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Petróleo y medioambiente, el caso de Argentina

por Hernán Scandizzo*

La creación del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), en 2008, está estrechamente vinculada con el eje de intervención que nos proponen. Surgimos con el objetivo de incorporar el abordaje socioambiental a la lucha de movimientos sociales, organizaciones sindicales y políticas por la estatización de YPF, el control público de los hidrocarburos y la apropiación social de la renta. Si bien por esos años las movilizaciones contra la megaminería y el agronegocio, entre otras, habían puesto la perspectiva socioambiental en la agenda pública, la crítica no alcanzaba a los hidrocarburos y la matriz energética dependiente, casi en su totalidad, de los combustibles fósiles. Eso a pesar de que desde mediados de la década de 1990 el Pueblo Mapuche en la provincia de Neuquén batallaba para frenar el avance de la explotación de hidrocarburos sobre sus territorios; y de que las comunidades kolla de Orán se habían movilizado -por esos mismos años- contra el tendido del gasoducto NorAndino.

Las comunidades del Pueblo Kolla planteaban la defensa de sus territorios y la protección de las selvas de yungas, y por esos años se dio una articulación con una organización ecologista internacional, que también había incorporado a su agenda la lucha para cambiar la traza del gasoducto, aunque ponía el foco en el impacto sobre el hábitat los yaguareté, una especie amenazada. El foco en el impacto de la actividad hidrocarburífera sobre la vida silvestre no se dio sólo en ese caso, sino que era el enfoque habitual, por ejemplo, en las coberturas periodísticas de los primeros años ’90. Lo verde, lo ambiental, lo eco, ocupaba un lugar en la grilla de los medios masivos o, por lo menos, de la prensa porteña. Otro caso más emblemático que el de los yaguareté de las yungas, es el de la aparición masiva de pingüinos empetrolados en las costas del Atlántico Sur, por el vertido de crudo al mar. También estuvo en discusión el impacto de las piletas de purga, cavadas junto a los pozos, que se transformaban en trampas mortales para la fauna, principalmente las aves que las confundían con espejos de agua en sus rutas migratorias.

Los cuestionamientos a prácticas muy extendidas, como el vertido de restos de crudo al mar al preparar las bodegas de los buques para la carga de petróleo, el uso de piletas de purga sin protección o la irrupción en los territorios para desplegar la infraestructura demandada por la actividad hidrocarburífera, logran masividad / centralidad en la agenda periodística por esos años, principalmente, en función de las afectaciones a la vida silvestre. Sin embargo la aparición de pingüinos empetrolados no era una novedad para los habitantes de las localidades del litoral atlántico, aunque sí la masividad. Pero no sólo los pingüinos se empetrolaban sino también las personas que se zambullían en el mar en las playas de Comodoro Rivadavia. El crudo en los cuerpos estaba naturalizado, se quitaba con aceite de cocina. El contacto con el petróleo, “empetrolarse”, no era percibido como riesgoso para las personas. La imagen de los pingüinos empetrolados funcionó como la carta de presentación de un hecho no sólo noticiable sino también novedoso: “el petróleo afecta a la Naturaleza”; pero, cabe destacar, era una Naturaleza que no incluía a los seres humanos. Una percepción bastante extendida aún hoy.

Pingüinos y liberalización del sector

Vale la pena hacer un paréntesis en la referencia a los pingüinos empetrolados y poner de relieve un dato que, tal vez no ocupa un lugar central en la memoria de aquellos sucesos. Qué expresaba la aparición masiva de pingüinos en esas condiciones, dado que en la memoria de las poblaciones costeras, la aparición de pingüinos empetrolados o de personas manchadas de crudo luego de un baño en el mar eran parte del cotidiano. Según investigaciones posteriores, eran un emergente del proceso de privatizaciones y liberalización del mercado hidrocarburífero. Según una investigación realizada por el biólogo Pablo García Borboroglu, del Centro Nacional Patagónico —dependiente del Conicet— y su colega Dee Boersma, de la Universidad de Washington, al analizar los relevamientos de 26 instituciones que registran y/o rehabilitan aves marinas empetroladas, desde Fortaleza (Brasil) hasta San Antonio Oeste (Argentina), a la luz de los datos de explotación y comercio de crudo, los autores observaron “un dramático incremento [de pingüinos empetrolados] a mediados de los 90, coincidente con el crecimiento exponencial de exportaciones de petróleo en Argentina”.1

Pueblos empetrolados

Por esos mismos años también tomaron estado público dos casos de “poblaciones empetroladas”, que no son tan recordados como los pingüinos: se trata de las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Loma La Lata (Neuquén), y de la localidad santacruceña de Koluel Kaike; en ambos se denunció la contaminación con hidrocarburos de las aguas subterráneas utilizadas para consumo. Quizá esos olvidos -o mejor dicho, que los casos de las poblaciones empetroladas no sean tan recordados como el de los pingüinos, a pesar de que también tuvieron cobertura mediática-, de alguna manera habilitan a que se repitan situaciones similares, como las denunciadas por vecinos de Caleta Córdova tras el derrame de crudo de diciembre de 2007, e incluso también se cuestione la legitimidad de las personas empetroladas que demandan que se garanticen sus derechos.

  • Loma La Lata

Loma La Lata (LLL) dista 100 km al norte de Neuquén capital, allí se explota el yacimiento gasífero más importante del país. Su descubrimiento y puesta en explotación, a cargo de YPF estatal en 1978, fue punto de inflexión para la economía neuquina, marcó la preeminencia de la provincia en el sector.

Este yacimiento abarca 8 mil hectáreas de las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayiñ. En 1995 los Paynemil constataron que el agua de las napas que extraían para consumo tenía una particularidad: era inflamable -luego se confirmó una alta presencia de hidrocarburos. Al año siguiente el Estado provincial constató que los pobladores tenían 17 tipos metales pesados en sus cuerpos, principalmente plomo, cadmio y mercurio.

En 1997 la Defensora del Niño y el Adolescente de Neuquén, Nara Osés, denunció al Estado provincial por no garantizar un medioambiente sano y la salud de la población. Obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, pero la inacción del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –instancia que aceptó la denuncia e intimó a la provincia y Repsol-YPF a tomar medidas concretas: garantizar la provisión de agua segura. Mientras tanto, en la Justicia sigue abierta la causa por la remediación ambiental.2

Las demandas contra la provincia y la principal operadora del yacimiento no impidieron que en el 2000 se prorrogara por 10 años a Repsol-YPF la concesión de LLL, que vencía en 2017. Dos años más tarde, en 2002, se registró en la comunidad Kaxipayiñ un caso de anencefalia.3

A pesar de la exposición crónica al riesgo tóxico que implica vivir en un yacimiento en explotación, los denuncias de la comunidad Kaxipayiñ y particularmente la figura de su werken (vocero político), Gabriel Cherqui, están instalado en el imaginario neuquino como el paradigma del mapuche que realiza denuncias ambientales y demandas territoriales para obtener réditos económicos.4 Un estigma que se viene abonando desde hace casi dos décadas y que fue reafirmado recientemente en el programa televisivo del periodista Jorge Lanata,5 y al que también echaron mano funcionarios kirchneristas para descalificar la posición mapuche durante el debate por el pago de la indemnización a Repsol, tras la expropiación de YPF.6 Del deterioro de la salud de los comuneros y la degradación de su territorio casi no hay memoria, como si se tratara de un dato poco relevante.

  • Koluel Kaike

En 1999, a partir de una causa judicial iniciada por un estudio jurídico de Buenos Aires en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia (Chubut), tomó estado público la situación ambiental de Koluel Kaike, derivada de la explotación del área Piedra Clavada por parte de la empresa PAE.7 A partir de una serie de pericias ordenadas por la justicia se determinó que la población de la localidad del norte de Santa Cruz estaba expuesta a compuestos tóxicos acumulados en el suelo y aguas subterráneas. El caso se instaló en la agenda pública y desde el Senado de la Nación en dos oportunidades se presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional. La causa judicial no prosperó, no por falta de elementos sino porque en 2006 quedó paralizada por trabas burocráticas. La empresa denunció que detrás de la acción judicial había un intento de extorsión, pero a pesar de ello, finalmente instaló una planta de ósmosis inversa para tratar el agua con que se abastece a la localidad.8

Luego de esa primera denuncia se sucedieron otras más, la última en 2013, en todas se destaca la lentitud de la operadora para remediar daños ambientales y adoptar normas de protección del ambiente.9 La contaminación en Piedra Clavada fue tomada en 2007 como elemento para cuestionar la prórroga anticipada del contrato de concesión a PAE, que finalmente fue aprobado. Casi dos décadas más tarde el recuerdo de Koluel Kaike se vuelve difuso.

  • Caleta Córdova (queremos ser pingüinos)

El 26 de diciembre de 2007 fue descubierto un derrame de hidrocarburos en Caleta Córdova, 20 km al norte del centro de Comodoro Rivadavia: 300 m3 de petróleo tiñeron de negro siete kilómetros de playas, acantilados, pesquerías, flora y fauna. El crudo provenía de un buque propiedad de la empresa Antares Naviera, que tuvo un derrame durante la maniobra de carga en la monoboya de la empresa Termap S.A.

Vecinos de Caleta Córdova denunciaron que tras el derrame comenzaron a registrarse enfermedades crónicas entre los pobladores y las adjudicaban a los diluyentes utilizados en la limpieza del crudo. A mediados de 2011 fue entregada a la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adultez y la Familia de Comodoro una lista de niños que sufrían afecciones en la piel y las vías respiratorias. La dependencia convocó a autoridades del sistema de salud municipal y provincial, y al Foro Ambiental y Social de la Patagonia a integrar una mesa de trabajo.

