millones. Si los precios del crudo durante este año no mejoran, Venezuela podría sufrir una disminución de hasta el 60% de sus ingresos. Con reservas internacionales insuficientes (cuantificadas tan solo en U$D 20.000 millones) para cubrir la caída del ingreso petrolero, el país caribeño podría ver en breve tiempo aun todavía más deteriorada la economía nacional, generándose una crisis de balanza de pagos (crisis cambiaria) de notable importancia dada la magnitud de obligaciones financieras adquiridas durante los últimos años.

Captura de pantalla 2015-02-20 a las 3.46.26 p.m.El proceso de crecimiento de la dependencia petrolera en Venezuela ha generado que las necesidades de importación se hayan elevado en estos últimos años. A esta realidad, hay que sumar las obligaciones de pago en efectivo por parte de PDVSA por importaciones de crudo liviano utilizado como diluentes del petróleo pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco –cada vez menos rentable con el actual precio del barril de crudo- y otros productos auxiliares, junto al servicio de deuda financiera del Estado y de la empresa petrolera. Además de lo anteriormente descrito, no podemos olvidar los miles de millones de dólares acumulados en concepto de deudas comerciales con proveedores de bienes alimenticios, medicinas y equipamiento sanitario, servicios como aerolíneas y deudas financieras por bonos y préstamos.

En la actualidad, la población venezolana sufre una severa disminución de su capacidad adquisitiva y un pronunciado malestar ante la incapacidad gubernamental para solucionar la escasez de alimentos y medicinas. Hechos irrefutables de las condiciones actuales que vive la República Bolivariana.

El país mantiene un esquema monetario con varios tipos de cambio, vendiéndose el dólar oficial a 6,3 bolívares, valor claramente insostenible si tenemos en cuenta que en el mercado paralelo su cotización alcanza los 170 bolívares. Es por ello que recientemente se introdujo un nuevo sistema de cambio de divisas –Sistema Marginal de Divisas (Simadi)- que permite la compra-venta de dólares a precios de libre mercado. A esto se suma el actual Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), que vende el dólar a 12 bolívares bajo el sistema de subastas, aunque de manera limitada. En resumen, el inadecuado manejo del tipo de cambio en un esquema de distintas cotizaciones, viene a generar un fuerte impulso de la corrupción y una pretendida realidad virtual no existente respecto al cambio de moneda. Lo cual incentiva la fuga de capitales, y acentuando la ineficiencia de los mercados en una situación de crisis económica nacional.

En estas condiciones de necesidad financiera bolivariana, China se ha convertido en el gran prestamista. Desde 2007 hasta hoy, la chequera asiática ha generado financiamiento por más de U$D 45.000 millones, los cuales quedan respaldados por crudo venezolano. China es un valioso socio de las transformaciones sociales bolivarianas, condición a la que accede sin imponer condicionamientos. El gigante asiático goza de U$D 3,6 billones en reservas, lo que implica que los montos de financiamiento dirigidos hacia Venezuela son cantidades irrisibles desde una visión global. Sin embargo, no se puede obviar que el peso de la deuda adquirida por el Estado venezolano puede a la postre conllevar tensiones políticas similares a las que se desarrollaron entre el FMI y los estados latinoamericanos en décadas anteriores, puesto que mientras se mantuvieron altos precios en el mercado del petróleo el pago de dicha deuda no significó riesgos de envergadura para la banca asiática. Los precios bajos podrían mermar la credibilidad venezolana como sujeto de crédito, motivo por el cual podríamos asistir a un nuevo ciclo de las relaciones entre China y Venezuela.

Respecto a la situación política interna, el presidente Nicolás Maduro enfrenta niveles de popularidad tremendamente bajos, pues apenas goza de un 22,6% de aprobación y 86% de la población evalúa muy negativamente la situación actual del país y su gestión. En esta situación, el oficialismo podría perder la mayoría parlamentaria en las próximas elecciones legislativas en el último trimestre del presente año. Esto ha hecho que la oposición conservadora, a pesar de su división interna, se movilice instrumentalizando la escasez de productos básicos de alimentación e higiene, así como la falta de medicamentos y los altos niveles de corrupción.

Si bien el país ya sufrió una contracción del 3,9% al cierre del ejercicio 2014, el escenario proyectado eleva el desplome al 7% en el presente año. En conclusión, el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) con sus líderes a la cabeza, está dejando en “bandeja” la entrega del poder político a los sectores más reaccionarios del país. Ya son muchos los miembros del oficialismo que dudan que el presidente Maduro llegue a agotar su mandato.

Colombia cafetera

Colombia es uno de los países que tiene más alta dependencia de los precios de las materias primas en su economía, motivo por el cual su situación económica actual también se complicó. Las exportaciones colombianas en materia de crudo han sufrido un fuerte impacto, dado que mientras el gobierno pronosticó el barril a U$D 97, el mercado internacional lo ha situado en un precio notablemente más barato. Esta situación significará un déficit de U$D 9 billones, a lo que hay que sumar el hándicap que supone el paulatino encarecimiento de los costos de exploración y explotación del sector, los cuales ya de por si son altos por la falta de infraestructura de transporte y logística. Construir un pozo en Colombia puede ser hasta tres veces más costoso que hacerlo -en las mismas condiciones- en EEUU o México. Todo ello tendrá una fuerte afectación sobre la recaudación tributaria, condición que pretende ser paliada en parte con la reforma de dicho sector.

