Tag Archives: Opinión y debates

PNCalilegua

Calilegua: claroscuros de la remediación y persistencia de los intereses extractivistas

[wp_easy_bubble_menu id='1']

Trabajadores y las trabajadoras del parque y la Asamblea de Organizaciones en Defensa del Parque Nacional Calilegua se movilizaron ante la llegada a la zona de autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) con un petitorio que va desde los despidos y la contaminación petrolífera del parque hasta la continuada violación de leyes internacionales sobre consulta a los pueblos originarios.

PNCalilegua

Por Colectivo Radio Pueblo

[Escuchar audio de la entrevista]

Enterados los trabajadores y las trabajadoras del Parque Nacional Calilegua (PNC) y la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC de la llegada a la zona de autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) se movilizaron al sitio de reunión, a la que no fueron invitados pese a su conocida lucha, para expresarles sus reclamos en varios puntos que, aún con el cambio de autoridades, siguen sin respuesta desde las administraciones anteriores y que van desde los despidos y la contaminación petrolífera del parque hasta la continuada violación de leyes internacionales sobre consulta a los pueblos originarios.

Si bien en un principio el presidente de la APN, Eugenio Brèard, no se avino a entrevistarse con los integrantes de la asamblea por “estar ocupado”, en palabras del jefe de Gabinete, Santiago Montanaro, sin embargo la permanencia de los trabajadores y la asamblea logró la entrevista buscada y el planteo de algunos de los puntos principales del petitorio por el que vienen movilizando.

Uno de los varios puntos exigidos fue respecto de la situación laboral de una compañera del Parque Nacional Calilegua, Lucía Brunetto, que aún se encuentra despedida pese a las promesas que se vienen sucediendo. Lucía era quien administraba distintos proyectos sociales vinculados al parque para las comunidades colindantes tales como infraestructura y capacitación, labor social del PNC que queda así desatendida.

Sobre este particular cabe mencionar que la respuesta del presidente de la APN fue desconocer la existencia de despedidos de Parques Nacionales, argumento que fue rebatido in situ por la propia compañera despedida pero que, para no prolongar la nota, resultó un argumento reiterativo de las autoridades frente a casi todos los items planteados: el desconocimiento de situaciones debido a su novedad en el cargo. Vale aclarar que el presidente de directorio de Parques Nacionales fue designado por el decreto 236/2016 del 25 de enero de este año, hace más de 4 meses.

Otra exigencia de los trabajadores y trabajadoras del parque y de la asamblea fue la limitada e irregular designación de la comisión ad hoc para la remediación petrolera del PNC.

Limitada en el sentido que no cuenta esta comisión con participación de la parte civil, y por supuesto ninguno de los integrantes de la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC ni de los trabajadores y trabajadoras de parques que la integran, quienes son precisamente los que han hecho conocer nacionalmente la crisis ambiental de la explotación petrolífera del parque.

En cuanto a lo irregular, pues tiene varias aristas. Por un lado varios de los pueblos originarios cuyos territorios históricos se superponen con el del PNC y que forman parte de la asamblea en defensa del mismo no fueron invitados a participar de la comisión, pese a la existencia de leyes internacionales que exigen la consulta previa, libre e informada de todos los pueblos afectados en su territorio. Por otro lado, los representantes de Parques Nacionales nombrados para la comisión, Julio Monguillot y Raúl Chiesa, no sólo no fueron elegidos bajo ningún proceso de consulta, sino que a Monguillot le fue abierto un sumario en 2013 por el entonces guardaparque del PNC y fiscalizador del yacimiento, Guillermo Nicolossi, por acciones que favorecían a las empresas petroleras a través de un proyecto de explotación que se extendía por 24 años; Chiesa, en ese momento vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, fue quien cajoneó la investigación mientras Carlos Corvalán, presidente de la APN, avalaba el proyecto extractivo; razón por la Nicolossi presentara en 2014 una denuncia administrativa ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas frente a las actuaciones de Chiesa y Corvalán. En febrero de 2016 la denuncia ante la citada fiscalía fue ampliada por Néstor Sucunza, Intendente del PNC.

Se llega de esta manera al absurdo actual donde los denunciantes del extractivismo vulnerante del PNC quedan como meros espectadores de un necesario proceso de remediación del parque nacional y donde los representantes de la APN en la comisión ad hoc que debe decidir y fiscalizar las acciones de saneamiento del PNC son nada más ni nada menos que los trabajadores de parques sospechados o denunciados por favorecer a las petroleras, cuyas secuelas ambientales son ahora los responsables (un eufemismo) de resolver.

Los claroscuros no paran allí, pues Chiesa y Monguillot fueron nominados a la comisión ad hoc por la funcionaria del área conservación de la APN, quien luego de nominarlos renunció a su puesto, quedando hasta ahora dos personas sospechadas nominadas por la anterior funcionaria y el área virtualmente desierta para nuevas actuaciones.

Las consecuencias de tal situación son insospechadas, pues así las cosas quedan algunas preguntas clave sin responder. En una entrevista a Moisés Corregidor, trabajador del PNC y miembro de la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC, algunos de los alcances del gris pueden auscultarse: “como dato para la opinión pública, sellar uno de estos 32 pozos (petroleros abiertos en el Parque Nacional Calilegua) significa un gasto que ronda los 30 millones de pesos, millones más millones menos, y sellar el pozo 3, que ellos piensan como primera medida, es más caro, aproximadamente 5 veces lo que significan los otros pozos, o sea 150 millones de pesos para ese pozo que está colapsado”. Al preguntarle quien pagaría ese costo, la respuesta fue concisa y clara “es lo que no sabemos”. Acaso ese punto oscuro acabe arrojando en realidad más luz a los hechos.

La Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC exigió al presidente de la APN, quien alegó desconocer a fondo la situación, la impugnación de los designados a la comisión ad hoc y consecuentemente la designación de nuevos representantes a dicha comisión, donde también se debe tener en cuenta la participación de la parte civil, y en particular el respeto a las leyes internacionales que exigen la consulta previa, libre e informada de todos los pueblos originarios afectados.

Para finalizar al menos en los puntos centrales del petitorio, y rizando el rizo de esta nota, los trabajadores del PNC expresaron su apoyo a los trabajadores del Parque Nacional los Glaciares, que vienen denunciando violencia laboral consistentes en maltratos y amenazas de despidos en ese parque. El denunciado por ello es el actual intendente del Parque Nacional los Glaciares, anterior presidente de la APN y ya citado más arriba en esta mismo texto: Carlos Corvalán.

Red Eco Alternativo


13221057_10154168568322485_2231508898092669956_n

16/05 | Villa Regina: Charla-debate sobre fracking

[wp_easy_bubble_menu id='1']

Fracking, el avance de la actividad extractivista en nuestra zona

13221057_10154168568322485_2231508898092669956_nEste lunes 16 de mayo se realizará en la cuidad de Villa Regina una charla- debate sobre el preocupante avance de la explotación hidrocarburífera con el cuestionado método de fractura hidráulica (fracking). La misma es organizada por la seccional local de la Unión de Trabajadores/as de la Educación de Río Negro (UnTER) y contará con la presencia de Diego Rodil, trabajador de INTA, que analizará la pérdida de las tierras productivas en el Alto Valle; y de los investigadores del Observatorio Petrolero Sur Fernando Cabrera, Martín Álvarez y Hernán Scandizzo.

