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Podrían suspender a diez mil trabajadores petroleros en Neuquén

Lo solicitó un grupo de empresas que reclamó el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en base a la caída de los precios del crudo.

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Según informa el sitio Todo Noticias, la Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (Ceope) presentó el pedido el pasado 21 de enero. Lo hizo tanto ante el Ministerio de Trabajo como ante el de Energía y Minería.

Sobre la base de la caída de los precios del petróleo, las empresas solicitan autorización para llevar a cabo esas suspensiones. La nota enviada, según la misma fuente, afirma que “en la Argentina esta crisis podría generar la afectación de aproximadamente 10.000 puestos de trabajo en las dotaciones actuales de las operadoras y compañías de servicios”

Según informa el mismo sitio, las suspensiones podrían dividirse entre las empresas agrupadas en la Ceope (alrededor de 5 mil personas) mientras que el resto correspondería a las operadoras que, en esa provincia, son lideradas por YPF, Petrobras, Total y Pluspetrol, entre otras.

La Izquierda Diario ya había señalado, en su edición del martes pasado, que las empresas y el gobierno buscaban que la crisis se descargue sobre la espaldas de los trabajadores.

La Izquierda Diario

Foto Agencia El sol

Chubut, el petróleo y la dependencia

La situación planteada con la producción petrolera en Comodoro Rivadavia es singular y sirve muy especialmente para reflexionar sobre las opciones de desarrollo en la Argentina.

Foto Agencia El sol
Foto Agencia El sol

El problema se plantea en una cuenca que produce petróleo pesado, a cargo básicamente de dos compañías multinacionales, que exportan la producción en crudo, porque ese material no puede ser refinado en la Argentina, ya que no hay destilerías adecuadas.

Durante años, el crudo se exportó normalmente y no tomó estado público ninguna controversia en el tema, ya que ahora sabemos que el costo de extracción ronda los 36 usd/barril y el precio internacional superó largamente esa cifra. Las empresas pagaban su regalía del 12% al gobierno provincial y tanto ganaron que se estableció una retención móvil por la cual el Estado Nacional percibía todo ingreso excedente por sobre 70 usd/barril.

Hasta que llegó la guerra de precios del último año, en la que las grandes operadoras internacionales buscan sacar del mercado a las operadoras de fracking en Estados Unidos, quedándose con sus empresas antes de volver a precios mayores. La caída de precios ha sido muy importante, tanto que finalmente en estos días los compradores del petróleo de Chubut ofrecen pagar 20 usd/barril, lo cual implica obviamente trabajar a pérdida.

Así está la cuestión. Las empresas no hacen balances globales: quieren dejar de extraer hasta que se recupere el precio. Del otro lado: 5 mil familias dependen de la continuidad de la actividad. En el medio: El Estado provincial no quiere ni puede bancar el conflicto social asociado, agravado por la evaporación de las regalías a cobrar.

¿Qué hacer? Los trabajadores, las empresas y finalmente el Gobierno provincial reclaman un subsidio por la diferencia entre venta y costo. El Ministro de Energía, aparentemente, habla solo de negocios y señala que si se pierde hay que suspender. Y allí queda su aporte.

Es también evidente que parar implica un grave problema social, que es imposible siquiera medir en dinero. Es evidente que alguien tiene que poner la diferencia si la operación ha de seguir.

Poner el dinero como subsidio directo sería admitir que el Estado tiene la función boba de asistir en las pérdidas, ya que las 5 mil familias son rehenes de la situación. Por supuesto, las empresas no crearon un fondo de reserva salarial con las ganancias extraordinarias anteriores ni nada que se le parezca. Es pelito para la vieja.

Tal vez el camino natural sea poner el dinero y capitalizarlo en la explotación, ganando así el derecho a aumentar la participación pública (nacional o provincial según quien aporte) cuando los precios se recuperen.

Las empresas deberían estar de acuerdo con esta opción. Si no lo estuvieran y suspendieran la operación, hay legislación de fondo que habilitaría para trasladar la concesión completa a la empresa provincial de petróleo o un acuerdo con YPF.

Eso en cuanto a la cobertura laboral. Pero es esencial pensar un paso más allá y aprovechar la coyuntura para entender que Chubut debe tener la refinería para petróleo pesado, con mayoría estatal y convertirse en comprador de privilegio para la producción local. Esta decisión rompe de manera permanente la dependencia y termina – al menos en ese rinconcito de la Patria – con el chantaje empresario.

Nota tomada de Producción Popular

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Argelia suspende el fracking

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Agencia Ecofin

La agencia de prensa ECOFIN reproduce la decisión de la Petrolera estatal argelina SONATRACH (Sociedad Nacional para la Prospección, Producción, Transporte, Transformación y Comercialización de Hidrocarburos) de suspender la exploración de los campos de gas de lutitas en Aïn Salah, al sur del país.

