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La idea de libre mercado como asignador de recursos energéticos

El macrismo realizó a las empresas energéticas “la mayor transferencia económica de la historia moderna argentina”, afirma Gustavo Lahoud, integrante del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) en la entrevista realizada por Mario Hernandez.

La Asociación de Trabajadores del Estado seccional Río Turbio hizo público un comunicado (1) en nombre del gremio a fin de responder a la nefasta nota publicada por La Nación el domingo 10 de septiembre titulada : “Río Turbio una mina convertida en símbolo de la corrupción”

M.H.: ¿Qué nos podes comentar por un lado de este comunicado y por otro de este artículo de La Nación?

G.L.: Yo creo que este artículo de La Nación se inscribe en una saga que viene encarando el tema de Río Turbio particularmente, es el “Yacyretá” de este tiempo. Quiero decir, tomado el caso con una enorme liviandad, haciendo referencia fundamentalmente a la morosidad, el incumplimiento de los plazos de terminación de las obras, de que en esa morosidad y en esos plazos no cumplidos no solo el Estado nacional, sino también la empresa española que fundamentalmente tenía que llevar adelante las obras de montaje de la central carboeléctrica, Isolux Corsán, habían sido cómplices de una cantidad relevante de maniobras y malversación de dinero.

A mí lo que me preocupa de este tipo de argumentos es que en el caso específico de la cuestión de Río Turbio, desconociendo la preponderancia del carácter geopolítico del proyecto, qué pasa con las comunidades de Río Turbio y 28 de Noviembre que son las dos involucradas en el posible desarrollo de la carboeléctrica, omitiendo decir que se trata de todo un complejo de producción que le permitiría a una población que está en una situación muy aislada desde el punto de vista político, económico y social del resto de la provincia en sí, de las vías de circulación más relevantes que hay en el país, poder desarrollar un proyecto productivo.

Y es un proyecto histórico, en ese sentido tiene 50 años de historia y por diversos motivos de nuestra discontinuidad institucional y de falta de visión estratégica, recién ahora se pudo encarar. Se banaliza el proyecto y la importancia que tiene haciendo referencia a los supuestos actos de corrupción que se cometieron durante el kirchnerismo, que tienen como protagonista a esta empresa. Son notables estos casos porque se trata de una empresa que tiene un recorrido en España y en el mundo bastante complicado de presentar. Pero generalmente no se pone el foco en el rol de estas empresas y en qué se comprometieron a hacer y no hicieron.

Por otro lado, lo que plantea ATE Río Turbio es muy cierto, no ha habido en todo este tiempo falta de compromiso de los trabajadores, en cuanto al mantenimiento y a la organización de sus tareas. A mí me tocó estar en noviembre de 2005 en la discusión hecha casi en el estribo del gobierno de Cristina, de un Proyecto de ley que finalmente se pudo votar: la media sanción para estatizar el complejo de Río Turbio. Que después de la caída de Menem y De La Rúa, durante la breve etapa de Duhalde, se intentó recuperar y después se lo volvió a dejar en la nada.

Eso era una sociedad anónima, se lo dieron al sector privado, este no avanzó, con el kirchnerismo allá por el 2005/6 comienza a intentar reverdecer aquel proyecto de la carboeléctrica. Lo cierto es que se tardó mucho tiempo en ponerlo en marcha, al menos desde mi punto de vista. Hubo muchas demoras y  muchas polémicas vinculadas al rol de la empresa y también a ciertos contratos que el gobierno anterior firmó con proveedores chinos para el montaje de los distintos aspectos electromecánicos de la obra, de toda la tecnología para la recolección más limpia de carbón importado de China, por ejemplo.

Hay un montón de elementos que se podrían poner sobre la mesa que por lo menos permitan que no llegue a la gente esta banalización de la situación. En tal sentido, teniendo en cuenta todos estos aspectos que mencioné, dificulto que esto haya sido la obra maestra o el paradigma de la corrupción de la etapa anterior. Hasta te diría que tenemos hoy el asunto de la tragedia ferroviaria de Once, las problemáticas del transporte, la energía en general para hacer un montón de cargos a la etapa anterior. Pero me parece que lo que puede ser que esté en juego, no tengo manera de corroborarlo, pero probablemente en este tipo de notas de La Nación que han sido varias en los últimos años, siempre van dirigidas a un lugar determinado, denostar al Estado, a los trabajadores del carbón, afirmar que el carbón es una alternativa contaminante, no se entra en discusión sobre eso.

Nadie dice que el carbón en la generación eléctrica de la Argentina es totalmente marginal, a lo sumo lo que le agregaríamos es una producción de 120 megas, que no mueve el amperímetro de la producción eléctrica en la Argentina. Y con un mecanismo más limpio de generación de energía vía el carbón de Río Turbio permitiría darle trabajo y cierta estabilidad laboral a la población de allí hasta poder encarar un proceso de reconversión productiva de la región en 20/25 años pero que pueda ser discutido seriamente. Ese sería un camino de transición que habría que encarar.

Todo esto no está en discusión, ellos plantean la corrupción del gobierno anterior y omiten el papel de la empresa. Ese es el otro objetivo que persiguen este tipo de notas, con lo cual me parece que en un total acuerdo con lo planteado por los trabajadores de Río Turbio, es necesario así como en otros temas de la cuestión energética, esclarecer de manera permanente a la población, porque presentado como lo hace La Nación, terminamos en esta banalización absoluta.

El Estado en vez de liberar los precios de los combustibles, debiera garantizar que YPF sea el regulador de precios a la baja

M.H.: Se ha liberalizado el precio de las naftas. Hoy leí en Página 12 que tanto Miguel Gutiérrez CEO de YPF como Teófilo Lacroze de Shell, admiten que los precios de la nafta deberán aumentar. Esperarán a que pasen las elecciones del 22 de octubre y calculan que deberán remarcar aproximadamente un 6% más debido al precio del dólar más el aumento del precio del barril del crudo a nivel internacional. Contanos qué opinión te merece esta liberalización de precios y esta anticipación de las dos empresas líderes en el tema de las naftas que señalan que esperarán a que pasen las elecciones para producir los ajustes.

G.L.: Debo reconocer que hace tiempo que no escuchaba tanta llaneza o grado de explicitación de parte de las autoridades de la nación respecto al cronograma de aumentos que se vienen en un montón de servicios, entre ellos gas y electricidad. Esto se inscribe desde mi óptica en la aceleración del proyecto del gobierno nacional que tiene que ver con trasladar cualquier tipo de decisión estratégica sobre los hidrocarburos en la Argentina a los grandes actores del mercado. La visión de Aranguren es coherente con lo que ha venido a instalar en Argentina. Ellos dijeron que venían a dar curso primero a una fuerte limitación de la intervención estatal en la materia que desde su óptica había generado una serie de distorsiones que había que corregir, para ir después a un segundo paso y establecer que la regla de la oferta y la demanda y el mercado iban a determinar entre otros factores los precios de los combustibles líquidos y del crudo.

Empiezo con esto porque tiene que ver con otra reflexión, hay que tener en claro que esta gente viene con un paradigma que no se vincula en absoluto con la llamada necesidad de salvaguardar el autoabastecimiento energético. La Argentina no es ni un país gasífero ni petrolero, pero sí es un país con gas y con petróleo. Y como creemos que se trata de un bien estratégico y socialmente fundamental, por lo cual debe asegurarse la accesibilidad a ese bien para el transporte, la industria, el consumo y la buena calidad de vida de una población; creemos que debe encararse una estrategia que no sea solo de disponibilidad de suministro en el mediano y largo plazo fundamentalmente de la comunidad nacional, sino también de asegurar el acceso y por ende un margen de maniobra para la sociedad.

Esta gente actúa desde otro lugar. Filosóficamente la idea de libre mercado como asignador de recursos energéticos, es la idea de darle el poder de decisión a cuatro conglomerados, que son los que predominan en el negocio energético de la Argentina. No es casual que 20 días antes de esta decisión anticipada de Aranguren que se iba tomar en el 2018 se haya dado a conocer a través de Bulgheroni de Panamerican, empresa que une con la British Petroleum y los chinos de la CNOOC sus grandes negocios y crean una gran empresa energética integrada. YPF tiene presencia en el eslabón de producción, destilación y comercialización, en todos los eslabones de la cadena. Vamos a tener otro gran jugador ahora, que va a ser Panamerican Energy y Axion Energy. Y después tenemos a Shell que sigue siendo el segundo jugador relevante en destilación, comercialización y otros jugadores un poco menores pero que siguen siendo importantes, como Petrobrás y Oil Combustibles, fundamentalmente en el segmento de refinación y distribución.

Lo que quiero decir es que esta medida abona la decisión de un gobierno que lo que hace es acelerar el traspaso de la decisión estratégica sobre los hidrocarburos y sobre qué disponibilidad de energía, para qué sectores y para qué modelo productivo vamos a tener, a un conjunto empresarial del cual forma parte YPF lamentablemente, porque el Estado en vez de liberar de antemano los precios de los combustibles en un contexto como en el que estamos, debiera garantizar que YPF que tiene el 55% del control del mercado de los combustibles sea el regulador de precios a la baja para poder garantizar el acceso al transporte de carga, al transporte automotor, a la población en general. Del combustible que es un bien que a medida que aumenta se traslada todo a la cadena de precios. En definitiva lo hacen, además de por esta visión que tienen, porque quieren fortalecer esta idea, a este conglomerado concentrado de negocios. Ellos creen que la única manera de asegurar disponibilidad es dar una señal de precios, que la están pidiendo todos, Teófilo Lacroze de Shell, Bulgheroni de Panamerican, Miguel Gutiérrez de YPF, todos. Se trata de tener el suficiente nivel de precios que les garantice que si no lo reciben vía subsidios del Estado, como ha pasado con este Estado bobo con el llamado Plan gas de los últimos años, lo reciban por el nivel de remuneración que van a tener.

Lo terrible es que en el caso del gas vamos a ir a un esquema de aumentos semestrales de precios que va a derivar que en octubre de 2019 estemos con un precio del gas a casi U$S 7 por millón de btu o sea al precio de paridad internacional, de importación. Cuando nosotros tenemos gas en Argentina y yacimientos de dónde lo podemos extraer a mucho menos valor que ése.

M.H.: Te adelantaste a un tema que te pensaba consultar. Estuve leyendo un artículo del domingo 6 de agosto de Tiempo Argentino que dice: “La suba del gas para el consumidor fue del 1.400%”, una cifra que asusta. Pero fíjate que esta gente ha tomado la medida de emitir las facturas en 5 partes, en medio de las próximas elecciones. Esta aseveración que hace Tiempo Argentino ¿es real?

G.L.: Es real en cuanto a la decisión que han tomado, una cosa insólita, que un servicio público fundamental para la población tenga que ser fraccionado en su cobro en 4 o 5 facturas.

M.H.: Fue lo que consumimos en invierno.

G.L.: Habría que ver ahora en las facturas que ya están llegando y en las que van a venir en los meses de verano que ya se aproximan, donde obviamente tenemos menos consumo de gas, por una cuestión estacional. Porque creo que el objetivo de ellos es fraccionar esas subas y que el impacto no se sienta tanto. De tal manera que la gente va a terminar pagando facturas de gas altísimas aún en los meses de bajo consumo, de manera de poder honrar el esquema de ajuste tarifario que hicieron.

