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Petróleo y medioambiente, el caso de Argentina

por Hernán Scandizzo*

La creación del Observatorio Petrolero Sur (OPSur), en 2008, está estrechamente vinculada con el eje de intervención que nos proponen. Surgimos con el objetivo de incorporar el abordaje socioambiental a la lucha de movimientos sociales, organizaciones sindicales y políticas por la estatización de YPF, el control público de los hidrocarburos y la apropiación social de la renta. Si bien por esos años las movilizaciones contra la megaminería y el agronegocio, entre otras, habían puesto la perspectiva socioambiental en la agenda pública, la crítica no alcanzaba a los hidrocarburos y la matriz energética dependiente, casi en su totalidad, de los combustibles fósiles. Eso a pesar de que desde mediados de la década de 1990 el Pueblo Mapuche en la provincia de Neuquén batallaba para frenar el avance de la explotación de hidrocarburos sobre sus territorios; y de que las comunidades kolla de Orán se habían movilizado -por esos mismos años- contra el tendido del gasoducto NorAndino.

Las comunidades del Pueblo Kolla planteaban la defensa de sus territorios y la protección de las selvas de yungas, y por esos años se dio una articulación con una organización ecologista internacional, que también había incorporado a su agenda la lucha para cambiar la traza del gasoducto, aunque ponía el foco en el impacto sobre el hábitat los yaguareté, una especie amenazada. El foco en el impacto de la actividad hidrocarburífera sobre la vida silvestre no se dio sólo en ese caso, sino que era el enfoque habitual, por ejemplo, en las coberturas periodísticas de los primeros años ’90. Lo verde, lo ambiental, lo eco, ocupaba un lugar en la grilla de los medios masivos o, por lo menos, de la prensa porteña. Otro caso más emblemático que el de los yaguareté de las yungas, es el de la aparición masiva de pingüinos empetrolados en las costas del Atlántico Sur, por el vertido de crudo al mar. También estuvo en discusión el impacto de las piletas de purga, cavadas junto a los pozos, que se transformaban en trampas mortales para la fauna, principalmente las aves que las confundían con espejos de agua en sus rutas migratorias.

Los cuestionamientos a prácticas muy extendidas, como el vertido de restos de crudo al mar al preparar las bodegas de los buques para la carga de petróleo, el uso de piletas de purga sin protección o la irrupción en los territorios para desplegar la infraestructura demandada por la actividad hidrocarburífera, logran masividad / centralidad en la agenda periodística por esos años, principalmente, en función de las afectaciones a la vida silvestre. Sin embargo la aparición de pingüinos empetrolados no era una novedad para los habitantes de las localidades del litoral atlántico, aunque sí la masividad. Pero no sólo los pingüinos se empetrolaban sino también las personas que se zambullían en el mar en las playas de Comodoro Rivadavia. El crudo en los cuerpos estaba naturalizado, se quitaba con aceite de cocina. El contacto con el petróleo, “empetrolarse”, no era percibido como riesgoso para las personas. La imagen de los pingüinos empetrolados funcionó como la carta de presentación de un hecho no sólo noticiable sino también novedoso: “el petróleo afecta a la Naturaleza”; pero, cabe destacar, era una Naturaleza que no incluía a los seres humanos. Una percepción bastante extendida aún hoy.

Pingüinos y liberalización del sector

Vale la pena hacer un paréntesis en la referencia a los pingüinos empetrolados y poner de relieve un dato que, tal vez no ocupa un lugar central en la memoria de aquellos sucesos. Qué expresaba la aparición masiva de pingüinos en esas condiciones, dado que en la memoria de las poblaciones costeras, la aparición de pingüinos empetrolados o de personas manchadas de crudo luego de un baño en el mar eran parte del cotidiano. Según investigaciones posteriores, eran un emergente del proceso de privatizaciones y liberalización del mercado hidrocarburífero. Según una investigación realizada por el biólogo Pablo García Borboroglu, del Centro Nacional Patagónico —dependiente del Conicet— y su colega Dee Boersma, de la Universidad de Washington, al analizar los relevamientos de 26 instituciones que registran y/o rehabilitan aves marinas empetroladas, desde Fortaleza (Brasil) hasta San Antonio Oeste (Argentina), a la luz de los datos de explotación y comercio de crudo, los autores observaron “un dramático incremento [de pingüinos empetrolados] a mediados de los 90, coincidente con el crecimiento exponencial de exportaciones de petróleo en Argentina”.1

Pueblos empetrolados

Por esos mismos años también tomaron estado público dos casos de “poblaciones empetroladas”, que no son tan recordados como los pingüinos: se trata de las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil, en Loma La Lata (Neuquén), y de la localidad santacruceña de Koluel Kaike; en ambos se denunció la contaminación con hidrocarburos de las aguas subterráneas utilizadas para consumo. Quizá esos olvidos -o mejor dicho, que los casos de las poblaciones empetroladas no sean tan recordados como el de los pingüinos, a pesar de que también tuvieron cobertura mediática-, de alguna manera habilitan a que se repitan situaciones similares, como las denunciadas por vecinos de Caleta Córdova tras el derrame de crudo de diciembre de 2007, e incluso también se cuestione la legitimidad de las personas empetroladas que demandan que se garanticen sus derechos.

  • Loma La Lata

Loma La Lata (LLL) dista 100 km al norte de Neuquén capital, allí se explota el yacimiento gasífero más importante del país. Su descubrimiento y puesta en explotación, a cargo de YPF estatal en 1978, fue punto de inflexión para la economía neuquina, marcó la preeminencia de la provincia en el sector.

Este yacimiento abarca 8 mil hectáreas de las comunidades mapuche Paynemil y Kaxipayiñ. En 1995 los Paynemil constataron que el agua de las napas que extraían para consumo tenía una particularidad: era inflamable -luego se confirmó una alta presencia de hidrocarburos. Al año siguiente el Estado provincial constató que los pobladores tenían 17 tipos metales pesados en sus cuerpos, principalmente plomo, cadmio y mercurio.

En 1997 la Defensora del Niño y el Adolescente de Neuquén, Nara Osés, denunció al Estado provincial por no garantizar un medioambiente sano y la salud de la población. Obtuvo un fallo favorable del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, pero la inacción del Ejecutivo local hizo que el caso llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –instancia que aceptó la denuncia e intimó a la provincia y Repsol-YPF a tomar medidas concretas: garantizar la provisión de agua segura. Mientras tanto, en la Justicia sigue abierta la causa por la remediación ambiental.2

Las demandas contra la provincia y la principal operadora del yacimiento no impidieron que en el 2000 se prorrogara por 10 años a Repsol-YPF la concesión de LLL, que vencía en 2017. Dos años más tarde, en 2002, se registró en la comunidad Kaxipayiñ un caso de anencefalia.3

A pesar de la exposición crónica al riesgo tóxico que implica vivir en un yacimiento en explotación, los denuncias de la comunidad Kaxipayiñ y particularmente la figura de su werken (vocero político), Gabriel Cherqui, están instalado en el imaginario neuquino como el paradigma del mapuche que realiza denuncias ambientales y demandas territoriales para obtener réditos económicos.4 Un estigma que se viene abonando desde hace casi dos décadas y que fue reafirmado recientemente en el programa televisivo del periodista Jorge Lanata,5 y al que también echaron mano funcionarios kirchneristas para descalificar la posición mapuche durante el debate por el pago de la indemnización a Repsol, tras la expropiación de YPF.6 Del deterioro de la salud de los comuneros y la degradación de su territorio casi no hay memoria, como si se tratara de un dato poco relevante.

  • Koluel Kaike

En 1999, a partir de una causa judicial iniciada por un estudio jurídico de Buenos Aires en el juzgado federal de Comodoro Rivadavia (Chubut), tomó estado público la situación ambiental de Koluel Kaike, derivada de la explotación del área Piedra Clavada por parte de la empresa PAE.7 A partir de una serie de pericias ordenadas por la justicia se determinó que la población de la localidad del norte de Santa Cruz estaba expuesta a compuestos tóxicos acumulados en el suelo y aguas subterráneas. El caso se instaló en la agenda pública y desde el Senado de la Nación en dos oportunidades se presentaron pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional. La causa judicial no prosperó, no por falta de elementos sino porque en 2006 quedó paralizada por trabas burocráticas. La empresa denunció que detrás de la acción judicial había un intento de extorsión, pero a pesar de ello, finalmente instaló una planta de ósmosis inversa para tratar el agua con que se abastece a la localidad.8

Luego de esa primera denuncia se sucedieron otras más, la última en 2013, en todas se destaca la lentitud de la operadora para remediar daños ambientales y adoptar normas de protección del ambiente.9 La contaminación en Piedra Clavada fue tomada en 2007 como elemento para cuestionar la prórroga anticipada del contrato de concesión a PAE, que finalmente fue aprobado. Casi dos décadas más tarde el recuerdo de Koluel Kaike se vuelve difuso.

  • Caleta Córdova (queremos ser pingüinos)

El 26 de diciembre de 2007 fue descubierto un derrame de hidrocarburos en Caleta Córdova, 20 km al norte del centro de Comodoro Rivadavia: 300 m3 de petróleo tiñeron de negro siete kilómetros de playas, acantilados, pesquerías, flora y fauna. El crudo provenía de un buque propiedad de la empresa Antares Naviera, que tuvo un derrame durante la maniobra de carga en la monoboya de la empresa Termap S.A.

Vecinos de Caleta Córdova denunciaron que tras el derrame comenzaron a registrarse enfermedades crónicas entre los pobladores y las adjudicaban a los diluyentes utilizados en la limpieza del crudo. A mediados de 2011 fue entregada a la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de la Niñez, la Adultez y la Familia de Comodoro una lista de niños que sufrían afecciones en la piel y las vías respiratorias. La dependencia convocó a autoridades del sistema de salud municipal y provincial, y al Foro Ambiental y Social de la Patagonia a integrar una mesa de trabajo.

No hay una mirada desde el Estado sobre cómo impacta el derrame de petróleo en la salud de la población que está en contacto directo. Sí hubo una mirada hacia los pingüinos, porque no solamente hay una contaminación de la vida de ese animal sino que hay una contaminación visual. Pero en mí o en mis hijos el petróleo no va a dejar una contaminación visual, seguramente va a dejar una contaminación residual, que puede llegar a provocar un cáncer”. Rosa Montecino, vecina de Caleta Córdova.10

“Eran 18 niñitos con cuestiones respiratorias, alergias y cuadros dermatológicos varios. Cuando vinieron los vecinos a la Oficina de Derechos y Garantías empezamos a reunirnos con distintos profesionales para que nos dijeran qué pasaba. Lo que queríamos era que se hiciera un diagnóstico de esos chicos, pero no el Centro de Salud del barrio, dependiente de la Municipalidad, sino por un dermatólogo infantil. Logramos en ese momento que se acordara el traslado de esos chicos al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, que fueran vistos por un dermatólogo y un perito de parte. Habíamos acordado todo con la firma de la directora del Hospital. ¿Y qué pasó? Nos enteramos que hicieron ese traslado, revisaron a los chicos y no convocaron a la Oficina de Derechos y Garantías ni al perito de parte, y luego dijeron que no había ningún tipo de problema. Lamentablemente no pudimos avanzar de ahí.” Liliana Murgas, jubilada de la Oficina de Protección de Derechos y Garantías de Comodoro Rivadavia.11

Estos son algunos ejemplos de daños ambientales que tenían o podían tener impacto directo en la salud de la población, donde no eran pingüinos sino “personas empetroladas”, ninguno de ellos motivó dio lugar a investigaciones sobre la relación entre la actividad hidrocarburífera y las consecuencias sociosanitarias por la exposición crónica a ambientes tóxicos. A dos décadas de las primeras denuncias la invisibilización de estas problemáticas alimentan en la población de ciudades yacimiento percepciones sobre mayor prevalencia de cáncer o de las llamadas enfermedades poco frecuentes (EPF) respecto de otras regiones del país. Una percepción también instalada entre profesionales de la salud. Se crean territorios de incertidumbre, como sucede en Comodoro Rividavia y la vecina Caleta Olivia.12

Emergencia y muerte de la cuestión ambiental

Si bien afirmábamos que los daños y pasivos ambientales de la actividad petrolera han sido permanentemente invisibilizados desde diferentes instancias de gobierno (municipal, provincial y nacional); hay que subrayar que se han dado particulares momentos en que en el discurso estatal se asumen los impactos ambientales de la actividad petrolera. Lamentablemente todos tienen en común que fueron fugaces y, en la mayoría de los casos, la “cuestión ambiental” fue utilizada como variable de presión en negociaciones con operadoras privadas.