En Colombia, donde el crudo representa casi el 55% de las exportaciones nacionales y alrededor del 20% de los ingresos fiscales, se prevé una desaceleración del crecimiento del PIB de 4,8% en 2014 al 4% en el 2015. Anteriormente se pronosticaba el 4,5% y es muy posible que el actual pronóstico vuelva a sufrir revisión dentro del presente año.

De mantenerse los precios bajos del crudo durante el año 2015, se estima que la proyección de exploración y producción de esta industria será menor que en los años anteriores, lo que generaría a su vez, una significativa pérdida de puestos de empleo. La Unión Sindical de la Industria del Petróleo proyecta 25.000 puestos de empleo menos en un sector que cubren 137.000 operarios.

Por su parte, el sector cafetero alcanzó 12,1 millones de sacos de 60 kilos en 2014, un alza de un 11,5% respecto al crítico año 2013, gracias a un aumento de la productividad en plantaciones renovadas y el buen clima. Sin embargo, el pasado diciembre la producción bajó un 2,6%, situándose en 1,08 millones de sacos, según datos de la Federación Nacional de Cafeteros.

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Aunque los precios del café en el actual ejercicio son una interrogante por su constante volatilidad, se prevé buenos precios para lo que viene del año 2015, consecuencia de la sequía que asoló el rural sureste brasileño. Al respecto, la Compañía Nacional de Abastecimiento de Brasil (Conab) ha divulgado recientemente datos que reflejan una caída del 8,16% en la producción de café brasileño en 2014, consecuencia de los impactos del cambio climático. Los colombianos rezan para que dicha situación se mantenga o agrave durante en el presente ejercicio, lo que generaría un mayor déficit de oferta en el mercado internacional, con el consiguiente incremento de precios.

Cabe reseñar que la industria manufacturera continúa rezagada frente a otras actividades y respecto al PIB total. El promedio de crecimiento del PIB entre 2000 y 2014 fue de 4,2% anual, mientras que el PIB industrial creció apenas 0,2%. Tan solo en relación al 2014, el sector industrial de Colombia siguió creciendo 4,5 puntos por debajo del PIB nacional.

En realidad, más allá de que el Plan de Desarrollo colombiano se enfoque sobre tres pilares básicos, “Paz, Equidad y Educación”, la realidad es que los sectores potencializados son la infraestructura, el minero-energético y el agrobusiness.

Oro peruano

En el caso peruano, la economía creció el 2,35% durante el pasado año, su ritmo más débil desde el año 2009, muy por debajo del promedio del 6,4% anual de los diez últimos años.

Respecto a los sectores económicos más afectados por la actual contracción, destacan pesca (descenso del 27,94%), minería (descenso del 2,1%) y manufactura (descenso del 3,29%). En el caso de la pesca, su desaceleración es debida a factores de carácter climático. En materia minera se está sufriendo el impacto de la caída de precios, especialmente del oro, que llegó a perder el 36% de su valor en los diez primeros meses del pasado año, y al cual no se le avizora un futuro muy halagüeño. El sumatorio de los desempeños negativos de ambos sectores explican a su vez, el descenso del sector manufacturero.

Por su parte, el FMI no tiene mejores recomendaciones para el gobierno del presidente Ollanta Humala que acelerar la implementación de megaproyectos mineros, buscando incrementar la tasa de crecimiento. En paralelo, varias agencias de internacionales de inteligencia económica involucradas en las inversiones extractivas peruanas, destacan los riesgos del retraso o cancelación de los nuevos proyectos mineros planificados en el país, consecuencia de las resistencias generadas en las comunidades afectadas.

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En el ámbito del petróleo, la caída del precio del crudo está generando mayores obstáculos para atraer inversionistas externos hacia la explotación de los hidrocarburos peruanos.

Todo lo anterior significó que las exportaciones peruanas totales cerraran el ejercicio 2014 con una caída del 9%, lo que supone un retroceso de U$D 3.924 millones respecto al año 2014. Dicha reducción tiene su explicación en la menor cuantificación de las exportaciones peruanas en minerales, dejando de percibir U$D 3.921 millones (casi el 99% del recorte anual).

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En relación al ámbito político, la aprobación respecto a la gestión gubernamental del presidente Ollanta Humala se sitúa en el 22%, uno de los índices más bajos de su gestión y de las gestiones presidenciales latinoamericanas. Los porqués de dicha pérdida de popularidad giran en torno a tramas de corrupción política, pérdida de liderazgo y baja credibilidad política.

Narco estado mexicano

Para México el desplome del crudo viene significando el colapso de sus finanzas públicas, dado que a pesar de la reforma tributaria y del régimen fiscal de Pemex, no se ha logrado aumentar los ingresos no petroleros en el país. A esto hay que añadir que la dependencia de los recursos provenientes de la actividad petrolera, calculada por el gobierno para el ejercicio 2015 en U$D 79 por barril, se ha visto alterada por los precios del petróleo. Dicha condición implicaría, en las condiciones actuales, una cuantificación de menores ingresos que gira en torno a 15.700 millones de dólares.

El país prevé impactos todavía más graves en el segundo trimestre del presente año, motivo por el cual a finales del pasado mes de enero, ya se anunció un recorte del gasto público de 124 mil millones de pesos (U$D 8.513,6 millones).

