Tag Archives: Políticas públicas

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5/08 Audiencia pública: explotación de carbón en Claromeco

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Los Ciudadanos integrantes de la “Asamblea de Concejales de la Cuenca de Claromecó”, nos dirigirnos a UD, a fin de invitarlo a participar de la 3ª Audiencia Pública, el 5 de Agosto de 2016 a las 13 Hs, en el Centro Vasco sito en Avda. Pereyra 1428,  donde abordaremos la temática sobre el trámite iniciado en el Ministerio de Producción, para la habilitación de exploración y la eventual explotación de los yacimientos de gas de carbón, en la región que comprende la cuenca de Claromecó.

Ante la ausencia de respuestas concretas y definitivas de los ámbitos naturales, es que realizaremos una nueva Audiencia Pública en la Ciudad de Laprida, por estar ésta, en la ubicación de la región afectada, con la finalidad de poner de relieve una situación, que, de seguir su curso afectará la vida de millones de Bonaerenses, a los que se oculta información Pública.

Desde ya, nos honraría contar con su participación.

Asamblea de Concejales de la Cuenca de Claromeco.


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EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental

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logo ejesEJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental– lanzó el primer boletín electrónico mensual.

Esta iniciativa motorizada por Taller Ecologista (Rosario) y Observatorio Petrolero Sur, (Buenos Aires y Neuquén) pretende ser una nueva articulación de organizaciones involucradas en el debate energético y socioambiental de la Argentina.

Teniendo en cuenta las políticas y territorios implicados abordará distintas aristas del megaproyecto Vaca Muerta. El foco está puesto sobre los ángulos económico‐financieros y de justicia socioambiental para exponer las implicancias ocultas de la obstinación hidrocarburífera.

Por esta razón, el boletín contiene información vinculada a grupos afectados, análisis económicos, datos sobre degradación ambiental y deterioro democrático. Además, le dedica una sección especial al desarrollo de YPF-Chevron en Neuquén y una ventana con vínculos externos que acercan recursos, materiales y noticias relacionadas a la temática.  También aporta un pequeño resumen en inglés.

En este número 1 de julio 2016, se relatan las consecuencias sociales del aumento de los precios de los alquileres en las zonas petroleras y se presenta el “mapa del fracking”, que da cuenta del avance de los pozos sobre los suelos de producción frutícola en Río Negro. También se evalúan las transferencias de recursos de la sociedad hacia las compañías petroleras y se informa sobre la decisión de la legislatura neuquina de no restringir la perforación en “zonas sensibles”.

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Vaca Muerta


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La amenaza del “libre comercio” en Argentina

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La última edición del programa el Peso del Rocío de FM La Tribu abordó los intentos del gobierno por ampliar y liberalizar el comercio internacional a partir de la firma de tratados como el de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea, y el Tratado Transpacífico con la Alianza del Pacífico.

En el programa estuvieron Felipe Gutierrez miembro del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), refiriéndose a los impactos que estos tratados pueden tener para el ingreso de empresas extractivas. También participó Leandro Morgenfeld Docente UBA, Investigador Adjunto del CONICET y autor del libro Vecinos en conflicto.

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Ambientalistas en peligro

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Según un informe de la ONG Global Witness, cada dos días matan a un ambientalista y cuatro de cada diez pertenecen a pueblos indígenas. El 66 por ciento de los crímenes se produce en Latinoamérica. Brasil es el más sufrido, con 50 muertes.

ambientalistas aranda

Por Darío Aranda

Cada 48 horas es asesinado un activista que lucha contra el extractivismo minero, petrolero, forestal y el agronegocios. Durante 2015 fueron acribillados 185 militantes socioambientales en el mundo, el 66 por ciento de ellos en América latina. Así lo revela un informe de la ONG europea Global Witness, que precisó que cuatro de cada diez asesinados pertenece a pueblos indígenas. En lo que va de 2016 ya hubo al menos cuatro asesinatos en Honduras y Brasil.

“En terreno peligroso” es el nombre del informe que acaba de publicar la Global Witness (Testigo Global), donde recopila el asesinato de activistas durante 2015. Contabilizaron 185 casos (69 más que en 2014). El 66 por ciento se produce en Latinoamérica. Los países con más víctimas son Brasil (50), Filipinas (33), Colombia (26), Perú (12), Nicaragua (12), Congo (11), Guatemala (10), Honduras (8), India (6) y México (4), entre otros.