  • Neuquén, planes de diversificacion productiva

En 1997 Felipe Sapag, en su quinto y último gobierno, lanzó el Plan Neuquén 2020. La provincia atravesaba un escenario contradictorio, por un lado se habían consolidado los hidrocarburos como el sector dominante del PGB, el Neuquén Petrolero; por el otro, se registraba una baja del precio de barril de crudo, las reservas estaban en caída y se presagiaba un cercano “fin del petróleo”. Como telón de fondo, la alta conflictividad social producto de la implementación de políticas neoliberales de ajuste fiscal, tanto a nivel nacional y como subnacional. La alternativa que el Plan proponía era diversificar la matriz productiva, apostar fuertemente al desarrollo agroindustrial.

En ese proceso el Gobierno neuquino también advirtió, por primera vez, que la degradación del territorio por la explotación de hidrocarburos podía convertirse en un condicionante del desarrollo productivo. A esa conclusión había arribado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), convocado por el Ejecutivo provincial, tras evaluar los daños ambientales producidos por la actividad hidrocarburífera en Rincón de los Sauces, luego de una serie de derrames que habían afectado la cuenca del río Colorado. Los pasivos ambientales y económicos de tres áreas petroleras de Rincón de los Sauces, aproximadamente 555 mil hectáreas, fueron valuados en 949 millones pesos/dólares, eran años de paridad 1 a 1, que la Provincia reclamó sin suerte a las petroleras YPF, Pérez Companc y San Jorge13.

Una década más tarde, el primer avance del informe El riesgo de desastres en la planificación del territorio del PNUD, realizado en el marco del Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial del Ministerio de Planificación de Federal de la Nación, advertía:

“Los procesos de degradación que afectan la base productiva (sobre todo el recurso suelo) son de importancia central, si se tiene en cuenta que el modelo deseado territorial planteado por Neuquén propone un cambio en la matriz productiva, pasando de una economía basada en la actividad hidrocarburífera a otra más diversificada e integrada verticalmente, con predominio de la actividad agroindustrial. Este cambio también supone, hacia el futuro, una acción sobre los problemas de contaminación ligados a la explotación de hidrocarburos”.14

Diagnósticos similares fueron realizados por el Concejo de Planificiación y Acción para el Desarrollo, organismo provincial.15

Sin embargo los planes de diversificación productiva y la preocupación por los procesos de degradación de los suelos perdieron lugar en las prioridades de la agenda gubernamental a medida que el potencial de yacimientos no convencionales de gas y petróleo adjudicado a Neuquén auspiciaban años de bonanza.

“Ese parece ser el destino de Neuquén [proveer de energía al país], marcado por una historia petrolera de un siglo y por oportunidades de sus cuantiosos recursos hidrocarburíferos, hidráulicos, eólicos, solares y de biomasa. Pueden plantearse otros derroteros, pero no han aparecido propuestas viables y sustentables, capaces de dar trabajo a quienes habitan y habitarán la provincia a la par de suministrar al país la energía que necesita para su desarrollo”, escribió el ingeniero y diputado provincial (2011-2019) Luis Sapag, en su libro Volver al Neuquén que viene, en pleno auge de Vaca Muerta (2013: 137-138).

La mejor síntesis del espíritu de euforia que embargaba (y embriagaba) a la clase dirigente local, hasta que la caída del precio de barril de crudo en 2014 los puso nuevamente en tierra.

  • Expropiación de YPF

Los pasivos ambientales acumulados por la actividad hidrocarburífera reaparecieron en la agenda pública en los años 2012/2013, como una variable de presión, en el período que va de la expropiación del 51% de la acciones de YPF a Repsol al cierre de la negociación con la petrolera española por el monto de la indemnización a pagar. En ese lapso, desde las mismas instancias del Estado que sistemáticamente habían negado los impactos de esta actividad extractiva se denunciaban los pasivos ambientales de la empresa, al tiempo que invisibilizaban sus responsabilidades. Dado que diferentes estamentos del Estado tienen por función controlar actividad y obligar a remediar daños, si había pasivos es porque los daños no habían sido remediados oportunamente.16

  • Vaca Muerta

Como advertíamos, al ponerse en marcha el proceso de legitimación de Vaca Muerta se desestimaron las advertencias en torno a la huella petrolera, los procesos de degradación de suelos y de agua advertidos por el PNUD en 1996 y 2010. En los planes de desarrollo estratégico de la región Vaca Muerta, elaborados por el Ministerio de Planificación Federal y los gobiernos de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa, no hay referencia al impacto ambiental de la actividad hidrocarburífera. Tampoco se plantea como problemática la ampliación de la frontera petrolera sobre tierras dedicadas a la producción frutícola; la única objeción se refiere a la aceleración de los procesos de urbanización de esas tierras a partir de la explosión demográfica dinamizada por la explotación de yacimientos no convencionales.

Ante escenarios como estos se abona la desconfianza de la población sobre el compromiso de las autoridades estatales con el cuidado del ambiente. En tiempos de Vaca Muerta, plantear en Neuquén objeciones a la ampliación de la frontera petrolera, en sintonía con las advertencias hechas por el PNUD o el mismo COPADE, era considerado por el gobernador Jorge Sapag y la vicegobernadora Ana Pechén como campañas de terrorismo ambiental.17 No había lugar a criticar al fracking, en sintonía con los postulados de autoridades nacionales y representantes del sector empresarial, para el cual esta técnica acarrearía algo similar al “riesgo cero”.

Los discursos en torno a la pretendida inocuidad del fracking, la técnica aplicada para la explotación de yacimientos no convencionales, no son patrimonio de las autoridades argentinas sino que también los reproducen los gobiernos de Colombia y México, donde hay proyectos similares en puerta. Por el contrario, funcionarios del gobierno de Bolivia sostuvieron que de ninguna manera permitirían el aplicación de la técnica en su país porque constituia un atentado contra la Madre Tierra, mientras que técnicos del sistema de licenciamiento ambiental de Brasil también plantearon serias objeciones a la explotación de yacimientos no convencionales por el alto riesgo ambiental que esto implica; cabe aclarar que en estos dos países el fracking es un horizonte lejano.18

Anotaciones al margen

Anoche [4 oct.] el ministro de Ambiente, Ignacio Agulleiro, afirmo que “el poder político siempre definió que lo principal era la producción y no la remediación de los pasivos”. Luego manifestó que el objetivo de fondo de la Ley de Pasivos, más dar respuesta a los daños ambientales, era evitar la caída de puestos de trabajo a partir de las obras de remediación.

Agulleiro además señaló que necesita de la participación ciudadana, y particularmente de los gremios, para monitorear la sustentabilidad de los proyectos hidrocarburíferos. Una declaración que puede ser tomada como una invitación al involucramiento de toda la sociedad en el cuidado del ambiente, o un reconocimiento de los límites de los controles que desde el Estado provincial pueden ejercer sobre la actividad.

El ministro también dejó de manifiesto que más allá de los marcos regulatorio, las buenas prácticas empresarias están determinadas por los costos. Lo sostuvo cuando se estaba debatiendo sobre el uso de agua dulce en las operaciones petroleras, el funcionario señaló que la garantía de que las petroleras no usan agua dulce en tareas de recuperación secundaria está dada no por la prohibición sino porque le resulta más económico usar agua de producción. Esta situación también fue subrayada por la concejal y responsable de la secretaría de la Mujer del Sindicato de Petroleros Privados de Chubut, Sirley García: “Se recortan las normas de seguridad en tiempos de baja del precio del barril de petróleo para garantizar la rentabilidad”. También en su intervención reconocía “que no está internalizado en los trabajadores y la ciudadanía el derecho a un ambiente sano”; lo planteó como una asignatura pendiente de los gremios del sector.

A modo de cierre

Han pasado más de dos décadas desde la aparición de los pingüinos empetrolados y de las primeras denuncias de los pueblos empetrolados, y aún se siguen naturalizando los riesgos sanitarios a los que están expuestos tanto las poblaciones urbanas, campesinas e indígenas que conviven directamente con la actividad como también los trabajadores y trabajadoras del petróleo (quizá el sector más invisibilizado) y la Naturaleza no humana. En el presente aún no hay condiciones para que se dé un debate honesto sobre petróleo y medioambiente, debemos seguir trabajando para alcanzar ese escenario.

* Periodista e investigador del OPSur. Este artículo fue pensado como apunte para intervenir en la mesa Petróleo y protección ambiental, en el marco del Taller Internacional Recursos naturales y desarrollo local: Sostenibilidad, cohesión social y resiliencia, organizado por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad de Kassel. Comodoro Rivadavia, 3 al 5 de octubre de 2017.

Notas:

1Clarín, 06/03/2006. Dicen que hay más pingüinos empetrolados. Disponible https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/dicen-pinguinos-empetrolados_0_H1vI0SyAYg.html [Visto 02/10/2017]. Respecto al incremento de las exportaciones durante ese período puede consultarse el informe Hidrocarburos en Argentina (2016), realizado por el Observatorio de Economía de los Recursos Naturales de la Patagonia Sur, disponible en https://screencast-o-matic.com/watch/cbevol6sDy [Visto 10/10/2017]

2OPSur, 27/01/2010. “Era un apriete permanente, llevar adelante ese juicio contra Repsol nos costó mucho”. Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2010/01/27/era-un-apriete-permanente-llevar-adelante-ese-juicio-contra-repsol-nos-costo-mucho/ [Visto 02/10/2017]. OPSur, 02/11/2011. Gabriel Cherqui: “Estamos cansados de ver cómo vienen matando nuestro Wallmapu”. Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2011/11/02/estamos-cansados-de-ver-como-vienen-matando-nuestro-wallmapu/ [Visto 10/10/2017]

3La Nación, 20/06/2002. Autorizan a interrumpir un embarazo en Neuquén. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/406743-autorizan-a-interrumpir-un-embarazo-en-neuquen [Visto 02/10/2002]

4La Nación, 13/11/2000. Mapuches que usan celular y 4×4 en Loma de la Lata. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/40779-mapuches-que-usan-celular-y-4×4-en-loma-de-la-lata [Visto 02/10/2017]. Sobre esta ídea del rédito económico puede consultarse Scandizzo, H., Hidrocarburos y diversificación productiva en tiempos de Vaca Muerta, en Pérez Roig, D., Scandizzo, H. y di Risio, D. (2016).Vaca Muerta. Construcción de una estrategia. Buenos Aires, Observatorio Petrolero Sur – Ediciones del Jinete Insomne, pp. 117-126. Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2016/11/29/vaca-muerta-construccion-de-una-estrategia/ [Visto 02/10/2017]

5Clarín, 28/08/2017. PPT 2017: todo lo que pasó anoche en el programa de Jorge Lanata. Disponible en https://www.clarin.com/politica/ppt-2017-paso-anoche-programa-jorge-lanata_0_rkfa5aWKW.html [Visto 02/10/2017]

6Parlamentario.com, 18/03/2014. Pichetto descalificó a la comunidad mapuche, que impugnó el acuerdo con Repsol. Disponible en http://www.parlamentario.com/noticia-70345.html [Visto 02/10/2017]

7La Nación, 07/07/1999. Cuestionan a firmas petroleras por contaminar aguas en el Sur. Disponible en http://www.lanacion.com.ar/144885-cuestionan-a-firmas-petroleras-por-contaminar-aguas-en-el-sur [Visto 02/10/2017]

8OPI Santa Cruz, 17/03/2008. Pan American Energy habló sobre el acuerdo petrolero. Disponible en http://opisantacruz.com.ar/home/2008/03/17/pan-american-energy-hablo-sobre-el-acuerdo-petrolero/556. [Visto 02/10/2017]

9La Opinión Austral, 02/11/2013. Clausuraron repositorio en yacimiento Piedra Clavada. Disponible en http://laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=26222&texto=&A=2013&M=11&D=2 [Visto 02/10/2017]. Tiempo Sur, 03/09/2009. Detectaron contaminación en más de 150 acuíferos. Disponible en http://www.tiemposur.com.ar/nota/5989-detectaron-contaminaci%C3%B3n-en-m%C3%A1s-de-150-acu%C3%ADferos-.html [Visto 02/10/2017]
10Scandizzo, Hernán (2012). Mar prohibido, en Crisis Nº 8, Buenos Aires, febrero – marzo. Disponible en http://argentina.indymedia.org/news/2012/07/817155.php [Vista 02/10/2017]

11Entrevista del autor, Comodoro Rivadavia, 21/07/2016.