No hay una mirada desde el Estado sobre cómo impacta el derrame de petróleo en la salud de la población que está en contacto directo. Sí hubo una mirada hacia los pingüinos, porque no solamente hay una contaminación de la vida de ese animal sino que hay una contaminación visual. Pero en mí o en mis hijos el petróleo no va a dejar una contaminación visual, seguramente va a dejar una contaminación residual, que puede llegar a provocar un cáncer”. Rosa Montecino, vecina de Caleta Córdova.10

“Eran 18 niñitos con cuestiones respiratorias, alergias y cuadros dermatológicos varios. Cuando vinieron los vecinos a la Oficina de Derechos y Garantías empezamos a reunirnos con distintos profesionales para que nos dijeran qué pasaba. Lo que queríamos era que se hiciera un diagnóstico de esos chicos, pero no el Centro de Salud del barrio, dependiente de la Municipalidad, sino por un dermatólogo infantil. Logramos en ese momento que se acordara el traslado de esos chicos al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, que fueran vistos por un dermatólogo y un perito de parte. Habíamos acordado todo con la firma de la directora del Hospital. ¿Y qué pasó? Nos enteramos que hicieron ese traslado, revisaron a los chicos y no convocaron a la Oficina de Derechos y Garantías ni al perito de parte, y luego dijeron que no había ningún tipo de problema. Lamentablemente no pudimos avanzar de ahí.” Liliana Murgas, jubilada de la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de Comodoro Rivadavia.11

Estos son algunos ejemplos de daños ambientales que tenían o podían tener impacto directo en la salud de la población, donde no eran pingüinos sino “personas empetroladas”, ninguno de ellos motivó dio lugar a investigaciones sobre la relación entre la actividad hidrocarburífera y las consecuencias sociosanitarias por la exposición crónica a ambientes tóxicos. A dos décadas de las primeras denuncias la invisibilización de estas problemáticas alimentan en la población de ciudades yacimiento percepciones sobre mayor prevalencia de cáncer o de las llamadas enfermedades poco frecuentes (EPF) respecto de otras regiones del país. Una percepción también instalada entre profesionales de la salud. Se crean territorios de incertidumbre, como sucede en Comodoro Rividavia y la vecina Caleta Olivia.12

Emergencia y muerte de la cuestión ambiental

Si bien afirmábamos que los daños y pasivos ambientales de la actividad petrolera han sido permanentemente invisibilizados desde diferentes instancias de gobierno (municipal, provincial y nacional); hay que subrayar que se han dado particulares momentos en que en el discurso estatal se asumen los impactos ambientales de la actividad petrolera. Lamentablemente todos tienen en común que fueron fugaces y, en la mayoría de los casos, la “cuestión ambiental” fue utilizada como variable de presión en negociaciones con operadoras privadas.

  • Neuquén, planes de diversificacion productiva

En 1997 Felipe Sapag, en su quinto y último gobierno, lanzó el Plan Neuquén 2020. La provincia atravesaba un escenario contradictorio, por un lado se habían consolidado los hidrocarburos como el sector dominante del PGB, el Neuquén Petrolero; por el otro, se registraba una baja del precio de barril de crudo, las reservas estaban en caída y se presagiaba un cercano “fin del petróleo”. Como telón de fondo, la alta conflictividad social producto de la implementación de políticas neoliberales de ajuste fiscal, tanto a nivel nacional y como subnacional. La alternativa que el Plan proponía era diversificar la matriz productiva, apostar fuertemente al desarrollo agroindustrial.

En ese proceso el Gobierno neuquino también advirtió, por primera vez, que la degradación del territorio por la explotación de hidrocarburos podía convertirse en un condicionante del desarrollo productivo. A esa conclusión había arribado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convocado por el Ejecutivo provincial, tras evaluar los daños ambientales producidos por la actividad hidrocarburífera en Rincón de los Sauces, luego de una serie de derrames que habían afectado la cuenca del río Colorado. Los pasivos ambientales y económicos de tres áreas petroleras de Rincón de los Sauces, aproximadamente 555 mil hectáreas, fueron valuados en 949 millones pesos/dólares, eran años de paridad 1 a 1, que la Provincia reclamó sin suerte a las petroleras YPF, Pérez Companc y San Jorge13.

Una década más tarde, el primer avance del informe El riesgo de desastres en la planificación del territorio del PNUD, realizado en el marco del Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial del Ministerio de Planificación de Federal de la Nación, advertía:

“Los procesos de degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso suelo) son de importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado territorial planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva, pasando de una economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más diversificada e integrada verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial. Este cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre los problemas de contaminación ligados a la explotación de hidrocarburos”.14

Diagnósticos similares fueron realizados por el Concejo de Planificiación y Acción para el Desarrollo, organismo provincial.15

Sin embargo los planes de diversificación productiva y la preocupación por los procesos de degradación de los suelos perdieron lugar en las prioridades de la agenda gubernamental a medida que el potencial de yacimientos no convencionales de gas y petróleo adjudicado a Neuquén auspiciaban años de bonanza.

“Ese parece ser el destino de Neuquén [proveer de energía al país], marcado por una historia petrolera de un siglo y por oportunidades de sus cuantiosos recursos hidrocarburíferos, hidráulicos, eólicos, solares y de biomasa. Pueden plantearse otros derroteros, pero no han aparecido propuestas viables y sustentables, capaces de dar trabajo a quienes habitan y habitarán la provincia a la par de suministrar al país la energía que necesita para su desarrollo”, escribió el ingeniero y diputado provincial (2011-2019) Luis Sapag, en su libro Volver al Neuquén que viene, en pleno auge de Vaca Muerta (2013: 137-138).

La mejor síntesis del espíritu de euforia que embargaba (y embriagaba) a la clase dirigente local, hasta que la caída del precio de barril de crudo en 2014 los puso nuevamente en tierra.

  • Expropiación de YPF

Los pasivos ambientales acumulados por la actividad hidrocarburífera reaparecieron en la agenda pública en los años 2012/2013, como una variable de presión, en el período que va de la expropiación del 51% de la acciones de YPF a Repsol al cierre de la negociación con la petrolera española por el monto de la indemnización a pagar. En ese lapso, desde las mismas instancias del Estado que sistemáticamente habían negado los impactos de esta actividad extractiva se denunciaban los pasivos ambientales de la empresa, al tiempo que invisibilizaban sus responsabilidades. Dado que diferentes estamentos del Estado tienen por función controlar actividad y obligar a remediar daños, si había pasivos es porque los daños no habían sido remediados oportunamente.16

  • Vaca Muerta

Como advertíamos, al ponerse en marcha el proceso de legitimación de Vaca Muerta se desestimaron las advertencias en torno a la huella petrolera, los procesos de degradación de suelos y de agua advertidos por el PNUD en 1996 y 2010. En los planes de desarrollo estratégico de la región Vaca Muerta, elaborados por el Ministerio de Planificación Federal y los gobiernos de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa, no hay referencia al impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera. Tampoco se plantea como problemática la ampliación de la frontera petrolera sobre tierras dedicadas a la producción frutícola; la única objeción se refiere a la aceleración de los procesos de urbanización de esas tierras a partir de la explosión demográfica dinamizada por la explotación de yacimientos no convencionales.

Ante escenarios como estos se abona la desconfianza de la población sobre el compromiso de las autoridades estatales con el cuidado del ambiente. En tiempos de Vaca Muerta, plantear en Neuquén objeciones a la ampliación de la frontera petrolera, en sintonía con las advertencias hechas por el PNUD o el mismo COPADE, era considerado por el gobernador Jorge Sapag y la vicegobernadora Ana Pechén como campañas de terrorismo ambiental.17 No había lugar a criticar al fracking, en sintonía con los postulados de autoridades nacionales y representantes del sector empresarial, para el cual esta técnica acarrearía algo similar al “riesgo cero”.

Los discursos en torno a la pretendida inocuidad del fracking, la técnica aplicada para la explotación de yacimientos no convencionales, no son patrimonio de las autoridades argentinas sino que también los reproducen los gobiernos de Colombia y México, donde hay proyectos similares en puerta. Por el contrario, funcionarios del gobierno de Bolivia sostuvieron que de ninguna manera permitirían el aplicación de la técnica en su país porque constituia un atentado contra la Madre Tierra, mientras que técnicos del sistema de licenciamiento ambiental de Brasil también plantearon serias objeciones a la explotación de yacimientos no convencionales por el alto riesgo ambiental que esto implica; cabe aclarar que en estos dos países el fracking es un horizonte lejano.18

Anotaciones al margen

Anoche [4 oct.] el ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, afirmo que “el poder político siempre definió que lo principal era la producción y no la remediación de los pasivos”. Luego manifestó que el objetivo de fondo de la Ley de Pasivos, más dar respuesta a los daños ambientales, era evitar la caída de puestos de trabajo a partir de las obras de remediación.

Agulleiro además señaló que necesita de la participación ciudadana, y particularmente de los gremios, para monitorear la sustentabilidad de los proyectos hidrocarburíferos. Una declaración que puede ser tomada como una invitación al involucramiento de toda la sociedad en el cuidado del ambiente, o un reconocimiento de los límites de los controles que desde el Estado provincial pueden ejercer sobre la actividad.

El ministro también dejó de manifiesto que más allá de los marcos regulatorio, las buenas prácticas empresarias están determinadas por los costos. Lo sostuvo cuando se estaba debatiendo sobre el uso de agua dulce en las operaciones petroleras, el funcionario señaló que la garantía de que las petroleras no usan agua dulce en tareas de recuperación secundaria está dada no por la prohibición sino porque le resulta más económico usar agua de producción. Esta situación también fue subrayada por la concejal y responsable de la secretaría de la Mujer del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Sirley García: “Se recortan las normas de seguridad en tiempos de baja del precio del barril de petróleo para garantizar la rentabilidad”. También en su intervención reconocía “que no está internalizado en los trabajadores y la ciudadanía el derecho a un ambiente sano”; lo planteó como una asignatura pendiente de los gremios del sector.

A modo de cierre

Han pasado más de dos décadas desde la aparición de los pingüinos empetrolados y de las primeras denuncias de los pueblos empetrolados, y aún se siguen naturalizando los riesgos sanitarios a los que están expuestos tanto las poblaciones urbanas, campesinas e indígenas que conviven directamente con la actividad como también los trabajadores y trabajadoras del petróleo (quizá el sector más invisibilizado) y la Naturaleza no humana. En el presente aún no hay condiciones para que se dé un debate honesto sobre petróleo y medioambiente, debemos seguir trabajando para alcanzar ese escenario.

* Periodista e investigador del OPSur. Este artículo fue pensado como apunte para intervenir en la mesa Petróleo y protección ambiental, en el marco del Taller Internacional Recursos naturales y desarrollo local: Sostenibilidad, cohesión social y resiliencia, organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Kassel. Comodoro Rivadavia, 3 al 5 de octubre de 2017.

