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Declaración de la Unión de Asambleas Ciudadanas del Chubut (UACCh)

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Vecinas y vecinos de diversas comunidades de la Provincia del Chubut (Rawson, Puerto Madryn, Esquel, Comarca Andina, Puerto Pirámides, Comodoro Rivadavia, Trelew y Pueblos Originarios) nos reunimos en la ciudad de Trelew en una clara decisión de continuidad en la lucha contra la megaminería, la defensa del agua como bien común y el respeto y acompañamiento a las reivindicaciones territoriales de los Pueblos Originarios.

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Foto // No a la Mina (Esquel).

Convencidos/as de que la palabra megaminería se vincula inmediatamente con las palabras saqueo y contaminación, seguimos alerta ante la nueva embestida de los extorsionadores megamineros que, de la mano del aliado gobierno nacional y la imprecisa postura respecto a la actividad del gobierno provincial, intervienen sistemáticamente en algunos medios de difusión hablando de las mentirosas bondades que traería esta actividad extractiva destructiva. “El lobby minero afirma que “hay que vencer la resistencia de las comunidades”, instando a que los poderes del gobierno vayan en contra de lo que dicen las leyes de sus provincias y, en consecuencia, en contra de los intereses del propio pueblo que les dio mandato”.

Como espacio colectivo que nos reúne por un buen vivir vemos que esta actividad destructiva necesita de métodos de control social, como los vividos en épocas de dictadura, que han sido sufridos por los y las vecinos/as de Esquel y la Comarca Andina, al descubrirse el fichaje realizado desde la Agencia Federal de Inteligencia en 2015. En esta oportunidad debemos repudiar el rol del Consejo de la Magistratura en su resolución de desestimación y archivo de la denuncia realizada a los fiscales de Esquel que recibieron estas fichas del agente federal, en el marco de la causa que criminaliza la Recuperación del territorio mapuche llevada a cabo por la Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen. Esta resolución del Consejo de la Magistratura avala esta forma ilegal de actuar, dando total impunidad al hecho. Seguimos atentos y solidarios con los y las compañeras/os que soportan esta persecución.

Repudiamos la indefinición del Gobierno Provincial, que desde su inicio de gestión se manifiesta públicamente a favor “del cuidado del agua”, aceptando sin rebatir, en presentaciones oficiales, a la organización Green Cross que afirma que “tras las cenizas del volcán en la meseta la única alternativa posible es la actividad extractiva”, definiendo a la megaminería como “la única salida productiva para la meseta”. Le sugerimos al Sr. Gobernador informarse respecto a los efectos de las cenizas volcánicas en los suelos e indagar respecto a la supuesta “trayectoria” de esta organización, que es la misma que dijo que Botnia, la papelera, tampoco contaminaba y hoy vemos la situación que atraviesan las comunidades costeras del río Uruguay. Instamos al gobierno provincial a enfocar su esfuerzo en fomentar en la meseta programas de desarrollo productivo que no impliquen la megaminería.

Los territorios donde estamos asentados, como necesarios para el buen vivir, hacen que sigamos acompañando al Lof en resistencia del Dpto.Cushamen. La relación con la tierra y el hábitat de las comunidades garantizan en esa porción del territorio el cuidado del ambiente y la defensa de los bienes comunes impulsando la interculturalidad y la articulación como vecinos/as del mismo suelo, materializando en la práctica el ideal que persigue nuestra Iniciativa Popular. Por esto repudiamos el vaciamiento de los territorios que sólo benefician a megaempresas multinacionales, dejando sin espacio habitable a comunidades enteras, sin escuelas y confinando a sus habitantes a la periferia de la ciudad.

Manifestamos nuestro rechazo absoluto al proyecto IIRSA (Iniciativa de Integración Regional Sudamericana), que pretenden realizar en la Patagonia, a través de la implementación de la infraestructura para el saqueo de los bienes comunes, planificando la realización del corredor bioceánico por  Paso León en la zona de la  Comarca Andina, El Manso, Reserva de Biósfera, selva valdiviana de características únicas; los puertos de Pto. Madryn y de San Antonio Oeste, las rutas y vías ferroviarias de la región comprometidas  serían colapsadas por el tránsito de carga pesada por lo que implica dicho proyecto.   No es la decisión de un gobierno de turno cambiar el destino de una región, faltando a los derechos de los ciudadanas/os y de las futuras generaciones y provocando la pérdida irreparable  de la Naturaleza. Nos oponemos al modelo extractivo que interpreta  a nuestro hábitat como producto.

Instamos a los sectores públicos y privados de la Salud a sentar postura concreta y alertar desde su rol fundamental sobre los impactos ciertos de la megamineria metalífera y radioactiva. Recurrimos al claro y contundente ejemplo de los Profesionales de Salud de Esquel y Tinogasta, junto a Trabajadores de la Salud de esas comunidades, que en 2012 realizaron declaraciones sobre los riesgos que acarrea la instalación de industrias megamineras sobre la salud del pueblo, fuentes de agua y ambiente en general. Así como a las certezas brindadas, en idéntico sentido, por el pediatra Dr. Miguel Webb en Comodoro Rivadavia.

