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La Asamblea del Pueblo de Alvear repudia proyectos de fracking en Mendoza

DOCUMENTO

Desde la ASAMBLEA DEL PUEBLO de General Alvear (Mza) REPUDIAMOS LA APROBACION DEL PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL “EL TRÉBOL – AREAS PUESTOS ROJAS” (Malargüe), localizado en una zona cercana al Río Salado principal afluente del RIO ATUEL y autorizado por la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaria de Ambiente del Gobierno de Mendoza (Resolución N° 813, 26/07/2017) ,

PORQUE :

En Junio de 2013 el HCD de General Alvear aprobó por unanimidad una Ordenanza que PROHIBE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES A TRAVÉS DE LA FRACTURA HIDRÁULICA (FRACKING) por los gravísimos impactos que causa al medio ambiente, principalmente al Recurso Hídrico. Similares ordenanzas fueron aprobadas por los Departamentos de Valle de Uco ,

  • El Proyecto FUE APROBADO SIN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NI AUDIENCIA PÚBLICA, VIOLANDO LA LEY NACIONAL 25675 Y LA LEY PROVINCIAL 5961.

Sin embargo, consideramos que se REQUIERE UNA NUEVA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL por tratarse de un nuevo proyecto ya que La empresa El Trébol, propiedad de Mercuria (de capitales suizos), responsable del proyecto, usará la técnica por fractura hidráulica (fracking) para estimular la roca y extraer el petróleo ,

  • El proceso de fractura hidráulica consume enormes cantidades de agua, calculando que se requieren entre 15.000 y 30.000 metros cúbicos de agua dulce para las operaciones de un solo pozo, agravando significativamente la DISPONIBILIDAD DE AGUA DEL RIO ATUEL ,

  • Entre un 15% y un 80% del fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la superficie como agua de retorno, y el resto se queda bajo tierra, conteniendo aditivos (siendo la mayoría sustancias químicas tóxicas, cancerígenas o mutagénicas). Es decir, con la APLICACIÓN DE ESTA TÉCNICA DE “FRACKING”, ES POSIBLE LA CONTAMINACIÓN DE LOS ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS Y DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN LAS NACIENTES DEL RIO ATUEL ,

  • Se desconoce el Informe Sectorial de la Subdelegacion de Aguas del Rio Atuel del Departamento General de Irrigación respecto a la autorización del uso del recurso hídrico del principal afluente del Rio Atuel y permiso para obtención de agua de los acuíferos del área a perforar, en el marco de la Ley de Aguas y Ley 4035 de Agua Subterránea ,

POR ELLO ,

HASTA TANTO NO EXISTA UNA BASE CIENTÍFICA O DATOS CONCLUYENTES QUE DETERMINEN CON EXACTITUD QUE ESTA TÉCNICA NO GENERA UNA REPERCUSIÓN DIRECTA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE NUESTROS HABITANTES (PRINCIPIO PRECAUTORIO DE LA LEY 25675) SOLICITAMOS SE SUSPENDA EN FORMA URGENTE EL PROYECTO PETROLERO NO CONVENCIONAL DENOMINADO “EL TREBOL” EN MALARGÜE – MENDOZA.

ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALVEAR

General Alvear (Mza.) 04/08/2017


Violencia y gobernabilidad ante una nueva fase del extractivismo en Venezuela

Por Emiliano Terán Mantovani / ALAI   

No hay prioridad más alta en Venezuela en la actualidad: evitar, desactivar (o detener) la guerra. El horizonte de paz más próximo es apenas el no desbordamiento masivo de todas las estrategias y pulsiones de muerte que se reproducen en el país. Expresiones extremas de violencia y barbarie; destrucción del entorno cotidiano; sectores radicalizados y fascistizados de la oposición venezolana que, a nuestro juicio, son el principal detonante de la situación; declaraciones y políticas gubernamentales soberbias, desafiantes e irresponsables; represión subida de tono y excesos de los cuerpos de seguridad del Estado; actores armados informales; la política exterior estadounidense más agresiva y frontal contra Venezuela en toda la historia republicana de nuestro país; los señores de la guerra. Todo un cúmulo de actores que unido a condiciones materiales y diversos factores sociales nos han acercado al filo del abismo en el que nos encontramos.

Los dramáticos costos del desbordamiento de una guerra serían cargados principalmente en los hombros del campo popular, en los tejidos sociales, en la vida en sus territorios. Los ‘ganadores’ serían otros, en lo fundamental (aunque no únicamente) actores foráneos y transnacionales. Y las condiciones para la subsistencia y luchas de los pueblos y comunidades quedarían arruinadas. El fin de ciclo progresista en Venezuela se habría coronado con esta fase superior del “capitalismo del desastre” (Naomi Klein dixit).

En esta situación es urgente y esencial recuperar el sentido, rescatar las facetas más democráticas que se han evidenciado en las expresiones populares en los últimos años en el país, reencontrarlas, articularlas, hacerlas masa crítica. Sumar rápidamente sensateces, configurar nuevas alianzas, re-abrirle caminos a la política. Crear deslindes con la cadena de agresiones políticas que desde la oposición y el Gobierno nacional nos han traído a la situación actual. Denunciar claramente y con fuerza los factores foráneos que promueven la violencia con sus políticas y declaraciones, los brutales cercos mediáticos internacionales contra Venezuela y la política intervencionista del gobierno estadounidense, que amenaza con hacernos mucho daño. En fin, organizarse para la paz, en vez de seguir avanzando hacia el precipicio al cual nos dirigimos. Nadie ha dicho que es cosa fácil, pero no tenemos otro camino.

No obstante, conviene pensar también qué se está desarrollando en las entrañas de este proceso. Si en el corto plazo sorteáramos el desbordamiento de la beligerancia, es necesario reconocer que esa construcción de la paz en realidad será un camino largo. Pactos, acuerdos y negociaciones, grupos de interés en disputa y requerimientos de estabilidad política interna, la potencial construcción de nuevas hegemonías, están también en el escenario próximo, pero se sostienen sobre un hecho ineludible: las bases materiales que generan las condiciones para una alta intensidad del conflicto político y social persisten. La grave crisis del modelo rentista petrolero no es, a nuestro juicio, una circunstancia coyuntural:

  • hay una enorme volatilidad de los precios internacionales del petróleo, lo que volatiliza la economía venezolana;

  • el país está inexorablemente enganchado a los menos rentables y demandantes crudos pesados y extra-pesados (Faja Petrolífera del Orinoco);

  • se están desarrollando importantes cambios en el mercado energético global –dominado por los hidrocarburos– al tiempo que la OPEP tiene cada vez menos incidencia geopolítica;

  • esto implica que cada vez hay mayores dificultades para la captación de la renta petrolera, lo que además se vería agravado ante un proceso de flexibilización económica que favorecería aún más a las corporaciones transnacionales, en detrimento de la captación de excedentes del Petro-Estado venezolano;

  • pero no solo esto: las dificultades también se registran en la retención de la renta captada, la cual debe dirigirse en parte al pago de la deuda y sus servicios, o bien migra por fuga de capitales, entre otros factores;

  • la debilidad política del Petro-Estado y la crisis hegemónica potencian aun más la corrupción como forma de distribución de la renta, lo que dificulta sobremanera una centralización de la misma, y la puesta en marcha de políticas coherentes para salir de la crisis;

  • la severa crisis política, social e institucional también ha desestructurado buena parte de los canales de distribución rentística de la economía doméstica formal, prevaleciendo en cambio distribuciones a discreción y la economía informal;

  • el ejercicio de la violencia pasa a cumplir un rol más determinante en las capacidades políticas, institucionales y sociales para apropiarse de esta renta.

