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Fetera: La energía, un derecho que construye soberanía

El surgimiento y desarrollo de la FeTERA está lleno de simbolismos clasistas que la constituyen. En su declaración de principios establece que la clase obrera es un elemento básico de la generación del capitalismo y que el movimiento obrero es una “necesidad ineludible” para transformar este sistema. Por esto, promueve instancias como la solidaridad y la creación de una fuerza propia para construir “un país que merezca ser vivido por todos”. ¿Cómo se construye ese país?, es la respuesta que buscamos desde la perspectiva de los y las trabajadoras de la energía.

Por: Felipe Gutiérrez Ríos*

La Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA), que agrupa a espacios de base de distintas ramas del sector, es probablemente la organización más dinámica en la demanda por el derecho a la energía en el país. Maduró su debate político en el contexto de la pérdida de ese derecho, durante la cruda década neoliberal con Carlos Menem en la presidencia del país. Desde entonces, año tras año, forma parte de la discusión pública en torno a los precios y el control de la energía, desarrollando propuestas como la tarifa social. Por eso su demanda se transformó en bandera: hoy levantan, en el país y la región, la discusión por una soberanía energética que parta desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Aquí su historia y sus debates, en la voz de dos de sus principales referentes, José Rigane, secretario general, y Gabriel Martínez, secretario de Organización.

Un nuevo modelo sindical

El nacimiento de la FeTERA está íntimamente ligado al quiebre producido en el sindicalismo durante el primer gobierno de Carlos Menem. En ese marco un sector, principalmente de trabajadoras y trabajadores estatales y de la educación, forman la CTA, que nace en 1991 como Congreso de Trabajadores Argentinos, y se transforma en Central de Trabajadores Argentinos, después. En dicho quiebre hacen explícita la búsqueda de un nuevo modelo sindical, que confronte el apoyo que la Confederación General del Trabajo (CGT) le entregaba, por entonces, a las políticas neoliberales, y que pudiera constituirse como un movimiento político y social. La cientista política María Silvana Gurrera, que estudió la constitución de la Central, sostiene que la idea de este nuevo modelo sindical se basaba en cuatro prácticas fundamentales: autonomía respecto del Estado, patrones y partidos; democracia sindical expresada a través de la elección directa de las autoridades; apertura a nuevos sectores de la sociedad por fuera de los gremios; y revalorización de la ética gremial en contraposición con el “viejo sindicalismo” (Gurrera 2012: 212).

Recordando ese período Gabriel Martínez se­ ñala que “el sindicato único había facilitado el desarrollo de las políticas neoliberales y buena parte de las organizaciones sindicales más grandes se habían asociado a los procesos de privatización y extranjerización”. “Los trabajadores que entendíamos distinto la cosa, comenzamos a organizarnos de una manera independiente de los que estaban claudicando, creando una conceptualidad nueva que viera al sindicalismo como parte integrante de la sociedad y no como una herramienta a utilizar dentro del mundo del trabajo”, subraya. “Es decir que la clase, ya no los trabajadores en relación de dependencia, la clase, tenía que buscar una articulación con todos los sectores para enfrentar a un enemigo que era mucho más grande que un patrón”. Martínez enfatiza en que en el surgimiento de la CTA se juntan conceptos traí­ dos de la experiencia de la CGT de los Argentinos (1968-1973) con elementos nuevos, propios de la crisis neoliberal.

En el marco de ese proceso, y en el esquema de crecimiento de CTA en nuevos sectores, es que nace la FeTERA, formalmente en noviembre de 1995. Creada por una diversidad de sindicatos como Luz y Fuerza Mar del Plata, Santa Cruz, Zárate y La Pampa; trabajadoras y trabajadores estatales (ATE) de sectores como el carbón (Río Turbio) y nuclear; Gas del Estado de Capital Federal, de la represa de Salto Grande y ex ypefianos (desocupados y desocupadas de YPF).

Las y los trabajadores de la energía como sujetos políticos

Las políticas neoliberales de Menem golpearon con especial fuerza a los y las trabajadoras de la energía cuyas principales empresas fueron desguazadas, divididas y finalmente privatizadas. Este proceso ocurrió en los distintos segmentos del sector, tanto en generación como transmisión y distribución, dejando a miles de personas en la calle. Mientras una porción mayoritaria de estos se transformaron en desocupados, otros puestos de trabajo fueron reconvertidos a la subcontratación, con la consiguiente pérdida de derechos laborales (1) .

“Nuestro objetivo entonces era nuclear a sectores que salieron a enfrentar la pérdida de patrimonio público y la privatización de las empresas de Estado”, señala Martínez. “Pero también nos dimos la estrategia de representar trabajadores activos, jubilados y desocupados. Esto llevó a organizarnos dentro del ámbito de las organizaciones de trabajadores, con una política diseñada para articular con todos los sectores de la sociedad, reconociendo a nuestros compañeros que habían quedado sin trabajo como parte de la organización sindical, cosa que a algunos aún les cuesta”.

La FeTERA se caracteriza, entonces, por ser una organización de segundo grado que reúne no solo a sindicatos, sino también a otras figuras, como agrupaciones y a la afiliación individual. Además, los orígenes de estos espacios son de diversas ramas del sector. Se busca así la construcción de una nueva figura sindical: las y los trabajadores de la energía. Martínez considera que a través de la Federación lograron crear este nuevo modelo de representación sindical, no sin complejidades, “cuando un trabajador de Luz y Fuerza se integra con otros trabajadores de Luz y Fuerza en usinas o empresas que transmiten alta tensión o distribuidoras, tienen un lenguaje común o un convenio colectivo común que hace que se sientan pares, aunque no se conozcan desde antes”. “Ahora, cuando encontrás en un mismo lugar a trabajadores del gas, de la electricidad, química, carbón, nuclear; no hay pasado común, no hay una historia que los entrelace. Entonces tenés que empezar a crear una nueva historia, la historia de la convivencia en un ámbito de construcción nueva. Desde ese punto de vista, la FeTERA es un experimento sindical que ha sobrevivido ya veinte y pico de años”, comenta.