12Al respecto se pueden consultar los artículos: Cuenca del Golfo San Jorge: cáncer en un territorio de incertidumbre (OPSur, 26/07/2017), disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2017/07/26/cuenca-del-golfo-san-jorge-cancer-en-un-territorio-de-incertidumbre/, y Consumir agua de red es casi una cuestión de fe en Caleta Olivia (OPSur, 27/03/2017), disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2017/03/27/consumir-agua-de-red-es-casi-una-cuestion-de-fe-en-caleta-olivia/.
13 Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y Provincia del Neuquén (1998). Proyecto ARG/97/024 Emergencia Ambiental, Hidrocarburos -Compensación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Neuquén. Resumen Ejecutivo, p. 54.

14Programa Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD- (2010). El riesgo de desastres en la planificación del territorio: primer avance. Programa Nacional de prevención y reducción del riesgo de desastres y desarrollo territorial. 1ra Edición. Buenos Aires: PNUD Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública – Minplan, p. 313.

15Copade. Dirección General de Programas y Proyectos. Secretaría de Estado General de la Gobernación del Neuquén (2006). Plan Estratégico Territorial, Argentina 2016, Provincia del Neuquén.

16OPSur, 04/12/2013. El acuerdo con Repsol y la impunidad ambiental. Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2013/12/04/el-acuerdo-con-repsol-y-la-impunidad-ambiental/ [Visto 02/10/2017]

17El extractivismo pide represión. Comunicado en repudio a las declaraciones de la vicegobernadora de Neuquén, Ana Pechén (19/12/2013). Disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2013/12/19/el-extractivismo-pide-represion/ [Visto 02/10/2010]

18Las diversas posiciones de los gobiernos latinoamericanos frente al fracking puede verificarse en el informe Última Frontera, publicado en 2016 por la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (disponible en http://www.opsur.org.ar/blog/2016/11/03/75042/).


Vaca Muerta: llevan ante la ONU el reclamo mapuche contra el fracking petrolero

Se trata de tres organizaciones que cuestionan la explotación petrolera no convencional del megaproyecto, el desconocimiento a la consulta previa y el aporte de esa megarreserva al cambio climático.

A finales de agosto pasado fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un informe que cuestiona la falta de respeto y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores locales y las comunidades mapuche afectadas por la extracción de hidrocarburos en la formación no convencional Vaca Muerta. Específicamente trata la situación de la comunidad Campo Maripe, a diez kilómetros de la ciudad de Añelo, que ha visto su territorio concesionado a YPF y Chevron en 2013 y que cuenta en su territorio con la tristemente célebre cifra de más de 500 pozos no convencionales (fractura hidráulica). La técnica, también conocida como fracking, ha sido prohibida o tiene moratoria en países como Francia, Bulgaria, Escocia, Gales e Irlanda.

El documento fue elaborado por el Observatorio Petrolero Sur de Argentina junto al Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative), ambas con sede en Ginebra, Suiza.

“La presentación se realiza en un momento en que la violencia sobre las comunidades se ha incrementado por el avance de las empresas”, afirmó el politólogo Diego di Risio, coordinador del Observatorio Petrolero Sur. “En estos pocos años de desarrollo, la llegada del fracking ha cercado a las poblaciones. Los pozos se han multiplicado en chacras y barrios sin control alguno”.

Por su parte, la abogada Lucy Mckernan de Global Initiative afirmó que el “desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Argentina está pasando por arriba de los derechos de los pueblos indígenas de Neuquén, contaminando el ambiente e impactando en la salud, agua, vivienda y derechos culturales. No ha habido consulta ni se obtuvo el consentimiento libre, previo e informado”. La letrada, experta en derechos humanos, agregó que “estas acciones son inconsistentes con las obligaciones de la Argentina en derechos humanos y sus compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París”.

Sébastien Duyck, abogado del Centro Internacional por el Derecho Ambiental, puntualizó que “es la responsabilidad del gobierno argentino prevenir que las compañías petroleras violen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, como lo obligan los acuerdos internacionales que el país ratificó”.

El escrito solicita al Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales que incluya dos preguntas hacia el Estado argentino en su informe 2018. En particular, una sobre cómo el Estado garantiza los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas que viven en áreas de explotación hidrocarburífera. El otro cuestionamiento es sobre las medidas adoptadas para hacer compatibles la extracción de combustibles fósiles, en particular los recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, con los compromisos de Argentina sobre el Acuerdo de París para mitigar y adaptarse al cambio climático.

“El desarrollo de la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta se ha basado en reiteradas violaciones del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas, un derecho garantizado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Argentina en 2000”, precisa el documento firmado por las tres organizaciones. “El incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas ha llevado a un conflicto con muchas comunidades indígenas, por ejemplo, con la comunidad indígena mapuche de Campo Maripe”, indican. La presentación ante el Comité fue acompañada por la adhesión de 53 organizaciones tanto argentinas como latinoamericanas.

Respecto al cambio climático el documento señala que “la extracción de combustibles fósiles en la formación Vaca Muerta contribuiría significativamente al aumento global de las emisiones y reduciría la probabilidad de que las emisiones mundiales de combustibles fósiles permanezcan dentro de los presupuestos de carbono sugeridos por los científicos para evitar los impactos climáticos más severos”. Por lo que “el desarrollo de reservas como Vaca Muerta es consecuentemente incompatible con las obligaciones de la Argentina de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos protegidos por el Pacto”. De lo que concluye que “en la medida en que las políticas energéticas de la Argentina continúan apoyando la extracción de combustibles fósiles, son inconsistentes con la lucha contra el cambio climático y con la protección de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció en 1985 para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que Argentina ratificó en 1986. El Comité emitirá un informe sobre Argentina el próximo año y las organizaciones promotoras del pedido aspiran a que incluya esos dos ejes de preguntas al gobierno nacional.

La Izquierda Diario. 


Petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina

por Natalia Barrionuevo / Stefan Peters

Los recursos naturales están nuevamente en el centro del debate público latinoamericano. Con base en la expansión e intensificación de un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, la región vivió entre 2003 y 2013/14 una bonanza económica con altas tasas de crecimiento y -muchas veces bajo gobiernos progresistas– reducciones importantes de las tasas de pobreza así como mejoras palpables de la distribución del ingreso. El llamado (neo)extractivismo se convirtió –hasta su colapso rápido en el contexto de la fuerte caída de los precios de los commodities a partir de 2013/2014– en un modelo políticamente exitoso que a su vez causó un sinnúmero de reflexiones en foros de movimientos sociales, conferencias y publicaciones de índole académico-político e investigaciones académicas. Estos debates se concentran mayoritariamente en dos líneas: i) las consecuencias socio-económicas del modelo reflejadas en índices de desarrollo, así como ii) los pasivos ambientales de la extracción de materias primas y los conflictos socio-ambientales relacionados a los proyectos extractivistas. El presente dossier, por un lado, retoma estas discusiones en el análisis de diferentes casos de la extracción de hidrocarburos en la Patagonia Argentina. Por otro, busca ampliar el debate hacia dos temas que en las reflexiones recientes sobre el (neo)extractivismo en América Latina han tenido menos envergadura: las consecuencias socio-culturales de la extracción de materias primas a nivel local, y las particularidades del trabajo y de las relaciones laborales en los enclaves extractivos. Además, los artículos reunidos en este dossier tienen en común que no se restringen al análisis de la coyuntura sino que buscan interpretar los fenómenos actuales a nivel económico, social, político y cultural a la luz de la larga tradición e historia de la explotación de materias primas en la región.

La Patagonia Argentina ofrece una variedad de casos emblemáticos para discutir empíricamente los diferentes nexos entre petróleo, trabajo y sociedad. Si bien es cierto que la Patagonia es mucho más que petróleo y recursos naturales, cabe destacar que buena parte de los recursos hidrocarburíferos de la Argentina se extraen de tierras patagónicas y que buena parte de la Patagonia está claramente marcada por la extracción del ‘oro negro’. Aunque en contraste a países como Ecuador o Venezuela, Argentina no es un país petrolero, no hay que subestimar la importancia del recurso para la economía, la sociedad y la política del país. La entonces presidenta de la República Cristina Fernández de Kirchner lo dejó en claro al responder a demandas de pueblos originarios y afirmar que “no podemos dejar […] de sacar el petróleo porque lo necesitamos para poder desarrollarnos, para poder vivir” (cit. p. Scribano y Machado Araoz, 2013: 15). No obstante, la misma extracción y especialmente la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking también han causado fuertes polémicas y resistencias por parte de movimientos sociales, indígenas y ambientalistas. En términos generales, podemos constatar que hay una extraña tensión entre un amplio apoyo a la extracción del petróleo, la defensa de la industria y las fuentes laborales en tiempos de crisis como los que atraviesa el sector petróleo en la actualidad, e incluso la construcción de un orgullo y una identidad local en torno a la extracción del petróleo por un lado; y la denuncia de una serie de consecuencias negativas relacionadas con la presencia de la industria extractiva a nivel local, junto a fuertes resistencias especialmente en contra el fracking como podemos observar en el caso de Vaca Muerta o de la comunidad mapuche de GelayKo, ambos ubicados en la provincia de Neuquén (Savino, 2016; véase también la contribución de Bernáldez a este dossier).

El presente dossier se plantea contribuir a una radiografía de las interrelaciones entre petróleo y sociedad en la Patagonia. El proyecto nació a lo largo de 2015 en el marco de cooperaciones académicas entre el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagoniade la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia, y su Programa de investigación Petróleo y desigualdades sociales en la Cuenca del Golfo San Jorge, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Kassel. En esta última institución, el dossier se enmarca en el International Center for Development and Decent Work y su línea de investigación sobre extractivismo, que puso en relieve una serie de intereses y preocupaciones compartidas y complementarias en torno a la comprensión de las relaciones entre el petróleo y los vínculos sociales en sociedades marcadas por la extracción de hidrocarburos. En base a estos puntos de partida, se hizo una convocatoria abierta a artículos que dio múltiples respuestas, hecho que demuestra el fuerte interés académico en el tema.

