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16/08 | Catriel: “Extractivismo petrolero y energías extremas”

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Catriel, 16 de agosto de 2017. Jornada de formación pedagógica – sindical, destinada a docentes de todos los niveles afiliadas y afiliados a UnTER. Declarada de Interés Educativo Provincial por Resolución 2191/17. Duración 18 horas cátedra. Modalidad presencial. Dictado a cargo de investigadores y coordinador del Observatorio Petroleo Sur.

Catriel: Programa (ver en pdf)

Inscripción y dictado

  • Seccional UnTERFormosa 557, Catriel

Horario

  • 8:30 a 12:30 y de 14:00 a 18:00.

Responsables del dictado 

Contenidos

  • Módulo I: La acumulación por desposesión como mecanismo actual y permanente. El extractivismo en la Argentina y la acumulación del capital desde la Patagonia. Las energías y las infraextructuras extremas, un nuevo proceso de acumulación por desposesión.
  • Módulo II: La matriz energética nacional y sus impactos en la historia. La expropiación parcial de YPF como motor de la expansión de los hidrocarburos no convencionales. Vaca Muerta y la caída del precio internacional del barril y relentización.
  • Módulo III: El megaproyecto Vaca Muerta y las nuevas conflictividades. Ciudades, comunidades indígenas, zonas frutihortícolas e hidrocarburos.

 Organiza


Extreme. The New Frontiers of Energy Extractivism in Latin America

We want to bring you the “Extreme newsletter: New frontiers of energy extractivism in Latin America”, which gathers articles published between September and December 2016 on the website of Oilwatch Latin America. It tries to put into dialogue different approaches to extreme energy, to contribute to critiques of fossil civilization and to reaffirm the urgency of building alternatives.

We hope the work lives up to these goals.

Contents.

What do we Understand by Extreme Energy?  4.

Anihilating Space Through Time  10.

Biotechnology in the Service of Extractivism  20.

Blowing up the Ocean  26.

Pre-salt: Extreme Energy from the Entrails of the Earth  34.

An Iceberg Called “Vaca Muerta”  44.

Colombia: “Heavies” Expand the Extractive Frontier  54.

Violence as a Model  64.

Extreme Orinoco: The Oil Belt and the Mining Arc, High Risk Extractivism  74.

Coal 2.0: Another Chapter in the Latin American Unconventional Plot  82.

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El macrismo apunta todo al fracking y a bajar el consumo interno

Por Marcelo García (Especial para El Extremo Sur).

El retroceso de la economía, la parálisis industrial y la caída del consumo en el mercado interno tienen un claro correlato en el plan energético del macrismo.

La matriz del uso de la energía aumentó en el consumo de petróleo importado y sigue sin solucionarse el déficit de generación de gas natural. El fracking en Vaca Muerta es la prioridad principal y las energías renovables mantienen su escasa incidencia.

La recesión económica que cierra las posibilidades de consumo masivo de importantes sectores de la población, se mantiene en base a la alta inflación, la constante devaluación del peso, el permanente aumento de las tarifas, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones, conjuntamente con la destrucción de empleo tanto en el sector formal como en el trabajo en negro.

El plan económico instrumentado por el presidente Mauricio Macri tiene su vinculación directa con el área energética, donde se observa un estancamiento del consumo durante el año 2016, retomándose la caída de la producción de petróleo y un leve aumento en la extracción de gas.

La proliferación del consumo y el aumento del consumo, no viene siendo prioridad para la gestión macrista. Por el contrario, ha dado clara muestras de querer bajar el uso del gas en los sectores domiciliarios a través del duro impacto que causaron los tarifazos; pero tampoco se observa que los objetivos apunten hacia un mayor uso de los combustibles fósiles en la producción industrial nacional. Ni que hablar del abastecimiento del gas por redes a los miles de hogares que aún se calefaccionan o cocinan con leña y garrafas.

Desde la asunción de Macri y el nombramiento del ministro de Energía Juan José Aranguren se detecta una política energética que no tiene como prioridad la ampliación del mercado interno, poniendo su centro de expansión en la explotación de los recursos no convencionales como los de Vaca Muerta y que a priori no tienen como prioridad cubrir un posible incremento del mercado nacional, sino más bien sumarse al contexto internacional como un gran exportador de gas y crudo obtenido con la técnica del fracking.

Por los pasos dados en los primeros 18 meses de gestión macrista, puede inferirse que la prioridad es achicar el consumo del mercado interno, revertir el déficit energético propiciado por la compra de gas en el exterior; y convertir a la Argentina en un fuerte jugador del comercio mundial de energía.

Si a esas políticas se le suman las vinculadas con los nuevos convenios colectivos de trabajo para los trabajadores petroleros de las Cuencas Neuquina y del Golfo San Jorge, que apuntan esencialmente a bajar los costos laborales e incrementar la productividad, la ecuación macrista cierra a la perfección con los planes de las operadoras petroleras multinacionales.

Por ahora la YPF con mayoría accionaria estatal, tiene un papel para cumplir en el terreno de aplicar dichas políticas en los yacimientos no convencionales y abrirles las puertas de Vaca Muerta al conjunto de las multinacionales petroleras, pero no habría que descartar que en un futuro no muy lejano pueda ingresar entre las empresas a ser privatizadas en su totalidad.

Estancamiento del consumo

Al inicio del siglo actual, el consumo energético del país representaba 58,8 millones de toneladas equivalentes de petróleo; pero entre la crisis de 2001 y 2005 casi no se generaron variaciones importantes, llegando a un total de 62,2 millones de la misma unidad que representaron un pequeña variación del 5,8% según los datos relevados por British Petroleum en su informe anual llamado Statistical Review of World Energy.

Cuando la economía comenzó a recuperarse promediando los años de kirchnerismo, el consumo de energía aumentó notablemente y pasó de aquellos 62,2 millones de toneladas equivalentes de petróleo a un total de 80,4 millones, mostrando una suba del 30% para el año 2011. De ahí en adelante el consumo energético fue creciendo de manera constante en un promedio anual de 2 millones de toneladas que significaron una variación que rondó entre el 2 y el 3%.

Pero desde la llegada del macrismo al gobierno el consumo total de energía en el país se estancó, reflejando la recesión económica y los problemas laborales y de consumo que se soportaron durante todo el primer año de la gestión de Cambiemos.

En el último año de gobierno de Cristina Kirchner, el consumo de energía nacional fue de 88,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo y en el primero de Mauricio Macri fue de 88,9 millones, expresando con absoluta claridad el estancamiento de la economía del país.

Ese 0,2% de insignificante movimiento que se produjo en el 2016 se tradujo en que la industria se estancó y experimentó un retroceso en su actividad como consecuencia de la contracción de la economía y la pérdida del poder adquisitivo de amplios sectores de la población. El consumo domiciliario de la energía se mantuvo estable y no se observa que haya vecinos desconectándose a la energía eléctrica o la gasífera, aunque sí hay un proceso de ahorro por los altos costos impuestos tras los tarifazos.

La primera mitad del año en curso no muestra elementos de recuperación de la economía, sino que por el contrario sigue cerrando empresas, incrementándose los niveles de pobreza y desempleo, debiendo esperarse para finales de año que el consumo energético siga estancado o que inclusive experimente por primera vez varias décadas un retroceso.

Consolidación de la matriz energética fósil

La conformación de la energía consumida en el país sigue siendo esencialmente fósil, basada en el petróleo y gas. Esa matriz energética ha sufrido fluctuaciones a lo largo de las últimas dos décadas, inclinándose notablemente hacia el uso del gas por encima del crudo, pero sin desarrollar notoriamente las energías renovables o las vinculadas la hidroeléctrica o la nuclear.

Históricamente la matriz energética nacional se ha basado en los combustibles fósiles y así se mantiene en la actualidad, aunque podría esperarse que si se concreta la construcción de una nueva central nuclear en la Patagonia -tal como lo impulsa el gobernador rionegrino y el propio Gobierno nacional- podría incrementarse la incidencia de este tipo de energía.

Una situación similar podría suscitarse con las energías renovables a partir de los varios parques eólicos y algunos solares que fueron licitados y se construirían en los próximos años.

Más allá de las perspectivas inciertas sobre las energías renovables, lo cierto es que ni el kirchnerismo ni el macrismo han introducido cambios sustanciales en la vertientes que alimentan el movimiento energético del país, menos aún que apunten a un consumo mas sustentable en base a energías limpias.