La decisión fue explicada por la caída de los precios internacionales del barril de crudo por debajo de los 30 dólares. Esto porque los costos asociados a la fractura hidráulica hacen mucho menos rentable a la explotación del gas y petróleo de lutitas, en comparación con el convencional. La empresa, asimismo, anunció que no se pensaba reanudar la exploración mientras el precio del barril se mantenga por debajo de 80 dólares. Según Estados Unidos, Argelia posee las terceras mayores reservas mundiales de shale gas, y es punta de lanza del desarrollo no convencional en el norte de África.

¿Qué pasará acá en Argentina con la extracción en Vaca Muerta? Según Miguel Galuccio, CEO de YPF, Vaca Muerta es “marginalmente rentable” con un barril a US$84. Ante esto el gobierno de Cristina Fernández disoció el valor interno del crudo de su precio en las mercados internacionales, para garantizar a las petroleras la rentabilidad de sus proyectos.  Hasta el momento esta política de trasladar el diferencial a los consumidores, ha sido continuada por el gobierno de Macri. Así el valor interno del barril que se extrae en Vaca Muerta llega a 67 dólares contra los 26 que marcó ayer el precio internacional.

Por: Lucile Daumas

Más Información

Algérie : la Sonatrach suspend son exploration du gaz de schiste

Fracking en el Magreb: Tan cerca de Europa

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Protesta contra el fracking en Argelia / Nejma Rondeleux
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Matar un río

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La furia de 62 mil millones de litros de pesado lodo tóxico arrasó con todo el pueblo de Bento Rodrigues, en el municipio de Mariana, Minas Gerais, Brasil, el 5 de noviembre de 2015, al romperse dos gigantescos diques de contención de residuos de la minera Samarco, propiedad de la brasilera Vale y la australiana BHP Billiton, ambas entre las cinco mayores empresas mineras del planeta.

Era sólo el comienzo de una tragedia anunciada, como lo formuló el Movimiento de Afectados por Represas (MAB por sus siglas en portugués), que se convirtió en el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil y en uno de los mayores crímenes industriales del mundo. Las mineras no atendieron las advertencias que le hicieron expertos desde 2013, por ahorrar gastos en medidas de seguridad. Sabiendo de la fragilidad, aumentaron exponencialmente la presión de los diques para conseguir más ganancias en tiempos de crisis. El precio del hierro, principal explotación de esa mina, bajó 76 por ciento desde 2009, pero la compañía siguió obteniendo enormes ganancias, más de mil millones de dólares en 2014 . Lo logró aumentando la producción 56 por ciento en cuatro años, con las mismas instalaciones que le habían advertido eran demasiado vulnerables. (1)

Mujeres, hombres, niños, ancianas, todos los 600 habitantes de Bento Rodrigues perdieron sus casas, su pueblo y su historia en un momento, y los que no pudieron escapar perdieron también la vida. El crimen terminó con la vida de 17 personas entre pobladores y trabajadores de la mina, y una cantidad indeterminada de desaparecidos.

Desde allí el deslave siguió su viaje letal, devastó regiones enteras, mató a su paso los ríos Gualaxo do Norte y Rio do Carmo, avanzó sobre tierras aledañas hasta llegar al tramo de cauce más amplio del Río Doce. En menos de tres semanas la corriente de lodo tóxico recorrió más de 700 kilómetros, atravesando los estados de Minas Gerais y Espíritu Santo con decenas de poblaciones ribereñas y alcanzó el oceáno Atlántico, donde la enorme mancha se sigue extendiendo aún. Ahora está llegando al archipiélago de Abrolhos, una reserva de flora y fauna, donde el desembarco de seres humanos está prohibido para conservar el ecosistema, con la sola excepción de una isla, donde se permitían visitas estrictamente restringidas.

Samarco, Vale y BHP Billiton mataron el Río Doce y todo su sistema fluvial, uno de los más importantes de Brasil. Ninguna multa –que además son mucho menos que las millonarias ganancias de esas industrias– puede compensar la destrucción de los pueblos, los ríos, los millones de peces y animales, las decenas de miles de árboles y plantas, la destrucción de ecosistemas enteros que brindaban agua, alimento y sustento a cientos de miles de personas y muchas culturas.

En medio del desastre están las tierras ancestrales del pueblo Krenak. “Watu e kwen” (mataron el Río Doce) resuenan sus voces en luto. Watu, el verdadero nombre del río, era la fuente de agua de la reserva en que la que viven luego de muchos saqueos. Hace tres siglos los conquistadores navegaron río arriba para tomar los metales que encontraban, sembrando muerte y desolación a su paso. A fines del siglo XIX y principios del XX, la construcción del ferrocarril para sacar minerales y café de las haciendas, partió su territorio nuevamente. La muerte del río es quizá el peor ataque contra la vida de los Krenak hasta ahora, y viene arriba de la instalación de represas y otras obras que invadieron su territorio en las últimas décadas. Nunca dejaron de resistir y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. La muerte de Watu es un crimen insondable, de profundidad difícil de abarcar. “Murieron todos los peces y todas las plantas y medicinas que tomábamos de sus orillas. Allí enseñábamos a los niños a nadar, a bailar en el río, a llamar la lluvia. Ahora no podemos ni acercarnos” dijo Laurita Charuk Mik, de 72 años, al MAB. “Casi morimos de tristeza. ¿Por qué alguien haría esto? … Cuando descubrimos que era la Vale, bloqueamos las vías del tren. Ningún dinero puede pagar la muerte de Watu”. (2)