Habiendo anunciado el Presidente Macri la puesta en marcha del Proyecto Navidad, destacamos el desprecio que se desprende ante una Provincia que hace ya 20 años, desde la lucha contra el repositorio nuclear en Gastre, pelea por un ambiente sano, sin contaminación, para las actuales y futuras generaciones.

A partir de esta embestida del Gobierno Nacional instamos a los y las Legisladoras/es a tratar y aprobar la Iniciativa Popular que pone freno al uso de químicos tóxicos que alterarían las napas de agua, el Río Chubut y la costa marítima, respetando la voluntad popular de hacer llegar un proyecto de Ley hecho por el Pueblo y para el Pueblo, en defensa del agua, la tierra y la vida.

En la defensa del agua, que, según sus propias palabras, el gobernador Das Neves dice compartir con las asambleas,  hay acciones concretas que favorecerían esa protección. Por eso reclamamos al Sr. Gobernador: dar de baja a las concesiones mineras vencidas, entre ellas el Proyecto Navidad, instar a la legislatura provincial a dar tratamiento y aprobación a la Iniciativa Popular, e incorporar la prohibición de la megaminería en el proyecto de reforma de la Constitución que se está impulsando. Estas acciones harían de la defensa ineludible del agua una concreción, reflejada en los sentimientos de la mayoría de la población.

 No es la decisión de un gobierno de turno cambiar el destino de una región, faltando a los derechos de los ciudadanos y de las futuras generaciones y provocando la pérdida irreparable de la Naturaleza. Nos oponemos al modelo extractivo que interpreta  a la naturaleza como producto.

Seguimos en Alerta y Movilización, con creatividad y perseverancia, hasta que se vayan las megamineras!!!!

El próximo encuentro de la UACCh será en la zona de la Meseta, reafirmando que no existen zonas de sacrificio posible, que la vida se defiende en todo el territorio chubutense.

TRELEW, 14 de Mayo 2016

NO ES NO

¡EL AGUA Y LA VIDA NO SE NEGOCIAN!   


Comisión del Eurolat aprobó un informe crítico sobre fracking

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Un giro en 180 grados

“Un informe contradictorio”. Así fue la conclusión del debate sobre el fracking realizado al interior del Eurolat, principal espacio parlamentario de América Latina y Europa. La Comisión de Desarrollo Sostenible aprobó un documento con fuertes críticas a esta técnica, sin embargo no votó positivamente la recomendación de una moratoria al fracking en ambos continentes.

eurolat portugal

OPSur.- El informe, impulsado originalmente por la eurodiputada de la derecha española, Pilar Ayuso, buscaba la promoción irrestricta del fracking, señalando las supuestas bondades de la técnica e invisibilizando sus crecientes impactos y detractores. Sin embargo la acción concertada de organizaciones sociales de ambos continentes logró hoy en Portugal modificar por completo el sentido del reporte. “Hace un año junto con más de 200 organizaciones sociales, presentamos un documento crítico del informe, que fue la base para realizar cerca de 180 enmiendas que desarmaron el esquema original planteado por Ayuso”, señaló Antoine Simon, de la organización Amigos de la Tierra Europa. “Esa acción permitió que le pusiéramos un freno a sus intenciones y podamos hoy tener este documento tan importante”.

El informe aprobado esta mañana en Lisboa contiene elementos que se convertirán en herramientas para la oposición al fracking en los diversos territorios de ambos continentes. En primer lugar llama a la utilización del principio precautorio como guía de acción ante la aplicación del fracking. Al mismo tiempo insta a los gobiernos a respetar el consentimiento previo libre e informado que asiste a los pueblos indígenas y su principio de autodeterminación. Reconoce que los diferentes marcos regulatorios permiten a las empresas operar con distintos estándares en uno y otro continente y llama a las compañías a cumplir las normas internacionales, como por ejemplo respetar las Áreas Protegidas y a las comunidades locales. Finalmente desacredita una supuesta “revolución del shale”, descartándola como una energía limpia y llama a una verdadera transición energética renunciando a la dependencia exclusiva de los hidrocarburos.

Sin embargo no fue aprobada la enmienda que proponía la declaración de una moratoria al fracking en ambos continentes. “Es un informe muy contradictorio porque si bien llama a aplicar el principio precautorio, finalmente no insta a una moratoria, que sería lo lógico”, advirtió Felipe Gutiérrez, del Observatorio Petrolero Sur. “Sin embargo consideramos que esta iniciativa se puede volver a poner en discusión en el pleno del Eurolat, ya que conseguimos importantes apoyos para modificar este informe, del discurso empresarial del “fracking seguro” a resaltar los enormes impactos de esta técnica”, complementó.

La propuesta de moratoria fue apoyada por numerosos grupos políticos, como el MAS boliviano, el PSUV venezolano, el PS chileno, el PT de Brasil, Alianza País de Ecuador y los grupos europeos Izquierda Plural y Los Verdes. Sin embargo la división del voto de la socialdemocracia europea, así como la oposición de la derecha europea y latinoamericana junto con la delegación argentina, determinaron que la enmienda fuera rechazada por 13 votos contra.

“Si prohibimos el fracking tendríamos que prohibir los hospitales”

La votación fue precedida por un debate entre los miembros de la Comisión, donde distintos diputados relevaron el hecho de que pudiera ser mejorado el reporte, respecto de su versión original. En esa instancia los representantes Javier Couso (Izquierda Plural, España), Edgard Mejía (MAS, Bolivia) y Alfonso de Urresti (Partido Socialista, Chile) destacaron la necesidad de que cualquier recomendación del Eurolat respete los derechos indígenas y sostenga como elemento fundamental el principio precautorio.