Tras más de una década bonanza económica generada por los altos precios internacionales de los comodities (con promedios del petróleo a 100 dólares por barril o la soja a 600 dólares la tonelada), el uso de la energía se mantuvo tal como siempre, basándose en los recursos fósiles concentrados en el petróleo y el gas.

A lo largo de los últimos 17 años, el gas mantuvo una incidencia entorno del 50% del abastecimiento energético; mientras que el petróleo incrementó su influencia en un 6%, y significa el 36% del total de la energía que se consume en el país. Del gas y el crudo surgen las dos principales fuentes energéticas y acaparan el 86% del total consumido en el país.

La fuentes de energía hidroeléctrica se mantuvieron estables desde 2000 y representaron en promedio el 11% de la matriz energética, aunque en 2016 retrocedieron hasta representar el 9,8% del total.

La cuarta fuente de abastecimiento energético de importancia corresponde a la energía nuclear que en 2000 representaba el 1,4% de la matriz; pasando a abarcar el 2,9% en 2005;  retrocediendo nuevamente al 1,5% en 2015 y trepando al 2,1% en 2016. Esa tendencia se incrementaría notablemente si se construye la central nuclear en la Patagonia (ver informe en páginas 12-13).

Aunque con una incidencia escasa, el carbón sigue siendo a partir de los yacimientos de Río Turbio una fuente minoritaria de la matriz nacional. Su porción de la torta energética se mantuvo en promedio cercana al 1,2%, con variaciones descendentes en los años 2012 y 2013, pero una suba al 1,7% en los años 2014 y 2015. El año pasado retornó a su nivel del 1,2% del total.

Por más anuncios rimbombantes que se vienen haciendo desde varios años, las energías renovables como la eólica y solar tienen un efecto casi inexistente en la matriz energética nacional. Eso demuestra el absoluto desprecio que han tenido los últimos gobiernos, sin excepción, para el desarrollo de las energías limpias.

Hasta principios de la década actual, las renovables no movían el cero en la matriz y recién en 2011 comenzaron a representar el 0,6% de toda la energía utilizada en la Argentina. El punto más elevado se alcanzó en 2014, cuando casi se llega al 1%; pero en 2016 se retrocedió nuevamente al 0,8%.

Un cambio sustancial en la normativa de las renovables impuso la denominada Ley Guinle, redactada e impulsada por el recientemente fallecido senador nacional por Chubut y ex intendente de Comodoro Rivadavia. Allí se estableció que en el 2017 se deberá cubrir un 8% de la energía consumida en el país con las renovables, lo que parece casi imposible de cumplir este año, y que elevará al 20% la meta para el año 2025.

Más gas subsidiado y petróleo importado

Para cubrir la constante demanda energética que se produjo desde principios de la década, el kirchnerismo se convirtió en un importador neto de gas natural desde Bolivia y gas natural licuado desde Trinidad y Tobago.

La pérdida del autoabastecimiento energético fue cubierto con un importantes cantidades de dólares que desembolsó el Estado nacional a través de Enarsa para concretar esas importaciones. La baja en la producción gas no se detuvo ni siquiera con las múltiples formas de subsidio que se vienen instrumentando desde hace varios años y de ahí que la necesidad de abastecer al mercado interno haya sido cubierta con importaciones.

Para el año 2000 la producción gasífera del país era de 38,1 billones de metros cúbicos anuales y su tendencia creciente se mantuvo hasta el 2006 cuando se llegó a los 46,1 billones; de ahí en adelante la extracción de gas comenzó a declinar de manera constante 35,5 billones extraídos en los años 2013 y 2014.

Recién en 2015 se logró incrementar a 36,5 billones de metros cúbicos y con los aumentos subsidiados al gas en boca de pozo (7,5 dólares por millón de BTU) que instrumentó el macrismo, la producción trepó a los 38,3 billones. Los números demuestran con meridiana claridad que las operadoras aumentan o bajan sus niveles de producción en función de los precios internacionales y sólo los subsidios estatales al capital privado consiguen que la extracción incremente sus niveles; y así todo los volúmenes apenas se aproximan a los ritmos productivos de principio de la década.

En el terreno del gas, durante el kirchnerismo se produjo la combinación de un aumento del consumo energético con un descenso de la producción gasífera, y dicho déficit fue suplantado con las importaciones. En 2005 las compras de gas en el exterior llegaron a 145 millones de dólares, pero treparon a casi 3.000 millones de dólares en 2011 y alcanzaron el récord en 2014 con la notable suma de 5.800 millones de dólares en importaciones gasíferas costeadas por el Estado.

En 2015 las importaciones bajaron a los 3.500 millones de dólares como consecuencia del aumento productivo subsidiado en los yacimientos nacionales, pero con la llegada del macrismo las compras al extranjero descendieron a casi la mitad y los 1.800 millones de dólares utilizados para comprar gas importado respondieron a una política nacional de estancar el consumo y reemplazar el déficit de la balanza comercial energética por la vía del subsidio estatal para la producción gasífera en el país.

Dentro de ese panorama de desabastecimiento, la producción de petróleo decreció notablemente en los últimos 20 años y solo logro frenarse con el mismo método del subsidio estatal a las empresas multinacionales del sector. Ese panorama que lleva dos largas décadas comenzó a traducirse en importaciones petroleras que aumentan año a año y que con el actual gobierno de Macri parecen convertirse en una política de Estado para reemplazar el déficit petrolero.

Producción petrolera en descenso

En medio de la crisis del 2001 se produjo el pico más elevado de la producción nacional de crudo en el país, al alcanzar los 924 mil barriles diarios; pero de ahí en adelante el descenso fue constante. Para 2014 y 2015 la producción petrolera había bajado un -30% y se estancó en los 641 mil barriles diarios, aunque el año pasado volvió a caer a los 619 mil barriles por día, reflejando una nueva caída del -3% y llegó a los 619 mil barriles por día.

Desde 2012, el país comenzó a importar petróleo por 133 millones de dólares, una suma relativamente exigua pero que bien podría ser reemplazada por crudo nacional que no se extrae de las cuencas productivas. En 2013 llegaron a los 255 millones de dólares y al año siguiente alcanzó el récord importado por una suma de 321 millones de dólares.

En 2015 las importaciones de crudo bajaron a los 125 millones de dólares y con la llegada del nuevo gobierno, que parece apuntar al libre mercado comprando mayores cantidades en el extranjero, ascendieron en un 114% y llegaron a los 270 millones de dólares.

La fuerte impronta para la explotación del yacimiento no convencional de Vaca Muerta tranquilamente podría conquistar el autoabastecimiento del deprimido mercado interno nacional, pero la estrategia macrista hace pensar que la prioridad estará puesta en la exportación como uno de los ejes centrales de los hidrocarburos obtenidos a través de la técnica del fracking en la Cuenca Neuquina.

¿Se cumplirá con la Ley Guinle de renovables?

A finales de año las energías renovables deberán representar el 8% de la matriz energética nacional, así lo estipula la Ley que elaboró el recientemente fallecido Marcelo Guinle, senador nacional durante 14 años.

La enorme diferencia sobre el panorama existente hasta el año pasado y la meta que se debe alcanzar el 31 de diciembre, genera una enorme duda, ¿se llegará a cubrir la cuota de generación de energías renovables?

A finales de septiembre de 2015 fue aprobada en el Senado la Ley 27.191 que elaboró el legislador chubutense por el Frente para la Victoria, Marcelo Guinle. Recién en abril del año pasado fue reglamentada por el Poder Ejecutivo a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 531.

La “Ley Guinle” estableció pautas a cumplir por el Estado en la modificación de la matriz energética nacional, estipulando que en para fin de año las energías renovables deben representar el 8% del total de la matriz energética nacional; mientras que para el año 2025 la cuota de energías renovables deberá alcanzar como mínimo el 20% de la generación energética total de la Argentina.

El exiguo 0,7% de renovables que se generaron en la matriz energética del 2016 hace pensar que alcanzar la pauta prevista para este año será un objetivo muy difícil de lograr, mucho más aún si se observa la política energética de la actual gestión macrista, donde las prioridades están focalizadas en Vaca Muerta y no en las energías limpias.

Solo para comparar lo que sucede con Argentina respecto del resto del continente y del mundo, es necesario reflejar que el país se encuentra bastante por detrás del promedio mundial de energías renovables que totalizaron en el 2016 el 3,2% de la matriz energética planetaria.

Respecto de Latinoamérica, las diferencias son aún más pronunciadas porque por ejemplo Brasil alcanzó el 6,4% de renovables; Chile posee un 6,2%; e inclusive Perú superó a la Argentina con su 2,2% de la matriz.