No existe siquiera una evaluación total de los daños. La propia Samarco reconoce 1300 personas directamente afectadas. Pero autoridades de Minas Gerais estiman que hay más de un millón de afectados, tomando en cuenta la población de 35 núcleos habitacionales sólo en ese estado. Por lo menos 500,000 personas abastecían sus sistemas de agua potable en el río y no podrán seguirlo haciendo. La crisis por falta de agua crece día a día. (3) El lodo contiene varios metales pesados y al ser espeso, se depositó en varios recodos del río, de tal manera que no hay estimación de si se podrán limpiar alguna vez. El flujo del desastre sigue activo, la mancha tóxica y sus impactos se siguen extendiendo.

Increíblemente, hasta el día de hoy las empresas afirman que las causas del “accidente” son “desconocidas”. Es de un cinismo descabellado que pretendan que el crimen, que fue cometido con total conocimiento de causa, sea un accidente. No sólo no es accidental, es parte constituyente de la especulación premeditada que hacen todas las empresas mineras, con mayor o menor suerte, sabiendo que los riesgos los corren otros, que son casi siempre los pobres y los más vulnerables. Es parte del núcleo duro del modelo industrial de producción y consumo, basado en el extractivismo feroz, que no respeta ciclos, ni ecosistemas ni culturas, destruye los recursos y los bienes comunes de la mayoría de la humanidad, para beneficio de una ínfima minoría.

En todas partes los ríos son fuentes de vida y por eso los pueblos se asientan en sus orillas. De otro orden, pero en el mismo sentido y también con cientos de miles de evacuados, tampoco fueron “accidentales” ni “catástrofes naturales” las inundaciones que pocas semanas después de la tragedia de Mariana, asolaron grandes áreas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Movimiento sociales y organizaciones populares de esos países denunciaron que lo que sí era un fenómeno natural, se transformó en desastre por ese mismo modelo de explotación industrial y extracción descontrolada de recursos: por la construcción de represas, por la deforestación, en gran parte para abrir paso a los extensos monocultivos de soja transgénica, por la siembra de monocultivos de pinos y eucaliptos, por el uso intensivo de agrotóxicos; todo lo cual ha provocado la destrucción de los ecosistemas que contenían las inundaciones, con una gran erosión de suelos, que en lugar de absorber el agua se volvieron impermeables y la hacen correr.

La devastación ambiental no es nunca un accidente: es parte constitutiva del modelo industrial de producción y consumo y crímenes como estos van a seguir aumentando. No nos queda otro camino que cuestionar de fondo esos modelos, desde nuestras luchas, análisis y propuestas. Mientras tanto, siguen siendo las comunidades locales las que en todas partes resisten esos embates y cuidan los ecosistemas que nos permiten seguir vivos.

Desinformémonos 

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Pedido a Naciones Unidas que Aborde los Impactos del Fracking en los Derechos Humanos

Esta carta será enviada a Naciones Unidas el 15 de enero, pidiendo que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos se informe y trate los riesgos e impactos de la fracturación hidráulica en los derechos humanos. Por favor apoyen a esta iniciativa firmando la carta!

Enviar la indicación de su firma institucional a: jdtaillant@gmail.com

Estimados miembros del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la ONU:

Estamos en contacto con ustedes para transmitirles una creciente preocupación mundial que afecta a la plena realización de los derechos humanos debido a la evolución de una actividad empresarial de alto riesgo social y ambiental llamada fracturación hidráulica.

La fracturación hidráulica o fracking, es un proceso industrial desarrollado recientemente, pero que evoluciona rápidamente en la industria del petróleo y gas. Consiste en perforar al suelo e inyectarle agua, sílice y productos químicos tóxicos a niveles profundos de la geología (esquisto, arenas compactas u otras formaciones geológicas que contienen hidrocarburos) a muy alta presión, con el fin de crear grietas en la geología que luego liberan petróleo y gas atrapadas en el roca.

A diferencia de las operaciones de petróleo y gas convencionales, el fracking emplea cantidades voluminosas de agua dulce. También genera grandes cantidades de residuos tóxicos líquidos para los que no existen instalaciones de tratamiento y eliminación segura y adecuada. Los residuos de fracking, que son a veces radiactivos, se inyectan bajo tierra en pozos destinados a inyecciones industriales, a veces causan retornos a superficie, o simplemente se entierran en los mismos sitios donde se hace el fracking o en rellenos sanitarios municipales.