Estas condiciones materiales son ineluctables, evidencian los nexos entre la inestabilidad económica y la turbulencia política y al mismo tiempo nos señalan la configuración de nuevos esquemas de gobernabilidad y gobernanza. En este sentido, es necesario resaltar la relación que existe entre la re-estructuración del régimen de apropiación de la naturaleza (el relanzamiento y la reformulación del extractivismo en el país), de los mecanismos de captura y distribución de la renta (cambios en la arquitectura del capitalismo rentístico) y de los patrones de gobernabilidad y control social. Esta relación sufre transformaciones significativas en períodos de cambio histórico. El llamado “Pacto de Punto Fijo” (1958) se establecía en Venezuela sobre la base de hacer coherente los principios de una nueva gobernabilidad con los procesos de apropiación y acumulación de capital domésticos y transnacionales.

Pero los tiempos han cambiado. La reciente aprobación del proceso Constituyente del día 30 de julio convocado por el Gobierno nacional, o bien el llamado “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad”1 presentado el pasado 19 de julio por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), dan cuenta explícita de su necesidad de construir un nuevo marco de dominación y control social. Solo que ahora deben adaptarlo a las condiciones de la profunda crisis del modelo histórico petrolero rentista, inaugurado a principios del siglo XX; y a los marcos de una crisis económica global y de peligrosas tensiones geopolíticas.

El capital se filtra en las grietas de la crisis: rutas y coordenadas de una nueva fase del extractivismo

A pesar de nuestros dramas sociales y políticos, del caos existente, de la crudeza del conflicto, el capital foráneo negocia, con bajo perfil, se posiciona, avanza, gana concesiones, rompe obstáculos, echa raíces en nuestros territorios. La beligerancia y el desastre no le son ajenos; si por un lado es inestabilidad, por el otro es también oportunidad de negocios. En los acuerdos se van trazando rutas y coordenadas de nuevos ciclos de acumulación, se van delineando nuevos códigos, estructuras y geografías del extractivismo en Venezuela.

Podemos hacer un inventario general: ni la inestabilidad de los precios internacionales del crudo y el mercado energético mundial, ni el conflicto político nacional han detenido los acuerdos y las inversiones en la Faja Petrolífera del Orinoco, cinturón de petróleos no convencionales (pesados y extra-pesados) que, por sus costos y niveles de inversión e instalaciones requeridos, necesitan en cambio precios altos y estables. El objetivo: incrementar la producción. Desde principio de 2016 se ha anunciado la puesta en marcha de un proyecto para invertir unos US$ 9.000 millones para la perforación de 480 pozos, sobre lo cual se ha venido avanzando en anuncios y acuerdos desde entonces hasta la fecha.

China National Petroleum Corporation, Rosneft, Schlumberger, Horizontal Well Drillers, Baker Hughes, Halliburton, entre otras, resaltan entre las corporaciones que suscriben los últimos acuerdos. La clave del negocio está en profundizar la flexibilización económica de los marcos que los regulan, lo que el presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio Del Pino, ha llamado “régimen especial de inversiones” para que los proyectos logren su pleno desarrollo2. Facilidades económicas, tasas de cambio flotantes, zonas de desarrollo económico especial, socios foráneos que no solo participen accionariamente sino que ahora traigan el financiamiento necesario para los negocios (en lugar de los desembolsos de caja que asumía PDVSA)3, y algo importante: la cobertura de esas retribuciones y deudas con las corporaciones se basa en los barriles que provengan del aumento de la producción4. Esto es, más extractivismo para poder pagarles. Es el modelo de negocios de la Faja del Orinoco, que se proyecta al resto de los sectores de nuestra economía extractiva.

Se cuenta también: la búsqueda de reconexión de pozos en el occidente de Venezuela (como los del Lago de Maracaibo), área de viejas explotaciones convencionales; relanzamiento de los grandes proyectos gasíferos offshore (como el Rafael Urdaneta), con el proyecto Cardón IV en la península de Paraguaná como punta de lanza, destacando la explotación del mega-campo ‘Perla’ en la cual la inversión ha sido 100% privada (Del Pino dixit) –Repsol (50%) y Eni (50%)5–; re-impulso y reactivación de obras de infraestructura para la exportación de commodities como el Puerto de Aguas Profundas de la península de Araya (13/6) orientado al comercio petrolero principalmente con el mercado asiático6, la nueva fase de construcción del gaseoducto Venezuela-Colombia, el acuerdo de gaseoducto entre Venezuela y Trinidad y Tobago (PDVSA-NGC-Shell)7 o los puertos para la producción de Carbozulia; nueva fase histórica de la minería, con el proceso de certificación de reservas, reactivación de minas que cayeron en el período de crisis o apertura de otras nuevas en todo el país, como el Arco Minero del Orinoco y la conformación de la empresa mixta ‘Siembra Minera’ (Gold Reserve, oro y cobre, empresa a la que el Estado venezolano adeuda aproximadamente 992 millones US$)8 para la explotación del proyecto “Las Brisas”; empresas mixtas y memorandos de entendimiento con compañías como Faoz (una incógnita), Afridiam (Congo) o China CAMC Engineering para explotar coltán en el municipio Cedeño, estado Bolívar; Endiama (Angola)9, Guaniamo Mining Co. (EEUU) y empresas sudafricanas no anunciadas para explotar diamantes –en general las mineras junior suelen abrir el camino para la posterior aparición de las grandes corporaciones mineras–; pero también destaca la reactivación de las minas del proyecto de Lomas de Níquel (China Camc Engineering y Yankuang Group – sur de Aragua-Miranda)10, reactivación de Carbozulia (mayo 2017) con miras a la estabilización y posterior expansión de la producción de carbón11 (Inter American Coal, China CAMC Engineering y Yankuang Group), sea en las minas ya existentes o en nuevas, como ‘Las Carmelitas’12; o finalmente proyectos más pequeños de minería no metálica para la extracción de fosfato en el Táchira, mármol en Anzoátegui (empresa Canteras y Mármoles) o sílice en Lara.

Pero estas redes del capital que crecen y se expanden, estos nuevos métodos y marcos de negocios, no sólo evidencian una reestructuración económica en desarrollo –ciertamente inestable, contingente y maleable–, sino también revelan una específica correlación de fuerzas muy negativa para regímenes de intervención y proteccionismo estatal, formas de nacionalismo económico, y para el campo popular y la naturaleza. En este escenario van prevaleciendo cada vez más los intereses y agendas del capital transnacional, que trazan las rutas más estables y predecibles del rumbo económico a partir del mapeo de los “recursos naturales”.

En esta específica correlación de fuerzas la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) no ha estado al margen ni ha sido espectadora pasiva. Muy al contrario, ha sido actor principal para ir configurándola, a través de métodos cada vez más extremistas que impulsan este escenario del ‘capitalismo del desastre’. Porque, aunque se declare en el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” que “la justicia social es la prioridad” y los “desfavorecidos y vulnerables serán el objetivo central”, el horizonte constituyente de esta coalición política derechista conservadora ha sido neoliberal. En muchos casos sin secretos (como en el llamado ‘capitalismo popular’ de Maria Corina Machado). En otros, que son la mayoría de los casos, se esconden detrás de una retórica vaga y generalista sobre progreso, bienestar y desarrollo, sin mencionar la prevalencia de mecanismos de mercado, recortes, corporativización y desregulación. Pero a pesar de las sutilezas e intentos de hermetismo al respecto, siempre afloran estas voluntades y políticas neoliberales.