Durante la charla se proyectará Territorio Crudo, material audiovisual realizado en conjunto con el Colectivo Vaca Bonsai, y se exhibirá la muestra fotográfica Cicatrices de la Tierra, que reúne registros de Alexis Vichich y Martín Barzilai.

La cita es el lunes 16 de mayo a las 19 hs, en la sede de la UnTER Villa Regina (Guaraní y José Hernández).

Teléfonos de contacto

Silvana Inostroza , UnTER Villa Regina /  (0298) 446275 · cel. 2984272140

Martín Álvarez, investigador del Observatorio Petrolero Sur / cel. 2995040213


Arcodel-Orinoco

Los peligros del Arco Minero del Orinoco: un breve análisis desde la economía ecológica

[wp_easy_bubble_menu id='1']

En numerosas ocasiones se ha invocado la “irreversibilidad” de la revolución. Pero si había algo más esencial y fundamental que invocar, era la sostenibilidad del proceso. Es decir, que los medios básicos para reproducir la vida cotidiana, el agua, la energía, los alimentos, entre otros, puedan estar en un mínimo equilibrio respecto a los seres humanos que habitamos el país, y con las generaciones venideras. Sin esto, la utopía revolucionaria sencillamente no subsiste.

Arcodel-OrinocoFoto: Últimas Noticias

Por Emiliano Terán Mantovani

La situación que vivimos en la actualidad no es sólo consecuencia de un conflicto político a escala nacional, con sus respectivas injerencias imperiales. Es también el reflejo de la inviabilidad del capitalismo rentístico venezolano, de su crisis histórica, de su reformulación en la Revolución Bolivariana, y del desborde de la notable vulnerabilidad alimenticia, hídrica y energética que este modelo produce.

Como respuesta a esta crisis, el gobierno nacional está promoviendo un megaproyecto de minería sin precedentes en el país, el llamado Arco Minero del Orinoco (AMO). En realidad esta propuesta es un salto al vacío, que no solo nos atornillaría al rentismo y al extractivismo, sino que nos enrumbaría a un terrible camino de insostenibilidad, deteriorando enormemente las condiciones para la reproducción de la vida cotidiana de millones de venezolanos.

Numerosos artículos han ya circulado mencionando las características y perjuicios que provocaría el AMO. En este artículo, les propondremos un breve análisis crítico desde la economía ecológica, para plantear una re-lectura de las diferentes valoraciones económicas que están en juego, resaltando no sólo las nefastas consecuencias que este mega-proyecto tendrá con la naturaleza y los pueblos indígenas del sur del Orinoco, sino también la afectación de la vida integral del país, incluyendo las enormes poblaciones urbanas venezolanas. Presentaremos a continuación algunos de estos aspectos, profundamente interrelacionados, los cuales consideramos de gran relevancia:

a.Contabilidad ecológica en déficit: la vida se vuelve precaria

El lenguaje que ha prevalecido en la economía contemporánea ha sido expresado constantemente en dinero (con una orientación crematística). El valor que se impone es el monetario, las contabilidades de la “riqueza de las naciones” están monetarizadas –ej. PIB–, y hace que prevalezca un sistema económico metafísico que pretende explicarse a sí mismo a partir del dinero. De esta manera se invisibilizan otros valores esenciales para la vida (ecológicos, culturales, afectivos). Esto nos ha creado una ilusión de riqueza, o la esperanza de resolverlo todo con dinero, que ha sido muy perjudicial.

Pero la economía –la “administración de la casa”, según su etimología– es más que eso. Desde una visión integral de la vida, se trata no sólo de lo que se encuentra dentro del “mercado”, sino también, y en esencia, de la distribución de flujos de energía y materia, los cuales nos mantienen vivos. La economía es fundamentalmente un ámbito de la vida ecológica, un sistema de abierto muy complejo.

La histórica promesa de “sembrar el petróleo” se ha centrado en la riqueza monetaria. En la actualidad, el gobierno nacional ha justificado reiteradamente el enorme sacrificio para la población y la naturaleza que supondría el AMO, en nombre de obtener más divisas, ocultando con dinero el extraordinario empobrecimiento socio-ecológico que éste conllevará.

Si valuáramos las 7.000 toneladas de oro que podría poseer Venezuela en sus reservas, tendríamos dos valores para contrastar: por un lado, unos 280.000 millones US$ en ganancia para el Estado, y por el otro, unos 3,1 a 7,4 billones de litros de agua que serían usados y potencialmente contaminados para extraer todo ese oro (entre 1 millón 240 mil a 2 millones 960 mil piscinas olímpicas, que puestas una seguida de la otra podrían darle casi 4 vueltas a la Tierra).

¿Vale toda esta agua, toda esta vida, 280.000 millones US$? Este monto es casi igual a los ingresos totales de PDVSA sólo en 2012 y 2013, y actualmente lo que tenemos es un país endeudado y en severa crisis económica ¿Qué podría hacer un multimillonario sin agua? Si acabáramos con la principal fuente de agua del país (la cuenca del Orinoco), ¿qué haríamos con ese dinero obtenido?

¿Si reformuláramos la contabilidad económica dándole valor a los bienes comunes para la vida? ¿Si reflejáramos que esta destrucción de vida es una destrucción de riqueza, es producción de pobreza? Si hiciéramos en un ejercicio crematístico, planteando que cada litro de agua vale 1 US$, ¿sería éste un proyecto económicamente viable?

Una cosa es el déficit fiscal –que en Venezuela sigue creciendo notablemente–, el cual podría resolverse con nuevos préstamos, la emisión de bonos y/o devaluaciones de la moneda. Otra cosa muy diferente es un déficit físico, y mucho más cuando se trata de “recursos” imprescindibles para la vida, recursos no renovables o que su capacidad de regeneración está siendo superada por los niveles de consumo. Estos déficits pueden producirse por degradación de los bienes comunes naturales en grandes cantidades, degradación de su productividad, o bien por la incapacidad o insuficiencia para su suministro.

Los déficits físicos (biodiversidad, agua, energía, etc.) suelen ser reflejo de un sistema insostenible. Resolverlos es mucho más complicado (no bastan préstamos o emisión de dinero). Las consecuencias suelen ser drásticas y plantean escenarios de colapso sistémico, lo cual es imperiosamente necesario evitar.

b. El metabolismo social crece

El metabolismo entre la naturaleza y la sociedad, es decir, el régimen social específico que sintetiza los procesos de apropiación, procesamiento, circulación, consumo y desecho de los recursos, energías, materias, o los llamados “servicios ambientales”, ha crecido en Venezuela a la par de su desarrollo capitalista/rentista. Una de las consecuencias históricas de este desarrollo es la configuración de un sistema de consumo intensivo por la vía de la distribución (siempre desigual) de la renta petrolera. Esto se expresa en la actualidad en diversos indicadores, como por ejemplo el hecho de que somos el segundo país de América Latina (sin contar el Caribe) que consume más electricidad per cápita, según la CAV y CEPAL; o el país que más CO2 per cápita emite en toda la región (exceptuando el Caribe), según el Banco Mundial.