Un dato no menor es la baja afiliación de gente del sector petrolero en la Federación. Al respecto, su secretario de Organización, explica que se debe a que esos trabajadores y trabajadoras están empleados prioritariamente en empresas privadas, que ven con temor la lucha contra la privatización que lleva adelante la FeTERA.

La energía entendida como derecho

Hay un proceso en particular liderado por Luz y Fuerza de Mar del Plata que determinó y constituyó el ADN de la lucha de la Federación. Hacia finales de la década de 1990, a los masivos despidos en el sector, en esa ciudad se sumaron los cortes de luz y agua, así como la quita de los medidores, lo que generó una alta conflictividad en algunos barrios, que incluía piquetes y barricadas para impedir los cortes del suministro. Ante esto, los gremios promovieron la creación de multisectoriales que levantan una propuesta de reconexión de los hogares sancionados y la creación de una tarifa social. Después de años de negociación, esta fue aprobada en la provincia de Buenos Aires, estableciendo rebajas de tarifas de un 40% (llegaba hasta un 50% con la quita de impuestos) en las casas con consumo menor a 150 kwh mensuales (2).

Escuela de Formacion Agustín Tosco de Fetera (2014) / Agencia CTA

“Nosotros empezamos a dar este debate cuando comenzamos a sentir la pérdida del derecho a la energía, a finales de los ‘80. En ese ámbito surge el concepto de la tarifa social. Comenzamos a buscar las relaciones institucionales y sociales que llevaran a contar con un cuadro tarifario que incluyera una tarifa especial de carácter social”, sostiene Martínez. Un volante de la época valora así la importancia de la ley. “La Tarifa Social es un avance surgido de la conciencia social de los hombres y mujeres que sufrimos la derrota económico-ideológica de la privatización. Sobre la base de reconocer la energía como un derecho humano es que se comienza a recorrer el camino de construcción de la Tarifa Social.”

“Esa ley se ganó, está vigente y garantizó la energía eléctrica para muchísimos que no podían pagar. Donde el valor subsidiado de la energía no lo paga el Estado, sino que son las mismas empresas que resignan ganancia para garantizar el servicio público. Así, el concepto de que la energía es un derecho, es un bien social, nació en medio de la crisis que va desde el ´99 hasta previo el 2001, a medida que iban creciendo las condiciones sociales para el crack que se dio después”, valora Martínez. Por su parte José Rigane sostiene que ese proceso fue un hito para entender la desmercantilización de la energía. “La energía resulta insustituible. Se puede sustituir un paquete de fideos, podes comprar un kilo de papas o arroz; pero la electricidad, el agua y el gas no lo podes sustituir, es imprescindible para la vida. Y sin esa energía no hay vida digna y, como se trata de un bien social, de la misma manera tenemos que es un derecho humano. Pero este modelo contempla a la energía como un instrumento para tener ganancia por parte de las empresas multinacionales de la manera más rápida. Tiene como objetivo sustancial tratar la energía como un commodity, como una mercancía, a la que no reconoce como un derecho o bien social”.

Un sistema en crisis

La FeTERA coincide con el diagnóstico común de que el sistema energético está en crisis. Esta es una afirmación que aparece transversalmente a todos los sectores políticos del país, sin embargo cada uno pone el acento en causas distintas. Por ejemplo, el relato oficial del gobierno kirchnerista establecía que la responsabilidad estuvo en el proceso neoliberalizador de los ‘90, mientras que el macrismo culpa a la pesada herencia kirchnerista. Por su parte Rigane sostiene que “ha fracasado y está en una profunda crisis el modelo energético basado en la privatización y, fundamentalmente en la extranjerización, que responde a los intereses del sistema capitalista”.

¿De dónde proviene esta crisis? Para Martínez, “la pérdida de soberanía energética no se da en 1989, sino que viene de todo el proceso anterior, de decadencia, que termina privatizando, arrebatando la energía de la administración social”. Rigane complementa, “la entrega comenzó con la dictadura militar, pero luego tiene continuidad en la democracia, que es lo peor que nos sucede. Esto termina demostrando que esa democracia es profundamente formal, es profundamente burguesa y que además, al ser una democracia no participativa, no está convocado a la gente a decidir sobre los problemas más importantes y significativos. Es una demostración de que los argentinos perdimos soberanía y somos incapaces de poder decidir precisamente sobre los temas más importantes”.

El secretario general de la Federación considera que la clave en esta crisis está en la pérdida del control social de la energía. Esto se ve, por ejemplo, en la extrema dependencia de los hidrocarburos en la matriz energética, lo que no sólo la hace muy contaminante sino también altamente dependiente, debido a la necesidad de importar gas. “Lo cierto y lo lógico es que tenemos que tender hacia una matriz diversificada, pero eso solamente lo puede hacer un pueblo que recupere la soberanía, para después discutir qué es lo que nos conviene desarrollar. Este es un debate que no se termina de entender en la gran urbe capitalina, donde no se ve ni se siente lo que es capaz de provocar el extractivismo y sus consecuencias nefastas para el pueblo argentino. Entonces está muy claro que la diversificación de la matriz energética viene de la mano de recuperar la soberanía popular. Y si recuperamos la soberanía energética, seguramente los argentinos nos vamos a dar una matriz en la que tengamos una compensación de energías alternativas”, sostiene Rigane.