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Especialistas del sector energético mexicano, ponen incluso en duda la continuidad de determinadas empresas extranjeras en diversos proyectos energéticos cuestionando también las capacidades de estas para hacer frente a sus obligaciones financieras a corto plazo.

La situación económica generó incluso que las autoridades renunciaran a organizar los Campeonatos Mundiales de Natación 2017 previstos en Guadalajara. Otros proyectos de envergadura que han quedado cancelados, son: la construcción del tren en la península de Yucatán y la suspensión indefinida del tren de México DF a Querétaro.

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En el plano político, la desaprobación a la gestión gubernamental del presidente Enrique Peña Nieto ha alcanzado el 58%, siendo la primera vez que un mandatario mexicano cae tanto desde los años 1995 y 1995, al inicio de la gestión del ex presidente Ernesto Zedillo, en un contexto de fuerte crisis económica. En la lectura de tales resultados se entremezclan desde la masacre de 43 estudiantes en Iguala, hasta la debilidad económica mexicana, pasando por el incumplimiento de las promesas presidenciales de abatir la violencia relacionada con los cárteles del narcotráfico. En los dos primeros años de gobierno priista, México sumaba ya 30.000 personas asesinadas sobre todo en un grupo de estados donde la violencia es crítica.

Mercado de trabajo latinoamericano

Con el escenario esbozado sobre el estado de las principales economías de América Latina, el panorama laboral regional en el 2015 se ve fuertemente influenciado por esta realidad. Habrá impacto sobre indicadores de desempleo e informalidad, alterando la tendencia positiva que se había desarrollado en los últimos años.

Cabe señalar que la última vez que se había dejado de generar empleo en la última década fue en 2009, el año de la crisis financiera global, y la región se recuperó de forma muy rápida. Sin embargo, hoy existen notables diferencias respecto a este pasado reciente, pues los pronósticos de la economía regional vienen a indicar que el crecimiento lento podría durar algunos años.

Todo esto hace que sobre la región se visualice un panorama de incertidumbre sobre algunos de los importantes logros alcanzados en la “década dorada”. No hay que olvidar que el empleo es factor clave en las estrategias de reducción de la pobreza y la desigualdad. La región necesitará crear cerca de 50 millones de plazas de empleo en los próximos diez años tan solo para paliar su crecimiento demográfico vegetativo.

En relación a las brechas de genero y etarias, aunque un gran número de mujeres se han incorporado al mercado de trabajo, su tasa de participación es 30% inferior al de los hombres, lo que implica que se sitúan con una tasa de desocupación más alta. Respecto a los jóvenes, el 40% de los desempleados latinoamericanos tienen entre 15 y 24 años, y sus tasas de desocupación son de dos a cuatro veces superior a la de los más mayores.

Respecto a la calidad del empleo, cabe significar que a diferencia de lo ocurrido en años anteriores y posiblemente debido a la falta de dinamismo del mercado de trabajo, en 2014 creció más el autoempleo que el empleo asalariado, lo cual indica que los indicadores de informalidad tenderán a volver a subir y la calidad del empleo disminuirá.

Nuevamente vuelve a situarse el reto en los deberes no cumplidos por parte de los gobiernos latinoamericanos respecto a repensar las estrategias para impulsar el crecimiento económico y la transformación productiva. Una asignatura pendiente en América Latina.

China estornuda y América Latina se enferma

Cabría indicar que mientras todavía algunos asesores económicos de los respectivos gobiernos desarrollan concienzudas tesis para entender que está pasando con la economía china, han sido las leyes básicas de la gravedad económica las que han devuelto a la tierra al gigante asiático y otros grandes mercados emergentes. La primera de estas leyes es la que hace referencia a las grandes cifras, según la cual cuanto más rico es un país, más difícil le resulta aumentar la riqueza nacional a un ritmo rápido.

China y muchos otros mercados emergentes siguen un modelo de crecimiento basado en las exportaciones similar al adoptado por Japón, Corea del Sur y Taiwán después de la Segunda Guerra Mundial. Todas estas economías de alza bajaron del 9% o 10% de crecimiento de PIB anual al 5% o 6% cuando sus rentas per cápita alcanzaron un nivel medio-alto. Japón tocó ese máximo a mediados de la década de 1970; Taiwán y Corea del Sur lo hicieron en las dos décadas subsiguientes. Nótese que se trata de grandes ejemplos exitosos en la historia de desarrollo económico, es decir, que representan el mejor de los escenarios posibles dentro del sistema mundo capitalista.

Después de que Deng Xiaoping empezara a experimentar con sus reformas de libre mercado a principios de la década de 1980, la hoy más importante de las economías emergentes se preparó para lanzar una reforma tipo “Big Bang” cada cinco años, y cada nueva medida aperturista –primero la privatización de la agricultura, luego de los negocios, después franquear la entrada de las empresas extranjeras- precipitó una nueva racha de crecimiento. Sin embargo todo apunta a que ese ciclo económico toco fondo.

China pretende desarrollar nueva etapa en el que los costes y la opinión pública ya comienzan a tomar importancia y donde los experimentos multimillonarios sin mayor utilidad social o económica se reducen. Hay un proceso de reflexión en marcha que arrancó en el año 2008, cuando el entonces primer ministro Wen Jiabao calificó el crecimiento chino de “desequilibrado, descoordinado e insostenible”, situación que fue empeorando con el tiempo.