Desde que empezaron las preocupaciones por las operaciones de fracking durante la última década, han aparecido más de 600 estudios científicos[1] y miles de informes periodísticos que han demostrado que la fracturación hidráulica provoca impactos adversos significativos. Estos incluyen la contaminación del agua y del aire, terremotos, deforestación, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por químicos utilizados en el fracking, hidrocarburos, residuos de petróleo y residuos radiactivos, así como cicatrices en la tierra. También se ha registrado contaminación lumínica, contaminación acústica, el aumento de accidentes de tránsito y muertes, la caída en valores de la propiedad, la rápida industrialización de zonas residenciales y de la vida silvestre, la fragmentación de la comunidad, y otros típicos efectos negativos que conlleva el rápido desarrollo industrial. También y aun más preocupante son los impactos registrados en la salud, incluyendo enfermedades respiratorias, lesiones en la piel, nauseas, y malformaciones de nacimiento.

A nivel local, las personas que viven cerca de las zonas donde se realiza la fracturación hidráulica, informan de una amplia gama de efectos adversos para la salud que se pueden atribuir a la exposición a productos químicos utilizados en el fracking, entre estos hidrocarburos y otras emisiones provenientes de operaciones tanto en la exploración como en la extracción del combustible por este método. Los productos químicos utilizados en las diferentes etapas de la fracturación hidráulica, pueden dañar y deteriorar todo el sistema humano.[2] La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y científicos independientes han identificado más de 1.000 ingredientes químicos utilizados como fluidos de fracturación hidráulica, que se inyectan en el suelo. [3] La EPA señala los riesgos de la fracturación hidráulica para la salud debido a la posible contaminación de cursos de agua, citando “casos específicos en los que uno o más mecanismos provocaron impactos sobre recursos de agua potable, incluyendo la contaminación de los pozos de agua potable.”

Los más notorios estudios de fracking documentados provienen de la propia industria de petróleo y gas, mostrando, por ejemplo, que las cañerías de cemento  y acero subterráneas, por las que fluyen los combustibles fósiles extraídos junto a los fluidos del fracking que contaminan las fuentes subterráneas de agua potable, estallan o se agrietan con frecuencia asombrosa. El cinco por ciento de todos los pozos de petróleo y gas producen fugas inmediatamente después de la perforación inicial y en casi el 60% de los casos se producen fugas después de un período de 30 años, según un estudio sobre fugas realizado por una conocida empresa de petróleo y gas. La Sociedad de Ingenieros de Petróleo ha descubierto recientemente que el 35% de todos los pozos de petróleo y gas en el mundo evidencian fugas.[4]

Los emprendimientos de fracturación hidráulica raramente consultan a las partes interesadas en las decisiones relativas a los usos del suelo o sobre la expansión de sus operaciones, incluyendo por ejemplo en tierras indígenas. En algunos casos, las decisiones de inversión en la fracturación hidráulica se realizan en el marco de negociaciones secretas entre empresa y Estado mientras que las comunidades que deben enfrentar los impactos del fracking son víctimas de represión brutal de la policía cuando exigen legítimamente participar en las decisiones que gobiernan la inversión.

A nivel mundial, el impacto acumulativo de la fracturación hidráulica también es profunda. Pese a las afirmaciones de la industria que la extracción de gas natural mediante la fracturación hidráulica ayudará a hacer frente a las tendencias de cambio climático mediante la sustitución de energías que emiten CO2. La realidad es que la tecnología empleada actualmente por empresas que realizan fracturación hidráulica es inadecuada, y resulta en la significante emisión de metano fugitivo a la atmósfera. Teniendo en cuenta que el gas metano es aproximadamente 72-100 veces más potente como gas de efecto invernadero que el CO2, la fracturación hidráulica está exacerbando el cambio climático, no mitigándolo.

Evidentemente, los impactos de la fracturación hidráulica coloca prácticamente a todos los derechos humanos en situación de riesgo, incluyendo el derecho a la salud, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la tierra, el derecho a la propiedad, y a un medio ambiente sano, el derecho a libre determinación, al trabajo, a un nivel de vida digno, y el derecho al acceso a la información y al acceso a la justicia, así como a la libertad de expresión y participación. Inclusive, el derecho humano más esencial y básico a la vida está en riesgo por las operaciones de fracturación hidráulica.

Considerando la gravedad de los riesgos implicados en la fracturación hidráulica, muchos gobiernos, entre ellos los de Texas, Nueva York, Colorado y Vermont, así como los países de Francia, Bulgaria y Alemania, han adoptado una posición cautelosa ante la actividad. Después de fundadas consideraciones y numerosos estudios que revelan los peligros del fracking, estos gobiernos o bien han prohibido la actividad o decidido suspender las operaciones de fracking hasta poder evaluar la información existente sobre los riesgos e impactos sociales y ambientales de la actividad.

Otros gobiernos, a pesar de estos riesgos, han preferido cortar camino y arriesgar respecto a estos impactos desarrollando políticas energéticas que incluyen fracturación hidráulica sin consultar las partes interesadas, mientras que muchas empresas han ignorado procedimientos de debida diligencia para identificar, evaluar y abordar las dimensiones de derechos humanos afectadas por esta actividad industrial.