Las organizaciones de defensa al consumidor han actuado muy mal y a destiempo en esto, porque desde mi óptica es ilegal avalar una facturación de este tipo para un bien que es esencial para la calidad de vida de la población. Es ilegal, es una afrenta y esto debe ser declarado inconstitucional en la justicia. Es lamentable lo que ha pasado. Yo no veo actividad ni movimiento sobre esto. Lo que pasa es que han tenido la pequeña astucia de plantearlo de esta forma, de manera que a la gente el agobio en la billetera le llegue de manera continuada durante todo el año y no vea una factura del 1.000 % en el período invernal.

Pero esto está pasando también con la electricidad, mucha gente no sabe que el valor mayorista del megavoltio de febrero a marzo aumentó en un 100%, la referencia era $ 320 y pasó a $ 640. Dicen que el objetivo, que enmarcan en los presupuestos que enviaron para el 2018, en el caso de la electricidad es que durante el año que viene el 65% del costo de producir energía eléctrica en promedio tiene que ser cubierto enteramente por el usuario.

M.H.: En esa nota del 6 de agosto Tiempo Argentino también afirma: “Las empresas productoras de gas recibieron 59 mil millones de pesos en subsidios”. “El Estado argentino podría volver a gastar más de 40 mil millones de pesos en subsidios solo dirigido a las empresas productoras de gas este año. Con lo que repetiría el nivel de erogaciones en este rubro del año pasado.” Pero también Tiempo Argentino el domingo pasado menciona el subsidio a grandes firmas: Siderar, Acindar, Loma Negra, Procter y Air Liquide son algunas de las 514 empresas beneficiadas con un subsidio al consumo eléctrico resuelto por el gobierno nacional por tratarse de industrias electro intensivas. Los descuentos van del 5 al 20% en las facturas, hasta 15 mil megavoltios/hora.

¿Cómo puede ser este beneficio a las empresas y paralelamente el corte a los subsidios a los consumidores?

G.L.: Yo creo que en estas dos noticias que diste se ve con mayor crudeza la dirección de esta política de liberalización a gran escala que el gobierno está encarando. La otra parte que se visualiza en estas noticias es la contracara de esta política de liberalización, es haber realizado la mayor transferencia de la historia moderna argentina de toda la sociedad a las empresas en materia energética. Respecto al tema gasífero es así.

Lo que afirma Randi Stagnaro en la nota de Tiempo Argentino se puede corroborar fácilmente viendo cuál es el presupuesto devengado del Estado nacional. Semejante cifra que fue destinada solamente el año pasado a subsidiar a las empresas de gas fue ya superior a los 30 mil millones de pesos que entre 2013 y 2015 el gobierno kirchnerista le dio con el Plan Gas a las empresas. Treinta mil millones contra 43 mil millones el año pasado, llegamos a los 59 mil millones por lo que se ha gastado este año. Cuando termine el año vamos a estar superando los 40 mil millones en 2017 también. El combo de 5 años de Plan Gas entre el gobierno anterior y éste, va a dar algo así como 6.700 millones de dólares. Esa cifra es el 60% de todo lo que invirtieron estos señores en materia gasífera en todas las cuencas en estos 5 años, desde 2013 al 2017 inclusive. O sea, todos nosotros le palanqueamos las inversiones que los tipos tendrían que hacer a riesgo minero propio, y después piden condiciones de libre mercado, en los yacimientos gasíferos de la Argentina.

Y lo último que mencionaste, que es un golpe bajo terrible, las llamadas empresas electro intensivas, que no se trata de una electro intensiva pequeña o mediana o una cooperativa de trabajadores; porque ni la cooperativa de trabajadores ni la empresa pequeña o mediana están siendo escuchadas después de un año y medio de suplicarle al ministro Cabrera que atiendan su situación, dado que en la ecuación de costos el rubro energético les ha disparado los costos y es antieconómica su producción.

M.H.: El caso de Zanón es emblemático. Ocho millones de pesos en gasto energético por mes.

G.L.: Esto no hace más que demostrar que es un gobierno que lleva adelante una política de liberalización en un contexto en donde hasta tanto no estén dadas las condiciones de estos precios altos en materia energética que quieren instalar, van a seguir subsidiando a los grandes grupos económicos. Esta es la peor combinación posible, esto deja sin acceso a la energía en el mediano plazo a nuestra población.

  Notas:

(1) El comunicado dice así: “Aquí en la cuenca carbonífera, que bien dice la nota emitida por el diario está a más de 2.770 km, lejos de ser ciudadanos de privilegio somos un pueblo dedicado a una de las actividades más riesgosas que es la minería subterránea de carbón. Trabajadores que arriesgan sus vidas cada día, que entran a más de 7 km de profundidad, que sufrimos las peores inclemencias climáticas y el aislamiento de los grandes centros urbanos. Otro eje de la nota emitida por este medio nacional, donde se pregunta si es necesario invertir o no, deja en evidencia el rol que cumplen los medios concentrados de la comunicación que no es más que el de justificar todas las medidas que lleva adelante el gobierno nacional de Mauricio Macri. Porque claramente es necesario continuar invirtiendo en este proyecto energético que da un valor agregado a nuestro carbón, que diversifica la matriz energética nacional, que es un paliativo de solución a la emergencia energética declarada por el ministro Aranguren a principios del año pasado, con el único fin de beneficiarse con el aumento de tarifas. Porque Yacimientos Carboníferos Río Turbio y nuestro carbón es soberanía por sobre todas las cosas, es el futuro para el desarrollo productivo de Santa Cruz. Otro tema que queremos desmentir y aclarar con total objetividad es que nuestro yacimiento contaba en el año 2015 con 3.000 compañeros aproximadamente y desde que asumió la nueva intervención, ejecutores de la política del Presidente Mauricio Macri, hoy quedan 2.580 compañeros producto de los despidos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas entre otras medidas que se ejecutaron desde el cambio de gestión. Como es característico de los pueblos existe y se respira una enorme solidaridad, comprensión y afecto entre vecinos y todos lo sentimos aunque seamos mineros del carbón. También queremos desmentir el planteo del diario nacional que exista un elefante azul, lo que existe es la concreción de un proyecto energético consecuente de luchas de varias generaciones que pelearon por tener una usina que funcione con nuestro carbón. Queremos repudiar que un diario de tirada nacional con una clara posición dominante deja sin certeza alguna y orientado a difamar nuestra mina que durante 13 años no se terminó la usina y que la mina de Río Turbio jamás se mantuvo. Solo para aclarar, la usina fue puesta en marcha en el año 2015 y funcionó durante un mes, donde se paró por el cambio de gestión. La mina sufrió el proceso de desarrollo y expansión más importante de su historia donde pasamos de tener un frente y dos galerías secundarias a tres frentes largos y ocho galerías secundarias. La apertura de una nueva mina, mina 2, etc. Por lo que solicitamos a La Nación que rectifique lo dicho el día 10 del corriente mes y año y que deje de cubrir a un gobierno que no apuesta por las empresas del Estado, que no cree en los trabajadores del Estado y que no cree en la soberanía energética, necesarias para el desarrollo industrial del país.”

Red Eco Alternativo


Vaca Muerta: llevan ante la ONU el reclamo mapuche contra el fracking petrolero

Se trata de tres organizaciones que cuestionan la explotación petrolera no convencional del megaproyecto, el desconocimiento a la consulta previa y el aporte de esa megarreserva al cambio climático.

A finales de agosto pasado fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un informe que cuestiona la falta de respeto y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores locales y las comunidades mapuche afectadas por la extracción de hidrocarburos en la formación no convencional Vaca Muerta. Específicamente trata la situación de la comunidad Campo Maripe, a diez kilómetros de la ciudad de Añelo, que ha visto su territorio concesionado a YPF y Chevron en 2013 y que cuenta en su territorio con la tristemente célebre cifra de más de 500 pozos no convencionales (fractura hidráulica). La técnica, también conocida como fracking, ha sido prohibida o tiene moratoria en países como Francia, Bulgaria, Escocia, Gales e Irlanda.

El documento fue elaborado por el Observatorio Petrolero Sur de Argentina junto al Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative), ambas con sede en Ginebra, Suiza.

“La presentación se realiza en un momento en que la violencia sobre las comunidades se ha incrementado por el avance de las empresas”, afirmó el politólogo Diego di Risio, coordinador del Observatorio Petrolero Sur. “En estos pocos años de desarrollo, la llegada del fracking ha cercado a las poblaciones. Los pozos se han multiplicado en chacras y barrios sin control alguno”.

Por su parte, la abogada Lucy Mckernan de Global Initiative afirmó que el “desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Argentina está pasando por arriba de los derechos de los pueblos indígenas de Neuquén, contaminando el ambiente e impactando en la salud, agua, vivienda y derechos culturales. No ha habido consulta ni se obtuvo el consentimiento libre, previo e informado”. La letrada, experta en derechos humanos, agregó que “estas acciones son inconsistentes con las obligaciones de la Argentina en derechos humanos y sus compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París”.

Sébastien Duyck, abogado del Centro Internacional por el Derecho Ambiental, puntualizó que “es la responsabilidad del gobierno argentino prevenir que las compañías petroleras violen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, como lo obligan los acuerdos internacionales que el país ratificó”.

El escrito solicita al Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales que incluya dos preguntas hacia el Estado argentino en su informe 2018. En particular, una sobre cómo el Estado garantiza los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas que viven en áreas de explotación hidrocarburífera. El otro cuestionamiento es sobre las medidas adoptadas para hacer compatibles la extracción de combustibles fósiles, en particular los recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, con los compromisos de Argentina sobre el Acuerdo de París para mitigar y adaptarse al cambio climático.

“El desarrollo de la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta se ha basado en reiteradas violaciones del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas, un derecho garantizado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Argentina en 2000”, precisa el documento firmado por las tres organizaciones. “El incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas ha llevado a un conflicto con muchas comunidades indígenas, por ejemplo, con la comunidad indígena mapuche de Campo Maripe”, indican. La presentación ante el Comité fue acompañada por la adhesión de 53 organizaciones tanto argentinas como latinoamericanas.

Respecto al cambio climático el documento señala que “la extracción de combustibles fósiles en la formación Vaca Muerta contribuiría significativamente al aumento global de las emisiones y reduciría la probabilidad de que las emisiones mundiales de combustibles fósiles permanezcan dentro de los presupuestos de carbono sugeridos por los científicos para evitar los impactos climáticos más severos”. Por lo que “el desarrollo de reservas como Vaca Muerta es consecuentemente incompatible con las obligaciones de la Argentina de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos protegidos por el Pacto”. De lo que concluye que “en la medida en que las políticas energéticas de la Argentina continúan apoyando la extracción de combustibles fósiles, son inconsistentes con la lucha contra el cambio climático y con la protección de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció en 1985 para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que Argentina ratificó en 1986. El Comité emitirá un informe sobre Argentina el próximo año y las organizaciones promotoras del pedido aspiran a que incluya esos dos ejes de preguntas al gobierno nacional.

La Izquierda Diario. 


