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Chubut, el petróleo y la dependencia

La situación planteada con la producción petrolera en Comodoro Rivadavia es singular y sirve muy especialmente para reflexionar sobre las opciones de desarrollo en la Argentina.

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El problema se plantea en una cuenca que produce petróleo pesado, a cargo básicamente de dos compañías multinacionales, que exportan la producción en crudo, porque ese material no puede ser refinado en la Argentina, ya que no hay destilerías adecuadas.

Durante años, el crudo se exportó normalmente y no tomó estado público ninguna controversia en el tema, ya que ahora sabemos que el costo de extracción ronda los 36 usd/barril y el precio internacional superó largamente esa cifra. Las empresas pagaban su regalía del 12% al gobierno provincial y tanto ganaron que se estableció una retención móvil por la cual el Estado Nacional percibía todo ingreso excedente por sobre 70 usd/barril.

Hasta que llegó la guerra de precios del último año, en la que las grandes operadoras internacionales buscan sacar del mercado a las operadoras de fracking en Estados Unidos, quedándose con sus empresas antes de volver a precios mayores. La caída de precios ha sido muy importante, tanto que finalmente en estos días los compradores del petróleo de Chubut ofrecen pagar 20 usd/barril, lo cual implica obviamente trabajar a pérdida.

Así está la cuestión. Las empresas no hacen balances globales: quieren dejar de extraer hasta que se recupere el precio. Del otro lado: 5 mil familias dependen de la continuidad de la actividad. En el medio: El Estado provincial no quiere ni puede bancar el conflicto social asociado, agravado por la evaporación de las regalías a cobrar.

¿Qué hacer? Los trabajadores, las empresas y finalmente el Gobierno provincial reclaman un subsidio por la diferencia entre venta y costo. El Ministro de Energía, aparentemente, habla solo de negocios y señala que si se pierde hay que suspender. Y allí queda su aporte.

Es también evidente que parar implica un grave problema social, que es imposible siquiera medir en dinero. Es evidente que alguien tiene que poner la diferencia si la operación ha de seguir.

Poner el dinero como subsidio directo sería admitir que el Estado tiene la función boba de asistir en las pérdidas, ya que las 5 mil familias son rehenes de la situación. Por supuesto, las empresas no crearon un fondo de reserva salarial con las ganancias extraordinarias anteriores ni nada que se le parezca. Es pelito para la vieja.

Tal vez el camino natural sea poner el dinero y capitalizarlo en la explotación, ganando así el derecho a aumentar la participación pública (nacional o provincial según quien aporte) cuando los precios se recuperen.

Las empresas deberían estar de acuerdo con esta opción. Si no lo estuvieran y suspendieran la operación, hay legislación de fondo que habilitaría para trasladar la concesión completa a la empresa provincial de petróleo o un acuerdo con YPF.

Eso en cuanto a la cobertura laboral. Pero es esencial pensar un paso más allá y aprovechar la coyuntura para entender que Chubut debe tener la refinería para petróleo pesado, con mayoría estatal y convertirse en comprador de privilegio para la producción local. Esta decisión rompe de manera permanente la dependencia y termina – al menos en ese rinconcito de la Patria – con el chantaje empresario.

Nota tomada de Producción Popular

minas gerais brasil mineria

Matar un río

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La furia de 62 mil millones de litros de pesado lodo tóxico arrasó con todo el pueblo de Bento Rodrigues, en el municipio de Mariana, Minas Gerais, Brasil, el 5 de noviembre de 2015, al romperse dos gigantescos diques de contención de residuos de la minera Samarco, propiedad de la brasilera Vale y la australiana BHP Billiton, ambas entre las cinco mayores empresas mineras del planeta.

Era sólo el comienzo de una tragedia anunciada, como lo formuló el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués), que se convirtió en el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil y en uno de los mayores crímenes industriales del mundo. Las mineras no atendieron las advertencias que le hicieron expertos desde 2013, por ahorrar gastos en medidas de seguridad. Sabiendo de la fragilidad, aumentaron exponencialmente la presión de los diques para conseguir más ganancias en tiempos de crisis. El precio del hierro, principal explotación de esa mina, bajó 76 por ciento desde 2009, pero la compañía siguió obteniendo enormes ganancias, más de mil millones de dólares en 2014 . Lo logró aumentando la producción 56 por ciento en cuatro años, con las mismas instalaciones que le habían advertido eran demasiado vulnerables. (1)

Mujeres, hombres, niños, ancianas, todos los 600 habitantes de Bento Rodrigues perdieron sus casas, su pueblo y su historia en un momento, y los que no pudieron escapar perdieron también la vida. El crimen terminó con la vida de 17 personas entre pobladores y trabajadores de la mina, y una cantidad indeterminada de desaparecidos.

Desde allí el deslave siguió su viaje letal, devastó regiones enteras, mató a su paso los ríos Gualaxo do Norte y Rio do Carmo, avanzó sobre tierras aledañas hasta llegar al tramo de cauce más amplio del Río Doce. En menos de tres semanas la corriente de lodo tóxico recorrió más de 700 kilómetros, atravesando los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo con decenas de poblaciones ribereñas y alcanzó el oceáno Atlántico, donde la enorme mancha se sigue extendiendo aún. Ahora está llegando al archipiélago de Abrolhos, una reserva de flora y fauna, donde el desembarco de seres humanos está prohibido para conservar el ecosistema, con la sola excepción de una isla, donde se permitían visitas estrictamente restringidas.

Samarco, Vale y BHP Billiton mataron el Río Doce y todo su sistema fluvial, uno de los más importantes de Brasil. Ninguna multa –que además son mucho menos que las millonarias ganancias de esas industrias– puede compensar la destrucción de los pueblos, los ríos, los millones de peces y animales, las decenas de miles de árboles y plantas, la destrucción de ecosistemas enteros que brindaban agua, alimento y sustento a cientos de miles de personas y muchas culturas.

En medio del desastre están las tierras ancestrales del pueblo Krenak. “Watu e kwen” (mataron el Río Doce) resuenan sus voces en luto. Watu, el verdadero nombre del río, era la fuente de agua de la reserva en que la que viven luego de muchos saqueos. Hace tres siglos los conquistadores navegaron río arriba para tomar los metales que encontraban, sembrando muerte y desolación a su paso. A fines del siglo XIX y principios del XX, la construcción del ferrocarril para sacar minerales y café de las haciendas, partió su territorio nuevamente. La muerte del río es quizá el peor ataque contra la vida de los Krenak hasta ahora, y viene arriba de la instalación de represas y otras obras que invadieron su territorio en las últimas décadas. Nunca dejaron de resistir y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. La muerte de Watu es un crimen insondable, de profundidad difícil de abarcar. “Murieron todos los peces y todas las plantas y medicinas que tomábamos de sus orillas. Allí enseñábamos a los niños a nadar, a bailar en el río, a llamar la lluvia. Ahora no podemos ni acercarnos” dijo Laurita Charuk Mik, de 72 años, al MAB. “Casi morimos de tristeza. ¿Por qué alguien haría esto? … Cuando descubrimos que era la Vale, bloqueamos las vías del tren. Ningún dinero puede pagar la muerte de Watu”. (2)

No existe siquiera una evaluación total de los daños. La propia Samarco reconoce 1300 personas directamente afectadas. Pero autoridades de Minas Gerais estiman que hay más de un millón de afectados, tomando en cuenta la población de 35 núcleos habitacionales sólo en ese estado. Por lo menos 500,000 personas abastecían sus sistemas de agua potable en el río y no podrán seguirlo haciendo. La crisis por falta de agua crece día a día. (3) El lodo contiene varios metales pesados y al ser espeso, se depositó en varios recodos del río, de tal manera que no hay estimación de si se podrán limpiar alguna vez. El flujo del desastre sigue activo, la mancha tóxica y sus impactos se siguen extendiendo.