¿Cómo entiende, entonces, FeTERA la soberanía energética? Martínez responde: “para nosotros está relacionada directamente con la apropiación social de los recursos energéticos y de la capacidad de transformación para su conversión en servicio pú­ blico. La soberanía tiene que ver con la aparición de un actor colectivo permanente, no asociado a las coyunturas políticas, que tiene que laburar un proyecto de utilización y desarrollo. Y que tiene que garantizar a las generaciones que vienen su disfrute”.

Yendo a la propuesta concreta de FeTERA para pensar una transición a la soberanía energética, Rigane sostiene una agenda de cuatro puntos: “la primera decisión tendría que ser suspender todo tipo de exportación de petróleo: no tenemos petróleo para abastecer el mercado interno, no tenemos por qué exportar. Segundo, declarar servicio público todo lo que es servicio público y que hoy no está declarado: la transmisión, generación y la distribución de energía. Tercero, una intervención del Estado con poder de decisión para la planeación y ejecución de la política energética que tenga como objetivo resolver el problema del acceso de todos los ciudadanos argentinos a la energía. En esa línea, comenzar a planificar algo que no se resuelve de un día para otro, que es el tema de la diversificación de la matriz energética. Y luego una integración de carácter regional en función de los intereses y la necesidad de los pueblos, no de los gobiernos, y menos aún de los grupos multinacionales. En términos energéticos esto resulta imprescindible”.

Martínez, por su parte, hace hincapié en el control de los servicios públicos. “Nuestra propuesta no es volver al tipo de administración de servicios públicos que teníamos antes de 1989, cuando se pensaba que era del Estado, y por lo tanto lo administraba el gobierno. Ni tampoco a lo que se pensó después, cuando era de los concesionarios, y por lo tanto lo administraban las empresas. No hay un punto donde se piense que el control de la energía es de la sociedad, que va más allá de los gobiernos y de los intereses privados. Ahí el Estado tiene un rol, pero la sociedad tiene que ser garante de que las futuras generaciones no se van a encontrar con Repsol administrando”.

Una vuelta al comienzo

El panorama político es hoy mucho más parecido al de la fundación de la FeTERA. Si la discusión energía como derecho o como mercancía no estuvo saldada durante el kirchnerismo, el gobierno empresarial de Mauricio Macri inclinó toda la balanza en favor de la mercantilización. Su mayor expresión fue el tarifazo: un brutal aumento de los servicios para sostener los altos márgenes de rentabilidad de las compañías del sector, bajo un discurso antisubsidios. Para Martínez lo que se terminó implantando mediáticamente fue un falso debate, “este gobierno te hace discutir entre tarifazo y aumento gradual y nosotros decimos ‘ni una cosa ni la otra’”. “Para nosotros el tarifazo es una consecuencia. La causa es el modelo energético. Y si nosotros no cambiamos la causa, los efectos van a continuar”, agrega Rigane.

Martínez sostiene que esa modificación del modelo tiene que ir en función del aprovechamiento social de la energía. “¿Para qué quiero empezar a exportar energía? No me interesa. Yo quiero la energía para desarrollar puestos de trabajo, tecnología propia, proyectos de desarrollo, una democracia fuerte y participativa, universidades que desarrollen centros de ciencia y tecnología, etc. Lo que tenemos que hacer es plantearnos qué tipos de desarrollos industriales hacen falta para que mi sociedad viva mejor y qué nuevas formas de participación democrática nos podemos dar en camino hacia estadios superiores, donde el socialismo esté contemplado”.

 

*Investigador del OPSur

Este artículo fue publicado en la edición Nº5 de Fractura Expuesta. [Descargar revista]

Fuentes

(1) Hernán Palermo (2012) cifra en 35.689 los despidos sólo en YPF. Esto provocó una alta conflictividad social, cuyo punto máximo fueron las puebladas de Cutral-Co y Plaza Huincul que vieron nacer a un/a nuevo/a sujeto/a: las y los piqueteros, que lograron frenar el intento de atomización de las y los desocupados por la vía de los despidos.

(2). Más información sobre la historia de la Ley 12698 de la Provincia de Buenos Aires, está desarrollada en el artículo La Historia de la Tarifa Social, disponible en la página de FeTERA.

Artículos consultados

Gurrera, M. S. (2002). Protesta, conflicto sindical e identidades políticas: la Central de los Trabajadores Argentinos en los años noventa. Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe. Buenos Aires.

Palermo, H. M. (2012). Cadenas de oro negro en el esplendor y ocaso de YPF. Grupo Antropología del Trabajo. Buenos Aires.

Soberanía Energética


Petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina

por Natalia Barrionuevo / Stefan Peters

Los recursos naturales están nuevamente en el centro del debate público latinoamericano. Con base en la expansión e intensificación de un modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales, la región vivió entre 2003 y 2013/14 una bonanza económica con altas tasas de crecimiento y -muchas veces bajo gobiernos progresistas– reducciones importantes de las tasas de pobreza así como mejoras palpables de la distribución del ingreso. El llamado (neo)extractivismo se convirtió –hasta su colapso rápido en el contexto de la fuerte caída de los precios de los commodities a partir de 2013/2014– en un modelo políticamente exitoso que a su vez causó un sinnúmero de reflexiones en foros de movimientos sociales, conferencias y publicaciones de índole académico-político e investigaciones académicas. Estos debates se concentran mayoritariamente en dos líneas: i) las consecuencias socio-económicas del modelo reflejadas en índices de desarrollo, así como ii) los pasivos ambientales de la extracción de materias primas y los conflictos socio-ambientales relacionados a los proyectos extractivistas. El presente dossier, por un lado, retoma estas discusiones en el análisis de diferentes casos de la extracción de hidrocarburos en la Patagonia Argentina. Por otro, busca ampliar el debate hacia dos temas que en las reflexiones recientes sobre el (neo)extractivismo en América Latina han tenido menos envergadura: las consecuencias socio-culturales de la extracción de materias primas a nivel local, y las particularidades del trabajo y de las relaciones laborales en los enclaves extractivos. Además, los artículos reunidos en este dossier tienen en común que no se restringen al análisis de la coyuntura sino que buscan interpretar los fenómenos actuales a nivel económico, social, político y cultural a la luz de la larga tradición e historia de la explotación de materias primas en la región.