Fetera: La energía, un derecho que construye soberanía

El surgimiento y desarrollo de la FeTERA está lleno de simbolismos clasistas que la constituyen. En su declaración de principios establece que la clase obrera es un elemento básico de la generación del capitalismo y que el movimiento obrero es una “necesidad ineludible” para transformar este sistema. Por esto, promueve instancias como la solidaridad y la creación de una fuerza propia para construir “un país que merezca ser vivido por todos”. ¿Cómo se construye ese país?, es la respuesta que buscamos desde la perspectiva de los y las trabajadoras de la energía.

Por: Felipe Gutiérrez Ríos*

La Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), que agrupa a espacios de base de distintas ramas del sector, es probablemente la organización más dinámica en la demanda por el derecho a la energía en el país. Maduró su debate político en el contexto de la pérdida de ese derecho, durante la cruda década neoliberal con Carlos Menem en la presidencia del país. Desde entonces, año tras año, forma parte de la discusión pública en torno a los precios y el control de la energía, desarrollando propuestas como la tarifa social. Por eso su demanda se transformó en bandera: hoy levantan, en el país y la región, la discusión por una soberanía energética que parta desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Aquí su historia y sus debates, en la voz de dos de sus principales referentes, José Rigane, secretario general, y Gabriel Martínez, secretario de Organización.

Un nuevo modelo sindical

El nacimiento de la FeTERA está íntimamente ligado al quiebre producido en el sindicalismo durante el primer gobierno de Carlos Menem. En ese marco un sector, principalmente de trabajadoras y trabajadores estatales y de la educación, forman la CTA, que nace en 1991 como Congreso de Trabajadores Argentinos, y se transforma en Central de Trabajadores Argentinos, después. En dicho quiebre hacen explícita la búsqueda de un nuevo modelo sindical, que confronte el apoyo que la Confederación General del Trabajo (CGT) le entregaba, por entonces, a las políticas neoliberales, y que pudiera constituirse como un movimiento político y social. La cientista política María Silvana Gurrera, que estudió la constitución de la Central, sostiene que la idea de este nuevo modelo sindical se basaba en cuatro prácticas fundamentales: autonomía respecto del Estado, patrones y partidos; democracia sindical expresada a través de la elección directa de las autoridades; apertura a nuevos sectores de la sociedad por fuera de los gremios; y revalorización de la ética gremial en contraposición con el “viejo sindicalismo” (Gurrera 2012: 212).

Recordando ese período Gabriel Martínez se­ ñala que “el sindicato único había facilitado el desarrollo de las políticas neoliberales y buena parte de las organizaciones sindicales más grandes se habían asociado a los procesos de privatización y extranjerización”. “Los trabajadores que entendíamos distinto la cosa, comenzamos a organizarnos de una manera independiente de los que estaban claudicando, creando una conceptualidad nueva que viera al sindicalismo como parte integrante de la sociedad y no como una herramienta a utilizar dentro del mundo del trabajo”, subraya. “Es decir que la clase, ya no los trabajadores en relación de dependencia, la clase, tenía que buscar una articulación con todos los sectores para enfrentar a un enemigo que era mucho más grande que un patrón”. Martínez enfatiza en que en el surgimiento de la CTA se juntan conceptos traí­ dos de la experiencia de la CGT de los Argentinos (1968-1973) con elementos nuevos, propios de la crisis neoliberal.

En el marco de ese proceso, y en el esquema de crecimiento de CTA en nuevos sectores, es que nace la FeTERA, formalmente en noviembre de 1995. Creada por una diversidad de sindicatos como Luz y Fuerza Mar del Plata, Santa Cruz, Zárate y La Pampa; trabajadoras y trabajadores estatales (ATE) de sectores como el carbón (Río Turbio) y nuclear; Gas del Estado de Capital Federal, de la represa de Salto Grande y ex ypefianos (desocupados y desocupadas de YPF).

Las y los trabajadores de la energía como sujetos políticos

Las políticas neoliberales de Menem golpearon con especial fuerza a los y las trabajadoras de la energía cuyas principales empresas fueron desguazadas, divididas y finalmente privatizadas. Este proceso ocurrió en los distintos segmentos del sector, tanto en generación como transmisión y distribución, dejando a miles de personas en la calle. Mientras una porción mayoritaria de estos se transformaron en desocupados, otros puestos de trabajo fueron reconvertidos a la subcontratación, con la consiguiente pérdida de derechos laborales (1) .

“Nuestro objetivo entonces era nuclear a sectores que salieron a enfrentar la pérdida de patrimonio público y la privatización de las empresas de Estado”, señala Martínez. “Pero también nos dimos la estrategia de representar trabajadores activos, jubilados y desocupados. Esto llevó a organizarnos dentro del ámbito de las organizaciones de trabajadores, con una política diseñada para articular con todos los sectores de la sociedad, reconociendo a nuestros compañeros que habían quedado sin trabajo como parte de la organización sindical, cosa que a algunos aún les cuesta”.

La FeTERA se caracteriza, entonces, por ser una organización de segundo grado que reúne no solo a sindicatos, sino también a otras figuras, como agrupaciones y a la afiliación individual. Además, los orígenes de estos espacios son de diversas ramas del sector. Se busca así la construcción de una nueva figura sindical: las y los trabajadores de la energía. Martínez considera que a través de la Federación lograron crear este nuevo modelo de representación sindical, no sin complejidades, “cuando un trabajador de Luz y Fuerza se integra con otros trabajadores de Luz y Fuerza en usinas o empresas que transmiten alta tensión o distribuidoras, tienen un lenguaje común o un convenio colectivo común que hace que se sientan pares, aunque no se conozcan desde antes”. “Ahora, cuando encontrás en un mismo lugar a trabajadores del gas, de la electricidad, química, carbón, nuclear; no hay pasado común, no hay una historia que los entrelace. Entonces tenés que empezar a crear una nueva historia, la historia de la convivencia en un ámbito de construcción nueva. Desde ese punto de vista, la FeTERA es un experimento sindical que ha sobrevivido ya veinte y pico de años”, comenta.

Un dato no menor es la baja afiliación de gente del sector petrolero en la Federación. Al respecto, su secretario de Organización, explica que se debe a que esos trabajadores y trabajadoras están empleados prioritariamente en empresas privadas, que ven con temor la lucha contra la privatización que lleva adelante la FeTERA.

La energía entendida como derecho

Hay un proceso en particular liderado por Luz y Fuerza de Mar del Plata que determinó y constituyó el ADN de la lucha de la Federación. Hacia finales de la década de 1990, a los masivos despidos en el sector, en esa ciudad se sumaron los cortes de luz y agua, así como la quita de los medidores, lo que generó una alta conflictividad en algunos barrios, que incluía piquetes y barricadas para impedir los cortes del suministro. Ante esto, los gremios promovieron la creación de multisectoriales que levantan una propuesta de reconexión de los hogares sancionados y la creación de una tarifa social. Después de años de negociación, esta fue aprobada en la provincia de Buenos Aires, estableciendo rebajas de tarifas de un 40% (llegaba hasta un 50% con la quita de impuestos) en las casas con consumo menor a 150 kwh mensuales (2).

Escuela de Formacion Agustín Tosco de Fetera (2014) / Agencia CTA

“Nosotros empezamos a dar este debate cuando comenzamos a sentir la pérdida del derecho a la energía, a finales de los ‘80. En ese ámbito surge el concepto de la tarifa social. Comenzamos a buscar las relaciones institucionales y sociales que llevaran a contar con un cuadro tarifario que incluyera una tarifa especial de carácter social”, sostiene Martínez. Un volante de la época valora así la importancia de la ley. “La Tarifa Social es un avance surgido de la conciencia social de los hombres y mujeres que sufrimos la derrota económico-ideológica de la privatización. Sobre la base de reconocer la energía como un derecho humano es que se comienza a recorrer el camino de construcción de la Tarifa Social.”

“Esa ley se ganó, está vigente y garantizó la energía eléctrica para muchísimos que no podían pagar. Donde el valor subsidiado de la energía no lo paga el Estado, sino que son las mismas empresas que resignan ganancia para garantizar el servicio público. Así, el concepto de que la energía es un derecho, es un bien social, nació en medio de la crisis que va desde el ´99 hasta previo el 2001, a medida que iban creciendo las condiciones sociales para el crack que se dio después”, valora Martínez. Por su parte José Rigane sostiene que ese proceso fue un hito para entender la desmercantilización de la energía. “La energía resulta insustituible. Se puede sustituir un paquete de fideos, podes comprar un kilo de papas o arroz; pero la electricidad, el agua y el gas no lo podes sustituir, es imprescindible para la vida. Y sin esa energía no hay vida digna y, como se trata de un bien social, de la misma manera tenemos que es un derecho humano. Pero este modelo contempla a la energía como un instrumento para tener ganancia por parte de las empresas multinacionales de la manera más rápida. Tiene como objetivo sustancial tratar la energía como un commodity, como una mercancía, a la que no reconoce como un derecho o bien social”.

Un sistema en crisis

La FeTERA coincide con el diagnóstico común de que el sistema energético está en crisis. Esta es una afirmación que aparece transversalmente a todos los sectores políticos del país, sin embargo cada uno pone el acento en causas distintas. Por ejemplo, el relato oficial del gobierno kirchnerista establecía que la responsabilidad estuvo en el proceso neoliberalizador de los ‘90, mientras que el macrismo culpa a la pesada herencia kirchnerista. Por su parte Rigane sostiene que “ha fracasado y está en una profunda crisis el modelo energético basado en la privatización y, fundamentalmente en la extranjerización, que responde a los intereses del sistema capitalista”.

¿De dónde proviene esta crisis? Para Martínez, “la pérdida de soberanía energética no se da en 1989, sino que viene de todo el proceso anterior, de decadencia, que termina privatizando, arrebatando la energía de la administración social”. Rigane complementa, “la entrega comenzó con la dictadura militar, pero luego tiene continuidad en la democracia, que es lo peor que nos sucede. Esto termina demostrando que esa democracia es profundamente formal, es profundamente burguesa y que además, al ser una democracia no participativa, no está convocado a la gente a decidir sobre los problemas más importantes y significativos. Es una demostración de que los argentinos perdimos soberanía y somos incapaces de poder decidir precisamente sobre los temas más importantes”.

El secretario general de la Federación considera que la clave en esta crisis está en la pérdida del control social de la energía. Esto se ve, por ejemplo, en la extrema dependencia de los hidrocarburos en la matriz energética, lo que no sólo la hace muy contaminante sino también altamente dependiente, debido a la necesidad de importar gas. “Lo cierto y lo lógico es que tenemos que tender hacia una matriz diversificada, pero eso solamente lo puede hacer un pueblo que recupere la soberanía, para después discutir qué es lo que nos conviene desarrollar. Este es un debate que no se termina de entender en la gran urbe capitalina, donde no se ve ni se siente lo que es capaz de provocar el extractivismo y sus consecuencias nefastas para el pueblo argentino. Entonces está muy claro que la diversificación de la matriz energética viene de la mano de recuperar la soberanía popular. Y si recuperamos la soberanía energética, seguramente los argentinos nos vamos a dar una matriz en la que tengamos una compensación de energías alternativas”, sostiene Rigane.