Como primer resultado de esta cooperación ofrecemos en el presente dossier ocho artículos que abordan desde múltiples perspectivas y con diferentes entradas teóricoconceptuales el tema petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina en clave subnacional, enfocándose en las ciudades de Comodoro Rivadavia (Chubut) y Catriel (Río Negro), y las provincias de Neuquén y Chubut. A partir de abordajes multi e interdisciplinarios, se proponen análisis teórico-empíricos tanto desde la perspectiva de las estructuras sociales como desde los actores y grupos involucrados, que vinculan tradiciones teórico-metodológicas cualitativas y cuantitativas. Los artículos que lo componen se preguntan por las diversas interrelaciones entre el petróleo y las dinámicas sociales en contextos urbanos de la Patagonia bajo los ejes de problemáticas medioambientales, acceso y apropiación de la tierra y el hábitat, relaciones de género, y particularidades regionales del rentismo. Pero las propuestas que aquí presentamos no sólo responden interrogantes a la vez que formulan nuevos, también dialogan entre sí en torno a los sentidos en que el petróleo moldea las relaciones sociales y las relaciones naturaleza/ sociedad generando diversas desigualdades (ambientales, de género, de clase, en la distribución de la renta) que implican relaciones de poder particulares. Con el foco en procesos de identificación, dominación, resignificación y resistencia, los autores dan cuenta de mundos complejos en los que intervienen el Estado, el mercado, las empresas y los trabajadores como actores destacados. La pregunta por la construcción de consensos en torno a una cultura del petróleo sobrevuela –de manera más o menos explícita aunque no por ello menos evidente- los diferentes escritos, lo que interpela a pensar en formas de desafiarla en pos de garantizar derechos sociales y ejercicios plenos de la ciudadanía a la vez que la construcción de sociedades más sustentables.

Luego de esta presentación, los artículos se inician con la contribución de Brígida Baeza y Magali Chanampa que analizan cómo los problemas medioambientales que conlleva la actividad petrolera son naturalizados por la población comodorense. En base a ejemplos históricos y actuales demuestran cómo la contaminación causada por el petróleo forma parte de la cotidianeidad de los habitantes de la principal ciudad de la provincia del Chubut. El punto central del artículo de Baeza y Chanampa es el tema de la contaminación del hábitat en relación con las desigualdades socio-espaciales. Las autoras discuten especialmente las consecuencias de la contaminación en los barrios caracterizados por ‘tomas de tierra’ y, a partir de esos casos empíricos, desarrollan las dificultades para desnaturalizar los daños ambientales y el proceso de sacralización del petróleo como barrera a la conciencia sobre los problemas ambientales en la sociedad petrolera de Comodoro.

A continuación Joaquín Bernáldez discute, desde una perspectiva de la ecología política, las consecuencias socio-ambientales de la extracción de hidrocarburos en la provincia de Neuquén. El artículo debate los principales planteamientos de la ecología política haciendo hincapié en tres puntos clave: la interdependencia entre naturaleza y sociedad; la politización de las relaciones naturaleza-sociedad; y el compromiso académico con la reapropiación de la naturaleza. Basándose en estas categorías analíticas Bernáldez se acerca al análisis de sociedades extractivistas en general, para luego presentar entradas más concretas a líneas de investigación en torno a la ecología política de los conflictos sobre el fracking en la provincia de Neuquén.

Posteriormente el artículo de Laura Mombello nos lleva a otra localidad petrolera de la Patagonia: la ciudad petrolera de Catriel, en la Provincia no-petrolera de Río Negro. Sin embargo, su artículo no se restringe a la investigación de las consecuencias de la larga historia de explotación petrolera en la ciudad, sino que ofrece un análisis multiescalar. Esta perspectiva metodológica-conceptual le permite discutir los procesos sociales de la ciudad de Catriel en relación con factores a nivel provincial, nacional e internacional. Mombello debate estas interrelaciones y tensiones entre las diferentes escalas con un enfoque en los derechos (adquiridos y naturalizados) a la explotación y al usufructo de las riquezas de la naturaleza.

El siguiente artículo de Santiago Bachiller presenta resultados de un trabajo etnográfico en los asentamientos conformados por tomas de tierras en Comodoro Rivadavia, reparando en las particularidades del caso a la vez que enmarcando el fenómeno en formas latinoamericanas de producir espacio urbano. El autor sostiene que ese fue el modo histórico de conformación de la ciudad, marcado por la extracción de petróleo. A lo largo del texto rastrea las dificultades históricas de los sectores populares locales en el acceso legal a la tierra, repara en la gestión gubernamental de acceso al suelo y analiza el rol del mercado inmobiliario/ constructor en tanto agente expulsor. Finalmente retoma algunos discursos de los protagonistas de las tomas vistas como alternativa, y reflexiona en torno a la necesidad de imaginar nuevas políticas urbanas.

También basado en investigaciones empíricas en Comodoro Rivadavia, el artículo de Natalia Barrionuevo busca reconstruir, a partir de un estudio etnográfico, algunas formas de legitimación de las desigualdades de género en un contexto de desigualdad de clase signado el trabajo petrolero. La autora repara en las formas en que esas desigualdades se actualizan en contextos recientes de post-privatización de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), y persisten –a la vez que son resistidas- en una configuración particular que articula determinación (una comunidad patagónica históricamente petrolera y masculina) y contingencia (el boom y las nuevas formas de pensar el trabajo, las relaciones de clase y las construcciones de género).

Después Hernán Palermo se propone reconstruir históricamente las identificaciones de los trabajadores del sector para luego reparar en las formas en que representan el género según el lugar que ocupan en el proceso de cooperación capitalista. Allí, sostiene el autor, convergen saberes técnicos y formas de producción de la masculinidad históricamente situadas, redundantes en una determinada disciplina fabril. A partir de una investigación cualitativa, el autor considera cómo la pérdida del trabajo en YPF –a partir del proceso de privatización de la empresa en la década de los ’90- produjo masculinidades devaluadas. En el posterior contexto de tercerización, surgen los “petroleros” en tanto “nuevos varones del petróleo”, no sin diferenciaciones internas.

El próximo texto de Paolo Paris considera las relaciones de género que permanecen a pesar de la reestructuración del mundo petrolero en los últimos veinticinco años, dada por contextos de post-privatización y post-convertibilidad, y se pregunta si esa formación puede ser erosionada por la contemporaneidad. El autor también reflexiona sobre la relación entre “petroleros” y “no petroleros”, y la “parte maldita” que fascina a la vez que genera rechazo. En ese camino retoma la propuesta de Georges Bataille y cierta producción académica local, para concluir presentando las prohibiciones y transgresiones que vinculan trabajo, empresa y género en la “boca del pozo”.

Por último, el artículo de Stefan Peters analiza la provincia del Chubut y, especialmente, la ciudad de Comodoro Rivadavia desde una perspectiva de la teoría rentista. En su texto describe a Chubut y su principal centro urbano como una sociedad rentista fuertemente caracterizada por los ingresos rentísticos. El texto se centra en indagar la (re-)producción de patrones político-territoriales y desigualdades sociales a través de la distribución de la renta petrolera, así como en la naturalización de la extracción petrolera en Comodoro. Peters afirma que el caso de estudio arroja luz a las limitaciones de la dicotomía bendición vs. maldición de los recursos naturales que domina buena parte del debate sobre renta (petrolera) y desarrollo, y propone una reorientación teórica-conceptual hacia el estudio de sociedades rentistas.

Consideramos que los artículos reunidos ofrecen un amplio y muy valioso panorama que nos permite un mejor entendimiento de los procesos sociales en la Patagonia Argentina y sus interrelaciones con la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, más que un proyecto culminado, concebimos al presente dossier como un comienzo que abre nuevos interrogantes académicos a la vez que replantea otros y que, por lo tanto, esperamos que represente un punto de partida de futuras investigaciones. Además de la profundización de los debates aquí planteados, queremos señalar -sin ambiciones de ser exhaustivos– cuatro líneas de investigación adicionales para ilustrar posibles caminos en ese sentido. En primer lugar, cabe subrayar que este dossier se limita al análisis de casos de la Patagonia Argentina. No obstante, en un próximo paso sería importante abrir el espacio a comparaciones sistemáticas con otros casos de explotación minera e hidrocarburífera en Argentina, América Latina y otras partes del mundo. En este sentido, resultaría de especial interés académico llevar adelante un análisis comparativo de las dinámicas presentes en la Patagonia Argentina con otros casos de sociedades petroleras a nivel subnacional en países no-petroleros.

En segundo lugar, varios de los artículos reunidos en este dossier hicieron hincapié en la complejidad de las relaciones laborales en la industria petrolera. Si bien es cierto que las remuneraciones de los trabajadores petroleros son relativamente altas, otros factores como la estabilidad laboral, la reducción de las horas de trabajo, las mejoras en la seguridad y la prevención de accidentes laborales, junto a la lucha contra las desigualdades de género(s), van ganando importancia para los trabajadores y sus gremios. Dicho con otras palabras, se trata de discutir y plantear estrategias que aseguren que los trabajadores tengan acceso a un trabajo decente en una amplia perspectiva (ILO, 2012). Sin embargo, cabe señalar que el desafío de mejorar las condiciones laborales no se restringe a los trabajadores petroleros. Especialmente en sociedades con una fuerte presencia de economías de enclaves –como es el petróleo– también hace falta desarrollar estrategias para mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadores-as cuya vida está estrechamente vinculada a la actividad extractiva, aunque no trabajen en la industria.

En tercer lugar, cabe señalar que uno de los desafíos más importantes para todas las sociedades mono-dependientes de recursos naturales no renovables consiste en fortalecer los sectores no-extractivos y contribuir a la diversificación de la economía para reducir la dependencia de los recursos naturales y llegar a un modelo de desarrollo económica, social y ecológicamente más sostenible. Aunque existe un amplio consenso sobre los beneficios de ampliar la matriz productiva y una serie de ejemplos actuales e históricos de planes para salir de la dependencia de recursos naturales, los resultados de estas iniciativas suelen ser –en el mejor de los casos– mediocres. Por consiguiente, y con mucha más urgencia en el actual contexto de crisis, la academia, las instituciones de representación política, pero sobre todo la sociedad en su conjunto, se confrontan con la urgencia de analizar los factores que obstaculizan o inhiben mayores éxitos en la diversificación de la matriz productiva en sociedades extractivas. Ese análisis es la base para discutir, formular e implementar iniciativas políticas, económicas y sociales concretas que permitan reducir la dependencia de los commodities y construir sociedades post-extractivistas.

En cuarto lugar, no cabe duda que en las ciudades petroleras de la Patagonia Argentina se han establecido y se siguen reproduciendo “culturas del petróleo” que se destacan por una serie de particularidades en las relaciones sociales, los patrones de consumo y el uso del tiempo libre, relaciones Estado-sociedad, perspectivas hacia el futuro, relaciones entre la sociedad y la naturaleza, etc. que las distinguen claramente de otras formaciones sociales del país. Sin embargo, hay pocos trabajos académicos abocados al análisis empírico de las características comunes (también en perspectiva comparada) de las culturas petroleras locales.

Discutir las interrelaciones entre petróleo, sociedad y trabajo, por lo tanto, abre espacios para una serie de interrogaciones con alta importancia política y social para las sociedades petroleras por un lado, pero también para la reflexión académica y especialmente para el debate de las Ciencias Sociales. Con este dossier queremos contribuir a esas discusiones, y de esa manera incentivar el estudio empírico de las sociedades petroleras en la Patagonia Argentina, pero también en otros lugares del mundo.

Bibliografía ILO (2012) Decent Work Indicators: Concepts and Definitions. Geneva, ILO. Savino, L. (2016) “Landscapes of contrast: The neo-extractivist state and indigenous people in ‘post-neoliberal’ Argentina”, en The Extractive Industries and Society, vol. 3, 404-415. Scribano, A. y Machado Araoz, H. (2013) “Presumidamente blanca… Notas para entender la violencia racializante”, en: Boletín Onteaiken, N° 15, 1-21.