Notas:

1Clarín, 06/03/2006. Dicen que hay más pingüinos empetrolados. Disponible https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/dicen-pinguinos-empetrolados_0_H1vI0SyAYg.html [Visto 02/10/2017]. Respecto al incremento de las exportaciones durante ese período puede consultarse el informe Hidrocarburos en Argentina (2016), realizado por el Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur, disponible en https://screencast-o-matic.com/watch/cbevol6sDy [Visto 10/10/2017]

2OPSur, 27/01/2010. “Era un apriete permanente, llevar adelante ese juicio contra Repsol nos costó mucho”. Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2010/01/27/era-un-apriete-permanente-llevar-adelante-ese-juicio-contra-repsol-nos-costo-mucho/ [Visto 02/10/2017]. OPSur, 02/11/2011. Gabriel Cherqui: “Estamos cansados de ver cómo vienen matando nuestro Wallmapu”. Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2011/11/02/estamos-cansados-de-ver-como-vienen-matando-nuestro-wallmapu/ [Visto 10/10/2017]

3La Nación, 20/06/2002. Autorizan a interrumpir un embarazo en Neuquén. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/406743-autorizan-a-interrumpir-un-embarazo-en-neuquen [Visto 02/10/2002]

4La Nación, 13/11/2000. Mapuches que usan celular y 4×4 en Loma de la Lata. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/40779-mapuches-que-usan-celular-y-4×4-en-loma-de-la-lata [Visto 02/10/2017]. Sobre esta ídea del rédito económico puede consultarse Scandizzo, H., Hidrocarburos y diversificación productiva en tiempos de Vaca Muerta, en Pérez Roig, D., Scandizzo, H. y di Risio, D. (2016).Vaca Muerta. Construcción de una estrategia. Buenos Aires, Observatorio Petrolero Sur – Ediciones del Jinete Insomne, pp. 117-126. Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2016/11/29/vaca-muerta-construccion-de-una-estrategia/ [Visto 02/10/2017]

5Clarín, 28/08/2017. PPT 2017: todo lo que pasó anoche en el programa de Jorge Lanata. Disponible en https://www.clarin.com/politica/ppt-2017-paso-anoche-programa-jorge-lanata_0_rkfa5aWKW.html [Visto 02/10/2017]

6Parlamentario.com, 18/03/2014. Pichetto descalificó a la comunidad mapuche, que impugnó el acuerdo con Repsol. Disponible en http://www.parlamentario.com/noticia-70345.html [Visto 02/10/2017]

7La Nación, 07/07/1999. Cuestionan a firmas petroleras por contaminar aguas en el Sur. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/144885-cuestionan-a-firmas-petroleras-por-contaminar-aguas-en-el-sur [Visto 02/10/2017]

8OPI Santa Cruz, 17/03/2008. Pan American Energy habló sobre el acuerdo petrolero. Disponible en http://opisantacruz.com.ar/home/2008/03/17/pan-american-energy-hablo-sobre-el-acuerdo-petrolero/556. [Visto 02/10/2017]

9La Opinión Austral, 02/11/2013. Clausuraron repositorio en yacimiento Piedra Clavada. Disponible en http://laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=26222&texto=&A=2013&M=11&D=2 [Visto 02/10/2017]. Tiempo Sur, 03/09/2009. Detectaron contaminación en más de 150 acuíferos. Disponible en http://www.tiemposur.com.ar/nota/5989-detectaron-contaminaci%C3%B3n-en-m%C3%A1s-de-150-acu%C3%ADferos-.html [Visto 02/10/2017]
10Scandizzo, Hernán (2012). Mar prohibido, en Crisis Nº 8, Buenos Aires, febrero – marzo. Disponible en http://argentina.indymedia.org/news/2012/07/817155.php [Vista 02/10/2017]

11Entrevista del autor, Comodoro Rivadavia, 21/07/2016.

12Al respecto se pueden consultar los artículos: Cuenca del Golfo San Jorge: cáncer en un territorio de incertidumbre (OPSur, 26/07/2017), disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2017/07/26/cuenca-del-golfo-san-jorge-cancer-en-un-territorio-de-incertidumbre/, y Consumir agua de red es casi una cuestión de fe en Caleta Olivia (OPSur, 27/03/2017), disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2017/03/27/consumir-agua-de-red-es-casi-una-cuestion-de-fe-en-caleta-olivia/.
13 Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y Provincia del Neuquén (1998). Proyecto ARG/97/024 Emergencia Ambiental, Hidrocarburos -Compensación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Neuquén. Resumen Ejecutivo, p. 54.

14Programa Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD- (2010). El riesgo de desastres en la planificación del territorio: primer avance. Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial. 1ra Edición. Buenos Aires: PNUD Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública – Minplan, p. 313.

15Copade. Dirección General de Programas y Proyectos. Secretaría de Estado General de la Gobernación del Neuquén (2006). Plan Estratégico Territorial, Argentina 2016, Provincia del Neuquén.

16OPSur, 04/12/2013. El acuerdo con Repsol y la impunidad ambiental. Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2013/12/04/el-acuerdo-con-repsol-y-la-impunidad-ambiental/ [Visto 02/10/2017]

17El extractivismo pide represión. Comunicado en repudio a las declaraciones de la vicegobernadora de Neuquén, Ana Pechén (19/12/2013). Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2013/12/19/el-extractivismo-pide-represion/ [Visto 02/10/2010]

18Las diversas posiciones de los gobiernos latinoamericanos frente al fracking puede verificarse en el informe Última Frontera, publicado en 2016 por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2016/11/03/75042/).


Petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina

por Natalia Barrionuevo / Stefan Peters

Los recursos naturales están nuevamente en el centro del debate público latinoamericano. Con base en la expansión e intensificación de un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, la región vivió entre 2003 y 2013/14 una bonanza económica con altas tasas de crecimiento y -muchas veces bajo gobiernos progresistas– reducciones importantes de las tasas de pobreza así como mejoras palpables de la distribución del ingreso. El llamado (neo)extractivismo se convirtió –hasta su colapso rápido en el contexto de la fuerte caída de los precios de los commodities a partir de 2013/2014– en un modelo políticamente exitoso que a su vez causó un sinnúmero de reflexiones en foros de movimientos sociales, conferencias y publicaciones de índole académico-político e investigaciones académicas. Estos debates se concentran mayoritariamente en dos líneas: i) las consecuencias socio-económicas del modelo reflejadas en índices de desarrollo, así como ii) los pasivos ambientales de la extracción de materias primas y los conflictos socio-ambientales relacionados a los proyectos extractivistas. El presente dossier, por un lado, retoma estas discusiones en el análisis de diferentes casos de la extracción de hidrocarburos en la Patagonia Argentina. Por otro, busca ampliar el debate hacia dos temas que en las reflexiones recientes sobre el (neo)extractivismo en América Latina han tenido menos envergadura: las consecuencias socio-culturales de la extracción de materias primas a nivel local, y las particularidades del trabajo y de las relaciones laborales en los enclaves extractivos. Además, los artículos reunidos en este dossier tienen en común que no se restringen al análisis de la coyuntura sino que buscan interpretar los fenómenos actuales a nivel económico, social, político y cultural a la luz de la larga tradición e historia de la explotación de materias primas en la región.

La Patagonia Argentina ofrece una variedad de casos emblemáticos para discutir empíricamente los diferentes nexos entre petróleo, trabajo y sociedad. Si bien es cierto que la Patagonia es mucho más que petróleo y recursos naturales, cabe destacar que buena parte de los recursos hidrocarburíferos de la Argentina se extraen de tierras patagónicas y que buena parte de la Patagonia está claramente marcada por la extracción del ‘oro negro’. Aunque en contraste a países como Ecuador o Venezuela, Argentina no es un país petrolero, no hay que subestimar la importancia del recurso para la economía, la sociedad y la política del país. La entonces presidenta de la República Cristina Fernández de Kirchner lo dejó en claro al responder a demandas de pueblos originarios y afirmar que “no podemos dejar […] de sacar el petróleo porque lo necesitamos para poder desarrollarnos, para poder vivir” (cit. p. Scribano y Machado Araoz, 2013: 15). No obstante, la misma extracción y especialmente la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking también han causado fuertes polémicas y resistencias por parte de movimientos sociales, indígenas y ambientalistas. En términos generales, podemos constatar que hay una extraña tensión entre un amplio apoyo a la extracción del petróleo, la defensa de la industria y las fuentes laborales en tiempos de crisis como los que atraviesa el sector petróleo en la actualidad, e incluso la construcción de un orgullo y una identidad local en torno a la extracción del petróleo por un lado; y la denuncia de una serie de consecuencias negativas relacionadas con la presencia de la industria extractiva a nivel local, junto a fuertes resistencias especialmente en contra el fracking como podemos observar en el caso de Vaca Muerta o de la comunidad mapuche de GelayKo, ambos ubicados en la provincia de Neuquén (Savino, 2016; véase también la contribución de Bernáldez a este dossier).

El presente dossier se plantea contribuir a una radiografía de las interrelaciones entre petróleo y sociedad en la Patagonia. El proyecto nació a lo largo de 2015 en el marco de cooperaciones académicas entre el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagoniade la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia, y su Programa de investigación Petróleo y desigualdades sociales en la Cuenca del Golfo San Jorge, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Kassel. En esta última institución, el dossier se enmarca en el International Center for Development and Decent Work y su línea de investigación sobre extractivismo, que puso en relieve una serie de intereses y preocupaciones compartidas y complementarias en torno a la comprensión de las relaciones entre el petróleo y los vínculos sociales en sociedades marcadas por la extracción de hidrocarburos. En base a estos puntos de partida, se hizo una convocatoria abierta a artículos que dio múltiples respuestas, hecho que demuestra el fuerte interés académico en el tema.

Como primer resultado de esta cooperación ofrecemos en el presente dossier ocho artículos que abordan desde múltiples perspectivas y con diferentes entradas teóricoconceptuales el tema petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina en clave subnacional, enfocándose en las ciudades de Comodoro Rivadavia (Chubut) y Catriel (Río Negro), y las provincias de Neuquén y Chubut. A partir de abordajes multi e interdisciplinarios, se proponen análisis teórico-empíricos tanto desde la perspectiva de las estructuras sociales como desde los actores y grupos involucrados, que vinculan tradiciones teórico-metodológicas cualitativas y cuantitativas. Los artículos que lo componen se preguntan por las diversas interrelaciones entre el petróleo y las dinámicas sociales en contextos urbanos de la Patagonia bajo los ejes de problemáticas medioambientales, acceso y apropiación de la tierra y el hábitat, relaciones de género, y particularidades regionales del rentismo. Pero las propuestas que aquí presentamos no sólo responden interrogantes a la vez que formulan nuevos, también dialogan entre sí en torno a los sentidos en que el petróleo moldea las relaciones sociales y las relaciones naturaleza/ sociedad generando diversas desigualdades (ambientales, de género, de clase, en la distribución de la renta) que implican relaciones de poder particulares. Con el foco en procesos de identificación, dominación, resignificación y resistencia, los autores dan cuenta de mundos complejos en los que intervienen el Estado, el mercado, las empresas y los trabajadores como actores destacados. La pregunta por la construcción de consensos en torno a una cultura del petróleo sobrevuela –de manera más o menos explícita aunque no por ello menos evidente- los diferentes escritos, lo que interpela a pensar en formas de desafiarla en pos de garantizar derechos sociales y ejercicios plenos de la ciudadanía a la vez que la construcción de sociedades más sustentables.