La deuda total china en relación al PIB creció con rapidez y la ventaja que suponía la mano de obra barata fue esfumándose en función de que la demanda de trabajadores superó la oferta. Esta situación ha permitido la organización obrera en muchos centros de producción y cierta ventaja a la hora de negociar las nuevas condiciones de trabajo. Reclamos, movilizaciones y huelgas ya comienzan a ser habituales por gran parte del cinturón industrial de la costa suroriental del país. Hay fabricantes que incluso se están trasladando a países como Indonesia y Bangladesh.

China prosperó a la vieja usanza, construyendo carreteras para unir las fábricas a los puertos, desarrollando redes de telecomunicaciones para conectar unos negocios con otros y ofreciendo a campesinos desempleados puestos de trabajo en fábricas urbanas que aumentaron su poder adquisitivo. Ahora todas estas medidas parecen estar llegando a su etapa de madurez, a medida que la oferta de mano de obra procedente de zonas rurales se agota –el flujo migratorio interno hacia las grandes urbes ha decrecido drásticamente-, el empleo en las fábricas alcanza su máxima capacidad y la red de autopistas ya alcanza los 75.000 kilómetros, la segunda más larga del mundo tras los 100.000 kilómetros estadounidenses. La tendencia demográfica que en décadas recientes ha inclinado la balanza de población hacia trabajadores jóvenes y activos comienza a mermar con la aparición de una clase social de pensionistas que pronto generarán impacto sobre el crecimiento económico chino.

Las exportaciones que han espoleado el crecimiento del país también empezarán a declinar conforme Occidente vaya afinando sus estrategias de control de endeudamiento. En la última década las exportaciones chinas crecieron a una media anual del 20%, algo insostenible económica y ambientalmente en las condiciones globales actuales.

En realidad, el camino que parece haber emprendido la República Popular China es parecido al que siguió Japón a principios de la década de 1970, cuando su economía, en auge desde el fin de la guerra, se ralentizó de forma marcada pero continuó creciendo a un ritmo rápido. Algo normal y derivado de la fase de madurez de cualquier economía “milagro” capitalista.

En 1998 para que la economía de China creciera el 10% tuvo que expandir sus actividades en U$D 100.000 millones y consumir el 10% de las materias primas industriales mundiales. En 2011 para crecer igual de rápido, necesitó expandirse en U$D 6 billones y fagocitar el 30% de la producción global de materias primas. El modelo no es soportable y China generó un punto de inflexión buscando regular lo es evidentemente insostenible.

El impacto tiene calado mundial, pero sus repercusiones en América Latina han sido casi de nocaut para el subcontinente. Lo que requiere la necesidad de reflexión por parte de los articuladores de la política económica regional sobre –más allá de sus escasos criterios ambientales- los riesgo derivados de la dependencia económica a los recursos naturales y mercados de exportación concentrados.

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Brasilia: Declaración final del 2° Encuentro Latinoamericano sobre iglesias y minería

Con alegría y esperanza, hombres y mujeres de fe, provenientes de distintas congregaciones y confesiones religiosas de 13 países de América Latina y el Caribe, inspirados en la dimensión social y profética del Evangelio y abrazados  por la Conferencia Nacional de obispos de Brasil (CNBB), queremos compartir los pensamientos, valores y compromisos que hemos asumido en el  2° Encuentro Latinoamericano de iglesias y minería que concluyó en Brasilia del 2 al  5 de diciembre de 2014.

Recogiendo las inquietudes y las iniciativas de diversas comunidades y las iglesias locales de todo el continente en el incremento de asaltos a la vida y a los bienes comunes debido al modelo extractivista y en continuidad con el 1 ° encuentro sobre iglesias y minería  celebrada en 2013 en la ciudad de Lima, Perú, nos hemos reunido para reflexionar, compartir, celebrar y generar senderos que nos permitirá, en fidelidad al Evangelio de Jesucristo, acompañados de una manera articulada a  los pueblos de nuestra América Latina, que se sienten amenazados y condenados a la destrucción de sus medios de subsistencia y a la negación de un futuro posible, en abierta contradicción con el proyecto de vida proclamado por la visión cristiana del mundo.

Durante estos días, hemos reafirmado como la imposición del modelo extractivo, promovida por las grandes empresas y las economías globales con la complacencia de quién gobierna nuestros Estados nacionales, lejos de contribuir al bienestar de todos y todas, aumenta las desigualdades, las violaciones de los derechos humanos, individuales y colectivos, a la división de las familias  y de nuestras comunidades de América Latina, a la destrucción de zonas privilegiadas para la riqueza del patrimonio natural y la diversidad biológica de nuestro continente.

Con tristeza reconocemos que, junto con las graves violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos de nuestra América, empeoró la crisis ecológica causada por el estilo de vida consumista y  mercantilista de los bienes por un modelo extractivista que no reconoce ni respeta los límites de nuestro planeta. Por lo tanto, acelera la degradación y la vulnerabilidad, convertidos en mercancías de los territorios de nuestros pueblos, minerales, combustibles fósiles, la biodiversidad y gas natural, la energía del viento, agua y el sol y los otros productos naturales.

Todo esto, nuestro Dios  Creador nos dio  para el sustento de la vida, así como para su disfrute y bienestar colectivo y no para el enriquecimiento desmesurado, que ignora los derechos  colectivos que compartimos entre todos los seres humanos que habitan en este planeta, en este momento histórico, así como la articulación y la responsabilidad solidaria para dar a nuestras futuras generaciones un mundo mejor como el que hemos recibido.

