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Continúa la militarización de una zona mapuche en Chubut

Más de un centenar de agentes de Gendarmería e Infantería fue enviado a El Maitén con el objetivo de amedrentar a las comunidades que se encuentran resistiendo contra el avance de terratenientes como Benetton y Lewis que pretenden despojarlos de sus tierras ancestrales. Persiste la amenaza de desalojo.

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Ante esta situación, integrantes del Pu Lof en Resistencia del Departamento Cushamen, alineados a su vez al Movimiento Autonomo del Puel Mapu, emitieron un comunicado en el que dan por finalizado el diálogo con los gobiernos nacional y local.

“Desde el inicio de la recuperación estuvimos siempre abiertos a un diálogo político y serio con el gobierno provincial, nacional y las autoridades competentes sobre este conflicto histórico que padecemos como Pueblo Nación Mapuche. Ejemplo de ello: se mantuvieron dos instancias de mesa de diálogo con representantes de funcionarios provinciales para llegar a acuerdos en el conflicto con el viejo expreso patagónico La Trochita. Sin embargo, los gobiernos nacional y provincial rompieron el diálogo, continuando con la persecución, acentuando la criminalización y militarización con la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación”, expresaron desde el Pu Lof.

Agregaron a su vez que el actual gobierno les ha demostrado desinterés e inoperancia para dar una solución acorde al conflicto político con el pueblo Mapuche: “hemos decidido dar fin a todo tipo de diálogo, validando toda forma de lucha en el wall mapu, y así seguir siendo consecuentes al Proyecto Político al que estamos alineados M.A.P, enfocados en trabajar (…) en fortalecer los vínculos y en despertar nuestro kimun (conocimiento) ancestral”.

En un comunicado previo, las comunidades habían denunciado y repudiado el hostigamiento, la persecución y las amenazas de muerte que vienen sufriendo diversos comuneros de Pu Lof por parte del poder político terrateniente y sus fuerzas represivas, como así también las constantes persecuciones de las que son víctimas las personas que se solidarizan con la lucha mapuche.

La situación que vive actualmente el Pu Lof generó numerosos repudios, como el de la CTA-A de la Comarca Andina que a través de un comunicado afirmó: “en un contexto de crisis, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, desempleo, precarización laboral y declaraciones que desconocen el estado de derecho y reconocimiento de la histórica postergación de los pueblos originarios que luchan en defensa del territorio, repudiamos al poder político que no mide en gastos para instalar miedo y represión para asegurar la defensa de intereses siempre vinculados al poder económico, la concentración de la tierra y los negocios a favor de unos pocos”. Contacto: Tato 2945606241

Nota relacionada: Resistencia Mapuche

Red Eco Alternativo


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Audios Encuentro Alternativas para la Soberanía Energética

Compartimos audios de la actividad realizada el 24 de noviembre en el Centro Cultural de la Cooperación. Para descargar audio hacer click sobre el reproductor con el segundo botón y seleccionar “Guardar como”.

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Mesa 1: La crisis energética desde las organizaciones sociales

Andrés Arnone, La Izquierda Diario / PTS (00:00-10:45)

Peto Dorin, Patria Grande (10:46-17:12)

Nicolás Cannone, Frente Popular Darío Santillán (17:13-26:53)

Luján Rodríguez, COB La Brecha (00:00-11:30)

Nicolás Núñez, Izquierda Socialista (11:31-49:49)

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Mesa 2: Soberanía Energética, propuestas y proyectos para un debate urgente

José Rigane, Fetera

Gabriel Soto, AUTE

Pablo Bertinat, Taller Ecologista

Palabras de cierre

Pablo Bertinat, (00:00-05:05)

Gabriel Soto, AUTE (05:06-09:55)

José Rigane, Fetera (09:56 – 11:00)

Felipe Gutiérrez, OPSur (11:01-14:00)

 


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Standing Rock: La mayor movilización indígena de EE.UU. en más de un siglo

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Por Silvia Arana

Protectores del agua

Standing Rock, en el estado de Dakota del Norte, forma parte de la Reservación Sioux, como se llama comúnmente a los pueblos originarios dakota, lakota y otras tribus de las praderas. El río Missouri, fuente de agua potable de unos 17 millones de personas, atraviesa el territorio, que está bajo jurisdicción de las autoridades indígenas de la Reservación Sioux de Standing Rock según los tratados firmados con el gobierno de EE.UU.

En violación de los tratados y en contra de la voluntad de los sioux, la corporación petrolera Energy Transfer Partners está construyendo un oleoducto que destruiría el sitio sagrado y cementerio indígena de Standing Rock y cuyo tramo subterráneo pasaría por debajo del lecho del río Missouri. El proyecto es una inversión de 3.800 millones de dólares, financiado por Goldman Sachs, Bank of America, HSBC, UBS, Wells Fargo y otros grandes bancos. Tiene una extensión de 1880 km, va desde los yacimientos de petróleo de Bakken en Dakota del Norte, pasando por Dakota del Sur, Iowa hasta llegar a Illinois.

Desde la primavera de 2016, se han congregado en Standing Rock miles de personas, muchas de ellas de diversas naciones indígenas, para protestar por la construcción del oleoducto que destruiría sitios sagrados y contaminaría el agua. Se autodenominan “protectores del agua”.

Se estima que se producen unos 300 derrames de petróleo por año en los oleoductos del país[1], y por tanto los defensores del agua no creen en las promesas de la empresa, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y de las autoridades de que “este oleoducto es seguro”.

La mayor movilización indígena en más de cien años

“Standing Rock es la mayor congregación indígena que ha ocurrido en el transcurso de mi vida; día a día se fueron agregando nuevas banderas de las diferentes tribus… A partir de la sexta semana, dejó de ser un campamento para transformarse en una comunidad… Tomamos una postura contra el oleoducto, no sabíamos que tendríamos este inmenso apoyo… Esta tierra es un sitio sagrado del pueblo lakota; además el oleoducto contaminará el agua del río Missouri… El Cuerpo de Ingenieros del Ejército no hizo una consulta apropiada con las tribus. El oleoducto Dakota Access Pipeline tiene trechos subterráneos en el lecho del río Missouri. Los oleoductos tienen un historial de derrames, han contaminado el suelo, el aire, y las napas subterráneas… Si se construye destruirá no solo el río en esta área, sino río abajo también. Las tribus asumen su responsabilidad como protectores. Hay que cuidar de la tierra, el agua, el aire… Un día en nuestra caminata diaria hacia el sitio sagrado, las abuelas y madres les dijeron a los excavadores que no iban a permitir que destruyeran un sitio sagrado. En respuesta, los custodios de seguridad privada lanzaron los perros contra la gente. Varios protectores del agua fueron al hospital por las heridas… Después de los perros, traerán las armas…”.

Esto decía en octubre pasado Dennis Banks (79 años), histórico líder indígena y co-fundador de American Indian Movement (Movimiento Indígena de América del Norte).[2]

Tal como lo predijo Dennis Banks la represión contra la comunidad de protectores del agua fue creciendo en las semanas siguientes hasta alcanzar su pico el domingo 20 de noviembre. En temperaturas gélidas de cinco grados bajo cero la policía reprimió a los manifestantes lanzando chorros de agua y provocando cientos de casos de hipotermia. También usaron gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma que lesionaron a unos trescientos manifestantes. El caso más grave fue el de Sophia Wilansky (21 años) que fue herida por una granada que le impactó en el brazo y le destrozó el hueso y los tejidos. En estos momentos se prepara para la tercera cirugía, y deberá sobrellevar otras adicionales en el esfuerzo por salvarle el brazo que fue prácticamente separado del cuerpo por la granada. Esta joven de Nueva York, que como numerosas otras personas acudieron a Standing Rock para solidarizarse con los pueblos originarios fue víctima de abuso de fuerza cuando ejercía el derecho a la protesta, garantizado por la primera enmienda a la Constitución.  Un derecho que está siendo sistemáticamente violado por la policía de Morton (Dakota del Norte) y la Guardia Nacional.

Foto: AguaEsVida-Indigenous Rising Media

Linda Black Elk, integrante del cuerpo médico de Standing Rock, que presenció la represión del domingo pasado, afirmó: “La policía ha incrementado el nivel de violencia contra los protectores del agua. Yo he visto las diferentes armas usadas en contra nuestro: gas lacrimógeno, balas de goma, granadas. Parece que están poniendo a prueba sus armas contra nosotros en una creciente militarización de la represión”. Agregó: “Sentimos una gran decepción con el presidente Obama. Estuvo aquí, hizo promesas y no cumplió ninguna de ellas.”

Esta conducta gubernamental contra los derechos de los pueblos originarios no es sorprendente, sino coherente con la conducta histórica del gobierno de EE.UU., que ha cometido y/o permitido abusos en tierras indígenas desde el inicio de la colonización. Ejemplos de los abusos contra los pueblos lakota y dakota son la apropiación de terrenos en Black Hills (Montañas Negras) de Dakota del Sur después del descubrimiento de oro en la década de 1870, y la construcción de embalses en el río Missouri que causó inundaciones en poblados, en zonas forestales y en granjas en Dakota del Norte y del Sur durante la década de 1950.

Mni Wiconi: El agua es vida

El jueves 24 de noviembre medios alternativos como Unicorn Riot e Indigenous Rising Media transmitieron en vivo desde Standing Rock. Es el día en que en EE.UU. se celebra Thanksgiving (Acción de gracias). Según la historia oficial los indígenas salvaron a los peregrinos de la muerte ofrendándoles comida (versión tildada de falsa por historiadores como Roxanne Dunbar-Ortiz, quien dice que los indígenas jamás recibieron con los brazos abiertos a sus opresores).

Como un recordatorio irónico de la fecha, los protectores del agua pusieron mesas con comida. A pocos metros de ellos, varias decenas de policías cortaban la ruta, de uno y otro lado, a modo de cerco. Hay carteles con la frase: “No alimenten a los peregrinos” (Don’t Feed the Pilgrims). La consigna del día es: “No peregrinos, no oleoductos, no prisiones, no problemas”.