Luego de esta presentación, los artículos se inician con la contribución de Brígida Baeza y Magali Chanampa que analizan cómo los problemas medioambientales que conlleva la actividad petrolera son naturalizados por la población comodorense. En base a ejemplos históricos y actuales demuestran cómo la contaminación causada por el petróleo forma parte de la cotidianeidad de los habitantes de la principal ciudad de la provincia del Chubut. El punto central del artículo de Baeza y Chanampa es el tema de la contaminación del hábitat en relación con las desigualdades socio-espaciales. Las autoras discuten especialmente las consecuencias de la contaminación en los barrios caracterizados por ‘tomas de tierra’ y, a partir de esos casos empíricos, desarrollan las dificultades para desnaturalizar los daños ambientales y el proceso de sacralización del petróleo como barrera a la conciencia sobre los problemas ambientales en la sociedad petrolera de Comodoro.

A continuación Joaquín Bernáldez discute, desde una perspectiva de la ecología política, las consecuencias socio-ambientales de la extracción de hidrocarburos en la provincia de Neuquén. El artículo debate los principales planteamientos de la ecología política haciendo hincapié en tres puntos clave: la interdependencia entre naturaleza y sociedad; la politización de las relaciones naturaleza-sociedad; y el compromiso académico con la reapropiación de la naturaleza. Basándose en estas categorías analíticas Bernáldez se acerca al análisis de sociedades extractivistas en general, para luego presentar entradas más concretas a líneas de investigación en torno a la ecología política de los conflictos sobre el fracking en la provincia de Neuquén.

Posteriormente el artículo de Laura Mombello nos lleva a otra localidad petrolera de la Patagonia: la ciudad petrolera de Catriel, en la Provincia no-petrolera de Río Negro. Sin embargo, su artículo no se restringe a la investigación de las consecuencias de la larga historia de explotación petrolera en la ciudad, sino que ofrece un análisis multiescalar. Esta perspectiva metodológica-conceptual le permite discutir los procesos sociales de la ciudad de Catriel en relación con factores a nivel provincial, nacional e internacional. Mombello debate estas interrelaciones y tensiones entre las diferentes escalas con un enfoque en los derechos (adquiridos y naturalizados) a la explotación y al usufructo de las riquezas de la naturaleza.

El siguiente artículo de Santiago Bachiller presenta resultados de un trabajo etnográfico en los asentamientos conformados por tomas de tierras en Comodoro Rivadavia, reparando en las particularidades del caso a la vez que enmarcando el fenómeno en formas latinoamericanas de producir espacio urbano. El autor sostiene que ese fue el modo histórico de conformación de la ciudad, marcado por la extracción de petróleo. A lo largo del texto rastrea las dificultades históricas de los sectores populares locales en el acceso legal a la tierra, repara en la gestión gubernamental de acceso al suelo y analiza el rol del mercado inmobiliario/ constructor en tanto agente expulsor. Finalmente retoma algunos discursos de los protagonistas de las tomas vistas como alternativa, y reflexiona en torno a la necesidad de imaginar nuevas políticas urbanas.

También basado en investigaciones empíricas en Comodoro Rivadavia, el artículo de Natalia Barrionuevo busca reconstruir, a partir de un estudio etnográfico, algunas formas de legitimación de las desigualdades de género en un contexto de desigualdad de clase signado el trabajo petrolero. La autora repara en las formas en que esas desigualdades se actualizan en contextos recientes de post-privatización de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), y persisten –a la vez que son resistidas- en una configuración particular que articula determinación (una comunidad patagónica históricamente petrolera y masculina) y contingencia (el boom y las nuevas formas de pensar el trabajo, las relaciones de clase y las construcciones de género).

Después Hernán Palermo se propone reconstruir históricamente las identificaciones de los trabajadores del sector para luego reparar en las formas en que representan el género según el lugar que ocupan en el proceso de cooperación capitalista. Allí, sostiene el autor, convergen saberes técnicos y formas de producción de la masculinidad históricamente situadas, redundantes en una determinada disciplina fabril. A partir de una investigación cualitativa, el autor considera cómo la pérdida del trabajo en YPF –a partir del proceso de privatización de la empresa en la década de los ’90- produjo masculinidades devaluadas. En el posterior contexto de tercerización, surgen los “petroleros” en tanto “nuevos varones del petróleo”, no sin diferenciaciones internas.

El próximo texto de Paolo Paris considera las relaciones de género que permanecen a pesar de la reestructuración del mundo petrolero en los últimos veinticinco años, dada por contextos de post-privatización y post-convertibilidad, y se pregunta si esa formación puede ser erosionada por la contemporaneidad. El autor también reflexiona sobre la relación entre “petroleros” y “no petroleros”, y la “parte maldita” que fascina a la vez que genera rechazo. En ese camino retoma la propuesta de Georges Bataille y cierta producción académica local, para concluir presentando las prohibiciones y transgresiones que vinculan trabajo, empresa y género en la “boca del pozo”.

Por último, el artículo de Stefan Peters analiza la provincia del Chubut y, especialmente, la ciudad de Comodoro Rivadavia desde una perspectiva de la teoría rentista. En su texto describe a Chubut y su principal centro urbano como una sociedad rentista fuertemente caracterizada por los ingresos rentísticos. El texto se centra en indagar la (re-)producción de patrones político-territoriales y desigualdades sociales a través de la distribución de la renta petrolera, así como en la naturalización de la extracción petrolera en Comodoro. Peters afirma que el caso de estudio arroja luz a las limitaciones de la dicotomía bendición vs. maldición de los recursos naturales que domina buena parte del debate sobre renta (petrolera) y desarrollo, y propone una reorientación teórica-conceptual hacia el estudio de sociedades rentistas.

Consideramos que los artículos reunidos ofrecen un amplio y muy valioso panorama que nos permite un mejor entendimiento de los procesos sociales en la Patagonia Argentina y sus interrelaciones con la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, más que un proyecto culminado, concebimos al presente dossier como un comienzo que abre nuevos interrogantes académicos a la vez que replantea otros y que, por lo tanto, esperamos que represente un punto de partida de futuras investigaciones. Además de la profundización de los debates aquí planteados, queremos señalar -sin ambiciones de ser exhaustivos– cuatro líneas de investigación adicionales para ilustrar posibles caminos en ese sentido. En primer lugar, cabe subrayar que este dossier se limita al análisis de casos de la Patagonia Argentina. No obstante, en un próximo paso sería importante abrir el espacio a comparaciones sistemáticas con otros casos de explotación minera e hidrocarburífera en Argentina, América Latina y otras partes del mundo. En este sentido, resultaría de especial interés académico llevar adelante un análisis comparativo de las dinámicas presentes en la Patagonia Argentina con otros casos de sociedades petroleras a nivel subnacional en países no-petroleros.

En segundo lugar, varios de los artículos reunidos en este dossier hicieron hincapié en la complejidad de las relaciones laborales en la industria petrolera. Si bien es cierto que las remuneraciones de los trabajadores petroleros son relativamente altas, otros factores como la estabilidad laboral, la reducción de las horas de trabajo, las mejoras en la seguridad y la prevención de accidentes laborales, junto a la lucha contra las desigualdades de género(s), van ganando importancia para los trabajadores y sus gremios. Dicho con otras palabras, se trata de discutir y plantear estrategias que aseguren que los trabajadores tengan acceso a un trabajo decente en una amplia perspectiva (ILO, 2012). Sin embargo, cabe señalar que el desafío de mejorar las condiciones laborales no se restringe a los trabajadores petroleros. Especialmente en sociedades con una fuerte presencia de economías de enclaves –como es el petróleo– también hace falta desarrollar estrategias para mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadores-as cuya vida está estrechamente vinculada a la actividad extractiva, aunque no trabajen en la industria.

En tercer lugar, cabe señalar que uno de los desafíos más importantes para todas las sociedades mono-dependientes de recursos naturales no renovables consiste en fortalecer los sectores no-extractivos y contribuir a la diversificación de la economía para reducir la dependencia de los recursos naturales y llegar a un modelo de desarrollo económica, social y ecológicamente más sostenible. Aunque existe un amplio consenso sobre los beneficios de ampliar la matriz productiva y una serie de ejemplos actuales e históricos de planes para salir de la dependencia de recursos naturales, los resultados de estas iniciativas suelen ser –en el mejor de los casos– mediocres. Por consiguiente, y con mucha más urgencia en el actual contexto de crisis, la academia, las instituciones de representación política, pero sobre todo la sociedad en su conjunto, se confrontan con la urgencia de analizar los factores que obstaculizan o inhiben mayores éxitos en la diversificación de la matriz productiva en sociedades extractivas. Ese análisis es la base para discutir, formular e implementar iniciativas políticas, económicas y sociales concretas que permitan reducir la dependencia de los commodities y construir sociedades post-extractivistas.

En cuarto lugar, no cabe duda que en las ciudades petroleras de la Patagonia Argentina se han establecido y se siguen reproduciendo “culturas del petróleo” que se destacan por una serie de particularidades en las relaciones sociales, los patrones de consumo y el uso del tiempo libre, relaciones Estado-sociedad, perspectivas hacia el futuro, relaciones entre la sociedad y la naturaleza, etc. que las distinguen claramente de otras formaciones sociales del país. Sin embargo, hay pocos trabajos académicos abocados al análisis empírico de las características comunes (también en perspectiva comparada) de las culturas petroleras locales.

Discutir las interrelaciones entre petróleo, sociedad y trabajo, por lo tanto, abre espacios para una serie de interrogaciones con alta importancia política y social para las sociedades petroleras por un lado, pero también para la reflexión académica y especialmente para el debate de las Ciencias Sociales. Con este dossier queremos contribuir a esas discusiones, y de esa manera incentivar el estudio empírico de las sociedades petroleras en la Patagonia Argentina, pero también en otros lugares del mundo.

Bibliografía ILO (2012) Decent Work Indicators: Concepts and Definitions. Geneva, ILO. Savino, L. (2016) “Landscapes of contrast: The neo-extractivist state and indigenous people in ‘post-neoliberal’ Argentina”, en The Extractive Industries and Society, vol. 3, 404-415. Scribano, A. y Machado Araoz, H. (2013) “Presumidamente blanca… Notas para entender la violencia racializante”, en: Boletín Onteaiken, N° 15, 1-21.