Increíblemente, hasta el día de hoy las empresas afirman que las causas del “accidente” son “desconocidas”. Es de un cinismo descabellado que pretendan que el crimen, que fue cometido con total conocimiento de causa, sea un accidente. No sólo no es accidental, es parte constituyente de la especulación premeditada que hacen todas las empresas mineras, con mayor o menor suerte, sabiendo que los riesgos los corren otros, que son casi siempre los pobres y los más vulnerables. Es parte del núcleo duro del modelo industrial de producción y consumo, basado en el extractivismo feroz, que no respeta ciclos, ni ecosistemas ni culturas, destruye los recursos y los bienes comunes de la mayoría de la humanidad, para beneficio de una ínfima minoría.

En todas partes los ríos son fuentes de vida y por eso los pueblos se asientan en sus orillas. De otro orden, pero en el mismo sentido y también con cientos de miles de evacuados, tampoco fueron “accidentales” ni “catástrofes naturales” las inundaciones que pocas semanas después de la tragedia de Mariana, asolaron grandes áreas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Movimiento sociales y organizaciones populares de esos países denunciaron que lo que sí era un fenómeno natural, se transformó en desastre por ese mismo modelo de explotación industrial y extracción descontrolada de recursos: por la construcción de represas, por la deforestación, en gran parte para abrir paso a los extensos monocultivos de soja transgénica, por la siembra de monocultivos de pinos y eucaliptos, por el uso intensivo de agrotóxicos; todo lo cual ha provocado la destrucción de los ecosistemas que contenían las inundaciones, con una gran erosión de suelos, que en lugar de absorber el agua se volvieron impermeables y la hacen correr.

La devastación ambiental no es nunca un accidente: es parte constitutiva del modelo industrial de producción y consumo y crímenes como estos van a seguir aumentando. No nos queda otro camino que cuestionar de fondo esos modelos, desde nuestras luchas, análisis y propuestas. Mientras tanto, siguen siendo las comunidades locales las que en todas partes resisten esos embates y cuidan los ecosistemas que nos permiten seguir vivos.

Desinformémonos 

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Pedido a Naciones Unidas que Aborde los Impactos del Fracking en los Derechos Humanos

Esta carta será enviada a Naciones Unidas el 15 de enero, pidiendo que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos se informe y trate los riesgos e impactos de la fracturación hidráulica en los derechos humanos. Por favor apoyen a esta iniciativa firmando la carta!

Enviar la indicación de su firma institucional a: jdtaillant@gmail.com

Estimados miembros del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la ONU:

Estamos en contacto con ustedes para transmitirles una creciente preocupación mundial que afecta a la plena realización de los derechos humanos debido a la evolución de una actividad empresarial de alto riesgo social y ambiental llamada fracturación hidráulica.

La fracturación hidráulica o fracking, es un proceso industrial desarrollado recientemente, pero que evoluciona rápidamente en la industria del petróleo y gas. Consiste en perforar al suelo e inyectarle agua, sílice y productos químicos tóxicos a niveles profundos de la geología (esquisto, arenas compactas u otras formaciones geológicas que contienen hidrocarburos) a muy alta presión, con el fin de crear grietas en la geología que luego liberan petróleo y gas atrapadas en el roca.

A diferencia de las operaciones de petróleo y gas convencionales, el fracking emplea cantidades voluminosas de agua dulce. También genera grandes cantidades de residuos tóxicos líquidos para los que no existen instalaciones de tratamiento y eliminación segura y adecuada. Los residuos de fracking, que son a veces radiactivos, se inyectan bajo tierra en pozos destinados a inyecciones industriales, a veces causan retornos a superficie, o simplemente se entierran en los mismos sitios donde se hace el fracking o en rellenos sanitarios municipales.

Desde que empezaron las preocupaciones por las operaciones de fracking durante la última década, han aparecido más de 600 estudios científicos[1] y miles de informes periodísticos que han demostrado que la fracturación hidráulica provoca impactos adversos significativos. Estos incluyen la contaminación del agua y del aire, terremotos, deforestación, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por químicos utilizados en el fracking, hidrocarburos, residuos de petróleo y residuos radiactivos, así como cicatrices en la tierra. También se ha registrado contaminación lumínica, contaminación acústica, el aumento de accidentes de tránsito y muertes, la caída en valores de la propiedad, la rápida industrialización de zonas residenciales y de la vida silvestre, la fragmentación de la comunidad, y otros típicos efectos negativos que conlleva el rápido desarrollo industrial. También y aun más preocupante son los impactos registrados en la salud, incluyendo enfermedades respiratorias, lesiones en la piel, nauseas, y malformaciones de nacimiento.

A nivel local, las personas que viven cerca de las zonas donde se realiza la fracturación hidráulica, informan de una amplia gama de efectos adversos para la salud que se pueden atribuir a la exposición a productos químicos utilizados en el fracking, entre estos hidrocarburos y otras emisiones provenientes de operaciones tanto en la exploración como en la extracción del combustible por este método. Los productos químicos utilizados en las diferentes etapas de la fracturación hidráulica, pueden dañar y deteriorar todo el sistema humano.[2] La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y científicos independientes han identificado más de 1.000 ingredientes químicos utilizados como fluidos de fracturación hidráulica, que se inyectan en el suelo. [3] La EPA señala los riesgos de la fracturación hidráulica para la salud debido a la posible contaminación de cursos de agua, citando “casos específicos en los que uno o más mecanismos provocaron impactos sobre recursos de agua potable, incluyendo la contaminación de los pozos de agua potable.”

Los más notorios estudios de fracking documentados provienen de la propia industria de petróleo y gas, mostrando, por ejemplo, que las cañerías de cemento  y acero subterráneas, por las que fluyen los combustibles fósiles extraídos junto a los fluidos del fracking que contaminan las fuentes subterráneas de agua potable, estallan o se agrietan con frecuencia asombrosa. El cinco por ciento de todos los pozos de petróleo y gas producen fugas inmediatamente después de la perforación inicial y en casi el 60% de los casos se producen fugas después de un período de 30 años, según un estudio sobre fugas realizado por una conocida empresa de petróleo y gas. La Sociedad de Ingenieros de Petróleo ha descubierto recientemente que el 35% de todos los pozos de petróleo y gas en el mundo evidencian fugas.[4]

Los emprendimientos de fracturación hidráulica raramente consultan a las partes interesadas en las decisiones relativas a los usos del suelo o sobre la expansión de sus operaciones, incluyendo por ejemplo en tierras indígenas. En algunos casos, las decisiones de inversión en la fracturación hidráulica se realizan en el marco de negociaciones secretas entre empresa y Estado mientras que las comunidades que deben enfrentar los impactos del fracking son víctimas de represión brutal de la policía cuando exigen legítimamente participar en las decisiones que gobiernan la inversión.

A nivel mundial, el impacto acumulativo de la fracturación hidráulica también es profunda. Pese a las afirmaciones de la industria que la extracción de gas natural mediante la fracturación hidráulica ayudará a hacer frente a las tendencias de cambio climático mediante la sustitución de energías que emiten CO2. La realidad es que la tecnología empleada actualmente por empresas que realizan fracturación hidráulica es inadecuada, y resulta en la significante emisión de metano fugitivo a la atmósfera. Teniendo en cuenta que el gas metano es aproximadamente 72-100 veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2, la fracturación hidráulica está exacerbando el cambio climático, no mitigándolo.

Evidentemente, los impactos de la fracturación hidráulica coloca prácticamente a todos los derechos humanos en situación de riesgo, incluyendo el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la tierra, el derecho a la propiedad, y a un medio ambiente sano, el derecho a libre determinación, al trabajo, a un nivel de vida digno, y el derecho al acceso a la información y al acceso a la justicia, así como a la libertad de expresión y participación. Inclusive, el derecho humano más esencial y básico a la vida está en riesgo por las operaciones de fracturación hidráulica.