Cae una nieve ligera en la pradera desértica, la gente con sus abrigos gruesos, la cabeza cubierta con gorros o capuchas se mantiene en movimiento, algunos empiezan a entonar los poderosos cantos tradicionales lakota, y el grito “Mni Wiconi” (¡El agua es vida!)

Finalizó otra jornada en la larga batalla por Standing Rock, la mayor congregación de pueblos indígenas en más de un siglo, desde la Batalla de Little Bighorn -o Greasy Grass – que tuvo lugar en 1876. Fue una gran victoria de la alianza de tribus de las praderas -lakotas, cheyenes y arapahos- que derrotó al Séptimo Regimiento al mando del general Custer. Se dice que una visión del jefe lakota Sitting Bull fue la inspiración de los guerreros; un sueño en el que los soldados del ejército de EE.UU. caían del cielo. Fue la última victoria de los indígenas de las praderas. Hoy la comunidad de Standing Rock protagoniza una movilización histórica que por su capacidad de convocatoria, diversidad, continuidad y espíritu de lucha está plasmando una nueva y gran victoria.

Nota: Hace algunas horas, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. envió una orden de desalojo -a cumplirse el 5 de diciembre- a las autoridades de la Reservación Sioux. El jefe sioux Dave Archambault, al igual que otros representantes de la comunidad, respondieron que no se moverán.


[2] Entrevista realizada por Abby Martin, Empire Files, TeleSur. Traducida del inglés por Silvia Arana: http://youtu.be/KqanmctAoLs

ALAI


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La soberanía energética en debate

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Con la presencia de diversas organizaciones, partidos y sindicatos se realizó ayer el Encuentro “Alternativas para la Soberanía Energética” organizado por el OPSur en el Centro Cultural de la Cooperación, con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. Ante unas setenta personas se presentó el video ¿Por qué la crisis energética?, que realizamos en conjunto con el VacaBonsai Colectivo Audiovisual

Escuchar audios de la actividad en el siguiente enlace

La primera mesa contó con la presencia de referentes de distintas organizaciones de izquierda: Nicolás Cannone (Frente Popular Darío Santillán), Andrés Arnone (La Izquierda Diario y  Partido de los Trabajadores Socialistas -PTS-), Luján Rodríguez (COB La Brecha), Nicolás Núñez, (Izquierda Socialista), y Peto Dorin (Patria Grande). Estos se refirieron a las distintas movilizaciones en contra de los tarifazos y profundizaron la crítica al sistema energético.

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La segunda mesa tenía como objetivo discutir los ejes centrales de un proceso de construcción de soberanía energética. José Rigane, secretario general de Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina, habló sobre la importancia de entender la energía como un derecho humano y la construcción de una soberanía popular para consolidar una soberanía energética.

Luego intervino Gabriel Soto, presidente de AUTE (sindicato de funcionarios de la empresa de energía estatal del Uruguay), que se refirió a la importancia del recambio energético en ese país hacia las energías alternativas; aunque criticó que estas se hayan desarrollado como una línea de negocios, en lugar de estar controladas por el Estado como un paso para la democratización energética.

Finalmente Pablo Bertinat, de Taller Ecologista, hizo hincapié en la necesidad de un recambio energético a energías que no sólo sean renovables sino que también tengan sustentabilidad ambiental, social y política. Señaló que la energía es un elemento de las políticas de desarrollo, por lo tanto planteó que es necesario discutir escenarios energéticos para repensar los modelos de desarrollo.

Compartimos fotos del Encuentro en Facebook

Nacional


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“El tarifazo es una consecuencia, la causa es el modelo energético”

José Rigane, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía y secretario adjunto de la CTA-A, analiza la actual crisis. Sostiene que el modelo fracasó porque responde a intereses mercantiles y no reconoce a la energía como un bien social. Para revertir esta situación, postula que lo primero que se requiere es recuperar la soberanía política, para después dar vuelta a los conceptos de la democracia liberal en nuestro país “y, por lo tanto, tratar la energía como lo que es: un bien social, un derecho humano, un problema de todos y, en ese contexto, terminar con la dependencia”.   

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Por: OPSur       

-¿Consideras que hay una crisis energética en el país?

Indudablemente este modelo energético ha fracasado y está en una profunda crisis, porque es un modelo basado en la privatización y, fundamentalmente, en la extranjerización, que se puso en marcha en la década del ´90. Como modelo responde a los intereses del sistema capitalista y tiene como objetivo sustancial tratar la energía como una mercancía, sin reconocerla como un derecho y como un bien social.

Pero resulta que la energía es insustituible, no es como un paquete de fideos, que podés remplazar por un kilo de arroz o de papas. Sin electricidad, agua y gas no hay vida digna. Para nosotros se trata de un bien social, de la misma manera entendemos que es un derecho humano. Pero este modelo no contempla ninguno de esos aspectos y lo que sí contempla es a la energía como un instrumento para tener ganancia por parte de las empresas multinacionales de la manera más rápida y concreta posible. Y para esto, el Estado ha funcionado como un Estado bobo, que inclusive le ha pagado a las empresas el barril de petróleo a un precio superior a lo que existe a nivel internacional, lo que demuestra que las empresas han logrado lo que cualquier multinacional pretende: una renta extraordinaria.

Entonces claro que hay crisis, porque a pesar de todo eso tenemos corte de energías si llueve, si hace calor, si hace frío, si hay sequía. La crisis permanece, se desarrolla,  se acrecienta en tanto y en cuanto no cambiemos este modelo energético que tenemos en Argentina, que es de supeditación, entrega y pérdida de la soberanía.

 

-¿Cree que hay un atraso de la reconversión de la matriz energética, que hoy depende casi en un 90% de hidrocarburos?

Nosotros necesitamos una diversificación de la matriz energética más allá de la discusión que hay: si hidroeléctrica sí, hidroeléctrica no; si nucleares sí o nucleares no, etc. Lo concreto es que tenemos tender hacia una matriz diversificada, pero eso solamente lo puede hacer un pueblo que recupere la soberanía popular, para después discutir qué es lo que nos conviene desarrollar, que es un poco lo que no termina de entender la gran urbe capitalina. No ve y no siente lo que es capaz de provocar el extractivismo, no lo entiende como una consecuencia nefasta para el pueblo argentino, de la misma manera que no ve lo que significa la contaminación de los ríos o en la cordillera. Pero aquellos que viven en esas regiones se manifiestan y por supuesto pelean, luchan, se movilizan contra una política que les hace un daño profundo.

Entonces está muy claro que la diversificación de la matriz energética viene de la mano de recuperar la soberanía popular y de recuperar la soberanía energética. En esa dirección, seguramente los argentinos nos vamos a dar una matriz compensando con energías alternativas que nos permitan tener una ecuación mucho más equitativa y que nos pongan lejos de la dependencia del petróleo y del gas que no tenemos, y que además de no tenerlo, seguimos permitiendo que se exporte.

El capitalismo verde de Macri

-¿Consideras que el macrismo transformó a las energías renovables en una línea de negocio?

Sin lugar a dudas. El sistema capitalista ha desarrollado la economía verde, que tuvo un verso que yo lo asemejo, en términos laborales, a la iniciativa que se desarrolla a nivel internacional con el trabajo decente. O también la utilización del vocablo sustentable, que muchas veces lo terminamos usando todos nosotros sin darnos cuenta que es una frase creada por los organismo internacionales, y que queda bien en cualquier lugar donde lo pongamos.

El macrismo hoy está desarrollando una iniciativa política que tiene como objetivo central hacernos creer que se ocupa del medio ambiente, que se ocupa del clima, que se ocupa de la energía alternativa; pero en realidad de lo que se ocupa centralmente es de generar negocios sobre todo, y en particular para quienes poseen la tecnología de estas energías, que son los Estados Unidos.

-Revisando la política energética del gobierno, ¿qué continuidades y rupturas tiene el macrismo respecto del kircherismo?

No hay diferencias sustanciales, porque los dos trabajan para los grupos multinacionales y su recaudación. En mi opinión personal, el kirchnerismo lo que hizo fue profundizar el modelo y trabajó en función de los intereses de la multinacionales, aunque trató de tener un relato que buscaba demostrar lo contrario. Por eso desarrolló la política de los subsidios, que mantenían la tarifa final congelada, pero era plata de los argentinos la que terminaba yendo a las manos de los grupos multinacionales.  ¿Qué hizo Macri? Trata de mostrar que quita los subsidios, pero entonces le mete la mano en el bolsillo a los usuarios. Le saca esa plata que no viene por el subsidio sino en forma directa de los bolsillos de los usuarios, y la transfiere directamente a los grupos multinacionales.

Entonces el tarifazo es una consecuencia. La causa es el modelo energético y si nosotros no cambiamos la causa, los efectos van a continuar.  Si hay algo que cambiar, si hay algo con lo que pelear es con la transformación del modelo energético.

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Soberanía popular para la soberanía energética

-Pensando esa transformación, desde distintos ámbitos han surgido conceptos, paradigmas alternativos al modelo, como la idea de soberanía energética, ¿estás de acuerdo con esto como horizonte superador?

Yo creo que lo primero que necesitamos los argentinos es unificarnos y creo que la asignatura pendiente es recuperar la soberanía popular, volver a ser soberanos. Después hay que recuperar la soberanía energética, lo que significa dar vuelta los conceptos que ha venido estableciendo la política liberal en nuestro país y, por lo tanto, tratar a la energía como lo que es: un bien social, un derecho humano, un problema de todos y, en ese contexto, terminar con la dependencia del kirchnerismo. Porque si es una mercancía, solamente la puede obtener el que la paga, y si la obtiene solo el que la paga, no somos usuarios, somos clientes. Y la diferencia es sustancial para mostrar esto, que los servicios tienen que ser servicios públicos.