El desarrollo de este metabolismo social nos ha llevado a la situación de “translimitación ecológica”. Según el “Informe Planeta Vivo” de la WWF, Venezuela tiene una de las dos huellas ecológicas más altas de Latinoamérica y es uno de los dos países de la región que han superado el límite de su capacidad eco-regenerativa, es decir, que consume más naturaleza de la que sus ecosistemas son capaces de regenerar, por lo que nos encontramos en situación de “déficit ecológico”. En este sentido, cabría reconocer por ejemplo que, además de otros factores, la crisis de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, conocida como el Guri, se debe también al aumento de la demanda de energía en Venezuela en los últimos años.

Conviene pues, evaluar tres elementos: el primero, la transformación del metabolismo social en el sur del Orinoco que va a provocar la depredadora megaminería del AMO –se estima que en general de 4 a 1 toneladas de materiales son removida para obtener un gramo de oro, a lo que se suma la enorme cantidad de energía empleada y disipada–, lo cual a su vez va a impactar en todo el metabolismo social venezolano.

El segundo elemento tiene que ver con los patrones de consumo. Es importante resaltar que cuando la inclusión social está representada en el consumo masivo vinculado al american way of life (teléfonos inteligentes, aires acondicionados, automóviles y motos, junto a otros electrodomésticos), se produce una paradoja entre el “bienestar” y la sostenibilidad socioambiental. Las rentas mineras suelen orientarse, como forma de compensación social y de domesticación de la población, a este tipo de consumos. Los profundos daños del AMO tratarían de ser endulzados con este tipo de gasto, reproduciendo estos patrones metabólicos. Una política de ahorro energético para enfrentar la crisis de este sector entra en conflicto con este largo proceso de incorporación masiva al consumo –y de cambios en las expectativas en los modo de vida–, tomando además en cuenta la gran incidencia que tiene el sector residencial en el consumo eléctrico nacional (más de un tercio del total, según informe MPPEE 2013).

El tercer elemento tiene que ver con el marco socioeconómico de este creciente metabolismo: el extractivismo. Esto implica que toda la energía consumida no se dirigirá a un proceso productivo y de soberanía energética, sino al incremento de la disipación de la misma (entropía) y la dependencia ecológica.

c. Afectación de la fertilidad de la tierra y de la productividad de los ecosistemas

Cuando Marx analizó en El Capital la renta de la tierra, hizo alusiones a la afectación de la productividad de la misma a raíz de los métodos depredadores de producción agrícola. De esta forma, se producía no sólo un empobrecimiento del proletariado, sino también de la tierra. Este ha sido uno de los principales argumentos de John Bellamy Foster para reivindicar la faceta ecológica de Marx (y las bases de un marxismo ecológico).

Nosotros planteamos aquí el análisis no solo de la tierra, sino de los ecosistemas y sus ciclos. Las depredadoras consecuencias de la megaminería en el AMO, no sólo afectaría la riqueza de la vida en términos cuantitativos –avance en el número de hectáreas devastadas, especies afectadas, cantidades de agua o partículas de aire contaminadas– sino también cualitativos.

Daños ambientales irreversibles podrían afectar la productividad ecológica y por ende comprometer aún más las condiciones generales de la vida. Esto puede ser especialmente dramático en relación a los suelos del Escudo Guayanés, que dada su notable fragilidad, podría pasar muchas décadas para que pudieran recuperarse, para recobrar sus ciclos vitales, si acaso alcanzaran a hacerlo.

Un buen ejemplo de las consecuencias económicas de la merma de la productividad ecológica está en el agua. En las discusiones y análisis sobre el actual déficit energético en Venezuela, normalmente prevalecen argumentos sobre las fallas en la capacidad instalada (hidroeléctrica y termoeléctrica), o bien los efectos del fenómeno del Niño. Aunque estos factores hacen parte del problema, también cabría reconocer que se ha venido produciendo un déficit (en términos de falta o escasez) en el caudal del río Caroní –curvas generales en descenso–, el cual alimenta la represa del Guri. Una de las razones de este decrecimiento ha sido la deforestación que se ha producido en la zona. Se trata de una expresión del déficit ecológico que tiene su proyección en la economía, en la medida en la que este caudal tiene una importancia estratégica para la producción hidroeléctrica en el país, y por tanto para la vida en las ciudades y los sectores industrial y comercial. Todo este fenómeno de merma de la productividad ecológica, si lo pensamos desde la sostenibilidad, pone en riesgo también los medios de vida de generaciones futuras.

d. Déficit físico en el comercio internacional

Las economías extractivistas latinoamericanas como la venezolana, usualmente se caracterizan por exportar cantidades desproporcionadamente mayores de naturaleza (general pero no únicamente medida en toneladas) de las que se importan, sin que esto garantice ganancias comparables a las de los países centrales de la economía global, o bien permita que nuestras economías puedan salir de la dependencia del extractivismo. Esto en cambio, se traduce en un balance ecológico negativo, que tiene repercusiones domésticas.

Más allá del déficit de la balanza comercial de Venezuela (para el tercer trimestre de 2015 según el BCV), la expansión del megaproyecto del AMO supondría una mayor cantidad de exportación neta de naturaleza. Si a esto se suma que los recursos podrían exportarse mucho más baratos que en años anteriores (dadas las bajas expectativas de repunte de los precios de las commodities), lo que afecta notablemente las importaciones a la baja, tendremos también un incremento del déficit ecológico nacional.

El relanzamiento del extractivismo por parte del gobierno nacional se basa en una propuesta presente en varias de las declaraciones oficiales: el impulso a las exportaciones (no solo minería, sino gas, pesca, entre otras). Esto en realidad indica que la economía nacional será relanzada con orientación al mercado global, marcado claramente por los patrones de acumulación neoliberal.

Toda esta “fuga de naturaleza” hacia el mercado internacional no sólo no resuelve los problemas de fondo, sino también canaliza un saqueo de recursos que compromete los medios de reproducción de la vida de numerosas venezolanas y venezolanos. En los períodos de recesión o depresión económica, el capital internacional buscará ajustar los procesos de acumulación en el AMO, para evitar afectar la tasa de ganancia. Este ajuste se cargará progresivamente sobre el país, sus ecosistemas, recursos y población.

e. Después de la devastación ambiental, ¿quién se queda con la renta?