Considerando la gravedad de los riesgos implicados en la fracturación hidráulica, muchos gobiernos, entre ellos los de Texas, Nueva York, Colorado y Vermont, así como los países de Francia, Bulgaria y Alemania, han adoptado una posición cautelosa ante la actividad. Después de fundadas consideraciones y numerosos estudios que revelan los peligros del fracking, estos gobiernos o bien han prohibido la actividad o decidido suspender las operaciones de fracking hasta poder evaluar la información existente sobre los riesgos e impactos sociales y ambientales de la actividad.

Otros gobiernos, a pesar de estos riesgos, han preferido cortar camino y arriesgar respecto a estos impactos desarrollando políticas energéticas que incluyen fracturación hidráulica sin consultar las partes interesadas, mientras que muchas empresas han ignorado procedimientos de debida diligencia para identificar, evaluar y abordar las dimensiones de derechos humanos afectadas por esta actividad industrial.

Solicitud al Grupo de Trabajo:

El propósito de esta carta es advertir al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales (Grupo de Trabajo) sobre los riesgos de la fracturación hidráulica respecto a la plena realización de los derechos humano, y para pedirle al Grupo de Trabajo que registre y aborde este tema. Nos gustaría hacer hincapié en que el fracking es de importancia primordial para el mandato del Grupo de Trabajo, dadas sus profundas implicaciones para la realización de los derechos humanos, entre estos, en relación con el deber del Estado de proteger, la responsabilidad empresarial de respetar, y los derechos de las víctimas a tener acceso a la remediación efectiva.

Las operaciones de fracturación hidráulica, incluidas las actividades de exploración y extracción, están en aumento en todo el mundo. Visto que esta práctica está en etapa evolutiva, su relevancia en cuestiones de derechos humanos seguirá siendo importante y por su gravedad en los impactos sociales y ambientales que conlleva, estará en el centro de conflictos locales donde se pretende realizar esta práctica industrial. Por esta razón, es importante que el Grupo de Trabajo participe en esta discusión, que adquiera conocimientos sobre la práctica y sus consecuencias para la sociedad a fin de que pueda comprender los riesgos que supone para los derechos humanos, y lo más importante, para ayudar a guiar a la sociedad, a Estados y a empresas, para hacer frente a estos impactos antes de que se materialicen y para remediarlos una vez que los impactos hayan ocurrido.

Proponemos al Grupo de Trabajo:

Adoptar un enfoque preventivo sobre la fracturación hidráulica y teniendo en cuenta la información ya ampliamente disponible y documentada sobre la salud y el medio ambiente, emitir una declaración de preocupación sobre los impactos potenciales de las operaciones de fracking a los derechos humanos;
Colaborar con los Estados, con académicos, con el sector de petróleo y gas, con organizaciones de derechos humanos y con otros grupos interesados, a identificar las cuestiones pertinentes de derechos humanos implicadas por operaciones de fracturación hidráulica;
Colaborar con socios afines y buscar ayuda para elaborar un informe sobre las implicancias para los derechos humanos, los riesgos y los impactos de la fracturación hidráulica;
Colaborar con especialistas para el desarrollo de materiales de orientación para los Estados y para las empresas de petróleo y gas, para considerar de forma adecuada los impactos en los derechos humanos y realizar evaluaciones antes, durante y después de cualquier operación de fracturación hidráulica prevista o en curso;
Invitar a que grupos de interés envíen información respecto a sus experiencias con la fracturación hidráulica, incluyendo presuntas víctimas individuales y comunitarias de las operaciones de fracking para informar al Grupo de Trabajo en cuanto a sus preocupaciones sobre los riesgos de derechos humanos reales, potenciales o supuestos y los impactos causados ​​a ellos por operaciones de fracturación hidráulica;
Estamos a disposición para asistir al Grupo de Trabajo con estas tareas.

C.C.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente
Relator Especial de la ONU sobre los pueblos indígenas
Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento
Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Lecturas Sobre Derechos Humanos y Fracking

El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CHRE). Derechos Humanos y el negocio de Fracking: Aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos de fracturamiento hidráulico. CHRE.2015: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2015/08/Fracking-and-UNGPs-Consulation-Draft-August-20-2015.pdf

EHRA. Medio Ambiente y Derechos Humanos Asesor. Una evaluación de los Derechos Humanos de hidráulico Fracturamiento para Gas Natural. 2.011.

Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA). La evaluación de los posibles impactos de fracturamiento hidráulico para Petróleo y Gas en recursos de agua potable. 06 2015: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2015/06/HF_ERD_JUN2015.pdf

Grear, E. Grant, T. Kerns, K. D. Morrow y Short. Una evaluación de los Derechos Humanos de la fracturación hidráulica y otra no convencional Desarrollo de gas en el Reino Unido. Octubre 2014: http://www.sas.ac.uk/sites/default/files/files/UK%20HRIA%20w%20appdx-hi%20res.pdf
LM. McKenzie, R. Witter, L. Newman, J. Adgate. Evaluación de los riesgos para la salud humana de las emisiones a la atmósfera desde el desarrollo de los recursos de gas natural no convencionales. En Ciencia of the Total Environment. 2012.

D. Breve et.al. Energía extrema, “fracking” y los derechos humanos: un nuevo campo para las evaluaciones de impacto de los derechos humanos? El Diario de los Derechos Humanos. 2015: http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2015.1019219

T. y M. Rotkin Srebotnjak. Fracking Humos: contaminación atmosférica ocasionada por fracturamiento hidráulico Amenaza Salud Pública y Comunidades. Consejo de Defensa de Recursos Naturales. 2014: http://www.nrdc.org/health/files/fracking-air-pollution-IB.pdf

UNANIMA. El fracturamiento hidráulico para el gas natural: Una nueva amenaza para los derechos humanos. 2011: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/160/72/PDF/G1116072.pdf?OpenElement

[1] Zotero. Citation Database: https://www.zotero.org/groups/pse_study_citation_database/items

[2] TEDX. Chemicals in Oil and Gas Operations, Health: http://endocrinedisruption.org/chemicals-in-natural-gas-operations/health

[3] TEDX. Chemicals in Oil and Gas Operations, Health: http://endocrinedisruption.org/chemicals-in-natural-gas-operations/health

[4] Schlumber.“

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Defendían lo que ahora deben combatir

Mariano Federici y María Eugenia Talerico, propuestos para titular y vice de la UIF, fueron impugnados por un centro de prevención del lavado por pertenecer a un grupo de abogados que defendían a acusados por ese delito. Entre ellos, el HSBC

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Por Raúl Dellatorre/Pagina 12

Los nombres propuestos por el Ministerio de Justicia para ocupar la presidencia y vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) resultaron impugnados por una organización dedicada a la prevención y persecución de la criminalidad económica, Cipce. En su impugnación, dicho centro de investigación sostuvo que los postulados, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, se encuentran “incursos en un conflicto de intereses insoslayable e insuperable”, ya que integran, o integraron, un bufete de abogados encabezado por Juan Félix Marteau “dedicado precisamente al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”. Entre sus clientes figura el Banco Masventas SA, “que resulta ser el sujeto obligado que cuenta con más sanciones por parte de la UIF”. Talerico, además, es mencionada como “abogada defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos, siendo éste el banco que ha recibido multas más significativas por haber incumplido la normativa antilavado”.

“Con las nuevas autoridades que se proponen, la UIF pasará a ser manejada por un equipo de personas que hasta ahora se han desempeñado como defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos”, señala Cipce en su impugnación. “La mayoría de estos profesionales se agrupan en torno a la figura del abogado Juan Félix Marteau, cuyo estudio jurídico se dedica, precisamente, al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”. Menciona “su actuación como defensor del banco Masventas SA”, y que “se ha hecho público que tiene como clientes al JP Morgan y a Clarín en las respectivas causas por lavado de dinero que se siguen contra esas empresas”.