Los pueblos indígenas son unos de los principales defensores de la biodiversidad y los territorios en todo el mundo, con derechos reconocidos por normativas nacionales e internacionales (Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros). A pesar de todas las leyes en su favor, están entre los principales afectados por el extractivismo y la violencia. El informe da cuenta que el 40 por ciento de los asesinatos se produce sobre pueblos originarios.

La ONG también puntualiza los sectores corporativos que más vinculación tienen con los crímenes: megaminería (42 asesinatos), agronegocios (20), tala de bosques (15), represas (15) y caza furtiva (13). Sobre quiénes son los victimarios, advierte que en muchos casos no han sido identificados los autores. En los que sí: los paramilitares asesinaron a 16 activistas, el ejército a 13 y la policía a 11. “El ambiente es un escenario donde se defienden los derechos humanos. Y los activistas son tratados como enemigos por el Estado, cuando deberían ser tratados como héroes”, afirmó Billy Kyte, de la ONG Global Witness. El informe destaca la complicidad entre gobiernos y empresas extractivas, tanto para el extractivismo como para la violencia.

Entre 2010 y 2015 se produjeron 753 asesinatos. Ocho de cada diez casos sucedieron en América Latina. Los países con más víctimas son Brasil (207), Honduras (109) y Colombia (105). Si se calcula en porcentaje a la población, Honduras es el país con más asesinatos.

La ONG remarca que se trata de un piso de asesinatos, ya que su base de información son los medios de información y afirma que existen asesinatos que son invisibilizados y no aparecen en las noticias.

Uno de los casos señalados de 2015 es el de María Chávez Lima y su esposo Raimundo Dos Santos Rodríguez, defensores de la selva en el nordeste de Brasil. Fueron emboscados y acribillados. Rodríguez sufrió doce disparos y falleció. Lima, que fue herida pero sobrevivió, colabora con el Instituto Chico Mendez (emblema mundial del activismo socioambiental, defensor de la Amazonía, asesinado en 1988).

El trabajo de la ONG también señala las responsabilidades de los países donde no ocurren los asesinatos, pero que impulsan las actividades extractivas en otras regiones. Ejemplifica con el caso de Brasil, donde el 80 por ciento de la madera que se extrae es ilegal y sus principales destinos son Estados Unidos, Gran Bretaña y China.

En lo que va de 2016 ya ocurrieron al menos cuatro asesinatos más en América Latina. Berta Cáceres, líder indígena hondureña y activista contra las represas que avasallan territorios comunitarios, fue asesinada en marzo pasado. El 14 de junio fue asesinado el indígena Cloudione Souza en el oeste de Brasil. La violencia fue ejercida por terratenientes que hirieron a otros diez indígenas. El Consejo Indigenista Misionero denunció que los pueblos originarios de ese país están sufriendo una “matanza”.

El 21 de junio pasado fue encontrado el cuerpo sin vida de Nilce de Souza, del Movimiento de Afectados por Represas, en Puerto Velho (norte de Brasil). Había desaparecido el 7 de enero, luego de múltiples amenazas por su lucha contra las hidroeléctricas. Su cuerpo fue encontrado atado de pies y manos a una gran piedra, en el mismo lago de la Usina Hidroléctrica de Jirau, de la denunciada “Empresa de Energía Sustentable de Brasil”.

En Honduras, el 5 de julio, fue asesinada Lesbia Janeth Urquía, también activista en contra de las represas que se apropian de los ríos.

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Con la continua demanda de productos como minerales, madera y aceite de palma, gobiernos, empresas y bandas de delincuentes están apropiándose de tierra haciendo caso omiso de la gente que en ella vive”, señala la investigación y destaca que en la mayoría de los casos “claramente el Estado o las empresas están relacionados con los asesinatos”.

En los últimos años en Argentina hubo decenas de represiones sobre campesinos, indígenas y asambleas socioambientales. Los casos más trágicos los sufrieron, entre otros, el diaguita Javier Chocobar (asesinado el 12 de octubre de 2009 en Tucumán), la campesina Sandra “Eli” Juárez (marzo de 2010 en Santiago del Estero), el qom Roberto López (noviembre de 2010 en Formosa), Cristian Ferreyra y Miguel Galván (2011 y 2012, respectivamente, ambos del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina).

La ONG señala que una constante en todos los casos es la inacción de las autoridades judiciales y de los gobiernos para que se investiguen exhaustivamente los delitos o se adopten medidas para proteger a los activistas. “Existe una connivencia entre Estados y los intereses corporativos que protege a los responsables de los asesinatos”, asegura la investigación.