Solicitud al Grupo de Trabajo:

El propósito de esta carta es advertir al Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales (Grupo de Trabajo) sobre los riesgos de la fracturación hidráulica respecto a la plena realización de los derechos humano, y para pedirle al Grupo de Trabajo que registre y aborde este tema. Nos gustaría hacer hincapié en que el fracking es de importancia primordial para el mandato del Grupo de Trabajo, dadas sus profundas implicaciones para la realización de los derechos humanos, entre estos, en relación con el deber del Estado de proteger, la responsabilidad empresarial de respetar, y los derechos de las víctimas a tener acceso a la remediación efectiva.

Las operaciones de fracturación hidráulica, incluidas las actividades de exploración y extracción, están en aumento en todo el mundo. Visto que esta práctica está en etapa evolutiva, su relevancia en cuestiones de derechos humanos seguirá siendo importante y por su gravedad en los impactos sociales y ambientales que conlleva, estará en el centro de conflictos locales donde se pretende realizar esta práctica industrial. Por esta razón, es importante que el Grupo de Trabajo participe en esta discusión, que adquiera conocimientos sobre la práctica y sus consecuencias para la sociedad a fin de que pueda comprender los riesgos que supone para los derechos humanos, y lo más importante, para ayudar a guiar a la sociedad, a Estados y a empresas, para hacer frente a estos impactos antes de que se materialicen y para remediarlos una vez que los impactos hayan ocurrido.

Proponemos al Grupo de Trabajo:

Adoptar un enfoque preventivo sobre la fracturación hidráulica y teniendo en cuenta la información ya ampliamente disponible y documentada sobre la salud y el medio ambiente, emitir una declaración de preocupación sobre los impactos potenciales de las operaciones de fracking a los derechos humanos;
Colaborar con los Estados, con académicos, con el sector de petróleo y gas, con organizaciones de derechos humanos y con otros grupos interesados, a identificar las cuestiones pertinentes de derechos humanos implicadas por operaciones de fracturación hidráulica;
Colaborar con socios afines y buscar ayuda para elaborar un informe sobre las implicancias para los derechos humanos, los riesgos y los impactos de la fracturación hidráulica;
Colaborar con especialistas para el desarrollo de materiales de orientación para los Estados y para las empresas de petróleo y gas, para considerar de forma adecuada los impactos en los derechos humanos y realizar evaluaciones antes, durante y después de cualquier operación de fracturación hidráulica prevista o en curso;
Invitar a que grupos de interés envíen información respecto a sus experiencias con la fracturación hidráulica, incluyendo presuntas víctimas individuales y comunitarias de las operaciones de fracking para informar al Grupo de Trabajo en cuanto a sus preocupaciones sobre los riesgos de derechos humanos reales, potenciales o supuestos y los impactos causados ​​a ellos por operaciones de fracturación hidráulica;
Estamos a disposición para asistir al Grupo de Trabajo con estas tareas.

C.C.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente
Relator Especial de la ONU sobre los pueblos indígenas
Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento
Relator Especial de la ONU sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Lecturas Sobre Derechos Humanos y Fracking

El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CHRE). Derechos Humanos y el negocio de Fracking: Aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos de fracturamiento hidráulico. CHRE.2015: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2015/08/Fracking-and-UNGPs-Consulation-Draft-August-20-2015.pdf

EHRA. Medio Ambiente y Derechos Humanos Asesor. Una evaluación de los Derechos Humanos de hidráulico Fracturamiento para Gas Natural. 2.011.

Agencia Estadounidense de Protección Ambiental (EPA). La evaluación de los posibles impactos de fracturamiento hidráulico para Petróleo y Gas en recursos de agua potable. 06 2015: http://wp.cedha.net/wp-content/uploads/2015/06/HF_ERD_JUN2015.pdf

Grear, E. Grant, T. Kerns, K. D. Morrow y Short. Una evaluación de los Derechos Humanos de la fracturación hidráulica y otra no convencional Desarrollo de gas en el Reino Unido. Octubre 2014: http://www.sas.ac.uk/sites/default/files/files/UK%20HRIA%20w%20appdx-hi%20res.pdf
LM. McKenzie, R. Witter, L. Newman, J. Adgate. Evaluación de los riesgos para la salud humana de las emisiones a la atmósfera desde el desarrollo de los recursos de gas natural no convencionales. En Ciencia of the Total Environment. 2012.