Con respecto a los candidatos propuestos, señala que “Mariano Federici, además de ser asesor del FMI, es consejero de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera presidida por Marteau”, mientras que María Eugenia Talerico “se ha desempeñado como abogada defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos”. Cipce advierte que “en la declaración jurada presentada por Talerico en el marco de este proceso de selección, no se menciona al HSBC entre las personas jurídicas que ha tenido como clientes en los últimos años; sin embargo, entre las personas físicas, el último nombre que figura es el de Gustavo Peccora, y entre paréntesis se aclara HSBC Bank Argentina SA. Curiosamente, es la única persona física para la cual se hace una aclaración de este tipo”. Cipce requirió, a través del Ministerio de Justicia, que la UIF “informe si Talerico tuvo actuación como abogada defensora del HSBC en alguna causa o sumario”.

“En caso de que estos requerimientos de información lograran demostrar que, en el último año, Talerico ha defendido en alguna actuación de la UIF a cualquier persona física o jurídica, esto significaría automáticamente la imposibilidad de que la candidata ocupe la vicepresidencia del organismo.”

Cipce menciona que, dentro del mismo entramado de relaciones, aparecen otros profesionales que ocuparían cargos relevantes en la próxima gestión de la UIF, también vinculados a Juan Félix Marteau: María Celeste Plée (sería directora de Supervisión), Ignacio Hagelstron (iría al Secretariado Ejecutivo) y Federico Di Pasquale (ocuparía la Dirección de Asuntos Jurídicos).

A criterio del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, “el problema reside en que mediante la designación en la UIF de profesionales que se dedican a estas actividades, el principal organismo públicos encargado de prevenir y perseguir el lavado de dinero será conducido por los defensores de los acusados por lavado. El conflicto de intereses es alevoso y grosero”.

Recuerda que la Oficina Anticorrupción, “uno de los principales organismos de control de los conflictos de intereses en la función pública”, entiende que éste se verifica “cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña”. Y agrega, como conclusión: “Creer que una persona puede pasar, automáticamente, a perseguir de manera eficaz a los sujetos cuyos intereses ha defendido durante años es, francamente, iluso”.

Ver impugnación del Cipce

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Frenaron a petrolera de Cristobal López en Malargüe

A través de un oficio, la Fiscalía de Estado dictaminó la suspensión de los procedimientos que permitirían la exploración.

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Marisa Alarcón.- La firma OIL M&S SA, del empresario kirchnerista Cristobal López, está en la mira de la Fiscalía de Estado de Mendoza. A través de un oficio, dictaminó la suspensión de los procedimientos que permitirían la exploración petrolera en el área Río Diamante, en Malargüe.

El procedimiento legal que realizó la empresa tuvo un ocultamiento clave que generó controversia: tenía intenciones de realizar fracking pero no lo informó sino hasta el momento de la audiencia pública, por lo que tuvieron que dar marcha atrás con esas intenciones, ya que se “saltaron” los pasos legales estipulados en la ley.

El cuestionamiento empieza porque que según manifiesta el organismo de control, se está “sustanciando un proyecto de evaluación ambiental petrolera cuyas etapas incumplen con los contenidos mínimos que exige el orden jurídico para efectuar el análisis respectivo”. Lo que la Fiscalía señala es que se han encontrado “irregularidades” en los procedimientos desde el principio comenzando por los contenidos de la manifestación general de impacto ambiental (MGIA) que presentó la petrolera.

Es por eso que el organismo que comanda Fernando Simón consideró que si se continuaba con el procedimiento en esas condiciones, “se generaría un acto viciado groseramente”. Ahora resta esperar que el Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales tome la decisión de suspender el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

A esto se suma que tampoco se realizó la audiencia pública estipulada por la Ley de Medio Ambiente Nº 5.961, ya que fue suspendida en dos ocasiones. “Consideramos que podría afectar potencialmente los derechos ambientales y el derecho de la información por eso la Fiscalía supone que es insaneable y pide volver a foja cero”, explicó el abogado Nicolás García Bistué.

De hecho el Departamento General de Irrigación indicó que “no están dadas las condiciones mínimas para aceptar la MGIA, ni se puede emitir dictamen sectorial sobre un proyecto que no se detalla y que por tanto no permite evaluar si el recurso hídrico, superficial o subterráneo, se puede ver afectado real o potencialmente por el mismo”.

Pero además hubo otra inconsistencia mucho más grave y es que según explicó Bistué cuando se licitó el área petrolera era para explotación convencional y todos los informes previos sobre la exploración eran referidos a este tipo de explotación.

La sorpresa llegó cuando en la publicación de la convocatoria a audiencia pública la empresa informó que se iba a realizar por fractura hidráulica (fracking), información que no se precisó en la MGIA y que por ende no fue analizada en los dictámenes sectoriales y técnicos.

Es decir que en ninguno de esos informes previos se analizó el fracking, por lo que ese cambio en las condiciones del procedimiento requiere de nuevos estudios y análisis. De esa manera se prueba que la empresa no blanqueó sus verdaderas intenciones, por lo que se le pide volver a foja cero. Ante esa situación la empresa se rectificó y dio marcha atrás con el fracking, y se convocó a una nueva audiencia que fue suspendida por una orden judicial de San Rafael.

Diversas organizaciones cuestionaron que el proyecto afectaría a las cuentas del río Atuel y Diamante, por lo que solicitaron que se revise la concesión del área teniendo en cuenta la crisis hídrica que enfrente la provincia.

Asimismo, en el oficio la Fiscalía de Estado deja claro que la empresa podrá comenzar un nuevo trámite a través de la presentación de la información correspondiente que exige la ley.

La técnica del fracking es resistida por las organizaciones ambientalistas ya que constantemente alertan por los daños ambientales que puede causar este método.

Desde la Asamblea Popular por el Agua, Julieta Lavarello, indicó que se trata de una “técnica altamente nociva que produce daños irreparables en el medio ambiente”.

“Para fracturar se utilizan miles de litros de agua con más de 500 compuestos químicos para que el petróleo se separe de la roca. Todo esto produce una contaminación del agua, de las napas subterráneas y de la tierra. Un ejemplo es lo que está empezando a pasar en Vaca Muerta ya que hay zonas donde está llegando el agua contaminada con petróleo”, explicó.

 

NORITA

Vida y legado de Rosa Luxemburgo, una visión desde América Latina

El seminario “Derechos humanos, ayer y hoy”, organizado en ocasión de la apertura de la oficina de la FRL de Buenos Aires, contó con participantes y personalidades de toda América Latina, lo que permitió realizar un acercamiento particular a la vida y obra de Rosa. Un rompecabezas que armamos junto a Ana Terra, Osvaldo Bayer, Horacio Tarcus y Raúl Zibechi.

NORITA

Por Francisco Farina y Nadia Fink.- Ingresar en el legado de Rosa Luxemburgo es abrir una puerta para que el pasado se haga presente y su mirada política nos interpele en el aquí y ahora. Esa fue la pregunta que nos movió a consultar a las figuras que se reunieron los días 1 y 2 de diciembre pasado. ¿Qué nos dice Rosa y su firmeza hoy en Latinoamérica y en los movimientos sociales? He aquí un puñado de respuestas, que forman un rompecabezas aún incompleto.

“Nos significa una gran mujer, una gran intelectual, que tiene una historia de vida y de lucha fundamental y que nos inspira mucho al movimiento social”, contaba Ana Terra, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil. “Creo que Rosa nos trae un elemento clave –que a mí me gusta mucho de su libro Reforma y Revolución–, que nos ayuda a entender los instrumentos específicos de la clase trabajadora y del capital para romper con la lógica del capital de la hegemonía”, agregaba la militante de la Escola Nacional Florestan Fernandes.