Por citar dos ejemplos recientes, el conocido empresario venezolano Gustavo Cisneros ha planteado que el modelo impulsado por Mauricio Macri en Argentina puede ser el idóneo para la Venezuela postchavista13; y aunque hayan criticado y sancionado hasta la saciedad el entreguista y devastador proyecto del Arco Minero del Orinoco, en mayo de este año el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, le aseguraba a las transnacionales mineras que asistían al ‘Latin American Downunder Conference’ en Australia que “una vez la democracia haya sido restaurada… las puertas estarán abiertas para recibir las inversiones” –our doors will be open to receive the investments14, lo que va en consonancia con numerosas de las propuestas del bloque opositor de expandir el extractivismo en el país.

La pregunta que surge ante esta puesta en escena y el desarrollo y expansión de esta red de capitales foráneos en Venezuela, es qué tipo de modelo de gobernabilidad y control social pudiera estar gestándose de la mano de este proceso, y cuál podría ser el rol de la violencia en el mismo.

Adiós al ‘neo-extractivismo progresista’: violencia y nuevas gobernabilidades

Replicando el patrón histórico-colonial de la división internacional del trabajo y la naturaleza, las inversiones extranjeras en la crisis actual siguen dirigiéndose en proporciones considerables a los sectores extractivos –como se evidencia por ejemplo en el anuncio de ‘Alianzas Estratégicas’ entre el Gobierno Nacional y empresas extranjeras (21 de julio), donde el 92% de las inversiones era para minería y 8% para turismo15–. No solo no aparece el giro productivo para poder paliar la situación de precariedad económica interna, sino que el capital y las élites políticas locales establecen acuerdos de largo plazo que nos atornilla a un horizonte de extracción y despojo, vinculado a recortes y desregulación.

Se marcha el llamado “neo-extractivismo progresista”. El patrón que lo ha caracterizado se disuelve: la posibilidad de construir consenso social por la vía de la distribución masiva de las rentas presenta extraordinarios límites; la programática gubernamental sigue modificándose progresivamente; como ya se ha mencionado, continúan produciéndose cambios significativos en la correlación de fuerzas; y el contexto internacional va recrudeciendo aún más la competencia global por los “recursos naturales”.

En este sentido, y en relación a la gobernabilidad de este probable nuevo extractivismo, cabe preguntarse si las diversas formas de violencia que se han desarrollado en el país son sólo expresiones de un conflicto político coyuntural o en cambio estas también se instalan y se incorporan a los dispositivos de dominación, trazando las coordenadas de un régimen de control social en formación. Sus orígenes provienen de al menos tres escalas geográficas diferentes: una violencia imperial-geopolítica, una estatal-nacional y una social-molecular.

El contexto de intensa conflictividad y el colapso de la economía nacional han hecho prevalecer los marcos de un estado de excepción (que hasta el momento ha sido sectorizado), políticas de emergencia y conmoción, la creciente militarización de todos los ámbitos de la vida junto a mecanismos de intervención policial directa en barrios urbanos y rurales (como la llamada ‘Operación de Liberación del Pueblo’ – OLP). Esto no sólo se expresa en las actuales políticas del Estado, sino que se presenta como el horizonte de ‘seguridad’ de los partidos de la MUD. Recordemos que el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, ha señalado la necesidad de aplicar el modelo “exitoso” de seguridad del ex-presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, el cual podría emplearse de manera inmediata16. En el “Compromiso Unitario para la Gobernabilidad” 2017 de la MUD se expresa como uno de los primeros objetivos de “un próximo gobierno” el “Plan efectivo y contundente contra la inseguridad” (punto 1.3).

Resalta también el empleo de actores armados informales por parte de los grupos políticos en disputa, que ejercen formas subterráneas de control social, generando formas directas de represión y terror en la población.

Al mismo tiempo, el abanico de operaciones de intervención que han sido impulsadas al menos desde 2002 por los Estados Unidos para lograr el ‘cambio de gobierno’ en Venezuela se han hecho cada vez más explícitas e incisivas –vea las recientes declaraciones del director de la CIA, Mike Pompeo, sobre sus esfuerzos para lograr la ‘transición’ en el país17– y tienen notable incidencia en el desarrollo de la violencia en el país. Un potencial avance y triunfos de esta política norteamericana en Venezuela plantearía una transición desde mecanismos de financiamiento de operaciones de inteligencia y desestabilización hasta formas de militarización de impacto regional (en conexión con acuerdos como el Plan Colombia) y estrategias de contrainsurgencia como forma de controlar territorios.

Por último pero no menos importante, también se registra el aprovechamiento de las crecientes formas de violencia social-molecular producto de las contradicciones sociales y territoriales (pobreza, exclusión, masificación de la corrupción y la impunidad), en especial a través de la cooptación de grupos criminales (urbanos y rurales) y la canalización de expresiones de fascistización social (evidentes básicamente en sectores de oposición al gobierno) que no solo generan crímenes de odio e intento de aniquilamiento del ‘enemigo’ (chavista) sino una profunda intimidación y terror en la población en general.

La imposición del orden y la lucha contra ‘agentes perturbadores’ serán planteadas como los medios para la consecución de la ‘paz’ –la ‘pacificación’. En estos casos es cuando la paz y la guerra se confunden más. Podríamos plantearnos reflexivamente la frase de Hanna Arendt cuando afirmaba en 1970 que la paz es la continuación de la guerra por otros medios. Para el caso venezolano, se han abierto ya nuevas preguntas sobre nuevas formas de poder, sobre la evolución de la estatalidad, sobre disputas territoriales por los bienes comunes. Y sobre todo, preguntarnos si terminaría de emerger una nueva versión de la economía de enclave del siglo XXI. Preguntas que además, tocan e interpelan a todo el resto de América Latina.

Resurgir del colapso del rentismo: re-existencias y la recuperación de las agendas propias de los movimientos populares

En Venezuela, todos los territorios y ámbitos de la vida cotidiana están en disputa. ¿Cuál es el horizonte, la estrategia, cuando la guerra y el estado de excepción van avanzando como régimen biopolítico para la acumulación de capital?

Cuando la paz es invadida de guerra, se va haciendo más difícil saber qué es y dónde se encuentra. A pesar de ello, ésta se convierte en una prioridad. Pero es necesario resaltarlo: organizarse para la paz implica reconocer que esta también se teje desde abajo, que supone que hay que ir hilándola, expresándola en la vida en los territorios, recreándola en las formas mínimas de convivencia, respeto, consensos, desplazando a la guerra de los espacios que busca ocupar, a través de resistencias y vida. Se trata del ejercicio de las re-existencias (como lo planteara Adolfo Albán), en la medida en la que se resiste a los diversos dispositivos de violencia, explotación, exclusión y despojo de la expansión capitalista, a través también de la reproducción de la vida, de su reafirmación a través de las prácticas cotidianas y la construcción de alternativas concretas.

Sin embargo, ¿cómo se puede enfrentar semejantes desafíos cuando el tejido social ha sido tan profundamente afectado, cuando se va desbordando el contrato social, cuando la barbarie se va normalizando, cuando se ha extraviado de tal forma el sentido en el país?

Nuevamente, hay que mirar adelante. Todavía hay mucho que rescatar. Aunque este socavamiento del tejido social nos atraviesa, no es una condición estructural o definitiva. Toca volver a mirar e inventariar todas esas potencialidades existentes en el campo popular venezolano, sus expresiones de democracia radical, sus experiencias productivas, sus narrativas y agendas propias, las formas emancipatorias de su dinamismo político aluvional. A pesar de que existan enormes obstáculos y debilidades, son finalmente estos factores el sustrato, la esencia, de cualquier proceso alternativo a desarrollarse en los próximos tiempos.

