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El extractivismo viola los derechos humanos

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos difundió un informe que cuestiona la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas. El informe sostiene que esas actividades condenan a los pueblos originarios.

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Por Darío Aranda

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor organismo continental en la materia, afirmó que la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas violan los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así lo determinó en un extenso informe donde detalla que los gobiernos de la región priorizan su alianza con las empresas extractivas por sobre las leyes que protegen a la población. La CIDH denunció que se condena a las comunidades indígenas a la pobreza, desalojos y muerte. En Argentina existe un piso de 183 conflictos por territorios indígenas.

“Pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales: protección de derechos humanos en el contexto de actividades de extracción, explotación y desarrollo”, es el nombre del informe publicado por la Comisión Interamericana. “La llegada del siglo XXI trajo consigo un aumento de las extracciones mineras y petroleras en el continente. Igualmente, ha aumentado significativamente la presencia de monocultivos de exportación que cubren amplios territorios, con altos impactos ambientales”, detalla.

Precisa los avances de los cultivos de soja, caña de azúcar y palma aceitera. Y afirma: “La Comisión ha podido observar que se han producido serios impactos en los derechos humanos de las poblaciones. Es reiterada y consistente la información recibida sobre impactos negativos ambientales, sociales, culturales y humanos que generan estas actividades”.

La CIDH dedica todo un apartado al modelo agropecuario de la región y alerta sobre “impactos desproporcionados” de la producción de palma aceitera, caña de azúcar y soja. “Tienen efectos ambientales agudos como la pérdida de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, el aumento del uso de agroquímicos, el avance de la frontera agrícola sobre áreas naturales, entre otros”, describe. Cuestiona la autorización de semillas transgénicas, “acción estatal que desconoce las formas propias del manejo y gestión de los territorios indígenas”. Recuerda que se autorizaron semillas transgénicas de soja, maíz y algodón en contra de la decisión de pueblos indígenas de contar con un territorio libre de transgénicos.

El máximo organismo de derechos humanos cuestiona a los gobiernos por el “poco apoyo económico a la agricultura indígena o campesina, la negación de la soberanía alimentaria, el despojo de tierras”. También cuestiona que los estados permiten (por acción u omisión) la migración forzosa y la contaminación de flora, fauna, suelo y agua.

Precisa que el modelo agropecuario actual “exige altas cantidades de agrotóxicos” que afectan la salud de la población y el ambiente.

La CIDH también afirma que la minería produce destrucción de ecosistemas donde se ubican las canteras, afectación del sistema hidrológico, contaminación del agua y emisiones de polvo, entre otras consecuencias. “Este tipo de proyectos puede suponer una seria contaminación por el vertimiento de sustancias en el medio ambiente, bosques y ríos. Estas afectaciones pueden llegar a ser devastadoras en casos de proyectos mineros a gran escala o cuando se otorga un gran número de concesiones de pequeña escala”, advierte.

Y explica que tras la culminación de la extracción minera “se carecen de planes de cierre y remediación ambiental adecuados que aseguren la superación de los pasivos ambientales generados”.

La investigación alerta que la explotación de hidrocarburos implica la apertura de trochas, las evaluaciones sísmicas y continua contaminación por derrames. “La CIDH ha recibido información sobre derrames en la selva amazónica debido a la rotura de oleoductos o tuberías generando, entre otros efectos, la presencia de cadmio en el agua. Se ha documentado ampliamente que la exposición al petróleo y a los compuestos químicos vinculados al mismo petróleo provoca efectos nocivos para la salud y la vida del ser humano”, afirma la investigación. Subraya que la explotación petrolera genera desechos tóxicos en todas las etapas de las operaciones, con permanentes hechos de contaminación y afectación de derechos indígenas.

El trabajo también cuestiona las represas que interrumpen el cauce natural de los ríos e impactan en las formas propias que tiene las comunidades indígenas de utilizar sus aguas, generalmente para la agricultura. Y vincula represas con el aumento de enfermedades como dengue, malaria, diarrea y problemas de la piel.

El informe, realizado con la colaboración de la ONG Iwgia (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas), concluye que el extractivismo provoca “graves impactos sociales y culturales, afectaciones en la salud, alteración en la calidad de vida, provocando desplazamientos (forzados) y daños irreparables a la tierra y los recursos naturales de los pueblos indígenas”. Las actividades extractivas “pueden poner en riesgo la existencia misma de los pueblos indígenas”, alerta la CIDH.

La ONG de derechos humanos Amnistía Internacional realizó en 2015 un mapa de conflictos indígenas de Argentina. Detectó un piso de 183 casos. “Son sólo un número representativo de los conflictos presentes en Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de sus derechos frente a gobiernos, empresas (agropecuarias, mineras, petroleras, de turismo –entre otras–), y ante jueces y fiscales del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, explicó Amnistía en el sitio web territorioindigena. com.ar, donde se pueden chequear y sumar nuevos casos.

Derecho a la consulta

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita a los Estados que apliquen el “derecho a la consulta” y al “consentimiento libre, previo e informado” ante cada acción que pudiera afectar a los pueblos indígenas (derecho vigente en distintas leyes nacionales y tratados internacionales, como el “Convenio 169 de la OIT”). La Comisión recuerda que no se pueden otorgar concesiones a empresas sin el visto bueno de las comunidades indígenas y afirma que no cumplir con ese derecho básico implica una violación de derechos humanos.

La Comisión afirma que cada vez que las comunidades indígenas se organizan y resisten a proyectos extractivos sobrevienen “actos de hostigamiento, amenazas y agresiones”. Se repiten persecuciones judiciales en contra de indígenas, presiones, secuestros y asesinatos. El extractivismo vulnera “el derecho a la vida”, define la CIDH.

Página 12


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26/08 | BsAs: Charla “Petróleo y Resistencias”

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El fracking en la Argentina y la resistencia indígena al extractivismo.