En una vereda totalmente opuesta se mostró la diputada Ayuso, quien señaló que “si apoyamos la moratoria, entonces también tendríamos que prohibir los hospitales porque producen sustancias tóxicas o la agricultura porque contamina pozos de agua”, para finalizar pidiendo que apoyen las enmiendas “sin caer en dogmas o supersticiones”.

El Eurolat es una Asamblea Parlamentaria cuyos informes no son vinculantes, sin embargo, sus recomendaciones son luego utilizadas para blindar decisiones geopolíticas. Además del fracking, a través de estas instancias se ha intentado promover iniciativas en favor de la megaminería y los tratados de libre comercio. El documento aprobado hoy por la Comisión de Desarrollo Sostenible debe ser refrendado por el pleno del Eurolat que tendrá lugar en septiembre en Montevideo.

Internacional


PNCalilegua

Calilegua: claroscuros de la remediación y persistencia de los intereses extractivistas

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Trabajadores y las trabajadoras del parque y la Asamblea de Organizaciones en Defensa del Parque Nacional Calilegua se movilizaron ante la llegada a la zona de autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) con un petitorio que va desde los despidos y la contaminación petrolífera del parque hasta la continuada violación de leyes internacionales sobre consulta a los pueblos originarios.

PNCalilegua

Por Colectivo Radio Pueblo

[Escuchar audio de la entrevista]

Enterados los trabajadores y las trabajadoras del Parque Nacional Calilegua (PNC) y la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC de la llegada a la zona de autoridades de la Administración de Parques Nacionales (APN) se movilizaron al sitio de reunión, a la que no fueron invitados pese a su conocida lucha, para expresarles sus reclamos en varios puntos que, aún con el cambio de autoridades, siguen sin respuesta desde las administraciones anteriores y que van desde los despidos y la contaminación petrolífera del parque hasta la continuada violación de leyes internacionales sobre consulta a los pueblos originarios.

Si bien en un principio el presidente de la APN, Eugenio Brèard, no se avino a entrevistarse con los integrantes de la asamblea por “estar ocupado”, en palabras del jefe de Gabinete, Santiago Montanaro, sin embargo la permanencia de los trabajadores y la asamblea logró la entrevista buscada y el planteo de algunos de los puntos principales del petitorio por el que vienen movilizando.

Uno de los varios puntos exigidos fue respecto de la situación laboral de una compañera del Parque Nacional Calilegua, Lucía Brunetto, que aún se encuentra despedida pese a las promesas que se vienen sucediendo. Lucía era quien administraba distintos proyectos sociales vinculados al parque para las comunidades colindantes tales como infraestructura y capacitación, labor social del PNC que queda así desatendida.

Sobre este particular cabe mencionar que la respuesta del presidente de la APN fue desconocer la existencia de despedidos de Parques Nacionales, argumento que fue rebatido in situ por la propia compañera despedida pero que, para no prolongar la nota, resultó un argumento reiterativo de las autoridades frente a casi todos los items planteados: el desconocimiento de situaciones debido a su novedad en el cargo. Vale aclarar que el presidente de directorio de Parques Nacionales fue designado por el decreto 236/2016 del 25 de enero de este año, hace más de 4 meses.

Otra exigencia de los trabajadores y trabajadoras del parque y de la asamblea fue la limitada e irregular designación de la comisión ad hoc para la remediación petrolera del PNC.

Limitada en el sentido que no cuenta esta comisión con participación de la parte civil, y por supuesto ninguno de los integrantes de la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC ni de los trabajadores y trabajadoras de parques que la integran, quienes son precisamente los que han hecho conocer nacionalmente la crisis ambiental de la explotación petrolífera del parque.

En cuanto a lo irregular, pues tiene varias aristas. Por un lado varios de los pueblos originarios cuyos territorios históricos se superponen con el del PNC y que forman parte de la asamblea en defensa del mismo no fueron invitados a participar de la comisión, pese a la existencia de leyes internacionales que exigen la consulta previa, libre e informada de todos los pueblos afectados en su territorio. Por otro lado, los representantes de Parques Nacionales nombrados para la comisión, Julio Monguillot y Raúl Chiesa, no sólo no fueron elegidos bajo ningún proceso de consulta, sino que a Monguillot le fue abierto un sumario en 2013 por el entonces guardaparque del PNC y fiscalizador del yacimiento, Guillermo Nicolossi, por acciones que favorecían a las empresas petroleras a través de un proyecto de explotación que se extendía por 24 años; Chiesa, en ese momento vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales, fue quien cajoneó la investigación mientras Carlos Corvalán, presidente de la APN, avalaba el proyecto extractivo; razón por la Nicolossi presentara en 2014 una denuncia administrativa ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas frente a las actuaciones de Chiesa y Corvalán. En febrero de 2016 la denuncia ante la citada fiscalía fue ampliada por Néstor Sucunza, Intendente del PNC.