En el contexto mundial, Estados Unidos produce el 3,7% de su energía a través de las renovables; mientras que China, el gran consumidor del mundo, solamente posee un 2,8% de energías limpias.

Europa es el continente más avanzado en el terreno de las energías renovables con un 5% de su matriz energética y al anterior de la región el liderazgo le corresponde a Dinamarca con el 23,7%, seguida por Portugal 14,3%. Finlandia llegó el año pasado al 12,4%; mientras que Alemania, España y Suecia conquistaron el 11,7% del total energético consumido en cada una de sus matrices energéticas.


“Le pido, señor juez, que vea lo que se está viviendo en el barrio”

Este lunes en Tribunales Federales se llevó a cabo la histórica audiencia en la que lxs vecinxs de zona Sur ofrecieron sus testimonios sobre las enfermedades y riesgos que está generando la planta de etanol de Porta Hnos. en el barrio San Antonio. En dos semanas Vaca Narvaja tomaría una decisión. 

Por Cobertura colaborativa FUERA PORTA

Córdoba- La fecha fue el lunes 7 de agosto. Al marcar las diez y media de la mañana, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja dio inicio a una inédita audiencia de conciliación, abierta al público, por un caso de contaminación en Córdoba. Fue a partir de un amparo ambiental presentado por vecinxs de la zona sur de la ciudad de Córdoba contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación y la empresa Porta Hnos. como co-demanda, debido al funcionamiento de una planta de (bio)etanol sin las habilitaciones requeridas por las leyes vigentes.

Durante más de dos horas en la sala de Tribunales Federales se escucharon los testimonios de 15 vecinxs, todos ellxs amparistas, quienes relataron las consecuencias que están sufriendo en los últimos cinco años a raíz de la planta. Tanto la empresa Porta Hnos. como el Estado nacional no se presentaron a la audiencia. “Porta viene hace mucho tiempo evadiendo la Justicia y su ausencia en esta audiencia es una prueba más”, afirmó Carlos González Quintana, abogado de lxs amparistas.

Cabe destacar que en los días previos a la audiencia Porta Hnos. emprendió, sin éxito, tres recursos para impedir que la misma se concrete. Primero, cuestionando e impugnando que la audiencia sea de carácter público e informativo, y luego con una nueva recusación pidiendo que el Juez sea apartado de la causa, lo cual también fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones.

Durante toda la jornada, afuera de Tribunales, hubo una concentración, un escenario con diversas intervenciones artísticas y una trasmisión radial que dio la palabra a organizaciones socio-ambientales que se acercaron a apoyar a lxs vecinxs, entre otras actividades.

El barrio, antes y después

Varixs de lxs vecinxs relataron en sus testimonios cómo cambió el barrio y su calidad de vida desde que la empresa comenzó a expandirse y producir etanol en la zona. “Era un ambiente más parecido al campo que a la ciudad, con aire puro”, recordó Gustavo Abbona, quien hoy vive a 200 metros de la fábrica. “Era un lugar bellísimo, tranquilo. Había árboles y pájaros. Ahí esperaba que mis hijos crecieran sanos”, expresó Silvia Cruz, otra de las vecinas, y agregó que a partir de 1995, que fue cuando se instaló Porta, comenzaron a crecer los silos.

Los mayores problemas comenzaron, según destacaron lxs vecinxs durante la audiencia, a partir del año 2012, cuando la fábrica empezó a producir etanol y poco a poco se fue expandiendo, pasando de ocupar de una a seis manzanas. Luis Molina, quien vive a 50 metros del sector de la fábrica donde se produce el químico a base de maíz transgénico, ratificó en sus declaraciones que la construcción de ese sector de la planta comenzó alrededor de noviembre de 2011. A su vez, señaló que la etapa de producción fue entre marzo y abril de 2012, justamente la época en que se produjo una explosión que varixs vecinxs rememoraron en sus testimonios.

“Con la producción de bioetanol de Porta vivimos una calidad de vida inferior, y con una sensación de inseguridad constante por el riesgo de explosión e incendio de la planta. Y nos enteramos de una enfermedad nueva todos los días”, expresó el vecino Santiago Palermo ante el juez. “Ha habido escapes de gas, incendios y la fábrica apaga las sirenas. Lo de Alta Córdoba es una muestra gratis de lo que puede ocurrir en nuestro barrio”, dijo por su parte María Celeste Novarese refiriéndose a la explosión de la química Raponi en 2014.

Enfermxs y encerradxs

En el transcurso de la audiencia, lxs vecinxs puntualizaron los síntomas y dolencias que padecen. “A medida que fui creciendo, los olores a vinagre y alcohol fueron aumentando. Después, empecé a sentir los síntomas. Por la noche, me resultaba difícil dormir, no podía dormir acostada”, señaló la joven estudiante Florencia Sánchez. “Finalmente, me operaron y me dijeron que tendría rinitis crónica. Los únicos responsables de esta rinitis son los vapores de Porta, que es el aire que respiro todos los días”.

Entre los testimonios, se mencionaron tres casos de púrpura en niñxs que viven cerca de la fábrica. “En Ituzaingó están expuestos a agrotóxicos, igual que nosotros. ¿Y saben cuál es la primera enfermedad del ranking? El púrpura”, relató Gabriela Aguilar.

También, lxs vecinxs relataron distintos problemas oculares. Entre ellos, la calcificación de residuos por debajo de sus párpados y la generación de quistes. Uno de los tratamientos médicos que tuvieron que padecer ante ello fue la utilización de dos pinzas para abrir el párpado y raspar los residuos.

Rosa Acuña vive desde hace 50 años en el barrio: “Jamás se habló de alguna malformación. Y ahora desde 2012, la situación es alarmante”. A lo largo del último año, se detectaron tres casos de bebes con malformaciones; Olivia, una de ellas, falleció. Tenía tres meses de edad.

“Siento que somos ratoncitos de laboratorio y que Porta experimenta con nosotros”, expresó María Rosa Vigñolo ante las distintas enfermedades que están aumentando entre lxs habitantes de San Antonio.

En cuanto a las respuestas que obtuvieron por parte de la empresa, Carmen Medina relató: “Porta me citó y me dijo que ellos no se iban a ir. Y que los vecinos iban a tener que aprender a convivir con la empresa”. En tanto, Cristian Sánchez expresó que al llevarles su preocupación por las enfermedades “José Porta, con una sonrisa, nos decía: ‘ustedes están sugestionados’”.

Muchos se refirieron también a la manera en que la fábrica y sus consecuencias han impactado en sus formas de vida. Algunxs de sus hijxs y nietxs, por ejemplo, han tenido que mudarse a otra zona de la ciudad. “El patio de mi casa está a 40 metros de los silos donde trabajan con el maíz, y el ruido que se escucha es como turbinas. Parece como si viviera al lado de un aeropuerto”, contó Carmen. “El olor que empezó a emanar hacen que hasta el día hoy vivamos encerrados. Ya no tomamos mate en el patio y mi familia me visita muy poco”, dijo Silvia.

Erradicación y abandono del Estado

El mensaje que repitieron lxs vecinxs durante la audiencia fue la exigencia de que la planta sea erradicada del barrio. “El médico me dijo que me vaya del barrio. Pero yo no me voy a ir. Total, ya estoy afectada. Y voy a luchar. No voy a bajar los brazos. No hay derecho que una empresa con poder político y económico venga a tirarme toda la mugre encima. Le pido señor juez que usted, con su poder, mande gente al barrio, investigue, vea lo que se está viviendo”, dijo Carmen Medina. “Yo no estoy en contra de la empresa y de los puestos de trabajo, pero tiene que estar en otro lado”, continuó. Silvia, por su parte, remarcó: “El barrio estaba antes que Porta. Yo no me quiero ir pero tengo miedo por mis hijos”.

Al concluir los testimonios, el abogado de lxs amparistas Carlos González Quintana destacó que lxs vecinxs son afectados ambientales y que el objeto central de este amparo es exigir el cese de la actividad de la empresa para evitar que continué el daño ambiental, y en función del Principio Precautorio garantizado por la Ley General de Ambiente. Además, expresó que la empresa lleva alrededor de cinco años funcionando sin licencia ambiental, ya que solo cuenta con un aviso de proyecto y no cumple con lo exigido por la normativa vigente.