Proyección de Territorio Crudo

El Ciclo Reencuentros con Pueblos Originarios de la UNGS invita este viernes 26 de agosto a las 18hs a la Charla sobre Petróleo y Resistencias: El fracking en la Argentina y la resistencia indígena al extractivismo. Además proyectaremos la serie documental Territorio Crudo, una coproducción del Observatorio Petrolero Sur y el Colectivo Vaca Bonsai La actividad está referida a los conflictos actuales frente al Extractivismo y el apogeo del modelo de ?desarrollo? económico actual. Se abordará las luchas y resistencias de las poblaciones afectadas, así como el fortalecimiento organizativo de las comunidades, la defensa de la autonomía y las alternativas económicas frente a ello. Nos acompañará en esta oportunidad Felipe Gutiérrez del Observatorio Petrolero Sur. Lugar: Centro Cultural UNGS: Roca 850, San Miguel.

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Chile: Impactos del carbón en Zonas de Sacrificio

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Campaña #NoMasCarbon

‘Sr. Carbón’ es el protagonista de la producción audiovisual con que Fundación Terram busca concientizar a la ciudadanía sobre las consecuencias socio-ambientales del uso intensivo del carbón en distintas localidades del país.

#NoMasCarbon se denomina la campaña de concientización ciudadana que realiza Fundación Terram y que lanzó a través de la divulgación de un videoclip, el cual narra la historia del ‘Sr. Carbón’ y cómo el uso de este mineral ha contaminado el medio ambiente y afectado la salud y calidad de vida de comunidades desprotegidas, en este caso, de los habitantes de la Zona de Sacrificio ambiental que componen las localidades de Puchuncaví y Quintero, en el norte de la Región de Valparaíso.

El video puede visualizarse en el sitio web www.terram.cl donde además las personas pueden firmar apoyando esta causa. La campaña #NoMasCarbon también comprende la difusión de un segundo registro audiovisual.

Las llamadas Zonas de Sacrificio en el país son definidas como hábitats de alta concentración industrial, principalmente de plantas termoeléctricas operadas en base a carbón, siendo el caso de las localidades de Mejillones, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví-Quintero y Coronel.

El video de la campaña fue realizado gracias a la alianza con Chao Pescao, Media Factor y el Programa de Donaciones Ambientales de Patagonia Inc.

     


facundo jones huala

Comunicado por la libertad del preso político mapuche Facundo Jones Huala

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Con más de un centenar de adherentes, hoy se hizo público el “Comunicado por la libertad del preso político mapuche Facundo Jones Huala”. Mañana a las 14:00 está convocada una concentración en el Obelisco en Buenos Aires.

facundo jones huala

Se amplían las muestras de solidaridad por el Lonko Facundo Jones Huala preso político que se encuentra en la cárcel de Esquel en Chubut. Hoy se hizo pública una declaración con más de cien adherentes que piden su liberación y la no extradición a Chile, país que busca criminalizar la defensa territorial mapuche. “La detención de Facundo y este juicio no es más que un intento por deslegitimar el proceso político llevado adelante por el pueblo mapuche-tehuelche en Chubut. La Justicia de esa provincia (…) busca desvirtuar el problema político del despojo territorial mapuche a través de una campaña de criminalización acompañada por otros sectores políticos y medios de comunicación”, señalan en el comunicado.

Para mañana está convocada una radio abierta y concentración en el Obelisco en Buenos Aires a partir de las 14:00. Desde el lugar se transmitirá el programa Derrocando a Roca a través de FM La Tribu y en cadena con varias radios patagónicas y la participación de destacados artistas como la cantautora mapuche Beatriz Pichimalen.  La actividad es parte de la campaña de agitación por la libertad de Facundo que se lleva adelante en distintas ciudades de Puelmapu

Reproducimos el comunicado

Comunicado por la libertad del preso político mapuche Facundo Jones Huala

Desde hace casi dos años la comunidad Mapuche del departamento de Cushamen (Chubut) vive en un territorio que fue recuperado del empresario Luciano Benetton, uno de los mayores latifundistas del país . El 27 de mayo de este año la comunidad fue reprimida por varios grupos policiales. Ahí detuvieron a 7 hermanos y hermanas y sitiaron durante una noche a las personas que quedaron en la comunidad. Dentro de los detenidos está el Lonko [lider comunitario] mapuche Facundo Jones Huala. Sobre él pesa un pedido de extradición a Chile, donde fue criminalizado por acompañar las movilizaciones de sus hermanos mapuche en ese país. El miercoles 31 de de agosto se realizará el juicio por la extradición de Facundo a ese país, por lo que convocamos en Buenos Aires a una concentración y radio abierta en el Obelisco el sábado 13 de agosto a las 14:00.

La detención de Facundo y este juicio no es más que un intento por deslegitimar el proceso político llevado adelante por el pueblo mapuche-tehuelche en Chubut. La Justicia de esa provincia ya había intentado aplicarles la ley antiterrorista a otros hermanos en resistencia territorial, lo que demuestra que buscan desvirtuar el problema político del despojo territorial mapuche a través de una campaña de criminalización acompañada por otros sectores políticos y medios de comunicación.

Este hecho no es aislado. A lo largo de todo el país se han judicializado causas de recuperación de territorios ancestrales indígenas, desconociendo la legislación nacional e internacional que asiste a los pueblos originarios. Esto lo pudimos ver el año pasado en el juicio a las autoridades de las comunidades mapuche Wiñoy Folil y Winkul Newen que se oponían al avance petrolero en Neuquén.  A lo largo del país son decenas los hermanos y hermanas judicializados en los más de 200 conflictos territoriales en zonas indígenas. Son también una decena los indígenas y campesinos asesinados en conflictos territoriales durante la última década, como el caso de los hermanos qom Roberto López y el pilagá Mario López asesinados en Formosa; y  Cristian Ferreyra en Santiago del Estero. A esto se suma la impunidad: a 7 años del asesinato de Javier Chocobar de la comunidad Chuschagasta en Tucumá aún no se da inicio al juicio, evidencia de que en la Argentina hay una justicia distinta cuando se trata de indígenas.