La valiosa diversidad cultural de los pueblos de América, con visiones del mundo armónicas y respetuosas de la Madre Naturaleza, está gravemente amenazada por la imposición de este modelo que se apropia de los territorios a cualquier costo y se convierte en un activo proceso de expropiación, que funciona sobre quién puede resistirse a él, con motores que van desde amenazas, persecución, cooptación, la criminalización, judicialización y hasta el asesinato de líderes comunitarios, los defensores y los pastores que acompañan a estas luchas.

Los medios de comunicación  comerciales contribuyen a la promoción de la falsedad de este modelo, tentando a la población con promesas que no son cumplidas, ya que, como expresión extrema del modelo neoliberal, su meta es la acumulación de capital y la distribución no  equitativa de los bienes.

Compartir con alegría la misión profética  de varios sectores  y líderes de iglesias cristianas, que acompañan a las comunidades y personas que defienden  la creación, la vida y los derechos frente al  modelo extractivo, como una forma concreta de la fidelidad a la misión de la iglesia en estos momentos de la historia. Confiamos y esperamos que cada vez más nuestras iglesias, desde las bases hasta las jerarquías, tomen posiciones consecuentes  respecto  a los problemas generados por este modelo y recurso extractivo depredador, como se reconoce en el documento de Aparecida “… …hay una explotación irracional que va dejando una estela de dilapidación e incluso la muerte, para toda nuestra región(de 43).

Ante esta realidad, nos definimos  como una articulación  de personas y organizaciones religiosas, con espíritu ecuménico e interreligioso, fieles a nuestra opción por los pobres y empobrecidos, luchando a favor de la vida y bienes de la creación.

En relación con las comunidades, reafirmamos nuestro compromiso de trabajar con las bases , expresado  mediante el intercambio de conocimientos y saberes, estrategias de protección, apoyo y solidaridad, acompañamiento en la preparación y presentación de acciones de denuncia  local, nacional e internacional, entre otros.

Queremos profundizar una mística que anime nuestras prácticas,nos  permíta construir propuestas de acción y nos ayude a avanzar en nuestras reflexiones e interpretaciones teológicas.

Estamos comprometidos a continuar promoviendo la articulación internacional para el diálogo, la incidencia y la denuncia, en coordinación con otros actores religiosos, como Franciscans International, Vivat International, Mercy International, la red Cidse, la red eclesial  Panamazônica,el  Pontificio Consejo de Jjusticia y Paz, así como otros actores sociales como el  Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina,y las distintas  expresiones sociales con quienes compartimos objetivos  y visiones en todo el continente.

Que la mística y el espíritu de fraternidad que caracterizaran  a esta reunión nos animen a  asumir con mayor energía la profecía y la responsabilidad colectiva en el cuidado de la vida y los bienes comunes.

Brasilia, 05 de diciembre de 2014.

  En contacto con nosotros y conocer nuestras propuestas concretas: iglesiaymineria@gmail.com   Acción franciscano de Ecología y solidaridad-AFES – América Latina Agenda Ii Amerindia Colombia y Continental Asociación Ecuménica de teólogos del tercer mundo-ACOMÓDATE – Asociación Madre Cabrini, Hermanas Misioneras del sagrado corazón de Jesús-Brasil Caritas del Salvador, El Salvador Caritas Jaén, Perú Centro de Ecología y Pueblos Andinos-CEPA-Oruro Bolivia Centro de Justicia y Equidad-CEJUE-Puno, Perú Centro Franciscano de la defensa de los derechos humanos, Brasil Claretianos San José del Sur, Uruguay, Paraguay y Chile Coalición Ecuménica por el Cuidado de la Creación, Chile. Consejo Latinoamericano de Iglesias-CLAI – Consejo Mundial de Iglesias, Justicia-CMI-clima Consejo Indígena misionero-Brasil – Coordinación continental de comunidades Eclesiales base Comisión de laicos, JUPIC-Amazonía. Comité en defensa de los territorios visà-vis la minería, Brasil. Comunidades de paz construyendo en Conpaz territorios-Fe y política en Colombia. Conferencia Nacional de obispos de Brasil-CNBB – Comisión Intereclesial Justicia y Paz-Colombia – Comisión Pastoral Land-CPT-Brasil. Las comunidades de Christian Life-CVX – Comunidades eclesiales de Base, colectivo Sumaj Kausay, Cajamarca, Argentina. Coordinación continental de comunidades Eclesiales base. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Perú. CPT diócesis de Óbidos, Pará, Brasil. Departamento de Justicia y Solidaridad de la Conferencia Episcopal Latinoamericana-DEJUSOL, CELAM. Derechos humanos pecado Fronteras, Perú. Derechos humanos y Medio ambiente-Puno-DEHUMA, Perú Diálogo de Intereclesial para la Paz en Colombia, DIPAZ, Colombia Diocesis de Copiapó-Alto del Carmen-Chile Diócesis de itabira-Fabriciano Minas Gerais, Brasil Dirección de Choluteca, Honduras Cáritas Diocesana Articulación y asesor del equipo las comunidades negras del Vale do Ribeira, EAACONE, Brasil. Equipo Ecoteología Investigación, Universidad Javeriana, Bogotá. Equipo Nacional de ENDEPA, Argentina, nativo de Ministerio. Familia Franciscana Internacional. Hermanas de la Misericordia de las Américas, Argentina. Iglesia Evangélica Presbiteriana de Chigüinto, Chile. Hermanos de la misericordia de las Américas, juventud franciscana de Brasil – juventud franciscana – Justicia, paz e integridad de la creación JUPIC SVD-provincia-BRN misioneros del verbo divino Misericordia internacional Mesa a Ecoteológica Bogotá D.C. interreligioso – MESETI- El centro de América los Misioneros Claretianos y San José del Sur, Argentina Misioneros Combonianos, Brasil y Ecuador Movimiento de la presa de afectados en el Vale do Ribeira-MOAB-Brasil. Disputa de América Latina Observatorio Deportivo Lara-OCMAL – Taller de JPIC OFM, Roma. Taller de JPIC Sociedad Misionera San Columbano, Chile Orden Franciscana Seglar, Uruguay Organización de familias del Conchos, México Cuidado pastoral de la Infancia, Bolivia Ministerio indio, Ecuador Ministerio indígena de Roraima-Brasil – Pastoral Social Caritas Oruro, Bolivia Diócesis de Pastoral Social de Duitama Sogamoso, Boyacá, Colombia Diócesis de Pastoral Social de Pasto, Nariño, Colombia Radio el Progreso, Yoro-ERIC-Honduras Red de Educación Popular América Latina y el de las religiosas del Caribe del Sagrado Corazón Red de solidaridad misionera Servas do Espirito Santo, Brasil Red Muqui, Perú Agua roja desarrollo y democracia Regional, Piura, Perú Secretariado Pastoral Social diocesana, Garzón Huila, Colombia. Servicio Interfranciscano de Justicia, Paz y Ecología – SINFRAJUPE-, Brasil. Servicio Cristiano de Solidaridad con International Latin America, Oscar Romero, – SICSAL- Servicios Koinonía Vicaría de la Solidaridad, Oficina de Derechos Humanos, Jaén, Perú. Vicariato Apostólico San Francisco Javier, Jaén, Perú. Vivat International.