Por ejemplo la garrafa, que es el gas licuado del petróleo, ¿por qué hay que crear una garrafa a un precio social? Porque la garrafa la cobran a lo que no vale, y están pintadas todas de colores diferentes de acuerdo a la empresa ¿Y eso por qué? Porque el Estado nunca ha declarado a la garrafa como un servicio público. Si lo hubiera declarado un servicio público, la garrafa tendría un precio establecido por el Estado nacional y, por lo tanto nadie, podría cobrar un peso más de lo que se establecería. Pero como el Estado no lo hace, entonces las empresas supuestamente trabajan en un mercado de oferta y demanda, que es mentira. Hay 14 millones de argentinos que están supeditados al gas licuado de petróleo,  que deviene de un modelo energético que no ha permitido, ni posibilitado, ni invertido en desarrollar los gasoductos necesarios para hacer llegar gas natural a todos aquellos a los que les hace falta en la Argentina.

-¿Cuál es el rol de las trabajadoras y trabajadores en ese proceso?

Es un rol muy importante y significativo. Yo debería decir acá que el problema de la energía no es un problema para los que supuestamente saben, sino es un problema de todos. Entonces el rol de los trabajadores es altamente significativo, porque si los trabajadores no tienen compresión y conciencia de esta situación, terminan siendo funcionales de los intereses de las empresas. Porque las empresas, como hacen ahora las petroleras, van en la busca de la renta extraordinaria permanentemente. Si no la obtienen, van directamente a apretar a los trabajadores.  Dicen: “bueno, si a nosotros no nos dan un mejor precio, estamos obligados a cerrar pozos y resulta necesario suspender gente”. Entonces la gente reacciona rápidamente, dándole la razón a la empresa sin pensar, porque lo que pretende es defender su fuente de trabajo.

Por eso ante el modelo de flexibilización [laboral] de este gobierno que encabeza Macri, y que pretende desarrollar hacia todos los obreros, es muy importante no quedarse en una actitud economicista en el ámbito de movimiento obrero. Es imprescindible y necesario tener una mirada más elevada, porque esto no se resuelve con un aumento salarial o con una apertura de paritarias -siendo importante-, sino que es imprescindible y necesario tener un posicionamiento en términos políticos y gremiales más contundente, más claro.

-¿Cómo podría avanzarse hacia esa soberanía energética?

La primera decisión tendría que ser suspender todo tipo de exportación de petróleo: no tenemos petróleo para abastecer el mercado interno, no tenemos por qué exportar. Si no se puede refinar, deberíamos discutir por qué no se hace la inversión, si recién acabamos de condonar deudas a las eléctricas por 19 mil millones,  bueno todo, ese dinero se ve que lo tenemos.

Después, declarar servicio público todo lo que es servicio público y que hoy no está declarado: la transmisión, generación y la distribución de energía. Por haberse declarado solo la generación de interés general, las únicas que se benefician son las empresas termoeléctricas, de las cuales el 60 % está en manos de privadas.

Tercero, una intervención del Estado con poder de decisión para la planeación y ejecución de la política energética que tenga como objetivo resolver el problema del acceso de todos los ciudadanos argentinos a la energía. Esto no significa establecer la gratuidad. En esa línea, comenzar a planificar algo que no se resuelve de un día para otro, es el tema de la diversificación de la matriz energética.

Y luego una integración de carácter regional en función de los intereses y la necesidad de los pueblos, no de los gobiernos, y menos aún de los grupos multinacionales. En términos energéticos esto resulta imprescindible.

 

Ver también

“No se ha profundizado en el efecto transformador social que tiene la energía renovable”, entrevista a Enrique Martínez ex director del INTI

“Si el sistema energético no mejora la calidad de vida, estamos en un problema”, Entrevista a Pablo Bertinat de Taller Ecologista

Serie de artículos “Alternativas para la Soberanía Energética” producidos por el OPSur con el apoyo de la Fundacion Rosa Luxemburgo con fondos del BMZ.
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El debate para modificar la Ley de Semillas continúa en Diputados

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El martes 16 de noviembre comenzó a discutirse la Ley de Semillas en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados con la realización de una “jornada de carácter informativo”. En la misma expuso un representante del Ministerio de Agroindustria que presentó el proyecto oficialista, integrantes del INTA, de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), de la Sociedad Rurales Argentina (SRA), de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entre otros.

Ver evento en Facebook

El debate continuará este martes 22 de noviembre a las 14 hs con la intervención de diversas entidades y organizaciones, entre las que se encuentra la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas.

Este espacio de articulación de organizaciones ambientalistas, asambleas, movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones campesino- indígenas, que vienen resistiendo desde 2012 a los múltiples intentos de modificación de la Ley de Semillas actualmente vigente, presentó un escrito en el que exhortan al Congreso de la Nación a cumplir con el artículo 20 de la Ley General de Ambiente (N° 25.675) que obliga a las autoridades a “institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”, así como también a cumplimentar el artículo 169 de la Organización Internacional de Trabajo (ratificado en el marco de la Constitución Nacional) a generar consultas previas a los Pueblos Originarios con el fin de participar a la sociedad y sus organizaciones en esta decisión en la que están en juego intereses fundamentales de nuestro país.

Asimismo, expresan el rechazo contundente a cualquier modificación de la ley vigente, en el sentido del mencionado proyecto en tanto dejan afuera las necesidades e intereses de agricultores familiares, comunidades campesino- indígenas, consumidores, y afectados directos por el agronegocio.

Bajo las consignas ¡Las semillas son un Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad! ¡No a la nueva Ley de Semillas Monsanto! No a la privatización de las semillas y la vida! Fuera Monsanto y las corporaciones del agronegocio de América latina!, convocan este martes a concentrar en la puerta del Anexo del Congreso a las 15.30hs, en donde se montará una radio abierta y se denunciarán las verdaderas intenciones privatizadoras de las corporaciones y sus gobiernos aliados a través de este tipo de Leyes que quieren adueñarse por completo de las semillas, primer eslabón de toda la cadena alimentaria.

Contactos de Prensa: Carla Poth: (011) 1560125965 Tamara Perelmuter: (011) 1537788606 Carlos Vicente: (011) 1563088809 Fernando Cabaleiro (011) 1538640522 Raul Bottesi (011) 1558330342 Mariano Rosa (011) 1568155615 Daiana Melón (0228) 154501196

Contacto: noalanuevaleydesemillas@gmail.com Facebook: Multisectorial contra la Ley “Monsanto” de Semillas

La Multisectorial NO a la Ley Monsanto de Semillas somos: GRAIN, Acción por la Biodiversidad, Frente Popular Darío Santillán–CN, Pañuelos en Rebeldía, Tierra para Vivir en COB La Brecha, Greenpeace Argentina, Calisa Fauba Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de FAUBA, ECOS de Saladillo, ONG Naturaleza de Derechos, Colectivo Tinta Verde, Patria Grande, PTS en el Frente de Izquierda, Red de plantas saludables y buen vivir de Buenos Aires, Huerquén, comunicación en colectivo, Asociación por la Justicia Ambiental – AJAM -, Amigos de la Tierra Argentina, Movimiento Nacional Campesino Indígena MNCI – Vía Campesina, Red Ecosocialista de la Argentina, MST Movimiento Socialista de los Trabajadores Nueva Izquierda, Río Bravo – Espacio de Lucha Territorial, Frente Universitario de Lujan, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social Regional Bs As Oeste y Regional Santa Fe, Red Nacional de Abogados de Pueblos Fumigados, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición UBA, Red Nacional De Acción Ecologista Renace, CTA – Autónoma, Asamblea No a la entrega de la Costa Quilmes-Avellaneda, Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto, Movimiento Estudiantil Liberación, Colectivo Documental Semillas, Red Semillas de Libertad, MPR Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento Estudiantil Liberación, Corriente Nuestroamericana de Trabajadores 19 de Diciembre y Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP, Asamblea Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, Asociación civil BePe, Maela, Acampa – Asociación de campesinos del Abaucán.


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La amenaza del fracking en la Argentina y América Latina

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Pozo de perforación en zona productiva de Allen / Alexis Vichich

Latinoamérica ha sido señalada por Estados Unidos como una de las regiones más promisorias para el desarrollo de yacimientos no convencionales con aplicación del fracking, lo que provocó la reacción de comunidades locales que se informan y movilizan en contra del avance de la frontera petrolera. Un informe de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking releva datos de cómo se han ido fraguando estas resistencias ante el decidido impulso dado por gobiernos y empresas a la promoción de la técnica.

Por: Felipe Gutiérrez Ríos*

El fracking avanza a ciegas en América Latina. Sin que los gobiernos nacionales hayan hecho estudios de cuantificación de reservas o de los impactos a la salud y el ambiente que esta técnica puede generar, la promesa de los hidrocarburos no convencionales se abre paso por distintos países de la región, como México, Colombia, Chile y Argentina. Ante esto, distintas organizaciones y comunidades locales comenzaron una férrea oposición al desarrollo de esta técnica. De la articulación de algunos de esos espacios surge la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking, que recientemente publicó el informe “Última Frontera”, para generar una línea de base sobre el avance en la región.

El fracking o fractura hidráulica es una técnica experimental de extracción de hidrocarburos que se emplea en formaciones que históricamente no habían sido explotadas, como es el caso de las arenas compactas y las lutitas o shale, a la que pertenece Vaca Muerta. A través de esta técnica se inyectan altas cantidades de químicos mezclados con agua y arena, que permiten aumentar la porosidad de la formación y hacer fluir los hidrocarburos.

Los altos impactos provocados por su utilización es uno de los principales objetivos que tiene el informe “Última Frontera”. Para eso se analizan, por una parte, las políticas públicas que se han realizado en cada país para abrirle paso a esta técnica; y por la otra, describe cómo se han configurado las resistencias al fracking y cuáles han sido los impactos de su aplicación.

Abriéndole la puerta al fracking

A nivel de políticas públicas es donde puede encontrarse mayor uniformidad entre los distintos países de la región. En todos los casos que se analizan en el Informe –México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia– han existido decretos, normas y leyes que buscan rentabilizar la explotación de formaciones no convencionales. En el caso argentino, el Estado no sólo ha sido el garante de su desarrollo a través de una serie de políticas profracking, sino que también lo ha motorizado por medio de YPF. Otro caso ejemplar es el de la Reforma Energética de 2013 en México, que rompió con siete décadas de monopolio estatal para abrir el mercado petrolero a las trasnacionales, con los no convencionales como uno de sus ejes.