El denominador común de la criminalización a los indígenas en el país es la existencia de un modelo económico basado en el extractivismo de los recursos, donde las comunidades tienen una ubicación estratégica y se oponen a su explotación. Con el desembarco de estas empresas, los originarios ven despojados sus derechos en favor de la explotación extractivista. Y luego, cuando las comunidades mantienen su defensa territorial, los líderes son detenidos y criminalizados, como es el caso del Lonko Facundo. Similar situación ocurre en Chile, donde Facundo fue detenido por acompañar los procesos de defensa territorial de su pueblo. Por esta razón nuestro hermano tuvo que pasar por las cárceles chilenas como tantos otros compañeros de ese país, para luego ser absuelto. Ese es el tamaño de la injusticia que viven hoy los mapuches en Chile. A eso quieren colaborar los poderes políticos de Chubut.

Hoy denunciamos el atropello de derechos del pueblo mapuche en nuestro país y el burdo intento por criminalizar su defensa territorial. Denunciamos la absurda encarcelación de Facundo y el show mediático judicial que se ha montado en torno a él. También denunciamos que el intento de extradición del Lonko no tiene otro fin que la criminalización, tanto de él como del proceso del que es parte.

Exigimos su inmediata liberación, el fin de la criminalización del movimiento político y social indígena y la retirada de las empresas de los territorios ancestrales, como es el caso de Benetton en Chubut.

Autoconvocadxs por la Libertad de Facundo Jones Huala

 

Adhieren: (se reciben adhesiones a libertad.facundo@gmail.com )

Amaranto Corriente Universitaria;  Amigos del río (Chubut); Alerta Angostura ONG Comodoro Rivadavia, Chubut; Archery Musem ; Asamblea Ciudadanos por la Vida, Videoteca Doña Vito, Espacio Cultural Abya Yala, El hormiguero Comunitario, y las salamanqueras del Valle del Famatina, (todas organizaciones de Chilecito, La Rioja); Asamblea Popular por el Agua, Mendoza; Asociación Kalewche, Esquel (Chubut); Bachillerato de Educación Popular de Bariloche; Barrios de Pie; Campaña “Chau Roca”; Centro de Investigación y Formación de Movimientos Sociales Latinoamericanos, Buenos Aires; Colectivo Social y Ambiental “Unidos por las Aguas de la Cuenca Currú Leuvú (Viedma Patagones)”; Corriente Nacional Emancipación Sur; Colectivo Mapuexpress; El Andén Social y Cultural de Cipolletti; Equipo de Educación Mapuche Wixaleyiñ ; Equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía, Buenos Aires; Espacio Intercuencas; Foro Ambiental Santiagueño; Foro Regional en Defensa del Rio de la Plata la Salud y el Ambiente; Frente de Acción Revolucionara, OLNyS Fogoneros y Juventud Guevarista (en la Coordinadora Guevarista Internacionalista); Frente por la Unidad Guevarista (JG-MIR P-CSP29 de Mayo-P TATU); GEP Patagónicos; Izquierda Socialista de Bariloche en el Frente de Izquierda; Izquierda Socialista de Esquel en el Frente de Izquierda; Jornadas de Contrainformación y Propaganda Libertaria Temuco; Juventud Socialista MST-Nueva Izquierda ; Liberpueblo ( Asociación  por la  defensa  de  la libertad  y los  derechos del pueblo); Libres del Sur; Marcha de Mujeres Orginarias; Observatorio Petrolero Sur;  Proyecto Allen (Río Negro);  Tierra para Vivir en COB La Brecha; Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut; Unión de Asambleas del Kurrú Leufú (Río Negro); Unión de Asambleas Patagónicas

Alcira Argumedo,  Diputada nacional  – Proyecto Sur; Ana María Arrieta; Ana María Siufi  y Pastoral Social del Alto Valle de Río Negro; Andrés Figueroa Cornejo, periodista profesional chileno, luchador social y vocero del Congreso de los Pueblos de Colombia – Capítulo Chile; Bernardo Zalisñak; Brenda Steeb; Claudio Lowy ; Carolina Ocar, Secretario de Comunicación y Difusión CTA-A; Cecilia Gaviola; Dario Manuel Lagos,-Médico Psiquiatra, miembro Comisión Directiva APSA y miembro Comite Ejecjtivo EATIP; Diana  Kordon -Coordinadora del  Equipo Argentino  de  Trabajo  e  Investigación Psicosocial; Foro Ambiental y Social de la Patagonia; Gabriela Massuh; Guillermo Almeyra- periodista y profesor universitario; Hernán Chocrón; Irma Perriot; Jorge Calbucura, Centro de Documentación Mapuche, Ñuke Mapu; Lucila Edelman médica psiquiatra; Marcelo Ramal, Diputado de la Legislatura CABA, (FIT-PO); Marcelo Yaquet , Corriente Politica 17 de Agosto; Mariano González Vilas; Mariano Rosa, coordinación nacional – Red Ecosocialista de Argentina; Mario Mazzitelli-Secretario General del Partido Socialista Auténtico; Maristella Svampa – Socióloga, Escritora, Investigadora del Conicet; Martina A. Paillacar Mutizábal- Periodista Mapuexpress; Osvaldo López; Pablo Bergel,  diputado (MC) de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Pablo Lerman; Pablo Silveira; Patricia Avila; Raquel Chalita; Roberto Gargarella; Roberto Jorge Rabello; Sergio Alvez Periodista-Escritor – Provincia de Misiones; Silvia Leanza ECOSUR Patagonia Norte; Susana Aguad; Teresa Malalan Presidente ECOSUR; Santigo Alonso


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El fracking en debate – EJES / agosto 2016

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EJES – Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental– presenta el segundo número del boletín electrónico mensual.

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Esta iniciativa motorizada por Taller Ecologista (Rosario) y Observatorio Petrolero Sur, (Buenos Aires y Neuquén) pretende ser una nueva articulación de organizaciones involucradas en el debate energético y socioambiental de la Argentina.