Se llega de esta manera al absurdo actual donde los denunciantes del extractivismo vulnerante del PNC quedan como meros espectadores de un necesario proceso de remediación del parque nacional y donde los representantes de la APN en la comisión ad hoc que debe decidir y fiscalizar las acciones de saneamiento del PNC son nada más ni nada menos que los trabajadores de parques sospechados o denunciados por favorecer a las petroleras, cuyas secuelas ambientales son ahora los responsables (un eufemismo) de resolver.

Los claroscuros no paran allí, pues Chiesa y Monguillot fueron nominados a la comisión ad hoc por la funcionaria del área conservación de la APN, quien luego de nominarlos renunció a su puesto, quedando hasta ahora dos personas sospechadas nominadas por la anterior funcionaria y el área virtualmente desierta para nuevas actuaciones.

Las consecuencias de tal situación son insospechadas, pues así las cosas quedan algunas preguntas clave sin responder. En una entrevista a Moisés Corregidor, trabajador del PNC y miembro de la Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC, algunos de los alcances del gris pueden auscultarse: “como dato para la opinión pública, sellar uno de estos 32 pozos (petroleros abiertos en el Parque Nacional Calilegua) significa un gasto que ronda los 30 millones de pesos, millones más millones menos, y sellar el pozo 3, que ellos piensan como primera medida, es más caro, aproximadamente 5 veces lo que significan los otros pozos, o sea 150 millones de pesos para ese pozo que está colapsado”. Al preguntarle quien pagaría ese costo, la respuesta fue concisa y clara “es lo que no sabemos”. Acaso ese punto oscuro acabe arrojando en realidad más luz a los hechos.

La Asamblea de Organizaciones en Defensa del PNC exigió al presidente de la APN, quien alegó desconocer a fondo la situación, la impugnación de los designados a la comisión ad hoc y consecuentemente la designación de nuevos representantes a dicha comisión, donde también se debe tener en cuenta la participación de la parte civil, y en particular el respeto a las leyes internacionales que exigen la consulta previa, libre e informada de todos los pueblos originarios afectados.

Para finalizar al menos en los puntos centrales del petitorio, y rizando el rizo de esta nota, los trabajadores del PNC expresaron su apoyo a los trabajadores del Parque Nacional los Glaciares, que vienen denunciando violencia laboral consistentes en maltratos y amenazas de despidos en ese parque. El denunciado por ello es el actual intendente del Parque Nacional los Glaciares, anterior presidente de la APN y ya citado más arriba en esta mismo texto: Carlos Corvalán.

Red Eco Alternativo


tlc

Se constituyó la “Asamblea Argentina mejor sin TLC”

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tlc

En el marco de un encuentro con cerca de quince organizaciones, quedó formalmente constituida la Asamblea Argentina mejor sin TLC. Reunidos en la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA A) el 11 de mayo, las organizaciones y personalidades presentes acordaron conformar un espacio de campaña con el fin de tomar acciones sobre la agenda de libre comercio llevada adelante por el gobierno de Mauricio Macri.

En un primer momento del encuentro, Luciana Ghiotto, miembro de ATTAC-Argentina, dio inicio a la actividad contextualizando sobre los frentes de negociación abiertos por el gobierno argentino con el fin de liberalizar el comercio: el tratado entre la Unión Europea y el Mercosur, que pretenden que sea firmado antes de fin de 2016; la relación comercial con Estados Unidos, asunto en el que se avanzó durante la visita de Barack Obama en marzo; y finalmente el acercamiento de Argentina al Acuerdo Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés), el cual fue firmado en febrero por 12 países, 3 de los cuales son latinoamericanos: Chile, Perú y México. Terminando la introducción, Ghiotto puso énfasis en que los plazos para reaccionar y construir una campaña en contra de la agenda de liberalización son muy cortos por lo cual la reacción de las organizaciones debe ser rápida y eficaz.

Modesto Emilio Guerrero, analista venezolano, destacó que 14 años atrás pudimos derrotar el avance del capital con el No al ALCA. Sin embargo, ahora nos volvemos a encontrar para refutar un proyecto de libre comercio, ya que desde el Sur, desde América Latina hemos sido incapaces de construir una estructura sólida y adecuada de integración alternativa para frenar la actual ofensiva feroz del capital. Explicó que es menester que hoy nos organicemos para frenar esta nueva oleada neoliberal.

Cerrando el panel informativo, Julio C. Gambina de CTAA resaltó que no se trata únicamente de una agenda de libre comercio sino de libre circulación de capitales, de una ofensiva del capital sobre el trabajo, los bienes comunes y la vida de los pueblos. Argumentó que lo único que en su momento pudo frenar el proyecto del ALCA fue la movilización popular y que por ello hace falta recuperar el espíritu de aquella época, construyendo una campaña en contra de la firma de cualquier TLC en Argentina y en la región.

Tras abrirse al debate, se pasaron algunos datos importantes con respecto a la agenda de movilizaciones que la Asamblea se propone desplegar: el 4 de noviembre próximo será la Jornada Continental de Lucha contra el Libre Comercio, día para el cual debemos organizar una movilización masiva; entre el 19 y 21 de septiembre por su parte, se va a realizar un encuentro de parlamentarios de la Unión Europea y del Parlasur (llamado Eurolat) en Montevideo donde se discutirá el tratado entre la UE y el Mercosur, para lo cual coordinaremos con las organizaciones uruguayas con el fin de generar una acción conjunta.