La Patagonia Argentina ofrece una variedad de casos emblemáticos para discutir empíricamente los diferentes nexos entre petróleo, trabajo y sociedad. Si bien es cierto que la Patagonia es mucho más que petróleo y recursos naturales, cabe destacar que buena parte de los recursos hidrocarburíferos de la Argentina se extraen de tierras patagónicas y que buena parte de la Patagonia está claramente marcada por la extracción del ‘oro negro’. Aunque en contraste a países como Ecuador o Venezuela, Argentina no es un país petrolero, no hay que subestimar la importancia del recurso para la economía, la sociedad y la política del país. La entonces presidenta de la República Cristina Fernández de Kirchner lo dejó en claro al responder a demandas de pueblos originarios y afirmar que “no podemos dejar […] de sacar el petróleo porque lo necesitamos para poder desarrollarnos, para poder vivir” (cit. p. Scribano y Machado Araoz, 2013: 15). No obstante, la misma extracción y especialmente la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking también han causado fuertes polémicas y resistencias por parte de movimientos sociales, indígenas y ambientalistas. En términos generales, podemos constatar que hay una extraña tensión entre un amplio apoyo a la extracción del petróleo, la defensa de la industria y las fuentes laborales en tiempos de crisis como los que atraviesa el sector petróleo en la actualidad, e incluso la construcción de un orgullo y una identidad local en torno a la extracción del petróleo por un lado; y la denuncia de una serie de consecuencias negativas relacionadas con la presencia de la industria extractiva a nivel local, junto a fuertes resistencias especialmente en contra el fracking como podemos observar en el caso de Vaca Muerta o de la comunidad mapuche de GelayKo, ambos ubicados en la provincia de Neuquén (Savino, 2016; véase también la contribución de Bernáldez a este dossier).

El presente dossier se plantea contribuir a una radiografía de las interrelaciones entre petróleo y sociedad en la Patagonia. El proyecto nació a lo largo de 2015 en el marco de cooperaciones académicas entre el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagoniade la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco en Comodoro Rivadavia, y su Programa de investigación Petróleo y desigualdades sociales en la Cuenca del Golfo San Jorge, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y la Universidad de Kassel. En esta última institución, el dossier se enmarca en el International Center for Development and Decent Work y su línea de investigación sobre extractivismo, que puso en relieve una serie de intereses y preocupaciones compartidas y complementarias en torno a la comprensión de las relaciones entre el petróleo y los vínculos sociales en sociedades marcadas por la extracción de hidrocarburos. En base a estos puntos de partida, se hizo una convocatoria abierta a artículos que dio múltiples respuestas, hecho que demuestra el fuerte interés académico en el tema.

Como primer resultado de esta cooperación ofrecemos en el presente dossier ocho artículos que abordan desde múltiples perspectivas y con diferentes entradas teóricoconceptuales el tema petróleo, trabajo y sociedad en la Patagonia Argentina en clave subnacional, enfocándose en las ciudades de Comodoro Rivadavia (Chubut) y Catriel (Río Negro), y las provincias de Neuquén y Chubut. A partir de abordajes multi e interdisciplinarios, se proponen análisis teórico-empíricos tanto desde la perspectiva de las estructuras sociales como desde los actores y grupos involucrados, que vinculan tradiciones teórico-metodológicas cualitativas y cuantitativas. Los artículos que lo componen se preguntan por las diversas interrelaciones entre el petróleo y las dinámicas sociales en contextos urbanos de la Patagonia bajo los ejes de problemáticas medioambientales, acceso y apropiación de la tierra y el hábitat, relaciones de género, y particularidades regionales del rentismo. Pero las propuestas que aquí presentamos no sólo responden interrogantes a la vez que formulan nuevos, también dialogan entre sí en torno a los sentidos en que el petróleo moldea las relaciones sociales y las relaciones naturaleza/ sociedad generando diversas desigualdades (ambientales, de género, de clase, en la distribución de la renta) que implican relaciones de poder particulares. Con el foco en procesos de identificación, dominación, resignificación y resistencia, los autores dan cuenta de mundos complejos en los que intervienen el Estado, el mercado, las empresas y los trabajadores como actores destacados. La pregunta por la construcción de consensos en torno a una cultura del petróleo sobrevuela –de manera más o menos explícita aunque no por ello menos evidente- los diferentes escritos, lo que interpela a pensar en formas de desafiarla en pos de garantizar derechos sociales y ejercicios plenos de la ciudadanía a la vez que la construcción de sociedades más sustentables.

Luego de esta presentación, los artículos se inician con la contribución de Brígida Baeza y Magali Chanampa que analizan cómo los problemas medioambientales que conlleva la actividad petrolera son naturalizados por la población comodorense. En base a ejemplos históricos y actuales demuestran cómo la contaminación causada por el petróleo forma parte de la cotidianeidad de los habitantes de la principal ciudad de la provincia del Chubut. El punto central del artículo de Baeza y Chanampa es el tema de la contaminación del hábitat en relación con las desigualdades socio-espaciales. Las autoras discuten especialmente las consecuencias de la contaminación en los barrios caracterizados por ‘tomas de tierra’ y, a partir de esos casos empíricos, desarrollan las dificultades para desnaturalizar los daños ambientales y el proceso de sacralización del petróleo como barrera a la conciencia sobre los problemas ambientales en la sociedad petrolera de Comodoro.