Horacio Tarcus, el director del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina (CEDINCI), comenzaba por explicar que “Rosa Luxemburgo fue una revolucionaria polaco-germana, que formó parte del proceso de creación de la socialdemocracia, primero en Polonia, después en Alemania, que formó parte del ala izquierda de ese movimiento socialista porque se opuso terminantemente a la Primera Guerra Mundial cuando los socialismos europeos claudicaban de su internacionalismo proletario y apoyaban a sus diversos gobiernos frente a la guerra”.

“Rosa tuvo la gran virtud de ser una pensadora y militante crítica que fue capaz de mantener una personalidad y una autonomía de pensamiento frente a los grandes hechos de la época, frente a la burguesía, frente al imperialismo alemán, frente a la izquierda alemana; incluso frente a la revolución bolchevique”, complementaba Raúl Zibechi.

La revolución y la libertad atraviesan la vida de Rosa de diversas maneras… “Era alguien que apoyó fervientemente la revolución, porque luchó por la revolución. Creía en ella como una forma de instauración de una sociedad igualitaria y libre, y, al mismo tiempo, nunca descuidó la dimensión de la libertad”, explicaba Horacio Tarcus. Mientras que otra vez Zibechi era quien sumaba que esa “esa autonomía de pensamiento, de vida es su principal legado. No por casualidad fue asesinada por un gobierno socialdemócrata”.

De igual a igual17
Su labor política e intelectual, nunca disociadas, se expresa según Tarcus en “la osadía de discutir de igual a igual con los grandes líderes revolucionarios rusos, aunque ella fracasó y estaba en la cárcel y no pudo llevar a cabo la revolución, le hizo señalamientos a Lenin, a Trotsky y a los líderes revolucionarios rusos que hoy siguen siendo un alerta de lo que podríamos llamar los peligro profesionales del poder”. Por su parte, Ana Terra rescataba de la vida de Rosa “una historia de vida pautada en la lucha, en la resistencia de ella en cuanto a lo intelectual, pensando en la libertad de poder expresarse, y tratar la forma de la economía y su militancia también”.

El escritor Osvaldo Bayer también mostraba su mirada: “Es un personaje increíble. En una época en que la mujer pertenecía a la casa solamente, o estaba muy aislada, Rosa Luxemburgo salió a la calle a hacer política”, detallaba. Pero también sumaba otras características que la distinguieron (y distinguen): “Una oradora excepcional, una mujer que realmente defendía sus derechos de mujer y, al mismo tiempo, los derechos de la sociedad. Era una socialista en libertad y estuvo en todos los movimientos de pacifismo durante la primera guerra mundial”.

A sabiendas de su asesinato, Bayer recordaba el porqué de esa saña: “Así se liberaron los reaccionarios de esa mujer verdaderamente revolucionaria”, aclaró. Así llegamos al presente, al legado que deja Rosa. Según Bayer, “a muchas mujeres en los movimientos feministas, que han crecido mucho, y en la creciente valentía entre las mujeres, en todos los países”. Por su parte, Tarcus la presentó como “un símbolo: una mujer emancipada, una mujer pacifista, pero con un pacifismo revolucionario, que apoya la revolución pero que quiere una revolución en libertad”.

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FRL

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Acuerdo de Paris en cambio climático: aplausos errados

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En París se acaba de firmar un acuerdo sobre cambio climático que ha sido recibido con un júbilo y optimismo bastante exagerado.  Se tolera disimuladamente que siga aumentando la temperatura global, se repiten unos cuantos acuerdos que ya habían sido alcanzados en previas cumbres, y todo descansa en compromisos voluntarios de los países, sin obligaciones precisas.

Gerardo Honty y Eduardo Gudynas.- Eso explica que muy distintos actores, desde los grandes exportadores de petróleo a las corporaciones globales, todos ellos, terminaran aplaudiendo el acuerdo parisino.  Si esos actores celebran el convenio, es que sin duda no se están poniendo límites a la civilización petrolera.

Tengamos muy presente que el Acuerdo de París es un instrumento dentro de la Convención Marco sobre Cambio Climático, que viene siendo objeto de negociaciones por más de veinte años, con muy pocos resultados concretos.  De hecho, desde que se firmó la Convención, en 1992, hasta ahora, las emisiones del mundo han crecido en un 50%, dejando en evidencia la falta de compromiso en esta materia.

Como los últimos encuentros fueron muy frustrantes, la principal preocupación de la presidencia del actual encuentro negociador (conocido como COP21), representada en el francés Laurient Fabius, era no repetir fracasos anteriores (en especial de Copenhague de 2009, que fue incapaz de acordar un texto).  En ese sentido el papel de Francia fue exitoso, explicando la satisfacción de algunos líderes gubernamentales.  Pero el precio de la eficacia política fue, como era esperable, un acuerdo de poca eficacia climática.

Bajo el Acuerdo de París, el aspecto clave de la reducción de las emisiones de gases invernadero, será fijado por cada país (las llamadas contribuciones nacionales).  Aunque deben ser informadas periódicamente, no serán obligatorias.  Esto hace que en realidad el texto aprobado sea muy débil en lo que hace a su potencial para evitar el cambio climático, ya que descansa en medidas voluntarias.  Recordemos que el objetivo de la Convención es estabilizar los gases de efecto invernadero en la atmósfera, y que según la comunidad científica, que asesora a la propia convención, no debería aumentar más de 1,5 º C.  Pero el acuerdo parisino nos conduce a un aumento de la temperatura global superior a los 3º C.

El acuerdo es lo suficientemente vago como para establecer que el mundo deberá alcanzar el pico de sus emisiones (el máximo antes de comenzar a descender) “tan pronto como sea posible” y alcanzar un balance entre las emisiones y remociones (cero neto) en la “segunda mitad de este siglo”.  ¿Qué quiere decir “tan pronto como sea posible”?  No es posible responder a eso, porque las metas quedaron bajo el manto de la vaguedad diplomática.

Sin embargo lo que dicen los científicos respaldados por la propia Convención (el Panel Intergubernamental de Cambio Climático), es que el pico de las emisiones debe alcanzarse antes de 2030 y las emisiones netas deben ser cero a más tardar en 2060.  Entonces el acuerdo es vinculante pero no del todo, ya que sus medidas más esenciales siguen siendo voluntarias.

Por si fuera poco, frente a algunos temas espinosos, el Acuerdo de París terminó repitiendo consensos aprobados en anteriores cumbres.  Por ejemplo, en la cuestión del financiamiento, sin duda uno los puntos clave para lograr los objetivos climáticos, sólo se pudo repetir el mismo compromiso que ya había alcanzado cinco años atrás en la COP 16 de México, a saber: 100 mil millones de dólares anuales a ser “movilizados” desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo.  Otros temas de enorme relevancia están ausentes otra vez.  Por ejemplo, la problemática de los pueblos indígenas no es tratada adecuadamente.

El problema es que desde su creación la Convención no logra conciliar sus tres principales objetivos: reducir emisiones, hacerlo con equidad y no detener el crecimiento económico.  Lo que muestra la historia de las negociaciones es que las tres cosas a la vez no se pueden lograr.  Puede haber crecimiento económico y sostenibilidad ambiental, pero no será con equidad pues el planeta no alcanza para que seamos todos ricos.  Puede haber sostenibilidad ambiental y equidad, pero para eso debe detenerse el crecimiento y repartir mejor la riqueza actual.  Y finalmente puede haber crecimiento económico y equidad pero eso solo se logrará devastando el planeta.

Escuchando los aplausos

Cuando se observan las reacciones de distintos actores se hacen muy evidentes los alcances y los límites del Acuerdo de Paris.  Por ejemplo, los países que son grandes exportadores de petróleo, como Arabia Saudita, lo consideraron un gran paso, lo que indica que no ven que ese texto les impida seguir vendiendo crudo.  Y si ellos venden petróleo, quiere decir que en alguien lo va a quemar en algún sitio y las emisiones seguirán subiendo.  Distintos portavoces de los gobiernos de los países industrializados, incluyendo a EE.UU., lo celebraron y consideran que abre oportunidades para nuevos negocios.