Teniendo en cuenta las políticas y territorios implicados abordará distintas aristas del megaproyecto Vaca Muerta. El foco está puesto sobre los ángulos económico‐financieros y de justicia socioambiental para exponer las implicancias ocultas de la obstinación hidrocarburífera.

Por esta razón, el boletín contiene información vinculada a grupos afectados, análisis económicos, datos sobre degradación ambiental y deterioro democrático. Además, le dedica una sección especial al desarrollo de YPF-Chevron en Neuquén y una ventana con vínculos externos que acercan recursos, materiales y noticias relacionadas a la temática.  También aporta un pequeño resumen en inglés.

En este segundo boletín, abordamos cómo el sector hidrocarburífero ha incrementado sideralmente el acceso a subsidios para el gas, de manera similar a lo que ya expusimos con el petróleo. Al mismo tiempo, explicitamos beneficios indirectos, como permitir que se oculte información contractual clave, hecho referido en el seguimiento del caso YPF-Chevron, el cual ha acumulado sideral renta en lo que va del proyecto. Por otro lado, la presente definición de “crisis” es económica y no aborda cuestiones sociales y ambientales, quitando responsabilidad a los privados y al Estado, aunque sean desbordados de forma constante. Para esto, nos referimos en el presente boletín a la paralización de pozos por trabajadores y familias rurales de Allen, quienes demandan subsidios por la destrucción de su medio de vida. En la misma línea, planteamos la poca claridad que existe sobre casi tres mil pozos abandonados, un pasivo ambiental extendido en la norpatagonia con fecha no conocida de resolución. Por último, bajo la pregunta de quiénes son los funcionarios de Cambiemos, vemos una planta de casi todos hombres del sector privado, donde los puestos clave en hidrocarburos están especializados por Total, Shell y PAE en no convencionales y fracking.

Boletín EJES Nro 2/ Agosto 2016

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Vaca Muerta


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Los derechos que faltan en las tierras de Vaca Muerta

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Los Muñoz son una familia de crianceros de Neuquén que viven en tiempos de grandes cambios desde la llegada del mundo de los hidrocarburos no convencionales a Vaca Muerta. Asentados en áridas zonas de la norpatagonia, subsisten de la crianza de sus animales y enfrentan a las impericias climáticas en condiciones de vidas extremas. Son los protagonistas del choque entre una economía de subsistencia y, una actividad extractiva, en un territorio plagado de necesidades y lleno de derechos vulnerados.

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Por Martín Álvarez- Aguada del Chañar está ubicado a unos 115km de la ciudad de Neuquén y es parte de la zona centro-oeste de la cuenca hidrocarburífera Neuquina, donde se encuentra la formación geológica Vaca Muerta. Allí la voluntad del progreso petrolero invadió tanto la tierra, como el cielo. El rojizo paisaje de la meseta patagónica se ve alterado por camiones, torres de perforaciones, camionetas, ductos y piletones, entre otros elementos típicos del paisaje petrolero. El contraste son las humildes viviendas de los denominados “puesteros o crianceros”, pequeños campesinos que crían animales para subsistir en medio de una zona de fuerte estrés hídrico. Los antiguos corrales de piedra que resguardan a los animales del viento, hoy se encuentran rodeados de la última tecnología que llegó a la zona para hacer fracking y extraer los hidrocarburos no convencionales.  

Enrique Muñoz tiene 35 años, es nacido y criado en la zona, pero se asentó a vivir en el puesto hace unos diez años, junto con su esposa y sus tres hijos. Su padre, Teófilo Muñoz, es dueño original del campo y vive en el lugar desde hace 43 años. Junto a su esposa, Gisella Bastias tienen tres hijos de diez, siete y tres años respectivamente. “Nosotros tenemos pozos cerca y lejos, hay unos como a 2 km, y nos vibra el techo y las ventanas cuando están fracturando”, cuenta Gisella. Para Enrique se juega con la vida de la gente. “De vez en cuando suena la alarma a cualquier hora y uno no sabe si tiene que irse corriendo con su familia o no. Los trabajadores nos han dicho que si nos tocan mucha bocina al pasar por la casa es que paso algo grave y hay que irse”.

La familia vive a unos escasos metros de la planta de deshidratación de gas que la empresa  provincial Gas y Petróleo (GyP) tiene junto con Enarsa en su campo. Ahí ellos padecen permanentes contaminaciones tanto del suelo, como del aire. En la actualidad tienen que ser abastecidos de agua, que la comparten con sus animales, dado que la del lugar está contaminada por hidrocarburos. “Cuando uno sale afuera es muy fuerte el olor a petróleo y a gas. Hay días que por los venteos [de gas] no podemos abrir la puerta de la casa”, afirma Enrique.

Hace seis años la empresa llegó al campo, ingresó sin previo aviso, ni permiso de sus propietarios asentados. Desde ese momento comenzaron a notar grandes cambios: mucha circulación de vehículos, vibraciones, ruidos, robos y derrames, se hicieron parte de la vida cotidiana. Los hechos produjeron una consiguiente merma en la cantidad de animales de cría donde, según Enrique, pasaron de tener de unas quinientas chivas a menos de cien debido a una serie de factores.

Enrique denuncia que hubo una falta de controles de los cuatro nuevos caminos que la empresa abrió para el tránsito de sus equipos, lo que derivó en que en 2014 le robaran cuarenta chivos y en 2015, setenta. A esto se suman las bajas en las pariciones por el estrés de los animales al tener tanta circulación en el campo; pérdida de superficie del campo y de pasturas; y la pérdida de un recurso escaso y vital como el agua por la contaminación hidrocarburífera. Ante esta situación realizaron distintas protestas intentando ser compensados.

Tras un corte la empresa les hizo un pozo de agua para que se puedan abastecer. La precaria solución no duró mucho ya que por un derrame la fuente se contaminó y los Muñoz tuvieron que cortar nuevamente para garantizar que se les mantenga la provisión. En la actualidad, la empresa le suministra unos 8 mil litros de agua por mes.