D. Breve et.al. Energía extrema, “fracking” y los derechos humanos: un nuevo campo para las evaluaciones de impacto de los derechos humanos? El Diario de los Derechos Humanos. 2015: http://dx.doi.org/10.1080/13642987.2015.1019219

T. y M. Rotkin Srebotnjak. Fracking Humos: contaminación atmosférica ocasionada por fracturamiento hidráulico Amenaza Salud Pública y Comunidades. Consejo de Defensa de Recursos Naturales. 2014: http://www.nrdc.org/health/files/fracking-air-pollution-IB.pdf

UNANIMA. El fracturamiento hidráulico para el gas natural: Una nueva amenaza para los derechos humanos. 2011: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/160/72/PDF/G1116072.pdf?OpenElement

[1] Zotero. Citation Database: https://www.zotero.org/groups/pse_study_citation_database/items

[2] TEDX. Chemicals in Oil and Gas Operations, Health: http://endocrinedisruption.org/chemicals-in-natural-gas-operations/health

[3] TEDX. Chemicals in Oil and Gas Operations, Health: http://endocrinedisruption.org/chemicals-in-natural-gas-operations/health

[4] Schlumber.“

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Un paraíso para los contaminadores

Cómo los derechos de los inversores en los acuerdos comerciales de la UE sabotean la lucha por la transición energética.

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Los acuerdos internacionales de inversión representan un obstáculo para la transición energética que exige la lucha contra el cambio climático, ya que limitan la capacidad de los Gobiernos para determinar sus políticas en todos los ámbitos.

Evitar un cambio climático catastrófico es el desafío que define nuestro tiempo. Si queremos tener la posibilidad de impedir que se alcancen unos niveles extremadamente peligrosos en el calentamiento global, la mayor parte de los combustibles fósiles del mundo —petróleo, carbón y gas— se debe dejar bajo tierra, sin explotar. Las sociedades deben dirigirse hacia un sistema de energía basado en fuentes renovables como el sol, el viento y el agua.

Este enorme cambio exigirá una fuerte acción por parte de las autoridades públicas. Pero la capacidad de estas para promulgar las leyes y normas necesarias se ve gravemente limitada por un sistema jurídico muy poco conocido pero muy poderoso. En las últimas décadas, este régimen internacional de inversiones ha atrapado a muchos países en sus redes legales.

Miles de acuerdos comerciales y de inversión firmados entre países permiten a las empresas multinacionales demandar a los Gobiernos si se considera que los cambios normativos adoptados por las autoridades públicas reducen sus ganancias, aunque se trate de normas para proteger el medio ambiente o para combatir el cambio climático. A finales de 2014, se tenía constancia de 608 demandas de este tipo, planteadas por inversores contra Estados, ante tribunales internacionales. El peso de estas demandas recae en gran medida sobre los Gobiernos, ya sea en la forma de unos astronómicos costes jurídicos o del menoscabo de las normas sociales y ambientales.

Cada vez son más las demandas inversor-Estado que se interponen contra las medidas de los Gobiernos en el sector energético, y que irían desde la eliminación gradual de la energía nuclear a las moratorias sobre operaciones de riesgo para el medio ambiente, como la explotación de gas de esquisto (‘fracking’). Como los bufetes de abogados ganan dinero cada vez que un inversor demanda a un Estado, esto fomenta que cada vez surjan más demandas corporativas; por ejemplo, sobre la legislación en el sector de las energías renovables.

A pesar del riesgo evidente que esto supone para la transición energética, aún se están negociando otros acuerdos de comercio e inversión que permitirían a las grandes empresas bloquear la acción resuelta de los Gobiernos en materia de cambio climático. Entre estos, cabe mencionar la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (más conocido como TTIP, por su sigla en inglés), que están negociando actualmente la UE y los Estados Unidos, y el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá, cuyo proceso de ratificación podría comenzar en 2016.

Sin embargo, aunque los grandes contaminadores están presionando con fuerza a favor de estos acuerdos, un movimiento creciente está haciendo frente a este acaparamiento de poder por parte de las grandes empresas. En efecto, hoy en día se constata un mayor examen y debate público sobre los acuerdos de comercio y de inversión del que era habitual en los últimos años.

 

Descargar informe completo

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Malas Compañías

La semana pasada YPF anunció un nuevo acuerdo en Vaca Muerta, el primero en la era Macri. Se trata de una inversión de US$ 500 millones con la empresa American Energy Partners, de la que poco se conoce en la Argentina. Según información reunida por el geógrafo Roberto Ochandio, el presidente de esta empresa, Aubrey McClendon, es un reconocido personaje en EEUU. McClendon fue CEO de Chesapeake -la segunda extractora de gas de ese país- cargo que tuvo que dejar por el endeudamiento que dejó en esa compañía y sus malas prácticas empresariales, además de un lujoso estilo de vida. Luego de Chesapeake, McClendon fundó esta nueva petrolera, que ahora está lista para desembarcar en Vaca Muerta. 

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Como el “Millonario más  imprudente de EEUU.” calificó la revista Forbes al cuestionado McClendon (21/10/2011)

Roberto Ochandio.- De acuerdo a la noticia publicada el 15 de Enero de 2016 por Reuters, Clarín y otros, YPF firmó un acuerdo preliminar con American Energy Partners LP (AEP) para la explotación de shale gas en Vaca Muerta. El acuerdo prevé la inversión de 500 millones de dólares en el área Bajada del Añelo, provincia de Neuquén. La explotación seguirá hasta el 2018 y se podrían unir otras compañías petroleras como la provincial Gas y Petróleo de Neuquén (G&P), y Pluspetrol

Sin embargo la noticia se queda corta de detalles. El CEO de American Energy es nada menos que Aubrey McClendon, un viejo conocido en los mercados de los EEUU no precisamente por sus buenas prácticas comerciales.