A pesar de la realización de dos relevamientos sanitarios (2014 y 2016) que indican datos alarmantes sobre la cantidad de enfermedades en la zona, y de que distintas instituciones, incluyendo a dependencias de la Universidad Nacional de Córdoba, han manifestado su preocupación por la situación que se vive en San Antonio, el Estado en sus diferentes niveles aún no ha dado respuestas a lxs vecinxs, quienes en distintas ocasiones de la audiencia subrayaron que se sienten abandonados por el mismo.

En ese sentido, el miembro del Ministerio Público de Defensa José Belisle -quien representa a lxs menores de edad en la causa-, cuestionó la ausencia de la empresa y sus abogados pero destacó que lo verdaderamente preocupante era la ausencia del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que debía presentarse en esta instancia como parte de la causa: “Esta audiencia se postergó para que ellos pudieran estar (…). Justamente en los testimonios todos hablaron de la ausencia del Estado y hoy esto se grafica con su ausencia en esta audiencia”. A la vez, Belisle propuso a una audiencia específica para escuchar el testimonio de lxs niñxs, al considerar que sus derechos se estarían viendo vulnerados.

La fiscal federal Graciela López de Filoñuk, quien fue la última en tomar la palabra antes de finalizar, expresó que el proceso de la audiencia realizada cumplió con los requisitos legales previstos. A la vez, afirmó: “Lo esencial es realizar una pericia, en la que las partes también nombren peritos de control, para determinar si la empresa contamina o no. Si estas pericias determinan que contamina, sea con bioetanol o con otra producción, se debe cesar la actividad. Usted como juez tiene la obligación de hacer cesar los efectos porque contaminar es delinquir”.

A partir de todo lo escuchado en la audiencia, Vaca Narvaja decidiría en dos semanas cómo continuará el proceso.

El apoyo fuera de Tribunales

Mientras lxs vecinxs declaraban en la audiencia, afuera de Tribunales se realizaron intervenciones artísticas y musicales, serigrafía, una olla popular con alimentos orgánicos y una concentración en apoyo. Pasadas las 14:30 hs., distintos medios alternativos comunitarios y populares emprendieron una trasmisión especial de radio, en la que se compartió tanto la historización de la lucha de San Antonio como también distintas resistencias socioambientales de la zona sur y la provincia de Córdoba. En ese marco, tuvieron la palabra el Grupo Madres de barrio Ituzaingó Anexo, Malvinas Lucha por la Vida, Mujeres en Marcha y Vecinos Autoconvocados de Santa Ana. El escenario se cargó de emotividad cuando lxs Vecinxs Unidxs en Defensa de un Ambiente Seguro (V.U.D.A.S.) salieron de la audiencia y tomaron la palabra para agradecer y contar lo sucedido en la jornada.Estuvieron presentes grandes artistas como Cristian Teti Cavo, Nicolás de Angelli, Juanchi Domínguez, Paulina Los Pájaros y Sol Viye, y, entre los músicxs la Cruza, Los Siquris del Viento y Flor de Cumbia. Para finalizar, Perro Verde y Julieta Cabo, vecina de zona sur, entonaron la canción “Fuera Porta de mi barrio”, a coro con todxs lxs presentes.

Más información: www.vudas.wordpress.com / fb.com/FUERA-PORTA-1639639219662704 / twitter.com/FueraPorta

RedECO


La Asamblea del Pueblo de Alvear repudia proyectos de fracking en Mendoza

DOCUMENTO

Desde la ASAMBLEA DEL PUEBLO de General Alvear (Mza) REPUDIAMOS LA APROBACION DEL PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO NO CONVENCIONAL “EL TRÉBOL – AREAS PUESTOS ROJAS” (Malargüe), localizado en una zona cercana al Río Salado principal afluente del RIO ATUEL y autorizado por la Dirección de Protección Ambiental de la Secretaria de Ambiente del Gobierno de Mendoza (Resolución N° 813, 26/07/2017) ,

PORQUE :

En Junio de 2013 el HCD de General Alvear aprobó por unanimidad una Ordenanza que PROHIBE LA EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES A TRAVÉS DE LA FRACTURA HIDRÁULICA (FRACKING) por los gravísimos impactos que causa al medio ambiente, principalmente al Recurso Hídrico. Similares ordenanzas fueron aprobadas por los Departamentos de Valle de Uco ,

  • El Proyecto FUE APROBADO SIN ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL NI AUDIENCIA PÚBLICA, VIOLANDO LA LEY NACIONAL 25675 Y LA LEY PROVINCIAL 5961.

Sin embargo, consideramos que se REQUIERE UNA NUEVA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL por tratarse de un nuevo proyecto ya que La empresa El Trébol, propiedad de Mercuria (de capitales suizos), responsable del proyecto, usará la técnica por fractura hidráulica (fracking) para estimular la roca y extraer el petróleo ,

  • El proceso de fractura hidráulica consume enormes cantidades de agua, calculando que se requieren entre 15.000 y 30.000 metros cúbicos de agua dulce para las operaciones de un solo pozo, agravando significativamente la DISPONIBILIDAD DE AGUA DEL RIO ATUEL ,

  • Entre un 15% y un 80% del fluido que se inyecta para la fractura vuelve a la superficie como agua de retorno, y el resto se queda bajo tierra, conteniendo aditivos (siendo la mayoría sustancias químicas tóxicas, cancerígenas o mutagénicas). Es decir, con la APLICACIÓN DE ESTA TÉCNICA DE “FRACKING”, ES POSIBLE LA CONTAMINACIÓN DE LOS ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS Y DE LAS AGUAS SUPERFICIALES EN LAS NACIENTES DEL RIO ATUEL ,

  • Se desconoce el Informe Sectorial de la Subdelegacion de Aguas del Rio Atuel del Departamento General de Irrigación respecto a la autorización del uso del recurso hídrico del principal afluente del Rio Atuel y permiso para obtención de agua de los acuíferos del área a perforar, en el marco de la Ley de Aguas y Ley 4035 de Agua Subterránea ,

POR ELLO ,

HASTA TANTO NO EXISTA UNA BASE CIENTÍFICA O DATOS CONCLUYENTES QUE DETERMINEN CON EXACTITUD QUE ESTA TÉCNICA NO GENERA UNA REPERCUSIÓN DIRECTA SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE NUESTROS HABITANTES (PRINCIPIO PRECAUTORIO DE LA LEY 25675) SOLICITAMOS SE SUSPENDA EN FORMA URGENTE EL PROYECTO PETROLERO NO CONVENCIONAL DENOMINADO “EL TREBOL” EN MALARGÜE – MENDOZA.

ASAMBLEA DEL PUEBLO DE ALVEAR

General Alvear (Mza.) 04/08/2017


Chubut en crisis: las regalías se retrasaron un 25% considerando la inflación

Por Marcelo García / El Extremo Sur.

A pesar de la crisis petrolera y el temporal, Chubut recaudó en el primer cuatrimestre de este año el mismo monto por regalías hidrocarburíferas que en el mismo período de 2016. La suba del dólar equilibró los ingresos, pero no alcanzó a cubrir la inflación.

Los ingresos por regalías petroleras se estancaron en Chubut como consecuencia del freno que impulsan las operadoras bajo la argumentación de la crisis internacional del precio del crudo, aunque en abril de este año se sumaron los efectos del temporal que paralizó buena parte de la producción en los yacimientos del sur provincial.

Un tercer elemento que golpeó las arcas provinciales en el ingreso de regalías fue la eliminación paulatina del precio sostén para el barril criollo, lo que emparejó la cotización del petróleo tipo Escalante con la internacional.

En enero del 2016 se instrumentó un subsidio para el crudo chubutense de 23 dólares por encima del WTI, pero esa brecha se fue achicando hasta licuarse y desaparecer, haciendo cotizar desde diciembre pasado al Escalante en valores inferiores al WTI.

Gracias a la suba de la cotización del dólar, el Estado provincial consiguió ir surfeando la crisis pero en el primer cuatrimestre del año las regalías en pesos se estancaron, lo que presagia para finales de año una suma igual o apenas superior a la que cobró Chubut el año pasado.

Las regalías pierden con la inflación

Ese equilibrio provocado por la suba del billete estadounidense permitió que en el primer cuatrimestre se recaudara lo mismo que en igual período del año anterior, pero si se tiene en cuenta la inflación que se registra en el país, las regalías han quedado retrasadas en un -25%

En los primeros cuatro meses del año en curso, Chubut recaudó regalías totales (petróleo y gas) por 1.660 millones de pesos, una cifra casi idéntica a la ingresada en el primer cuatrimestre del año pasado. La variación entre ambos períodos fue de solamente 1,8% y representó apenas 30 millones de pesos más.