A continuación Joaquín Bernáldez discute, desde una perspectiva de la ecología política, las consecuencias socio-ambientales de la extracción de hidrocarburos en la provincia de Neuquén. El artículo debate los principales planteamientos de la ecología política haciendo hincapié en tres puntos clave: la interdependencia entre naturaleza y sociedad; la politización de las relaciones naturaleza-sociedad; y el compromiso académico con la reapropiación de la naturaleza. Basándose en estas categorías analíticas Bernáldez se acerca al análisis de sociedades extractivistas en general, para luego presentar entradas más concretas a líneas de investigación en torno a la ecología política de los conflictos sobre el fracking en la provincia de Neuquén.

Posteriormente el artículo de Laura Mombello nos lleva a otra localidad petrolera de la Patagonia: la ciudad petrolera de Catriel, en la Provincia no-petrolera de Río Negro. Sin embargo, su artículo no se restringe a la investigación de las consecuencias de la larga historia de explotación petrolera en la ciudad, sino que ofrece un análisis multiescalar. Esta perspectiva metodológica-conceptual le permite discutir los procesos sociales de la ciudad de Catriel en relación con factores a nivel provincial, nacional e internacional. Mombello debate estas interrelaciones y tensiones entre las diferentes escalas con un enfoque en los derechos (adquiridos y naturalizados) a la explotación y al usufructo de las riquezas de la naturaleza.

El siguiente artículo de Santiago Bachiller presenta resultados de un trabajo etnográfico en los asentamientos conformados por tomas de tierras en Comodoro Rivadavia, reparando en las particularidades del caso a la vez que enmarcando el fenómeno en formas latinoamericanas de producir espacio urbano. El autor sostiene que ese fue el modo histórico de conformación de la ciudad, marcado por la extracción de petróleo. A lo largo del texto rastrea las dificultades históricas de los sectores populares locales en el acceso legal a la tierra, repara en la gestión gubernamental de acceso al suelo y analiza el rol del mercado inmobiliario/ constructor en tanto agente expulsor. Finalmente retoma algunos discursos de los protagonistas de las tomas vistas como alternativa, y reflexiona en torno a la necesidad de imaginar nuevas políticas urbanas.

También basado en investigaciones empíricas en Comodoro Rivadavia, el artículo de Natalia Barrionuevo busca reconstruir, a partir de un estudio etnográfico, algunas formas de legitimación de las desigualdades de género en un contexto de desigualdad de clase signado el trabajo petrolero. La autora repara en las formas en que esas desigualdades se actualizan en contextos recientes de post-privatización de YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), y persisten –a la vez que son resistidas- en una configuración particular que articula determinación (una comunidad patagónica históricamente petrolera y masculina) y contingencia (el boom y las nuevas formas de pensar el trabajo, las relaciones de clase y las construcciones de género).

Después Hernán Palermo se propone reconstruir históricamente las identificaciones de los trabajadores del sector para luego reparar en las formas en que representan el género según el lugar que ocupan en el proceso de cooperación capitalista. Allí, sostiene el autor, convergen saberes técnicos y formas de producción de la masculinidad históricamente situadas, redundantes en una determinada disciplina fabril. A partir de una investigación cualitativa, el autor considera cómo la pérdida del trabajo en YPF –a partir del proceso de privatización de la empresa en la década de los ’90- produjo masculinidades devaluadas. En el posterior contexto de tercerización, surgen los “petroleros” en tanto “nuevos varones del petróleo”, no sin diferenciaciones internas.

El próximo texto de Paolo Paris considera las relaciones de género que permanecen a pesar de la reestructuración del mundo petrolero en los últimos veinticinco años, dada por contextos de post-privatización y post-convertibilidad, y se pregunta si esa formación puede ser erosionada por la contemporaneidad. El autor también reflexiona sobre la relación entre “petroleros” y “no petroleros”, y la “parte maldita” que fascina a la vez que genera rechazo. En ese camino retoma la propuesta de Georges Bataille y cierta producción académica local, para concluir presentando las prohibiciones y transgresiones que vinculan trabajo, empresa y género en la “boca del pozo”.

Por último, el artículo de Stefan Peters analiza la provincia del Chubut y, especialmente, la ciudad de Comodoro Rivadavia desde una perspectiva de la teoría rentista. En su texto describe a Chubut y su principal centro urbano como una sociedad rentista fuertemente caracterizada por los ingresos rentísticos. El texto se centra en indagar la (re-)producción de patrones político-territoriales y desigualdades sociales a través de la distribución de la renta petrolera, así como en la naturalización de la extracción petrolera en Comodoro. Peters afirma que el caso de estudio arroja luz a las limitaciones de la dicotomía bendición vs. maldición de los recursos naturales que domina buena parte del debate sobre renta (petrolera) y desarrollo, y propone una reorientación teórica-conceptual hacia el estudio de sociedades rentistas.

Consideramos que los artículos reunidos ofrecen un amplio y muy valioso panorama que nos permite un mejor entendimiento de los procesos sociales en la Patagonia Argentina y sus interrelaciones con la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, más que un proyecto culminado, concebimos al presente dossier como un comienzo que abre nuevos interrogantes académicos a la vez que replantea otros y que, por lo tanto, esperamos que represente un punto de partida de futuras investigaciones. Además de la profundización de los debates aquí planteados, queremos señalar -sin ambiciones de ser exhaustivos– cuatro líneas de investigación adicionales para ilustrar posibles caminos en ese sentido. En primer lugar, cabe subrayar que este dossier se limita al análisis de casos de la Patagonia Argentina. No obstante, en un próximo paso sería importante abrir el espacio a comparaciones sistemáticas con otros casos de explotación minera e hidrocarburífera en Argentina, América Latina y otras partes del mundo. En este sentido, resultaría de especial interés académico llevar adelante un análisis comparativo de las dinámicas presentes en la Patagonia Argentina con otros casos de sociedades petroleras a nivel subnacional en países no-petroleros.