Sin embargo, también desde instancias estatales han surgido posibles frenos al fracking. Por ejemplo en Bolivia, si bien el gobierno inicialmente buscó asociarse con YPF para el desarrollo de no convencionales, luego criticó duramente a esta técnica. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, mano derecha del Presidente Evo Morales, señaló en 2015 que el fracking constituía “un verdadero atentado al medio ambiente”. En Brasil, en tanto, en 2013 se creó un Grupo de Trabajo formado por técnicos de instituciones públicas que emitió un informe contrario a la inclusión de la exploración de gas no convencional en las rondas de licitaciones, recomendando no autorizar su aplicación en el país.

Cabe destacar que fracking ha tenido un desarrollo dispar en el continente. Argentina es el país donde más se ha aplicado y el único donde se ha implementado de manera masiva en la formación de lutitas Vaca Muerta. Con cerca de 700 pozos fracturados en shale y más de 600 en arenas compactas, la experiencia argentina busca ser replicada en otros países del continente. Las otras formaciones que se han desarrollado son las de arenas compactas. En el Golfo de México la estatal Pemex ha fracturado cerca de 2600 pozos, mientras que en Chile, también la compañía del Estado, Enap, ha fracturado 179 en la Isla de Tierra del Fuego.

Impactos en las comunidades

Otra similitud encontrada en el informe es la fuerte oposición que ha generado el fracking en las comunidades locales, situación que se replica en otras partes del mundo. A lo largo del continente son cientos de asambleas, comunidades indígenas y campesinas, sindicatos, ONG´s, partidos políticos, entre otros, que se movilizan en contra de esta técnica, en busca de alternativas energéticas. Existen importantes articulaciones, como la Alianza Mexicana contra el Fracking, colectivo que nuclea a 44 organizaciones de distintos puntos del país que exigen su prohibición; o como la que ha permitido la realización de las Jornadas Nacionales Contra el Fracking de Colombia, que tras congregar a más de 5 mil personas en su segunda versión, en octubre, se impulsó también la creación de una Alianza Contra el Fracking.

Estas organizaciones han seguido una estrategia similar de buscar ponerle freno al fracking en instancias locales. A través de ordenanzas municipales o departamentales, se han conseguido prohibiciones en más de un centenar de municipios de Brasil, Argentina, Uruguay y México. También las acciones judiciales han tenido efecto, como es el caso de Brasil donde el Ministerio Público Federal logró suspender la ejecución de contratos petroleros de no convencionales en los estados de Piauí, Bahía y Paraná Mientras que en Argentina se han frenado proyectos de YPF en Chubut a partir de recursos de amparo fundados en los derechos de los pueblos originarios, También existen iniciativas legislativas para su prohibición en varios países, estados y provincias.

A pesar de estas acciones, el fracking avanza sobre comunidades indígenas, campesinas, zonas urbanas e incluso Áreas Naturales Protegidas. Esto ha ocasionado el desplazamiento de personas y de actividades productivas como la ganadería y agricultura, cuya convivencia con esta técnica es imposible. En paralelo, se multiplican las denuncias y daños ocasionados por incendios, derrames, explosiones, acaparamiento y contaminación de agua, aire y tierra por desechos tóxicos, pérdidas de sustancias radioactivas en los pozos y mal manejo de los residuos. Estas consecuencias se ven principalmente en la Argentina, debido al mayor nivel de avance de la industria no convencional. Los impactos pueden multiplicarse debido al desarrollo de nuevos pozos, así como por la degradación que van generando los pozos en operación, como indica la evidencia científica que ha podido recabarse principalmente en Estados Unidos, el país con mayor desarrollo del fracking.

El informe finaliza con una serie de recomendaciones a los gobiernos de la región, instándolos a promover formas alternativas de generación de la energía y a aplicar el principio precautorio para prohibir esta técnica. Esta exigencia, señala el texto, no es un fin en si mismo sino que tiene como horizonte la modificación del modelo energético; “consideramos que en las formas de producción, distribución y consumo de la energía se refleja el sistema de relaciones sociales injusto y profundamente desigual en nuestra región. Es ese el arreglo social, político y económico que la persistencia del fracking reproduce”. Es lo que finalmente se busca a través de esta articulación regional, lograr a través de la prohibición del fracking una modificación en el sistema social que la energía reproduce.

*Investigador del Observatorio Petrolero Sur, integrante de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking

Marcha

Nacional


vaca muerta

Un iceberg llamado Vaca Muerta

Se suele usar Vaca Muerta como sinónimo de Añelo, pero los límites van mucho más allá de la localidad neuquina que se ha transformado en la capital de los hidrocarburos no convencionales. Se suele pensar en fracking cuando se menciona Vaca Muerta, pero es mucho más que eso. Allí radica su carácter extremo.

vaca muerta
Foto: Alexis Vichich
Por Hernán Scandizzo / OPSur

Vaca Muerta es el único proyecto de explotación masiva de gas y petróleo de lutitas que ha alcanzado un desarrollo comercial por fuera de Estados Unidos y Canadá. Enclavado en el norte de la Patagonia argentina, su puesta en marcha despertó la movilización en contra de la fracturación hidráulica, dados los impactos ambientales asociados a esta técnica. Sin embargo, los procesos de transformación del territorio que desencadenan en una vasta región, exceden las problemáticas ligadas a la contaminación del aire, agua y suelo -y sus dimensiones sociales, culturales, sanitarias y económicas. Esto hace necesario extender la mirada para poder mensurar la intensidad del boom del fracking.

La explotación masiva de yacimientos no convencionales irrumpió en Argentina a principios de esta década1 en un escenario dominado por la caída en la extracción de gas y petróleo y de creciente importación de combustibles.2 El gobierno nacional, entonces encabezado por Cristina Fernández, y la compañía YPF, todavía controlada por la española Repsol3, los presentaron como única alternativa para el país ante la crisis energética. Desde entonces la formación de lutitas4 Vaca Muerta ocupa un lugar central en los relatos de la saga Argentina potencia, desplazando al monocultivo de soja transgénica.

“Según las estimaciones realizadas, las reservas comprobadas en el yacimiento de Vaca Muerta, sumadas a las correspondientes a las cuencas de San Jorge y Austral Magallanes, son del orden de 27.000 millones de barriles de petróleo y 802 TCF (trillón5 de pies cúbicos) de gas, correspondiéndole más del 80% a Vaca Muerta”6, destaca el tercer avance de los Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta, elaborado por el gobierno nacional y equipos técnicos de las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública.7 Esto equivaldría a “más de 6 veces las reservas de petróleo explotable en forma convencional y, en el caso del shale gas, más de 27 veces las reservas de gas explotables en forma convencional”, subraya. “De darse las condiciones necesarias y cumplirse las hipótesis indicadas, esta cuantía implicaría no solo alcanzar el autoabastecimiento, sino que la Argentina se convierta en un país exportador y formador de precios”, concluye el documento publicado en febrero de 2016.

En pocas líneas Estudios Estratégicos pasa de las certeras reservas comprobadas a las hipótesis indicadas, sin embargo mantiene un tono propio de cartilla de promoción. “El boom agrícola y ganadero que comenzó a fines del siglo XIX ocupó geográficamente un área mucho más extensa y duró muchos años, pero no tuvo la magnitud que el fenómeno del shale podría presentar. A su vez, el proceso de industrialización de mediados de siglo XX tampoco es comparable, ni por concentración geográfica ni por explosividad inicial [de Vaca Muerta]”.8 Este breve pasaje expresa claramente el lugar que desde el Estado se le adjudica al desarrollo masivo de no convencionales.

A un lustro de los primeros anuncios, tanto desde la Casa Rosada, que ahora aloja al empresario Mauricio Macri, como desde los gobiernos provinciales, se mantiene la apuesta,9 más allá de que la caída global del precio del crudo en 2014 haya puesto paños fríos a la fiebre inicial. En los últimos cinco años Vaca Muerta dejó de ser una formación de lutitas de 30.000 km2 y se transformó en una Región que abarca porciones disímiles de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza, y también genera condiciones para la explotación de gas y crudo de arenas compactas. Una relevancia que excede el plano energético y que se construye sobre la base de desestimar no sólo las críticas socioambientales10 sino también las advertencias respecto al corto horizonte productivo de estos yacimientos -dada la fuerte caída que sufren los pozos a poco de entrar en producción– y sus costos de extracción.11

Foto: Alexis Vichich
Foto: Alexis Vichich

Enroque geológico

Con Vaca Muerta el subsuelo emergió desde las entrañas de la Tierra, desplazó lo existente -pueblos, culturas, economías, vidas-, se convirtió en la nueva superficie y el paisaje se valora en barriles equivalentes de petróleo. Lo anterior es prehistoria. En el caso de Neuquén fueron condenados al silencio los informes oficiales que documentaban los avanzados procesos de degradación de suelos y aguas derivados de casi un siglo de extracción de hidrocarburos.12 Uno de aquellos estudios, realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 2010, alertaba que esa situación podía condicionar seriamente el desarrollo agroindustrial,13 que desde mediados de la década de 1990 es presentado como el eje de diferentes planes provinciales de diversificación de la matriz productiva.