Pero también los tiempos invitan a reinventarse. El giro histórico-político de las luchas populares en Venezuela podría estar en la recuperación y re-centramiento de la dimensión territorial –abriéndose intempestivamente camino ante la irresistible primacía de los objetivos de escala nacional–; esto es, territorializar las luchas. Reconfigurar las localidades. Y tejer comunidad, en medio de las dificultades. Construir desde ya, alianzas con otros sectores de lo popular. Promover la creatividad, las éticas populares y el valor de la dignidad. Sin todas estas bases materiales, estas expresiones contrahegemónicas seguirán adoleciendo de organicidad, se evidenciarán débiles ante los numerosos dispositivos de guerra, tendrán una alta dependencia económica del Petro-Estado y los sectores privados y seguirán careciendo de resultados concretos en sus territorios para testimoniar ese mundo que sueñan transformar.

¿Qué nos queda por reivindicar en cuanto a las grandes narrativas políticas? No hay un panorama claro al respecto. Pero al menos, recuperar el sentido en el ámbito nacional apunta en principio a retomar las demandas económicas y políticas que han unido históricamente a los de abajo, unión que reconfiguraría la polarización, que sería planteada nuevamente entre los de arriba y el vasto conjunto de las clases desfavorecidas. Y a esto habría que añadirle las demandas de sostenibilidad y justicia ambiental, ante el creciente y dramático empeoramiento de la situación de los ecosistemas, bienes comunes y la vida ecológica que nos constituyen. Las dimensiones de la crisis estructural del capitalismo rentístico venezolano evidenciarán más claramente estas rutas a transitar.

De plano conviene resaltar que la situación de potencial impago de la deuda externa unido a la descomunal corrupción que se ha devorado las cuentas públicas puede hacer converger a numerosas organizaciones populares, movimientos y comunidades en torno a una campaña nacional por la auditoría de todas estas cuentas del país. Se presentaría además una oportunidad para evidenciar los vínculos de la deuda y el desfalco con el extractivismo, en la medida en la que el respaldo material de estos procesos de despojo financiero global contra Venezuela son precisamente sus ‘recursos naturales’ y sus territorios. El relanzamiento del Arco Minero del Orinoco y todo el conjunto de proyectos que buscan re-colonizar viejas geografías y las nuevas fronteras de las commodities se realiza bajo esta racionalidad. De esta manera, podríamos tener la convergencia de luchas por la justicia en la distribución económica y ecológica al mismo tiempo. Algo nunca visto en la historia de las luchas populares venezolanas.

Se nos vienen extraordinarios desafíos. La búsqueda de la paz navega en aguas turbulentas. Toca no perder el centro y tomar el timón con fuerza.

Caracas, julio 2017

Emiliano Teran Mantovani es Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, ecologista político y master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Investigador en ciencias sociales y mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 por el libro ‘El fantasma de la Gran Venezuela’. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, en el Grupo de Trabajo CLACSO sobre ecología política y ha colaborado con el proyecto EjAtlas – Justicia Ambiental con Joan Martínez Alier. Hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.

1 http://www.asambleanacional.gob.ve/documentos_archivos/compromiso-de-gobernabilidad-de-la-mud-47.pdf

2http://www.avn.info.ve/contenido/proponen-para-faja-petrol%C3%ADfera-del-orinoco-r%C3%A9gimen-especial-inversiones

3 https://www.youtube.com/watch?v=ECFjxwNUmfU&feature=youtu.be

4http://www.avn.info.ve/contenido/consejo-nacional-econom%C3%ADa-productiva-se-re%C3%BAne-palacio-miraflores

5https://www.repsol.energy/es/sala-prensa/notas-prensa/2015/07/06/repsol-pone-en-marcha-el-megacampo-perla-en-venezuela

6http://www.eluniversal.com/noticias/economia/venezuela-china-acuerdan-inversiones-petroleras-por-4250-millones_656744

7http://www.telesurtv.net/news/Venezuela-y-Trinidad-y-Tobago-construiran-gasoducto-20170315-0063.html

8http://vtv.gob.ve/siembra-minera-se-perfila-como-empresa-mixta-no-petrolera-mas-grande-en-venezuela/

9http://vtv.gob.ve/presidente-maduro-sostendra-encuentro-con-representantes-de-angola/

10http://avn.info.ve/contenido/venezuela-y-china-firman-acuerdo-400-millones-d%C3%B3lares-para-actividades-mineras

11https://www.aporrea.org/economia/n309632.html

12https://www.aporrea.org/actualidad/a243086.html

13https://www.efe.com/efe/america/ame-hispanos/cisneros-cree-que-fin-de-la-crisis-venezolana-pasa-por-cuba-colombia-y-eeuu/20000034-3263847

14 https://laradiodelsur.com.ve/2017/05/17/ministro-arreaza-denuncio-intento-de-boicot-por-parte-de-julio-borges-hacia-desarrollo-minero-de-venezuela/

15 http://vtv.gob.ve/inversion-extranjera-631-millones-370-mil-dolares-firm…

16https://www.youtube.com/watch?v=L-MQIeCOPCY

17 Pompeo afirmó el pasado 20 de julio que esperaba que se produjera una ‘transición’ en Venezuela y que trabajaban duro para comprender las cosas que allí ocurren y comunicárselas al Departamento de Estado y a los gobiernos de Colombia y México, de manera que obtuvieran los mejores resultados posibles https://www.youtube.com/watch?v=e1vFn3_5Xbw. Varias fuentes han revelado las diversas operaciones de intervención que se han aplicado desde el inicio de la Revolución Bolivariana. Por ejemplo, decenas de miles de cables revelados por Wikileaks han revelado apoyo a opositores al gobierno, desde la época del presidente Chávez. Citando un caso, la contratista de USAID/OTI ‘Development Alternatives Incorporated’ (DAI) reconocía que quienes organizaban las protestas contra el presidente Chávez en 2009 eran ‘nuestros financiados’ –‘are our grantees’. https://wikileaks.org/plusd/cables/09CARACAS1132_a.html


Las inversiones petroleras retroceden en Chubut a niveles de 2008

Por Marcelo García (Exclusivo/El Extremo Sur).

Las inversiones de las operadoras en Chubut para este 2017 sumarán apenas unos 1.042 millones de dólares. Retrocedieron a niveles comparables con los de hace casi 10 años atrás. 

Aunque los anuncios de las compañías petroleras en los yacimientos chubutenses mostraron un leve aumento del 12% respecto del año pasado, las cifras que se concretarán en este año son 41% menores que las de 2015 y se asemejan a los flujos inversores de finales de la década pasada.

A través del Ministerio de Energía de la Nación se dieron a conocer las inversiones proyectadas para 2017 por parte de las operadoras en Chubut, alcanzando solamente 1.042 millones de dólares.

Dicho monto representa un aumento del 12% respecto de 2016, cuando solamente se invirtieron 924 millones de dólares, 118 millones más que el año anterior. Sin embargo, se traduce en una caída del 41% respecto de 2015, cuando se invirtieron en Chubut 1.769 millones de dólares. La baja comparativa es de U$S727 millones.

Aquel 2007

Los U$S1.042 millones que se concretarían este año representan volúmenes similares a los concretados por las operadoras en Chubut durante los años 2008 y 2010, es decir que se retornó a los niveles de inversión que se generaron tras la renegociación -anticipada y por 40 años- del yacimiento Cerro Dragón que se acordó en 2007 entre Pan American Energy y el gobernador Mario Das Neves; pero también muy por debajo de las adecuaciones a la Ley Provincial de Hidrocarburos.