China, que es el más grande emisor planetario, sigue con sus planes de aumentar todavía más sus emisiones, por lo menos al 2030, y no se ha quejado que en París le impusieran ninguna traba.  Es más, como buena parte del acuerdo descansa en las propuestas nacionales voluntarias, se terminarían aceptando planes que en realidad aumentan las emisiones de gases invernadero (como sería el caso de Bolivia según algunos cálculos).

Los CEOs de grandes transnacionales “aplaudieron” el acuerdo parisino.  Por ejemplo, el presidente de Unilever, Paul Polman, afirmó que ese logro “liberaría billones de dólares y la inmensa creatividad e innovación del sector privado” para enfrentar el cambio climático.  Ese era el tono de muchos voceros empresariales, al entender que antes que un obstáculo para una civilización petrolizada, el Acuerdo de París no cambiaría las reglas del juego y para algunos se abrirían oportunidades de nuevos negocios.

También se entusiasmaron mucho las instituciones financieras internacionales.  El presidente del Banco Mundial, que fue informado de los acuerdos en París mientras jugaba al golf con el presidente Barack Obama, lanzó un tuiter diciendo que están listos para inmediatamente aportar dineros para el cambio climático.  Horas después, el presidente del BID, dijo que su banco también está disponible.

Por lo tanto, si todos celebran, gobiernos de cualquier signo político, grandes y pequeños contaminadores, empresarios y otros grupos de poder, si todos ellos se felicitan, ¿se puede creer que ese acuerdo en realidad esté poniendo un límite a la adicción petrolera?

Voces preocupadas

El mundo de la academia ya está comenzando a lanzar voces de alerta.  James Hansen, uno de los científicos pioneros en poner en evidencia el cambio climático, afirmó que las negociaciones en París eran un “fraude”, y que se necesitan “acciones” para cortar las emisiones de carbono al 2020, y no “solamente promesas”.  El fraude está, según Hansen, en sostener que se apunta a que la temperatura planetaria no sobrepase los 2º, pero se haga poco o nada cada cinco años.

Otros científicos que poco a poco están reaccionando ante el Acuerdo de París apuntan en el mismo sentido: el texto es vago al no especificar acciones concretas para las reducciones de gases emitidos, con indicadores y fechas precisas, y en menores plazos de tiempo.  Los gobiernos, en cambio, solo dicen que habrá una balance neutral pero en la segunda mitad del siglo.  Si eso ocurriera hacia el final del siglo XXI, las consecuencias serían catastróficas.

Muchas de las reacciones entusiastas son comprensibles.  Eran esperables desde los gobiernos, ya que no se podían permitir reconocer que otra vez fracasaron; es entendible que las grandes corporaciones festejen ya que el acuerdo les deja muchas opciones, a unas para seguir dentro de los negocios que contribuyen al cambio climático, y a otras, para buscar nuevos mercados en reducir las emisiones.  También era esperable en grandes redes ambientalistas que creen en las soluciones mercantiles o que trabajan codo a codo con las empresas.

Pero sorprende un poco que otras redes ambientales estén complacidas con los resultados de Paris.  Por un momento suponemos que se han apresurado en los análisis, o no han detectado que una buena parte de esos acuerdos ya se habían aceptado en anteriores COPs.  Por otro lado parecería que el miedo ante la inminente catástrofe planetaria hace que se aferren a la esperanza de que, por fin, se iniciaran medidas concretas.  O para ellos ya no es soportable caer en el pesimismo de reconocer que el acuerdo es insuficiente, y por lo tanto prefieren hablar de un “vaso medio lleno”.

Diga lo que se diga, observando la situación desde los movimientos sociales, especialmente aquellos que serán más afectados por el cambio climático, y considerando lo que sabemos sobre la ecología planetaria, tenemos que ser realistas: el Acuerdo de Paris es totalmente insuficiente para atacar la problemática del cambio climático.  Insistir en que es convenio adecuado, o que abre las puertas a abandonar el petróleo, es totalmente prematuro.  La sociedad civil no puede quedar adormecida, y debe redoblar sus esfuerzos por ir más allá de este tipo de acuerdos para alcanzar medidas efectivas, reales, concretas, frente al cambio climático.  Muchas de ellas serán costosas y dolorosas, pero la tarea es urgente.

Gerardo Honty y Eduardo Gudynas.  Investigadores de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).   Contacto: Twitter @HontyG y @EGudynas.

Para ver un análisis más completo:

http://energiasur.com/wp-content/uploads/2015/12/HontyAcuerdoParisOdeD21Claes2015.pdf

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Alto Valle Perforado

Presentación en Neuquén del libro “Alto Valle Perforado: El petróleo y sus conflictos en las ciudades de la Patagonia Norte”

Cobertura de Cartago Tv de la presentación en Neuquén del libro “Alto Valle Perforado: El petróleo y sus conflictos en las ciudades de la Patagonia Norte”.

El libro recorre las realidades de las ciudades del Alto Valle, hoy insertas en la vorágine de explotación hidrocarburifera que ya está dejando impactos. ¿Cómo es “convivir” con pozos, basureros petroleros y ductos? ¿En que afecta la explotación a las economías regionales? ¿Qué papel juegan los Estados? ¿Cuál es el rol de las ciudades en la era del fracking? Son parte de algunos interrogantes sobre los que el libro discurre.

Parte del prólogo
“La extracción de hidrocarburos y actividades anexas se sitúan, desde el imaginario colectivo, en zonas rurales, alejadas de los principales centros urbanos. Incluso, entre los argumentos para sostener que es segura la utilización masiva de la hidrofractura, se dice que en las zonas afectadas no vive gente, que son desiertos. Lo cierto es que ni el extractivismo -y sus lógicas políticas, institucionales y financieras- son patrimonio de lo rural, ni estas zonas son un páramo. Nos encontramos ante un discurso no ya invisibilizador, como el de los “conquistadores del desierto” a fines del siglo XIX, sino directamente negador ante la realidad de la explotación, tratamiento y refinación de hidrocarburos en Neuquén y Río Negro en los albores del siglo XXI.”

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Escapar de Paris: por una justicia ambiental desde los territorios

La ambigüedad de los acuerdos y la contradictoria institucionalidad climática hace que diversas estimaciones propongan que en cambio nos dirigimos a un escenario de entre 2,7 a 3,4 grados de aumento de la temperatura media para finales de siglo. Pero esto no es indicador únicamente de una crisis del clima. “Sociedades de baja emisión de GEI” no garantizan que se alcance una justicia ambiental, ni que se evite desbordar los límites del planeta. Esta es una crisis civilizatoria que tiene que ver con el metabolismo depredador que se ha configurado en el sistema capitalista global, y con la brusca ruptura que se ha producido en la reproducción de la vida. Toda esta ruptura está intensificando las luchas por el agua, por la energía, por la biodiversidad, por los ciclos de la vida y por los territorios. Y va a marcar la dinámica de los nuevos tiempos que América Latina ya empieza a vivir.

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Desde las nebulosas de Paris: negociaciones y negocios

Emiliano Teran Mantovani*.- Las conferencias sobre cambio climático de las Naciones Unidas suelen dejar una sensación de desazón y creciente escepticismo, producto sobretodo del cinismo y la indolencia que suele reinar en las partes más influyentes de la negociación, que año tras año anuncian un “acuerdo importante, sin precedentes”, cosa que no fue la excepción en la COP21 Paris, donde se declaraba que se ha logrado un “documento histórico y universal”.

No tiene mucho sentido analizar estas negociaciones únicamente en el marco de la “búsqueda de un buen acuerdo”, sin tomar en cuenta que los pilares políticos y programáticos que dominan en estos “esfuerzos globales” contra el cambio climático, la episteme sobre la que se configura este discurso y su respectiva institucionalidad, es el mercado. Así que las “soluciones” que de ella surgen, básicamente se estructuran como soluciones de mercado –léase las contabilidades compensables del «cap and trade», o bien los offsets internacionales como los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL)–.