En segundo lugar, varios de los artículos reunidos en este dossier hicieron hincapié en la complejidad de las relaciones laborales en la industria petrolera. Si bien es cierto que las remuneraciones de los trabajadores petroleros son relativamente altas, otros factores como la estabilidad laboral, la reducción de las horas de trabajo, las mejoras en la seguridad y la prevención de accidentes laborales, junto a la lucha contra las desigualdades de género(s), van ganando importancia para los trabajadores y sus gremios. Dicho con otras palabras, se trata de discutir y plantear estrategias que aseguren que los trabajadores tengan acceso a un trabajo decente en una amplia perspectiva (ILO, 2012). Sin embargo, cabe señalar que el desafío de mejorar las condiciones laborales no se restringe a los trabajadores petroleros. Especialmente en sociedades con una fuerte presencia de economías de enclaves –como es el petróleo– también hace falta desarrollar estrategias para mejorar las condiciones laborales de los y las trabajadores-as cuya vida está estrechamente vinculada a la actividad extractiva, aunque no trabajen en la industria.

En tercer lugar, cabe señalar que uno de los desafíos más importantes para todas las sociedades mono-dependientes de recursos naturales no renovables consiste en fortalecer los sectores no-extractivos y contribuir a la diversificación de la economía para reducir la dependencia de los recursos naturales y llegar a un modelo de desarrollo económica, social y ecológicamente más sostenible. Aunque existe un amplio consenso sobre los beneficios de ampliar la matriz productiva y una serie de ejemplos actuales e históricos de planes para salir de la dependencia de recursos naturales, los resultados de estas iniciativas suelen ser –en el mejor de los casos– mediocres. Por consiguiente, y con mucha más urgencia en el actual contexto de crisis, la academia, las instituciones de representación política, pero sobre todo la sociedad en su conjunto, se confrontan con la urgencia de analizar los factores que obstaculizan o inhiben mayores éxitos en la diversificación de la matriz productiva en sociedades extractivas. Ese análisis es la base para discutir, formular e implementar iniciativas políticas, económicas y sociales concretas que permitan reducir la dependencia de los commodities y construir sociedades post-extractivistas.

En cuarto lugar, no cabe duda que en las ciudades petroleras de la Patagonia Argentina se han establecido y se siguen reproduciendo “culturas del petróleo” que se destacan por una serie de particularidades en las relaciones sociales, los patrones de consumo y el uso del tiempo libre, relaciones Estado-sociedad, perspectivas hacia el futuro, relaciones entre la sociedad y la naturaleza, etc. que las distinguen claramente de otras formaciones sociales del país. Sin embargo, hay pocos trabajos académicos abocados al análisis empírico de las características comunes (también en perspectiva comparada) de las culturas petroleras locales.

Discutir las interrelaciones entre petróleo, sociedad y trabajo, por lo tanto, abre espacios para una serie de interrogaciones con alta importancia política y social para las sociedades petroleras por un lado, pero también para la reflexión académica y especialmente para el debate de las Ciencias Sociales. Con este dossier queremos contribuir a esas discusiones, y de esa manera incentivar el estudio empírico de las sociedades petroleras en la Patagonia Argentina, pero también en otros lugares del mundo.

Bibliografía ILO (2012) Decent Work Indicators: Concepts and Definitions. Geneva, ILO. Savino, L. (2016) “Landscapes of contrast: The neo-extractivist state and indigenous people in ‘post-neoliberal’ Argentina”, en The Extractive Industries and Society, vol. 3, 404-415. Scribano, A. y Machado Araoz, H. (2013) “Presumidamente blanca… Notas para entender la violencia racializante”, en: Boletín Onteaiken, N° 15, 1-21.

 
Dossier completo Presentación Natalia Barrionuevo & Stefan Peters | 01 La naturalización de las problemáticas medioambientales en torno a la explotación petrolera en Comodoro Rivadavia Brígida Baeza & Magali Chanampa | 07 Hacia una ecología política del fracking en la Patagonia Argentina Joaquín M. Bernáldez | 32 Derecho, tierra y petróleo. Una aproximación analítica multiescalar desde el norte rionegrino Laura Mombello | 49 Petróleo, dificultades del acceso al suelo urbano y toma de tierras: un problema recurrente en la historia comodorense Santiago Bachiller | 71 Trabajo petrolero y desigualdades de género en Comodoro Rivadavia: reactualizaciones históricas Natalia Barrionuevo | 88 La construcción social de la(s) masculindad(es). Un análisis etnográfico del universo laboral de los trabajadores petroleros Hernán M. Palermo | 110 El pozo maldito: Trabajo petrolero, heteronormatividad y goce en la Cuenca del Golfo San Jorge Paolo Paris | 128 Petróleo, política y sociedad en Chubut: reflexiones teórico-conceptuales en torno al rentismo Stefan Peters | 144 La sopa del albañil y el viento sonando entre las hendijas de la ventana César Barrientos | 165 Revista Identidades del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia (UNPSJB)


Se lanzó la Confluencia Fuera OMC

Organizaciones lanzan agenda de actividades para la Semana de Acción Global contra la OMC en diciembre

Luego de su Segundo Encuentro Preparatorio de la Semana de Acción Global contra la OMC, realizado entre el 28 y el 30 de septiembre en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, la Confluencia Fuera OMC lanza la agenda de actividades previstas para diciembre de este año, en paralelo y en repudio a la Reunión Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires entre los días 10 y 13 de ese mes.

El Encuentro contó con la participación de más de cien integrantes de distintas organizaciones políticas, sociales, sindicales, de mujeres, de educación, ambientales, culturales, de asambleas autoconvocadas e investigadores, provenientes de diferentes puntos del país y de países hermanos, y tuvo como eje la preparación de las actividades de denuncia, resistencia y construcción de alternativas populares ante el desarrollo de la Reunión Ministerial.