En este contexto de enroque geológico los pequeños productores y las economías campesinas e indígenas se debaten entre la resistencia, para conservar la tenencia de la tierra/territorio y formas de vida y producción, y la negociación con la esperanza de participar de la abundancia propagandizada o por lo menos recibir algún tipo de rédito ante un avance que parece ineluctable.14 Lo mismo ocurre con las expectativas laborales, los altos sueldos que se pagan en el petróleo relegan el interés de los trabajadores por las actividades agropecuarias. Sin embargo, tanto las autoridades de Neuquén como de Río Negro15 sostienen que es posible la convivencia entre la actividad productiva y la extractiva, a pesar, también, de los incendios de pozos, derrames y otros episodios registrados en zonas de chacras.16

Diego Rodil, técnico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sostuvo que “la incompatibilidad de actividades se visualiza en la pérdida creciente de suelo productivo y el incremento de montes abandonados, riesgos sanitarios en la fruta por contaminación lumínica, fragmentación del espacio productivo que dificultan los controles sanitarios en bloque (…) y complejiza el mantenimiento del sistema de riego (…); además de riesgos elevados de contaminación de napas y aguas superficiales”. También advirtió que “los estándares de exportación pueden cambiar y ser rechazada la fruta en un futuro17”. “Desde la lógica capitalista de libre mercado, la renta de la tierra para la extracción de hidrocarburos es muy superior al valor para la práctica agropecuaria. En esta ecuación no se tiene en cuenta el costo que representa la pérdida de suelo productivo sistematizado y dotado de infraestructura, la pérdida de capital social que también llevó años construir, y los puestos de trabajos que se pierden”, subrayó. Tales afirmaciones las hizo en el artículo Avance de la frontera hidrocarburífera sobre suelo productivo. Estación Fernández Oro, Alto Valle del Río Negro, que pretendía presentar en las VII Jornadas de Economía Ecológica de la Asociación Argentino Uruguaya de Economía Ecológica, realizadas en Neuquén en noviembre de 2015. Sin embargo, a pesar de que su trabajo había sido aceptado por el comité organizador, el INTA no autorizó su intervención.

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La creciente demanda de suelo urbano, por el proceso de metropolización que vive el Alto Valle del río Negro y Neuquén, también genera un fuerte avance en zonas de chacras, donde florecen loteos y los montes frutales son reemplazados por metros cuadrados de cemento. Si bien esta tendencia es anterior al boom de los no convencionales, la construcción de Vaca Muerta como tierra de la abundancia aceleró el proceso. Según el informe Estudios Estratégicos, entre 2009 y 2013 se perdieron alrededor de 2.300 hectáreas en el Alto Valle del río Negro y Confluencia. “Sin contar las que se puedan haber perdido entre 2013 y 2015, se estima que se perderán otras 2.440 hectáreas productivas aproximadamente solo para urbanizaciones requeridas por el crecimiento poblacional”. Si el sector hidrocarburífero recuperara el nivel de actividad previo a la caída del precio del barril de crudo, en un período no menor a cinco años, se incrementaría la población de la Región Metropolitana del Valle y la Confluencia en 200 mil habitantes, ascendiendo a un millón de habitantes, según estimaciones oficiales. Por ejemplo Añelo, ciudad que hace las veces de plataforma de operaciones de Vaca Muerta, pasó de tener 2500 habitantes en 2010 a 6 mil en 2014, tras el boom, y de haber un nuevo despegue, ascendería a 41 mil en poco más de un lustro, de acuerdo a las estadísticas publicadas en Estudios Estratégicos.

En este punto cabe destacar que si bien la planificación oficial problematiza la pérdida de suelo productivo como consecuencia de la extensión de las urbanizaciones, no hace lo mismo con la apertura de locaciones -que reemplaza la capa fértil con una compactación calcárea de 40 a 50 cm- y las infraestructuras requeridas por proyectos petroleros y gasíferos.

Sinergias extractivistas

red-ferroviaria-vmLa explotación masiva de formaciones de lutitas y arenas compactas lleva implícita la ampliación de las fronteras geográfica y tecnológica, pero también, como consecuencia del despliegue de infraestructura y logística que demanda, genera las condiciones para la puesta en marcha de otros emprendimientos. Al respecto, desde el gobierno nacional y las agencias provinciales que participan en la planificación estratégica de la Región Vaca Muerta se especula con que por sinergia se reactive el proyecto de extracción de potasio en el sur de Mendoza, que en 2013 suspendió la minera brasilera Vale18, y se ponga en marcha la construcción del complejo hidroeléctrico Chihuidos, que significaría no sólo generar electricidad sino también tener control sobre las aguas del río -sea para habilitar nuevas zonas bajo riego, evitar crecidas o garantizar el suministro al sector hidrocarburífero.19

En tanto desde el sector empresario, Dow Chemical señaló que un incremento en la oferta de gas, a partir del desarrollo masivo de los yacimientos de la cuenca Neuquina, generaría las condiciones para ampliar sus instalaciones en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires.20 Cabe destacar que la compañía norteamericana se asoció con YPF en 2013 para desarrollar de manera conjunta el área El Orejano, en Neuquén, y asegurarse la provisión de gas para su planta de PBB Polisur21. A fines de la década de 1990 ambas firmas, junto a Petrobras, pusieron en marcha la compañía Mega SA, para abastecer con gas del yacimiento Loma La Lata sus plantas del sur bonaerense.

La onda expansiva de Vaca Muerta es mucho mayor, si se toma en cuenta, por ejemplo, la extracción de arenas silíceas en Dolavon (Chubut), y Aldea Brasilera y Gualeguay (Entre Ríos). Estas arenas son inyectadas durante el proceso de fracturación hidráulica y funcionan como sostén, es decir, mantienen abiertas las grietas producidas en las rocas para permitir el flujo de gas y petróleo. Según estudios realizados por el National Institute for Occupational Safety and Health de EE.UU., quienes están expuestos al polvo de sílice, como los trabajadores de las locaciones petroleras, corren el riesgo de desarrollar silicosis, una enfermedad pulmonar incurable.22 A pesar de ello, 20 camiones diarios salen de Dolavon con su carga que tiene como destino final Añelo.23 En tanto en Entre Ríos, donde existen más de 40 municipios declarados libres de fracking, asambleas socioambientales cuestionaron en octubre que las autoridades impulsen la extracción en canteras de Gualeguay. Hacia mediados de 2015 desde esa provincia se cubría la mitad de la demanda de arena de YPF.24

Si bien hasta el momento las obras ejecutadas en la Región Vaca Muerta se relacionan con la mejora y ampliación rutas y la simplificación de los procesos de importación y exportación de insumos y bienes de capital, está en carpeta la recuperación y extensión de tendidos ferroviarios, construcción de acueductos y redes de suministro de gas y electricidad. “Entre los proyectos que comienzan a estar en gestión figura la prolongación del ramal desde Barda del Medio hasta Añelo, en donde se instalaría una planta de clasificación y despacho de arenas provenientes de Dolavon, en Chubut. Se encuentran en suspenso la construcción de un nuevo ramal desde Chichinales hasta Rincón de los Sauces, como parte del proyecto minero del potasio, y el histórico proyecto de prolongar la línea desde Zapala hasta Pino Hachado y articularla con los ferrocarriles chilenos para dar acceso ferroviario a los puertos del Pacífico”, enumera el informe publicado por el gobierno nacional.25

mapa-nqn-vmJustamente una de las claves para “sinergizar las infraestructuras, empresas instaladas y dotación que quede en la RVM [Región Vaca Muerta] para direccionar servicios al golfo de San Jorge”, como plantea la Subsecretaría de Planificación Territorial, son los corredores ferroviarios. No solo se proyecta un tendido que agilice el transporte de arenas entre Dolavon y Añelo26, sino ir más allá y comunicar ambas cuencas, lo que “vertebraría una integración operativo/productiva”27. Por otra parte, Vaca Muerta reactualiza el interés de las autoridades por los corredores bioceánicos impulsados en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA)28 y el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planeamiento. Esto no sólo se manifiesta en la mejora de pasos fronterizos en la Patagonia norte y extensión de redes viales y ferroviarias -como el tren a Chile-, sino también en la creación de nuevas aduanas que apuntan, en principio, a facilitar la importación de insumos29, pero que también funcionan en sentido inverso. Si para Vaca Muerta el Pacífico siempre estuvo cerca, el proyecto es que esté aún más cerca.

El fracking asoma como la punta de un iceberg llamado Vaca Muerta cuya deriva puede transformar profundamente el territorio, aún más de lo que está a la vista con los riesgos de contaminación de agua, aire y suelo asociados a la técnica, o la pérdida de tierras productivas. Una de las condiciones para garantizar la explotación masiva de yacimientos no convencionales es la construcción de corredores de infraestructura que optimicen la circulación de insumos, maquinarias, personas, etc., lo que se traduce en reducción de costos de producción y acorta la distancia-tiempo con los mercados globales.30 Esas condiciones no sólo hacen a la viabilidad de la extracción de hidrocarburos, sino también a la de proyectos mineros o la producción agroindustrial en gran escala. Del cuello de Vaca Muerta cuelga una campana, su tañido convoca a otros proyectos extractivos.

Notas

1 Si bien para 2006 en la provincia de Neuquén se habían perforado 40 pozos en arenas compactas y dos en lutitas, recién en 2012 se produjo el despegue, hasta llegar a los más de 1150 pozos no convencionales en producción actuales. Estadísticas de Ministerio de Energía de Neuquén hasta agosto 2016.

2 Los combustibles fósiles constituyen alrededor del 90% de las fuentes de energías primarias del país, en 1998 se registró el pico de extracción de crudo y en 2004 el de gas, desde entonces los niveles convencionales descendieron.

3 En mayo de 2012 el gobierno argentino expropió el 51% de las acciones de YPF, que se encontraban en poder de Repsol. Dos años más tarde se cerró el proceso al acordar las partes el monto de la indemnización.

4 Utilizamos alternativamente lutitas y shale.

5 Según denominación norteamericana.

6 Cabe señalar que el avance y planificación pública de los no convencionales es traccionado a nivel internacional por la Agencia de Información Energética de EEUU y que las estimaciones, tasas de retorno y rentabilidad de formaciones shale son cuestionadas. Por ejemplo, la agencia oficial polaca de Energía, redujo su potencial de shale gas a una décima parte de lo que había hipotetizado su par norteamericana; un hecho que, sumado a la baja productividad de los pozos y a la resistencia social, hizo abortar proyectos de grandes empresas como Chevron (Boletín EJES Nro. 4. Inflar hasta que explote: sobreestimación de recursos).