El futuro llegó

Estas tierras tranquilas de gente mansa, se han visto alteradas por la llegaba del mundo de los no convencionales. Enrique lo cuantifica en el notable incremento del tráfico de vehículos “desde que llegó GyP pasamos de ver dos autos por mes, que eran de nuestra familia, a setenta u ochenta vehículos pesados circulando todo el día en el campo”. También nos cuenta que “cuando estaban perforando vibraba todo y los animales se alejaban, no iba más a pastar a esas zonas”. Al mismo tiempo, por “tantos vehículos los animales no quieren estar cerca de los caminos. Si uno ve quedan todos los pastos llenos de tierra por el polvillo”, hecho contraproducente para la recuperación del alimento de los animales.

A las alteraciones en la vida se le sumaron modificaciones en prácticas tradicionales, especialmente en aquellas que garantizaban una buena reproducción de los animales. En la zona, es común la práctica trashumante llamada “veranada”, esta evita el estrés hídrico que sufren las regiones desérticas de la meseta. La costumbre, emprendida por criollos y comunidades mapuche, consiste en el traslado estacional de los animales en época de engorde a las zonas con mejores pasturas cercanas a la cordillera de Los Andes. Esta práctica se está perdiendo poco a poco con la llegada de las empresas petroleras. Tradicionalmente, la trashumancia era una actividad familiar, por lo que los campos quedaban vacíos por varios meses para luego volver a ser ocupados. Ahora, con el trabajo ininterrumpido de la industria, la ausencia de los habitantes suele ser aprovechada por la empresas para introducirse en los campos o realizar grandes obras. Por caso, Enrique hace cuatros años que no lleva sus animales a la veranada ya que cada vez que regresaban se encontraban con derrames y nuevos pozos.

Violencia en el territorio

La familia Muñoz ha mantenido una tensa relación con las empresas, producto de la falta de reconocimiento y los abusos cometidos en su campo. Además de judicializar el problema, Enrique ha realizado protestas cortando el ingreso al yacimiento, acción que le ha costado tener causas judiciales en su contra y terminar detenido por las fuerzas policiales en cuatro oportunidades. Cada vez que la familia cortó el ingreso a su propio campo, la empresa la denunció a la justicia, y esta a su vez, ordenanó su desalojo por parte de fuerzas policiales. En varias ocasiones, hombres de civil entraron de noche a su campo y los amenazaron en su propia casa a fines de amedrentar y lograr que levanten las medidas de protesta. Enrique acumula un total de 43 causas judiciales debido a las protesta que ha realizado contra la empresa.

Cuando comenzaron los trabajos y consiguientes primeras protestas, el ex Ministro de Energía y presidente de la empresa GyP, Guillermo Coco, prometió un sinnúmero de beneficios a la familia Muñoz. Casa de material, un galpón cerrado, la entrega de forrajes, el pozo del agua, un vehículo, un tanque australiano para el agua de los animales y dinero mensual. Prácticamente nada de eso se cumplió. Para mejorar sus condiciones de vida, poder comprar materiales y construir la anhelada casa,  Enrique tuvo que pedir trabajo a la empresa, quien durante un año (2014) lo tomó con un salario de diez mil pesos mensuales. Con este ingreso, logró tener algunas pequeñas mejoras en su calidad de vida al tiempo que mantiene la cría de animales.

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Cronología del conflicto
  • En 2013 Enrique Muñoz corta el acceso al campo a la empresa. A la baja de pariciones de animales se le sumó que no los dejaban venderles tortas fritas a los trabajadores. Esta vez sus reclamos fueron acompañados por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Neuquén). El acuerdo con la empresa fue por 175 fardos de pasto, maíz, avena y ocho mil litros de agua.
  • En diciembre 2014, Enrique Muñoz cortó nuevamente el ingreso por incumplimiento en la entrega de agua y alimentos para los animales. Es detenido por la policía provincial por orden del fiscal Ignacio Di Maggio. Acompañado por la CTA, Muñoz volvió a cortar otra vez el acceso y consigue el reconocimiento de la empresa. Entre otras temas, Muñoz responsabilizaba a la empresa por el robo de cuarenta de sus animales.
  • En 2015, el robo de animales se repite, esta vez son sesenta chivos. Enrique decidió cortar el ingreso pidiendo que GyP los reciba y pague los daños. En medio del conflicto y tras una reunión de negociación con la compañía, el auto de Gisella es encerrado por una camioneta de GyP en el camino de ingreso al campo, sacándola de la ruta con daños materiales. El corte se sostiene nuevamente con el apoyo de la CTA y fue levantado tras obtener un compromiso de la empresa.
  • A fines del 2015 hay un gran derrame y, como tampoco los acuerdos fueron cumplidos, Enrique corta una vez más. No obtuvo respuestas hasta febrero de 2016, luego de más de sesenta días de corte consecutivos. Logran firmar una acta donde la empresa se compromete a remediar y le pagan mensualmente un dinero en concepto de indemnización de los daños. A pesar de ello, las exigencias de parte de la familia son mucho más altas. Ellos demandan que se les paguen los animales robados, que remedien la contaminación que produjo el derrame de petróleo y que se les provea de energía eléctrica. Por ahora nada de eso se cumplió y las tensiones continúan.
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Vaca Muerta


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Territorio Crudo en la tierra en que los lagos desaparecen

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El sábado 23 presentamos la serie documental Territorio Crudo en el local de ATE de Colonia Sarmiento, en el sur de la provincia de Chubut. La actividad fue organizada por Autoconvocados por el Agua, espacio desde el cual vecinos de la localidad demandan respuestas ante la desaparición del lago Colhué Huapi, la baja del nivel del Muster y la merma del caudal del río Senguer.

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Los impactos socioambientales de la extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales en Neuquén y Río Negro, documentados en la serie audiovisual, sirvieron como disparadores para reflexionar sobre salud de la cuenca, de la que se abastecen de agua potable múltiples localidades del sur de Chubut y norte de Santa Cruz. También el peso que ganó la actividad hidrocarburífera en esa región, desplazando a la producción agropecuaria, fue un tema de debate.