 
Dossier completo Presentación Natalia Barrionuevo & Stefan Peters | 01 La naturalización de las problemáticas medioambientales en torno a la explotación petrolera en Comodoro Rivadavia Brígida Baeza & Magali Chanampa | 07 Hacia una ecología política del fracking en la Patagonia Argentina Joaquín M. Bernáldez | 32 Derecho, tierra y petróleo. Una aproximación analítica multiescalar desde el norte rionegrino Laura Mombello | 49 Petróleo, dificultades del acceso al suelo urbano y toma de tierras: un problema recurrente en la historia comodorense Santiago Bachiller | 71 Trabajo petrolero y desigualdades de género en Comodoro Rivadavia: reactualizaciones históricas Natalia Barrionuevo | 88 La construcción social de la(s) masculindad(es). Un análisis etnográfico del universo laboral de los trabajadores petroleros Hernán M. Palermo | 110 El pozo maldito: Trabajo petrolero, heteronormatividad y goce en la Cuenca del Golfo San Jorge Paolo Paris | 128 Petróleo, política y sociedad en Chubut: reflexiones teórico-conceptuales en torno al rentismo Stefan Peters | 144 La sopa del albañil y el viento sonando entre las hendijas de la ventana César Barrientos | 165 Revista Identidades del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (UNPSJB)


EJES N°13 – El fracking en debate

En este número desde EJES nos propusimos advertir que el daño que genera la arena de sílice a la salud no es tenido en cuenta al momento evaluar el rendimiento económico del fracking. Además, informamos que YPF realizó una acción judicial contra la ordenanza que prohíbe el fracking en Fernandez Oro. Reducción de costos y optimización de la información para la perforación de pozos son dos objetivos en la mira de las empresas de la industria extractiva que motivan las últimas megafusiones. Entre el tarifazo, el Presupuesto nacional y Vaca Muerta analizamos las características de los subsidios energéticos y señalamos las políticas públicas orientadas a la exportación de gas a través de la cordillera.

— Boletín EJES Nº 13  – Septiembre 2017 —

Foto: Fabián Ceballos.

El 28 de agosto de 2013 la Legislatura neuquina aprobó el acuerdo de la provincia con YPF que constituyó el área Loma Campana y el inicio de la explotación de Vaca Muerta con Chevron. Aquel día la protesta popular sufrió un represión que duró más de seis horas. A cuatro años de aquel hito, el megaproyecto Vaca Muerta sigue demandando condiciones. Los órganos judiciales provinciales responden y dejan rápidamente en suspenso las prohibiciones municipales, sin sufrir el costo de político de declararlas inconstitucionales.

Al mismo tiempo se erige un nuevo proceso de criminalización de las organizaciones mapuche, sumado a la negativa de la prórroga de la Ley 26.160 que obliga al relevamiento de territorios indígenas y suspende los desalojos. Mientras tanto somos muchos y muchas quienes nos seguimos preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?

El Ejecutivo también responde a las demandas corporativas. Por eso, los subsidios continúan, gran parte de ellos trasladados a los usuarios tras el tarifazo. Mientras el estado adeuda pagos a las operadoras. El objetivo es desarrollar Vaca Muerta con la mira puesta en la exportación y siguen apareciendo anuncios: Exxon invertirá U$S 200 millones para perforar siete pozos en el área Los Toldos Sur 1 en unión con Tecpetrol y Gyp.

La novedad empresaria más destacada de este período fue la fusión de la operadora Pan American Energy y la refinadora Axion Energy. Lo que la convierte en la petrolera integrada privada más grande del país y reconstituye parcialmente el tablero empresario. Su apuesta sería una importante ampliación y modernización de la refinería ubicada en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, y en el expendio de combustible.

Bienvenidos sus comentarios y sugerencias.

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Boletín EJES
Vaca Muerta


[Re]configuraciones neoliberales de la cuestión ambiental

La audaz y profunda reflexión sobre la problemática ambiental que propone este libro parte de la identificación de una verdadera paradoja contemporánea: la contradicción existente entre la prolífica atención e intervención que sobre dicha cuestión llevan adelante científicos, gobiernos, instituciones internacionales y corporaciones desde los años ´70; y el simultáneo, creciente y progresivo deterioro y destrucción del ambiente, los ecosistemas y las condiciones de existencia de la vida humana y no humana. Para responder a ello, el texto refiere y examina con detalle el despliegue de las racionalidades neoliberales y su concepción, reconfiguración y tratamiento de la llamada cuestión ambiental en una serie de mutaciones que atraviesan los cuarenta años que median entre la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el tema en 1972 y la quinta realizada en 2012. Analiza así la emergencia y características del desarrollo sostenible, el medio ambiente, la economía verde, la contabilidad ambiental, el capital natural, los servicios ecosistémicos y los mercados ambientales globales sobre el cambio climático, entre otros temas. Pero, a lo largo de este tránsito, el autor propone también una aguda revisión crítica del campo de los estudios ambientales y de sus tradiciones progresistas así como de las significaciones y efectos de la actualmente promovida reformulación de las relaciones entre sociedad y naturaleza o entre economía y ambiente. Es, por ello y a todas luces, un libro de lectura obligada para todos los estudiosos o interesados en la problemática ambiental.
“La labor pacientemente documental que sustenta el trabajo de José Seoane confluye en una brillante analítica de las relaciones de poder propias del arte neoliberal de gobernar. Esta analítica, en el sentido dado por Michel Foucault a este término, persigue la construcción de un objeto muy poco frecuentado en nuestro medio académico. Se trata de la escisión ontológica y epistemológica entre naturaleza y cultura. A primera vista puede parecer que tal temática no es nueva. Sin embargo, el autor problematiza un foco de experiencias, con un modo de abordaje y una posición de quien escribe, que efectivamente hacen que su tarea venga a cubrir un área de vacancia en el campo de las investigaciones de Nuestra América”.
Del Prólogo de Susana Murillo

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Ediciones Luxemburg


“No estamos discutiendo para qué vamos a generar energía”

“La energía tiene una centralidad muy grande en nuestra región. Pero no estamos discutiendo para qué vamos a generar esa energía”, señaló Hernán Scandizzo entrevistado por el programa No es lo que parece (RTN) sobre las Jornadas “Pensar la energía desde América Latina”

“Se habla que hay un déficit energético, pero estamos viendo, por ejemplo, que uno de los posibles destinos de las represas de Santa Cruz sería más que llevar la electricidad al sistema interconectado, alimentar las empresas electrointensivas de la región como Aluar en Puerto Madryn. Ese es el debate que también queremos dar en este encuentro”

Escuchá la entrevista a Hernan Scandizzo del OPSur


Puntos de Fuga: Fractura Expuesta #5

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Después de una pausa en 2016 volvemos al ruedo con Fractura Expuesta, y lo hacemos con el mismo espíritu que guió cada una de las ediciones anteriores: ampliar los  horizontes de intervención, retomar debates y promover otros. Detrás de éstos aparece, siempre, el objetivo inicial de fijar posición ante la quimera del fracking y de los yacimientos no convencionales.

Por eso empezamos por Vaca Muerta, que de alguna manera es la marca de origen de Fractura. Ese punto de referencia hace tiempo que dejó de ser sólo una formación geológica, sólo un proyecto energético, y emergió desde las profundidades de la tierra como un mega proyecto con implicancias locales y regionales. En la edición anterior nos preguntábamos ¿y si la Vaca se cae?, en un entorno de profundo descenso de la cotización internacional del barril de crudo y de estancamiento en el desarrollo del proyecto estrella. La incertidumbre se mantiene como una constante, aunque ahora el interrogante es otro: ¿quién gobierna lo ingobernable? A partir de esa pregunta se dispara el análisis del rol del Estado nacional y de la petrolera de bandera tras la llegada de Cambiemos y del empresario Mauricio Macri a la Casa Rosada. Aparecen continuidades y rupturas respecto del kirchnerismo, en un proceso donde el mercado toma la posta en ciertos aspectos, el Estado garantiza condiciones de acumulación y gobernabilidad, y el pueblo ve reducida su participación en la renta petrolera, a partir de la quita de los subsidios al consumo y el aumento de las tarifas energéticas. Un castigo más a los bolsillos para financiar la aventura no convencional.

Vaca Muerta sigue en el horizonte de autoridades nacionales y provinciales, de empresarios locales y trasnacionales. En el transcurrir de las rondas de negocios su nombre ha perdido la connotación negativa con que carga la muerte y devino sinónimo de una titá­nica empresa, que aunque avanza mucho más lento de lo vaticinado por el relato oficial, transforma profundamente el territorio. Transformaciones que confirman el imperativo de dar un profundo viraje, de avanzar en otra dirección. Y a partir de esa premisa vamos desandando el laberinto, abriendo la mirada hacia Argentina y Latinoamérica.

Uno de los recorridos posibles, propuesto en esta edición, nos adentra en la necesidad de modificar la matriz hacia modelos más limpios, más justos, más equitativos, que permitan el acceso seguro y asequible. Una tarea pendiente y urgente, viable en la medida en que se comprenda a la energía como derecho humano, no como una mercancía. Y para esa tarea, los sindicatos no sólo tienen los conocimientos sino también la capacidad estructural para superar el cerco técnico y dar el salto político.

Como cada pueblo posee culturas políticas diferentes, el rol de los sindicatos al interior de ellos presenta características distintivas: en su relación intergremial, en su vínculo con el Estado a diferentes niveles –local, provincial o nacional. Entender el rol de las y los trabajadores de la energía en esos contextos nos permite pensar posibles alianzas y estrategias a nivel regional. Esa fue la premisa de la que partimos al momento de pensar el apartado Sindicatos y Energía. Retomar la senda recorrida por la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina en la lucha para conquistar la tarifa social en la provincia de Buenos Aires y su prédica sostenida para que se comprenda que el acceso a la energía debe ser considerado un derecho humano, porque ello determina, en buena medida, las condiciones de vida de la población.

Una perspectiva compartida por la Agrupación de Funcionarios de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (AUTE) que, desde la otra orilla del Plata, enfatiza que el control de las fuentes por parte de empresas públicas es fundamental a la hora de pensar en términos de justicia energética. Advierten que un proceso de diversificación de la matriz hacia fuentes limpias y renovables en manos del sector privado puede reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la polución ambiental, pero simultá­neamente profundizar las inequidades sociales, consecuencia de un fuerte proceso de mercantilización de la energía y de la expoliación de las arcas públicas.

Y desde la nunca lejana Colombia, la Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO) y la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos y Quí­micos, de las Industrias Extractivas, Transportadoras y similares (Funtramiexco), nos recuerdan un principio elemental, muchas veces olvidado: los y las trabajadoras también somos parte del territorio.

El otro recorrido propuesto en esta quinta Fractura Expuesta se adentra en la Economía Verde, un camino sin salida. La palabra “verde” como un lugar común cada vez más importante en discursos e iniciativas políticas, corporativas y de organismos internacionales. Una línea de intervención sobre la problemática ambiental impulsada desde parte de las elites del capitalismo central. Como resalta el sociólogo José Seoane, autor del artículo que abre el apartado, esto “no sólo supone una profundización y agravamiento de la cuestión social y ambiental, sino que asimismo promueve una manera particular de entender e intervenir sobre este deterioro y destrucción del ambiente y las condiciones de existencia de la vida humana y no humana. Propone así una propia política ambiental neoliberal”.