7 Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación (2016). Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta. Plan Estratégico Territorial. Avance III, pp. 123-124.

8 Subsecretaría de Planificación, 2016: 124.

9 La cotización interna del barril de crudo por encima de los valores internacionales, así como el incremento del precio del gas en boca de pozo y de los combustibles en el surtidor expresan la decisión de seguir apostando por los no convencionales.

10 Las advertencias sobre los impactos de la técnica en el ambiente y salud de la población fueron desestimadas por las autoridades provinciales y nacionales, que hicieron suyos los argumentos de las empresas petroleras y de servicios, caricaturizaron las críticas y catalogaron de terrorismo ambiental a la militancia de los opositores. Ver Pechen pidió educar en contra del “terrorismo ambiental” (Río Negro, 14/12/2013) y Sapag pidió “no generar terrorismo ambiental” (La Mañana Neuquén, 21/03/2014).

11 A partir de la experiencia norteamericana, Post Carbon Institute concluyó que la curva de declive productivo de los pozos no convencionales se reduce a más de la mitad luego del segundo año (Boletín EJES 4/2016, Recursos no convencionales y el problema de su corto horizonte). Por otra parte, norteamericana Exxon anunció a fines de octubre que “podría reducir sus reservas de tres mil 600 millones de barriles en el sitio de Kearl [arenas bituminosas en Canadá] y de mil millones en otros lugares en América del Norte, es decir 19 por ciento de sus reservas totales”, si concluyera que los costos financieros tornan inviables esos proyectos (El Diario, 28/10/2016).

12 Programa Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- (2010). El riesgo de desastres en la planificación del territorio: primer avance. Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial. 1ra Edición. Buenos Aires. PNUD-Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública – Minplan. Ver también PNUD y Provincia del Neuquén (1998). Proyecto ARG/97/024 Emergencia Ambiental, Hidrocarburos -Compensación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Neuquén. Resumen Ejecutivo. // Copade. Dirección General de Programas y Proyectos. Secretaría de Estado General de la Gobernación del Neuquén (2006). Plan Estratégico Territorial, Argentina 2016, Provincia del Neuquén.

13 Más allá de la consideración que actualmente tengan las autoridades de esos informes, los discursos de diversificación no fueron abandonados, aunque si cambiaron los actores. El rol protagónico lo concentran los grandes capitales, vinculados a establecimientos agropecuarios altamente tecnificados. Ver La huella petrolera y los límites a la diversificación económica neuquina, Neuquén y el eterno retorno de la diversificación y Scandizzo, H. (2016). Hidrocarburos y diversificación productiva en tiempos de Vaca Muerta. Nueva expansión de frontera del capital, en Pérez Roig, D., Scandizzo, H. y di Risio, D., Vaca Muerta, construcción de una estrategia. OPSur-Jinete Insomne. Buenos Aires.

15 En Río Negro el avance de las exploraciones y explotaciones petroleras se produce sobre el valle fértil que la catapultó como la principal provincia productora de peras y manzanas del país.

16 El más reciente fue la fuga de agua salada de un pozo, que inundó una chacra lindante con la locación, secando álamos y frutales (Río Negro, 29/10/2916). Para más información se puede consultar el libro de Martín Álvarez Mullally, Alto Valle Perforado.

17 Al respecto, la productora orgánica Jessica Lamperti, de Allen, denunció que un cliente desistió de seguir comprándole porque en la localidad se realiza fracking. Más información Río Negro, 01/11/2015.

18 Cabe recordar que en 2010 Vale firmó un convenio con YPF para garantizarse el suministro de gas (El Cronista, 07/12/2010). Desde principios de 2016 circulan rumores sobre la reactivación del proyecto minero (El Diario de La Pampa, 26/04/2016 y Los Andes, 13/09/2016).

19 Ver Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación, 2016: 105.

20 Medios de prensa corporativos, como Revista Petroquímica, presentaron esas declaraciones como el anuncio de un mega proyecto en puerta.

23 El 24 de junio la Legislatura de esa provincia declaró bien público a las arenas silíceas, lo cual convierte al Estado en un socio estratégico de la actividad. “Lo que aún resta discutir -destacó el portal patagónico Big Sur- son las regalías que obtendrá la provincia por la extracción de sus recursos naturales, qué impactos le generará a la salud de los habitantes de Dolavon, 28 de Julio, Gaiman y Trelew; qué impacto ambiental tendrá sobre las aguas del río Chubut, qué daño generarán a las rutas el traslado de 20 camiones diarios de arena; qué valor agregado puede generarse en la zona más allá de los ’40 empleos directos’ prometidos por YPF y qué pasará cuando sólo quede un pozo. Todo esto es una incógnita pero, mientras tanto, los camiones van y vienen uniendo silenciosamente las provincias.” (Big Sur, 04/07/2016).

25 Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación, 2016: 23.

26 Más información La Nueva, 05/05/2015.

27 Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública de la Nación (2015). Estudios Estratégicos para el Desarrollo Territorial de la Región Vaca Muerta. Segunda Etapa. Informe Final. Tomo 2. Programa de Fortalecimiento Institucional de la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. Noviembre, p. 263.

28Análisis críticos sobre el IIRSA se pueden encontrar en Raúl Zibechi (2006) y Ana Esther Ceceña, Paula Aguilar y Carlos Motto (2007)

29 Más información La AFIP creará una delegación de Aduana para Vaca Muerta (Río Negro, 31/07/2014) y Crean una aduana especial (La Nación, 19/05/2015).

30 Para profundizar este aspecto ver el artículo de Nicholas Hildyard que forma parte de esta serie de producciones sobre energía extrema.

Este artículo es parte del proyecto Energías Extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Heinrich Böll Stiftung Cono Sur.

Vaca Muerta


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La resistencia al fracking avanza en América Latina

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Que diversos gobiernos de la región latinoamericana tienen planes para la explotación gas y petróleo no convencional a través de la fractura hidráulica (fracking), es un hecho. Pero no lo es menos que la sociedad, ante las evidencias que existen de los daños que implica su uso, ha comenzado a organizarse, y las resistencias sociales y comunitarias no dejan de aumentar. Así lo muestra el informe “Última frontera: políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina” publicado recientemente por la Alianza Latinoamericana frente al Fracking.

El fracking conlleva una serie de consecuencias – imposibles de evitar ni con la mejor regulación del mundo-, que dañan nuestra salud, el agua que bebemos y los alimentos que ingerimos. Daña también el aire que respiramos y acelera el cambio climático, lo que aumenta el riesgo de sequías, inundaciones, el aumento del nivel del mar y huracanes. Asimismo, el depósito en el subsuelo del agua residual utilizada en la fracturación de las rocas para extraer el gas y el petróleo de sus diminutos poros, además de contaminar acuíferos, provoca sismos. Es decir, esta técnica que los gobiernos latinoamericanos nos tratan de vender como la solución energética del futuro, no sólo no lo es, sino que nos pone en serio riesgo y vulnera nuestros derechos más elementales.

Todo esto lo saben en México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil y Bolivia, países en los que, como señala el informe, el uso de la fractura hidráulica se encuentra en diversos niveles de avance. En el caso argentino, por ejemplo, llevan ya varios años usando esta técnica en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, donde ya han ocurrido accidentes, fugas, explosiones y pérdidas de elementos radioactivos, con las consecuentes afectaciones a las poblaciones locales, ciudades, a comunidades indígenas del pueblo mapuche, a zonas de cultivo de frutas y áreas naturales protegidas. La organización social ante estos hechos ha venido acompañada por hostigamiento, ataques y criminalización. Pese a ello, la resistencia avanza y 45 municipios se han declarado ya libres de fracking.

Este tipo de prácticas se han dado también en Colombia, donde la fractura hidráulica se está usando a través de siete contratos con empresas privadas. El municipio de San Martín, cuya población se ha levantado para evitar que esta técnica sea utilizada en su territorio, ha sufrido recientemente amenazas e intimidaciones, así como represión por parte de la policía. Sin embargo, sigue de pie y en resistencia, como también lo hace la población de Santander, cuya Asamblea Departamental rechazó de manera unánime el uso del fracking en julio de este año.

Similar es la situación en México. Si bien fue la reforma energética de 2013 la que colocó públicamente en la agenda la apuesta del gobierno al fracking, esta actividad ya se estaba realizando en el país. Así, desde 2010 se han contabilizado, al menos, 28 pozos de este tipo en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras que, en el proyecto de Aceite Terciario del Golfo, que afecta a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, se estima que hasta 65 por ciento de los pozos pueden haber sido fracturados hidráulicamente, según datos de la CNH de 2010. Ante esta situación y la amenaza de que la explotación de gas y petróleo por fracking se intensifique, diversas redes y colectivos han surgido en el país, para impulsar su prohibición y defender los territorios. En este momento, 120 ejidos y comunidades indígenas y campesinas y los municipios de Tanlajás y Xilitla del estado de San Luís Potosí se han declarado libres de esta técnica, así como la comunidad Emiliano Zapata de Veracruz y el municipio de Cuetzalan, en la Sierra Norte de Puebla. Mientras tanto, el gobierno sigue aprobando permisos para el uso de esta práctica a Pemex y contemplándola en sus planes de licitaciones para el próximo año.

Estas experiencias recogidas en el informe muestran que, al tiempo que los gobiernos latinoamericanos le apuestan al fracking, la resistencia avanza y exige que esta práctica sea prohibida como medida para proteger la vida, la diversidad cultural de los pueblos y el futuro del planeta. El Acuerdo de París nos recuerda que 86 por ciento de los combustibles fósiles, como el gas y el petróleo, deben quedarse para siempre en el subsuelo si queremos evitar una catástrofe climática. En esta ecuación el fracking no tiene cabida y los Estados deben dejar de promoverlo y poner las medidas oportunas para un futuro energético renovable que garantice los derechos de las comunidades. América Latina tiene un gran papel que jugar y desde la sociedad nos toca exigirlo.

Consulta el informe “Última frontera: políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina” aquí.