Las organizaciones integrantes de la Confluencia Fuera OMC entienden que “desde hace veinte años la OMC representa el modelo económico neoliberal que promueve las ganancias empresariales por sobre el empleo, los salarios dignos y la integridad del medio ambiente.” Y que, en ese contexto, “el gobierno de Mauricio Macri es un fiel representante de esta ideología y hará todo lo posible para que se avance en las diferentes agendas de liberalización y apertura. El objetivo del gobierno es mostrar que el país es capaz de respetar la seguridad jurídica que exigen las empresas.” La intención, según los organizadores de las jornadas de resistencia en diciembre, es poder “visibilizar ampliamente” la llegada de la OMC en el marco de una fuerte ofensiva del capital contra el pueblo trabajador y un recorte masivo y profundo de los derechos sociales.

La actividad preparatoria comenzó el jueves 28 con la realización de una Audiencia Pública en el Senado de la Nación Argentina bajo el título “La llegada de la OMC y su impacto en la economía argentina”, donde distintos referentes de espacios políticos y asambleas expusieron las vinculaciones entre la reunión de la OMC y la política económica del actual gobierno. Por su parte, el viernes 29 se realizó una Jornada de Formación sobre “Libre Comercio vs. Derechos Sociales – Procesos y Resistencias ”.

La agenda para diciembre

La Semana de Acción Global se iniciará el día jueves 7 de Diciembre con la Marcha de Resistencia de las Madres. Luego le seguirán encuentros de redes nacionales, regionales e internacionales los días 8 y 9/12. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, de la asunción de los nuevos legisladores y al cumplirse dos años del gobierno de Macri, se planea la realización de una gran actividad callejera con intervenciones artísticas y culturales, en el marco del comienzo oficial de la Reunión Ministerial de la OMC.

Entre el 11 y el 13 de diciembre tendrá lugar la Cumbre de los Pueblos “Fuera OMC – Construyendo Soberanía”, que funcionará con espacios asamblearios, paneles de debate por ejes temáticos, y talleres y actividades auto-gestionadas. Se planifica también una movilización, posiblemente para el día 12 de diciembre.

Las actividades de la Cumbre confluirán en una Asamblea de las Alternativas el día 13 de diciembre que culminará con un gran acto y la lectura de la declaración final de la Cumbre y un llamado a continuar construyendo la resistencia de los pueblos, y a denunciar la reunión en 2018 del G20 en nuestro país, en el marco de lo que se entiende por una profundización brutal del modelo de acumulación capitalista en toda la región.

La Confluencia lanzó una página Web en donde irá compartiendo más información y en donde se pueden descargar materiales:https://fueraomc.org/  y tiene una cuenta de Twitter (@fueraomc2017) y de Facebook: https://www.facebook.com/ConfluenciaFueraOMC/

Contactos

– Leandro Morgenfeld (011) 15-6265-8771 (Argentina)

– Luciana Ghiotto (011) 15 -4023-9677 (Argentina)

Más información: fueraomc@gmail.com


Puntos de Fuga: Fractura Expuesta #5

Click en la portada para ver o descargar la revista

Después de una pausa en 2016 volvemos al ruedo con Fractura Expuesta, y lo hacemos con el mismo espíritu que guió cada una de las ediciones anteriores: ampliar los  horizontes de intervención, retomar debates y promover otros. Detrás de éstos aparece, siempre, el objetivo inicial de fijar posición ante la quimera del fracking y de los yacimientos no convencionales.

Por eso empezamos por Vaca Muerta, que de alguna manera es la marca de origen de Fractura. Ese punto de referencia hace tiempo que dejó de ser sólo una formación geológica, sólo un proyecto energético, y emergió desde las profundidades de la tierra como un mega proyecto con implicancias locales y regionales. En la edición anterior nos preguntábamos ¿y si la Vaca se cae?, en un entorno de profundo descenso de la cotización internacional del barril de crudo y de estancamiento en el desarrollo del proyecto estrella. La incertidumbre se mantiene como una constante, aunque ahora el interrogante es otro: ¿quién gobierna lo ingobernable? A partir de esa pregunta se dispara el análisis del rol del Estado nacional y de la petrolera de bandera tras la llegada de Cambiemos y del empresario Mauricio Macri a la Casa Rosada. Aparecen continuidades y rupturas respecto del kirchnerismo, en un proceso donde el mercado toma la posta en ciertos aspectos, el Estado garantiza condiciones de acumulación y gobernabilidad, y el pueblo ve reducida su participación en la renta petrolera, a partir de la quita de los subsidios al consumo y el aumento de las tarifas energéticas. Un castigo más a los bolsillos para financiar la aventura no convencional.

Vaca Muerta sigue en el horizonte de autoridades nacionales y provinciales, de empresarios locales y trasnacionales. En el transcurrir de las rondas de negocios su nombre ha perdido la connotación negativa con que carga la muerte y devino sinónimo de una titá­nica empresa, que aunque avanza mucho más lento de lo vaticinado por el relato oficial, transforma profundamente el territorio. Transformaciones que confirman el imperativo de dar un profundo viraje, de avanzar en otra dirección. Y a partir de esa premisa vamos desandando el laberinto, abriendo la mirada hacia Argentina y Latinoamérica.

Uno de los recorridos posibles, propuesto en esta edición, nos adentra en la necesidad de modificar la matriz hacia modelos más limpios, más justos, más equitativos, que permitan el acceso seguro y asequible. Una tarea pendiente y urgente, viable en la medida en que se comprenda a la energía como derecho humano, no como una mercancía. Y para esa tarea, los sindicatos no sólo tienen los conocimientos sino también la capacidad estructural para superar el cerco técnico y dar el salto político.