Si se cotejan ambos cuatrimestres, los ingresos de regalías petroleras en dólares cayeron un -7,3%; pasando de 103 millones de dólares del 2016 a los 96 millones de este 2017. Pero si se las convierte a pesos y gracias a la suba en la cotización del dólar, las regalías petroleras pasaron de 1.497 millones de pesos en 2016 a los 1.500 millones cuatrimestrales de 2017.

La evolución mensual de las regalías petroleras fue de 416 millones de pesos en el mes de enero, pero luego fueron decreciendo de manera constante, llegando a 369 millones en febrero, 391 millones en marzo y 322 millones de pesos en abril, cuando el temporal ralentizó la producción.

Suben las gasíferas

Las que experimentaron una suba considerable fueron las regalías gasíferas cobradas por Chubut, ya que pasaron de 133 millones de pesos en el primer cuatrimestre de 2016 y en el año en curso ascendieron a 160 millones; reflejando un suba del 20%. Claro que su incidencia es muchísimo menor a las que se cobran por la producción petrolera, ya que representan solamente el 10% del total.

En el Presupuesto 2017, el Gobierno provincial estimó ingresos por regalías que ascenderían a los 6.462 millones de pesos y la proyección en base a lo sucedido en el primer cuatrimestre hace pensar que dicha cifra podría ser alcanzada e inclusive superada; pero dicho incremento podría representar apenas un 3% de aumento lo que dejaría los ingresos por regalías muy por debajo de la inflación -que superaría el 20%- y la evolución de los gatos que afronta el Estado provincial.

La actual disparada en la cotización del dólar y que lo puso por encima de los 18 pesos, seguramente compensará parte de la baja de las regalías en pesos y habrá que ver qué sucede con la producción como para traccione a la suba; aunque es muy difícil que al cierre del año consiga achicar la brecha que se viene dando entre aumento de las regalías e inflación.


Cuenca del Golfo San Jorge: cáncer en un territorio de incertidumbre

La ausencia de investigaciones que den asidero o no a la extendida percepción de que la prevalencia de diferentes tipos de cáncer es mayor en las localidades petroleras que en el resto del país, transforma a esas sociedades en territorios de incertidumbre. A partir del testimonio de profesionales de la salud de Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia indagamos sobre la ausencia de esos estudios, las consecuencias que eso genera y también en la capacidad de los sistemas público y privado de brindar atención a quienes la requieren; porque faltan estadísticas pero no pacientes.

Agencia de Noticias Austral.

por Hernán Scandizzo*

Comodoro Rivadavia y Caleta Olivia son dos piezas del mismo rompecabezas: la cuenca del Golfo San Jorge. El sur de Chubut y el norte de Santa Cruz unidos por una historia común, la extracción de hidrocarburos, que comenzó en 1907 y un siglo después, a fuerza de concesiones de exploración y explotación, se ramificó sobre más de 60 mil kilómetros cuadrados, en tierra y mar. Al igual que en otras comunidades del país donde se realizan ciertas actividades extractivas, o procesos industriales, la población de ambas ciudades afirma que algunas patologías se dan con más prevalencia que en el resto de Argentina. La falta de estadísticas e investigaciones que den asidero o no a esa percepción, transforma a esas sociedades en territorios de incertidumbre. En esa incertidumbre, desde un sistema público de salud minado por las necesidades, se le pone el pecho a la situación; porque faltan estudios a fondo, es cierto, pero no pacientes. En tanto, la medicina prepaga y las obras sociales lejos de llenar los vacíos existentes, aumentan la carga.

“No hay estadísticas ni privadas ni gubernamentales pero hay una cantidad muy llamativa de pacientes con diferentes tipos de cánceres. No sabemos por qué hay tanta prevalencia, si es que la prevalencia ha aumentado realmente”, afirma Néstor Sosa, médico cirujano del Hospital Zonal de Caleta Olivia y secretario adjunto de la filial local de la Asociación de Trabajadores del Estado. “Si no hay estadísticas no sabés cuál es el problema, no sabés qué tamaño tiene el problema, poco vas a poder hacer para solucionarlo”, advierte, y completa la reflexión: “De hecho hay una política hasta casi de negación, porque uno no ve gestos importantes. Por ejemplo, la zona Norte [de la provincia de Santa Cruz] tiene un oncólogo, entonces queda muy limitada la capacidad de solucionar el problema.”

“Sé que hay una cantidad importante de cánceres de mama, pulmón y, sobre todo, de recto y colon, eso es lo que uno ve frecuentemente cuando pasa por las salas de oncología”, comenta Sosa. Y vuelve a la afirmación anterior: “Factores en común pueden haber muchos, pero el que más se inculpa, sin haber un asidero científico, es el agua. No hay ningún estudio serio que lo desmienta o lo confirme”. También llama la atención sobre un elevado número de niños y niñas con trastornos en el desarrollo, en el aprendizaje y disminución de coeficientes intelectuales. La conclusión es similar: “Se ve un número bastante alarmante de chicos, que supera la media que uno esperaría; no creo que se hayan hecho estudios con suficiente profundidad para tener una causa etiológica”. Las palabras impactan contra el micrófono del grabador, la entrevista transcurre en la cafetería vacía de una estación de servicio. Es noche de domingo, en el infaltable televisor se ve un partido de fútbol que se disputa a más de mil ochocientos kilómetros al norte de esa mesa, en un barrio de Buenos Aires.

El testimonio del médico cirujano encastra con el de Mara Márquez, jefa de Pediatría del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. “Tenemos una alta incidencia de patología tumoral y de leucemia, lamentablemente también la realidad es que no se tratan acá, se derivan por falta de medios, no tenemos hemato-oncólogo infantil”, detalla. “Tenemos la impresión, sin estadísticas, porque no tenemos, de que hay un aumento de patologías oncológicas con respecto a otros lados”, subraya. Las faltas una vez más abren paso a la incertidumbre. “No te puedo decir si es por culpa del petróleo, si son los disruptores enzimáticos, qué es lo que está pasando, porque no hay un estudio serio hecho.” Lo que falta aparece como la única certeza. Ella inmediatemente recalca: “Pero nosotros notamos que hay una incidencia alta con respecto a otros lados”.

Hospital público, carga privada

“Hablando desde lo subjetivo”, retoma Márquez, “hará cuatro años, y pueden ser más, cinco, seis, que empezamos a ver una incidencia de estas patologías. Hay más casos de leucemia y de tumores sólidos, pero eso puede ser porque se atiende más población en el Hospital, porque los centros privados de Comodoro no internan pacientes graves y hace cuestión de cinco años cerraron las guardias pediátricas”, explica. Nuevamente subraya la importancia de las estadísticas, dado que la incógnita se podría despejar a partir de esos estudios.

Márquez asegura que la Salud Pública en Comodoro Rivadavia “quedó chica”. “Pero por qué. No porque cada vez hay más inmigrantes bolivianos, paraguayos… sino porque estamos atendiendo SwissMedical, OSDE, Docthos. Las mejores obras sociales, la persona más rica de Comodoro Rivadavia, su hijo se accidenta y viene a esta terapia intensiva”, relata la jefa de Pediatría del Hospital Regional de esa localidad. La entrevista transcurre en una sala, del pasillo llegan los testimonios del movimiento permanente que se registra en el área de pediatría.

Nuevamente el testimonio de Márquez y Sosa se articulan. “El sector privado no tiene capacidad de atender porque no tiene especialistas en el tema. Puede atender complicaciones en pacientes oncológicos: un paciente oncológico con neumonía, por ejemplo; pero la enfermedad de base, el tratamiento oncológico, de quimioterapia y rayos, no te lo puede hacer”, asegura Néstor Sosa, respecto a las prestaciones médicas en el norte de Santa Cruz. “Durante una época la política gubernamental fue intentar minar el sector privado con la intención de fortalecer al sector público. Al sector público nunca lo pudieron fortalecer, pero sí lograron minar el sector privado. O sea que, con plata o sin plata, la posibilidad de atención de la salud de excelencia, acá, es muy difícil de encontrarla.”