¿Cómo entiende, entonces, FeTERA la soberanía energética? Martínez responde: “para nosotros está relacionada directamente con la apropiación social de los recursos energéticos y de la capacidad de transformación para su conversión en servicio pú­ blico. La soberanía tiene que ver con la aparición de un actor colectivo permanente, no asociado a las coyunturas políticas, que tiene que laburar un proyecto de utilización y desarrollo. Y que tiene que garantizar a las generaciones que vienen su disfrute”.

Yendo a la propuesta concreta de FeTERA para pensar una transición a la soberanía energética, Rigane sostiene una agenda de cuatro puntos: “la primera decisión tendría que ser suspender todo tipo de exportación de petróleo: no tenemos petróleo para abastecer el mercado interno, no tenemos por qué exportar. Segundo, declarar servicio público todo lo que es servicio público y que hoy no está declarado: la transmisión, generación y la distribución de energía. Tercero, una intervención del Estado con poder de decisión para la planeación y ejecución de la política energética que tenga como objetivo resolver el problema del acceso de todos los ciudadanos argentinos a la energía. En esa línea, comenzar a planificar algo que no se resuelve de un día para otro, que es el tema de la diversificación de la matriz energética. Y luego una integración de carácter regional en función de los intereses y la necesidad de los pueblos, no de los gobiernos, y menos aún de los grupos multinacionales. En términos energéticos esto resulta imprescindible”.

Martínez, por su parte, hace hincapié en el control de los servicios públicos. “Nuestra propuesta no es volver al tipo de administración de servicios públicos que teníamos antes de 1989, cuando se pensaba que era del Estado, y por lo tanto lo administraba el gobierno. Ni tampoco a lo que se pensó después, cuando era de los concesionarios, y por lo tanto lo administraban las empresas. No hay un punto donde se piense que el control de la energía es de la sociedad, que va más allá de los gobiernos y de los intereses privados. Ahí el Estado tiene un rol, pero la sociedad tiene que ser garante de que las futuras generaciones no se van a encontrar con Repsol administrando”.

Una vuelta al comienzo

El panorama político es hoy mucho más parecido al de la fundación de la FeTERA. Si la discusión energía como derecho o como mercancía no estuvo saldada durante el kirchnerismo, el gobierno empresarial de Mauricio Macri inclinó toda la balanza en favor de la mercantilización. Su mayor expresión fue el tarifazo: un brutal aumento de los servicios para sostener los altos márgenes de rentabilidad de las compañías del sector, bajo un discurso antisubsidios. Para Martínez lo que se terminó implantando mediáticamente fue un falso debate, “este gobierno te hace discutir entre tarifazo y aumento gradual y nosotros decimos ‘ni una cosa ni la otra’”. “Para nosotros el tarifazo es una consecuencia. La causa es el modelo energético. Y si nosotros no cambiamos la causa, los efectos van a continuar”, agrega Rigane.

Martínez sostiene que esa modificación del modelo tiene que ir en función del aprovechamiento social de la energía. “¿Para qué quiero empezar a exportar energía? No me interesa. Yo quiero la energía para desarrollar puestos de trabajo, tecnología propia, proyectos de desarrollo, una democracia fuerte y participativa, universidades que desarrollen centros de ciencia y tecnología, etc. Lo que tenemos que hacer es plantearnos qué tipos de desarrollos industriales hacen falta para que mi sociedad viva mejor y qué nuevas formas de participación democrática nos podemos dar en camino hacia estadios superiores, donde el socialismo esté contemplado”.

 

*Investigador del OPSur

Este artículo fue publicado en la edición Nº5 de Fractura Expuesta. [Descargar revista]

Fuentes

(1) Hernán Palermo (2012) cifra en 35.689 los despidos sólo en YPF. Esto provocó una alta conflictividad social, cuyo punto máximo fueron las puebladas de Cutral-Co y Plaza Huincul que vieron nacer a un/a nuevo/a sujeto/a: las y los piqueteros, que lograron frenar el intento de atomización de las y los desocupados por la vía de los despidos.

(2). Más información sobre la historia de la Ley 12698 de la Provincia de Buenos Aires, está desarrollada en el artículo La Historia de la Tarifa Social, disponible en la página de FeTERA.

Artículos consultados

Gurrera, M. S. (2002). Protesta, conflicto sindical e identidades políticas: la Central de los Trabajadores Argentinos en los años noventa. Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe. Buenos Aires.

Palermo, H. M. (2012). Cadenas de oro negro en el esplendor y ocaso de YPF. Grupo Antropología del Trabajo. Buenos Aires.

Soberanía Energética


Vaca muerta revive pero no derrama

por César V. Herrera – Docente área economía – FCE UNPSJB

La recreación mítica de un nuevo “El dorado” en tierras correspondientes a la Cuenca Neuquina (CNQN) ha fortalecido las expectativas de un abastecimiento seguro y extendido en el tiempo de energía proveniente de hidrocarburos no convencionales (HCNC) en base a la fractura hidráulica (Fracking). La búsqueda del crecimiento económico y la visión de la energía como insumo son objetivos centrales desde el año 2.012 al presente y en el camino prevalece lo productivo por sobre los impactos económicos, sociales y ambientales de la actividad.

En un contexto de baja en el precio internacional del petróleo y de cambio de paradigma energético (Hacia energía renovables) los presupuestos de inversión han disminuido desde el 3er. trimestre de 2.015 y ha comenzado una fase competitiva de la misma entre HCNC e hidrocarburos convencionales (HCC) y por ende entre la CNQN y la Cuenca del Golfo San Jorge (CGSJ), en el gráfico siguiente podemos apreciar la tendencia creciente en la CNQN y de leve baja en la CGSJ de los metros lineales perforados en todo tipo de pozos.

El incremento de la inversión en el empleo y la extracción de petróleo y gas natural que acompañó el proceso en la CNQN  promocionado como eje de la actividad del mundo en Argentina, no se refleja en la variables económicas y sociales en una foto comparativa entre CRD/RT, NQN/PLOTIER, Total del país, CABA y GBA en variables socioeconómicas, donde el “arreglo institucional” de gremios, políticos (Locales y Provinciales) y empresas extractivas ha funcionado mejor en la CGSJ que en la CNQN.

Una foto presente tanto de la pobreza unidimensional o de ingresos nos entrega una menor pobreza e indigencia, tanto en hogares o personas,  en CRD/RT que en en NQN/PLOTIER donde de las variables analizadas solo registra menores problemas en el acceso a la vivienda y una distribución del ingreso mas igualitaria.

Las comparaciones dan que luego de una intensa explotación la CGSJ presenta indicadores socioeconómicos mejores que la el boom de la explotación en la CNQN, que derrama menos hacia la comunidad.

Números


Petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina

por Natalia Barrionuevo / Stefan Peters

Los recursos naturales están nuevamente en el centro del debate público latinoamericano. Con base en la expansión e intensificación de un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, la región vivió entre 2003 y 2013/14 una bonanza económica con altas tasas de crecimiento y -muchas veces bajo gobiernos progresistas– reducciones importantes de las tasas de pobreza así como mejoras palpables de la distribución del ingreso. El llamado (neo)extractivismo se convirtió –hasta su colapso rápido en el contexto de la fuerte caída de los precios de los commodities a partir de 2013/2014– en un modelo políticamente exitoso que a su vez causó un sinnúmero de reflexiones en foros de movimientos sociales, conferencias y publicaciones de índole académico-político e investigaciones académicas. Estos debates se concentran mayoritariamente en dos líneas: i) las consecuencias socio-económicas del modelo reflejadas en índices de desarrollo, así como ii) los pasivos ambientales de la extracción de materias primas y los conflictos socio-ambientales relacionados a los proyectos extractivistas. El presente dossier, por un lado, retoma estas discusiones en el análisis de diferentes casos de la extracción de hidrocarburos en la Patagonia Argentina. Por otro, busca ampliar el debate hacia dos temas que en las reflexiones recientes sobre el (neo)extractivismo en América Latina han tenido menos envergadura: las consecuencias socio-culturales de la extracción de materias primas a nivel local, y las particularidades del trabajo y de las relaciones laborales en los enclaves extractivos. Además, los artículos reunidos en este dossier tienen en común que no se restringen al análisis de la coyuntura sino que buscan interpretar los fenómenos actuales a nivel económico, social, político y cultural a la luz de la larga tradición e historia de la explotación de materias primas en la región.

La Patagonia Argentina ofrece una variedad de casos emblemáticos para discutir empíricamente los diferentes nexos entre petróleo, trabajo y sociedad. Si bien es cierto que la Patagonia es mucho más que petróleo y recursos naturales, cabe destacar que buena parte de los recursos hidrocarburíferos de la Argentina se extraen de tierras patagónicas y que buena parte de la Patagonia está claramente marcada por la extracción del ‘oro negro’. Aunque en contraste a países como Ecuador o Venezuela, Argentina no es un país petrolero, no hay que subestimar la importancia del recurso para la economía, la sociedad y la política del país. La entonces presidenta de la República Cristina Fernández de Kirchner lo dejó en claro al responder a demandas de pueblos originarios y afirmar que “no podemos dejar […] de sacar el petróleo porque lo necesitamos para poder desarrollarnos, para poder vivir” (cit. p. Scribano y Machado Araoz, 2013: 15). No obstante, la misma extracción y especialmente la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking también han causado fuertes polémicas y resistencias por parte de movimientos sociales, indígenas y ambientalistas. En términos generales, podemos constatar que hay una extraña tensión entre un amplio apoyo a la extracción del petróleo, la defensa de la industria y las fuentes laborales en tiempos de crisis como los que atraviesa el sector petróleo en la actualidad, e incluso la construcción de un orgullo y una identidad local en torno a la extracción del petróleo por un lado; y la denuncia de una serie de consecuencias negativas relacionadas con la presencia de la industria extractiva a nivel local, junto a fuertes resistencias especialmente en contra el fracking como podemos observar en el caso de Vaca Muerta o de la comunidad mapuche de GelayKo, ambos ubicados en la provincia de Neuquén (Savino, 2016; véase también la contribución de Bernáldez a este dossier).

El presente dossier se plantea contribuir a una radiografía de las interrelaciones entre petróleo y sociedad en la Patagonia. El proyecto nació a lo largo de 2015 en el marco de cooperaciones académicas entre el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagoniade la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia, y su Programa de investigación Petróleo y desigualdades sociales en la Cuenca del Golfo San Jorge, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Kassel. En esta última institución, el dossier se enmarca en el International Center for Development and Decent Work y su línea de investigación sobre extractivismo, que puso en relieve una serie de intereses y preocupaciones compartidas y complementarias en torno a la comprensión de las relaciones entre el petróleo y los vínculos sociales en sociedades marcadas por la extracción de hidrocarburos. En base a estos puntos de partida, se hizo una convocatoria abierta a artículos que dio múltiples respuestas, hecho que demuestra el fuerte interés académico en el tema.