Página 12

Ver informe: En terreno peligroso


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Afectados por Chevron en Ecuador temen negociaciones entre la petrolera y el Gobierno

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Los indígenas y campesinos ecuatorianos afectados por la petrolera ganaron en 2012 el juicio ambiental más grande de la historia. Sin embargo Chevron retiró sus activos del país no pagando esta deuda, razón por la que fue embargada en Argentina en 2013, sanción que fue levantada para permitir su acuerdo con YPF.  En otra vertiente del juicio, la petrolera había demandado en 1991 al Estado ecuatoriano en tribunales internacionales por el supuesto incumplimiento de tratados de inversión, siendo sentenciado el año pasado a pagar 96 millones de dólares a la empresa.

La semana pasada la corte provincial de Sucumbios notificó que esos 96 millones deberán ser embargados para tomarlos como parte de pago a los afectados. Pero hasta ahora funcionarios del gobierno han evitado iniciar las formalidades de este embargo y los afectados temen que estén negociando con Chevron a espaldas de ellos.

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Quito, 18 de julio de 2016.- A pesar de una providencia dictada por el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos, el 12 de julio del año en curso, en la que se dispone por tercera ocasión, se emitan los oficios que notifican a las autoridades nacionales el embargo que pesa sobre los 96 millones que el Estado ecuatoriano debe pagar a Chevron, dichos documentos no han sido despachados, elevando sospechas sobre los funcionarios públicos que deben cumplir estas formalidades.

Al respecto, los dirigentes de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) y sus abogados, sostienen que las inexplicables demoras sobre el cumplimiento de las formalidades podrían deberse a acuerdos que se puedan estar haciendo con la petrolera, a espaldas de los ecuatorianos.  Como es de conocimiento público, apenas se conoció del fallo definitivo en contra del Ecuador, los afectados solicitaron se notifique inmediatamente sobre este embargo que está vigente desde el 2013; a pesar de ello, el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos prefirió demorar el trámite y darle largas; luego de las exigencias de los actores en el juicio ordena se proceda a emitir los oficios, a pesar de lo cual ha pasado casi una semana sin que se hayan enviado los oficios correspondientes a los Ministro Coordinador de la Política Económica, de Finanzas y Procurador General del Estado.

Pablo Fajardo, Procurador Común de los demandantes ecuatorianos, dio a conocer que de utilizar esta inacción de la Corte Provincial de Sucumbíos, como pretexto para no ejecutar el embargo de los 96 millones, se estarían violando una orden expresa y las leyes vigentes en el Ecuador.

Alertó además, que este es un caso de Derechos Humanos y por tanto es inconstitucional que el Estado pretenda hacer prevalecer los acuerdos comerciales sobre los Derechos Humanos contraviniendo lo que disponen los Art. 425 y 426 de la Constitución de la República.

Humberto Piaguaje, Coordinador de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), organización que aglutina a más de 30 mil indígenas y campesinos que siguen sufriendo los impactos de la contaminación provocada por la petrolera, dio a conocer que están dispuestos a conversar con el Gobierno Nacional, para llegar a un acuerdo razonable para el cobro de los 96 millones, sobre todo tomando en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el país.

Advirtió que una acción contraria por parte del Estado o del Gobierno para no hacer valer la justicia ecuatoriana implica una grave traición al país, un atraco, pero además una deslegitimación de las autoridades que dicen defender los derechos de la población ecuatoriana frente a los intereses de las transnacionales.  Si negocian con  Chevron habrán sucumbido al chantaje de las trasnacionales y dejarán en evidencia sus verdaderos intereses y la política de favorecer al capital por sobre el ser humano será expuesta públicamente.

El dirigente de la organización informó que este cobro será invertido en tres acciones fundamentales: la una sostener el juicio de homologación en Canadá, donde se llevará a cabo una audiencia en el mes de septiembre;  la otra es continuar con la formulación de los planes de reparación para que una vez cobrada la totalidad se puedan ejecutar de manera inmediata, lo que evitará que sigan profundizándose los problemas por los que atraviesa la población afectada; y la tercera es iniciar acciones inmediatas para mitigar los daños causados por la petrolera.

Con estos fondos dice Piaguaje, “pondremos de inmediato en ejecución lo dictaminado en la sentencia emitida por las tres instancias judiciales que existen en Ecuador y que favorecieron a los afectados”.