Pensar la transición | Ciclo “América Latina Piensa” 11/11

[embedplusvideo height=”300″ width=”450″ editlink=”http://bit.ly/1xz0DAC” standard=”http://www.youtube.com/v/OZziz0m9tlQ?fs=1″ vars=”ytid=OZziz0m9tlQ&width=450&height=300&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep6165″ /] ¿Cómo frenar la debacle ambiental global? ¿Es posible superar la pobreza sin aplastar la diversidad ecológica y cultural? ¿Se trata de fortalecer resistencias o de hacer una revolución? ¿Es el Buen Vivir el paradigma libertario que nos permitirá construir las alternativas? Dividido en 4 sub-capítulos (Consumismo, Transiciones, Política, Diversidad) “Pensar la transición” nos llevará a recorrer las experiencias concretas y el pensamiento vivo y actualísimo de los mas importantes intelectuales y movimientos sociales de nuestro continente en la búsqueda de construir puentes hacia sociedades mas equitativas, armónicas y diversas. Agalon Producciones    

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Presos de la Patria

El centenario sueño (o pesadilla) de Neuquén con su petróleo

La historia de Neuquén está marcada por el petróleo. Descubierto en 1918, en cercanías de Plaza Huincul, consolidó su producción en 1940, tras el hallazgo de crudo en Challacó, y se masificó desde los años ‘60. En los ‘80, con las políticas neoliberales imperando en el país, la provincia con petróleo, se transforma en la provincia petrolera y gasífera de la mano los yacimientos Puesto Hernández y  Loma La Lata. Hoy un nuevo paradigma se anuncia, el mundo del shale irrumpe con las ventajas de la tradición extractiva que lo legitima y con las incertidumbres de sus consecuencias que lo resisten.

 “Neuquén es compromiso que lo diga la Patria porque humilde y mestizo sigue siendo raíz.” Himno de la Provincia de Neuquén

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Por OPSur.- De una u otra manera la Patagonia está atravesada por una suerte de traumatismo de Estado desde sus inicios. El genocidio étnico de la llamada Conquista del Desierto es un relato vivo en los pueblos indígenas que sufrieron las políticas de exterminio y que desde hace unos años emergen con el reclamo y la reconstrucción de una justicia histórica. También son parte del traumático relato quienes descienden de aquellos inmigrantes que llegaron tras la barbarie de la cruz y fusil, instalándose en la zona que antes de ser el gran valle productivo, fue tierra de fortines militares.

La llegada del ferrocarril, la construcción del sistema de riego, la promoción de la fruticultura en el Alto Valle son tan sólo algunas de las intervenciones del Estado, en asociación con el capital británico, que marcan la identidad con la que se construye la zona productora y culturalmente diversa. Cada uno de los eventos desarrollistas constituyó la formación de sectores sociales: así como en un primer momento hubo grandes beneficiarios en la repartija de la tierra, que habían financiado la avanzada militar; con la extensión y consolidación del Estado en los territorios nacionales se desarrolla y cobra protagonismo la burguesía comercial. Tal es el caso de la familia Sapag, que hasta hoy gobierna, la cual se instaló en la región al calor de la construcción del ferrocarril y del regimiento en Zapala.