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En tiempos de lagos que merman y desaparecen, se anuncian nuevos proyectos petroleros en la zona y más allá que de que el gobierno chubutense lo niega, los pobladores aseguran que el fantasma del fracking ronda por los campos.

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(Fotos: Guillermo Gettig) ​  

Nacional


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Comunidad Mapuche denuncia contaminacion en Rincón de Los Sauces

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La comunidad mapuche NEWEN KURA venimos desde años denunciando una contaminación creciente sobre nuestro territorio. No es un drama solo de nuestra comunidad. Es un drama general que se vive en todo el pueblo y la zona de Rincón de los Sauces. De nada han servido hasta ahora todas las denuncias hecha ante la policia, la Secretaria de Medio Ambiente, el gobierno provincial, las autoridades de YPF, etc… todos se lavan las manos. –

Album de fotos completo

Ante un duro reclamo de la zonal Xawvnko, el Ministro Lara envío un par de inspectores a que constataran las denuncias que venimos formulando desde años. Los inspectores estaban asombrados de lo que veían, de los casos de negligencia y de falta de seguridad de las locaciones y campamentos de las empresas operadoras. Llegaron incluso a hablar de clausura de ciertas zonas. Prometieron en 20 dias entregar copia de lo inspeccionado.

Esa copia no llegó. Posteriormente el Ministro JORGE LARA se comprometio un par de meses atrás, ante la Zonal Mapuche, a entregar esas copias. Hasta la fecha nada sabemos, mas alla de las promesas. Por esa razón decidimos tomar medidas para que la Provincia actúe con la urgencia del caso. No se puede esperar mas. Hay que parar este desastre ecologico, ambiental, social, cultural que crece día a día. Aquí estamos esperando la respuesta del Gobernador Gutierrez que ante las autoridades de Campo Maripe, prometió ocuparse del tema urgente que planteamos.

Las imágenes que difundimos solo son del día de ayer, previo a la decisión de PARAR LA ACTIVIDAD de OLDELVAL en Puesto Hernandez. Derrames, profundas cavas construidas sin autorización ni aviso previo a la comunidad y sus autoridades, caños pinchados que permanecen días a la intemperie, movimiento de tierras que transforman nuestras tierras y la hacen inútil para nuestra actividad económica de pequeña ganadería, etc.

Todo denunciado en innumerables notas a las “autoridades correspondientes”…nadie se hace presente para dar una explicación. Solo la Policía. Funcionarios ineptos, irresponsables, burócratas que no les importa nada la vida de la gente que los eligió. Con cómodos sueldos que es lo único que les importa, aparentemente. Aquí los estamos esperando para que cumplan con su deber de garantizar un ambiente sano para la población y cumplir con los derechos del pueblos mapuche que desde décadas están escritos, pero en todo momento violados.

MARICIWEU!… Diez Veces defiende su vida, el Lof Newen Kurá!

Jose Millahual – Lonko Eduardo Molina – Werken

Principio Esperanza


ollanta

Daño petrolero en Perú: la herencia de Ollanta

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KUCZYNSKI HEREDA EL DAÑO PETROLERO EN LAS CUATRO CUENCAS Y LAS COMPROMISOS INCUMPLIDOS DEL GOBIERNO DE OLLANTA

PRESIDENTE ELECTO SE REÚNE CON APUS. EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS DE LOS RÍOS PASTAZA, CORRIENTES, TIGRE Y MARAÑÓN SE MANTIENE LA INCERTIDUMBRE Y EL ALTO RIESGO DE UNA VIDA SANA Y DIGNA.

ollanta

Por Renato Pita Zilbert

Andoas, 23/7/2016.- El gobierno de Ollanta Humala concluye su periodo y el caso de las cuatro cuencas continúa sin atenderse con decisión y eficacia. Los compromisos asumidos por el Estado y suscritos en actas con las organizaciones indígenas FECONACO, FEDIQUEP ACODECOSPAT y OPIKAFPE, no avanzan o avanzan lentitud y desigualdad. Es al menos lo que se percibió el pasado 14/7 en Iquitos, durante la evaluación de cumplimientos entre los indígenas y funcionarios públicos.

Por otro lado, el pasado 18/7 los presidentes de tres de las federaciones de este proceso, Carlos Sandi, Aurelio Chino y Alfonso López, tuvieron una breve reunión con el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski y el próximo ministro de cultura Jorge Nieto.

En esa reunión los apus expresaron preocupación por el cumplimiento de acuerdos pendientes y el respeto a la Consulta Previa y a los territorios indígenas, temas donde el candidato PPK no se mostró favorable. Las próximas autoridades indicaron que mantendrán el diálogo con las organizaciones indígenas y que el derecho a la consulta previa y los territorios serán respetados. Los apus entregaron un documento con los principales puntos pendientes de la agenda de las cuatro cuencas e hicieron un breve balance del proceso.

ACTAS: EVALUACIÓN MARZO 2015 – JULIO 2016

La reunión de evaluación en Iquitos duró más de seis horas. En ella funcionarios e indígenas intercambiaron y debatieron perspectivas y valoración del trabajo. Liderada por el ministro de vivienda, Francisco Dumler, está fue la primera sesión del Grupo de Trabajo multisectorial para el seguimiento de acuerdos, aunque este grupo se formó entre polémicas el pasado abril.

Los informes demostraron que el Ministerio de Vivienda es quien ha cumplido con mayor eficacia lo comprometido, con 65 plantas de tratamiento de agua instaladas en comunidades, y 65 adicionales en proceso de implementación, aunque presas en la lentitud de la burocracia.

La titulación de comunidades a cargo del Gobierno Regional de Loreto (GOREL) está retrasada respecto al cronograma establecido, pero avanza. La principal traba aquí es que aún se pretende titular comunidades excluyendo zonas petroleras, pese a que estos territorios indígenas son ancestrales y distintos instrumentos legales amparan este derecho. El GOREL debe resolver de una vez esta situación que, según su asesoría legal, ve controversial; aunque según especialistas, no lo es.