La expansión del extractivismo suele justificarse con la idea de que necesitamos más divisas, rehuyéndole normalmente al debate sobre la distribución de la riqueza y activos existentes y del manejo de los excedentes monetarios. Ahora que el país se encuentra muy mermado económicamente, y ante el terrible relanzamiento del AMO, cabría preguntarse donde están los dineros públicos provenientes de la devastación ambiental de los últimos años –de ahí la relación entre extractivismo y endeudamiento público, y la importancia actual de una auditoría de todas las cuentas nacionales.

No tiene sentido hablar de “expansión” y “crecimiento” sin analizar la distribución de la riqueza existente. Por ejemplo, ¿cuál es la capacidad instalada industrial y cuánto de ella se utiliza? ¿Cuánto de ella no, y por qué? A la luz de esta crisis, ¿qué hacer con el 40% de las tierras nacionales que han sido declaradas improductivas? ¿Qué otros tipos de uso de la tierra podría dársele a los territorios del AMO, sin que esto tenga que conllevar a la devastación ambiental y la insostenibilidad social? Muchos más ejemplos como estos podrían darse. Queda claro que hay varias alternativas a ser estudiadas antes que entregar nuestros territorios a la voracidad del capital foráneo.

Por último, con un poco de suspicacia surge la pregunta: ¿qué se hará con la renta minera obtenida? La ampliación de la cuenta corriente tiene entre sus principales asignaciones el pago de la deuda y la compra de productos importados. Y si hubiese algún excedente, ¿quién lo va a manejar? ¿Para qué será usado? ¿Qué poder de decisión tiene la gente común sobre esa administración? Los patrones capitalistas de apropiación de la riqueza plantean serias amenazas de empobrecimiento a la población.

f. Buen Vivir y debates sobre el consumo

Queda para otro espacio y ocasión, planteamientos más definidos sobre alternativas a este terrible proyecto minero. Sin embargo, es importante recalcar, ante los desafíos de un déficit ecológico, la importancia de nuevos paradigmas sociales, nuevas escalas de valoración, nuevos patrones culturales que interpelen nuestras concepciones sobre la riqueza y sobre la pobreza, tomando en cuenta que esta última está vinculada, en primera instancia, a la indisponibilidad e incapacidad social para el acceso a los bienes comunes para la vida.

Al menos tres interrogantes se nos plantean al respecto: ¿hasta qué medida es posible un cambio radical de la política de “los de arriba” que revierta este tránsito hacia la acentuación de la inviabilidad del modelo? ¿Qué grupos sociales y políticos deben impulsar una transformación cultural como la mencionada? Y, ¿qué estrategias deben ser propuestas para transformar patrones culturales tan vinculados históricamente al “american way of life” sin sufrir amplio rechazo social por algunas medidas “impopulares”?

Por último, creemos importante que en los debates sobre bienestar social, o Buen Vivir, no sólo se reivindique un ideal abstracto de lo que consideramos deseable, sino también referentes que se adecúen a la crisis ambiental global, y a las potenciales consecuencias que esto tendrá. En este sentido, parece que un verdadero objetivo revolucionario es incrementar nuestra resiliencia, es decir, nuestra capacidad de soportar y recuperarnos ante perturbaciones significativas de los entornos y ecosistemas en los cuales habitamos. Nuevos tiempos suponen nuevos desafíos, y por tanto, nuevas maneras de pensarnos y organizarnos.


Emiliano Teran Mantovani es sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, mención honorífica del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2015 y hace parte de la Red Oilwatch Latinoamérica.


ALAI – Agencia Latinoamericana de Información.


Foto// María Pía Borja. Comarsa en la Comisión de Medio Ambiente de Legislatura de Neuquén

Un basureo político

[wp_easy_bubble_menu id='1']

Comarsa es dueña de la planta de tratamiento de residuos petroleros más grande de la Patagonia norte. Ubicada en el oeste de la ciudad de Neuquén, la planta es señalada por la población de los barrios aledaños como altamente nociva para la salud de los vecinos. Por esta razón la empresa fue interpelada en la Comisión de Ambiente de la Legislatura neuquina. Ella debía dar respuestas sobre su situación actual y explicar el plan de cierre definitivo. Al contrario de lo esperado, los directivos de la compañía explicaron que no habrá cierre definitivo y que no tienen un lugar concreto donde mudarse.

Foto// Martín Bazilai. Basurero Comarsa en Neuquén Capital

Por OPSur- En la mañana del 4 de mayo la Comisión de Ambiente de la Legislatura, presidida por el diputado del Movimiento Popular Neuquino Claudio Domínguez, recibió a los directivos de la empresa Comarsa. Héctor Basilotta, director de compañía, Federico Ponce, ingeniero y gerente general, y  Pablo Sily, gerente de Relaciones Humanas, expusieron durante casi dos horas sobre la situación de la planta ubicada en el oeste de la capital provincial. Las preguntas de los diputados realizaron estaban orientadas a conocer el plan de trabajo para el retiro definitivo del basurero petrolero de la ciudad, pero las respuestas fueron evasivas.

El tridente empresarial se ubicó en la cabecera de la mesa, donde generalmente se ubica quien preside la Comisión, tal vez haya sido un hecho casual, pero el correr de la reunión dejó un gran margen de duda, por momentos llevaron el control de los tiempos. Quienes deberían haber sido  interpelados, interpelaron al poder político por la falta de un lugar donde mudarse, mientras que vecinos y trabajadores se retiraron con más incertidumbres que con las que llegaron. En sala se encontraba el secretario de Ambiente de la Provincia, Ricardo Esquivel, quien también fue objeto de reclamos y críticas; para sorpresa del auditorio, al presentarse el funcionario sostuvo: “no sé si quedarme, ahora me entero que no estaba invitado, me confundí”.

Foto// María Pía Borja. Comarsa en la Comisión de Medio Ambiente de Legislatura de Neuquén

“Somos una empresa nacional, podemos decir, hasta familiar, que nos asentamos en Neuquén a partir de junio del 2008”, comenzó Basilotta el relato. “Cuando nos radicamos esto era prácticamente un desierto, no había nada, la nada misma, y claramente las tierras estaban destinadas a fomentar este tipo de industrias, destinadas a estas industrias”, subrayó emulando a a los emprendedores que conquistaron el desierto tras el genocidio armado perpetrado por el Estado a fines del siglo XIX. Contrariamente los barrios aledaños al “desierto” de Basilotta, cuentan de muchos años de radicación, ejemplo de ello es el barrio Parque Industrial, hoy llamado Jaime de Nevares, fundado en 1972.

Los ejecutivos de Comarsa llegaron acompañados al recinto por trabajadores de la empresa, quienes fueron activos participantes de la jornada, reafirmando los dichos de la empresa y confrontando a vecinos y diputados opositores. Basilotta expresó la inocuidad de la actividad en estos términos: “Tenemos en la empresa 120 trabajadores directos y 60 puestos indirectos, de todo ese personal el 32 % reside en la proximidad de la planta. Ellos tienen contacto directo e indirecto, es decir, son los verdaderos actores de todas las tareas que se llevan a cabo, los que manejan los hornos, manipulan, trasladan, llevan. Todo el plantel convivimos dentro de este microclima que está objetado. Nosotros mismos nos iríamos a suicidar cualquier día del año yendo a trabajar a Comarsa si tomamos lo dicho por aquellos que nos acusan de que contaminamos”. El gerente de la empresa aseguró que desde la puesta en funcionamiento de la planta no se registran enfermedades vinculadas al manejo de sustancias tóxicas. “Nos parece, y no quiero usar palabras que no estén a tono, una injusticia aquello de lo que se nos acusa, acompañamos los certificados de la doctora Mónica Glorioso que es nuestra médica laboral”, aseveró.