En 1918, a pocos años de la naciente historia hidrocarburífera nacional, fue descubierto el petróleo en Plaza Huincul, en tierras de Carmen Funes, más conocida por “la Pasto Verde”, que había llegado a la zona siendo parte de la tropa del Ejército Argentino. Ella muchas veces comentaba con enojo a quienes usaban su rancho como posta obligada, el olor a combustible en sus aguadas. Estas quejas llamaron la atención de agentes del Gobierno, que no tardaron en enviar geólogos a evaluar las posibilidades de encontrar hidrocarburos en esas tierras. Tiempo después doña Carmen Funes falleció y no llegó a ver el descubrimiento de petróleo. Parece una ironía de la vida que el equipo que perforó el primer pozo neuquino se haya llamado Patria, y una maldición histórica que haya sido perforado con el trabajo de presos llevados desde la cárcel de Neuquén. Cien años después se sigue presos de la Patria, condenados por los recursos que son explotados por multinacionales y atentando contra las economías productivas locales en nombre del progreso.

La llegada del Estado, con la nacionalización del territorio, marcó a fuego la cultura de su omnipresencia, tanto para quienes lo padecieron, como para quienes fueron sus beneficiarios. Estos últimos, tras la provincialización del territorio, trasladaron a sus praxis políticas esa cultura popularmente conocida como “vivir de la teta del Estado”.

La historiadora Orietta Favaro, docente de la Universidad Nacional del Comahue, analizó en su tesis doctoral el vínculo de la provincia con el petróleo. Allí expuso los orígenes de las familias fundadoras del Movimiento Popular Neuquino, partido que desde hace más de medio siglo está en el poder. Comerciantes, productores ganaderos, empleados públicos y profesionales son parte de los sujetos en los que se sustentó la construcción del partido de gobierno. Y más tarde, con la consolidación de la industria petrolera, hubo una incorporación sindical a la vida política del partido de la mano del representante del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Guillermo Pereyra, que prontamente logró ser parte de las familias patricias empresarias que controlan y gestionan el Estado provincial.

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El  corazón del país

En las décadas del ’60 y ’70, con el desarrollo del complejo Chocón-Cerros Colorados, la provincia se perfila como productora de energía a nivel nacional, sumando a la explotación de hidrocarburos, la energía hidráulica. Estas obras dieron lugar a un crecimiento exponencial de población transitoria y también a importantes conflictos sindicales, que repercutieron como registros de organización de suma importancia en la historia del sindicalismo neuquino.

Ya en los años ‘80 Neuquén se convierte en la primera productora de gas a nivel nacional, a partir de la explotación de Loma La Lata, en su momento el mayor yacimiento en producción gasífera de América Latina. Se pone fin al venteo y comienza el abastecimiento a gran parte del mercado nacional a través de los gasoductos troncales y regionales.

Es una época de avances de fronteras de explotación.  En el centro de la provincia, Loma La Lata es la principal productora de gas, mientras que en el norte, Puesto Hernández se consolida como el mayor productor de crudo. Con ello a las ciudades petroleras históricas como Cutral Co y Plaza Huincul, se le suma Rincón de los Sauces, mientras Neuquén capital se mantiene como centro administrativo. Además, importantes yacimientos como El Portón, Sierra Chata y El Trapial reafirman la impronta de proveedor energético nacional, dando cuenta del fuerte crecimiento petrolero en distintos puntos de la región.

Con este avance de frontera, la industria hidrocarburífera neuquina se convierte en la principal fuente de ingresos al Estado y le da un carácter hegemónico en producción. Esto afianza aceitadamente un sistema de gobierno clientelar, en donde el peso de los recursos de la renta petrolera son administrados por un Estado dominado por el partido provincial y distribuidos entre empresarios, comerciantes y productores del sector privado a través de sobrefacturaciones, empresas ficticias proveedoras del Estado, y una serie de otras irregularidades. También se afianza un falso Estado de Bienestar repartido territorialmente con un sistema de punteros, en donde el ingreso laboral a la administración pública es una de las formas de perpetuar al partido en el poder y ganar adherencias.

La privatización de YPF durante la primera presidencia de Carlos Menem (1989-1995) vino con el beneplácito para el saqueo de los recursos y, por lo tanto, el aumento sustancial del ingreso por regalías y renegociaciones de contratos por parte del Estado provincial -que de la mano de la Ley de Federalización de los Hidrocarburos y la reforma constitucional de 1994, adquirió el dominio sobre éstos. Esta situación posibilitó a un sector de la elite local -compuesta por comerciantes, profesionales y funcionarios- hacerse de una buena parte de la renta y margen de maniobra, que le permitiría amortiguar la crisis que aparecía en el horizonte. Pese a ello, las puebladas de Cutral Co y Plaza Huincul, en 1996 y 1997, mostraron al país las consecuencias inmediatas de la privatización y generaron, junto a Gral. Mosconi, en Salta, un ejemplo de lucha, tornándose el piquete como expresión popular masificada.