Durante 2008 las operadoras invirtieron un total de 1.174 millones de dólares, y en 2010 volcaron en los yacimientos chubutenses un total de U$S1.022 millones. Los 1.042 millones previstos para este 2017 representan valores similares a aquellos años citados. La comparación arroja 132 millones menos que en 2008 y apenas 20 millones más que en 2010.

Durante la última década, las inversiones en Chubut promediaron los 1.230 millones de dólares anuales, reflejando para este año en curso una caída de 200 millones de dólares. Eso representa una baja del -15% respecto del promedio anual invertido en los últimos 10 años.

PAE, arriba pero con bajas

El mayor flujo inversor fue anunciado por PAE, que proyectó inyectar fondos por 678 millones de dólares en Chubut. Dicha cantidad representa un aumento del 21% respecto del año anterior, aunque presenta una caída del -40% sobre los U$S1.137 millones invertidos en 2015 y del -15% si se los compara con los 801 millones de 2008.

YPF, derrumbándose

En el caso de YPF la proyección para 2017 es de 206 millones de dólares para Chubut, transformándose en el valor más bajo desde la expropiación de Repsol en 2012. Respecto de 2016 la baja inversora es del -13% y del -51% respecto de 2015; y supera en 26% a los 163 millones invertidos en 2008.

CAPSA, en suba constante

Entre las operadoras que poseen concesiones en Chubut, CAPSA es la única que mantiene un aumento constante de sus inversiones en la última década, siempre dentro de su escala y lejos de las más grandes.

Para 2017 proyectó 78 millones de dólares, que representan su nivel más alto. Respecto a 2016 subió sus inversiones en un 16%. Al comparar los datos con los de 2015 el aumento es mínimo, ya que ascendieron a 76 millones. Con respecto a las de 2008 aumentará 76%, debido a que entonces aportó 44 millones de dólares.


Para continuar el debate pos jornadas ‘Cuerpo y territorio en contextos neodesarrollistas’

Jornada de reflexión, investigación y coproducción de saberes
Cuerpo y territorio en contextos neodesarrollistas

Documento Pos jornada para continuar con el debate

Este documento refleja los intercambios y las conversaciones desarrolladas a lo largo de la Jornada Cuerpo y Territorio en contextos neodesarrollistas, que tuvieron lugar en la Universidad Nacional del Comahue los días 16, 17 y 18 de marzo del corriente año. Esta posibilidad de encuentro entre grupos de investigación -de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad Nacional del Comahue-, Organizaciones Sociales e integrantes del Pueblo Mapuce, habilitó un espacio de intercambio y circulación de saberes producidos a partir de diferentes concepciones y prácticas culturales y económicas acerca de (y en) los territorios. Los días de la Jornada se buscó articular posiciones entre concepciones críticas provenientes de disciplinas sociales y aquellas gestadas desde experiencias colectivas y conocimientos que no suelen tener espacio en los ámbitos académicos y políticos.

El extractivismo

Uno de los aportes centrales de los debates giró en torno a la caracterización de la actual etapa del capitalismo como extractivismo, etapa identificada como parte de la dinámica neodesarrollista presente en los últimos 50 años en los países latinoamericanos. Dicho proceso se identifica por el agotamiento de los recursos disponibles, por la transición de la etapa keynesiana hacia el neoliberalismo y por la emergencia de luchas sociales no sólo centradas en la lucha de clases, sino por la emergencia de luchas anticoloniales, de mujeres y de pueblos originarios.

Asimismo, en las exposiciones del panel de apertura y cierre se puso de manifiesto la aceleración y profundización del extractivismo como lógica de reproducción del capital, en el que los capitalismos nacionales están visiblemente dominados por las transnacionales, dado que lo que domina al actual capitalismo global son las grandes corporaciones internacionales. Se señala que los estados capitalistas en nuestros países operan en clave transnacional y de manera creciente, a pesar de los discursos en los que se pretenden instalar -desde los llamados gobiernos progresistas en estas últimas décadas-, cierta disputa entre el capital local y el capital transnacional. El Estado, como forma de la relación del capital con el trabajo, se está transformando en un Estado más transnacionalizado y eso es un problema para las luchas que tenemos en frente.

Se observa que el extractivismo se ha exacerbado así como la propia violencia capitalista. Asimismo, como parte de dichos procesos, se visibiliza el desarrollo de luchas vinculadas con el territorio en disputa con el extractivismo: de los movimientos originarios, campesinos, resisten contra el extractivismo de frontera en territorios antes no valorizados por el capital. A estas luchas que se caracterizan por tener una radicalidad novedosa se pliega el movimiento ecologista vinculado a la reproducción de la vida más en general.

Estado, Patriarcado y Racismo

Vivimos en un país presumiblemente blanco, estructurado sobre la negación de nuestra condición de pueblos originarios. La intención, desde la conformación de los Estados, fue la eliminación de estos pueblos; un genocidio que aún continua. El caso del Noroeste argentino, fue probablemente el genocidio perpetrado principalmente por el español, en el sur es el genocidio perpetrado ya por los criollos. Y la elite, la oligarquía criolla fue tanto o más brutal y violenta en sus procesos que el propio invasor español.

El año 1492 marca esa bifurcación trágica, donde empieza una senda de deshumanización. Se impuso una idea de modelo de desarrollo que nada tiene que ver con nuestra concepción de mundo, con nuestra proyección. La brutalidad de esa violencia inconmensurable se ejerce para destruir territorios, culturas, y con eso decimos lenguajes, pueblos, conocimientos, saberes. Cuando el colonialismo se transforma en colonialidad, es que el pueblo colonizado y conquistado empieza a ver el mundo con los esquemas del conquistador. La fantasía colonial del desarrollo, es eso: es una invención de que todos podemos llegar a tener ese modo de vida imperial, del varón, del conquistador. Se nos dice que esa es la cumbre de la humanidad cuando es la expresión más paradigmática de deshumanización.

En esa bifurcación histórica geológica, el sujeto moderno ya como científico, ya como burócrata estatal, se arrogó la disposición de los cuerpos y los territorios. Este varón conquistador se concibe como conquistador y no como cuidador. Es el productor de una relación de extractivismo con los territorios y con los cuerpos de los/as otros/as, los cuerpos de la población que vive en esos territorios otros. Con su habitus conquistador, cree que se hace más humano con la explotación de eso que llama naturaleza incluida la tierra, incluidas las mujeres, incluidos los pueblos originarios.

Hoy los conflictos ambientales constituyen grandes nudos de reproducción de estas desigualdades. Los cuerpos y los territorios no son una temática descubierta, creada, producida primero y principalmente por el mundo académico, ni siquiera el mundo académico crítico. Cuerpo y territorio son temas puestos en la agenda por sujetos históricamente expropiados de su condición de ser, son sujetos negados históricamente u originariamente como sujetos y sujetas.

El tema de los cuerpos es claramente puesto en la agenda por el movimiento de mujeres y por el movimiento feminista. En los últimos años en estos procesos las mujeres han tenido un lugar desigual, y los costos también son desiguales. A eso le sumamos toda la carga de trabajo reproductivo no remunerado y las externalidades que recaen sobre las mujeres, también en las tareas de cuidados, en la posibilidad de permanencia o no en los territorios. Desde la academia, no estamos produciendo conocimientos de o sobre los cuerpos y territorios, estamos sistematizando conocimientos de la experiencia histórica y política de lucha de los sujetos que ya están en existencia hace ya a 500 años. Porque ellos y ellas son las principales víctimas de una agresión colonial que no ha concluido. En ese sentido, el lugar de la academia es de disputa.