En el arsenal metodológico “verde” desplegado por estos sectores, aparece la transformación democrática de conflictos, cuyo propósito es naturalizar el relato oficial (gubernamental/empresarial) de que no hay salida por fuera de los proyecto extractivos y que la mejor perspectiva posible es participar de manera “justa” de sus beneficios. Todo esto rodeado de una retórica que suena bien porque es flexible: puede ser progresista o conservadora de acuerdo a los interlocutores, y hasta logra ocultar que es una herramienta de construcción de consensos en favor del extractivismo. Una línea de intervención explorada en los primeros años del 2000 para intentar desarticular la oposición a la megaminería en Esquel, e implementada en Neuquén para allanar el camino a Vaca Muerta.

Siguiendo por los senderos de la Economía Verde exploramos la responsabilidad social empresaria, que lejos de la difundida humanización corporativa, no se plantea superar la condición desfavorable de quien recibe la ayuda, sino que su objetivo es apenas una fachada detrás de la que esconden fines menos altruistas. Como se desliza en el artículo, estas estrategias no sólo permiten que, paradójicamente, “quien ofrece la ayuda sea también quien obtiene los principales beneficios”; sino que deben ser comprendidas “parte constitutiva del proceso productivo (…) con una función estratégica en la administración del conflicto social”.

La última escala en este recorrido es en una sección que hace a nuestra identidad, Latinoamérica debate, en la que ponemos el foco en procesos cruciales para la región. En esta oportunidad se trata de Colombia y las diversas posiciones frente a la construcción de la paz. Un artículo que dialoga y complementa con el testimonio de los referentes de la USO y Funtramiexco. “Con la paz, aquellos territorios con conflicto y difícil acceso serán lugares donde los proyectos de hidrocarburos, mineros y de energía serán una realidad”, fue el leit motiv de los intereses empresariales y gubernamentales promotores de la pax extractivista. Sin embargo la apuesta de amplios sectores de la sociedad es construir un país sobre nuevas bases democráticas y con mayor justicia social y ambiental, lo que se ha evidenciado en las luchas emprendidas por la población de varios municipios que lograron frenar el avance de proyectos extractivos. Este auge de la democracia participativa amenaza la viabilidad de los planes que el gobierno colombiano tenía para el posconflicto, que incluso se había negado a discutir con los grupos insurgentes. Un proceso para seguir atentamente.

De esta manera surcamos los debates que conforman el laberinto de la cuestión energética que, en última instancia, es un debate sobre nuestros modelos políticos. Buscamos, así, dar perspectivas, que no están cerradas, y que se definen en la misma dinámica de los procesos sociales, pero que nos sirven para dar luz sobre posibles salidas: las falsas y las transformadoras.

Que sea movimiento.

Ver/Descargar Fractura Expuesta V 


El extractivismo energético y la encrucijada del capitalismo verde

Por Hernán Scandizzo / Periodista, investigador del OPSur.

Los proyectos energéticos ocupan un lugar impor­tante en el acumulado de luchas ambientales sosteni­das durante los últimos treinta años en Argentina. La oposición a la construcción de represas, al desarrollo de centrales nucleares, a la ampliación de la frontera hidrocarburífera, las denuncias por la contaminación petrolera, la negación a que se instale la central car­boeléctrica de Río Turbio (Santa Cruz), son algunos de los derroteros, con suertes diversas. En el momen­to actual confluyen fuertes debates y movilizaciones contra la avanzada del fracking –que es una realidad a partir del Yacimiento Petrolífero de Vaca Muerta y que lentamente se extiende a la Patagonia Austral–, la central nuclear proyectada en la provincia de Río Negro y las represas sobre el río Santa Cruz. Durante décadas los impactos socioambientales de las diferentes fuentes ocuparon un lugar preponderante en nuestras críticas, en la construcción de discursos y de saberes, pero no siempre nuestros análisis avanzaron sobre las relaciones sistémicas que determinan la necesi­dad y la escala de esos proyectos. Es decir, no siempre tuvimos en cuenta la centralidad que la energía tiene para la superveniencia del capitalismo, que demanda el crecimiento constante.

El escaso desarrollo de esa crítica y la necesidad (urgente) de profundizar en ella se torna palpable en esta coyuntura en la que el avance de los secto­res concentrados de la economía –nacional y trasna­cional– sobre la generación de energía a partir del desarrollo de fuentes renovables –solar/eólica– no des­pierta un rechazo similar al del fracking, las megarepre­sas o las centrales nucleares, sino que, por el contrario, es percibido como un hecho positivo por amplios sec­tores de la población. Los proyectos de fuentes caracterizadas como ambientalmente amigables logran eclipsar que son una nueva expresión del proce­so de enajenación de las fuentes y de mercantilización de la energía. Así, la crítica focalizada en los impac­tos ambientales deja flancos libres para el avance del capitalismo verde.

Por eso es imperiosa la transición hacia una diversifi­cación de la matriz energética. En la actualidad, los fó­siles–gas, petróleo y, en muy pequeña escala, carbón–, que son altamente contaminantes, representan alred­edor del 90% de fuentes primarias y, como alternativas –al margen del relato gubernamental verde de las ren­ovables– aparecen el incremento de la participación de la hidráulica, con 55 proyectos en carpeta de diferentes escalas,¹ y de la energía nuclear.

La construcción de otras sendas no sólo debe partir de las fuentes que podemos desarrollar. En un mis­mo nivel debemos plantear para qué las vamos a desarrollar/explotar, qué destino se va a dar a esa energía y en función de qué modelo de producción y relaciones sociales. Son preguntas necesarias para poder oponer alternativas tanto a quienes aspiran a convertir a la Argentina en una potencia hidrocar­burífera, a partir de la explotación de gas y de crudo con la aplicación masiva del fracking; como también a quienes refieren a cierta zona de la Patagonia como la Kuwait de los vientos y postulan transformar al país en una potencia eólica, con exportaciones incluidas.

En este preguntarse el para qué de la energía resulta interesante adentrarse en el caso de las megarepresas proyectadas sobre el río Santa Cruz por el entonces presidente Néstor Kirchner y el gobernador de la pro­vincia, Jorge Cepernic. Durante la Audiencia Pública realizada en julio pasado en el Senado de la Nación, el ministro de Producción de Santa Cruz, Leonardo Álvarez, aseguró que la realización de esas obras plantean la “posibilidad de un desarrollo regional sin precedente” en la provincia. Según el funcionario, éstas generan las condiciones para la instalación de indus­trias electrointensivas, como vía para la diversificación de una matriz productiva dominada por la explotación de hidrocarburos y la minería. “[Santa Cruz] necesita construir futuro a partir de la potencialidad energética con la que cuenta, no sólo hidrofluvial, sino también eólica y mareomotriz”, enfatizó. En el mismo ámbito el intendente de Puerto Santa Cruz, Néstor González, recordó que en otro momento ese proyecto estuvo “atado de la posibilidad de radicación de la compañía Aluar” en Punta Quilla, donde existe un puerto de aguas profundas. “Esta represa estaba pensada para darle energía a Aluar para sumar una planta a la de (Puerto) Madryn”.2 Cabe acotar que también la exten­sión del Sistema Interconectado Nacional hacia la Pa­tagonia Austral y la construcción de la fallida central carboeléctrica de Río Turbio fueron relacionadas con el proyecto electrointensivo de procesamiento de alu­minio primario.

Aluar, el paradigma del gasto energético

Ubicada en Puerto Madryn, en la zona atlántica de la provincia de Chubut, Aluar es una de las mayores plantas de aluminio de Sudamérica. Historiar sobre la instalación de esta compañía hace más de cuarenta años, y su relación tanto con proyectos de generación de energía como también con obras de transmisión, nos permite poner en discusión el destino de la energía. Como nos enseñara el infatigable luchador socioambiental Javier Rodríguez Pardo, “el 75% de un lingote de aluminio lo compone la energía, el resto mano de obra, insumos y alúmina”.3

Generar las condiciones para la instalación de esta empresa demandó la construcción de la represa de Futaleufú –cuya energía utiliza exclusivamente la planta de aluminio–, en un valle cordillerano cercano a la localidad de Trevelin, y el tendido de líneas de alta tensión de 330 Kv, a lo largo de 550 km, obras que corrieron por cuenta de la empresa estatal Agua y Energía Eléctrica. En 1995, en el marco del proceso de privatización de las empresas públicas, Aluar compró la mayoría del paquete accionario y hoy controla el 60,2%, la provincia de Chubut el 33,51%, y “otros” el 6,29% restante.

Hacia los primeros años de la década de 2000, la empresa planteó la ampliación de su producción, lo que implicó el tendido de una línea de alta de 500Kv desde Choele Choel (Río Negro) hasta la planta; es decir, 354 km. Por entonces, el periodista Julio Nudler afirmaba que esa fábrica consumía más kilovatios que toda la ciudad de Rosario o de Córdoba. La obra fue concluida en 2006 y marcó el primer hito de la unión del Sistema Interconectado Nacional con el Sistema Interconectado Patagónico. La empresa, además, cuenta con una central térmica de ciclo combinado propia.

Actualmente, el consumo de la planta de aluminio primario equivale al de una ciudad de más de un millón y medio de habitantes. El dato de por sí es gráfico, y más si lo trasladamos a la realidad demográfica de la Patagonia. Según proyecciones del INDEC, para 2017 la población de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa ascendería a 2.793.760; es decir que el consumo de Aluar equivaldría al de más de la mitad del total de habitantes de la región. Mientras que en el caso de Chubut, donde está asentada, el consumo de la planta estaría cerca de triplicar el de toda su población, estimada en 637.913 habitantes.

En 2016 Aluar, la única empresa de su tipo en el país, anunció dos proyectos de generación de electricidad, la instalación de un parque eólico de 170 molinos en las afueras de Puerto Madryn y la intención de construir la represa La Elena sobre el río Carrenleufú, en la zona cordillerana de la misma provincia. El proyecto del parque eólico está en marcha y goza de buena salud, en tanto la posibilidad de reflotar La Elena, planteada en varias oportunidades desde la década de 1970, despierta nuevamente las fuertes críticas que recibió hace una década, cuando se había retomado la idea de su construcción. Ambos proyectos energéticos tienen como destino la misma industria electrointensiva, que exporta el 73% de su producción; sin embargo, uno es objeto de más rechazo social que el otro. Ahí es donde nos gana el capitalismo verde.

Notas

1 Según declaraciones a la prensa, de concretarse la totalidad de los proyectos se incrementaría un 245% la provisión actual de energía. El Diario de Madryn, 17/07/2017.

2 Ambas intervenciones fueron tomadas de Dirección General de Taquígrafos (20/07/2017). Audiencia Pública Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz. Versión Taquigráfica. Cámara de Senadores de la Nación.