 
Dossier completo Presentación Natalia Barrionuevo & Stefan Peters | 01 La naturalización de las problemáticas medioambientales en torno a la explotación petrolera en Comodoro Rivadavia Brígida Baeza & Magali Chanampa | 07 Hacia una ecología política del fracking en la Patagonia Argentina Joaquín M. Bernáldez | 32 Derecho, tierra y petróleo. Una aproximación analítica multiescalar desde el norte rionegrino Laura Mombello | 49 Petróleo, dificultades del acceso al suelo urbano y toma de tierras: un problema recurrente en la historia comodorense Santiago Bachiller | 71 Trabajo petrolero y desigualdades de género en Comodoro Rivadavia: reactualizaciones históricas Natalia Barrionuevo | 88 La construcción social de la(s) masculindad(es). Un análisis etnográfico del universo laboral de los trabajadores petroleros Hernán M. Palermo | 110 El pozo maldito: Trabajo petrolero, heteronormatividad y goce en la Cuenca del Golfo San Jorge Paolo Paris | 128 Petróleo, política y sociedad en Chubut: reflexiones teórico-conceptuales en torno al rentismo Stefan Peters | 144 La sopa del albañil y el viento sonando entre las hendijas de la ventana César Barrientos | 165 Revista Identidades del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (UNPSJB)


Organizaciones en Chile y Argentina denuncian escalada represiva contra el Pueblo Mapuche

Más de un centenar de organizaciones de ambos lados de la cordillera publicaron hoy un comunicado denunciando la radicalización de las acciones policiales en comunidades mapuche durante los últimos meses.  En el texto, destacan una “articulación binacional para reprimir al Pueblo Mapuche”, al mismo tiempo que señalan estar en solidaridad con las luchas de defensa territorial porque, dicen “más allá de las diversas perspectivas, el único camino para frenar el avance capitalista en nuestros territorios es la unidad de acción”. 

La grave situación represiva de los últimos meses hoy tuvo un respuesta de parte de comunidades y organizaciones sociales y políticas en Chile y Argentina. A través del comunicado “La represión contra el Pueblo Mapuche es una sola de los dos lados de la cordillera”, más de un centenar de espacios salieron a denunciar la violencia estatal.

El comunicado denuncia el avance represivo de ambos estados el cual se ha intensificado con decenas de allanamientos, represiones y detenciones en los últimos tres meses, periodo marcado a fuego por la desaparición del activista Santiago Maldonado en el marco de la represión a los Pu Lof Cushamen en Chubut. Dichas comunidades recuperaron territorios ancestrales hoy a título de la trasnacional Benetton, y debido a esa acción están siendo criminalizadas.

“Entendemos que toda esta represión y negación de derechos en contra de las comunidades mapuche y otros pueblos indígenas en ambos países, se debe a que sus territorios son codiciados por el capital nacional y trasnacional que busca desarrollar en ellos actividades como la minería, la extracción de hidrocarburos, las plantaciones forestales y el agronegocio, entre otros”, sostienen en el comunicado. Destacan que dicho modelo económico -el extractivismo- es el sostén del modelo político en ambos países. “La represión a las comunidades indígenas, entonces, no es más que una condición necesaria para el desarrollo del capitalismo que promueven estos gobiernos”, agregan.

Respecto de la situación en Argentina, el comunicado señala que durante el gobierno de Mauricio Macri ha habido una nacionalización de la represión con el objetivo de generar un enemigo interno supuestamente terrorista. En ese contexto destaca no solo la desaparición de Santiago Maldonado, sino también la detención de Facundo Jones Huala y el dirigente wichí Agustín Santillán, además de la represión en acciones de solidaridad a estos procesos que dejaron 52 detenidos en marchas en los últimos tres meses.

Sobre la situación en Chile, las organizaciones destacan que ese país es visto como un modelo de la represión a los pueblos indígenas en el continente. Contexto que se agrava en los últimos meses con diversos procesos judiciales amparados en normas excepcionales, como la ley antiterrorista, que han servido como forma de criminalización de las comunidades en resistencia. “Este marco represivo es parte de un histórico actuar de los gobiernos chilenos en la posdictadura: negar el contenido político de la demanda mapuche para abordarla como hechos policiales”, agregan en el comunicado.

Finalmente las organizaciones destacan la resistencia del pueblo mapuche, proceso con el que se consideran hermandados “porque entendemos que, más allá de las diversas perspectivas, el único camino para frenar el avance capitalista en nuestros territorios es la unidad de acción”, sostienen.

Compartimos el texto del comunicado

La represión contra el Pueblo Mapuche es una sola de los dos lados de la cordillera

Las abajo firmantes, organizaciones, comunidades y personas mapuche, argentinas y chilenas, denunciamos la escalada represiva en contra del pueblo mapuche que, como tantas veces durante los largos siglos coloniales, se ha radicalizado en los últimos meses. En este tiempo se realizaron decenas de allanamientos, detenciones, e imputaciones, vulnerando los derechos supuestamente consagrados contra estas comunidades. La desaparición de Santiago Maldonado es parte de esta ofensiva colonial que en ambos lados de la cordillera reprime al movimiento mapuche.

En Puelmapu/Argentina desde hace algunos años los poderes empresariales-gubernamentales buscan agitar la amenaza de una supuesta “guerrilla terrorista mapuche”. El actual gobierno de Mauricio Macri a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha ido un paso más al nacionalizar el proceso de construcción de un enemigo interno en zonas como Vaca Muerta (Neuquén) y Cushamen (Chubut). En ese marco fue detenido el Lonko Facundo Jones Huala para enfrentar un segundo proceso de extradición a Chile, donde fue judicializado por participar de un proceso de defensa territorial en Río Bueno.

Desde entonces las masivas muestras de solidaridad con el Lonko comenzaron a ser reprimidas, hasta el punto que el 1 de agosto al interior de Pu Lof (las comunidades) en Resistencia del Departamento de Cushamen fue desaparecido el militante social Santiago Maldonado, solidario con la causa mapuche. La responsabilidad de esta desaparición forzada en democracia recae en Gendarmería y en el Gobierno Nacional, toda vez que el operativo estuvo dirigido por el jefe de Gabinete de la Ministra Bullrich, Pablo Noceti. Desde entonces el gobierno, en complicidad con los principales medios de comunicación y el poder judicial, ha buscado una y otra vez desviar su responsabilidad sobre el hecho.

Además de los allanamientos en Cushamen, han sufrido intentos de desalojos las comunidades Fuxa Trayen, Campo Maripe y Raquituwe (Neuquén) y la quema de una casa en el Lof Vuelta del Río (Chubut). Al mismo tiempo en los distintos allanamientos y marchas de solidaridad han sido detenidas diversas personas en Buenos Aires (38), Neuquén (3 comuneros de Fuxa Trayen), Mendoza (2), Bariloche y Cushamen (10 detenidos/as del Lof Cushamen), totalizando 53 detenidos/as a los que se suma el Lonko Facundo Jones Huala.

Por su parte en Ngulumapu/Chile, uno de los países modelo de la represión a los indígenas en el continente, se está viviendo un marco aún más violento que el acostumbrado en los últimos años. El 7 de junio cuatro presos –Ariel, Benito y Pablo Trangol y el Lonko Alfredo Tralcal– iniciaron una huelga de hambre depuesta luego de que pasaran más de 110 días, tras cumplir más de un año de prisión preventiva, procesados por la Ley Antiterrorista. Estas largas medidas cautelares (como la prisión preventiva) más allá de buscar condenas efectivas lo que pretenden es criminalizar a los/as líderes del movimiento mapuche y disminuir la presión de las demandas en las comunidades.

Es el caso de los/as diez detenidos/as por el Caso Luchsinger Mackay quienes se encuentran con diversas medidas cautelares desde abril de 2016, y cuyo juicio está en proceso. Todas estas personas fueron detenidas debido a la supuesta delación de un único testigo protegido, quien posteriormente se retractó de sus declaraciones. Además, de este grupo también fueron inculpados dos machi (autoridades espirituales): Francisca Linconao (que enfrenta un segundo proceso por esta causa) y Celestino Córdoba, condenado a 18 años de cárcel, aunque no fue encontrado culpable. En estas fechas también fue exhumado el cuerpo de Macarena Valdés, debido a que la comunidad Newen Tranguil denuncia que fue asesinada por sicarios de la empresa RP Global, ahora RP Arroyo, por oponerse a la instalación de un proyecto hidroeléctrico.

Toda esta persecución llegó a un punto máximo con la detención de ocho referentes mapuche el día sábado 23 de septiembre en el marco de la “Operación Huracán”. Al día siguiente el tribunal de Temuco permitió que las ocho personas quedaran detenidas a pesar de no contar con pruebas contundentes: solo conversaciones por aplicaciones de mensajería que en ningún momento se ha probado que provengan de los celulares de los peñi. Este marco represivo es parte de un histórico actuar de los gobiernos chilenos en la posdictadura: negar el contenido político de la demanda mapuche para abordarla como hechos policiales.

Entendemos que toda esta represión y negación de derechos en contra de las comunidades mapuche y otros pueblos indígenas en ambos países, se debe a que sus territorios son codiciados por el capital nacional y trasnacional que busca desarrollar en ellos actividades como la minería, la extracción de hidrocarburos, las plantaciones forestales y el agronegocio, entre otros. Ese modelo extractivo es el sostén económico del modelo político a ambos lados de la cordillera, más allá de las aparentes diferencias entre unos y otros gobiernos (los actuales y los pasados).

La represión a las comunidades indígenas, entonces, no es más que una condición necesaria para el desarrollo del capitalismo que promueven estos gobiernos. El intento de desarticulación de la demanda política y social mapuche ha requerido de la complicidad de gobiernos, jueces, fiscales, fuerzas de seguridad y empresarios. Del mismo modo se ha articulado a nivel binacional: para reprimir al Pueblo Mapuche, los Estados de Argentina y Chile no hacen diferencia, como demuestra la reunión que sostuvieron el viernes el Mahmud Aluy, Subsecretario del Interior de Chile con Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Argentina para coordinar la política represiva a ambos lados de la cordillera.

Sin embargo el Pueblo Mapuche sigue viviendo, sigue dando su lucha incansable en contra de un colonialismo que no cesa, desde el genocidio que ambos estados cometieron para integrar a estas comunidades dentro de sus fronteras. En ese sentido nos mostramos abiertamente hermanados/as, solidarios/as y compañeros/as de estas comunidades en lucha. Porque entendemos que, más allá de las diversas perspectivas, el único camino para frenar el avance capitalista en nuestros territorios es la unidad de acción.

 

Libertad a los/as presos/as por luchar

Aparición con vida de Santiago Maldonado, el Estado es responsable

Por la anulación de las leyes antiterroristas en Chile y Argentina

 

Firman

Wallmapu:

Mapuexpress

Parlamento de Koz Koz

Centro de Estudios e Investigaciones Mapuche – Comunidad de Historia Mapuche

Kom Kim Mapudunguaiñ Warria Mew

Meli Wixan Mapu

Lof Campo Maripe

Lof Fvta Xayen

Lof Puel Pvjv

Lof Kolv Kvra

Lof Wirkalew

Lof Trankura

Comunidad Mapuche Newen (Tranguil)

Pueblos Originarios Achery Museum

Periódico Mapuche Werken

Red Defensa Derechos de Infancia – Wallmapu

Confederación Mapuche de Neuquén

Movimiento Autonomista Wallmapuwen

Lelfün, desarrollo social y agropecuario

Asociacion Mapuche Makewe Kimun

Coordinadora Justicia para Macarena Valdés

Red de Apoyo a los Presos Políticos Mapuche

Red de Acción por los Derechos Ambientales – RADA

Mapudunguletuaiñ UChile

Mapuzuguletuaiñ Wallmapu Mew

 

Argentina:

Corriente Social y Política Marabunta

Observatorio Petrolero Sur

MOVADEF – Argentina

Comité por la libertad de lxs presxs indígenas

Marcha de Mujeres Originarias

Colectiva Feminista La Revuelta

Unidad Popular Nacional

Unidad Popular Ciudad de Buenos Aires

Acción por la Biodiversidad

Hagamos Lo Imposible

Agrupación Lxs Invisibles

Observatorio del Derecho a la Ciudad

Asociación Animalista Libera, Tucuman

Asamblea de la Plaza, Tucuman

Espacio Justicia Por Chocobar (Comunidad Indígena de Chuschagasta; Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán; Andhes – Abogadas y Abogados del NOA en DDHH y Estudios Sociales; H.I.J.O.S. – Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio; FSyP La Brecha regional Tucumán; La Palta Comunicación Popular; APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; La 49)

ORCOPO. Organización de Comunidades de Pueblos Originarios

Democracia Socialista

Córdoba Originaria

Atico ImplicArte y Voces de los Muros

MULCS, Movimiento por la Unidad latinoamericana y el Cambio Social

CORREPI Bs.As.