Como primer resultado de esta cooperación ofrecemos en el presente dossier ocho artículos que abordan desde múltiples perspectivas y con diferentes entradas teóricoconceptuales el tema petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina en clave subnacional, enfocándose en las ciudades de Comodoro Rivadavia (Chubut) y Catriel (Río Negro), y las provincias de Neuquén y Chubut. A partir de abordajes multi e interdisciplinarios, se proponen análisis teórico-empíricos tanto desde la perspectiva de las estructuras sociales como desde los actores y grupos involucrados, que vinculan tradiciones teórico-metodológicas cualitativas y cuantitativas. Los artículos que lo componen se preguntan por las diversas interrelaciones entre el petróleo y las dinámicas sociales en contextos urbanos de la Patagonia bajo los ejes de problemáticas medioambientales, acceso y apropiación de la tierra y el hábitat, relaciones de género, y particularidades regionales del rentismo. Pero las propuestas que aquí presentamos no sólo responden interrogantes a la vez que formulan nuevos, también dialogan entre sí en torno a los sentidos en que el petróleo moldea las relaciones sociales y las relaciones naturaleza/ sociedad generando diversas desigualdades (ambientales, de género, de clase, en la distribución de la renta) que implican relaciones de poder particulares. Con el foco en procesos de identificación, dominación, resignificación y resistencia, los autores dan cuenta de mundos complejos en los que intervienen el Estado, el mercado, las empresas y los trabajadores como actores destacados. La pregunta por la construcción de consensos en torno a una cultura del petróleo sobrevuela –de manera más o menos explícita aunque no por ello menos evidente- los diferentes escritos, lo que interpela a pensar en formas de desafiarla en pos de garantizar derechos sociales y ejercicios plenos de la ciudadanía a la vez que la construcción de sociedades más sustentables.

Luego de esta presentación, los artículos se inician con la contribución de Brígida Baeza y Magali Chanampa que analizan cómo los problemas medioambientales que conlleva la actividad petrolera son naturalizados por la población comodorense. En base a ejemplos históricos y actuales demuestran cómo la contaminación causada por el petróleo forma parte de la cotidianeidad de los habitantes de la principal ciudad de la provincia del Chubut. El punto central del artículo de Baeza y Chanampa es el tema de la contaminación del hábitat en relación con las desigualdades socio-espaciales. Las autoras discuten especialmente las consecuencias de la contaminación en los barrios caracterizados por ‘tomas de tierra’ y, a partir de esos casos empíricos, desarrollan las dificultades para desnaturalizar los daños ambientales y el proceso de sacralización del petróleo como barrera a la conciencia sobre los problemas ambientales en la sociedad petrolera de Comodoro.

A continuación Joaquín Bernáldez discute, desde una perspectiva de la ecología política, las consecuencias socio-ambientales de la extracción de hidrocarburos en la provincia de Neuquén. El artículo debate los principales planteamientos de la ecología política haciendo hincapié en tres puntos clave: la interdependencia entre naturaleza y sociedad; la politización de las relaciones naturaleza-sociedad; y el compromiso académico con la reapropiación de la naturaleza. Basándose en estas categorías analíticas Bernáldez se acerca al análisis de sociedades extractivistas en general, para luego presentar entradas más concretas a líneas de investigación en torno a la ecología política de los conflictos sobre el fracking en la provincia de Neuquén.

Posteriormente el artículo de Laura Mombello nos lleva a otra localidad petrolera de la Patagonia: la ciudad petrolera de Catriel, en la Provincia no-petrolera de Río Negro. Sin embargo, su artículo no se restringe a la investigación de las consecuencias de la larga historia de explotación petrolera en la ciudad, sino que ofrece un análisis multiescalar. Esta perspectiva metodológica-conceptual le permite discutir los procesos sociales de la ciudad de Catriel en relación con factores a nivel provincial, nacional e internacional. Mombello debate estas interrelaciones y tensiones entre las diferentes escalas con un enfoque en los derechos (adquiridos y naturalizados) a la explotación y al usufructo de las riquezas de la naturaleza.

El siguiente artículo de Santiago Bachiller presenta resultados de un trabajo etnográfico en los asentamientos conformados por tomas de tierras en Comodoro Rivadavia, reparando en las particularidades del caso a la vez que enmarcando el fenómeno en formas latinoamericanas de producir espacio urbano. El autor sostiene que ese fue el modo histórico de conformación de la ciudad, marcado por la extracción de petróleo. A lo largo del texto rastrea las dificultades históricas de los sectores populares locales en el acceso legal a la tierra, repara en la gestión gubernamental de acceso al suelo y analiza el rol del mercado inmobiliario/ constructor en tanto agente expulsor. Finalmente retoma algunos discursos de los protagonistas de las tomas vistas como alternativa, y reflexiona en torno a la necesidad de imaginar nuevas políticas urbanas.

También basado en investigaciones empíricas en Comodoro Rivadavia, el artículo de Natalia Barrionuevo busca reconstruir, a partir de un estudio etnográfico, algunas formas de legitimación de las desigualdades de género en un contexto de desigualdad de clase signado el trabajo petrolero. La autora repara en las formas en que esas desigualdades se actualizan en contextos recientes de post-privatización de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), y persisten –a la vez que son resistidas- en una configuración particular que articula determinación (una comunidad patagónica históricamente petrolera y masculina) y contingencia (el boom y las nuevas formas de pensar el trabajo, las relaciones de clase y las construcciones de género).

Después Hernán Palermo se propone reconstruir históricamente las identificaciones de los trabajadores del sector para luego reparar en las formas en que representan el género según el lugar que ocupan en el proceso de cooperación capitalista. Allí, sostiene el autor, convergen saberes técnicos y formas de producción de la masculinidad históricamente situadas, redundantes en una determinada disciplina fabril. A partir de una investigación cualitativa, el autor considera cómo la pérdida del trabajo en YPF –a partir del proceso de privatización de la empresa en la década de los ’90- produjo masculinidades devaluadas. En el posterior contexto de tercerización, surgen los “petroleros” en tanto “nuevos varones del petróleo”, no sin diferenciaciones internas.

El próximo texto de Paolo Paris considera las relaciones de género que permanecen a pesar de la reestructuración del mundo petrolero en los últimos veinticinco años, dada por contextos de post-privatización y post-convertibilidad, y se pregunta si esa formación puede ser erosionada por la contemporaneidad. El autor también reflexiona sobre la relación entre “petroleros” y “no petroleros”, y la “parte maldita” que fascina a la vez que genera rechazo. En ese camino retoma la propuesta de Georges Bataille y cierta producción académica local, para concluir presentando las prohibiciones y transgresiones que vinculan trabajo, empresa y género en la “boca del pozo”.

Por último, el artículo de Stefan Peters analiza la provincia del Chubut y, especialmente, la ciudad de Comodoro Rivadavia desde una perspectiva de la teoría rentista. En su texto describe a Chubut y su principal centro urbano como una sociedad rentista fuertemente caracterizada por los ingresos rentísticos. El texto se centra en indagar la (re-)producción de patrones político-territoriales y desigualdades sociales a través de la distribución de la renta petrolera, así como en la naturalización de la extracción petrolera en Comodoro. Peters afirma que el caso de estudio arroja luz a las limitaciones de la dicotomía bendición vs. maldición de los recursos naturales que domina buena parte del debate sobre renta (petrolera) y desarrollo, y propone una reorientación teórica-conceptual hacia el estudio de sociedades rentistas.

Consideramos que los artículos reunidos ofrecen un amplio y muy valioso panorama que nos permite un mejor entendimiento de los procesos sociales en la Patagonia Argentina y sus interrelaciones con la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, más que un proyecto culminado, concebimos al presente dossier como un comienzo que abre nuevos interrogantes académicos a la vez que replantea otros y que, por lo tanto, esperamos que represente un punto de partida de futuras investigaciones. Además de la profundización de los debates aquí planteados, queremos señalar -sin ambiciones de ser exhaustivos– cuatro líneas de investigación adicionales para ilustrar posibles caminos en ese sentido. En primer lugar, cabe subrayar que este dossier se limita al análisis de casos de la Patagonia Argentina. No obstante, en un próximo paso sería importante abrir el espacio a comparaciones sistemáticas con otros casos de explotación minera e hidrocarburífera en Argentina, América Latina y otras partes del mundo. En este sentido, resultaría de especial interés académico llevar adelante un análisis comparativo de las dinámicas presentes en la Patagonia Argentina con otros casos de sociedades petroleras a nivel subnacional en países no-petroleros.

En segundo lugar, varios de los artículos reunidos en este dossier hicieron hincapié en la complejidad de las relaciones laborales en la industria petrolera. Si bien es cierto que las remuneraciones de los trabajadores petroleros son relativamente altas, otros factores como la estabilidad laboral, la reducción de las horas de trabajo, las mejoras en la seguridad y la prevención de accidentes laborales, junto a la lucha contra las desigualdades de género(s), van ganando importancia para los trabajadores y sus gremios. Dicho con otras palabras, se trata de discutir y plantear estrategias que aseguren que los trabajadores tengan acceso a un trabajo decente en una amplia perspectiva (ILO, 2012). Sin embargo, cabe señalar que el desafío de mejorar las condiciones laborales no se restringe a los trabajadores petroleros. Especialmente en sociedades con una fuerte presencia de economías de enclaves –como es el petróleo– también hace falta desarrollar estrategias para mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadores-as cuya vida está estrechamente vinculada a la actividad extractiva, aunque no trabajen en la industria.

En tercer lugar, cabe señalar que uno de los desafíos más importantes para todas las sociedades mono-dependientes de recursos naturales no renovables consiste en fortalecer los sectores no-extractivos y contribuir a la diversificación de la economía para reducir la dependencia de los recursos naturales y llegar a un modelo de desarrollo económica, social y ecológicamente más sostenible. Aunque existe un amplio consenso sobre los beneficios de ampliar la matriz productiva y una serie de ejemplos actuales e históricos de planes para salir de la dependencia de recursos naturales, los resultados de estas iniciativas suelen ser –en el mejor de los casos– mediocres. Por consiguiente, y con mucha más urgencia en el actual contexto de crisis, la academia, las instituciones de representación política, pero sobre todo la sociedad en su conjunto, se confrontan con la urgencia de analizar los factores que obstaculizan o inhiben mayores éxitos en la diversificación de la matriz productiva en sociedades extractivas. Ese análisis es la base para discutir, formular e implementar iniciativas políticas, económicas y sociales concretas que permitan reducir la dependencia de los commodities y construir sociedades post-extractivistas.

En cuarto lugar, no cabe duda que en las ciudades petroleras de la Patagonia Argentina se han establecido y se siguen reproduciendo “culturas del petróleo” que se destacan por una serie de particularidades en las relaciones sociales, los patrones de consumo y el uso del tiempo libre, relaciones Estado-sociedad, perspectivas hacia el futuro, relaciones entre la sociedad y la naturaleza, etc. que las distinguen claramente de otras formaciones sociales del país. Sin embargo, hay pocos trabajos académicos abocados al análisis empírico de las características comunes (también en perspectiva comparada) de las culturas petroleras locales.

Discutir las interrelaciones entre petróleo, sociedad y trabajo, por lo tanto, abre espacios para una serie de interrogaciones con alta importancia política y social para las sociedades petroleras por un lado, pero también para la reflexión académica y especialmente para el debate de las Ciencias Sociales. Con este dossier queremos contribuir a esas discusiones, y de esa manera incentivar el estudio empírico de las sociedades petroleras en la Patagonia Argentina, pero también en otros lugares del mundo.

Bibliografía ILO (2012) Decent Work Indicators: Concepts and Definitions. Geneva, ILO. Savino, L. (2016) “Landscapes of contrast: The neo-extractivist state and indigenous people in ‘post-neoliberal’ Argentina”, en The Extractive Industries and Society, vol. 3, 404-415. Scribano, A. y Machado Araoz, H. (2013) “Presumidamente blanca… Notas para entender la violencia racializante”, en: Boletín Onteaiken, N° 15, 1-21.