Ante la lógica de la maximización de la ganancia y mantenimiento de la tasa de beneficio, no es de extrañar los múltiples casos de falta de transparencia en relación al registro de las emisiones de instalaciones participantes, evasiones en las metas de reducción a través de mecanismos de compensación a los “países en vías de desarrollo” – ej. MDL –, especulación financiera en los mercados de carbono y el enriquecimiento de grupos económicos [1] a partir de este grave problema global. Después de 21 COPs celebradas, parece conveniente preguntarse si estos acuerdos, antes que soluciones, se han convertido en parte del problema.

En todo caso, creemos que es importante resaltar algunas tendencias y elementos preocupantes que se han expresado en estas últimas negociaciones:

a) aunque ha habido una obsesión por establecer el techo en 1,5º o 2º de aumento de la temperatura media del planeta, tal vez la pregunta clave es cómo se va a llegar a esta meta de manera real. La pregunta aplica igualmente con el tope deseado de emisiones de GEI;

b) las enormes dificultades de establecer acuerdos claros para el financiamiento para que los “países en vías de desarrollo” enfrenten el cambio climático – léase, los 100 mil millones US$ desde 2020 – se vincula con el creciente intento de darle mayor participación a los “business leaders” (corporaciones) en la “soluciones” contra el cambio climático. El secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon elogiaba en la COP21 a las corporaciones multinacionales, pues estas “apoyaban un acuerdo fuerte en Paris que envía las señales correctas de mercado”, al tiempo que las estimulaba a hacer sentir su voz y “demostrar que el negocio verde es un buen negocio” [2] ;

c) la marcada negativa, principalmente de los Estados Unidos, de asumir las pérdidas irreparables y los daños permanentes ocurridos cuando las políticas de mitigación y adaptación se quedasen cortas ante la incidencia de desastres climáticos – la tercera forma de asistencia a los países en “vías de desarrollo” conocida como « loss-and-damage»– (véase el punto 52 del acuerdo final) [3] . Esto podría vincularse en cambio, en el marco de la actual disputa geopolítica, con la militarización del clima y la conveniencia estratégica de algunos actores imperiales de sacar provecho de lo que Naomi Klein ha llamado «capitalismo del desastre»;

d) sigue sin aparecer en estos documentos la imperiosa necesidad de dejar buena parte de los hidrocarburos bajo el suelo;

e) ¿Qué sentido tienen los acuerdos si no son operativamente vinculantes, si solo son intentos de contribuciones nacionales (intended nationally determined contributions, INDCs)? – léase, alcanzar un pico de emisiones de CO2tan pronto como sea posible” (art.4 del acuerdo final)–. Y también: ¿con cuáles instrumentos institucionales cuentan los pueblos verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de acuerdos, cuando fuesen vinculantes?

La ambigüedad de los acuerdos y la contradictoria institucionalidad climática hace que diversas estimaciones propongan que en cambio nos dirigimos a un escenario de entre 2,7 a 3,4 grados de aumento de la temperatura media para finales de siglo. Pero esto no es indicador únicamente de una crisis del clima. “Sociedades de baja emisión de GEI” no garantizan que se alcance una justicia ambiental, ni que se evite desbordar los límites del planeta. Esta es una crisis civilizatoria que tiene que ver con el metabolismo depredador que se ha configurado en el sistema capitalista global, y con la brusca ruptura que se ha producido en la reproducción de la vida. Toda esta ruptura está intensificando las luchas por el agua, por la energía, por la biodiversidad, por los ciclos de la vida y por los territorios. Y va a marcar la dinámica de los nuevos tiempos que América Latina ya empieza a vivir.

De las nebulosas de Paris a la propuesta del Anexo 0 de Oilwatch: pensar la justicia ambiental desde los territorios

Algunas voces en la Climate Action Zone de l Centquatre-Paris planteaban la necesidad de “escapar de las COP”. Escapar de las COPs supone tratar de liberarnos de este específico régimen de soberanía que se institucionaliza globalmente, y que secuestra la toma de decisiones para un 1%. También implica tratar de liberarnos del secuestro epistémico que encierra prácticamente toda la lectura del fenómeno del cambio climático y sus posibles soluciones en la métrica del carbono. Parece necesario abrirnos a enfoques radicalmente diferentes.

En este sentido, la propuesta del Anexo 0 de la Red Oilwatch ofrece varios elementos para tratar de pensar/efectuar este escape. Oilwatch, a partir de su crítica a la « civilización petrolera », propone reconocer a los pueblos en la división establecida por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: además del Anexo I (países industrializados del Norte y economías emergentes), Anexo II (miembros del Anexo I que deben ofrecer financiamiento a los países en vías de desarrollo) y No Anexo I (básicamente los países del Sur global), se debe crear el Grupo Anexo 0, donde estarían las numerosas iniciativas populares alrededor del mundo que realizan esfuerzos para no extraer más hidrocarburos, y que defienden formas de vida respetuosas con la naturaleza.

Al ser la extracción de hidrocarburos el proceso primario de factor antropogénico que determina el fenómeno del cambio climático, dejar el petróleo y otros combustibles fósiles en el subsuelo es una medida principal y directa para contrarrestarlo. Si, como se desprende de cifras del IPCC y la AIE, es necesario dejar 2/3 de los hidrocarburos en el subsuelo, diferentes iniciativas populares y territoriales deben ser premiadas por sus esfuerzos al respecto, antes que ser ignoradas, apartadas o criminalizadas, como suele ocurrir. La propuesta detallada del Anexo 0 está disponible aquí:Español, English, Français.

Esta propuesta tiene diversas implicaciones, de las cuales quisiéramos destacar dos:

a) enfrentar y desafiar la hegemonía y la centralidad de la métrica del carbono, que se orienta principalmente a fases distributivas (monetarizadas y abstractalizadas) de la naturaleza ya extraída y transformada, para plantear en cambio un debate de raíz sobre soluciones, valores y energía. Aquí el papel de la economía ecológica cobra importancia para producir indicadores que contabilicen o registren no sólo los hidrocarburos dejados bajo el suelo, sino el agua protegida, la biodiversidad, las culturas populares o los modos de vida sostenibles existentes;

b) descentralizar el régimen de soberanía de esta institucionalidad climática global, que plantea únicamente negociaciones entre Estados (partes), y en cambio hacer emerger las subjetividades populares en los territorios, o formas de gobierno local, que son los actores fundamentales para las transformaciones sociales y geopolíticas para enfrentar el cambio climático.

La propuesta del Anexo 0 no es en ningún sentido una propuesta autosuficiente. Requiere la articulación con otra serie de políticas y agendas que permitan su viabilidad. No convalida de ninguna manera una nueva mercantilización de la naturaleza bajo el subsuelo [4] . Y también cabe añadir que, aunque en cambio climático existe un compromiso diferenciado que señala a los grandes responsables de la actual crisis ecológica planetaria, esta idea de Oilwatch se cuela en los debates sobre extractivismo en América Latina, planteando las posibilidades de hacer moratorias a proyectos extractivos y reconocer la iniciativa de comunidades y gobiernos locales, para dejar los combustibles fósiles bajo tierra.

El Anexo 0 es otra forma más de decir que la justicia ambiental comienza en los territorios. Propone una institucionalidad climática alternativa, pero también formas de pensar este problema de manera alternativa, más allá de los muros de la política formal. En todo caso, el sustento material de este tipo de propuestas han sido, son y serán, las luchas desde abajo contra la acumulación por desposesión.