Aubrey McClendon, junto a Tom Ward fueron los fundadores de Chesapeake Energy, enfocándose en tecnologías de punta dedicadas a la explotación de gas no convencional (shale gas). De acuerdo a Richard Heinberg en su libro “Snake Oil: How fracking’s false promise of plenty imperils our future” (2013),“Chesapeake en pocos años llegó a ser la segunda compañía productora de gas de los EEUU, basándose en la producción de los yacimientos Barnett, Fayetteville, y Haynesville, siendo McClendon el CEO mejor pagado entre las compañías S&P 500.”

“La fortuna le sonreía a McClendon y éste la acompañaba con un estilo de vida lujoso. Sus posesiones personales incluían mansiones en varios estados y en la isla de Bermuda, más 16 botes de colección valuados en nueve millones de dolares. Este estilo de vida era en parte financiado mediante el uso de sus propiedades como garantía colateral para comprar aun más propiedades (1)

“Pronto sus críticos comenzaron a hacer comparaciones entre Chesapeake y Enron, la compañía que se disolvió después de haberse descubierto sus negocios sucios (2) (3). Entre ellos, el flujo de dinero durante los últimos diez años no alcanzaba para cubrir los costos de exploración, desarrollo, y adquisiciones, lo cual sorprendía a sus inversores más importantes.”

“¿Cómo hacia plata Chesapeake? Aprovechando el auge del gas no convencional, compraba permisos de explotación y los revendía a inversores europeos o chinos con un margen de ganancia. La ignorancia sobre los detalles técnicos de estos yacimientos impedía a estos inversores entender que los hidrocarburos no convencionales se concentran en unos pocos sweet spots, es decir lugares limitados con una importante concentración de hidrocarburos. Fuera de los sweet spots la producción es realmente pobre y por eso McClendon se los sacaba de encima. Entre sus instrumentos financieros especulativos se encontraba el uso de derivativos, permutas de incumplimiento crediticio sintéticos, y negocios financiados con poco o ningún respaldo, tal como lo había hecho Enron en los años 1990s.”

“Eventualmente, los negocios sucios obligaron a McClendon a renunciar a su posición como CEO de Chesapeake. Se encontró que declaraba como viajes de negocios a los viajes personales de placer que hacía a Europa con su familia, al mismo tiempo que usaba a los empleados de Chesapeake para hacer trabajos millonarios en su casa particular. Además, asignó a sus compinches en posiciones del directorio de Chesapeake, a los cuales les brindaba compensaciones extraordinarias. Invirtió dinero propio en pozos propiedad de Chesapeake y luego usó estas inversiones como colateral para obtener préstamos de hasta 1550 millones de dólares. Al mismo tiempo, usaba préstamos de los miembros del directorio para invertir en fondos privados especulativos desde las oficinas de Chesapeake (4).”

En ese momento Chesapeake ya era una compañía que cotizaba en la bolsa, y McClendon la usó para enriquecerse personalmente. Se fue, dejando a Chesapeake en una situación bastante precaria la cual, sumada a la inestabilidad de la explotacion de shale gas, obligó a Chesapeake a vender parte de sus activos fijos para poder pagar sus préstamos.

Luego de su aventura con Chesapeake,  McClendon fundó una nueva compañía, American Energy (5), la cual hoy tenemos el dudoso honor de tener en la Argentina lista para trabajar junto a YPF en la explotación de Vaca Muerta.

Es decir, YPF primero se unió a una compañía con antecedentes delictivos como Chevron. Luego se une a American Energy, liderada por un conocido tránsfuga y delincuente de los EEUU, conocido por sus negocios turbios. Más aún, YPF misma está siendo cuestionada por la ilegalidad del contrato que firmó con Chevron, por el avasallamiento de los derechos de los pueblos originarios que habitan Vaca Muerta, y por la falta de licencia social para llevar a cabo su explotación ilegal en esta formación.

Cabría pensar que, de la mano de Galuccio, nuestra YPF nacional e impopular nos deja una vez más en mala compañía. Al mismo tiempo, prestemos atención para que Galuccio no haga propias las prácticas comerciales de su socio McClendon.

Referencias

  1. Christopher Helman, “ The Two Sides of Aubrey McClendon, America’s Most Reckless Billionaire,” Forbes, October 5, 2011, http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2011/10/05/aubrey-mcclendon-chesapeake-billionaire-wildcatter-shale/.
  1. Christopher Swann and Robert Cyran, “Did Chesapeake miss Enron lessons?” Reuters, May 22, 2012, http://www.slate.com/blogs/breakingviews/2012/05/23/did_chesapeake_miss_enron_lessons_.html
  1. Christopher Helman, “Here’s What The Analyst Who Uncovered Enron Thinks About Chesapeake,” Forbes, June 4, 2012, http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2012/06/04/enron-chesapeake-olson/.
  1. John Shiffman, Anna Driver, and Brian Grow, “Special Report: the Lavish and Leveraged Life of Aubrey McClendon,” Reuters, June 7, 2012, http://in.reuters.com/article/2012/06/07/us-chesapeake-mcclendon-profile- idINBRE8560IB20120607.
  1. Nicholas Sakelaris, “Aubrey McClendon Back in the Game with New Oil/ Gas Company,” Dallas Business Journal, April 19, 2013, http://www.bizjournals.com/dallas/news/2013/04/19/aubrey-mcclendon-back-in-the-game- with.html.