 
Dossier completo Presentación Natalia Barrionuevo & Stefan Peters | 01 La naturalización de las problemáticas medioambientales en torno a la explotación petrolera en Comodoro Rivadavia Brígida Baeza & Magali Chanampa | 07 Hacia una ecología política del fracking en la Patagonia Argentina Joaquín M. Bernáldez | 32 Derecho, tierra y petróleo. Una aproximación analítica multiescalar desde el norte rionegrino Laura Mombello | 49 Petróleo, dificultades del acceso al suelo urbano y toma de tierras: un problema recurrente en la historia comodorense Santiago Bachiller | 71 Trabajo petrolero y desigualdades de género en Comodoro Rivadavia: reactualizaciones históricas Natalia Barrionuevo | 88 La construcción social de la(s) masculindad(es). Un análisis etnográfico del universo laboral de los trabajadores petroleros Hernán M. Palermo | 110 El pozo maldito: Trabajo petrolero, heteronormatividad y goce en la Cuenca del Golfo San Jorge Paolo Paris | 128 Petróleo, política y sociedad en Chubut: reflexiones teórico-conceptuales en torno al rentismo Stefan Peters | 144 La sopa del albañil y el viento sonando entre las hendijas de la ventana César Barrientos | 165 Revista Identidades del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (UNPSJB)


Criminalización y contaminación en Vaca Muerta

El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) reclamó ante la ONU que indague al Estado argentino sobre la represión a las comunidades mapuches neuquinas que están instaladas cerca de Vaca Muerta. Advirtió también que hay graves impactos socio-ambientales en la zona y que se incumplen leyes internacionales. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén aseguraron que “sin dudas este último año ha sido el más violento”.

A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén. Allí reclaman que la ONU pregunte al Estado argentino en su informe de revisión de 2018 cómo garantiza los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y que dé cuenta de sus esfuerzos por mitigar los efectos ambientales del fracking.

“Creemos que es sumamente necesario presentarlo, sobre todo por la cuestión de violencia y ofensiva que se está dando en el territorio”, explicó a Página/12 el politólogo e investigador de Opsur, Diego Di Risio, al señalar que ciertas acciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “son llamados de alerta” que los moviliza a “crear mayor protección internacional para las comunidades”. Desde el Observatorio esperan que la respuesta de parte del Comité internacional llegue a mediados de octubre y que a partir de allí se abran distintas instancias para que el año que viene el Estado dé respuestas ante la ONU.

En la denuncia, se destaca que se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, destacan las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada –ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales- pero destacan además que hay “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país. “Denunciamos que hay un ambiente de violencia hacia las comunidades”, contó Di Risio.

Desde el Observatorio no creen que la avanzada sea casual y lo relacionaron directamente con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, a las que definen “básicamente como una ola de subsidios al gas no convencional”. “Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo de Opsur.

La elaboración del documento que enviaron contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative).  Los testimonios y los datos emergen de los mismos referentes de la comunidad como también de otros estudios anexos que recolectó durante seis años Opsur.

“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, advirtió a Página/12 Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”. Desde la CMN alertaron que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.

La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”. “El 21 de junio de este año entró Gendarmería con una supuesta orden judicial pero ellos mismos reconocieron después que se trataba de una orden política”, aseguró.

El informe refiere de forma tangencial a la situación de la Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, donde en junio de este año, unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Según Di Risio, “el nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, insistió.

Página 12


Cuestionamos a Vaca Muerta ante la ONU

Critican la falta de consulta a comunidades mapuche y el aporte al cambio climático del megaproyecto Vaca Muerta.

 

(Neuquén//Buenos Aires//Ginebra, 28 de septiembre 2017) Un informe presentado ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas cuestiona la falta de respeto y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores locales y las comunidades mapuche afectados por la extracción de hidrocarburos en la formación no convencional Vaca Muerta. Refiere, en ese sentido, a la situación de Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, que ha visto su territorio concesionado a YPF y Chevron en 2013. Al momento, en más de 500 pozos se ha fracturado hidráulicamente. La técnica, también conocida como fracking, ha sido prohibida o tiene moratoria en países como Francia, Bulgaria, Escocia, Gales e Irlanda.

El documento fue elaborado por el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) de Argentina en conjunto las organizaciones internacionales Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Las últimas cuentan con sedes en la ciudad de Ginebra, Suiza.

“La presentación se realiza en un momento en que la violencia sobre las comunidades se ha incrementado por el avance de las empresas”, afirmó el politólogo Diego di Risio, coordinador del Observatorio Petrolero Sur. “En estos pocos años de desarrollo, la llegada del fracking ha cercado a las poblaciones. Los pozos se han multiplicado en chacras y barrios sin control alguno”.

Por su parte, Lucy Mckernan de Global Initiative, afirmó que el “desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Argentina está pasando por arriba de los derechos de los pueblos indígenas de Neuquén, contaminando el ambiente e impactando en la salud, agua, vivienda y derechos culturales. No ha habido consulta ni se ha obtuvo el consentimiento libre, previo e informado”. La abogada, experta en derechos humanos, agregó que “estas acciones son inconsistentes con las obligaciones de la Argentina en derechos humanos y sus compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París”.

Sébastien Duyck, abogado de CIEL, puntualizó que “es la responsabilidad del gobierno argentino prevenir que las compañías petroleras violen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, como lo obligan los acuerdos internacionales que el país ratificó”.

El escrito solicita al Comité que incluya dos preguntas hacia el Estado argentino en su informe 2018. En particular, una sobre cómo el Estado garantiza los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas que viven en áreas de explotación hidrocarburífera con los pueblos indígenas. El otro cuestionamiento es sobre las medidas adoptadas para hacer compatibles la extracción de combustibles fósiles, en particular los recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, con los compromisos de Argentina sobre el Acuerdo de París, para mitigar y adaptarse al cambio climático.

“El desarrollo de la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta se ha basado en reiteradas violaciones del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas, un derecho garantizado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Argentina en 2000”, precisa el documento firmado por tres organizaciones. “El incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas ha llevado a un conflicto con muchas comunidades indígenas -por ejemplo, con la comunidad indígena mapuche de Campo Maripe”, indican. La presentación ante el Comité fue acompañada por la adhesión de 53 organizaciones tanto argentinas como latinoamericanas.

Por otra parte, en torno al cambio climático el documento señala que: “La extracción de combustibles fósiles en la formación Vaca Muerta contribuiría significativamente al aumento global de las emisiones y reduciría la probabilidad de que las emisiones mundiales de combustibles fósiles permanezcan dentro de los presupuestos de carbono sugeridos por los científicos para evitar los impactos climáticos más severos”. Por lo que “el desarrollo de reservas como Vaca Muerta es consecuentemente incompatible con las obligaciones de la Argentina de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos protegidos por el Pacto”. De lo que concluye que “en la medida en que las políticas energéticas de la Argentina continúan apoyando la extracción de combustibles fósiles, son inconsistentes con la lucha contra el cambio climático y con la protección de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció en 1985 para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que Argentina ratificó en 1986. El Comité emitirá un informe sobre Argentina el próximo año y las organizaciones promotoras del pedido aspiran a que incluya esos dos ejes de preguntas al gobierno nacional.

Organizaciones que promovieron el documento: Observatorio Petrolero Sur (OPSur) Mediante la investigación, la promoción y la formación OPSur busca fortalecer los caminos democráticos y justos para la energía y el desarrollo en Argentina. Bajo un enfoque basado en los derechos, trabaja para aumentar la concienciación sobre las implicancias de la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta desde 2011.

Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) Desde 1989 el CIEL desarrolla estrategias legales para proteger el medio ambiente, promover los derechos humanos y garantizar una sociedad justa y sostenible. Cuenta con sedes en Ginebra y Washington DC.

Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative) Global Initiative es una organización internacional no gubernamental de derechos humanos que busca promover la realización de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel mundial, abordando la pobreza a través de una perspectiva de derechos humanos.

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 Escuchá la entrevista a Diego di Risio en FM En Tránsito. Nota  “Criminalización y contaminación en Vaca Muerta“.  Agustina Arredondo

Nota “Vaca Muerta: llevan ante la ONU el reclamo mapuche contra el fracking petrolero“.  Roberto Andrés

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Vaca Muerta


EJES N°13 – El fracking en debate

En este número desde EJES nos propusimos advertir que el daño que genera la arena de sílice a la salud no es tenido en cuenta al momento evaluar el rendimiento económico del fracking. Además, informamos que YPF realizó una acción judicial contra la ordenanza que prohíbe el fracking en Fernandez Oro. Reducción de costos y optimización de la información para la perforación de pozos son dos objetivos en la mira de las empresas de la industria extractiva que motivan las últimas megafusiones. Entre el tarifazo, el Presupuesto nacional y Vaca Muerta analizamos las características de los subsidios energéticos y señalamos las políticas públicas orientadas a la exportación de gas a través de la cordillera.

— Boletín EJES Nº 13  – Septiembre 2017 —

Foto: Fabián Ceballos.

El 28 de agosto de 2013 la Legislatura neuquina aprobó el acuerdo de la provincia con YPF que constituyó el área Loma Campana y el inicio de la explotación de Vaca Muerta con Chevron. Aquel día la protesta popular sufrió un represión que duró más de seis horas. A cuatro años de aquel hito, el megaproyecto Vaca Muerta sigue demandando condiciones. Los órganos judiciales provinciales responden y dejan rápidamente en suspenso las prohibiciones municipales, sin sufrir el costo de político de declararlas inconstitucionales.

Al mismo tiempo se erige un nuevo proceso de criminalización de las organizaciones mapuche, sumado a la negativa de la prórroga de la Ley 26.160 que obliga al relevamiento de territorios indígenas y suspende los desalojos. Mientras tanto somos muchos y muchas quienes nos seguimos preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?

El Ejecutivo también responde a las demandas corporativas. Por eso, los subsidios continúan, gran parte de ellos trasladados a los usuarios tras el tarifazo. Mientras el estado adeuda pagos a las operadoras. El objetivo es desarrollar Vaca Muerta con la mira puesta en la exportación y siguen apareciendo anuncios: Exxon invertirá U$S 200 millones para perforar siete pozos en el área Los Toldos Sur 1 en unión con Tecpetrol y Gyp.

La novedad empresaria más destacada de este período fue la fusión de la operadora Pan American Energy y la refinadora Axion Energy. Lo que la convierte en la petrolera integrada privada más grande del país y reconstituye parcialmente el tablero empresario. Su apuesta sería una importante ampliación y modernización de la refinería ubicada en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, y en el expendio de combustible.