El Coordinador de la UDAPT dijo estar confiado en que el Gobierno ecuatoriano actuará en favor de la justicia, sobre todo tomando en cuenta que el Presidente de la República siempre ha sostenido la importancia de la soberanía nacional y la defensa de los derechos de los ecuatorianos, ante los abusos cometidos por las transnacionales.  Como muestra, recuerda que el Ecuador es el promotor en las Naciones Unidas de un proceso para lograr que se ponga en vigencia un Tratado Vinculante que someta a las transnacionales al cumplimiento de los derechos humanos, con el fin de parar el abuso corporativo.

Informó finalmente que a nombre de sus representados ha solicitado formalmente una cita con el Presidente de la República para lograr un acuerdo para el cobro del embargo.

Contactos: Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco (UDAPT) – Quito Ecuador

Teléfonos: (593) 2 273533

Correo electrónico: casotexaco@gmail.com

María Eugenia Garcés: 0999225516

Nancy Rodríguez: 0999949337


actividad 22

22 / 07 | Comodoro Rivadavia: Charla debate sobre energía y fracking

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Energía para la vida. De un mundo energívoro a uno frugal: César Herrera, profesor de Política Macroeconómica -UNPSJB

Territorio Crudo. El avance de los no convencionales en Río Negro y Neuquén. Hernán Scandizzo, periodista, miembro del Observatorio Petrolero Sur

El 22 de julio a las 18 hs  / Auditorio de Información Pública Almirante Brown 1/ Comodoro

actividad 22


marcha vaca

Marcha contra el fracking en el portal de Vaca Muerta

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Cientos de manifestantes se movilizaron el sábado bajo el lema: “Centenario y Vista Alegre libre de Fracking. En defensa de la Vida”

marcha vaca

Mientras Macri y Gutiérrez (gobernador de la provincia de Neuquén) festejan un acuerdo con Pae de inversiones en no convencionales, los pobladores de las localidades de Centenario (segunda ciudad de la provincia), Vista Alegre, Añelo y S.P. del Chañar se manifestaron rotundamente contra esta forma de explotación que como dicen los manifestantes, implica la contaminación de las tierras y del Rio Neuquén, a cuyas orillas vivimos.

La Marcha recorrió todo el centro de la Localidad al grito de “Vecino, vecina, el Fracking contamina, el Rio no se vende, el Agua se defiende” junto a docentes, estudiantes, agrupaciones políticas, ambientalista y una importante participación de comunidades Mapuches, quienes hoy están sufriendo las consecuencias en carne propia del Fracking.

Hubo una fuerte negativa de los grandes medios periodísticos de la región de difundir y cubrir la marcha, en claro favor de no entorpecer el acuerdo, queriendo tapar la fuerte oposición social a este tipo de proyectos que solo deja contaminación mientras los tarifazos hacen estragos en la economía de los trabajadores y el pueblo pobre y se cuentan por miles los despidos y suspensiones en el petróleo.


La manifestación surge luego de varias reuniones planteadas tanto en Centenario como en Vista Alegre, tras descubrir que en las zonas cercanas a estas localidades y del Neuquén están, secretamente, instalando torres de explotación hidrocarburífera utilizando el peligroso método de la Hidrofractura.

El PTS reivindica y participa de la movilización además de poner a disposición la Casa Cultural La Patagonia Rebelde para la difusión de la lucha, a la cual hay que fortalecer a partir de que las organizaciones de trabajadores la tomen en sus manos.


La próxima reunión de la comisión organizadora es el lunes 18/07 en la Biblioteca Fonseca a las 20 h.

La izquierda Diario


shell fracking

Los tarifazos son el fracking

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Las altas subas en las tarifas de gas, su revés judicial y la rectificación parcial del gobierno constituyen la noticia de la semana. ¿Cuáles son las causas profundas de una medida que presenta un alto costo político para Mauricio Macri? El discurso oficial asocia la tarifa con un incentivo para ahorrar energía, presentándola como una medida ecológica. Sin embargo, al mismo tiempo la solución prometida es explotar Vaca Muerta. ¿Cómo se entiende esta aparente contradicción?

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INFORME

Por Eduardo Soler

Unas horas después de su polémica recomendación sobre evitar andar “en remera y patas” en las casas, con el fin de ahorrar gas, el presidente Mauricio Macri dejó otra frase contundente pero que pasó desapercibida. “Estamos en el comienzo de una explosión de inversión en Vaca Muerta”, aseguró, haciendo referencia a la extracción de petróleo y gas no convencionales en Neuquén.