En las intervenciones surgieron diferentes tipos de iniciativas. Se destacó la importancia de conocer exhaustivamente lo que se está negociando secretamente para poder tener una incidencia efectiva. Se insistió en la necesidad de especificar los costos sociales que conllevan los tratados de libre comercio, para lo cual se puede utilizar la experiencia de los países que ya han firmado estos tratados, como Colombia o Chile. En este sentido, se habló de la posibilidad de generar espacios de formación, replicando cursos y actividades para las organizaciones, así como tender puentes con las universidades. También se resaltó la necesidad de elaborar material pedagógico para la difusión, generando una estrategia de propaganda visual masiva.

Terminando la reunión, se acordó la creación de un listado de correos electrónicos a través del cual todas las organizaciones presentes pueden aportar elementos para la elaboración de una declaración que defina la existencia del espacio de Campaña, con el cual poder intervenir frente a las autoridades gubernamentales, como la Cancillería, y que sea útil asimismo para convocar a nuevas organizaciones para que participen en la Asamblea.

Se acordó que la próxima reunión será el jueves 26 de mayo a las 18.30 en la CTA A (Lima 609, 1er piso).


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Calilegua: trabajadores exigen integrar la comisión por actividad petrolera en el PNC

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Calilegua

Los trabajadores del Parque Nacional Calilegua, junto con organizaciones sociales e indígenas, cuestionaron la Comisión Ad Hoc, que tiene como objetivo detener la explotación petrolera ilegal al interior del parque. Las organizaciones exigieron que sean integrados a la Comisión los trabajadores del Parque, así como también representantes de los pueblos originarios, de los vecinos y  de los trabajadores petroleros. Al mismo tiempo impugnaron a dos miembros de la comisión por “haber faltado a sus deberes de funcionarios públicos que intentaron durante la gestión anterior garantizar la entrega”.

Ver el Comunicado de la Asamblea de Organizaciones en defensa del Parque Nacional Calilegua

Ver también:

Organizaciones en Defensa del PN Calilegua se pronuncian por ley de cese a explotación

Parque Nacional Calilegua: ¿La ley 5889 es suficiente?


Foto César Izza// Congreso Socioambiental de Unter

Declaración del 1er Congreso Socioambiental de la Unter

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“Por la construcción de nuevos órdenes socioambientales”

Nos encontramos reunidos en Fiske Menuco (General Roca) docentes de toda la provincia de Río Negro, delegados y delegadas sindicales, militantes ambientales, representantes de la ciencia y la investigación, trabajadores y trabajadoras que nos sentimos convocados por la creciente degradación y conflictividad ambiental en nuestros territorios, agravada por la ejecución de proyectos extractivos impuestos a nuestros pueblos por el modelo de producción y saqueo hegemónico.

Foto César Izza// Congreso Socioambiental de Unter Durante dos días profundizamos el análisis de las situaciones que agravian a nuestra provincia y región, a nuestras comunidades, nuestros estudiantes, nuestros vecinos, compartimos experiencias, reforzamos vínculos, definimos estrategias y propuestas de acción colectivas que favorezcan la construcción de nuevas miradas, nuevas subjetividades, nuevas formas de convivencia con la Naturaleza, y entre nosotros y nosotras, hombres y mujeres que habitamos este territorio.

Aspiramos a nuevos escenarios ambientales, donde el respeto por la vida y el ejercicio efectivo del derecho a un ambiente sano, de todos los seres que habitamos este Planeta sean los valores esenciales en que se funde un nuevo paradigma que organice nuestra comunidad. Haber trastocado estos valores sometiéndolos en función de los intereses de los sectores privilegiados ha conducido a la acumulación de capital y el lucro como único proyecto civilizatorio económico-político-cultural que se ha sostenido en la explotación de seres humanos y naturaleza, provocando desigualdad, destrucción, e infortunio sin fin.

Vivimos en un territorio que es ríos, que es bosques, que es estepa, que es mar, que es viento… y que también es historia, es cultura, es identidad, es proyecto de vida. El sistema impuesto históricamente en la región ha destruido culturas, masacrado pueblos, fragmentado el territorio. Miradas que ven un “desierto” a ser conquistado, desdeñan la diversidad, fragmentan y mercantilizan la vida, sostenidas por los intereses y el accionar político que confluyen en profundizar un modelo de expoliación de los bienes comunes disfrazado de “progreso”.

Rechazamos este tipo de argumentaciones. Sostenemos que los proyectos que buscan impulsarse en la provincia (mega-minería, expansión hidrocarburífera, agronegocios, sobre explotación pesquera, entre otros) lejos del bienestar social esgrimido, depredan bienes naturales; contaminan agua, el suelo y atmósfera, a veces de manera irreversible; producen profundos desequilibrios sociales; vulneran derechos territoriales de comunidades y pueblos originarios; atentan contra la autonomía y autodeterminación; y generan graves consecuencias para la salud de las personas y los ecosistemas.