Vecinos Autoconvocados Por la Vida de Berazaetgui, Bs. As

Red de Solidaridad con Chiapas

Lista Verde-Roja-Negra de ATE-Ministerio de Educación

Convergencia de las Culturas

Centro  de  Militares  para  la  Democracia  Argentina

Corriente Nacional Emancipación Sur

Movimiento Popular La Dignidad

Frente Amplio Chile en Argentina

Radio Internacional SOS

Unidos por el Río (Vicente López)

Resistencia Qom

OLNyS Fogoneros

Juventud Guevarista

Frente de Acción Revolucionaria  (Argentina)

Ecosur, Ecologia Cultura y Educación Desde los Pueblos del Sur

Asociación de ex Detenidos Desaparecidos

SERPAJ

Espacio de Lucha Territorial Río Bravo y Frente Universitario de Luján, agrupados en SUBVERSIÓN

Asamblea de Chilenxs en Argentina

Antena Negra TV

Asamblea Riojana Capital

Biblioteca Popular Osvaldo Bayer – Villa La Angostura

 

Chile:

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA

Movimiento SOL

Federación Regional de Estudiantes Secundario los Ríos

Izquierda Guevarista de Chile

Radio La Voz de Paine

Diario El Itihue

Movimiento Popular Guachuneit, MPG.

Escuela Pública Comunitaria

AIT- Asociacion Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores Clasistas

Colectivo Parque Las Moscas

MODATIMA

Coordinadora Ciudadana No Alto Maipo

Mujeres de Zonas de Sacrificio en Resistencia, Quintero, Puchuncavi.

Comisión Justicia y Paz

 Asamblea de Freirina

Mujeres en Movimiento (MEM)

Agrupación Ecológica y Cultural Valle El Durazno, Combarbalá Región de Coquimbo,

Radio Placeres

Acción Comunal Medioambiental de Combarbalá

Segmento Social de la Mesa de Desarrollo Rural, comuna de Combarbalá

Convergencia 2 de Abril – ContraCorriente

Colectiva de Mujeres Afrodescendientes “Luanda”

CODEFF

Colectivo de Geografía Crítica Gladys Armijo

 

Internacional:

Upside Down World

Comité de Apoyo al Pueblo Mapuche de Montréal

Revista La Guadaña (México)

Latin American Solidarity Network (LASNET), Australia

Territorio Internacional del Movimiento Autonomista bases: América, Reino Unido y España + Europa Central

Frente Amplio- Nueva York

Comité por los derechos humanos en América latina (CDHAL), Montréal

 

Individuales:

Alcira Argumedo – Diputada Nacional ArgentinaProyecto Sur; Liliana Marzano;  Gustavo Lahoud; Pablo Bergel Legislador de CABA (MC);Claudio Alvarado Lincopi, miembro de la Comunidad de Historia Mapuche; Andrés Figueroa Cornejo; Guillermo Bahamonde Paillalef; Susana Capriles, directora Radio La Voz de Paine; Arnaldo Pérez Guerra, historiador y periodista; Santiago Alonso, Escritor y Artista Plástico;  Myrian Genisans Directora Instituto de Investigacion sobre Cultura Popular – FAUNT; Maria de las Mercedes Molina; María Irene Kossmann; José Carlos Llerena Robles; Andrés Asiain; Ángel Eugenio Perrone; Alberto Moya, periodista; Tulio Fernando Cañumil; Alba Silva, periodista; Elena Corbalán, periodista; Roverto Rabello; Mariela Eva Rodríguez; Carlos Roberto; Pablo Daniel Felipe Lanza; Eleonora Baffigi; Ximena Cuadra Montoya; Waldo Torres; Víctor Valenzuela Carileo; Crolina Echeverria; Eria Carril Antipil; Lidia Cañete; Luis Lloredo, dr. en Filosofía; Omar Lehner; Ivonne del Valle, UC Berkeley; Viviana L Macadam; Marta Alejandra Speroni, periodista; Paco Real secretario del Sindicato de Oficios Varios de la CNT-AIT de Puerto Real

Foto: Felipe Durán

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Criminalización y contaminación en Vaca Muerta

El Observatorio Petrolero Sur (Opsur) reclamó ante la ONU que indague al Estado argentino sobre la represión a las comunidades mapuches neuquinas que están instaladas cerca de Vaca Muerta. Advirtió también que hay graves impactos socio-ambientales en la zona y que se incumplen leyes internacionales. Desde la Confederación Mapuche de Neuquén aseguraron que “sin dudas este último año ha sido el más violento”.

A raíz de la escalada de violencia contra las comunidades mapuches y del creciente impacto ambiental en la zona de Vaca Muerta, el Observatorio Petrolero Sur (Opsur), presentó un informe ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de Naciones Unidos para denunciar “la falta de respeto” hacia los pobladores locales y los pueblos originarios de Neuquén. Allí reclaman que la ONU pregunte al Estado argentino en su informe de revisión de 2018 cómo garantiza los derechos de las comunidades locales que viven en áreas de explotación hidrocarburífera y que dé cuenta de sus esfuerzos por mitigar los efectos ambientales del fracking.

“Creemos que es sumamente necesario presentarlo, sobre todo por la cuestión de violencia y ofensiva que se está dando en el territorio”, explicó a Página/12 el politólogo e investigador de Opsur, Diego Di Risio, al señalar que ciertas acciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “son llamados de alerta” que los moviliza a “crear mayor protección internacional para las comunidades”. Desde el Observatorio esperan que la respuesta de parte del Comité internacional llegue a mediados de octubre y que a partir de allí se abran distintas instancias para que el año que viene el Estado dé respuestas ante la ONU.

En la denuncia, se destaca que se están vulnerando derechos de los neuquinos de la zona en dos puntos: por un lado, destacan las violaciones en términos de procedimientos, ante la proliferación de nuevos pozos petroleros sin consulta libre, previa e informada –ratificado por el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales- pero destacan además que hay “un pacto de gran envergadura” por el potencial de la explotación masiva, que no toma en cuenta el impacto ambiental e incluso incumple el acuerdo de París al que suscribió el país. “Denunciamos que hay un ambiente de violencia hacia las comunidades”, contó Di Risio.

Desde el Observatorio no creen que la avanzada sea casual y lo relacionaron directamente con “las políticas económicas que ha instrumentado Cambiemos”, a las que definen “básicamente como una ola de subsidios al gas no convencional”. “Si bien se realizaron muchos pozos en otros años, en estos últimos dos se ha intensificado su proliferación”, añadió el politólogo de Opsur.

La elaboración del documento que enviaron contó con la participación del Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative).  Los testimonios y los datos emergen de los mismos referentes de la comunidad como también de otros estudios anexos que recolectó durante seis años Opsur.

“Nosotros hace meses estamos denunciando la entrada de Gendarmería a las comunidades. Ahora, incluso están recurriendo a la formulación de cargos contra muchas autoridades”, advirtió a Página/12 Lefxaru Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén, y aseguró que si bien sufren ataques desde 2013 “sin dudas este último año ha sido el más violento”. Desde la CMN alertaron que hay al menos 60 nuevos procesados y que han tenido más de diez órdenes de desalojo.

La semana pasada, las empresas hidrocarburíferas intentaron incluso tomar tierras de un cementerio para poder excavar y formar nuevos pozos. “Antes de lo de Santiago Maldonado denunciamos entradas ilegales que llevó adelante Pablo Noceti”, expresó Nawel, al referirse al jefe del gabinete de Patricia Bullrich, y señaló que los ataques datan de 2016, “cuando el Gobierno nos empezó a catalogar como organizaciones terroristas”. “El 21 de junio de este año entró Gendarmería con una supuesta orden judicial pero ellos mismos reconocieron después que se trataba de una orden política”, aseguró.

El informe refiere de forma tangencial a la situación de la Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, donde en junio de este año, unos cien gendarmes tomaron las tierras de la comunidad y escoltaron a las cuadrillas de YPF para intentar realizar trabajos de fracking en Loma Campana. Según Di Risio, “el nivel de hostigamiento no es algo extraño” y si bien en otros años se quemaron casas de la comunidad, “ahora las amenazas se intensificaron”. “El ingreso de Gendarmería es un indicio de que la violencia está en aumento”, insistió.

Página 12


Cuestionamos a Vaca Muerta ante la ONU

Critican la falta de consulta a comunidades mapuche y el aporte al cambio climático del megaproyecto Vaca Muerta.

 

(Neuquén//Buenos Aires//Ginebra, 28 de septiembre 2017) Un informe presentado ante el Comité de Derechos Humanos, Económicos y Sociales de la Organización de las Naciones Unidas cuestiona la falta de respeto y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pobladores locales y las comunidades mapuche afectados por la extracción de hidrocarburos en la formación no convencional Vaca Muerta. Refiere, en ese sentido, a la situación de Campo Maripe, ubicada a 10 kilómetros de la ciudad de Añelo, que ha visto su territorio concesionado a YPF y Chevron en 2013. Al momento, en más de 500 pozos se ha fracturado hidráulicamente. La técnica, también conocida como fracking, ha sido prohibida o tiene moratoria en países como Francia, Bulgaria, Escocia, Gales e Irlanda.

El documento fue elaborado por el Observatorio Petrolero Sur (OPSur) de Argentina en conjunto las organizaciones internacionales Centro Internacional por el Derecho Ambiental (CIEL) y la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative). Las últimas cuentan con sedes en la ciudad de Ginebra, Suiza.

“La presentación se realiza en un momento en que la violencia sobre las comunidades se ha incrementado por el avance de las empresas”, afirmó el politólogo Diego di Risio, coordinador del Observatorio Petrolero Sur. “En estos pocos años de desarrollo, la llegada del fracking ha cercado a las poblaciones. Los pozos se han multiplicado en chacras y barrios sin control alguno”.

Por su parte, Lucy Mckernan de Global Initiative, afirmó que el “desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Argentina está pasando por arriba de los derechos de los pueblos indígenas de Neuquén, contaminando el ambiente e impactando en la salud, agua, vivienda y derechos culturales. No ha habido consulta ni se ha obtuvo el consentimiento libre, previo e informado”. La abogada, experta en derechos humanos, agregó que “estas acciones son inconsistentes con las obligaciones de la Argentina en derechos humanos y sus compromisos climáticos derivados del Acuerdo de París”.

Sébastien Duyck, abogado de CIEL, puntualizó que “es la responsabilidad del gobierno argentino prevenir que las compañías petroleras violen los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales, como lo obligan los acuerdos internacionales que el país ratificó”.

El escrito solicita al Comité que incluya dos preguntas hacia el Estado argentino en su informe 2018. En particular, una sobre cómo el Estado garantiza los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas que viven en áreas de explotación hidrocarburífera con los pueblos indígenas. El otro cuestionamiento es sobre las medidas adoptadas para hacer compatibles la extracción de combustibles fósiles, en particular los recursos no convencionales de la formación Vaca Muerta, con los compromisos de Argentina sobre el Acuerdo de París, para mitigar y adaptarse al cambio climático.