Basilotta también mencionó como elemento probatorio de que la empresa no contamina el fallo judicial favorable dictado en 2011 en la causa Fernández Genaro contra Comarsa, expediente 449828. “No existe evidencia ni prueba médica objetiva que acredite que los procesos industriales controlados por el Municipio y la Provincia generen infección, problemas respiratorios, gastroenteritis, como son señaladas en declaraciones periodísticas por parte de algunos diputados y vecinos”, desafió. Cabe destacar que el fallo presentado como prueba del directivo es previo al crecimiento exponencial de la planta, producto del aumento de actividad generada por Vaca Muerta.

Para Basilotta, en cambio, el verdadero problema de la contaminación es el basurero clandestino existente en las inmediaciones. “El principal flagelo que amenaza día a día a la salud de la gente que habita, que es aledaña al Parque (Industrial), y que nos afecta también a Comarsa, es el basural en donde la gente arroja de todo, y todo esto es quemado a diario. Ahí sí yo haría foco y diría que son una fuente de enfermedades”, enfatizó. “Les puedo asegurar que Comarsa se va a ir de ahí, y van a seguir teniendo infecciones, gastroenteritis, todo tipo de enfermedades que genera este flagelo”, sostuvo en defensa de la compañía.

Foto// Martín Barzilai. Vista aérea de Comarsa

No nos vamos nada

Para Comarsa irse era un objetivo, según el directivo. “Nosotros decidimos trasladarnos a Añelo, de donde provienen estos residuos, porque necesitamos ser más competitivos, minimizar riesgos y costos en el traslado, porque la competencia ya estaba establecida allá”, señaló. “Adoptando la política de crecer, de ser competitivos y de querer seguir liderando, adquirimos 20 hectáreas en Añelo, fuimos bien recibidos y alentados por el Municipio, agregamos 4 hectáreas más en el parque industrial. Todo esto al final no sucedió, por indefiniciones, porque hacia fin de año apareció un decreto que regulaba nuevamente a las tratadoras con distancias a los ejidos municipales, apareció la idea de un ecoparque, fuimos los primeros en ir, junto a la Secretaría de Ambiente, a la Secretaría de Industria a ver a dónde nos tocaba, dónde teníamos que ir a invertir. Fuimos también los primeros en enterarnos que esto era inviable, que no tenía masterplan, que no tenía estudio de impacto ambiental, que no tenía los servicios esenciales. En ese contexto retrocedimos un casillero”, relató Basilotta.

Según el empresario el reclamo de los vecinos, que tiene a Comarsa en el centro de la discordia, no es por sus actos. “(La empresa) nunca tuvo una mala praxis, nada de que se la pueda acusar, de ningún evento, sin embargo el derrame ocurrido en el Parque Industrial (en referencia al registrado en la planta de Indarsa en octubre de 2014) fue un coletazo que nos pegó duro. Mirá dónde hoy estamos sentados”, sostuvo. Una vez más Basilotta pateaba la pelota fuera de la cancha.

Lo más gráfico en la alocución fue el cierre, al confundir a la provincia con una empresa. “Hay otras provincias que manejan la economía, que manejan otros sectores, pero Neuquén es una empresa que permanentemente está prometiendo mayor actividad. Más allá de lo que nos toca vivir hoy, que es un escenario deprimido, que pareciera que el tema de Vaca Muerta se allanó y que entró en meseta, entiendo que Neuquén va a seguir proporcionando gas, que tiene en vista represas y que tiene una economía latente. Neuquén es sinónimo de hidrocarburos, y les puedo asegurar que no hay actividad hidrocarburífera sin las tratadoras de los residuos que genera esa actividad, no puede existir una de la otra.”

Foto// Ike Teuling. Basurero petrolero Comarsa. Pileta de cutting a cielo abierto en Neuquén Capital.

Inmediatamente el diputado de Libres del Sur, Santiago Nogueira, comenzó con la interpelación. “Hemos presentado un pedido de informes sobre el cierre definitivo que no ha sido respondido por la Secretaría de Medio Ambiente, por eso le preguntamos a usted -dirigiéndose a Basilotta-, ¿cuál es el plan de cierre definitivo?”. Simultánemente el legislador intentó poner la discusión en su eje, recordádole al representante de la empresa el motivo de la interpelación; en el mismo sentido la diputada Patricia Jure, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, le pidió al diputado Claudio Domínguez que presida la comisión, en lugar de dejar que lo haga el director de Comarsa.

“Ustedes están acá para discutir sobre ese eje (el cierre definitivo) y no, si la empresa contamina o no contamina. Ya hay un consenso definitivo, Comarsa e Indarsa no pueden estar en el ejido y deben hacer un traslado. Nosotros queremos saber: ¿cómo va lo van a hacer, cómo lo tienen previsto y si lo han presentado? Por ley tienen que presentarlo al inicio de la actividad y reactualizarlo tiempo antes de irse, me preocupa escuchar que no lo tienen presentado”, destacó Nogueira. Basilotta salió al cruce remarcando la diferencia entre trasladar la actividad y cerrar la empresa: “Que quede claro, que se tome nota de esto, que Comarsa no se va a cerrar. Se puede relocalizar la actividad, pero no el cierre definitivo de Comarsa, podemos tener otra actividad que no sea tratar barros empetrolados”.

El legislador de Libres del Sur insistió en conocer en qué plazo se pondría fin al tratamiento de residuos petroleros. “Es fundamental saber los tiempos, no vaya a ser que le digamos a la comunidad que se van a ir y estén después dos años más quemando”. A lo que el Basilotta respondió que “es difícil poner un plazo sin tener un lugar de destino”. “En este momento y en este lugar no puedo comprometerme a decir me voy tal día y cierro tal día, cuando no sé a dónde me tengo que ir”, afirmó. “No podemos poner un tiempo, será el tiempo posible y necesario para remediar un pasivo que no es nuestro, que es de las operadoras y de la Provincia, pero que está radicado ahí”, añadió, cargando una vez más las responsabilidades sobre terceros. “Nosotros queremos entregarlo de la mejor manera, pero no es una carrera contra el tiempo, es tener la eficacia y la eficiencia de disponer de ese residuo de la mejor manera”, concluyó.