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Vaca Muerta


[Re]configuraciones neoliberales de la cuestión ambiental

La audaz y profunda reflexión sobre la problemática ambiental que propone este libro parte de la identificación de una verdadera paradoja contemporánea: la contradicción existente entre la prolífica atención e intervención que sobre dicha cuestión llevan adelante científicos, gobiernos, instituciones internacionales y corporaciones desde los años ´70; y el simultáneo, creciente y progresivo deterioro y destrucción del ambiente, los ecosistemas y las condiciones de existencia de la vida humana y no humana. Para responder a ello, el texto refiere y examina con detalle el despliegue de las racionalidades neoliberales y su concepción, reconfiguración y tratamiento de la llamada cuestión ambiental en una serie de mutaciones que atraviesan los cuarenta años que median entre la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el tema en 1972 y la quinta realizada en 2012. Analiza así la emergencia y características del desarrollo sostenible, el medio ambiente, la economía verde, la contabilidad ambiental, el capital natural, los servicios ecosistémicos y los mercados ambientales globales sobre el cambio climático, entre otros temas. Pero, a lo largo de este tránsito, el autor propone también una aguda revisión crítica del campo de los estudios ambientales y de sus tradiciones progresistas así como de las significaciones y efectos de la actualmente promovida reformulación de las relaciones entre sociedad y naturaleza o entre economía y ambiente. Es, por ello y a todas luces, un libro de lectura obligada para todos los estudiosos o interesados en la problemática ambiental.
“La labor pacientemente documental que sustenta el trabajo de José Seoane confluye en una brillante analítica de las relaciones de poder propias del arte neoliberal de gobernar. Esta analítica, en el sentido dado por Michel Foucault a este término, persigue la construcción de un objeto muy poco frecuentado en nuestro medio académico. Se trata de la escisión ontológica y epistemológica entre naturaleza y cultura. A primera vista puede parecer que tal temática no es nueva. Sin embargo, el autor problematiza un foco de experiencias, con un modo de abordaje y una posición de quien escribe, que efectivamente hacen que su tarea venga a cubrir un área de vacancia en el campo de las investigaciones de Nuestra América”.
Del Prólogo de Susana Murillo

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Ediciones Luxemburg


Megaproyecto Vaca Muerta: Quién gobierna lo ingobernable

Foto Martín Barzilai

Por Diego di Risio

Describir Vaca Muerta es tomar una foto que mañana se difumina. Es un proceso vivo y flexible con múltiples aristas que cambian a lo largo del tiempo y en diversos niveles. Y se modifica no sólo por los complejos desafíos técnicos de diseño e implementación que presenta, sino, sobre todo, por las luchas políticas dadas por los diferentes actores involucrados. Desde gobiernos y corporaciones que intervienen de forma directa, hasta los que batallan por el devenir global de los commodities fósiles (o más bien por su control y precio presente y futuro). En estas contiendas incluimos a quienes resisten, también de forma directa e indirecta, la expansión y reproducción de los hidrocarburos desde miradas de justicia socioeconómica, socioambiental y climática.

En función de esas divergencias, niveles y multiplicidad de actores diversos, lo que aquí nos interesa abordar son las políticas tomadas por el frente Cambiemos para garantizar la viabilidad de Vaca Muerta. Qué estrategias se han introducido desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación para aumentar las posibilidades de su explotación a gran escala. Y tal foco gubernamental está puesto en un actor central, pero no determinante, como veremos más adelante. Especialmente cuando el Estado nacional pasó de “liderar y conducir” desde su aparato, en la era kirchnerista, a “coordinar y consensuar” en mesas multisectoriales. Porque, manteniendo como constante el objetivo de explotar para subsanar inconsistencias estructurales, lo distintivo de los últimos tiempos es, en resumidas cuentas, el modo de implementación.

Aquí el diagnóstico gubernamental diferencial sería, si se quiere, la necesidad de “sincerar” su capacidad de traccionar un proceso que excede a la periférica y desfinanciada Argentina. En el camino, la película desborda de forma constante al multiplicarse los focos de conflicto y disputa. Entonces, quién gobierna el proceso, es una pregunta de difícil respuesta.

Foco sobre gobierno y potencia

Como en la gestión anterior, Vaca Muerta actúa como una huída hacia adelante de las inconsistencias estructurales presentes en el nivel nacional y subnacional: alta dependencia fósil en un contexto de caída productiva convencional –deteriorando la balanza comercial por fuga de divisas–, combinado con una matriz económica de enclave en la Norpatagonia, en recurrente déficit y crisis de sus cuentas públicas. Dos puntos centrales de los siete nudos problemáticos que identificamos: (1) en un contexto de resistencia activa pero dispersa y heterogénea, (2) enfrentamos a un megaproyecto de clase global y de aprendizaje para el continente, (3) que genera múltiples injusticias socioambientales y energéticas en diversos planos y territorios, (4) es motorizado por élites transnacionales y nacionales sin control ni rendición de cuentas, y, (5) al tiempo que pretende reproducir y ampliar la economía de enclave existente, (6) busca solucionar problemas macroeconómicos y (7) energéticos de índole nacional (EJES, 2017b).

La resolución parece tentadora, pero extremadamente compleja. A nivel de potencial de recursos, estaríamos hablando de cantidades que serían varias decenas de veces las reservas actuales de la Argentina. Ahora, la extracción y puesta en valor de tales recursos a gran escala es una empresa titánica. Si bien las estimaciones varían, todas apuntan a inversiones de varias decenas de miles de millones de dólares anuales en la próxima década. El frente financiero se conjuga con desafíos técnicos y políticos de magnitud. Lo primero porque es una zona considerada “de frontera”, siendo de las pocas del mundo –junto a EE.UU., Canadá y China– donde se explota shale con cierta viabilidad económica. Y su magnitud está dada porque la misma especificidad e innovación del proyecto de energía extema lo convierte en una “bomba de carbono” –implicando un necesario salto cualitativo del Estado para controlar la conflictividad producto del alto nivel de degradación socioambiental y climática [1]. Por lo pronto, la gran mayoría de los proyectos están en fase exploratoria, salvo algunos casos excepcionales como el de YPF-Chevron –en el área Loma Campana– y otros emprendimientos menores.

Si bien la gran mayoría del andamiaje institucional y de actores es preexistente a la llegada del frente Cambiemos, hubo novedades que marcan otros rumbos y roles del Estado. En este sentido, nos interesa remarcar la intervención estatal en dos momentos: uno donde congela reglas/acuerdos y otro donde fuerza la libre circulación del movimiento productivo. Ambos están sujetos desde un discurso que enfatiza en la “crisis heredada” del sistema –recordar la declaración de “emergencia energética” del sector eléctrico apenas iniciada la gestión, en diciembre 2015–, la búsqueda de un horizonte exportador y una agenda estructurada en función de las demandas empresarias para lograr competitividad con la baja de costos –el actor estrella en tanto generador y proveedor de divisas. En términos productivos, el foco se reforzó en gas no convencional.

Ahora, tal estrategia ¿está logrando ser efectiva? Si bien rankea en las posiciones superiores de Inversión Extranjera Directa, hasta el momento la “lluvia de inversiones” del sector anunciada desde la Casa Rosada, como en el conjunto de la economía, no ha repercutido de forma sideral en llevar a una nueva fase el megaproyecto. La gran mayoría de los avances corporativos, excluyendo el caso del grupo Techint, que anunció en marzo 2017 la mayor suma tras YPF-Chevron, han sido, de hecho, para reforzar posiciones previas, con tibios avances exploratorios. Más allá de la foto, el tiempo de la lucha política pondrá los ritmos y cambios. Porque, como decíamos antes, al tratarse de un proyecto de alcance global, las interacciones y complejidades son múltiples. En definitiva, el gobierno nacional busca encauzar e incentivar donde haya vacíos “de mercado”, pero de ninguna manera pretende (ni tiene) potestad sobre el proceso.

Fijar: trabajo y riqueza

Decimos fijar porque hay una serie de políticas que crean cambios en el largo plazo. De esta manera, los resultados alcanzados por Cambiemos solidifican una agenda que repercute sobre el conjunto de instancias públicas y movimientos populares. En otras palabras, encuadran las regiones, inversiones y debates dentro de ciertos límites que será difícil romper a futuro, salvo que sea pagando altos costos políticos y dificultosas transiciones.

Desde que asumió, Cambiemos apuntó a lograr pisos mínimos de “seguridad jurídica” y previsibilidad tarifaria, dos puntos fuertemente reclamados por parte del sector empresario. Con largos meses de negociaciones encima, para principios de 2017 el presidente Macri anunció los resultados de una mesa de “diálogo” compuesta por sindicatos, empresas y sector público. Estos puntos fueron luego llevados a diferentes normativas en los meses que le siguieron. El primer resultado fue la reforma del convenio colectivo de trabajo para la actividad hidrocarburífera con una adenda específica para no convencionales en la Cuenca Neuquina, hecho antecedido por un año de presión gubernamental y empresarial al planchar la actividad. [2] A grandes rasgos, se dota de mayor poder de decisión a las empresas frente al sindicato –como reubicar trabajadores–, la “optimización” del proceso de trabajo –como permitir el montaje y desmontaje de equipos de perforación en horario nocturno– y reducción de beneficios –como modificar la jornada laboral al no contabilizar como trabajadas las horas de descanso dentro del yacimiento y las horas de viaje hasta él (EJES, 2017a).

Un segundo resultado fue fijar las reglas económicas. En primer lugar, se congeló la presión tributaria de las provincias, obligando a no aumentar regalías ni otros impuestos en los años venideros. En segundo, se extendió el programa de subsidios hasta 2020, que garantiza un valor mínimo del gas no convencional de la Cuenca Neuquina y difiere de los programas anteriores, que premiaban el aumento de la producción en cualquier región y tipo de formación –incluyendo al petróleo en programas similares, hoy desestimados. Con una baja del precio asignado de forma escalonada –de US$ 7,5 a 6 el millón de BTU–, la meta es “liberarlo” al finalizar el proceso para que asuma tal rol el mercado. Para ese momento, el gobierno proyecta un escenario de mayor oferta, hecho que lograría acoplar el mercado nacional con el internacional de forma suave. En este punto es importante tener en cuenta que, a la par de estas medidas en boca de pozo, se instrumentaron otras conocidas como ‘tarifazo’, donde se garantizan e institucionalizan los cuadros tarifarios, tanto de generadores (como las petroleras), distribuidoras (como Metrogas) y consumidores. El cúmulo de transferencias a todo el sector, tanto desde usuarios como del Estado, llegó a más de US$ 21.500 millones de 2008 a 2016 (EJES, 2016). Esto implicó un proceso de más larga data, donde lo que varió con el cambio gubernamental es quién paga, no si se paga.

Un punto importante: ambas medidas apuntan a una mirada de cuenca en términos geológicos, más que de jurisdicciones estatales. Siguiendo con lo que fue la reforma de la ley de Hidrocarburos de 2014, el cambio de lógica rompe en cierto sentido con la ‘provincialización’ del recurso al priorizar reglas multisectoriales por sobre accionar nacional o provincial. Tal cambio también responde a las necesidades de trabajo integral en la cuenca, siendo costoso una fragmentación en el ámbito regulatorio para la actividad. En esta misma lógica de coordinación multisectorial, se anunció en abril el Acuerdo Federal Energético, al que suscribieron la gran mayoría de las provincias y Nación. En él se vuelcan varios de los puntos antes discutidos, como también otros elementos del sistema energético nacional.