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“Las asambleas no comen vidrio, el discurso de la economía verde no funciona”

La socióloga Maristella Svampa cataloga como “eco eficientista” el discurso del macrismo en relación a temas ambientales. También señala que, más allá de los gestos, no cree que el gobierno vaya a avanzar con los reclamos territoriales de los pueblos indígenas, “ya que colisiona directamente con los intereses del capital”.

Escucha la entrevista completa en Espejos todavía

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Defendían lo que ahora deben combatir

Mariano Federici y María Eugenia Talerico, propuestos para titular y vice de la UIF, fueron impugnados por un centro de prevención del lavado por pertenecer a un grupo de abogados que defendían a acusados por ese delito. Entre ellos, el HSBC

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Por Raúl Dellatorre/Pagina 12

Los nombres propuestos por el Ministerio de Justicia para ocupar la presidencia y vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) resultaron impugnados por una organización dedicada a la prevención y persecución de la criminalidad económica, Cipce. En su impugnación, dicho centro de investigación sostuvo que los postulados, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, se encuentran “incursos en un conflicto de intereses insoslayable e insuperable”, ya que integran, o integraron, un bufete de abogados encabezado por Juan Félix Marteau “dedicado precisamente al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”. Entre sus clientes figura el Banco Masventas SA, “que resulta ser el sujeto obligado que cuenta con más sanciones por parte de la UIF”. Talerico, además, es mencionada como “abogada defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos, siendo éste el banco que ha recibido multas más significativas por haber incumplido la normativa antilavado”.

“Con las nuevas autoridades que se proponen, la UIF pasará a ser manejada por un equipo de personas que hasta ahora se han desempeñado como defensores de personas y empresas investigadas por lavado de activos”, señala Cipce en su impugnación. “La mayoría de estos profesionales se agrupan en torno a la figura del abogado Juan Félix Marteau, cuyo estudio jurídico se dedica, precisamente, al asesoramiento y defensa de presuntos lavadores”. Menciona “su actuación como defensor del banco Masventas SA”, y que “se ha hecho público que tiene como clientes al JP Morgan y a Clarín en las respectivas causas por lavado de dinero que se siguen contra esas empresas”.

Con respecto a los candidatos propuestos, señala que “Mariano Federici, además de ser asesor del FMI, es consejero de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera presidida por Marteau”, mientras que María Eugenia Talerico “se ha desempeñado como abogada defensora del banco HSBC en investigaciones por lavado de activos”. Cipce advierte que “en la declaración jurada presentada por Talerico en el marco de este proceso de selección, no se menciona al HSBC entre las personas jurídicas que ha tenido como clientes en los últimos años; sin embargo, entre las personas físicas, el último nombre que figura es el de Gustavo Peccora, y entre paréntesis se aclara HSBC Bank Argentina SA. Curiosamente, es la única persona física para la cual se hace una aclaración de este tipo”. Cipce requirió, a través del Ministerio de Justicia, que la UIF “informe si Talerico tuvo actuación como abogada defensora del HSBC en alguna causa o sumario”.

“En caso de que estos requerimientos de información lograran demostrar que, en el último año, Talerico ha defendido en alguna actuación de la UIF a cualquier persona física o jurídica, esto significaría automáticamente la imposibilidad de que la candidata ocupe la vicepresidencia del organismo.”

Cipce menciona que, dentro del mismo entramado de relaciones, aparecen otros profesionales que ocuparían cargos relevantes en la próxima gestión de la UIF, también vinculados a Juan Félix Marteau: María Celeste Plée (sería directora de Supervisión), Ignacio Hagelstron (iría al Secretariado Ejecutivo) y Federico Di Pasquale (ocuparía la Dirección de Asuntos Jurídicos).

A criterio del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, “el problema reside en que mediante la designación en la UIF de profesionales que se dedican a estas actividades, el principal organismo públicos encargado de prevenir y perseguir el lavado de dinero será conducido por los defensores de los acusados por lavado. El conflicto de intereses es alevoso y grosero”.

Recuerda que la Oficina Anticorrupción, “uno de los principales organismos de control de los conflictos de intereses en la función pública”, entiende que éste se verifica “cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña”. Y agrega, como conclusión: “Creer que una persona puede pasar, automáticamente, a perseguir de manera eficaz a los sujetos cuyos intereses ha defendido durante años es, francamente, iluso”.

Ver impugnación del Cipce