Del Anexo 0 al «Blockadia»: territorios rebeldes y los nuevos tiempos en América Latina

La situación de crisis ambiental global y la necesidad de acciones urgentes para contrarrestar el cambio climático ofrecen sólidos argumentos para intensificar los pedidos sobre moratorias de numerosos proyectos extractivos en América Latina. Se podrían plantear debates sobre cómo la caída de los precios del crudo –y si se espera que no levanten por un tiempo– representa una oportunidad para abrir caminos de transición para salir del rentismo petrolero en Venezuela. La idea de un estancamiento secular de la economía global, y la crisis de largo plazo del modelo de acumulación nacional, impulsan la necesidad imperiosa de trascendentales transformaciones desde adentro, en las cuáles se abra una discusión sobre la moratoria de los proyectos de minería en el país (carbón en el Zulia, Arco Minero de Guayana) e incluso algunos sectores de bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Sin embargo, es necesario reconocer que todos estos procesos, fenómenos y negociaciones se están desarrollando en un momento específico de la historia del sistema-mundo capitalista, de profundo caos y entropía; en una situación post-normal, que posiblemente será muy conflictiva. Esta situación evidentemente atraviesa a América Latina, la cual después de varios años de una era progresista diferenciada, ve cómo las condiciones bajo las cuales aparecieron los gobiernos de izquierda y múltiples luchas sociales, han cambiado significativamente.

Si pensamos en la fuerza que va tomando la ola de restauración conservadora en la región, y los peligros de nuevos ciclos masivos de acumulación por desposesión; si recordamos que Latinoamérica es un “reservorio” estratégico de “recursos naturales” en la dinámica geopolítica actual; y si advertimos cómo se configura un neoextractivismo 2.0 –ya no “progresista”, sino de perfil mixto e híbrido, un neoliberalismo mutante– que busca reorganizar el territorio continental en torno a esta nueva fase salvaje de acumulación global; podemos notar la centralidad que tendrán las luchas en la región en torno al mundo material de los bienes comunes para la vida (agua, biodiversidad, territorios en general).

Es muy probable que una política popular post-extractivista para enfrentar –consciente o inconscientemente– al cambio climático, y en general al orden depredador capitalista, esté, en esta nueva etapa para América Latina, plagada de enormes desafíos y amenazas. Pero hay algo que también vale la pena pensar. Las transformaciones en curso, no sólo van produciendo cambios de gobiernos y regímenes de poder, sino también de las condiciones materiales de la reproducción de la vida, y por ende, abre el camino para la reconfiguración de las luchas desde abajo.

En su libro “This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate”, Naomi Klein denomina «Blockadia» a los cientos de comunidades en todo el mundo que están luchando contra la extracción de combustibles fósiles –de Nigeria a Canadá, de Grecia a Perú y Ecuador–. Lo que es importante resaltar de «Blockadia» es que son movimientos globales compuestos por personas comunes –no lucen como los típicos activistas, según Klein– que buscan profundizar la democracia relacionándola con la posibilidad real de control de los recursos que posibilitan la reproducción de su vida cotidiana, y que manejan diversas estrategias de acción directa –asambleas populares, bloqueos a excavadoras, marchas en las grandes ciudades, siendo agredidos por fuerzas policiales y de seguridad–, deteniendo en el territorio los crímenes climáticos en progreso –los sujetos del Anexo 0–, y reivindicando las abundantes energías disponibles en la superficie del planeta (no las del subsuelo) [5] .

Podemos tomar Blockadia como otra metáfora útil para pensar, luego de años de experiencias en la era “progresista”, nuevas estrategias para una posibilidad emancipatoria. Pero también para pensar en los tiempos que se avecinan. Sobre todo, revisar los errores políticos cometidos, tratando de reconfigurar sus lógicas desde el territorio –una territorialización del poder–. Recuperar o reimpulsar en nuestras agendas políticas la centralidad de la riqueza concreta (agua, biodiversidad, tierra) y de la reproducción de la vida, ante la primacía que ha tenido la búsqueda de la riqueza abstracta (rentas y finanzas) [6] .

Una radicalización de la acumulación por desposesión, llevada adelante en el marco de una restauración conservadora en América Latina, puede a su vez provocar múltiples resistencias productivas (de lo que hemos llamado la biopolítica de los comunes), muchas de ellas bajo fórmulas que podrían ser novedosas. Piénsese en un nuevo «giro ecoterritorial» (tomando el concepto de Maristella Svampa) alimentado no solo por los diferentes aprendizajes que se han producido desde las luchas regionales y globales, sino por la transformación de las condiciones materiales de vida. La expansión de un ecologismo popular (Joan Martínez Alier) podría tocar a los movimientos urbanos, como de hecho ya lo está haciendo en la región, lo que tendría un muy poderoso efecto político. Eco-piquetes y nuevas territorialidades urbanas se vinculan a la búsqueda de reproducción de los medios de vida en las cada vez más insostenibles ciudades latinoamericanas.

Las condiciones probablemente serán muy adversas, pero las posibilidades emancipatorias están ahí presentes. Es en el tejido social y territorial donde se estará librando una batalla histórica.

Paris, diciembre de 2015

*Emiliano Teran Mantovani es sociólogo e investigador, y hace parte de la red Oilwatch Latinoamérica

Fuentes consultadas

Klein, Naomi. “This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate”. Alfred A. Knopf. Canada. 2014.

Lohmann, Larry. “Mercados de carbono. La neoliberalización del clima”. Ediciones Abya-Yala. Quito. 2012.

Meyer, Robinson. “Buy Coal Now!”. The Atlantic. October 29, 2015. Disponible en: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2015/10/every-climate-concerned-billionaire-should-do-this-to-save-the-world/413020/. Consultado: [10/11/2015].

Oilwatch. “Es tiempo de crear el Grupo Anexo 0”. Propuesta de cara a la COP21 de París, diciembre 2015. Julio de 2015. Disponible en: http://www.oilwatch.org/dejar-el-crudo-en-el-subsuelo/678-es-tiempo-de-crear-el-grupo-anexo-0. Consultado: [9/12/2015].

United Nations. “COP21: Ban tells private sector ‘how we do business today will determine if we can do business in the future’”. UN News Centre. 8 December 2015. Disponible en:http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52756#.Vmn_etLhBBw. Consultado: [9/12/2015].

United Nations. “Adoption Of The Paris Agreement”. Framework Convention on Climate Change. Conference of the Parties. Twenty-first sesión. 12 December 2015. Disponible en:http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf. Consultado: [12/12/2015].


[1] Sobre esto, recomendamos Lohmann, Larry. “Mercados de carbono. La neoliberalización del clima”.

[2] En: United Nations. “COP21: Ban tells private sector ‘how we do business today will determine if we can do business in the future’”.

[3] El punto 52 del acuerdo final aclara que el artículo 8 del acuerdo, referido al “loss and damage”, no involucra o provee bases para ninguna responsabilidad o compensación: “Agrees that Article 8 of the Agreement does not involve or provide a basis for any liability or compensation”.

[4] Sobre una visión capitalista de “dejar el carbón bajo el suelo”, véase: Meyer, Robinson. “Buy Coal Now!”.

[5] Klein, Naomi. “This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate”. pp.254-255, 263.

[6] Sobre esto véase: Teran Mantovani, Emiliano. Desnudar al extractivismo: repensar el origen y destino de la riqueza. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=191979 . Y: Teran Mantovani, Emiliano. El sentido comunal de la crítica al extractivismo. Disponible en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=199073

 Alainet

alto valle perforado

Presentan en Neuquén el libro “Alto Valle Perforado: El petróleo y sus conflictos en las ciudades de la Patagonia Norte”

Hoy estarán presentando en Neuquén el libro “Alto Valle Perforado: El petróleo y sus conflictos en las ciudades de la Patagonia Norte” que realizaron en cooperación con la Fundación Heinrich Böll Cono Sur.

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Entrevista realizada por el programa “Amanece que no es poco” conducido por Jordi Aguiar Burgos y Soledad Britapaja.

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