³ Intervención en el encuentro Patagonia: Nuevos Escenarios de Conflicto por el Territorio y Construcción de Resistencias, 21, 22 y 23 de septiembre, El Bolsón, Río Negro.

 

Fuentes consultadas

CAMMESA, 2016. Informe Anual.

El Diario de Madryn, 17/07/2017. Hidroeléctricas: En Chubut se intentaría reflotar el proyecto “La Elena”. [Online]

El Economista diario, 29/06/2017. Aluar apuesta a diversificar su matriz energética. [Online]

IAPG, Junio 2017. Producción por cuenca. [On­line]

Junio 2016. Producción por cuenca. [On­line]

iProfesional, 03/10/2016. Aluar invertirá u$s600 millones para convertirse en proveedor de en­ergía. [Online]

Jornada, 29/06/2017. Aluar comienza a construir cerca de Madryn un parque eólico que tendrá 170 molinos. [Online]

Ministerio de Economía de la Nación, (s/f). Línea en Extra Alta Tensión de 500 KV Pico Truncado – Río Turbio – Río Gallegos – Calafate. Préstamo CFA 6966. [Online]

Página/12 (Julio Nudler), 31/08/2002. Capitalismo abollado. [Online]

PCR, 13/04/2016. Aluar se niega a pagar el agua. [Online]

Tiempo Sur, 21/12/2010. A partir del interconect­ado se plantea una etapa de desarrollo. [Online]

Fundación Rosa LuxemburgoPunto de Debate / Descargar Edición Nº 12 – agosto 2017.


Venezuela: Constituyente, Nueva Política Económica y chavismo popular

 Los peligros de una nueva fase histórica de acumulación por desposesión

Constituyente, Nueva Política Económica y chavismo popular

Por Emiliano Teran Mantovani

Bienvenidos al desierto de lo real

La llamada ‘opinión pública’ pone gran parte de su atención en los eventos electorales y la consecución de cargos oficiales, en las declaraciones de los principales líderes de los partidos políticos, en las disputas de las matrices mediáticas dominantes nacional o internacionalmente, o en el accionar polarizado de los representantes de las instituciones estatales. Por esto no es de extrañar las continuas omisiones y debilidades que tenemos sobre el conocimiento de las dimensiones de la extraordinaria crisis económica que vive el país; la inconsciencia que existe en relación a las re-estructuraciones económicas que, por goteo, se vienen desarrollando al menos desde 2014; y como consecuencia de ello, el muy débil nivel de interpelación popular a los gobernantes en cuanto al programa económico y las medidas reivindicativas que se puedan orientar a un modelo que responda a los más desfavorecidos.

Los ruidos y el estremecimiento producido por la intensa disputa política que vivimos no nos dejan escuchar el rumor del prolongado sismo económico que está removiendo las placas tectónicas del viejo capitalismo rentístico petrolero, y que representa el fundamento material de esta crisis. Por eso, esta forma de política sorda no es más que una política en el desierto. En el desenlace de dicha crisis no bastará saber quién gobernará, sino también cómo lo hará y sobre todo bajo qué marco de negocios. O para decirlo más coloquialmente, ¿cómo se repartirá la torta?, y ¿a quiénes se les cargarán los costos de la crisis?

Más allá de la retórica polarizada, el cuchicheo heroico y las voluntades de poder, el curso de la definición histórica en la que nos encontramos, está también determinada por la racionalidad del capital, por el mantenimiento o incremento de la tasa media de ganancia; por la búsqueda de facilidades para el acceso a los llamados ‘recursos naturales’ del país; por la imperiosa necesidad de aumento de la captación de las rentas y excedentes económicos por parte de las élites económicas y estatales; por las demandas de mayor seguridad jurídica para los emprendimientos económicos; o por las garantías de viabilidad de los negocios a corto, mediano y largo plazo.

Aunque se le dé poco espacio y menor consideración, estas dinámicas y racionalidades están atravesando el proceso conflictivo que vivimos en la actualidad, y los tiempos que vendrán. ¿Dónde queda la población en este cuento? ¿Dónde quedan nuestros territorios, nuestros ecosistemas?

El ‘salvavidas’ de la deuda pública

Seguramente amerita más de un par de líneas detallar los rasgos de la larga crisis del capitalismo rentístico venezolano (1983-2017), que nos ha traído a este punto de bifurcación histórica del modelo. Pero no está entre los objetivos del artículo. Por los momentos, bastará mencionar que estamos ante la confluencia de factores exógenos con factores internos; de componentes históricos con variables coyunturales; de elementos sociales, culturales, políticos, geopolíticos y ecológicos que entran en crisis de la mano del ámbito económico. La volatilidad y los hundimientos cíclicos del factor dinamizador de la economía venezolana -la renta petrolera, determinada en muy buena medida por los precios internacionales del crudo-, convergen con los propios límites internos del modelo de acumulación, como lo han sido los topes e incapacidades estructurales para “sembrar el petróleo”; las consecuencias históricas de lo que hemos llamado los tres impactos del Efecto Venezuela (el 1ero en la década del 20, el 2do a partir el boom petrolero de 1973 y el tercero a raíz del boom de las commodities desde 2004, promovido por el “efecto China”), con el progresivo socavamiento de las expresiones productivas y las tendencias a la intensificación de la primarización de la economía; o el declive geológico/económico de las fuentes de crudo convencional, más rentables que los petróleos extrapesados de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Todos estos factores se fusionan con el recrudecimiento del conflicto político y social que se vive actualmente en el país -y que empeora extraordinariamente todos los males del modelo rentista petrolero-, la crisis económica global (2008+), el aumento de las tensiones y violencia geopolítica, las transformaciones que se están produciendo en el patrón energético mundial, la metástasis de la corrupción en Venezuela y el colapso de las instituciones formales.

Pero aquí está el detalle sobre el cual queremos hacer hincapié: ante la insuficiencia y vacíos que va dejando el gran factor exógeno dinamizador de la economía nacional, como ocurre por el nuevo hundimiento de los precios del petróleo desde 2014, se multiplica el ‘salvavidas’ de la deuda pública, lo cual está acompañado de la caída sostenida de las Reservas Internacionales (25,9% en 2015 y 32,8% en 2016), llevándolas a su monto más bajo en 21 años (10.004 millones US$, primer semestre de 2017).

Según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2017 de la Cepal, la deuda externa bruta de Venezuela alcanzaba los 132 mil millones US$ en 2016[1]. En un informe de mayo de 2017 de la ex-ministra para la Economía Popular, Oly Millán, y Paulino Nuñez, pertenecientes a la Plataforma por la Auditoria Publica y Ciudadana -la cual cuenta además con el apoyo internacional del CADTM (Comité para la Abolición de las Deudas Ilegitimas)-, se expone que la deuda pública total (tipificada como interna y externa) para el cierre de 2016 es de 137.287 millones US$, la cual sumada a la deuda financiera de Pdvsa asciende aproximadamente a unos181.038 millones de US$[2].

A esto hay que añadirle unos tres datos. Primero, la división porcentual de esta deuda sería, nominalmente, 69.4% interna (acreedores residentes) y 30.6% externa (acreedores no residentes). Sin embargo, desde hace ya varios años se ha denunciado que la deuda pública interna es perfectamente ‘extranjerizable’ debido a que, bajo la modalidad de la “doble denominación”, los tenedores de bonos venezolanos, que los compran en bolívares, pueden exigir su reembolso en moneda extranjera[3]. Se trata de una dolarización de facto de la deuda interna en bolívares.

Un segundo dato habla de las proporciones de la deuda, existiendo estimaciones que señalan desde un 20% hasta un 80% del PIB. El tercer dato es muy significativo, pues tiene que ver con el alto costo de la deuda pública venezolana, determinada fundamentalmente por la calificación de los títulos de valor o bonos de deuda de la República, considerados entre los más riesgosos de todo el mundo. Estas valuaciones de agencias como Standard and Poor’s o Moody’s Investors Service indudablemente tienen un fuerte cariz geopolítico en la medida en la que representan ataques contra la economía venezolana, lo que genera terribles presiones financieras que hacen que deba destinarse cada vez más recursos del presupuesto ordinario sólo para el mantenimiento de la deuda.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Crédito Público, la República tiene pautado cancelar por concepto de servicio de la deuda 20.677,50 millones US$ para este año, 18.883,60 millones US$ para 2018 y 18.415,30 millones US$ en 2019, lo que totaliza casi 58.000 millones US$ en 3 años.

Independientemente de los debates sobre la capacidad de pago de Venezuela, o las controversias sobre cuáles son las cifras más fidedignas, el problema no es sólo la deuda, sino todo lo que ella conlleva en términos de sumisión internacional y re-estructuración económica en el país. De ahí que David Harvey haya caracterizado la “trampa de la deuda” como el fino arte de la redistribución deliberada de la riqueza desde los países pobres hacia los ricos. Lo que llamó en su momento el Nuevo Imperialismo.

Los caminos de la re-estructuración económica y la acumulación por desposesión

La deuda puede ser considerada como un ‘remedio’ posterior al daño, pero en realidad es también cabeza de playa para iniciar e impulsar un proceso de re-estructuración económica. A raíz de los efectos de la crisis global en el país (desde 2009), pero fundamentalmente a partir del período de caotización de la economía nacional (2013-actualidad), en Venezuela se ha venido avanzando en una serie de reformas económicas que, más que ser sólo una serie de políticas dispersas e inconexas, han venido configurando un nuevo marco de negocios.