“El desarrollo de la industria de petróleo y gas en Vaca Muerta se ha basado en reiteradas violaciones del derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas, un derecho garantizado por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la Argentina en 2000”, precisa el documento firmado por tres organizaciones. “El incumplimiento del Consentimiento Libre, Previo e Informado de los pueblos indígenas ha llevado a un conflicto con muchas comunidades indígenas -por ejemplo, con la comunidad indígena mapuche de Campo Maripe”, indican. La presentación ante el Comité fue acompañada por la adhesión de 53 organizaciones tanto argentinas como latinoamericanas.

Por otra parte, en torno al cambio climático el documento señala que: “La extracción de combustibles fósiles en la formación Vaca Muerta contribuiría significativamente al aumento global de las emisiones y reduciría la probabilidad de que las emisiones mundiales de combustibles fósiles permanezcan dentro de los presupuestos de carbono sugeridos por los científicos para evitar los impactos climáticos más severos”. Por lo que “el desarrollo de reservas como Vaca Muerta es consecuentemente incompatible con las obligaciones de la Argentina de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos protegidos por el Pacto”. De lo que concluye que “en la medida en que las políticas energéticas de la Argentina continúan apoyando la extracción de combustibles fósiles, son inconsistentes con la lucha contra el cambio climático y con la protección de los derechos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estableció en 1985 para supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que Argentina ratificó en 1986. El Comité emitirá un informe sobre Argentina el próximo año y las organizaciones promotoras del pedido aspiran a que incluya esos dos ejes de preguntas al gobierno nacional.

Organizaciones que promovieron el documento: Observatorio Petrolero Sur (OPSur) Mediante la investigación, la promoción y la formación OPSur busca fortalecer los caminos democráticos y justos para la energía y el desarrollo en Argentina. Bajo un enfoque basado en los derechos, trabaja para aumentar la concienciación sobre las implicancias de la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta desde 2011.

Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) Desde 1989 el CIEL desarrolla estrategias legales para proteger el medio ambiente, promover los derechos humanos y garantizar una sociedad justa y sostenible. Cuenta con sedes en Ginebra y Washington DC.

Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Global Initiative) Global Initiative es una organización internacional no gubernamental de derechos humanos que busca promover la realización de los derechos económicos, sociales y culturales a nivel mundial, abordando la pobreza a través de una perspectiva de derechos humanos.

Contactos:

Diego di Risio: | contacto@opsur.org.ar

Lucy Mckernan: + | sduyck@ciel.org

Sébastien Duyck: + | lucy@globalinitiative-escr.org

 Escuchá la entrevista a Diego di Risio en FM En Tránsito. Nota  “Criminalización y contaminación en Vaca Muerta“.  Agustina Arredondo

Nota “Vaca Muerta: llevan ante la ONU el reclamo mapuche contra el fracking petrolero“.  Roberto Andrés

English version  

Vaca Muerta


EJES N°13 – El fracking en debate

En este número desde EJES nos propusimos advertir que el daño que genera la arena de sílice a la salud no es tenido en cuenta al momento evaluar el rendimiento económico del fracking. Además, informamos que YPF realizó una acción judicial contra la ordenanza que prohíbe el fracking en Fernandez Oro. Reducción de costos y optimización de la información para la perforación de pozos son dos objetivos en la mira de las empresas de la industria extractiva que motivan las últimas megafusiones. Entre el tarifazo, el Presupuesto nacional y Vaca Muerta analizamos las características de los subsidios energéticos y señalamos las políticas públicas orientadas a la exportación de gas a través de la cordillera.

— Boletín EJES Nº 13  – Septiembre 2017 —

Foto: Fabián Ceballos.

El 28 de agosto de 2013 la Legislatura neuquina aprobó el acuerdo de la provincia con YPF que constituyó el área Loma Campana y el inicio de la explotación de Vaca Muerta con Chevron. Aquel día la protesta popular sufrió un represión que duró más de seis horas. A cuatro años de aquel hito, el megaproyecto Vaca Muerta sigue demandando condiciones. Los órganos judiciales provinciales responden y dejan rápidamente en suspenso las prohibiciones municipales, sin sufrir el costo de político de declararlas inconstitucionales.

Al mismo tiempo se erige un nuevo proceso de criminalización de las organizaciones mapuche, sumado a la negativa de la prórroga de la Ley 26.160 que obliga al relevamiento de territorios indígenas y suspende los desalojos. Mientras tanto somos muchos y muchas quienes nos seguimos preguntando ¿Dónde está Santiago Maldonado?

El Ejecutivo también responde a las demandas corporativas. Por eso, los subsidios continúan, gran parte de ellos trasladados a los usuarios tras el tarifazo. Mientras el estado adeuda pagos a las operadoras. El objetivo es desarrollar Vaca Muerta con la mira puesta en la exportación y siguen apareciendo anuncios: Exxon invertirá U$S 200 millones para perforar siete pozos en el área Los Toldos Sur 1 en unión con Tecpetrol y Gyp.

La novedad empresaria más destacada de este período fue la fusión de la operadora Pan American Energy y la refinadora Axion Energy. Lo que la convierte en la petrolera integrada privada más grande del país y reconstituye parcialmente el tablero empresario. Su apuesta sería una importante ampliación y modernización de la refinería ubicada en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, y en el expendio de combustible.

Bienvenidos sus comentarios y sugerencias.

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Vaca Muerta


Neuquén: La criminalización de la mano del extractivismo

La justicia avanza contra las comunidades mapuche

El desalojo y la  detención de tres integrantes del lof Fvta Xayen, ubicado a 20 kilómetros de Añelo, fue el punto más alto de una escala de ataques judiciales contra el Pueblo Mapuche en Neuquén. El mes pasado 21 integrantes de la comunidad habían sido imputados por usurpación y mientras que seis de las autoridades de Campo Maripe serán acusados el próximo 26 tras destrabar una orden de detención. El jefe de fiscales de la provincia, José Gerez, explicó la situación. “Hay un cambio firme en la política de persecución penal del Ministerio Público Fiscal, privilegiando primero el diálogo pero si no es la herramienta elegida, se aplican políticas de persecución penal”, señaló en declaraciones al Río Negro. Un cambio en consonancia con los discursos nacionales, que acusan a grupos indígenas de terroristas como estrategia para aislarlos y superar sus resistencias.

Por OPSur

Hay que remontarse a 1996 para encontrar una situación similar a lo sucedido esta semana. En diciembre de aquel año cuatro dirigentes mapuches permanecieron detenidos por la “usurpación” de 42 mil hectáreas en lo que se conocía como la Corporación Interestadual Pulmarí en las cercanías de la cordillerana Aluminé. Mientras que en 2007 una situación similar fue vivida por Martín Maliqueo, por entonces lonko de la comunidad Logko Purran, que había sido denunciado por usurpación por la empresa petrolera Apache.

Con el desalojo y las detenciones de esta semana, la provincia de Neuquén se suma a las políticas nacionales que, junto al envío de tropas federales a los territorios, estigmatizan al Pueblo Mapuche y deslegitiman de sus demandas. Los titulares en medios regionales y las declaraciones de funcionarios judiciales, en relación al secuestro de armas y drogas en el allanamiento realizado en Fvta Xayen, no guardan relación con lo sucedido luego en sede judicial provincial ni en la Justicia Federal, donde fue relativizada la gravedad de las imputaciones. Lo sucedido está en sintonía con la campaña fogueada desde la prensa hegemónica, que proyecta la imagen de los mapuche violentos, justifica el encarcelamiento del lonko Facundo Jones Huala en Esquel y siembran dudas en torno a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. El megaproyecto Vaca Muerta encuentra en ese discurso criminalizador otra fuente de legitimación para la ocupación territorial que implica el fracking.

En noviembre caduca la Ley 26160 de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena, que impide los desalojos hasta que se hayan mensurado todos los territorios ocupados ancestralmente por comunidades indígenas. En Neuquén, si bien concluyó el trabajo técnico en más de veinte comunidades, el gobierno no aprobó con su firma el relevamiento de ninguna de ellas, por lo que de de no revertirse esta situación, en los próximos meses quedará allanado el camino para el avance de diversos proyectos sobre territorios que hoy se encuentran en conflicto. Territorios vacíos más rentables para la expansión petrolera y extractivista en general.

Línea de tiempo represiva

El 3 de junio el lof Fvta Xayen impidió su desalojo, ordenado por el fiscal Marcelo Silva, competencia que sólo tienen los jueces. Un centenar de miembros de distintas comunidades se hicieron presentes a la hora prevista para realizar la diligencia y la policía provincial se retiró del lugar sin poder cumplimentarla. El mismo fiscal fue quien reiteró el pedido el miércoles pasado.

El 14 de junio el juez en lo civil Gustavo Belli ordenó el desalojo de la sede comunidad Puel Pvjv, ubicada en un barrio popular de la ciudad de Neuquén. Una presentación judicial impidió que la resolución se concretara pero todavía amenaza la vida cotidiana de la comunidad.

El 21 de junio Gendarmería Nacional ingresó en el territorio de la comunidad Campo Maripe, ubicada 10 kilómetros al norte de Añelo. La participación de esta fuerza federal, asentada desde entonces permanentemente en la localidad, exponía una nueva arista; la intervención directa del Gobierno Nacional para garantizar  la explotación de hidrocarburos. El 13 de julio la situación se repitió y nuevamente la comunidad se mantuvo en el lugar.

El 25 de agosto el fiscal Pablo Vignaroli acusó de usurpación a 21 integrantes de Fvta Xayen por las tierras ubicadas a la vera de la ruta provincial 7, entre los kilómetros 75 y 82, en donde permanecieron hasta que fueron desalojados.

El 7 de setiembre, Juez de Garantías Lucas Yancarelli declaró “en rebeldía” a los miembros de la comunidad Campo Maripe y ordenó su  captura para poder concretar la audiencia de formulación de cargos. Al día siguiente  las seis autoridades comunitarias se presentaron en el juzgado y fijaron fecha para una nueva audiencia, que se concretará el 26 de setiembre.

El 12 de setiembre, tres comunidades mapuche del sur de la provincia de Neuquén del Consejo Zonal Wijice (Sur, zona de Junín de los Andes) sufrieron allanamientos bajo el pretexto de la búsqueda de Santiago Maldonado. Los lof Raquithue, Lafkenche y Paynefilu fueron hostigadas por Gendarmería Nacional en horas de la madrugada, sin orden judicial y sin mediar consulta a las autoridades comunitarias. Al día siguiente ocurrió un nuevo hecho de similares características en territorio del Consejo Zonal Lafkenche (Los Lagos, zona de Villa la Angostura) en el Lof Kinxikew. La comunidad sufrió un operativo sorpresa a manos de la Policía Federal, delegación San Martín de los Andes, quienes llegaron con el objetivo de ingresar al territorio comunitario. Las autoridades comunitarias lograron impedir que ingresara al territorio.

Vaca Muerta


A cuatro años de YPF-Chevron la violencia sigue: aparición con vida de Santiago Maldonado

En el aniversario del acuerdo que permitió el avance del fracking en Neuquén y Río Negro, nos manifestamos en contra de la política económica de los gobiernos de Chile y Argentina, que contamina y destruye nuestros territorios y no permite el desarrollo de alternativas soberanas de los pueblos. Al mismo tiempo exigimos la aparición con vida de Santiago Maldonado, desaparecido por solidarizarse con la lucha mapuche.

Reunidos en el Lof (comunidad) Campo Maripe a cuatro años de la aprobación del acuerdo que la despojó de su territorio histórico, las organizaciones, referentes, intelectuales, docentes y periodistas abajo firmantes denunciamos la invasión del fracking en el territorio ancestral mapuche. La firma del acuerdo entre YPF y Chevron en el año 2013 significó el desconocimiento de los derechos de la comunidad, además de la negación del derecho a un ambiente sano para toda la población de la Norpatagonia. El posterior avance de la técnica del fracking en Neuquén, Río Negro y ahora Mendoza, amenaza zonas de producción frutícola, y áreas protegidas como Auca Mahuida, además de perpetuar una matriz energética altamente contaminante, basada en los hidrocarburos; en el uso y abuso del agua,  de la fauna, flora y en el avasallamiento de los derechos humanos y colectivos de los habitantes del lugar.