Entre un dicho y otro, ambas cuestiones ya habían sido señaladas por Marcos Peña. El Jefe de Gabinete afirmó que la suba de tarifas promueve el ahorro de gas y por tanto el medio ambiente, en una perspectiva liberal del problema ecológico. Pero al mismo tiempo, expresó que el fracking será la solución de la crisis energética, porque nos permitirá llegar al auto-abastecimiento, colocando así el énfasis en la profundización del modelo extractivo.

Desde ya, que las promesas de la salvación argentina centradas en la explotación del yacimiento “Vaca Muerta” nacieron con el kirchnerismo. Incluso puede entenderse la medida de la estatización parcial de YPF por fuera del argumento oficial de la “soberanía energética”, interpretando el el manifiesto interés en desarrollar el fracking con el fin de obtener divisas de exportación. Esta concepción está incluso explicita en la Ley sancionada por el Congreso en mayo de 2012.

De ese tiempo a esta parte, la baja del precio del petróleo fue el principal factor que alteró los cálculos, tanto del gobierno como del sector empresarial. Mientras que entre 2011 y 2013 el precio del barril de petróleo se ubicó por encima de los 100 dólares, desde el 2014 se registró una fuerte baja que llevó el precio a menos de 50 dólares. Entre las causas de esta inestabilidad se cita la desaceleración de los gigantes emergentes.

No obstante, otro factor importante es la irrupción de los hidrocarburos no convencionales en Estados Unidos. Además de contar con la mayor reserva explorada en el mundo, el costo de extracción de esquisto se ubican entre los 39 y 48 dólares, por lo cual la barrera económica resulta accesible. En comparación, extraer hidrocarburo no convencional en Vaca Muerta resulta más caro. Desde Chevron, la principal inversora con 2.700 millones de dólares, apostaban por un precio del barril cercano a los 70 dólares.

Política de Estado hidrocarburífera

En este juego, entra en consideración la política de Estado de desacople del precio internacional con el local, que venía de la gestión kirchnerista y continúa en la actualidad, aunque bajo distintos criterios.  En los últimos años, para sostener la actividad petrolera luego de la caída de los precios de 2014, se mantuvo la “competitividad” con un precio subsidiado, ubicado en torno a los 67 dólares por barril. Uno de los argumentos es evitar la conflictividad social con los trabajadores petroleros.

Sin embargo, la razón de fondo parece ser otra, y consiste en consolidar la inversión extranjera en los yacimientos locales, en particular en Vaca Muerta. En mayo, el Ministro de Energía, Juan José Arangueren, fue el principal orador del seminario “Shale en la Argentina: el futuro de Vaca Muerta” en Houston. Allí expresó que su deseo para el sector es que se pasara de la etapa de los estudios geológicos a la explotación del recurso.

En Estados Unidos, el Ministro se reunió con el presidente de Chevron para América Latina, Ali Morishi, quien tiene particular interés en la continuidad de las inversiones. Uno de los frentes de batalla se presenta en el aspecto legal, porque en los próximos días el gobierno debiera dar publicidad del acuerdo secreto firmado para proteger sus inversiones. Entre ellos, figuran la facilidad para girar divisas al exterior.

Sin embargo, también estuvieron presentes directivos de Shell, la corporación anglo-holandesa en la que Arangueren realizó toda su carrera profesional, y en la cual tiene acciones aún en la actualidad. La compañía estaba explorando cinco pozos en tres áreas de la formación Vaca Muerta, pero acaba de adquirir nuevos permisos por 5 millones de dólares en Coirón Amargo y plantea aumentar sus inversiones.

Por eso, el juego de intereses podría unir un lado y otro del mostrador. De hecho, la estrategia de Shell en Vaca Muerta fue diseñada por el propio Aranguren. En abril de 2014, el entonces CEO declaró que las inviersiones apostaban porque el “viento de cambio en el gobierno argentino alcance a la política energética para impulsar el desarrollo del shale oil y shale gas como vehículo para reducir las importaciones de combustibles”.

En ese mismo sentido, Teófilo Lacroze, el actual presidente de Shell Argentina,manifestó recientemente que debe mantenerse el precio subsidiado del crudo en Argentina, “más alto que el precio internacional, con el objetivo de mantener el nivel de actividad del 2015”. Y dejó en claro: “Nuestra expectativa es que esta política se mantendrá hasta que los precios internacionales se acerquen a los locales”.