Llevamos más de 500 años de extractivismo, en el cual, todos los dispositivos institucionales que se crearon en esa cultura, en esa sociedad, fueron y son pensados por y para la depredación. Incluso los aparatos estatales están pensados por y para la depredación. Si nos preguntamos: por qué persiste tanta barbarie del capitalismo, del colonialismo y del patriarcado, la respuesta tiene que ver no con un falla de la razón sino con cómo el capital ha colonizado nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras formas de percibir y sentir el mundo. Por eso somos incapaces de sentir la devastación que está aconteciendo. Los vínculos entre los cuerpos y los territorios hoy están mediados por la lógica del capital; y la lógica del capital implica un proceso de alienación de nuestro modo de vida, de nuestro sentido de la vida.

Las vidas en el territorio

La imposición del capitalismo y del sistema estatal sobre los territorios de los Pueblos Originarios, y en particular del Pueblo Mapuce, se hizo sobre la base del genocidio y la violencia hacia sus sistemas de vida, lo que implicó la ruptura de sus modos de relación con el territorio, a través de la imposición de un sistema ajeno y destructivo de desarrollo, situación que continúa y se profundiza en el momento actual. Es una agresión colonial que no ha concluido.

Para la cosmovisión mapuce, así como para otros pueblos originarios y preexistentes, la tierra no es un recurso, no es mercancía, una propiedad del que la usa. El territorio/ wajmapu lo es todo: es el espacio para la producción del alimento, para la revitalización, para la comunicación con todas las otras vidas/ ixofijmogen que lo conforman y se hayan organizadas y equilibradas en él. En este sentido, hablar de biodiversidad y de una utilización sostenible de lo que nos rodea, no es algo nuevo para el Pueblo Mapuce, sino que es su concepción de mundo entender que pu ce/personas son parte de ese conjunto de vidas y tienen la gran responsabilidad de proyectarse junto con y no a expensas de ellas. Por eso se habla de la puesta en práctica del kvme felen/ estar bien, como proyección, más allá de reconocer que “el territorio, nuestros cuerpos, el cuerpo de cada uno de los newen/ vidas está afectado, atravesado y violentado por un sistema capitalista, racista, colonial, y patriarcal”, por ello es fundamental la lucha por el territorio. De esta forma el tema de los territorios es claramente puesto en la agenda política y epistémica, por los pueblos originarios. El territorio es la base, la protección, los pueblos indígenas claman que no pueden ser pueblo sin territorio, pero no pueden vivir como pueblo sino ejercemos la libre determinación en los espacios. La base de la relación con el otro no mapuce es el respeto. En él, mientras tanto se llega al estado plurinacional, mientras se llega al ejercicio de la autonomía y control territorial, para ello se expresan varias respuestas: el comanejo en área de parques, la educación intercultural, el ejercicio cotidiano de la identidad.

El ‘desarrollo’ tal cual es entendido en términos del extractivismo capitalista, es un sistema estructurado sobre un régimen que se alimenta de la depredación de las energías vitales: se apropia del trabajo, que es energía social; se apropia de las energías primarias, ya sea que estemos hablando de recursos energéticos como los hidrocarburos, o de los cultivos, los bienes forestales, etc., y en vez de reconducirlos hacia la vida, los transforma en mercancía y los somete al valor abstracto de la lógica de la ganancia.

‘Cuando me corrieron de mi tierra yo sentí que me habían cortado una parte de mi cuerpo’: ésa es la vivencia que realmente tienen esos otros pueblos, esos grupos, esas culturas, esas territorialidades reexistentes. Por el contrario, la gran mayoría de la gente que vive en las ciudades está alienada de los vínculos materiales y espirituales que lo unen al territorio.

La exacerbación del modelo extractivista a través formas de explotación como el fracking, la megaminería, la industria del turismo, profundiza actualmente las heridas sobre los territorios y sobre los cuerpos. Esta situación ha aportado al desarrollo de luchas llevadas adelante por los pueblos originarios y otros colectivos, quienes colocaron la temática de los territorios en la agenda política y epistémica. Es imprescindible que la academia reconozca los conocimientos y la experiencia histórica y política de lucha de los sujetos que ya están en existencia hace 500 años, que habilite un debate y diálogo de saberes.

La construcción de hegemonía y resistencias

En los intercambios se reconocen una multiplicidad de luchas y resistencias que tanto por el volumen territorial, como por la cantidad de conflictos y organizaciones involucradas, llegan a poner en el centro cuestiones que estaban invisibilizadas.

Hoy las principales luchas emergentes contra el extractivismo son protagonizadas por aquellos sujetos que históricamente fueron expropiados de su condición, movimientos originarios, mujeres, campesinos, sujetos que reaccionan resistiendo al modelo civilizatorio impuesto. Son luchas trazadas con una radicalidad novedosa en tanto sostienen críticas de fondo al propio sistema capitalista.

Además, se conversó en torno al desafío descolonizador de construir un horizonte emancipatorio otro con una agenda distinta. Esto implica recuperar conciencia territorial y conectar condiciones materiales y simbólicas de autonomía, que incluye la producción comunal y autogestionaria de la soberanía alimentaria, hídrica y energética, como así también el movimiento de desterritorialización y reterritorialización para lograr salir de la territorialidad capitalista, colonial y patriarcal que genera un entorno inhóspito, deshumanizante e injusto.

Esta agenda significa buscar otras epistemes desde una profunda rebeldía que nos lleve a caminar hacia una “migración civilizatoria” para poder volver a sentir en nuestra propia piel las formas de agresión a la madre tierra. Las categorías del ecofeminismo aportan a los procesos de lucha y prácticas militantes a partir de un reposicionamiento sobre diferencias y desigualdades, y de poner en el centro la imperiosa necesidad de defender la vida, a partir de la centralidad de los conflictos socioambientales, como disputa de sentidos que movilizan estrategias de resistencia o lucha.

Como reflexión final se consideró a la lucha como una tarea colectiva, no de sujetos individuales ni de un sector particular. Lucha en la cual estamos tratando de aprender de la experiencia política, histórica de los/las sujetos/as expropiados de su propia condición. Tenemos mucho que aprender y tenemos poco tiempo. “Ojalá sigamos teniendo el coraje porque no nos queda otra.”


Aranguren anuncia otro tarifazo de gas pensando en la exportación

El ex CEO de Shell protagonizó hoy un nuevo capítulo en la saga de la mercantilización de la energía: anunció aumentos de tarifas de hasta un 37% para los hogares y anticipó una nueva suba en noviembre, que se transferirá de manera directa desde quienes consuman hacia las empresas del sector. El ministro explicitó sus objetivos a mediano plazo, como la posibilidad de volver a exportar gas y la búsqueda de que “sea el mismo mercado el que defina” el valor de los hidrocarburos.

Por Felipe Gutiérrez.- Reapareció Aranguren, volvieron los tarifazos. Esta mañana el Ministro de Energía anunció los nuevos cuadros tarifarios que incluyen mayores aumentos para los hogares que tienen menor consumo y anticipó otras alzas tras las elecciones, en noviembre de este año y en abril de 2018. Esta modificación en el cuadro tarifario persigue transferencia de montos millonarios desde las y los usuarios a las principales compañías del sector. Así, el precio pagado a la extracción de gas en boca de pozo aumentará en un 10% mientras que las compañías de distribución y transporte tendrán un aumento parcial del 30%.