Estos proyectos vienen impulsados por los intereses de los poderes económicos y la connivencia de los funcionarios de turno. El estado facilita en casi todos los casos y aún en contra de las comunidades, la concreción de proyectos contaminantes, por ejemplo, hace cuatro años, la legislatura provincial derogó la “Ley Anti-cianuro” (N° 3981) que regulaba la actividad minera, en contra de la voluntad popular y a favor de las empresas del sector. Simultáneamente, el poder económico despliega una variada gama de estrategias de cooptación. Opera sobre los espacios académicos, de investigación, educativos y los medios de comunicación para condicionar la construcción y difusión del conocimiento.

En ese sentido, en nuestra provincia, señalamos la creación de una Tecnicatura en Minería, con orientación extractivista, en Jacobacci, donde hace años que la comunidad se opone al proyecto de minería de oro de Calcatreu. También, el dictado de cursos de formación docente sobre “Educación energética y ambiental” organizados en Bariloche, por la Fundación YPF y el Ministerio de Educación, al tiempo que en la provincia crece la resistencia al avance de la explotación hidrocarburífera.

Un sistema con graves costos humanos y ecológicos, cuyas consecuencias se ocultan, se niegan, minimizan en un procedimiento que incluye la descalificación y cuestionamiento a nuestros investigadores y su abundante corroboración científica.

Nuestra producción frutihortícola se ve seriamente dañada por los mismos intereses. Avanza la explotación hidrocarburífera, el fracking y la especulación inmobiliaria sobre las tierras que nuestros ancestros lograron fertilizar en décadas de paciencia, amor y trabajo sobre territorios áridos y que hoy, volverán a la aridez de la especulación.

En algunas regiones, como en el resto del país, advertimos el avance del agronegocio enfocado en la producción de granos para la exportación, el uso desmedido de agrotóxicos, la homogenización y estandarización de variedades en frutas, verduras, incluso algunas genéticamente modificadas (con pérdidas trascendentes de biodiversidad). Todos sometidos a la lógica del mercado y sus intereses.

En la nueva desertización, productores y consumidores están igualmente condenados al ritmo de la desaparición de peras y manzanas flanqueadas por las torres de la ambición. En este contexto, la producción de alimentos nada tiene que ver con la soberanía y seguridad alimentaria ni con la cultura de los pueblos, sino con los intereses del mercado. En nuestra cordillera la pérdida de bosque nativo por desmontes e incendios, en su inmensa mayoría intencionales, son coletazos de la especulación inmobiliaria. Esta pérdida representa una inmensa pérdida de biodiversidad y profundiza el riesgo y los daños en las nacientes de las cuencas, sumándose a los efectos del calentamiento global, con el retroceso de glaciares y reducción de precipitaciones.

Valoramos el rol de nuestras comunidades y organizaciones que alertadas por los daños irreversibles sobre su entorno y el ejercicio de sus derechos, han decidido resistir el avance de estos proyectos destructivos y defender los bienes naturales y la vida.

Nuestro Congreso

Se pronuncia categóricamente en contra del modelo de desarrollo impuesto por el poder hegemónico que genera desigualdad, injusticia, explotación, saqueo, dolor, poniendo en peligro la vida. Todo daño a la naturaleza es daño a la humanidad. No hay ni habrá justicia social sin justicia ambiental.

Sostiene que existen alternativas, otras formas de habitar el planeta, de convivir en armonía y se compromete a protagonizar esa búsqueda y construcción, desde el conocimiento y la organización.

Reafirma la importancia decisiva que tiene para las comunidades el rol docente en función de difundir, problematizar, debatir y construir conocimientos estratégicos sobre estas realidades ocultadas, minimizadas y distorsionadas desde el poder.

Recoge las inquietudes de los participantes en el sentido de promover mejores articulaciones educativas en la comprensión de la relación salud – alimentación y en develar los procesos que conspiran obturando el ejercicio efectivo del derecho a una alimentación suficiente, nutritiva, oportuna, disponible y culturalmente adecuada para toda la población.

Señala en particular la necesidad de esclarecer los intentos renovados del poder dominante, en procura de usar el sistema educativo como herramienta de penetración a favor de sus intereses, incluso pretendiendo cooptar las organizaciones sociales y sindicales.

Reafirma la importancia de que la UnTER amplíe el tratamiento de la problemática abordada en el Congreso hacia otros actores sociales, contribuyendo a la formación de los trabajadores en función de precaver, prevenir, mitigar, atemperar, resolver y recomponer los daños ambientales que generan los procesos de producción y consumo en marcha.

Propone:

• Impulsar la incorporación de la problemática ambiental desde el Pensamiento Ambiental Latinoamericano en todos los niveles y las modalidades del sistema y especialmente en la formación y actualización docente.

• En lo inmediato garantizar la inclusión de estos contenidos en la transformación curricular en todos los niveles.

• Impulsar la creación de áreas o departamentos institucionales específicos para el abordaje de la problemática ambiental en las escuelas, con el objetivo explícito de transversalizar las currículas.

• Institucionalizar el área ambiental en el sindicato.

• Que el 5 de junio, día mundial del Ambiente, sea un día de acción ambiental de la UnTER en toda la provincia.

• Realizar publicaciones específicas en formato impreso, digital, audiovisual.

• Adherir y apoyar por diversos medios la campaña por la restitución de la Ley Anti-cianuro.

• Lanzar una campaña provincial sobre hidrocarburos y minería.

• Proponer la realización de una campaña de difusión y concientización sobre el derecho social inalienable del acceso al agua.