Accesibilidad y distancias

“¿Qué suerte corre un paciente con cáncer en Caleta Olivia?”, se pregunta Sosa. “Y, es problemático. Hay una única oncóloga que atiende en el Hospital [Zonal], que, como es lógico, tiene sus pausas. De pronto tiene sus vacaciones, tiene su enfermedad, tiene sus cosas. Y en esas pausas no tiene quién la reemplace, y queda el tema con muy poca capacidad de atención a la gente”, se responde. Hace un silencio, breve, y profundiza. “La doctora que tiene a cargo oncología tiene más de mil pacientes en lista, no solamente de acá, sino también del interior de la provincia. Pacientes que tienen a su médico a más de 300 kilómetros.” En ese punto del relato aclara que acuden desde Los Antiguos, Perito Moreno, Las Heras, Pico Truncado, Firtz Roy, Jaramillo, Puerto Deseado e incluso, subraya el médico, San Julián.

Al no existir estadísticas, tampoco puede establecerse si en la petrolera ciudad de Las Heras una patología se da con mayor prevalencia que en Puerto Deseado, por ejemplo. “Solamente tenemos número de pacientes que se atienden en un consultorio solucionando la patología del momento”, aclara Sosa. En casos de leucemias, linfomas, que son patologías oncohematológicas, el Hospital de Caleta Olivia no cuenta con hematólogo y la persona debe trasladarse “a Comodoro, a Buenos Aires o a otro lado”. “No hay posibilidad de tratarla acá”. Y continúa desgranando el rosario de faltas. “En Santa Cruz no hay radioterapia, hay que hacerla en la provincia de al lado [Chubut], con lo que la mitad del tratamiento te queda afuera. Un paciente que tiene que irradiarse una metástasis cerebral, que vive en Los Antiguos, a cuatrocientos y pico de kilómetros, tiene que quedarse un mes y pico varado solo Dios sabe dónde, para poder hacer el tratamiento. La falta de accesibilidad es un problema muy serio acá.”

Estadísticas y desidia

“Sabemos, en principio, que nuestra provincia [Chubut] tiene indicadores más altos de cáncer que otras”, afirma la médica generalista Susana Muñoz, docente y coordinadora de la Tecnicatura Superior en Salud Comunitaria. “Esto se viene repitiendo hace bastante tiempo, pero no se profundiza una investigación epidemiológica. Porque además no podes poner todos los tipos de cáncer juntos, sino que hay algunos que son específicos para determinados riesgos ambientales”, aclara. Afuera el cielo plomizo y el frío intenso acentúan el invierno, en la oficina, en cambio, el ambiente es cálido y la charla fluye sin interrupciones.

“Están discriminados los tipos de cáncer que se relevan, pero no sabemos si es la totalidad de la información”, precisa. Y luego introduce una serie de variables a considerar: “Tenemos muchas personas de Comodoro que no se atienden acá, que se atienden en otros lugares, viajan. Tenemos a otras personas que sí se atienden acá. Tenemos personas que vienen de distintas zonas de la provincia a atenderse en el CABIN [Centro de Aplicaciones Bionucleares], que es un área de radioterapia.” “Está como muy desorganizada la información, entonces es muy difícil discriminar adecuadamente. Porque tiene que tener una permanencia determinada en un tiempo determinado”, explica.

“Lamentablemente hay poco trabajo [epidemiológico en Argentina] en relación a los problemas ambientales y a relacionar el ambiente con enfermedades no transmisibles, como el cáncer u otro tipo de enfermedades hemato-oncológicas, anemias importantes, perniciosas. Hay mucha información sobre los daños sobre la salud provocados por determinados contaminantes ambientales derivados del petróleo. Está bastante estudiado a nivel internacional, pero hay un gran déficit de estudios epidemiológicos locales, que uno pueda demostrar daños sobre la salud que provocaron determinadas situaciones ambientales”, se explaya la médica generalista. “Comodoro estaría en una situación casi ideal para hacer eso, hay importantes sectores de la población que se podrían estudiar, que han estado en contacto, que siguen estando, porque viven en zonas donde había pozos petroleros o por contactos laborales. Hay muchas condiciones, pero no ha habido desarrollo”, se lamenta.

“Hay muchos factores que hacen más difícil el análisis”, advierte, pero “se puede hacer, porque se ha hecho en muchos lugares del mundo”. ¿Por qué no se hacen? “No es solo por intereses políticos o económicos de las petroleras, que seguro que están.” Inmediatamente suma otro factor, que vuelve más complejo lo que en un primer momento se anticipaba lineal: “Mucho tiene que ver con la desidia en el funcionamiento de nuestro Estado desde hace muchas décadas, con la falta de sostenimiento de las políticas públicas”.

Muñoz grafica con un ejemplo sencillo. “Se organizó un sistema nacional de vigilancia de lesiones: agresiones, autoagresiones (suicidas), por distintas formas. Porque cuando [las personas] llegan a la guardia de un hospital se registra ‘lesiones’, y eso encubre un montón de problemas que hay atrás”, cuenta. “Se diseñó una planilla para llenar cuando llegaba un paciente con lesiones, para tener más información sobre las causas reales. Se distribuyó a todas las guardias del país”, hace una pausa. “Prácticamente de los hospitales que comenzaron a llenarla, en la provincia todos, y en otros lugares casi todos, dejaron de hacerlo. No se pudo sostener, por el motivo que fuera. Era una fuente de información muy importante y sencilla de aplicar. Imaginate el cáncer, que es mucho más complejo, porque es multifactorial, son muchos más elementos que habría que tener en cuenta para, aunque sea, poder ver cuáles fueron los factores a los que estuvo expuesto”, concluye.

*El artículo es parte de la serie Del agua y del petróleo, preguntas sobre el presente de la cuenca del Golfo San Jorge.

Notas de la misma serie

Consumir agua de red es casi una cuestión de fe en Caleta Olivia (27/03/2017)

Comodoro Rivadavia: crecer sobre la incógnita de los pasivos ambientales (17/03/2017)

Caleta Olivia: La lucha por el agua y por nuevos horizontes (08/03/2017)

La ‘crisis del Senguer’, o un modelo que lo está secando (02/03/2017)

Del agua y del petróleo, preguntas sobre el presente de la cuenca del golfo San Jorge (22/02/2017)

Golfo San Jorge


EJES N°11– El fracking en debate

En este número informamos sobre la clausura de una empresa de limpieza de caños petroleros por la denuncia de contaminación realizada por la Confederación Mapuche de Neuquén y el Lof Newen Kurá. Además, realizamos un análisis del precio interno del gas y del petróleo en función del incentivo del Estado Nacional a la extracción de gas no convencional en Vaca Muerta. En términos de gobernabilidad, vemos cómo se rompe con la lógica de recursos por provincia al hacer hincapié en la Cuenca y notamos cómo las normas se conciben hoy a partir de acuerdos multisectoriales e interjurisdiccionales. A través del contrato YPF-Chevron ponemos atención en las cobertura de seguros porque sabemos que nos dicen más de los potenciales riesgos de la actividad que los discursos de Responsabilidad Social Empresaria. Por último, mientras las empresas hidrocarburíferas minimizan los riesgos de la actividad, insistimos: el agua de retorno de la actividad hidrocarburífera o flowback, es un residuo peligroso.

Boletín EJES Nº 11  – Julio 2017 —

Foto: Martín Barzilai.

“Una superpotencia gasífera de escala global”. “Con infraestructura y correctas garantías a inversores, exportamos a largo plazo”. “No hay riesgos, es un combustible puente, una causa nacional” decían. A la larga, el gas no era tanto, los precios subieron radicalmente, los cortes de luz se extendieron y las compañías nacionales entraron en crisis. Entonces el discurso señaló responsables. “La culpa es de quienes no dejan explotar”, dicen ahora y a quienes reclaman les niegan sus derechos. Sin embargo, hay otras afirmaciones que se mantienen: “no hay riesgos, es un combustible puente, ¡una causa nacional!”

Si bien podrían ser afirmaciones respecto a Vaca Muerta, provienen del otro lado del globo. Cuatro años atrás, Australia estaba “destinada a convertirse en el mayor exportador global de GNL”. Incluso fue mencionado como “modelo” del frente Cambiemos en el Plan Productivo Nacional. Pero está inaugurando controles a la exportación por la falta de autoabastecimiento. Las razones son varias. Si bien con inversiones de más de US$ 200 mil millones triplicaron la extracción de gas, los volúmenes no alcanzaron lo esperado por los altos costos y proyecciones infladas. Al mismo tiempo, diversos estados pusieron freno al sector por razones socioambientales, mientras Shell, Chevron, ExxonMobil y compañías nacionales presionan para entrar en esos territorios. Lo cual es acompañado por el gobierno central, que lo justifica para que los precios internos frenen su meteórica subida. Por su parte, el Estado de Victoria prohibió el fracking y el gas en mantos de carbón.