La autoridad regional advirtió además la necesidad de aumentar en 1 millón y medio de soles el fondo para la titulación de comunidades, el cual reúne actualmente 3 millones. Esta solicitud se hizo explícita ante el ministro de vivienda.

Sin embargo las federaciones se mostraron muy preocupadas por las trabas, letargo y poca transparencia en sectores clave como salud y ambiente, ambos fundamentales e inseparables para mejorar la calidad de vida en los territorios indígena.

UN AMBIENTE INCIERTO

Uno de los compromisos más urgentes de atención está parado. Luego del cumplimiento de algunos compromisos, la remediación de los territorios contaminados de los lotes 1AB y 8, está sometida a la burocracia y a limitaciones del propio Estado.

El problema se encuentra en el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental (Ley 30321) de 50 millones de soles. Si bien este monto es inicial, y su aumento está comprometido, resulta ínfimo para atender la magnitud del problema de contaminación petrolera en los territorios indígenas de las cuatro cuencas.

El informe técnico “Casos de Estudio para Costos de Remediación Ambiental en Zonas Petroleras” de la ONG especializada ETECH International, estima que un proceso adecuado de remediación en la zona, costaría al rededor de mil millones de dólares. Es decir, el fondo actual sólo representa un 0.000005% del monto calculado. ¿El Estado cuenta con este dinero para la remediación?

Sin embargo, lo insólito es que hasta hoy esos 50 millones de soles no tienen una reglamentación para su uso. La ley que crea el fondo fue aprobada en mayo de 2015. A más de un año de esa fecha, recién existe un borrador avanzado de reglamento. El sector responsable de la aprobación final es Energía y Minas; sin embargo sorprende el rol cumplido por el Ministerio del Ambiente, quien ha demorado cerca de tres meses en hacer observaciones al borrador inicial.

En la última reunión el Ministerio de Energía y Minas se comprometió a publicar el proyecto de reglamento antes del cambio de gobierno. Quedará de las próximas autoridades la aprobación final del mismo y pronunciarse sobre el aumento del fondo semilla.

AVANCES Y RETROCESOS DE SALUD

El estudio toxicológico y epidemiológico está en plena ejecución. Es un proceso complejo y largo, que inició a principios de año y concluiría en febrero de 2017; aún se encuentran en la etapa de toma de muestras. Desde un inicio las federaciones lucharon por asegurar la participación de especialistas internacionales y acompañamiento permanente, lo cual se ha cumplido.

El problema radica en el segundo acuerdo con el sector, un Plan de Salud de 10 millones de soles destinado a la atención en las comunidades. Si bien hubo una planificación donde estuvieron el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Loreto (DIRESA) y las federaciones indígenas, la ejecución del plan a cargo de DIRESA es un misterio para las comunidades.

A pesar de ello, en la reunión del 14/7, la Unidad Ejecutora de la DIRESA expuso una sustentación más que optimista del acuerdo. Evidentemente, la DIRESA fue cuestionada por los presidentes de las federaciones, quienes calificaron como burla y engaño la gestión del fondo.

La credibilidad de la exposición se vio agravada cuando FECONACO, FEDIQUEP, OPIKAFPE y ACODECOSPAT informaron que han solicitado información sobre el uso del fondo de 10 millones de soles desde el mes de abril, sin tener respuesta. Asimismo, DIRESA se ha negado a reunirse con las federaciones a pesar de pactarse una reunión para mayo que el ente regional suspendió.

Otro aspecto negativo en la implementación de este acuerdo se vincula a la participación de las federaciones durante la ejecución de los fondos, la cual no se ha realizado ni promovido.

Los apus denuncian que las recientes emergencias y muertes por malarias u otras enfermedades prevenibles, las postas desabastecidas y el personal médico insuficiente, continúan siendo el pan de cada día en comunidades de donde se ha extraído millones de dólares en petróleo para el país.

En la reunión, las federaciones han solicitado que para el 2017 se aseguren fondos especiales para la implementación de este acuerdo aún pendiente; solicitud hecha en mayo, según consta en una carta remitida al presidente Humala.

Asimismo, existen otros compromisos cumplidos e incumplidos, ejecutados con satisfacción o no. Es el caso de talleres de capacitación para vigilancia ambiental, las acciones del OEFA de monitoreo, la implementación de proyectos productivos, entre otros.

BYE BYE OLLANTA HUMALA, HELLO KUCSZYNSKI

El diálogo iniciado por las federaciones indígenas de las cuatros cuencas inició en los albores del gobierno Ollanta Humala, en el segundo semestre de 2011. Respecto a otros gobiernos se ha demostrado avances significativos en materia de reconocimiento e identificación de un problema histórico, de magnitudes gigantescas y difícil tratamiento.

Sin embargo, al momento de tomar decisiones y definir las soluciones, las autoridades públicas se han mostrado limitadas y deficientes, la normativa se evidenció vacía, imprecisa, vieja y sin vínculo con la realidad. En este proceso de diálogo el Estado mostró su rostro más monocultural, y a su vez las precarias herramientas interculturales que posee. Asimismo, el Viceministerio de Intercultiralidad y la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, en muchos casos generaron más controversia y provocación en lugar de facilitar el diálogo, como lo han denunciado los apus.

También se evidenció que la actual concepción que tiene el Estado de desarrollo, sostenido en el extractivismo, atentó y atenta contra derechos fundamentales y contra la vida misma. En el futuro no se puede dar la espalda a esto.

Las comunidades indígenas y sus federaciones han atravesado un proceso perverso, impune y ajeno al dolor. Pero a su vez aprendieron que en ese Estado duro también surgen voluntades que desde sus propios valores hicieron sinceros esfuerzos para que el proceso avance.

Queda pendiente la atención rápida, efectiva y pertinente de este problema socioambiental crítico desde hace casi 50 años, lo cual está lejos de la burocracia, el papeleo y la retórica. La efectividad y el real avance que viabilicen soluciones, se miden en las comunidades, en los indicadores de salud de las personas, en las garantías a la vida sana y digna, en el estricto respeto de los derechos, los proyectos de vida y las esperanzas de los pueblos indígenas quechua, kichwas, kukamas y achuares de las cuatro cuencas.