Para mayores detalles sobre la estrategia a mediado plazo, en el caso de Shell la inversión apunta a construir una planta para procesar 10 mil barriles de petróleo no convencional para 2017. La empresa subsidiaria de Shell, O&G Developments, había anunciado en marzo de 2013 el descubrimiento de hidrocarburo no convencional en el área de Sierras Blancas. Por lo tanto, la corporación compite por hacer negocios en Vaca Muerta.

Dale gas no convencional

Los precios del petróleo y del gas no son los mismos, pero mantienen tendencias similares. En el caso de Argentina, no obstante, la política energética fue decisiva en mantener bajo el precio de gas de consumo domiciliario, y también industrial. Por el contrario, el precio de la nafta -refinada del petróleo- sí tuvo aumentos en los últimos años, en los cuales Shell fue la empresa pionera.

En el área específica del gas no convencional, la compañía francesa Total lleva la delantera, ya que el año pasado conectó diez pozos de shale gas para venderlos al mercado local. En marzo de 2014, cuando la entonces Presidente Cristina Fernández viajó a Francia, los directivos de la compañía pidieron más incentivos para su inversión. Entre ellos se destacaba achicar la brecha entre el precio que se pagaba a la producción local y a la importación de gas natural.

En aquel momento, se hablaba de que el precio del millón de BTU (unidad de medición del gas) oscilaba en torno a los 7,5 dólares para la producción local, mientras que el gas que se importaba llegaba a los 17 dólares. Sin embargo, ese mismo año los precios de los hidrocarburos bajaron en todo el mundo, lo cual fue modificando el panorama del mismo modo que lo expresado para el petróleo.

En la actualidad, Argentina consume en el invierno 150 millones de metros cúbicos de gas, mientras que produce sólo 100 millones. Este déficit debe cubrirse con gas importado. A partir de allí surge la polémica por el origen, entre los precios y las calidades relativas de la producción en Bolivia y el que viene a través de Chile. Las sospechas apuntan a que la empresa intermediaria, en el último caso, resulta la propia Shell.

Si volvemos al precio del millón de BTU de producción local, en febrero se había negociado un precio de 4,7 dólares. Sin embargo, el Ministerio de Energía garantizó un precio en boca de pozo de 5,1 dólares. Este incremento, no obstante, no llegaba a cubrir el valor que tenían años atrás por el propio mercado, y del que se hacía cargo el subsidio estatal. Por eso mismo, la alta suba de las tarifas de gas busca garantizar una mayor rentabilidad a las empresas del sector.

El artículo publicado hoy en La Nación parece confirmar nuestra suposición: “Corregir precios y atraer inversiones: claves para salir de la crisis energética“. Allí la crítica a las políticas de subsidios del gobierno kirchnerista, se une con la promesa de Vaca Muerta: “gracias al shale gas se podría abastecer la demanda actual del país durante 300 años”. Para eso estiman inversiones de 8 mil millones de dólares anuales, las que deben vincularse con la tarifas acordes con estos montos.

Desde la empresa Total, Sergo Giorgi coincidía con este diagnóstico en declaraciones a El Cronista: “La necesidad de capital intensivo para los desarrollos no convencionales implica que todas las partes involucradas cooperen de manera estrecha para que la actividad sea sostenible”. Así, para que las empresas “asuman el riesgo”, también el gobierno “tiene que jugar un papel de catalizador de inversiones en la fase de despegue del desarrollo de Vaca Muerta”.

Shell y Total trabajan en forma conjunta en algunos yacimientos de Vaca Muerta. En 2014, Shell compró el 42,5 por ciento de la participación que tenía Total en las explotaciones de La Escalonada y Rincón La Ceniza. La compañía francesa mantuvo otro 42,5 por ciento y la operación, mientras que el 15 por ciento restante corresponde a la empresa provincial de Neuquén. El año pasado directivos de ambas compañías coincidieron en la estrategia de multiplicar el fracking en Vaca Muerta, pasando de 250 a 4 mil pozos.

Profundización del extractivismo energético

Nos encontramos, así, en la clásica situación. Las empresas piden que el Estado no intervenga cuando esto afecta sus negocios, pero su rol es fundamental para asegurar sus inversiones. Por ello, si el Estado Argentino apuesta al fracking en Vaca Muerta como la solución a futuro, sólo estaremos volviendo a subsidiar el extractivismo. Se trata de una situación similar a la megaminería, aunque en el caso del petróleo y el gas es diferente porque constituye el principal insumo para las demandas energéticas en nuestro país.