La década de la continuidad

“Cambiar un paradigma, que el petróleo ya no es commodity sino consumo básico para el crecimiento del país, todas las petroleras tendrán que cumplir con ese objetivo” Agustín Rossi presidente de Diputados (03/05/2012)

El comienzo de siglo estuvo signado por la conflictividad social producto de las décadas de políticas neoliberales extremas. El desarrollo energético del país sufría el saqueo de la extracción, sin inversiones en exploración y con la complicidad tanto del Estado nacional como las provincias quienes no quisieron ver recortados sus ingresos en plena crisis. Mientras el país sufría una de las mayores crisis económicas de su historia, en Neuquén el impacto estaba amortiguado por el ingreso de regalías de la extracción irresponsable y saqueadora, dando como resultantes de superávit en la balanza comercial energética nunca vistos. Argentina estaba exportando lo que prontamente tendría que importar. En un análisis en la revista Energía y Equidad, el periodista Fernando Cabrera caracteriza la época como “neoliberalismo energético” y explica sintéticamente cuáles fueron los tres pilares políticos de ese momento histórico: por un lado la desregulación, que permitió que las empresas tuvieran la autoridad sobre el recurso, maximizando la rentabilidad y liberalizando su precio. Por otra parte se extranjerizó al sector en su conjunto, mientras se privatizaba y reducía YPF. Finalmente, se federalizó el dominio de los hidrocarburos. “Mediante estos tres movimientos los hidrocarburos transmutaron de recursos estratégicos a commodities sujetos a una lógica de rápida valorización con el menor costo posible” (Cabrera, 2014). Con las empresas como “actor definitorio” de la política hidrocarburífera, se redujeron las inversiones tanto en exploración como en controles ambientales y en personal, dedicándose estas a “exprimir lo invertido durante la etapa estatal de YPF”, señala Cabrera. Esto condujo a un abrupto crecimiento de la producción durante toda la década, llegando en 1998 al techo de producción de crudo y en 2004 a un amesetamiento de la producción de gas, mientras el horizonte de reservas caía sostenidamente. Ya con la llegada del gobierno de Néstor Kirchner, el Estado comenzó a tener políticas de mayor regulación del Estado en el sector, las que lejos de generar un corte, dieron una continuidad al neoliberalismo energético con ciertas apuestas de cambios. Dentro de estas tímidas variaciones, que tuvieron más de discursivo que de modificaciones de fondo, se cuentan las retenciones a la exportación,  los incentivos a las operadoras con planes como Gas Plus y un intento por traspasar los activos de YPF a capitales privados argentinos, como fue el caso del grupo Petersen, que sin desembolsar ni un peso y con compromisos de pago a futuro se hizo del 25.4 % de las acciones de la empresa. Otro hecho a destacar es la conclusión del proceso de federalización de los recursos hidrocarburíferos con la ley 26.197 también llamada “Ley Corta”, que transfiere a las provincias las potestades de los recursos, continuando lo que había comenzado en 1992 con la ley  24.145 de “Federalización de Hidrocarburos”. En diciembre del 2010 YPF-Repsol informó el descubrimiento de gas de esquisto (shale gas) en la formación Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina; en abril del 2011, la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos (EIA en ingles) anunció que Argentina tenía importantes recursos probados de shale gas, que la ubicaba inmediatamente detrás de EE.UU. y China. Mientras tanto el kirchnerismo sorteaba tranquilamente un proceso electoral más, que los llevaría a su tercer mandato consecutivo. Los no convencionales  aparecen  como “la oportunidad” con la que se apuntaría a revertir los grandes problemas energéticos deficitarios, que se llevan cada vez mayores cantidades de dólares en importación. En Neuquén, el gobernador Jorge Sapag se entusiasmaba con las informaciones sobre Vaca Muerta: la crisis petrolera de 2009, producto de la desinversión de las operadoras, había golpeado el mundo de los hidrocarburos y no se veían buenos horizontes más allá de los primeros pasos de intervención de la empresa estatal Gas y Petróleo creada en el 2008. Desde allí todo cambió: el Estado desarrolló un proyecto energético hasta el momento inexistente durante décadas, sancionó la Ley de Soberanía Energética y se hizo del 51 % de los activos de YPF. Legisló en función de los nuevos desafíos, buscando atraer inversiones a través de beneficios directos para la industria. La urgencia por evitar el desangramiento de dólares producto de la importación de gas y apuntalar la incierta inversión en Vaca Muerta era tal, que también se pagó con favores políticos, como el desembargo realizado por la Corte Suprema de Justicia a la empresa Chevron por los activos retenidos debido a su millonaria condena ambiental en Ecuador. Esta jugada permitió la llegada del gigante norteamericano a Vaca Muerta. Los cambios del país y la región producto del boom del mundo shale ya comenzaron a verse, muchos impactan ante los expectantes ojos del progreso. Lo que no ha cambiado y no se ven perspectivas de ocurra, es que los hidrocarburos sean un recurso estratégico; los sucesivos gobiernos han continuado su rol de commodity, acatando la posición extractivista en la que nos ha situado el desarrollo mundial, por más que pintados de celeste y blanco se diga lo contrario. Fuentes consultadas Favaro, O. (2001); Estado, política y petróleo. La historia política neuquina y el rol del petróleo en el modelo de provincia, 1958-1990. Tesis doctoral. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Favaro, O. (sin fecha);  El ‘modelo productivo’ de provincia y la política neuquina. Cabrera, Fernando (2014);  Revista Energía y Equidad “Tras la expropiación de YPF: El Estado empresario avanza sobre los yacimientos no convencionales” 8300web (Fabián Bergero y  Laura Loncopan), 25/06/2009; Festival de Créditos del Iadep: 400 millones para 16 amigos. 8300web (Jorge Alberto Sabatini), 22/02/2013;  Renesa dejó de existir

logo rosaEsta nota forma parte de la cobertura Añelo corazón de Vaca Muerta, que tuvo financiamiento de FRL con fondos del BMZ.