Según el secretario de Ambiente, el plan implica el traslado del material tratado y el tratamiento del que está en bruto, para luego ser trasladado a otro destino. “En treinta días tiene que salir uno de los hornos pirolíticos a Añelo”, aclaró Esquivel, dando por hecho la radicación de la empresa en esa localidad, más allá de lo expresado por Basilotta. “Allá se tienen que preparar las instalaciones para que estén adecuadas para preliminares, preparación de suelos, elaboración de piletas, la instalación de cada uno de los hornos y a partir de ese momento, en sesenta días más, se cierra el portón (de la planta de Comarsa en el Parque Industrial Neuquén), la recepción de residuos. El segundo horno sigue tratando el material industrial que va quedando y sigue unos seis u ocho meses más. Una vez que tratan todo el material se traslada este segundo horno a Añelo y ya queda de manera permanente. Los hornos de absorción que tratan el cutting tienen que seguir trabajando, a lo mejor un año, a lo mejor dos, hasta agotar el material que está acumulado. Una vez que está tratado todo ese perímetro, comienza el plan de cierre y abandono. El plan que mencionaba Santiago (Nogueira) es la remediación de todo ese sitio hasta la extinción de todos los residuos contaminantes que pueda haber y la realización de estudios físicos-químicos para verificarlo. En ese momento se determina la satisfacción del cierre de la actividad, no del predio, sobre ese lugar puede montarse a futuro cualquier otra actividad.”

A pesar de las evasivas, Daniel Fernández, vecino del basurero, señaló como un hecho positivo la interpelación realizada por la Comisión de Ambiente y subrayó que eso era fruto de la movilización de los vecinos. “Ni la provincia, ni las empresas se preocuparon por  estar en un lugar donde no tienen que estar. Yo quiero poner en la mesa que nosotros como vecinos nos juntamos con la empresa y llegamos a tres acuerdos, primero, que se tenían que ir; segundo, que no iban a despedir a ningún trabajador; y tercero, que se iba a hacer una comisión de seguimiento donde los vecinos seamos parte, que vea cómo se hace la remediación y la empresa estuvo de acuerdo.” En tanto enfatizó: “Acá hay que decir que la responsabilidad ha sido del gobierno, de la Secretaría de Ambiente, en algún punto de la empresa, pero no de los trabajadores y los vecinos”.

Artículos relacionados Basureros petroleros: cuando el remedio es peor que la enfermedad Neuquén: Convivir con basureros petroleros Asamblea Fuera Basureros Petroleros


petroleros_chubut2

El conflicto petrolero y el contexto socio ambiental de Chubut

[wp_easy_bubble_menu id='1']

El viernes 6 de mayo cerca de 60 mil personas se movilizaron en defensa de los puestos laborales de los trabajadores del petróleo. Un acto multitudinario reunió en el cruce de las rutas 3 y 26 un amplio arco político y sindical.

petroleros_chubut2

El conflicto empezó a comienzos de este año cuando las empresas petroleras se negaron a retomar la actividad después de haber otorgado vacaciones por adelantado a los trabajadores.

YPF, Panamerican Energy, Tecpetrol y Sicpetrol, aducían falta de actividad extractiva y exigían una compensación por los barriles de petróleo exportado. Luego de días de intensas negociaciones, el Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, confirmó que los equipos comenzarán a subir paulatinamente a “Cerro Dragón”.

El apoyo en defensa de los puestos de trabajo de los petroleros también fue respaldado por el Foro Ambiental Social de la Patagonia. Zulma Usqueda, integrante de Foro, señalaba la importancia de defender los puestos de trabajo, pero destacaba las consecuencias socio ambientales de la industria extractiva petrolera.

    La mar en coche –  FM La Tribu 88.7  


CONGRESO PROGRMA

Primer Congreso Socioambiental UnTER

[wp_easy_bubble_menu id='1']
UnTER realizará en Roca – Fiske Menuco los días 5 y 6 de mayo, el Primer Congreso Socioambiental, con el objetivo de generar un espacio de debate y reflexión sobre las problemáticas socioambientales, desde una mirada crítica y comprometida, orientada a la acción y transformación.
 CONGRESO PROGRMA
Pueden participar hasta el triple de delegados/as por Seccional. Está destinados a afiliados/as: delegadas y delegados de escuela; integrantes de Departamentos Socioambiental Chico Mendes de Seccionales; Integrantes de Comisión Directiva de Seccionales. Organizaciones socioambientales invitadas. Fue declarado de Interés Educativo Provincial por Resolución Nº 1192/16. La inscripción tiene un costo de 100 pesos que incluye traslado y materiales.
Se espera la asistencia de más de 600 docentes de toda la provincia. En el Congreso, que sesionará en la Asociación Española de Roca – Fiske Menuco, habrá exposiciones, mesas debate y siete talleres: Modelo Agropecuario, Minería, Energía, Contaminación industrial. Legislación Educación Ambiental. Residuos.
Acompañarán las dos jornadas de trabajo como panelistas: Enrique Viale, Asociación de Abogados Ambientalistas; Maristella Svampa,Investigadora Principal del CONICET, socióloga y escritoraDarío Aranda, Periodista y escritor; Marta Maffei, Profesora, exsecretaria general de CTERA y diputada nacional entre el 2003 y 2007; Silvana Buján, Periodista. Dirige la Asociación Civil para la Defensa del Ambiente BIOS y forma parte de RENACE; Marco Arana, Movimiento Tierra y Libertad de Perú; Moira Millán, Marcha de Mujeres Originarias por el Buen Vivir; Carlos Vicente, GRAIN, Revista Biodiversidad LA; Hernán Scandizzo, Observatorio Petrolero Sur (OPSur); Ramón Gómez Mederos Espacio por el Agua de San Juan; Vicente Zito Lema, Periodista, escritor, abogado, psicólogo social, docente. Director Honorífico de la Escuela “Rodolfo Walsh” de UnTER;Cecilia Bianco, Taller Ecologista; Damián Verzeñassi, Médico, docente universitario, Co-responsable académico de la materia Salud Socioambiental, Facultad de Cs. Médicas de la UNR; Escuela de Educación y Formación Chico Mendes de Rosario; Claudia Gotta, Docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario, Especialista en Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable UNCo; Nahuel Nissegi, Asamblea de Esquel;Carlos Ibarbe, Asamblea Jachal no se toca; Vladimir Iván Moskat (”Mirko” Moskat), taller ecologista; Andrea Burucua, ECOSUR; Ingrid Kossman,Biodiversidad LA; Representantes de: APCA, Multisectorial Fracking y Multisectorial Plomo.
Lo ambiental es parte de la política sindical de la UnTER prácticamente desde su nacimiento pues los conflictos territoriales-ambientales forman parte de las reivindicaciones del campo popular. En los 42 años de historia se ha denunciado el avance de la industria petrolera sobre los territorios, el avasallamiento de derechos de los pueblos originarios y comunidades, la promoción de lo nuclear, la apropiación de la tierra y de los bienes comunes, la fragmentación y represamiento de los ríos, la contaminación del suelo y los reservorios de agua, la falta de protección de los bosques.
Desde la organización sindical se sostiene que es imprescindible construir una política militante de compromiso socioambiental en defensa de las condiciones de vida de la comunidad educativa, actuando tanto desde la formación docente y la transformación curricular, como en la denuncia de la vulneración de derechos y en el acompañamiento de las luchas en contra de cualquier proyecto contaminante, tales como la sojización, la megaminería o el fracking. Desde esta perspectiva, se avanza en la lucha territorial y sindical con la conformación del Departamento Socioambiental Chico Mendes a nivel provincial y en las seccionales de Cinco Saltos, Jacobacci, Roca – Fiske Menuco, San Antonio Oeste, Valle Medio , Regina y Valcheta
¿Por qué un Congreso Socioambiental?
Tenemos la firme convicción de que nuestro Sindicato debe practicar un modelo sindical que además de lo reivindicativo, como el salario o las condiciones de trabajo, debe buscar otras formas de ampliar la lucha y propiciar el debate sobre las distintas problemáticas socioambientales. Con el Congreso nos proponemos dar espacio a este debate. Buscamos mejorar la comprensión y facilitar el intercambio sobre las diversas problemáticas; dar visibilidad a las distintas experiencias de lucha; problematizar y motivar la lectura crítica sobre los proyectos que intentan imponerse en la región; alentar a la acción desde todos los ámbitos: el sindicato, la escuela, el barrio, los espacios de participación social, los medios de comunicación
Necesitamos encontrarnos, profundizar el debate y la discusión, construir espacios para la unión en la acción, fortalecernos individual y colectivamente para hacer frente a esta lucha, que no es otra que la lucha por la vida.