Los fósiles no convencionales a nivel global están atravesando desafíos complejos, especialmente el alicaído petróleo. A la ola de frenos, se sumaron nuevas medidas de prohibición al fracking en Francia e Irlanda en las últimas semanas. Es que a la par de mayor organización social frente a su expansión, los números no son favorables, al tiempo que las renovables están siendo competitivas en términos económicos. Si bien Vaca Muerta logra cierta viabilidad, lo hace mediante millonarias inyecciones de los bolsillos de quienes consumen y recrudeciendo el control sobre los territorios. De igual manera, si no discutimos quién consume y para qué, las importaciones seguirán: en 2016, casi un 10% del GNL exportado en barco por EE.UU. tuvo como destino la Argentina. El mercado no colabora con el desarrollo de Vaca Muerta, pero no podemos confiar en ello ni ahora ni mañana.

Invitamos a leer el boletín como insumo para el debate y organización, sus comentarios y difusión serán siempre bienvenidos.

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Boletín EJES
Vaca Muerta


Pronunciamiento de la APDH ante la construcción de centrales nucleares y minería de uranio

Declaración de la APDH nacional

CONSTRUCCION DE CENTRALES NUCLEARES Y MINERIA DE URANIO

En vista de las intenciones del gobierno nacional de construir una planta de energía nuclear en la provincia de Río Negro, sumado al actual desarrollo del Plan Nuclear Argentino, consistente en extraer, procesar y enriquecer uranio para comercializar en mercados internacionales, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) estima necesario objetar estos planes basándose en los siguientes considerandos:

– Que el estado nacional, por medio de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), ha demostrado una total falta de responsabilidad por los danos causados por sus explotaciones mineras y de procesamiento de uranio. La experiencia de mas de 60 anos de minería uranífera ha dejado un legado de contaminación, y abandono en todo el país, sembrando la desconfianza en la población y oposición a las actividades de la CNEA. Este pasivo ambiental puede verificarse en las minas Don Otto (Salta), Los Adobes (Chubut), Los Gigantes (Córdoba), La Estela (San Luis), Sierra Pintada y Malargüe (Mendoza), y Los Colorados (La Rioja). El Anexo 1 muestra fotos de emprendimientos mineros abandonados y los pasivos ambientales asociados.

– Que las actividades de extracción, procesamiento y enriquecimiento de uranio exponen a los acuíferos subterráneos y superficiales a contaminaciones irremediables, tal el ejemplo de países que ya han realizado la misma nefasta experiencia. En su informe “Uranium Contamination” GAO-14-323, la Oficina del Presupuesto del gobierno de los EEUU informo en el ano 2014 que los acuíferos del Colorado Plateau se encuentran contaminados con uranio mas de 30 anos después de haber terminado las extracciones mineras (Ver Anexo 2).

– Que el enriquecimiento de uranio resulta en la obtención tanto de uranio enriquecido como grandes cantidades del uranio empobrecido, para el cual no existen planes a largo plazo para la descontaminación y limpieza final. En el Informe 94 de la Jefatura del Gabinete de Ministros al Senado de la Nación (2016), en respuesta a la pregunta 191 sobre el destino final de los desechos de uranio empobrecido, el gobierno informa “El uranio empobrecido es un subproducto de la generación de uranio enriquecido y no es un desecho. Tiene valor comercial y queda guardado en el complejo. De acuerdo con el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) se dispone en cisternas, al igual que el uranio natural y el enriquecido; quedando bajo salvaguarda en la playa de cisternas.” Con lo cual queda claro el fin especulativo de estos desechos contaminantes y peligrosos, sin garantías de solución final a estos depósitos. El Anexo 3 muestra fotos de similares plantas de almacenamiento en los EEUU.

– Que el transporte de uranio por rutas argentinas pone en peligro de intoxicación y contaminación a la población, ignorante de que por sus comunas circulan cargas en muchos casos prohibidas expresamente. El compuesto de uranio obtenido en las minas deberá transportarse hasta la planta de enriquecimiento de Pilcaniyeu, de allí el uranio enriquecido se transporta a la planta de conversión química de Dioxitek (ahora en Córdoba y luego en Formosa), luego a Ezeiza para la fabricación de las barras de combustible nuclear, y finalmente a las centrales nucleares para su uso final.

– Que la contaminación radiactiva potencial resultante de estos  emprendimientos puede tardar años y décadas en manifestarse como enfermedades irremediables, tal lo experimentado por la población Navajo de los EEUU, 30 anos después del cierre de las minas de uranio. La lista de enfermedades resultantes de la exposición al uranio, por sus características toxicas y radiológicas, es tristemente larga: canceres de distintos tipos, leucemia, afecciones pulmonares, renales y cerebrales, impactos en el sistema reproductivo, al desarrollo y crecimiento de los niños. El Concejo Nacional de Investigaciones de los EEUU en su informe “Minería de Uranio en Virginia” (2012) pone énfasis en las consecuencias de la exposición al uranio (Anexo 4). Por ser un metal pesado el uranio es toxico al organismo afectando principalmente los riñones y el esqueleto, donde reemplaza al calcio de los huesos. Como agente radiológico las partículas y rayos contaminantes del proceso de descomposición radiactiva resultan en graves afecciones, especialmente en casos en que se ingiera o respire estos productos.

– Que la población ha esperado por anos información clara y precisa sobre los efectos ambientales y en la salud de la explotación y procesamiento de uranio, sin obtener nunca respuestas concluyente a sus pedidos de información, tanto de la CNEA como de la ARN.

– Que la experiencia internacional en los Estados Unidos, Japón, la Unión Soviética, y otros países, demuestra el alto riesgo para los trabajadores y la población ante eventuales escapes o accidentes provenientes de plantas de energía nuclear. Si bien los desastres en Fukushima, Chernobyl y Three Mile Island son los mas notorios, el diario The Guardian del Reino Unido nos muestra una larga lista de accidentes e incidentes que incluyen perdidas y derrames de fluidos radiactivos, sobreexposición de trabajadores, danos al núcleo del reactor, perdidas de fuentes radiactivas, y otros (Anexo 5).

– Que después de más de 70 anos todavía la industria nuclear no ha podido encontrar un método para descontaminar y desechar en forma segura los residuos tóxicos y radiactivos  creados por esta misma industria. A falta de soluciones permanentes los residuos creados por esta industria se acumulan en túneles o depósitos, muchos de ellos abandonados a la intemperie. La contaminación de acuíferos en el Centro Atómico Ezeiza en el ano 2005 ilustra este problema y da la pauta de la irresponsabilidad con que la CNEA y ARN administran estos residuos, desinforman al publico, y manejan la información. Experiencias recientes como en la Planta de Acabado de Plutonio, en Hanford, EEUU, y el colapso del túnel de almacenamiento en Richmond, EEUU ponen de manifiesto los peligros a los que estos depósitos exponen a la humanidad en forma diaria debido a la falta de soluciones prácticas y seguras para el desecho de los mismos.

– Que tanto la extracción y procesamiento de uranio como el almacenamiento y disposición final de residuos contaminados genera pasivos ambientales tanto o más terribles que los gases de efecto invernadero. En el mismo informe “Uranium Contamination” GAO-14-323, la Oficina del Presupuesto del gobierno de los EEUU informo en el ano 2014 la inversión millonaria que hace falta para restaurar y descontaminar las minas abandonadas. Como resultado de juicios por acumulación de residuos contaminantes la compañía responsable tuvo que   aportar 5150 millones de dólares como compensación a la población Navajo y Estados afectados (https://www.justice.gov/opa/pr/united-states-announces-515-billion-settlement-litigationagainst-subsidiaries-anadarko).

– Que al realizar estos experimentos nucleares se compromete la salud de futuras generaciones y al ambiente en general, sin ninguna garantía de reparación de los danos causados. Al no existir, en ninguna parte del mundo, compañías de seguros que asuman responsabilidad ante cualquier accidente en la cadena de procesamiento, la responsabilidad material por pasivos ambientales y sociales queda expuesta a decisiones burocráticas de gobiernos provinciales y del gobierno nacional sin garantía efectiva de solución.

– Que la generación de elementos radiactivos por la actividad de minería, enriquecimiento y conversión de uranio, así como la generación de residuos resultantes de su aplicación en plantas nucleares, resulta en la acumulación de material radiactivo y toxico con potencial de impactar la salud y contaminar el ambiente por miles de anos (Anexo 6).