*Por: Aroa de la Fuente López, Investigadora de Fundar y miembro de la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking

Foto: EFE00

Sin Embargo, México

Internacional


Chief Robinson, the leader of the Cofan Indians and a strong activist in the suit against Texaco. Photographed in front of the Guanta oilrig, Chief Robinson argues that the oil production has contaminated the river nearby as well as members of his community, who live down stream and several other parts of the region. He feels that Ç the government tries to convince us that oil is the future of Ecuador. The oil has only brought catastrophe here. We, the Cofan, are unanimous and determined to protect what is left of the forest. All of Mankind needs it. È

La violencia es parte del crudo ecuatoriano

La presión de los proyectos extractivos sobre los territorios de los pueblos indígenas ha desencadenano masacres de grupos en aislamiento voluntario, muerte de miembros de la nacionalidad waorani -que son de reciente contacto- y de campesinos mestizos. Un recuento de los sucesos acontecidos evidencia que esos hechos no se circunscriben a un momento de la historia petrolera del país sino que la violencia es parte de un modelo de extracción extrema en Ecuador.

Por Alexandra Almeida Acción Ecológica (Ecuador)

Energía extrema es un concepto que generalmente se lo relaciona con la aplicación de nuevas y sofisticadas tecnologías para facilitar la ampliación de la frontera petrolera y que conlleva enormes riesgos geológicos, ambientales y sociales. En Ecuador podemos afirmar que este tipo de energía procede de la explotación de crudo en campos ubicados dentro y alrededor de los territorios megabiodiversos de la Amazonía, ancestralmente ocupados por pueblos indígenas y entre ellos, al menos dos en situación de aislamiento, los tagaeri y taromenane, relacionados culturalmente con loswaorani. Es decir, el carácter extremo no se lo da necesariamiente el componente tecnológico sino los procesos que desencadena.

Sin duda la población más afectada en toda la historia petrolera en el Ecuador ha sido la indígena, en cuyos territorios ancestrales se instalaron las infraestructuras extractivas. El Pueblo Waorani, cuyo territorio ancestral se extiende desde el río Napo al río Curaray, es uno de los pueblos más impactados, no solo por las exploraciones petroleras -que inician a finales de la década de los 30-, sino mucho antes, en la época de la explotación del caucho, de 1890 a 1920, cuando los capturaban y esclavizaban en las grandes haciendas. También el incentivo del comercio por los ríos afectó a los indígenas ubicados en Shiripuno y Tiputini. Se registraron muchas muertes en esa época. Años después los waorani expandieron el territorio, desplazados por la explotación del caucho y las haciendas agrícolas, ocasionando conflictos y ataques con otros pueblos indígenas de la zona.1

La primera época petrolera inicia en 1937, con la entrada de la compañía Shell, quien ubicó un campamento en Arajuno, construyó carreteras y aeropuertos, y contrató a trabajadores kichwa, quienes tuvieron varios enfrentamientos con los waorani que se ubicaban desde Arajuno hasta la bocana del Yasuni. Se registra que los wao atacaron Arajuno y mataron a 20 kichwas. Más tarde, la guerra con el Perú, en 1942, que estaba relacionada con intereses petroleros, también afectó a los waorani. No había waos en el Perú. Cuentan que los peruanos subían por todos los ríos, incluido el Yasuni, y capturaban a waorani, sapara y kichwa.

En 1956 el ingreso al territorio Waorani de misioneros evangélicos del Instituto Lingüístico de Verano (ILV), de los Estados Unidos, permitió el contacto, la agrupación y la reubicación de la mayoría de clanes, con el apoyo logístico de las petroleras. Estas acciones favorecieron la entrada de empresas, pues sacaron a los wao de su amplio territorio ancestral y los redujeron en otro mucho más pequeño. El éxito de estas acciones se debe a que se produjo una interrelación misioneros-wao con los petroleros/militares para ayudarse mutuamente.2 En esta época también se registraron muchos ataques y muertes en enfrentacientos entre waoranis ya contactados y aun no contactados, y también con los tagaeri, que ya estaban aislados.

Precisamente el aislamiento de grupos waorani, que se los reconoce como tagaeri, se remonta al tiempo del auge petrolero, en los años 60 – 70. Según algunos investigadores, los pueblos aislados Tagaeri y Taromenane se rehusaron al contacto en el momento del proceso de pacificación, reubicación y pérdida del territorio padecido debido a la avanzada de la frontera petrolera y a la obra del ILV.3

En 1964 el Gobierno ecuatoriano entregó en concesión cerca de 500.000ha de bosque húmedo tropical a la norteamericana Texaco para que realice trabajos de exploración y explotación en lo que hoy son la provincias de Sucumbíos y Orellana, en los territorios ancestrales Cofán, Kichwa y Waorani. Tres años más tarde la empresa descubrió el primer yacimiento petrolero comercial en la zona de Lago Agrio, en la frontera con Colombia, en los años siguientes extendió sus operaciones hacia el sur. En total, en los 28 años que permaneció en el país, perforó 399 pozos y construyó 22 estaciones de producción. A la salida de Texaco, en 1992, los campos petroleros pasaron a ser operados por la estatal Petroecuador, hoy Petroamazonas EP.

La empresa Texaco, en consorcio con la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE), contrató a la empresa exploradora francesa CGG para realizar la prospección sísmica al sur del río Napo, en territorios donde ancestralmente se ubicaba el Pueblo Waorani y los pueblos aislados. La expansión de la frontera extractiva en la zona de refugio de los pueblos aislados y los incidentes mortales que ocurrieron en bloques petroleros en los años 70 y 80 hicieron posible su visibilización en la opinión pública. En estas décadas se registraron enfrentamientos directos entre trabajadores petroleros y pueblos indígenas aislados. Resalta el ataque ocurrido en noviembre de 1977 en Shiripuno, donde mueren tres trabajadores de la empresa CGG lanceados por los tagaeiri.4 Mientras que en 1987 mueren lanceados el obispo del Vicariato de Aguarico, Monseñor Labaka, y la religiosa Inés Arango, quienes después de varios intentos no pudieron conseguir el cese de las actividades extractivas en el área. Ingresaron a territorio Tagaeri porque los militares iban a entrar para desalojar la zona y posibilitar que la empresa CEPE empiece la prospección sísmica. El obispo antes de emprender el viaje habría dicho: “Si yo no voy, los van a matar”.5

En la década de los 80 se aplicó en el país una nueva política que promovió la apertura petrolera, iniciándose rondas de licitaciones para que empresas privadas ingresen a explorar y explotar en territorios indígenas y en áreas protegidas, como es el caso del Parque Nacional Yasuni. La entrada de nuevas empresas petroleras en la zona ejerció más presión en los territorios indígenas, lo que se reflejó en nuevos hechos de violencia. Resalta aquí el relato del ataque a un campamento petrolero en El Tigüino, en el año 89, en el que murieron con lanza un trabajador y una mujer, y dos guerreros tagaeri con disparos. Días después un helicóptero verde disparó sobre la casa tagaeri y tres mujeres fueron acribilladas.6

Hasta el año 2012 el Ecuador lanzó 11 rondas de licitaciones petroleras internacionales, a través de las cuales ingresaron al país aproximadamente 15 empresas transnacionales. Actualmente existen 65 bloques petroleros, de los cuales 38 están en operación y 27 están por licitar. De los bloques en operación, en los 19 grandes está Petroamazonas y en los otros 19, la mayoría pequeños, están empresas transnacionales. Resalta la presencia de empresas chinas como operadoras de bloques o como prestadoras de servicios a otras empresas.

Mapa confeccionado por Paola Maldonado y Braulio Gutierrez del Colectivo de Geografia Critica.
Paola Maldonado y Braulio Gutierrez, Colectivo de Geografia Critica.

La explotación petrolera en Ecuador ha dejado un nefasto impacto tanto al ecosistema amazónico, caracterizado por su megabiodiversidad, como a la población indígena y campesina que allí habita. Una descripción detallada de la destrucción que ocasionó esta actividad se encuentra en la sentencia del juicio que pobladores de la Amazonía pusieron contra la empresa estadounidense Texaco, hoy Chevron. Algunos estudios indican, por ejemplo, que el ingreso de Texaco a lo que hoy es la provincia de Sucumbíos, aceleró el proceso de extinción del pueblo indígena Tetete, que hoy ya no existe.

Como un intento de dictar políticas que protejan a los pueblos aislados, en 1999 el gobierno ecuatoriano declaró la zona sur del Parque Nacional Yasuni, exactamente 758.048 ha, como “zona intangible de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, las tierras de habitación y desarrollo de los grupos Huaorani conocidos como Tagaeri, Taromenane y otros eventuales que permanecen sin contacto”.7 El territorio de los pueblos aislados Tagaeri Taromenani en los últimos 20 años ha sido ocupado por bloques y campos petroleros cuyos límites se sobreponen con el territorio ancestral waorani, el Parque Nacional Yasuni y parte de la zona intangible.

Ocho años después, en el año 2007, bajo decreto 2187, el gobierno ecuatoriano delimitó la Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT), ratificando que “en esta Zona se garantizará y respetará el derecho del pueblo Huaorani y de los pueblos ancestrales en aislamiento voluntario a realizar sus tradicionales actividades de caza y pesca; así como, el uso habitual de los recursos de la biodiversidad con propósitos de subsistencias”.8 El art. 2 de este decreto establece una “Zona de Amortiguamiento de diez kilómetros de ancho contiguo a toda la zona intangible”. En la “zona de amortiguamiento se prohíbe la realización de actividades extractivas de productos forestales con propósitos comerciales; igualmente, se prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras”.