Vinculada al fracking viene la violencia estatal para imponerlo. Esta encuentra sus raíces en la represión en la Legislatura neuquina para imponer el acuerdo, a la vez que fueron quemadas tres ruka de la comunidad. Este marco no solo se ha recrudecido sino también nacionalizado con el gobierno de Macri, de la mano de la Gendarmería que intentó desalojar ilegalmente a las comunidades Campo Maripe y Futra Trayen en  junio.

La misma Gendarmería que es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado, militante social que se había acercado a solidarizar con Pu Lof en Resistencia de Cushamen (Chubut) debido a la detención de su Lonko Facundo Jones Huala. Santiago está desaparecido desde el 1 de agosto por responsabilidad del Estado nacional, siendo el presidente Mauricio Macri, la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad Pablo Nocetti, responsables directos por la represión y por las sistemáticas irregularidades en la investigación. Por más que se quiera ocultar y desviar la atención del caso, no olvidaremos su situación ni dejaremos de exigir su aparición con vida, además del castigo a los responsables.

Esta criminalización es una condición necesaria para que el bloque empresarial-gubernamental del poder imponga de manera violenta el modelo capitalista que en su fase actual requiere del extractivismo como sostén del modelo político. Las organizaciones que nos reunimos en el encuentro “Territorio y Maldesarrollo” bien conocemos los efectos de este modelo que sin consulta previa se materializa en nuestros respectivos territorios en distintas actividades como la forestal, hidroeléctrica,minera, nuclear, agroindustrial, entre otras.

La violencia estatal no es una consecuencia sino una necesidad que tienen los gobiernos para imponer su agenda económica, de alto impacto para nosotros/as, las personas que habitamos estos territorios, así como de alta rentabilidad para los concentrados grupos del poder que se ven beneficiados por este modelo extractivo. La criminalización y represión de los sectores que nos oponemos a estas políticas se extiende tanto por parte del Estado chileno como argentino. Por eso hoy exigimos la libertad de Facundo Jones Huala, y el dirigente wichí Agustín Santillán, en Argentina; de la Machi Francisca Linconao y los procesados por el caso Luchsinger en Chile, así como de todas las y los presos políticos.

Desde el territorio mapuche exigimos a los gobiernos nacionales y provinciales el cese de la criminalización: que nos dejen de matar y desaparecer. Comunicamos a la sociedad chilena, mapuche y argentina que seguiremos en la construcción de nuevos horizontes de vida para transformar esta sociedad capitalista, racista y patriarcal por una más justa. En eso están puestas nuestras energías.

Puelmapu/Argentina

Biblioteca Popular Osvaldo Bayer

Maristella Svampa, investigadora principal del Conicet

Colectiva Feminista La Revuelta

Frente Popular Darío Santillan – Regional Alto Valle

Gabriela Wyczykier, investigadora y docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento y del CONICET

Departamento Socioambiental Chico Mendes de UnTER

Iconoclasistas

Kalewche FM

Fundación Ecosur. Ecología, cultura y educación desde los Pueblos del Sur

Tierra para Vivir-Marabunta

Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales (UBA)

MST Nueva Izquierda

Asamblea por el Agua Allen

Confederación Mapuche de Neuquén

Red Ecosocialista

Observatorio Petrolero Sur

Colectivo por la Igualdad

Asamblea Comarcal contra el Saqueo

Proyecto Allen

Movimiento Antinuclear del Chubut (MACH)

Ngulumapu/Chile

Coordinadora Penco Lirquen

Fundación SOL

Centro de Estudios Sociales de Chiloé

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, ANAMURI

Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA

Parlamento Mapuche de Koz Koz

Mapuexpress

Red de Defensa de los Territorios

Red Ambiental del Norte- RAN

Agrupación de pequeños regantes y no regantes río Mostazal

América Latina

Censat Agua Viva (Colombia)

Edgar Mojica Vanegas, Departamento DDHH y Paz CUT (Colombia)

AUTE – Agrupación de Funcionarios de la U.T.E PIT-CNT (Uruguay)


Puntos de Fuga: Fractura Expuesta #5

Click en la portada para ver o descargar la revista

Después de una pausa en 2016 volvemos al ruedo con Fractura Expuesta, y lo hacemos con el mismo espíritu que guió cada una de las ediciones anteriores: ampliar los  horizontes de intervención, retomar debates y promover otros. Detrás de éstos aparece, siempre, el objetivo inicial de fijar posición ante la quimera del fracking y de los yacimientos no convencionales.

Por eso empezamos por Vaca Muerta, que de alguna manera es la marca de origen de Fractura. Ese punto de referencia hace tiempo que dejó de ser sólo una formación geológica, sólo un proyecto energético, y emergió desde las profundidades de la tierra como un mega proyecto con implicancias locales y regionales. En la edición anterior nos preguntábamos ¿y si la Vaca se cae?, en un entorno de profundo descenso de la cotización internacional del barril de crudo y de estancamiento en el desarrollo del proyecto estrella. La incertidumbre se mantiene como una constante, aunque ahora el interrogante es otro: ¿quién gobierna lo ingobernable? A partir de esa pregunta se dispara el análisis del rol del Estado nacional y de la petrolera de bandera tras la llegada de Cambiemos y del empresario Mauricio Macri a la Casa Rosada. Aparecen continuidades y rupturas respecto del kirchnerismo, en un proceso donde el mercado toma la posta en ciertos aspectos, el Estado garantiza condiciones de acumulación y gobernabilidad, y el pueblo ve reducida su participación en la renta petrolera, a partir de la quita de los subsidios al consumo y el aumento de las tarifas energéticas. Un castigo más a los bolsillos para financiar la aventura no convencional.

Vaca Muerta sigue en el horizonte de autoridades nacionales y provinciales, de empresarios locales y trasnacionales. En el transcurrir de las rondas de negocios su nombre ha perdido la connotación negativa con que carga la muerte y devino sinónimo de una titá­nica empresa, que aunque avanza mucho más lento de lo vaticinado por el relato oficial, transforma profundamente el territorio. Transformaciones que confirman el imperativo de dar un profundo viraje, de avanzar en otra dirección. Y a partir de esa premisa vamos desandando el laberinto, abriendo la mirada hacia Argentina y Latinoamérica.

Uno de los recorridos posibles, propuesto en esta edición, nos adentra en la necesidad de modificar la matriz hacia modelos más limpios, más justos, más equitativos, que permitan el acceso seguro y asequible. Una tarea pendiente y urgente, viable en la medida en que se comprenda a la energía como derecho humano, no como una mercancía. Y para esa tarea, los sindicatos no sólo tienen los conocimientos sino también la capacidad estructural para superar el cerco técnico y dar el salto político.

Como cada pueblo posee culturas políticas diferentes, el rol de los sindicatos al interior de ellos presenta características distintivas: en su relación intergremial, en su vínculo con el Estado a diferentes niveles –local, provincial o nacional. Entender el rol de las y los trabajadores de la energía en esos contextos nos permite pensar posibles alianzas y estrategias a nivel regional. Esa fue la premisa de la que partimos al momento de pensar el apartado Sindicatos y Energía. Retomar la senda recorrida por la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina en la lucha para conquistar la tarifa social en la provincia de Buenos Aires y su prédica sostenida para que se comprenda que el acceso a la energía debe ser considerado un derecho humano, porque ello determina, en buena medida, las condiciones de vida de la población.

Una perspectiva compartida por la Agrupación de Funcionarios de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (AUTE) que, desde la otra orilla del Plata, enfatiza que el control de las fuentes por parte de empresas públicas es fundamental a la hora de pensar en términos de justicia energética. Advierten que un proceso de diversificación de la matriz hacia fuentes limpias y renovables en manos del sector privado puede reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la polución ambiental, pero simultá­neamente profundizar las inequidades sociales, consecuencia de un fuerte proceso de mercantilización de la energía y de la expoliación de las arcas públicas.

Y desde la nunca lejana Colombia, la Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO) y la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos y Quí­micos, de las Industrias Extractivas, Transportadoras y similares (Funtramiexco), nos recuerdan un principio elemental, muchas veces olvidado: los y las trabajadoras también somos parte del territorio.

El otro recorrido propuesto en esta quinta Fractura Expuesta se adentra en la Economía Verde, un camino sin salida. La palabra “verde” como un lugar común cada vez más importante en discursos e iniciativas políticas, corporativas y de organismos internacionales. Una línea de intervención sobre la problemática ambiental impulsada desde parte de las elites del capitalismo central. Como resalta el sociólogo José Seoane, autor del artículo que abre el apartado, esto “no sólo supone una profundización y agravamiento de la cuestión social y ambiental, sino que asimismo promueve una manera particular de entender e intervenir sobre este deterioro y destrucción del ambiente y las condiciones de existencia de la vida humana y no humana. Propone así una propia política ambiental neoliberal”.

En el arsenal metodológico “verde” desplegado por estos sectores, aparece la transformación democrática de conflictos, cuyo propósito es naturalizar el relato oficial (gubernamental/empresarial) de que no hay salida por fuera de los proyecto extractivos y que la mejor perspectiva posible es participar de manera “justa” de sus beneficios. Todo esto rodeado de una retórica que suena bien porque es flexible: puede ser progresista o conservadora de acuerdo a los interlocutores, y hasta logra ocultar que es una herramienta de construcción de consensos en favor del extractivismo. Una línea de intervención explorada en los primeros años del 2000 para intentar desarticular la oposición a la megaminería en Esquel, e implementada en Neuquén para allanar el camino a Vaca Muerta.

Siguiendo por los senderos de la Economía Verde exploramos la responsabilidad social empresaria, que lejos de la difundida humanización corporativa, no se plantea superar la condición desfavorable de quien recibe la ayuda, sino que su objetivo es apenas una fachada detrás de la que esconden fines menos altruistas. Como se desliza en el artículo, estas estrategias no sólo permiten que, paradójicamente, “quien ofrece la ayuda sea también quien obtiene los principales beneficios”; sino que deben ser comprendidas “parte constitutiva del proceso productivo (…) con una función estratégica en la administración del conflicto social”.

La última escala en este recorrido es en una sección que hace a nuestra identidad, Latinoamérica debate, en la que ponemos el foco en procesos cruciales para la región. En esta oportunidad se trata de Colombia y las diversas posiciones frente a la construcción de la paz. Un artículo que dialoga y complementa con el testimonio de los referentes de la USO y Funtramiexco. “Con la paz, aquellos territorios con conflicto y difícil acceso serán lugares donde los proyectos de hidrocarburos, mineros y de energía serán una realidad”, fue el leit motiv de los intereses empresariales y gubernamentales promotores de la pax extractivista. Sin embargo la apuesta de amplios sectores de la sociedad es construir un país sobre nuevas bases democráticas y con mayor justicia social y ambiental, lo que se ha evidenciado en las luchas emprendidas por la población de varios municipios que lograron frenar el avance de proyectos extractivos. Este auge de la democracia participativa amenaza la viabilidad de los planes que el gobierno colombiano tenía para el posconflicto, que incluso se había negado a discutir con los grupos insurgentes. Un proceso para seguir atentamente.

De esta manera surcamos los debates que conforman el laberinto de la cuestión energética que, en última instancia, es un debate sobre nuestros modelos políticos. Buscamos, así, dar perspectivas, que no están cerradas, y que se definen en la misma dinámica de los procesos sociales, pero que nos sirven para dar luz sobre posibles salidas: las falsas y las transformadoras.

Que sea movimiento.

Ver/Descargar Fractura Expuesta V