– Que la potencial creación de puestos de trabajo temporarios pretendida por el gobierno de Río Negro y las compañías mineras puede ser superada ampliamente por puestos de trabajo permanente en energías renovables, limpias y seguras. De acuerdo a la Agencia Internacional de energías Renovables, los puestos de trabajo en energías limpias ya superan a la   industria de gas y petróleo en los EEUU, Canadá, Alemania y China (Anexo 7).

– Que tanto técnica como económicamente existen alternativas validas a la energía nuclear. El desarrollo de energías renovables tales como solar y cólica no puede ser ignorado en nuestro país dado el potencial natural en sus distintas regiones.

– Que ninguna de las actividades de la industria nuclear en la Argentina ha sido sujeta a consultas populares, libres e informadas, afectando los derechos específicos de los pueblos originarios ocupantes de los territorios donde se encuentran localizadas las zonas mineras.

– Que la población tiene derecho a participar en la toma de decisiones respecto a formas energéticas que afectaran su futuro y su estilo de vida, al mismo tiempo que demanda que los responsables de protección ambiental garanticen el uso y goce apropiado del ambiente para las futuras generaciones.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta los derechos humanos básicos ya  reconocidos por nuestra Constitución y acuerdos internacionales, tales como el derecho al acceso a la información, derecho al medio ambiente, derecho a la vida y sus circunstancias, como ser derecho a un ambiente sano, derecho a la calidad de vida, incluyendo protección a la niñez y ancianidad, derecho de los pueblos indígenas, y derecho a la consulta popular, la APDH se pronuncia en contra de los planes del gobierno, tanto para la creación de nuevas centrales nucleares como para la continuación del plan nuclear argentino con su secuela de destrucción ambiental y enfermedades. El Anexo 8 incluye una descripción de la normativa vigente en la Republica Argentina para la protección de los derechos humanos, sociales y ambientales.

ANEXO en: https://drive.google.com/open?id=0BwFGTrZhfVwQNFI5M25HZk1MaFk


Chile: Organizaciones socioambientales intervienen cumbre Investing Latam Mining

La cumbre minera busca profundizar expansión extractivista en Chile y América Latina.

Por OLCA.- Organizaciones de comunidades afectadas por los impactos sociales, ambientales y económicos de la megaminería en Chile se manifestaron este mediodía en contra de la realización de la Cumbre “Investing in Latam Mining”, que congrega a los principales inversionistas mineros y a ministros del ramo de la región, el 11 y 12 de julio, en el Hotel Sheraton en Santiago.

Bajo la consigna “Minería invirtiendo en saqueo, despojo y contaminación”, representantes de distintas comunidades del norte, centro y sur del país, junto al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Observatorio de Conflictos Mineros de América (OCMAL), protestaron contra el evento que busca promover y posicionar a la región como el paraíso ideal para la inversión minera y así profundizar la expansión extractivista.

Acompañados con músicos, los asistentes leyeron una declaración pública con la adhesión de más de 70 organizaciones chilenas y latinoamericanas que manifiesta el repudio al evento.

Francisca Fernández, del Movimiento por el Agua y los Territorios, advirtió que Chile se ha convertido en una suerte de baluarte del crecimiento económico a costa de la actividad minera. “La realización de esta cumbre es emblemática porque da cuenta como hoy más allá de generarse políticas de desarrollo sostenibles, estamos nuevamente anclados en el modelo más clásico del extractivismo, reforzando la actividad minera a pesar de la gran cantidad de investigaciones y estudios de impacto ambiental que evidencian el arrase de la contaminación y la vinculación de la emisión de gases de la minería con el calentamiento global. Es un gesto completamente contradictorio con las grandes reflexiones que estamos haciendo respecto de la mega crisis ambiental y ecológica que vivimos”.

Ramón Balcazar, Agrupación Defensa del Salar de Atacama, acusó que el Estado está siendo cómplice de un modelo extractivista, que favorece a transnacionales, afecta los ecosistemas, el agua y las formas de vida de las comunidades. “El norte grande ha sido considerado históricamente una zona de sacrificio, que ha afectado a las comunidades indígenas hace más de 100 años, primero con el salitre, luego el cobre y el litio.

Denunció los efectos que la minería del Litio está teniendo sobre el ecosistema en la Cuenca del Salar de Atacama. SQM opera hace décadas sin ninguna fiscalización y con un oscuro historial de prácticas ilegítimas, a lo que se suma la decisión del Estado de Chile de autorizar la ampliación de las operaciones que la estadounidense Albemarle realiza bajo el nombre de Rockwood Lithium, y a la amenaza de entrada de un tercer “competidor” al Salar: la canadiense Wealth Minerals.

Para Esperanza Álvarez, de Putraintu, parte de Putaendo Resiste, “la cumbre es nefasta pues busca propiciar el escenario para imponer el extractivismo en un territorio que ni conocen, sin ética por la vida, sin arraigo. El Estado no está representando los intereses del pueblo”.

La dirigenta denunció que la calidad del agua de toda la región de Valparaíso está siendo amenazada con esta actividad. La compañía Minera Vizcachitas Holding, de Andes Cooper, realiza sondajes exploratorios con el fin de concretar eventuales explotaciones mineras en el sector de Los Patos, en Putaendo. “Con este proyecto, se quiere aniquilar miles de millones de toneladas no solo de tierra, sino de flora de fauna, de cerros..”.

Por su parte, Sebastián Cruz, de la Comunidad Patay Ko, de Valle del Huasco, sostuvo que “el Estado impulsa estos proyectos extractivistas por sobre la ley y los derechos humanos. A toda costa, busca viabilizar la inversión, aunque las empresas incumplan las resoluciones de calificación ambiental y haciendo vista gorda a las consecuencias que han tenido los proyectos mineros en la cuenca, sin escuchar a la comunidad”.

El principal proyecto de la zona es Pascua Lama, que está en la naciente de la cuenca del río Huasco y sobre los glaciares que nutren de agua a todo el valle. Denunció que las empresas mineras buscan dividir a las comunidades ofreciendo incluso ser accionistas de los proyectos industriales que destruyen y contaminan los territorios, para funcionar sin ninguna oposición. “Como habitantes y representantes indígenas en el territorio nos organizamos para demostrar que no estamos a favor de la responsabilidad social empresarial, que no queremos plata a cambio de la contaminación de los ríos”.

El 11 de Julio de 1971, bajo la presidencia de Salvador Allende, se votó por unanimidad en el parlamento la nacionalización de la Gran Minería chilena.

Lucio Cuenca, del OLCA, afirmó que “a 46 años de ese hecho histórico, la Ministra de Minería, Aurora Williams, inauguró el evento internacional más importante de la minería transnacional para Latinoamérica en el último tiempo, que busca seguir expandiendo y privatizando la minería en Chile y la Región. Es una provocación haber elegido esta fecha para tan infame evento”.

Cuenca agregó que a través de esta cumbre, “la Ministra Williams dará inicio a una suerte de subasta regional, donde empresarios/especuladores, quienes a partir de una laxa legislación, han logrado concesionar gran parte del territorio nacional en pro de estos proyectos que incluyen en su maleta altos índices de conflictividad social en cada localidad en la que se instalan, contaminación atmosférica, de suelo y agua versus una sobre ganancias para las empresas”.

Para Tania, Muñoz, OCMAL, “la justificación de esta cumbre se basa en generar un nuevo escenario para Latinoamérica, dado el contexto en el que se encuentra el sector a nivel global, luego del fin del súper ciclo. En el caso del cobre, su precio ha observado una baja hasta en un 30% en los últimos dos años”. En esta línea, sostuvo que la apuesta principal de la cumbre es reincentivar la inversión minera en la región, luego de que el sector dejará de hacerlo para adecuarse a la baja del precio. El evento busca instalar la idea que América Latina se encuentra en un “escenario estable” para llevar a cabo las inversiones, ve “con buenos ojos” que Perú, Brasil y Argentina estén bajo la conducción de gobiernos de derecha.

Desde la organización del evento minero se intentó acallar la acción de protesta pacífica, bajo el argumento que se estaba en un recinto privado.

La declaración pública advierte que el gobierno de Chile ha venido suscribiendo una serie de acuerdos de comercio para blindar al negocio minero, y de manera absolutamente irresponsable Bachelet se ha impuesto firmar 12 Tratados de Libre Comercio remozados, sin consulta ciudadana y a meses de finalizar su mandato; y que esta cumbre es corolario funesto de estas gestiones.