• Exigir que en las escuelas potencialmente afectadas por actividades altamente contaminantes se realice controles sobre el estado del agua que se consume y un relevamiento epidemiológico a fin de identificar posibles impactos sobre la salud de la comunidad educativa.

Finalmente, nos convoca la indignación, pero también la esperanza y la convicción de que existen otras formas posibles de vincularnos, de vivir en armonía con la Tierra y con la Naturaleza como un todo.

No debemos ni podemos caer en la resignación o indiferencia. Estamos convencidos de que la acción colectiva, la capacidad de organización, el espíritu solidario y el compromiso de las muchas expresiones de lucha y resistencia en nuestra provincia, la región, el país, en nuestra América y en todos los rincones del Planeta, tienen la capacidad de transformar el mundo, de cambiar la historia.

Por esta razón nuestro Congreso asume el firme compromiso de trabajar en todos los ámbitos por la construcción de nuevos escenarios ambientales comprometidos con la liberación de nuestros pueblos.

Fiske Menuco – Gral. Roca 6 de julio de 2016


amazonas

Campaña para financiar documental “Lágrimas de Aceite” en la amazonía peruana

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El colectivo Alerta Amazónica ha puesto en marcha un nuevo proyecto documental en la Amazonía de Perú.

Este verano, viajaremos a los ríos Tigre y Marañón, recorriendo comunidades Awajún y Huampis para documentar los impactos a la salud y al medio de los últimos derrames de petróleo provocados por las fugas del Oleoducto Norperuano.

Como sabéis, somos un colectivo independiente que no tiene ninguna fuente de financiación ni acceso a subvenciones. Por este motivo, hemos decidido poner en marcha una campaña de micro-mecenazgo a través de la plataforma Verkami.

Hoy martes 10 de mayo hemos puesto en marcha una colecta de micro-aportaciones para financiar nuestro proyecto y en los próximos 40 días aspiramos a reunir 4.000 euros que serán destinados a transporte, completar el material de grabación y a cubrir parte de la edición del documental.

Puedes ver más detalles y nuestros trabajos anteriores en la presentación del proyecto:

http://www.verkami.com/locale/es/projects/14817-documental-lagrimas-de-aceite-rastros-de-petroleo-en-la-amazonia

Es importante que la campaña comience con fuerza para generar confianza y contagiar los apoyos en el proyecto.

¿Cómo nos puedes ayudar? – Difundiendo la campaña entre tus contactos. – Si has pensado en aportar, hacerlo los primera días tiene un efecto contagioso. Muchas gracias, Lidia y Marc Equipo ·Lágrimas de Aceite”- Alerta Amazónica 2.016 Nuestra campaña:


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Justicia de Zapala reconoce principio de “libre determinación” de la comunidad Paineo

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La Justicia zapalina falló a favor de la Comunidad Paineo para el uso de su campo de veranada ante el alambrado que realizó en ese territorio la empresa Bosque Andino.  El fallo considera que en este caso debe ser aplicado el principio de la “libre determinación de los pueblos indígenas” que “es una obligación de garantía para el Estado que tiene la obligación de garantizar derechos”

paineo

Comunicado de Comunidad Paineo sobre Veranadas

Desde tiempos inmemoriales las familias Morales y Doña Angélica Quiroga de la comunidad Paineo poseen campo de veranada en el paraja “La Rocilla” en la zona conocida como “La Pistola” entre Las Coloradas y Pilo Lil. Su posesión está acreditada con documentación desde el año 1941.

Desde 1998 en adelante la Dirección de Tierra de la Provincia de Neuquén promovió y facilitó el despojo de una parte de estas tierras queriendo entregarlas a la empresa Bosque Andino S.A. quién finalmente recibió por parte de la Provincia de Neuquén un título de propiedad. Numerosos reclamos de nuestra comunidad mapuche ante dicha repartición de la administración pública fueron en vano y recibieron incluso un rechazo explícito. En el año 2010 la empresa procedió a alambrar estas tierras. La comunidad mapuche Paineo reclamó sus derechos posesorios en el juzgado de primera instancia en los civil, comercial, laboral y de minería Nro 1 de la ciudad de Zapala con un interdicto de recobrar la posesión “COMUNIDAD PAINEO C/EMPRESA BOSQUE ANDINO S.A. S/INTERICTO DE RECOBRAR”.

El día 29 de abril de 2016 el Juzgado de primera instancia de la ciudad de Zapala falló a nuestro favor condenando a a la empresa Bosque Andino S.A. a “restituir la posesión excluida con construcción de alambrados” a nuestra comunidad.

Nos alegra que el fallo considera la posesión debidamente acreditada y la legitimación activa de la Comunidad Mapuche Paineo en este reclamo y que  “se encuentra plenamente facultada para peticionar en las presentes actuaciones”. Cabe señalar que la misma fue rechazada no solamente por la empresa Bosque Andio S.A. sino también por la Dirección de Tierra de la Provincia de Neuquén, queriendo tratar con la comunidad mapuche como simple inquilinos del estado provincial,  intentando degradar nuestros derechos constitucionales a meros contratos del estado con fiscaleros individuales.