El actual presidente de PDVSA, Eulogio del Pino, ha llamado a este marco de negocios el “régimen especial de inversiones”, tomando como referencia el esquema de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) para ser aplicado en el resto de las alianzas y acuerdos económicos por negociar y establecer. Este régimen especial ha sido fundamentalmente elaborado como solución a los problemas internos de liquidez y como arreglo favorable a los inversores foráneos, a través de una serie de políticas de flexibilización económica y de ampliación de las fronteras de la extracción. A modo ilustrativo, plantearemos algunos ejemplos de estas políticas descritas:

l  Préstamos emitidos por corporaciones trasnacionales (básicamente chinas o rusas), que son accionistas en empresas mixtas en la FPO, dirigidos a su contraparte venezolana, a cambio de la importación de mercancías y servicios provenientes de los países sedes de estas compañías foráneas.

l  Aparecen figuras de participación mayoritariamente privada, en casos particulares contemplados para actividades petroquímicas, como lo explicita la reforma de la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquimicas (Decreto N° 2.171, 30/12/2015).

l  Garantía a los préstamos foráneos recibidos por la República, a través del pago directo con petróleo, como ocurre con las líneas de crédito otorgadas por China a Venezuela.

l  El 10 de octubre de 2014 el Gobierno venezolano acuerda una reestructuración de su deuda con China -el “Cuarto Protocolo de Enmienda” sobre el fondo de financiamiento conjunto chino-venezolano- el cual aliviana la carga en términos del número de barriles de petróleo enviados al día o de los plazos de pago. Prácticamente un mes después de negociar esta re-estructuración (13/11/2014), el gobierno decreta la creación de las Zonas Económicas Especiales, que implican una liberalización radical de territorios para un ‘desarrollo’ acelerado de los mismos. Las ZEE son un formato tomado del modelo chino, a partir de las reformas liberalizadoras de Deng Xiaoping en ese país. El capital principalmente involucrado en los territorios declarados como ZEE -como la FPO o el Arco Minero del Orinoco- es el chino.

l  Tasas de cambio preferencial para las petroleras en las empresas mixtas en la FPO, de manera tal de bajar notablemente sus costos de producción y hacer que sus proyectos sean más atractivos.

l  Invitación a las empresas no sólo a participar en los emprendimientos como accionistas, sino ahora también como financistas de los mismos, cubriendo en realidad la parte que antes ponía Pdvsa (lo que de facto les otorga un mucho mayor grado de influencia política y económica sobre la explotación).

l  Estímulos a la inversión en proyectos extractivos a partir de la propuesta de pagar directamente con el commodity explotado, una parte del financiamiento adquirido por la parte venezolana, como fuese propuesto por el Presidente de Pdvsa Eulogio Del Pino para levantar la ‘producción’ de Carbozulia, ofreciendo el carbón de ‘alta calidad’ como retribución.

l  Construcción de respaldos cuantificados de pago a partir de la certificación de reservas de ‘recursos naturales’, como la planteada a partir del Proyecto Magna Reserva Minera, el cual tiene un alcance nacional.

l  Liquidación de bonos de Pdvsa o bonos soberanos con descuentos que pueden alcanzar hasta el 70% de su valor, con el fin de obtener divisas rápidamente, como ocurrió con la venta de estos títulos de la petrolera nacional que hiciera el Banco Central de Venezuela a Goldman Sachs en mayo de 2017, otorgando un 69% de descuento en los mismos.

Si estamos en efecto, ante una Nueva Política Económica de escala nacional, la misma representa en realidad un proceso de re-estructuración económica por goteo. De esta forma, mientras por un lado se habla de los riesgos de un impago de la deuda por parte de Venezuela, por el otro se evidencian tendencias a garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la República por parte del Gobierno nacional, canalizando y formalizando mecanismos de hipotecamiento, usufructo y apropiación de nuestros bienes comunes, territorios y fuerzas de trabajo en favor de las coaliciones foráneas/domésticas del capital.

La nueva agenda económica para los próximos años está siendo delineada también a partir de peticiones puntuales y expectativas del capital foráneo (chino, ruso, estadounidense, canadiense, etc.), que ejerce poder directa o indirectamente sobre Venezuela en buena medida a partir de la deuda pública (externa y extranjerizada). Estamos ante un nuevo escenario histórico de acumulación por desposesión en el país.

La Asamblea Nacional Constituyente y el dilema histórico del chavismo popular

Este es el marco político-económico en el que surge y se instala formalmente la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). A nuestro juicio, el proceso político que se abre –más allá de las cuestiones jurídicas y normativas que conlleva– es un campo en disputa, un acontecimiento generador de nuevos escenarios, muchos de ellos inciertos. Así lo ha asumido parte del movimiento popular, por las razones que fuesen. Sin embargo, no es posible ni sensato obviar o ignorar el potencial reordenamiento autoritario de la sociedad (‘pacificación’) ni la formalización de esta Nueva Política Económica que se viene ensamblando desde hace ya algunos años en Venezuela, lo cual sería uno de los probables resultados del accionar de la ANC.

De esta forma, si tomamos en cuenta la actual correlación de fuerzas y el desarrollo de esta re-estructuración económica por goteo, los marcos de esta “Refundación de la Nación” –como la ha llamado el Presidente Nicolás Maduro– serían también hechura del capital transnacional y gobiernos foráneos, con miras además a la configuración de un modelo de gobernabilidad que garantice la viabilidad de los cambios económicos en curso. El objetivo sería derribar los obstáculos más claros al capital o cercenar formas de contraloría política y la división de poderes, hacer prevalecer sobre todo los intereses de ‘Seguridad Nacional’ y la razón de Estado, y generar marcos para la securitización y ‘pacificación’ de la sociedad.

El anuncio de la extensión del funcionamiento de la ‘plenipotenciaria’ ANC por dos años, revela que el proceso podría seguir siendo dosificado (descartando en primera instancia las terapias de shock), extendido pero sectorizado, híbrido y mixto, en el cual se continuaría avanzando en políticas de desregulación y flexibilización, financiarización, corporativización e incluso con algunos mecanismos subyacentes hacia la privatización (como ocurre cuando en las empresas mixtas el 100% del capital accionario lo ponen los inversionistas extranjeros), las cuales podrían venir acompañadas por la formalización y/o mantenimiento de ciertas políticas de distribución social de las rentas, de reivindicación de leyes favorables a la sexo-género diversidad, decretos de parques nacionales, de inclusión cultural o diversas propuestas jurídicas cosméticas que, en el fondo no afecten en nada el curso de la re-estructuración económica y la acumulación por desposesión. A esta forma híbrida de acumulación de capital es a la que hemos llamado ‘neoliberalismo mutante’.

Evidentemente todo este proceso navegará también en las aguas turbulentas de los vaivenes del conflicto político interno –siendo que las condiciones materiales que lo producen siguen estando ahí–, de la crisis económica mundial y de las muy agresivas amenazas del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero a nuestro juicio, de concretarse este esquema de negocios-gobernabilidad, se terminarían de minar los pilares fundamentales que dieron sentido al proceso político que hemos llamado “Revolución Bolivariana”: nacionalismo energético, democracia popular radical, economía anti-neoliberal en favor de los más desfavorecidos y soberanía nacional.

Ante esta situación, parece que el principal actor que podría confrontar y detener estas tendencias tan regresivas es el propio chavismo popular, toda esta subjetividad política de base que se fue constituyendo a sí misma no sólo a partir de las luchas históricas del movimiento popular venezolano, sino también de un conjunto de experiencias de calle, de gestión social territorial, de deliberación, de reflexión ideológica, de fogueo en el ‘campo de batalla’, y que ha sido dotada de sentido precisamente por estos pilares fundamentales que hemos mencionado, los cuales van desvirtuándose cada vez más. Así que, emergen preguntas vitales, dilemas e interrogantes que se van haciendo cada vez más intensos e ineludibles: ¿cuál es y será el rol de este chavismo popular, contrahegemónico, ante esta bifurcación histórica en la que nos encontramos? ¿Cuál será su peso y su voluntad durante el proceso político inaugurado por la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál será su apuesta ante la potencial aprobación de una nueva carta magna? ¿Qué implicaciones tendría su rechazo o su aprobación? No son preguntas que caen en saco roto, sobre todo ante lo que podría ser la última carta del Gobierno nacional.

Caracas, agosto de 2017

 


Descargá los materiales del seminario web “Vaca Muerta”

Si tuviste la oportunidad de participar, esperamos que los temas presentados hayan sido de tu interés.  Si no pudiste participar, o si te interesa tener la información, aqui encontrarás la grabación y las presentaciones del seminario.
 
Si aún no conoces a la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, nos gustaría presentarnos: somos una red de organizaciones latinoamericanas de la sociedad civil que coordina acciones para lograr una América Latina libre de fracking. Te invitamos también a conocer más y a acceder al Informe Regional Última Frontera.


La Asamblea del Pueblo de Alvear repudia proyectos de fracking en Mendoza

DOCUMENTO

Desde la ASAMBLEA DEL PUEBLO de General Alvear (Mza) REPUDIAMOS LA APROBACION DEL PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL “EL TRÉBOL – AREAS PUESTOS ROJAS” (Malargüe), localizado en una zona cercana al Río Salado principal afluente del RIO ATUEL y autorizado por la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaria de Ambiente del Gobierno de Mendoza (Resolución N° 813, 26/07/2017) ,

PORQUE :

En Junio de 2013 el HCD de General Alvear aprobó por unanimidad una Ordenanza que PROHIBE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES A TRAVÉS DE LA FRACTURA HIDRÁULICA (FRACKING) por los gravísimos impactos que causa al medio ambiente, principalmente al Recurso Hídrico. Similares ordenanzas fueron aprobadas por los Departamentos de Valle de Uco ,

  • El Proyecto FUE APROBADO SIN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NI AUDIENCIA PÚBLICA, VIOLANDO LA LEY NACIONAL 25675 Y LA LEY PROVINCIAL 5961.

Sin embargo, consideramos que se REQUIERE UNA NUEVA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL por tratarse de un nuevo proyecto ya que La empresa El Trébol, propiedad de Mercuria (de capitales suizos), responsable del proyecto, usará la técnica por fractura hidráulica (fracking) para estimular la roca y extraer el petróleo ,

  • El proceso de fractura hidráulica consume enormes cantidades de agua, calculando que se requieren entre 15.000 y 30.000 metros cúbicos de agua dulce para las operaciones de un solo pozo, agravando significativamente la DISPONIBILIDAD DE AGUA DEL RIO ATUEL ,

  • Entre un 15% y un 80% del fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la superficie como agua de retorno, y el resto se queda bajo tierra, conteniendo aditivos (siendo la mayoría sustancias químicas tóxicas, cancerígenas o mutagénicas). Es decir, con la APLICACIÓN DE ESTA TÉCNICA DE “FRACKING”, ES POSIBLE LA CONTAMINACIÓN DE LOS ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS Y DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN LAS NACIENTES DEL RIO ATUEL ,

  • Se desconoce el Informe Sectorial de la Subdelegacion de Aguas del Rio Atuel del Departamento General de Irrigación respecto a la autorización del uso del recurso hídrico del principal afluente del Rio Atuel y permiso para obtención de agua de los acuíferos del área a perforar, en el marco de la Ley de Aguas y Ley 4035 de Agua Subterránea ,

POR ELLO ,

HASTA TANTO NO EXISTA UNA BASE CIENTÍFICA O DATOS CONCLUYENTES QUE DETERMINEN CON EXACTITUD QUE ESTA TÉCNICA NO GENERA UNA REPERCUSIÓN DIRECTA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE NUESTROS HABITANTES (PRINCIPIO PRECAUTORIO DE LA LEY 25675) SOLICITAMOS SE SUSPENDA EN FORMA URGENTE EL PROYECTO PETROLERO NO CONVENCIONAL DENOMINADO “EL TREBOL” EN MALARGÜE – MENDOZA.

ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALVEAR

General Alvear (Mza.) 04/08/2017