Otra característica de este nuevo tarifazo, es que es más pronunciado en las casas que menos consumen. Por ejemplo en los hogares que consumen hasta 70 m3 (segmento conocido como R22) tendrán un ajuste de 37,6% mientras que el aumento será de 20,6% en las que consumen hasta 216 m3 (R34). Más allá de las diferencias entre hogares, en todos el alza será superior al doble del valor del invierno pasado, debido a que el primer tarifazo estuvo frenado por diversos amparos judiciales, y no se aplicó durante los meses más fríos.

Dos objetivos explícitos y dos implícitos

Durante la conferencia de prensa realizada el viernes 31 de marzo, Aranguren señaló cuáles son los principales objetivos de su cartera: bajar el costo de la generación energética y reducir los cortes, mejorando la confiabilidad del sistema. Los objetivos que subyacen a este discurso, sin embargo, son otros: el crecimiento exponencial de la extracción por medio del fracking en la cuenca Neuquina y la eliminación del sistema de subsidios para pasar a un esquema energético totalmente liberalizado.

En esa línea, durante la conferencia de prensa anunció que este año dejarán de tener vigencia los planes Gas Plus, que incentivaban la extracción, a una reducción progresiva de US$7,5 el millón de BTU en 2018 a US$ 6 en 2021, lo que justificó debido que espera una mayor competencia; “es natural que con la mayor producción, los precios en la Argentina tengan que bajar. Necesitamos más competencia, necesitamos que más empresas inviertan para que los precios bajen”.

El funcionario justificó esta nueva política en una preferencia del gobierno y en que “la misma Corte Suprema en su fallo dijo que cuando el mercado define cual es el precio, hasta no es necesario una audiencia pública. Queremos formular una propuesta de valor para las empresas productoras y las empresas consumidoras del gas natural que sea el mismo mercado el que las define”.

El fin de estas políticas no es otro que profundizar la mercantilización del modelo energético, cuestión que ha sido una de sus preocupaciones desde la primera hora. La obstinación del gobierno para que las y los diversos consumidores paguen un supuesto “precio real” de la energía no sólo oculta el hecho de que los valores de la extracción de gas son producto de acuerdos con las petroleras (unas de las más beneficiadas por este nuevo modelo) sino que explicita una concepción de la energía en tanto bien de consumo.

Sin embargo la energía, así como por ejemplo el agua, es un Derecho Humano y por lo tanto su acceso debiera estar garantizado por el Estado. Del mismo modo todos los subsectores de la energía (extracción, producción, generación y transporte) debieran ser declarados de utilidad pública y controlados por el Estado en tanto bien estratégico. Por esto es que la política de dejar los precios liberados al mercado termina confrontando con el cumplimiento de las necesidades básicas de las personas, en favor de un puñado de empresas concentradas.

Pero para Aranguren la energía es un bien de consumo tanto que el objetivo a mediano plazo es que pueda ser vendido, transformando al país de un importador de gas “a una situación de equilibrio o inclusive a volver a exportar por ejemplo en el verano. Y esto es lo que creemos que va a ocurrir”, señaló Aranguren nostálgico, quizás, de los noventa.

Si queres conocer más sobre la crisis del sistema energético argentino te recomendamos este video que realizamos junto con el Colectivo Vaca Bonsai

 

 

 

Nacional


Serie de videominutos “Alternativas para la Soberanía energética”

El 24 de noviembre realizamos el encuentro Alternativas para la Soberanía Energética.  Qué energía y para quién en el Centro Cultural de la Cooperación, en Buenos Aires. Esta iniciativa de encontrarnos con organizaciones sociales, sindicales, ecologistas y de izquierda; de generar condiciones para escucharnos y debatir, surge ante la necesidad de articular alternativas a la matriz fósil vigente, de iniciar una transición hacia un sistema energético limpio y renovable desde una perspectiva democrática, participativa, justa y socioambientalmente sustentable. Compartimos los videominutos de esas jornadas.

“Generar conciencia para que no seamos marionetas de las exigencias de las empresas”
“Saber de qué se trata para poder dar una respuesta desde el campo popular”
“Energía participativa y limpia para generar una vida digna”
 
“El acceso a la energía es un derecho indispensable”.
“Control obrero las fuentes alternativas y control popular de las cuestiones ambientales”
“Hay que democratizar la propiedad de las fuentes energéticas”


Contra el despojo de la comunidad Shuar. Respuesta a Emir Sader por Verónica Gago

La acusación de Emir Sader (ver acá) a quienes firmamos el manifiesto impulsado contra el despojo de la comunidad Shuar a manos de proyectos de minería megaextractiva y la persecución de lxs militantes de Acción Ecológica es útil: explicita muchas de las razones que contribuyen a lo que él dice querer evitar: la debilidad –envuelta en soberbia– de lo que fueron o son los llamados “gobiernos progresistas” y de muchos de los intelectuales que se consideran orgánicos a ellos. Veamos los puntos:

1)  El lugar en el que ubica a las luchas sociales por el territorio y por la vida. Él dice: “Más allá de la justicia o no del reclamo, más allá de la mayor o menor importancia del tema”. El menosprecio que implica ese “más allá de la justicia” y el lugar en el que intelectuales como Sader creen ocupar para marcar ese más allá, que no es más ni menos que el lugar del calendario electoral ubicado como instancia superior, reitera una vez más cómo los conflictos y las luchas concretas sólo son nombradas o convocadas cuando refrendan la legitimidad de un gobierno. Y cuando no contribuyen a tal propósito, además de poner en duda su “justicia” o de relativizar el peso de esa “justicia” con relación a una escena supuestamente “mayor”, son reducidas a un mero “tema”. De nuevo: el desprecio a las luchas concretas no es más que una pirueta para no discutir la articulación de los gobiernos con la trama de negocios con las multinacionales y el modo en que eso se traduce en violencias concretas para comunidades concretas. No se pide un purismo a los gobiernos llamados progresistas, sino un balance político sobre los efectos concretos que se esconden una y otra vez en nombre de la “soberanía nacional”.

2)  El tiempo en el que ubica a las luchas sociales por el territorio y por la vida. Dice Sader que en las inminentes elecciones presidenciales en Ecuador de lo que “se trata es del futuro del país”. ¿Debemos entender que las luchas que piden un acompañamiento y un pronunciamiento público complotan contra el futuro? La culpabilización a los movimientos y a las organizaciones que no se cuadran es bien jodido: justifica su criminalización en nombre de una soberanía abstracta y a futuro, justifica en el presente la avanzada neoextractiva depredadora. Pero aún de modo más irónico, Sader dice que la eventual victoria del candidato opositor al oficialismo representará “la devastación de la Amazonia y de los pueblos que la habitan”. Es llamativo cómo ese “tema” le interesa sólo a futuro y como argumento a favor del voto del candidato que apoya Correa (es gracioso incluso que advierta sobre la amenaza que viene con la palabra “desmonte” de todo lo conquistado).

3)  La acusación a la construcción de alianzas y redes de apoyo. Sader habla a los intelectuales (en masculino, por supuesto). Con eso, primero desprecia a las organizaciones y luchas que son las impulsoras del manifiesto. Luego, explica que lxs firmantes o estamos engañadxs o tenemos mala fé o somos hipócritas porque la ecuación es simple: apoyar a las luchas en los territorios es hacerle el juego a la derecha y debilitar al gobierno (a escala regional). En América latina, ese binarismo logró congelar durante bastantes años las posibilidades de discusión, imposibilitó a muchas luchas tener un lugar sin quedar subsumidas en si estaban a favor o en contra de los gobiernos. La ofensiva conservadora y neoliberal de la región que estamos presenciando se debe en parte al modo en que esos espacios de debate internos, de escucha a los movimientos, de crítica no canalla fueron desconocidos, despreciados y, en muchos casos, perseguidos. Al modo en que se disciplinó desde arriba toda crítica a las articulaciones problemáticas entre neodesarrollismo, neoliberalismo y neoextractivismo. Que ahora se insista de nuevo en culpabilizar a la crítica de las derrotas electorales es, ni más ni menos, lo que permite una vez más quedar a salvo y dejar intocado un modo de pensamiento político que ya mostró sus límites.