2622858-3x2-940x627

Australia: Prohibirán en Queensland la gasificación subterránea de carbón

[wp_easy_bubble_menu id='1']

2622858-3x2-940x627

(Australia, 18/04/16) El Gobierno de Queensland prohibirá la técnica de gasificación subterránea de carbón (UCG, por su sigla en inglés) debido a los impactos ambientales que genera. Según el ministro de Minería, Anthony Lynham, enviará al parlamento estadual un proyecto de ley a fines del corriente año. El funcionario sostuvo que los posibles riesgos para el ambiente y la industria agrícola superan por mucho el potencial económico de la actividad. Según la organización Lock the Gate Alliance, se ha comprobado que la UCG es peligrosa y contaminante.

El ministro afirmó que la prohibición será inmediata a nivel de política gubernamental y que presentará un proyecto en el parlamento de Queensland a fin de año para que esta sea ley. Ha habido solo tres proyectos piloto de UCG en el estado australiano: Carbon Energy, cerca de Dalby; Cougar Energy, cerca de Kingaroy y Linc Energy en Chinchilla. El Dr. Lynham aseguró que hasta el momento nadie ha logrado que la UCG sea un éxito y que el potencial económico no justificó el riesgo ambiental.

En un comunicado el ministro explicó: “Hemos estudiado las pruebas obtenidas en la operación piloto de UCG y evaluamos la compatibilidad entre las tecnologías actuales y las necesidades ambientales y económicas de Queensland”. Y agregó: “Los riesgos potenciales para el ambiente y las valiosas industrias agrícolas superan por mucho cualquier potencial económico de la actividad (…) No tiene sentido continuar con la actividad de UCG en Queensland. Aquí tuvimos tres sitios piloto, y ahora es necesario su desmantelamiento”.

El ministro de Ambiente, Steven Miles, dijo que el proyecto de Linc Energy, cerca de Chinchilla, fue “probablemente el caso de contaminación más grave en la historia de Queensland”. Y aclaró, “sin dudas, se trata de la mayor investigación y causa penal por contaminación como consecuencia, según el Departamento de Medioambiente, de las actividades de gasificación subterránea de carbón que realiza Linc Energy”.

El activista Drew Hutton, de Lock the Gate Alliance, dijo que la prohibición es un paso muy importante porque que se ha comprobado que la UCG es peligrosa y contaminante: “Le dije al Gobierno estadual que estas tecnologías deberían haberse prohibido hace seis años; no es difícil darse cuenta de que la quema subterránea de carbón y el gas de esquisto son una mala idea”. Y añadió: “Me alegra que el Gobierno por fin haya decidido darme la razón y ayudarme a proteger a los propietarios de tierras, los agricultores, las tierras y el agua”.

Pedido para difundir públicamente “la totalidad de las pruebas”

Sin embargo, Greg Lane, actual director ejecutivo del Consejo de Recursos de Queensland (QRC, por su sigla en inglés) se mostró decepcionado con la decisión del Gobierno de la primera ministra Annastacia Palaszczuk, tomada sin consulta. Lane declaró: “Este anuncio inesperado de otra prohibición contra un producto básico sin haber difundido las pruebas desencadenantes no hace más que perjudicar la confianza empresarial y las inversiones en este estado”.

“Hace tan solo tres años la evaluación de la Oficina del Director Científico confirmó la conclusión del Panel Científico Independiente emitida en 2012, según la cual ‘en principio, la gasificación subterránea de carbón podría llevarse a cabo de manera socialmente aceptable y ambientalmente segura en comparación con un amplio abanico de otras actividades actuales que utilizan recursos’”, dijo el director de QRC. Y concluyó: “Por lo tanto, el Consejo solicita al Gobierno que haga público el conjunto de pruebas que supuestamente tiene en su poder y que demuestran que los riesgos ambientales de los proyectos de UCG de cualquier tipo son muy altos”.

Compañía intervenida

Mientras tanto, el 15 de abril  fue intervenida la compañía de petróleo y gas Linc Energy, y se convocó a la consultora PPB Advisory para barajar distintas opciones junto con la gerencia de Linc, que incluyen una posible restructuración de la firma. En un comunicado dirigido al Mercado de Valores de Australia el mismo día, la compañía explicó que tras haber recibido asesoría legal y financiera y haber realizado una prospección comercial, la junta directiva decidió dar el paso. La compañía tomó la resolución un mes después de ser notificada que iría a juicio por cinco cargos relacionados con la violación de leyes ambientales de Queensland en su proyecto de UCG. El Departamento de Medioambiente del estado acusó a la compañía de daño intencional en su sitio piloto cercano a Chinchilla en Darling Downs.

El activista Hutton aseguró  que Linc Energy podría recibir multas de hasta 56 millones de dólares si se determina su culpabilidad. Sin embargo, aclaró que es probable que la compañía nunca las pague ya que la intervención es una maniobra legal común para evitar penalidades y costosos saneamientos.