Desde ya, una política alternativa vendría con el real fomento de las energías alternativas limpias, que nos permita superar la dependencia de los hidrocarburos, que asciende a más del 80 por ciento. El fomento de la energía solar y eólica, por caso, tiene como “desventaja” que es difícil la concentración de su renta. Un modelo sustentable incluye que cada consumidor sea también productor de energía, como en el caso paradigmático de la energía solar calórica o térmica instalada en cada hogar.

Solamente en ese escenario de apuesta a futuro de mediano plazo, resultaría creíble para la sociedad una política de ahorro de energía, que debiera partir de la base de cuidar a los sectores sociales más vulnerables. Por el contrario, así como en el gobierno anterior los subsidios beneficiaban a las empresas, ahora se propone que la tarifa domiciliaria cubra esa transferencia de recursos. Por lo tanto, el ahorro está en función mantener y garantizar las ganancias mediante las tarifas llamadas competitivas.

En la transición entre un gobierno y otro, Miguel Gallucio defendía su política al frente del YPF. Mientras que el Estado había erogado unos 11 mil millones en 2015 para sostener el precio del petróleo y del gas, el ex-CEO de YPF consideraba que esta situación era transitoria por la tendencia del mercado global. La idea era aplicar la suba que ya se había hecho en el combustible. Por lo tanto los subsidios debían retirarse, al mismo tiempo de acompañar el hipotético repunte del precio internacional.

En los dos escenarios esperados por el sector empresario se reúne una misma tendencia a la suba, que está justificada en el caso del hidrocarburo no convencional. Estos yacimientos tienen de por sí un costo mayor, porque se trata de un recurso que está diseminado en la roca madre, así como la megaminería trabaja con vetas de muy baja ley. Por eso mismo el costo es más alto, y mucho más si se incluyera el impacto ambiental (ecológico y social) que genera el fracking en los territorios donde opera.

La lógica El gobierno nacional intenta justificar el exacerbado aumento de las tarifas energéticas haciendo alusión al ahorro y que esto beneficia al ambiente. Sin embargo, argumentan también que la solución final a la crisis energética vendrá por el lado del fracking, una tecnología de alto impacto ecológico. Ambas medidas, por lo tanto, se entienden mejor en la lógica del extractivismo energético: mercantilización del servicio y acumulación por desposesión.

Com Ambiental


ecos

Primer cacerolazo contra los tarifazos del gobierno de Macri

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Se realizó a una protesta en todo el país contra el exorbitante aumento de las tarifas de luz, gas y agua

ecos

Por: Nadia Ameghino

Asociaciones de defensa del consumidor, organizaciones sociales y políticas, clubes de barrio, comerciantes, empresas recuperadas, Pymes, centros culturales y ciudadanos autoconvocados y organizados en multisectoriales convocaron a la sociedad a manifestarse en espacios públicos de todo el país. A partir de las 16 hs se reunieron asociaciones de consumidores en los Tribunales porteños en reclamo a la Corte Suprema de Justicia por una definición. El epicentro de la protesta fue alrededor de las 20 horas en el Obelisco porteño con la concurrencia de miles personas.

A comienzos de esta semana, Macri realizó importantes anuncios sobre las tarifas de gas. Entre estos, el tope de 400% de aumento para usuarios residenciales y de 500% para clientes comerciales y empresas, sin importar el consumo. El tope será retroactivo y quienes ya hayan pagado más que esos porcentajes recibirán descuentos en las próximas facturas. Otro anuncio fue sobre la extensión de la tarifa social de electricidad por barrio vulnerable, facilitando los requisitos y trámites que resultaban engorrosos para los solicitantes (especialmente para clubes de barrio o centros culturales que no cuentan con la documentación o asesoramiento contable).

El presidente señaló: “enfrentamos un problema de escasez de energía y cada año consumimos más. Durante la última década pasamos de exportar gas a importarlo. Necesitamos moderar nuestro consumo y volver a producir para recuperar el equilibrio energético, mientras atendemos en la transición a las familias que más lo necesitan”.

Macri también atribuyó la suba de tarifas a la herencia kirchnerista y al consumo irresponsable de parte de los usuarios, diciendo que cuando en invierno adentro de tu casa tenés que estar abrigado, si estás en remera y en patas es que estás consumiendo energía de más.

Esta semana, varias de las organizaciones convocantes presentaron un escrito ante la Corte Suprema, reclamando la convalidación de los fallos de Cámara de Chubut, Mendoza y San Luis que frenan el tarifazo a nivel local, y la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de la ciudad de La Plata que lo hace a nivel nacional, por no cumplir con las audiencias públicas previas y consultivas y eventualmente ratificatorias. También solicitan se convoque a una audiencia donde las asociaciones puedan expresar y proponer solución a esta crisis.