El diálogo entre el Estado y estos pueblos indígenas se abrió por iniciativa de los indígenas, son ellos quienes le enseñaron al Estado a dialogar desde la interculturalidad y la buena fe. Ahora sólo siguen exigiendo lo que les convocó: Respeto, dignidad, vida plena y buen vivir.

Observatorio Petrolero de la Amazonía


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La comunidad mapuche Campo Maripe se opone al fracking en su territorio

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Las máquinas avanzan sobre el asfalto de la ruta provincial 17 y giran hacia la izquierda, adentrándose en un camino de tierra que los llevará al pozo 207 de YPF, ubicado a pocos kilómetros de Añelo, en la provincia de Neuquén. Al llegar allí comenzarán a trabajar en la extracción por fracking del famoso petróleo de Vaca Muerta pero algo interrumpe sus planes: unas 100 personas con banderas y consignas bloquean el camino. Se trata del lof (comunidad) Campo Maripe que reclama al estado un relevamiento territorial apropiado ya que, según un vasto y completo informe efectuado a instancias el propio gobierno provincial (se puede leeraquí) esas tierras le pertenecen a la comunidad.

La zona en disputa son 10 mil hectáreas que van desde el río Neuquén hasta la picada de Aguada Pichana. Campo Maripe, cuyo asentamiento principal está junto al Fortín Vanguardia, es reconocida como comunidad desde el año 2014 pero sus reclamos por tierras permanecen en conflicto ya que el gobierno sólo acepta como suyas unas 900 hectáreas en las que, por otro lado, es imposible realizar las tareas de pastoreo extendido y agricultura, las dos actividades de las que viven las 120 personas que forman parte de ella.

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Una de las responsables del informe es la antropóloga Jorgelina Villarreal, que reconstruyó más de 100 años de avances y retrocesos territoriales y simbólicos. ¨La comunidad es pre existente al estado neuquino, su primer asentamiento se produce hacia 1927 como parte de las migraciones de los mapuche que llegaban cruzando la cordillera. Los abuelos del actual cacique, Lonco Albino Campo Maripe, llegan a esta zona y desarrollan su vida comunitaria. Aunque en el año 1964 el por entonces gobernador Sapag firmó el Decreto N° 0.737 que abre un registro de comunidades, ellos efectúan los trámites de reconocimiento en 2010 porque lo cierto es que nunca tuvieron necesidad de hacerlo: es raro pedir reconocimiento por ser, sencillamente, lo que uno es¨. La comunidad (lof) tuvo, desde sus orígenes, conflictos sucesivos por estas tierras, algunas privadas pero en su mayoría fiscales y concesionadas en gran porcentaje a empresas extractivas como YPF.

 ¨Toda comunidad originaria tiene derecho al consentimiento libre previo informado, es decir, las empresas o el estado debe informar las actividades que realizará en la zona y por qué plazo de tiempo. En el Parque Lanín, incluso, existe un co manejo y se toman decisiones compartidas entre las partes. El reconocimiento tardío de esta comunidad generó muchos inconvenientes y empezaron a ver, azorados, el avance de exploraciones. Por supuesto, tomaron medidas para detenerlo¨.

En el 2014 las hermanas del lof Albino se atan a unas torres de exploración y, por esta acción radical, se los reconoce finalmente como comunidad y se les conceden 54 hectáreas con la firma de un acta de acuerdo de paz social que estableció la realización de un relevamiento y la creación de una zona intangible, un límite al avance de YPF para que no se toque el territorio en disputa. Aunque parezca una redundancia, vale decir que 54 hectáreas es un número ìnfimo para cualquier actividad seria de agricultura o ganadería y que esto puso en peligro la supervivencia misma de la comunidad. Durante el 2015 se realizó el relevamiento pero el gobierno neuquino, luego de desconocer sus resultados, respondió que sólo tiene pruebas para dar 900 hectáreas que, en realidad, la comunidad ya está usando.

¨El estado dijo que el informe era ¨antropológico¨, basado no en cuestiones técnicas y legales sino en cuestiones más bien culturales. Hicimos un trabajo muy exhaustivo, encontramos transacciones comerciales entre miembros de la comunidad y el estado, el pago de impuestos por el uso de la tierra para pastoreo ya desde 1927. Hay numerosas evidencias que prueban que ellos habitan esa zona hace muchos años¨. La parte legal, por otro lado, está enmarcada en la ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial, que establece en su artículo cuarto que existe derecho sobre “las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas¨. Jorgelina dice, sin reparos, que ¨el gobierno neuquino efectuó un informe que está lleno de mentiras. Se fijaron en Google Maps y dijeron que las casas son nuevas, que en 2006 no existían, y que no se podía determinar su origen¨.

Jorgelina también narra que ¨el año pasado, luego de que se incumpliera con el relevamiento, la comunidad toma las oficinas de YPF y se establece una mesa de diálogo con gente del gobierno y técnicos de YPF que finalmente nunca asistieron. Me convocan de nuevo, en modalidad de careo con los técnicos de la otra parte, y como nosotros llevamos pruebas y argumentaciones no nos pudieron objetar. Al fin concluyeron que el relevamiento era ¨conflictivo¨, dejando todo en suspenso¨.

La exploración petrolera en la zona se realiza vía fracking y la comunidad denuncia derrames y explosiones que generan zozobra y preocupación. El bloqueo de la comunidad al avance de YPF (en sociedad con Chevron) es una escena que lleva casi 100 años. Excede el titular de un diario y la especulación predecible de aquel que imagina a caciques ambiciosos que pretender ser socios en las regalías del petróleo. Villarreal dice que ¨la comunidad quiere seguir con sus actividades de pastoreo, están en defensa de la naturaleza y de un ecosistema que sienten como propio. Muchos de sus animales se mueren por la cuestión del fracking. Todo esto tiene que ver también con su cosmovisión: es la función de los mapuce cuidar el ecosistema¨.

BIG Sur