Fuente: ABC Traducción: Nancy Viviana Piñeiro


unnamed (1)

Nuevo portal sobre ambiente, ciencia y sociedad

[wp_easy_bubble_menu id='1']
Portal A es la herramienta comunicacional del Programa Ambiental de Extensión Universitaria (PAEU) de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), un espacio extensionista orientado a comprender los problemas ambientales de la región  y buscar soluciones. En el Día Internacional de la Tierra lanzamos oficialmente nuestro espacio de comunicación, en donde compartiremos los saberes generados desde los laboratorios y centros de investigación universitarios en articulación con organizaciones, vecinos y asambleas.
unnamed (1)
Esta página web es la expresión de las acciones que hacemos con la comunidad, buscando promover la vida plena en un ambiente saludable, a través del monitoreo de las condiciones del entorno ambiental y de la salud. Aquí encontrarán informes, noticias y publicaciones científicas sobre contaminación y problemáticas regionales, calidad de agua y aire, tecnología y educación ambiental, artículos de debate y materiales didácticos para docentes de distintos niveles. Se trata de un portal de comunicación científica, no de mera divulgación; buscamos una comunicación que no reduzca la labor científica a una actividad elevada y reservada para grandes genios. Queremos estimular la participación ciudadana para poner la ciencia al servicio de las necesidades de la comunidad.
El PAEU nuclea a proyectos de extensión y de investigación aplicada y tecnologías sobre temáticas ambientales de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, en donde participan varios grupos de trabajo que abarcan distintas temáticas. Los conflictos ambientales tienen importancia política, dada su influencia directa en la vida de las personas de nuestra zona. En ese sentido, la Universidad, como institución estatal que desarrolla proyectos de investigación, extensión y docencia en temas relacionados con el ambiente, debe comprometerse con las demandas sociales y participar en el esfuerzo común por alcanzar la soberanía ambiental, la potestad de los pueblos de decidir cómo habitar sus territorios. Además, creemos que desde la universidad pública tenemos el deber de brindar información, transparentando nuestras ideas y acciones sobre el ambiente y brindando información sobre las investigaciones que realizamos.
Te invitamos a visitar nuestra web y a dejaros tus comentarios:
 
Contacto: paeu@exactas.unlp.edu.ar
 


c9ad2a80-06db-4dd2-9fbb-fe29d184daad

19/04-Buenos Aires: Charla abierta con Boaventura de Sousa Santo

[wp_easy_bubble_menu id='1']

La Fundación Rosa Luxemburgo, La Universidad Popular de los Movimientos Sociales, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Red Latinoamericana de Investigadores y Organizaciones Sociales Latinoamericanos y la Universidad de los trabajadores IMPA convocan el viernes 15 de abril a las 18:30 a una charla abierta junto con Boaventura de Sousa Santos en torno a “Los desafíos de las izquierdas en la coyuntura actual – diálogos entre América Latina y Europa”. Coordina y modera Maristella Svampa.

c9ad2a80-06db-4dd2-9fbb-fe29d184daad El Prof. Boaventura de Sousa Santos es doctor en Sociología del derecho por la Universidad de Yale y profesor catedrático de Sociología en la Universidad de Coimbra. Se lo considera uno de los principales intelectuales en el área de ciencias sociales, con reconocimiento internacional, con especial popularidad en Brasil, principalmente, después de su participación en varias ediciones del Foro Social Mundial en Porto Alegre.

Es uno de los académicos e investigadores más importantes en el área de la sociología jurídica a nivel mundial. Sus escritos se dedican al desarrollo de una “sociología de las emergencias”, que según él pretende valorizar las más variadas gamas de experiencias humanas, contraponiéndose a una “sociología de las ausencias”, responsable del desperdicio de la experiencia. Es partidario de lo que llama una “descolonización del saber” y una “ecología del saber” contra el “pensamiento abismal” separado de las realidades concretas.

Participarán a modo de diálogo compañerxs de movimientos socioambientales, urbano-populares y campesino/indígena que formaron parte del Taller de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales (UPMS) que tendrá lugar los días 14 y 15de abril en Buenos Aires.

La UPMS fue lanzada durante el Foro Social Mundial de 2003, por una democracia cognitiva global. Es un espacio de formación intercultural que promueve un proceso de interconocimiento y autoeducación con el doble objetivo de aumentar el conocimiento recíproco entre los movimientos y organizaciones, y hacer posibles articulaciones entre ellos y acciones colectivas conjuntas.

Los desafíos de las izquierdas en la coyuntura actual. Diálogos entre América Latina y Europa

Evento gratuito y abierto

Fecha: 15/04/2016

Horario: 18:30

Lugar: IMPA “La Fábrica” – Universidad de los trabajadores

Dirección: Querandíes 4290 – Almagro – Buenos Aires


Foto// Pixabay

Todos tienen su “offshore”

[wp_easy_bubble_menu id='1']

Los Panama Papers sacaron a la luz el nombre del presidente Macri como uno de los implicados en las llamadas cuentas “offshore” en los paraísos fiscales. Sin la misma repercusión mediática, sociedades del Estado como YPF comparten la misma metodología.

Foto// Pixabay   Por Alejo Lasa-

La mayor filtración de documentos de la historia, los llamados Panama Papers, sacó a la luz de millones en el mundo el “submundo” de los negocios y paraísos fiscales utilizado por dirigentes políticos, personalidades y empresarios de todo el globo. Por supuesto, el nombre del presidente Mauricio Macri en los “Papeles de Panamá” tuvo un alto impacto político en nuestro país, y es aprovechado por el kirchnerismo en la oposición para desprestigiar a Macri.

Pero antes de esta revelación, ya se conocían nuevos datos sobre empresas offshore de YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta, incluidas en el acuerdo secreto firmado bajo el gobierno de Cristina Kirchner, y que fuera habilitado en Neuquén con el voto de los diputados del FpV, el MPN y todos sus aliados. Como denunció el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) en un documento publicado el pasado 6 de abril, “es grave que un privado esconda capitales y evada impuestos en empresas en paraísos fiscales, pero es aún peor que lo haga el Estado, por más que sea a través de empresas mixtas como YPF”. No es casualidad que el excandidato presidencial del Frente para la Victoria Daniel Scioli haya respaldado públicamente al presidente Macri y su “derecho” a tener cuentas en paraísos fiscales.

OPSur exige en su documento que “no sean olvidados otros paraísos fiscales y actores, también importantes para el devenir de los asuntos públicos. En este sentido, insistimos con que a YPF se le han descubierto empresas offshore destinadas para el desarrollo de Vaca Muerta, hecho que no estaría motivando el mismo grado de repercusión. Someramente, la lista es la siguiente: Para la explotación con Chevron se han creado YPF Shale Oil Invesment I, II, III, IV en Delaware, e YPF Shale Oil Invesment II, YPF Shale Oil Holding, en Bermudas. La explotación de tight gas en las áreas frutícolas de Allen, Río Negro, entre otras diez concesiones, se realiza a través de YSur (de YPF) relacionadas con subsidiarias como YPF Europe BV en los Países Bajos, YSUR Argentina Investment S.à r.l. e YSUR Argentina Holdings S.à r.l. en Luxemburgo y, por último, YSUR Argentina Corporation en las Islas Caimán”.

El documento concluye denunciando que “dos estructuras jurídicas subsidiarias de YPF, denominadas YPF Services USA CORP. e YPF Exploration and Production Overseas Inc., comparten la misma dirección legal (Orange Street 1209, Delaware) que las de Paul Singer y el Grupo Clarín”.

Parece que en el “paraíso” (fiscal) de los capitalistas, todos tienen su offshore.

Nota tomada de Izquierda a Diario