El fallo considera que en este caso debe ser aplicado el principio de la “libre determinación de los pueblos indígenas” que “es una obligación de garantía para el Estado que tiene la obligación de garantizar derechos. Reconocimiento de la libre determinación o autodeterminación como una obligación de respeto.”  Asimismo considera que “acreditada la posesión por una integrante miembro de la Comunidad Paineo, ésta última en su nombre se encuentra plenamente legitimada para peticionar en su representación”.

Compartimos con la opinión pública nuestra satisfacción sobre este fallo que reconoce nuestro derecho de posesión sobre esta parte de nuestro territorio comunitario, y afirma nuestro derecho de libre determinación en nuestra organización comunitaria.

Para contactos ofrecemos el teléfono de nuestro apoderado legal, Dr. Germán Zuñiga: 02942 – 15 – 402460


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La Fracturación Hidráulica en la Sierra Norte de Puebla

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Dados los nuevos retos que la Reforma Energética genera y el impulso que la misma da a la explotación de hidrocarburos no convencionales mediante la fractura hidráulica, han surgido por todo el país voces de alarma ante las implicaciones que esta actividad supondrá para los territorios, el medio ambiente y los derechos humanos en México. Entre las zonas que se verán directamente afectadas por esta actividad se encuentra la Sierra Norte del estado de Puebla, en la cual ya se han entregado áreas para la exploración de petróleo y gas en yacimientos de lutitas, es decir, en yacimientos no convencionales.

Es ante este contexto que surgió la necesidad de llevar a cabo una investigación sobre la fracturación hidráulica en esta zona, que permita a la población contar con mayor información sobre el uso de la fracturación hidráulica. Los datos recabados permitieron conocer que: I) los pozos han sido fracturados mediante esta técnica en la región, aunque no podemos conocer por el momento si se trata de yacimientos convencionales o no convencionales; II) las áreas que ya han sido otorgadas a Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte de la Ronda 0 de la Reforma Energética, para la exploración de yacimientos no convencionales en la Sierra Norte; y III) los planes de la Secretaría de Energía (Sener) para entregar nuevas áreas para esta actividad a empresas privadas y públicas, como parte de la Ronda 2 y la Ronda 3 de licitaciones que se realizarán en los próximos años. Los municipios afectados incluyen territorios de comunidades campesinas e indígenas de los pueblos nahua, totonaco, otomí y tepehua.

La situación revelada por el diagnóstico realizado, cuyos hallazgos se presentan de manera detallada a continuación, indica la necesidad de comenzar a planear y llevar a cabo estrategias de defensa de la Sierra Norte dados los efectos que tendrá para la región la intensificación de la fracturación hidráulica. En este sentido, es imprescindible que la población de los 35 municipios potencialmente afectados por esta actividad en la Sierra cuenten con esta información y puedan llevar a cabo acciones organizativas y preventivas. Igualmente importante es que los resultados de la investigación sean conocidos por la población de otros municipios de Puebla y de otros estados, la cual -de llevarse a cabo el uso intensivo de la fracturación hidráulica- verá dramáticamente afectada la disponibilidad y calidad del agua que consume dado que existen cuencas hidrográficas comunes. Por último, esta información es valiosa como un primer paso que permite dimensionar los impactos negativos que la Reforma Energética y la explotación de gas y petróleo no convencional tendrán en México, los cuales son fundamentales para dar más elementos que permitan prohibir esta técnica en nuestro país.

Aroa de la Fuente y Manuel Llano, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. Consejo Tiyat Tlali Alianza Mexicana contra el Fracking

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Más de 600 indígenas toman instalaciones de Petroperú en Loreto

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Más de 600 indígenas tomaron las instalaciones de la empresa estatal Petroperúcomo medida de protesta y bloquearon el ingreso a las mismas, a la espera de que lleguen los representantes del gobierno nacional para que atiendan sus demandas.

Lo que exigen los manifestantes es la ampliación del estado de emergencia -que vence el 27 de abril-, la indemnización a las 25 comunidades afectadas por el derrame de petróleo, pago por derechos indígenas, la construcción de tanques de agua y piscigranjas (que serían acuerdos incumplidos hasta ahora).

Así lo precisó Segundo Hernández, director nacional de la justicia especial para los pueblos indígenas, informó Canal N.

Los nativos que tomaron las instalaciones de la empresa estatal pertenecen a las etnias Awajún, Shapras, Shawis y Huambisa. La zona en la que se concentran es el pozo de Casha Caño, donde se había venido represando el petróleo derramado en el río Morona; en el que, además, las comunidades venían apoyando en recolectar el crudo.

LaMula.pe se comunicó con el área de Comunicaciones de Petroperú, que indicó que se trata de un problema entre etnias que se disputan la representatividad de la mano en obra en los trabajos de remediación en la zona. No quisieron dar más detalles y dijeron que en las próximas horas emitirán un comunicado al respecto.

#LaSelvaSomosTodos: Un nuevo plantón contra el derrame de petróleo en la Amazonía Defensoría confirma que sí hubo derrame de petróleo en Cajamarca que Petroperú negó Comunidades nativas demandan a Petroperú por derrame de petróleo en Loreto y Amazonas Estos son los 20 derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano de los últimos cinco años Derrame de petróleo: Indígenas de Mayuriaga y Petroperú firman acta de compromiso Gracias, Leonardo DiCaprio: Ahora el mundo conoce del derrame de petróleo en la selva peruana