Por último, mirar sólo los pozos no daría cuenta de una tendencia que ya se venía dando, pero ahora reforzada por Macri para bajar costos: la expansión de infraestructura desde el ámbito público. Este avance es un hecho que también reduce los márgenes de posibilidad futura, especialmente por la dificultad de su reconversión hacia otros fines –lo que se conoce en finanzas como activo atascado. De esta manera, una definición atada al momento de la extracción y a una formación en particular queda corta [3], siendo necesario hablar de un megaproyecto transnacional que alcanza, al menos, tres países (EJES, 2017b). El resultado sería un entramado de nodos y flujos transnacionales entre Argentina, Chile y Uruguay, donde se involucran los diversos estadíos de la industria, estamentos que empalman, reformulan o expanden lógicas de circulación y puntos preexistentes. Aquí contamos desde el pozo al puerto de exportación de GNL, pasando por ductos, refinerías, petroquímicas, basureros petroleros, entre otros eslabones de la cadena de valor. Paolo Rocca, uno de los grandes industriales del país, vaticinó que tal extensión y repercusión lograría una revolución industrial comparable con la agroindustria.

En este plano, volvemos a los contrapuntos en la dinámica. Durante el gobierno de Cristina Fernández, YPF lideró por sí sola diversos proyectos de extracción, transporte y procesamiento de arenas silíceas, insumo que el fracking necesita en grandes cantidades (EJES, 2017b). Proceso al que luego se sumaron privados a su explotación. Mismo ejemplo con la reconversión urbana de la ciudad de Añelo, nombrada ‘la capital del shale’. Mientras tanto, durante el gobierno de Cambiemos, la vía férrea que unirá Bahía Blanca con Añelo para la industria se licitará bajo un mecanismo de Participación Público-Privado. Si bien los detalles no se habían publicado al momento de redactar este artículo, éste contempla un financiamiento conjunto, dando lugar a los privados a su inserción en el proyecto.

Fluir: capital y territorio

Si por un lado se consolida y fija, por otro se libera e incrementa la velocidad. De esta manera, en un marco de reforma general para facilitar la libre entrada y salida de capitales, con el consiguiente endeudamiento a gran escala, el gobierno nacional implementó algunas medidas adicionales en materia de política petrolera. La conducción de Cambiemos imprimió dos transformaciones centrales en YPF. Por un lado, su retiro en ciertas concesiones a partir de la venta de activos a Tecpetrol, Shell, Total y Pan American Energy, entre otras compañías, decisión tomada también por la estatal neuquina GyP. Por otro, una creciente financiarización de la empresa, al incrementar la participación de la rama financiera. De esta manera, ha emitido mayor cantidad de deuda, repartiendo dividendos –algo que evitaba la anterior gestión en función de invertir– y generado programas de estímulos a su directorio, muchos de cuyos miembros fueron designados por el mismo Estado nacional y provienen de distintos grupos del sector privado. Lo que se busca es licuar la presencia de YPF como empresa hidrocarburífera nacional, sobre todo en materia de activos, prioridades en la generación de valor, y estimular la “comunidad gerencial”. Si bien la tendencia y tensión existía de forma previa, la “corporatización” se agudizó e incluso los niveles de inversión bajaron a ínfimos.

Ahora, a la par de facilitar el movimiento del capital a nivel de políticas nacionales, YPF lo hace desde el control de las dinámicas territoriales. Porque desde un punto de vista corporativo, la conflictividad social significa un incremento de costos, especialmente cuando ésta se manifiesta a través de cortes de rutas y otros frenos a los procesos productivos. En primer lugar, bajo una mirada del proceso largo, la región ha vivenciado diferentes oleadas migratorias en busca del “sueño petrolero”, pero pocos son realmente absorbidos por el restrictivo mercado laboral, más todavía desde la reforma al convenio de trabajo descrita antes. Es así que en los últimos meses se ha registrado un incremento considerable de los conflictos con desocupados del sector. Tal fue el caso con la empresa de servicios OPS, que incluso generó grietas en el aparentemente monolítico sindicato de trabajadores petroleros. Hubo amenazas de represión por parte de Nación y fueron las autoridades provinciales quienes finalmente destrabaron el conflicto.

En segundo lugar, hacia adentro de los yacimientos también se está buscando doblegar resistencias, especialmente la del Pueblo Mapuche. Dejando de lado una “provincialización” del uso de las fuerzas de seguridad por el kirchnerismo, Cambiemos ha tomado para sí el control de los yacimientos al desplegar recursos nacionales. De esta manera, a partir del mes de junio hemos visto el ingreso de Gendarmería en el territorio de la comunidad mapuche Campo Maripe, mismo sitio donde explotan YPF y Chevron. Tal acción estuvo precedida por documentos filtrados del Ministerio de Seguridad, bajo el comando de Patricia Bullrich, en los que afirmaba que el reclamo mapuche, al afectar “un servicio estratégico de los recursos del Estado”, implica una necesaria respuesta por parte de las fuerzas federales, incluidos los servicios de inteligencia.

En tercer lugar, otro frente que, si bien no ha tenido al gobierno nacional a la cabeza, vale mencionar por la postura pública, es la respuesta a medidas de orden municipal, especialmente las ordenanzas que prohíben la técnica del fracking. En este plano, la provincia del Neuquén demandó por inconstitucionalidad la restricción sancionada por el municipio de Vista Alegre a la aplicación de la fractura hidráulica dentro de su ejido; similar a la decisión del gobierno de Río Negro, que en 2013 recurrió al Tribunal Superior de Justicia para dar por tierra con la ordenanza sancionada en Allen. A esperas de la resolución final, la medida atenta contra la autodeterminación local en materia ambiental y, encuentra a los vecinos, también cortando rutas. Los efectos de tales medidas ponen en riesgo numerosas ordenanzas sancionadas en diferentes localidades de la cuenca.

En suma, estas instancias hablan de una diversidad de conflictos territoriales de distinto calibre y tenor, que vienen preocupando a las cámaras empresariales por el aumento en cantidad y eficacia de frenar operaciones. Pero lejos de binarismos fracking vs. anti-fracking, la dinámica de la región muta en, por momentos, guerras abiertas entre diversas facciones, sobre todo de aquellas que disputan una parte del negocio. O sea, existe un cuarto nivel de conflictividad sobre un hecho que, desde el sector corporativo, se considera como otro factor que abulta los costos. Porque con alta parte del sector tercerizada y operando con flujos paralelos de fondos, es una incógnita cómo el Estado nacional manejará las diferentes “cajas”, tanto sea sindicales como de partidos provinciales. Especialmente en tiempos electorales y con el frente Cambiemos sin una hegemonía consolidada a nivel nacional, y mucho menos en la provincia del Neuquén. En otras palabras, en aras de la competitividad, ¿atacará de forma consistente a la red de empresas de servicios vinculadas a las familias del siempre gobernante Movimiento Popular Neuquino, al secretario general de los petroleros privados, Guillermo Pereyra, y funcionarios de Río Negro? El kirchnerismo ya tuvo su round –recordar la discusión por el carry en la reforma de la ley de Hidrocarburos en 2014 [4]– y los negocios siguen en pie. Recientes notas de prensa y ofensivas públicas de YPF dan cuenta de otro intento, ahora enfocado sobre la contratista Real Work, cuya propiedad es atribuida a Pereyra. Se acusa a la conducción sindical de haber amasado una fortuna a través de esa firma, fruto de una “normativa a medida”.

Replicar: valor y frontera

Más allá del territorio específico, el “modelo Vaca Muerta” de Cambiemos se vislumbra como algo replicable, puesto como horizonte tanto por una diversidad de países latinoamericanos como en la misma Argentina. Desde mediados de 2017, en la provincia de Santa Cruz el Estado nacional busca saldar la “crisis” –caída de la extracción convencional por retiro de inversión de YPF– mediante el tight y shale, apalancados por subsidios y reforma del convenio colectivo de trabajo. La mesa instaurada fue del mismo tenor que la antes descrita: sindicato, provincia, empresas y Nación. ¿Pero es replicable? Y, mejor dicho, ¿qué resultados intenta replicar?

Los tiempos que vienen no son sencillos para los que impulsan el costoso megaproyecto Vaca Muerta. En un contexto de alta turbulencia internacional, la titánica empresa languidece y va más lento de lo vaticinado desde el relato oficial. La industria a nivel global no está en su mejor momento, siendo atacada por la falta de legitimidad, precios bajos, creciente regulación para afrontar el cambio climático y reciente buena competitividad económica de las energías renovables. En este contexto, el gobierno nacional tomó el discurso de ‘la revolución del gas’, donde el fósil no sólo será combustible puente hacia una matriz energética más limpia –concepto fuertemente cuestionado a nivel internacional– sino también exportable – fenómeno ya vivido, y que ahora agudiza los problemas estructurales antes vistos.

En suma, ¿cuáles serían entonces los grandes cambios introducidos por Cambiemos? En primer lugar, la orientación desreguladora. Hecho dado a través de la retracción y reformulación de YPF y creciente liberación de precios, en buena medida atados al dólar y vaivenes de mercados globales. En segundo, la intervención directa en conflictos territoriales para afianzar el control y dinámica, algo que de forma previa se tercerizó en provincias o la misma YPF. En tercer lugar, el traslado de los costos desde el Estado nacional a las y los usuarios y trabajadores, lo que reafirma que a Vaca Muerta lo está financiado en parte el pueblo argentino, si bien nunca fue consultado.

A grandes rasgos, pareciera que el Estado nacional juega a dos puntas. Por un lado, renuncia a la “conducción” del proceso y deja al mercado que tome la posta donde ciertos pisos están sentados, como la extracción. Por otro, interviene con fuerza para garantizar condiciones mínimas de acumulación y gobernabilidad donde existen vacíos, como en los momentos de alta conflictividad social, o saldar baches de infraestructura. En este punto, en la construcción de “mesas de diálogo” ha obtenido importantes resultados, al menos en materia de reforma institucional de agenda neoliberal. En medio del temporal y aparentes escenarios “fragmentados”, el gobierno gobierna, y lo hace a la par.



Este artículo fue publicado en la edición Nº5 de Fractura Expuesta. [Descargar revista]



Notas
1. Dada la magnitud del proyecto se lo considera una “bomba de carbono” por las emisiones de gases de efecto invernadero generadas tanto durante el proceso de exploración/explotación como por la combustión de esos hidrocarburos.
2. Los datos y análisis que aparecen en el texto son parte del seguimiento mensual que hacemos del megaproyecto Vaca Muerta en nuestro boletín EJES (http://ejes.org.ar/#boletines).
3. El megaproyecto Vaca Muerta no se circunscribe a esa formación de lutitas en particular sino que comprende a otra similar, así como también a arenas compactas.
4. Ver Pérez Roig, Scandizzo y di Risio (2016)



Bibliografía
Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental–EJES (2016). Transferencias al sector hidrocarburífero en Argentina. Disponible en: http://www.ejes.org.ar/InformeTransferencias.pdf
—- (2017a). El gran pacto: diálogo de la imposición. Disponible en: http://www.opsur.org.ar/blog/2017/01/10/el-gran-pactodialogo-de-la-imposicion/
—- (2017b). Informe de externalidades megaproyecto Vaca Muerta. Disponible en: http://www.ejes.org.ar/InformeExternalidades.pdf
Pérez Roig, D., Scandizzo, H. y di Risio, D (2016). Vaca Muerta. Construcción de una estrategia. Jinete Insomne-Observatorio Petrolero Sur, Buenos Aires.

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