Sin embargo, la página Geoyasuni.org ofrece interesantes datos de la situación de la Zona de Amortiguamiento, que tiene una área de 467.530 ha. El 78% de la superficie está cubierta por bloques petroleros: 59,99% en Ecuador y 18,02% en Perú. Mientras los bloques Ishpingo, Tambococha, Tiputini (ITT) y 31 intersectan la Zona Intangible, con una superficie de 30.202,25 ha y 10.391,80 ha, respectivamente.9

La zona intangible del Parque Nacional Yasuní, destinada como territorio de pueblos en aislamiento, está completamente rodeada de concesiones petroleras. Al norte limita con los bloques 14 (Petroriental), 16 (Repsol), 31 (Petroamazonas) y 43 (Petroamazonas); al oeste con el bloque 17 (Petroriental), al sur con los bloques 83 (Andes Petrroleum), 84 (Secretaría de Hidrocarburos) y 87 (Secretaría de Hidrocarburos); y al este con los lotes 39 (Repsol Exploration Perú), 121 (SubAndean) y 67 (Perenco), en el Perú.

Además, según una investigación realizada en 2008, hay presencia de pueblos indígenas aislados fuera de los límites de la Zona Intangible. Este estudio demuestra que el Parque Nacional Yasuni y su zona de amortiguamiento es área de desplazamiento de los Pueblos Indígenas Aislados. Se ha documentado su presencia en los alrededores de las comunidades de Dicaro, Yarentaro, Iro y Gabaron, dentro del bloque 16, operado por Repsol. También se ha constatado la presencia permanente de pueblos indígenas aislados en el bloque 14, entre los ríos Tivacuno y Mencaro (río Tiwino).10 Es evidente que la actual delimitación de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane no responde a la territorialidad ejercida por los pueblos aislados.

La presencia de agentes externos como las petroleras facilitaron la llegada de actividades colaterales como la colonización desordenada, las madereras legales o ilegales, la construcción de carreteras y la destrucción ecológica del territorio habitado por los pueblos indígenas aislados. Además de generar altos niveles de ruido, que repetidos testimonios indican que molesta a los aislados, esto ha creado condiciones para intensificar los conflictos interétnicos, debido a la presión que ejercen sobre sus territorios. Con esto están vulnerando los derechos fundamentales de estos pueblos.

En las últimas dos décadas se han registrado hechos violentos que de alguna manera, directa o indirectamente, han tenido relación con las políticas petroleras que han promovido la ampliación de la frontera de esta actividad:

  • La masacre del 2003, murieron al menos 15 aislados. Aunque no fue realizada cerca de la infraestructura petrolera, sus autores, guerreros waorani del grupo Babeiri, pertenecen a una comunidad muy dependiente de la actividad petrolera.

  • El ataque de marzo del 2008 en el que muere lanceado un maderero ocurrió a escasos kilómetros de la carretera petrolera conocida como vía Auca, cerca del campo petrolero Armadillo.

  • El ataque ocurrido en el 2009, en el que mueren lanceados tres miembros de una familia colona y un bebe es secuestrado (y apareció vivo dos días después, cerca del lugar del ataque), sucedió a escasos metros del pozo petrolero Hormiguero, en el bloque 17, operado por la empresa china Petroriental.

  • El ataque del 5 marzo del 2013, en el que murieron lanceados dos ancianos waorani, sucedió a escasos kilómetros de la carretera que conduce al pozo Daimi, cerca de la comunidad de Yarentaro. A pocos metros trabajaba una cuadrilla petrolera, en el bloque 16, operado por Repsol.

  • La masacre de finales de marzo del 2013, en la que murieron al menos 20 taromenane y que ocurrió como venganza por la muerte de los ancianos en Yarentaro, posiblemente sucedió a unos 30 km del campo Armadillo y sus autores salieron de los campos del bloque 16. Hay que aclarar que los taromenane en esa fecha contaban con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir el Estado ecuatoriano tenia la obligacion de proteger a estos pueblos y no lo hizo.

  • El 25 de enero del 2016 se registró otro hecho violento en el río Shiripuno que dejó un wao muerto por lanzas y una mujer herida. Este ataque ocurrió dentro de la Zona Intangible, a unos 25 km en línea recta del bloque Armadillo

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Casa atacada el 30 de marzo de 2013. Foto tomada de Cabodevilla, M. A. y Aguirre M. (2013). Una tragedia ocultada. CICAME y Fundacion Alejandro Labaka. Ecuador.

A pesar de todos estos hechos, los gobiernos han priorizado siempre los ingresos económicos que genera la explotación petrolera y ha promovido la ampliación de la frontera, quedando marginados los derechos y la vida de los pueblos indígenas, incluso de los pueblos aislados, que están protegidos por la Constitución de la República: “Los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio que será tipificado por la ley.”11

A nivel internacional también existe normativa para proteger a los pueblos indígenas aislados, por ejemplo: de acuerdo a las directrices de Naciones Unidas para pueblos en aislamiento voluntario, se deben prohibir y revocar inmediatamente los contratos con fines extractivos en sus territorios.12 Sin embargo, las presiones que ejercen las empresas petroleras para expandir la frontera extractiva condicionan la posibilidad de crear políticas de protección de pueblos aislados. Ejemplos de las últimas decisiones del Estado respecto a ampliar la presión sobre los pueblos aislados se dan en los bloques 14, 17, 43, 31, 83, 66 del Campo Armadillo.

Armadillo salió a licitación como campo marginal, en la X ronda petrolera en 2012, a pesar que en esa época había evidencias de presencia de pueblos aislados en la zona. El campo no fue adjudicado a ninguna empresa y Petroamazonas inició las operaciones de prospección. En febrero del 2015 Petroamazonas firmó un contrato con el consorcio Ecuaservoil (Belorusneft, Edimpetrol) para optimizar la operación del bloque. Se inició una campaña para evitar que se entregue la licencia ambiental para la prospección sísmica, que intentaba intervenir incluso fuera del bloque, por existir evidencias de presencia de pueblos aislados. Finalmente se logró que se excluyera de la sísmica la parte este y sureste del bloque, pero esto no resuelve el riesgo, pues los puntos de presencia están fuera de la zona de exclusión. También se conhsiguió evitar el desarrollo de las plataformas Yampuna, Avant, Tiwae y Aguila, ubicadas en los bloques 14 y 17, pero la amenaza no termina, pues la empresa china Petroriental está presentando los términos de referencia para iniciar la exploración sísmica en esos bloques.

Por otra parte, en agosto del 2013 el gobierno ecuatoriano decidió acabar con la iniciativa Yasuní ITT, que pretendía dejar en el subsuelo el 20% de las reservas petroleras localizadas en el bloque 43, en el Parque Nacional. Uno de los argumentos de la iniciativa era precisamente que ese lugar es territorio de los pueblos indígenas aislados, por lo que era necesario evitar un genocidio. Inmediatamente se dio paso a los trámites para iniciar la explotación de los bloques 31 y 43.

El 25 de enero del 2016, a aproximadamente la misma hora en que ocurría la última matanza en el Yasuní, el gobierno ecuatoriano firmó un contrato de prestación de servicios con la empresa china Andes Petroleum para que explote en los bloques 79 y 83, asentados en territorios que el mismo gobierno ha reconocido que tienen presencia de pueblos aislados y además son territorios Sapara y Kichwa.

La violación más grande para los pueblos aislados es que no tienen territorio, es una violación de derechos humanos colectivos. Si no tienen territorio no tienen donde ejercer sus derechos. Es necesario crear un territorio mientras estén aislados, un territorio asociado a toda la normativa nacional e internacional para derechos indígenas, de esta forma se puede proteger sus derechos y evitar el genocidio. Lamentablemente los funcionarios de los diferentes gobiernos reiteradamente han intentado negar la presencia de los pueblos indígenas aislados. Como ejemplo están las declaraciones del ex ministro de Recursos Naturales No Renovables, Ec. Wilson Pástor, que en febrero de 2010 dijo ante los medios de comunicación que no había evidencia contundente de la presencia de pueblos aislados, y que más bien podrían ser “hechos prefabricados”; con lo cual condicionó la política dirigida a los pueblos en aislamiento voluntario a través de su omisión.13 Asímismo, la ministra del Ambiente, Marcela Aguiñaga, en agosto del 2013, después de la masacre ocurrida en marzo de ese año, manifestó: “El ministro de Justicia tendrá que pronunciarse en torno a la evidencia científica de si hay o no estos pueblos en dicha zona”.14

Cualquier programa de protección a los pueblos aislados tiene que necesariamente pasar por adjudicarles un territorio y prohibir en él la extracción petrolera, y esto debería dar paso a una transición hacia un nuevo modelo económico, hacia un Ecuador post petrolero. La falta de decisiones políticas en ese sentido perpetúan la violencia y violación de derechos humanos colectivos profundizando el carácter extremo del crudo ecuatoriano.

Notas:

1 Cabodevilla, Miguel Angel (2010). La Nación Waorani. Noticias Históricas y Territorio. Orellana, Ecuador.

2 Ibídem.

3 Proaño, José (2010). Voces de la Selva. Noticias recientes sobre los Pueblos indígenas aislados en la Amazonía ecuatoriana. Quito, Ecuador.

4 Cabodevilla (2010).

5 Cabodevilla, Miguel Angel (1999). Los Huaorani en la historia de los pueblos del oriente. CICAME 2da Edición.

6 Ibídem.

7 Decreto Ejecutivo No. 552 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No.121 del 2 de febrero de 1999.

8 Decreto Ejecutivo No. 2187 del 3 de enero del 2007

10 Proaño José, Colleoni Paola (2008). Taromenane Warani Nani. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario Tagaeri Taromenane en la Amazonía ecuatoriana. Ediciones Abya Yala, Quito.

11 Segundo inciso del numeral 21 del artículo 57 de la Constitución Política de la República del Ecuador. 2008

12 United Nations. Human Rights (2012). Directrices de protección para los pueblos indígenas en aislamiento y en contacto inicial de la Región Amazónica, el Gran Chaco y la Región oriental de Paraguay. OACNUDH. Ginebra.

13 Acción Ecológica. Etnocidio: Del Horror a la búsqueda de responsabilidades.

14 Vera Carlos Andres, Polificción. Los Taromenani no existen.

Este artículo es parte del proyecto Energías Extremas en América Latina, de OPSur-Oilwatch Latinoamérica, y cuenta con el apoyo de Heinrich Böll Stiftung Cono Sur.

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