4)  La “ultraizquierda” como causa de la derrota progresista. Este argumento, que acusa de complot y de instrumentalismo a las alianzas entre movimientos e intelectuales críticxs, con el sólo propósito de una posición “aventurera” que busca conseguir un lugar en el campo político, no sólo es mezquina (se atribuye la famosa hegemonía del espacio político), sino que sobre todo pone a la crítica como “causante” de un amplio rechazo –que aun no se termina de discutir a fondo- de la legitimidad de los gobiernos progresistas, evitando así problematizar en serio las causas de las sucesivas “derrotas”. Esto implica no sólo la infantilización del electorado de distintas clases sociales, sino también el desconocimiento de cómo operan fuerzas bastante más complejas: las iglesias contra la llamada “ideología de género”, las finanzas como formas de explotación a las economías populares, las concesiones a las multinacionales como expropiaciones directas a las comunidades, etc.

5) Lo que Sader llama “la disputa mayor del continente” es claramente el modo retórico de defensa abstracta a algunos gobiernos. Que para hacerlo tenga que despreciar a las luchas concretas y atribuirse el “ser de izquierda” (en este caso como sinónimo de defender el oficialismo en Ecuador) revela uno de los mayores problemas del progresismo: el desprecio a las fuerzas sociales que no se encuadran y que cuestionan los cimientos neoliberales que el progresismo en el poder no se animó a confrontar. El texto de Sader revela un modo de argumentar más amplio que es incapaz de dar lugar a una verdadera discusión sobre los efectos perversos y violentos de las formas de articulación entre capital y Estado en el ciclo de los gobiernos llamados progresistas. Este cierre revela bastante de sus recientes derrotas.

Lobo Suelto!


Vaca Muerta, del boom al bum

Si el año no fue fácil para el nuevo gobierno nacional, mucho menos para los impulsores de Vaca Muerta. Ajustes, crisis, intereses contrapuestos, son parte de la nueva realidad que golpea al sector hidrocarburífero. La esperada lluvia de inversiones del segundo semestre se transformó en temporal de despidos, paros y conflictos para el cierre de año.

vaca-pozo

Por Martín Alvarez Mullally*

A días de concluir su primer año de gestión, el macrismo energético está golpeado por los tarifazos y preocupado ante la poca claridad de cómo afrontar la severa crisis energética que avizora. Este sector será clave para abordar el próximo año electoral. Además, los cortes eléctricos de verano afectarán tanto a los usuarios domiciliarios principalmente en su bastión porteño, como al sector industrial, porque en casos de urgencia le bajarán la térmica.

En cuanto a hidrocarburos, todo indicaba que, tras el triunfo de Cambiemos y el arribo de Juan José Aranguren al Ministerio de Energía, habría más continuidades que rupturas en estas políticas. Incluso hasta los primeros meses se habló de que Gallucio seguiría a cargo de YPF como CEO, sin embargo abandonó la torre de Puerto Madero. Subsidios y transferencias a las productoras de hidrocarburos, altos valores en el costo de los combustibles, precio sostén del barril, ajuste de costos operativos y salariales, exploraciones en nuevas áreas a cargo de YPF y la continuidad de la curva de aprendizaje sostenida por la empresa de bandera eran parte del combo de la gestión pasada. Pero el macrismo condimentó al sector a su paladar. Tarifazo en materia gasífera y eléctrica, amenaza de salida formal del precio sostén -informalmente ya se estaba pagando menos en el mercado local-, importaciones de crudo para beneficiar a las refinadoras, aumento de combustibles graduales y programados, retoques fiscales y un plan de ajuste severo en materia laboral fueron aportes de la nueva gestión.

La idea de recurso estratégico -que el gobierno anterior nunca cumplió- se fue rápidamente al tacho para retornar sin escalas hacia a lo más crudo del neoliberalismo energético. Menos Estado, más mercado: una fórmula neoliberal clásica y hasta un poco aggiornada para estos tiempos modernos. La asociación de capitales mixtos es una tendencia mundial al momento de explotar bienes comunes y los Estados son la pieza clave de garantías para las inversiones. Todos tiran de la pirinola pero nunca son las grandes compañías las que más arriesgan; el “todos ponen” es tan relativo como nombrar “inversiones” a los préstamos que Chevron le hizo a YPF a través de empresas offshore.

Este retorno al libre mercado generó nuevas controversias y la batalla del crudo puso en la trinchera contraria a provincias productoras, sobre todo a Neuquén alcanzada por el desacoplado barril criollo. La provincia gobernada desde hace cincuenta años por el Movimiento Popular Neuquino siempre mantuvo un buen vínculo con el poder central, incluso hasta en dictaduras, salvo en muy pocos momentos la relación fue tensa, como en el caso del gobierno de Jorge Sobisch y los Kirchner. Con un barril internacional bajo, la idea de Aranguren era impracticable, pero con un valor en alza, tras los acuerdos de la Organización de los países exportadores de petróleo (OPEP), quizás se pueda llegar al objetivo de que lo que pagan las refinadoras por la materia prima sea lo mismo que sale en el mercado internacional. Mientras tanto el Ministerio dio concesiones a las refinerías, tras la devaluación –donde ganaron las productoras que cobran en dólares- con permisos de compras al mercado internacional y un aumento escalonado del precio de los combustibles, que incluso con la contracción económica generada fue menor el consumo si lo comparamos con el año anterior.

Bajar costos para que el mercado mande, es según Cambiemos la receta para que las inversiones lleguen. Para que eso ocurra se deben dar condiciones de alcance en donde la franja de ganancia sea mayor. Para que el negocio cierre buscan generar nuevas reglas de juego: ajuste en los salarios petroleros, baja de costos operativos, menores valores de las prestadoras de servicios, infraestructura y hasta reducciones de la pequeña renta apropiada por los estados.

Esta receta puede cerrar en excel que circula entre Puerto Madero y Casa de Gobierno, pero cruzando el río Colorado las cosas se ponen feas, un retorno de desocupados cortando rutas, miles de despidos, suspensiones y jubilaciones inducidas son parte de una nueva coyuntura con la que se tiene que lidiar. Un presupuesto armado con un valor del barril a 63 dólares por el gobierno de la provincia de Neuquén, colisiona de frente con los 55 dólares que pretende el gobierno nacional, algo impensado teniendo en cuenta los augurios grandilocuentes de los más de cien dólares que esperaba el kirchnerismo al iniciar Vaca Muerta. Según el periodista Roberto Aguirre, por cada dólar de diferencia, la provincia pierde 6.5 millones mensuales de su presupuesto. Bajo este camino, a los piquetes de desocupados, se les sumarán prontamente los estatales, una combinación explosiva ya vista a fines de los noventa en la norpatagonia. Pasamos del boom de Vaca Muerta, a un explosivo bum! de la conflictividad social generada por una actividad extractiva y una economía enclave dependiente de los vaivenes del mercado internacional. Mientras el petróleo busca encontrar estabilidad el gas ha sido una alternativa en el mundo no convencional.

*Investigador del Observatorio Petrolero Sur. Miembro de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES).

La Izquierda Diario

Vaca Muerta