Además, hubo frenos a la suba de las tarifas en el Senado. Fueron aprobados cuatro proyectos que reclaman suspender los aumentos, generando una derrota legislativa para Cambiemos. Estas iniciativas no son proyectos de ley, por lo que sus alcances son más simbólicos que concretos. El proyecto presentado por 18 integrantes de la bancada del FPV-PJ pide se suspenda la medida hasta que se pronuncie la Corte Suprema y se realicen las audiencias, exigiendo un nuevo esquema tarifario gradual, transparente y razonable. Otros tres proyectos de declaración y comunicación contra el tarifazo aprobados fueron los de los senadores Magdalena Odarda, Miriam Boyadjian y Pino Solanas.

Las medidas tomadas por el gobierno de Macri y el ministro Aranguren (ex CEO de Shell dueño de acciones en la empresa), impactaron y fueron rechazadas por distintas instancias del poder legislativo y judicial. Los últimos ajustes y topes parecen no ser suficientes para moderar sus efectos y malestar social, especialmente de los afectados del sector de la clase media que no puede solicitar la tarifa social, y que en parte apoyó a Macri para ganar la elección presidencial.

En las redes sociales la consigna principal sigue el hashtag #14JNoAlTarifazo que fue trending topic, pero también hubo otras como #MacriParáLaMano #MacriCareta #PagameLaBoleta.

ECOS.LA

 


nqn YPF inauguró junto al gobierno neuquino  la primera bateria de shale oil en loma de la lata foto mati subat 13-06-2013

YPF tiene cinco días para dar a conocer el pacto con Chevron

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El 16 de julio se cumplen tres años del acuerdo entre YPF y Chevron para explotar Vaca Muerta. Luego de movilizaciones, represión, investigación y denuncias judiciales, en los próximos días se podría llegar a conocer de forma completa el documento firmado entre las dos empresas, mantenido en secreto hasta el momento. El conocimiento acabado es crucial por cuestiones de responsabilidad y rendiciones de cuentas en los planos fiscales, ambientales, sociales y culturales, al tener en cuenta que los pozos de fracking se realizan en la comunidad mapuche Campo Maripe. En el largo proceso judicial, YPF ha logrado sortear los numerosos fallos en su contra, incluido el del 2015 de la Corte Suprema, a fuerza de apelaciones y dilaciones. Aunamos porque la semana que viene YPF cumpla de una buena vez con lo que demanda el pueblo. Compartimos la siguiente nota del Diario de Buenos Aires, sobre la orden de la Cámara.

La Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó a la petrolera YPF que cumpla con la entrega de toda la documentación.

nqn YPF inauguró junto al gobierno neuquino la primera bateria de shale oil en loma de la lata foto mati subat 13-06-2013

Luego de mucho tiempo de evasivas, medidas cautelares y frenos judiciales, la Justicia resolvió exigirle a la petrolera estatal que dé a conocer públicamente  las clausulas del acuerdo con Chevron.

De esta manera, los magistrados confirmaron el rechazo a planteos realizados por YPF: ahora deberá cumplir con la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 10 de noviembre de 2015.

En caso de que no se entregue la documentación, resolvieron que “se libre mandamiento de secuestro y se remita copia de las actuaciones a la Justicia penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia”.

Desde principios de año, el macrismo se negó a dar a conocer el acuerdo pese a haber fustigado al kirchnerismo durante mucho tiempo por lo mismo: la ahora titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, justificó la decisión de no revelar las cláusulas confidenciales del acuerdo entre YPF y Chevron para perforar en el yacimiento de Vaca Muerta.

Desde la firma del acuerdo en 2013,  y rubricado bajo la bandera de la “soberanía energética”, organizaciones sociales, políticas y medioambientales han denunciado el hecho de haber realizado un pacto comercial con una de las compañías más cuestionadas por violaciones a los derechos humanos, colectivos y ambientales en el mundo.

Según Enrique Viale, de la Asociación de Abogados Ambientalistas, Chevron se habría garantizado “un beneficio neto del 50% de las utilidades a perpetuidad, aún si se retira del país”. Para colmo, la firma del acuerdo lo hicieron dos firmas subsidiarias de las empresas, radicadas en paraísos fiscales: YPF Shell Oil Company  y Chevron Overseas Company.

el diario de buenos aires