Como cada pueblo posee culturas políticas diferentes, el rol de los sindicatos al interior de ellos presenta características distintivas: en su relación intergremial, en su vínculo con el Estado a diferentes niveles –local, provincial o nacional. Entender el rol de las y los trabajadores de la energía en esos contextos nos permite pensar posibles alianzas y estrategias a nivel regional. Esa fue la premisa de la que partimos al momento de pensar el apartado Sindicatos y Energía. Retomar la senda recorrida por la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina en la lucha para conquistar la tarifa social en la provincia de Buenos Aires y su prédica sostenida para que se comprenda que el acceso a la energía debe ser considerado un derecho humano, porque ello determina, en buena medida, las condiciones de vida de la población.

Una perspectiva compartida por la Agrupación de Funcionarios de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (AUTE) que, desde la otra orilla del Plata, enfatiza que el control de las fuentes por parte de empresas públicas es fundamental a la hora de pensar en términos de justicia energética. Advierten que un proceso de diversificación de la matriz hacia fuentes limpias y renovables en manos del sector privado puede reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la polución ambiental, pero simultá­neamente profundizar las inequidades sociales, consecuencia de un fuerte proceso de mercantilización de la energía y de la expoliación de las arcas públicas.

Y desde la nunca lejana Colombia, la Unión Sindical Obrera de la Industria Petrolera (USO) y la Federación Unitaria de Trabajadores Mineros, Energéticos, Metalúrgicos y Quí­micos, de las Industrias Extractivas, Transportadoras y similares (Funtramiexco), nos recuerdan un principio elemental, muchas veces olvidado: los y las trabajadoras también somos parte del territorio.

El otro recorrido propuesto en esta quinta Fractura Expuesta se adentra en la Economía Verde, un camino sin salida. La palabra “verde” como un lugar común cada vez más importante en discursos e iniciativas políticas, corporativas y de organismos internacionales. Una línea de intervención sobre la problemática ambiental impulsada desde parte de las elites del capitalismo central. Como resalta el sociólogo José Seoane, autor del artículo que abre el apartado, esto “no sólo supone una profundización y agravamiento de la cuestión social y ambiental, sino que asimismo promueve una manera particular de entender e intervenir sobre este deterioro y destrucción del ambiente y las condiciones de existencia de la vida humana y no humana. Propone así una propia política ambiental neoliberal”.

En el arsenal metodológico “verde” desplegado por estos sectores, aparece la transformación democrática de conflictos, cuyo propósito es naturalizar el relato oficial (gubernamental/empresarial) de que no hay salida por fuera de los proyecto extractivos y que la mejor perspectiva posible es participar de manera “justa” de sus beneficios. Todo esto rodeado de una retórica que suena bien porque es flexible: puede ser progresista o conservadora de acuerdo a los interlocutores, y hasta logra ocultar que es una herramienta de construcción de consensos en favor del extractivismo. Una línea de intervención explorada en los primeros años del 2000 para intentar desarticular la oposición a la megaminería en Esquel, e implementada en Neuquén para allanar el camino a Vaca Muerta.

Siguiendo por los senderos de la Economía Verde exploramos la responsabilidad social empresaria, que lejos de la difundida humanización corporativa, no se plantea superar la condición desfavorable de quien recibe la ayuda, sino que su objetivo es apenas una fachada detrás de la que esconden fines menos altruistas. Como se desliza en el artículo, estas estrategias no sólo permiten que, paradójicamente, “quien ofrece la ayuda sea también quien obtiene los principales beneficios”; sino que deben ser comprendidas “parte constitutiva del proceso productivo (…) con una función estratégica en la administración del conflicto social”.

La última escala en este recorrido es en una sección que hace a nuestra identidad, Latinoamérica debate, en la que ponemos el foco en procesos cruciales para la región. En esta oportunidad se trata de Colombia y las diversas posiciones frente a la construcción de la paz. Un artículo que dialoga y complementa con el testimonio de los referentes de la USO y Funtramiexco. “Con la paz, aquellos territorios con conflicto y difícil acceso serán lugares donde los proyectos de hidrocarburos, mineros y de energía serán una realidad”, fue el leit motiv de los intereses empresariales y gubernamentales promotores de la pax extractivista. Sin embargo la apuesta de amplios sectores de la sociedad es construir un país sobre nuevas bases democráticas y con mayor justicia social y ambiental, lo que se ha evidenciado en las luchas emprendidas por la población de varios municipios que lograron frenar el avance de proyectos extractivos. Este auge de la democracia participativa amenaza la viabilidad de los planes que el gobierno colombiano tenía para el posconflicto, que incluso se había negado a discutir con los grupos insurgentes. Un proceso para seguir atentamente.

De esta manera surcamos los debates que conforman el laberinto de la cuestión energética que, en última instancia, es un debate sobre nuestros modelos políticos. Buscamos, así, dar perspectivas, que no están cerradas, y que se definen en la misma dinámica de los procesos sociales, pero que nos sirven para dar luz sobre posibles salidas: las falsas y las transformadoras.

Que sea movimiento.

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EJES N°12– El fracking en debate

En este boletín damos inicio a una nueva sección referida a las “corporaciones” de la industria del fracking y hacemos foco en lo que implica la fuerte apuesta de la empresa Tecpetrol en la Cuenca Neuquina. Analizamos las políticas por las que la inversión en recursos no convencionales alcanzó el 43% del total del sector petrolero. Al mismo tiempo, mientras el gobierno nacional toma medidas que aportan al fortalecimiento del megaproyecto Vaca Muerta, organizaciones sociales resisten el avance del fracking y en la Patagonia crecen las dudas sobre la calidad del tratamiento de los residuos petroleros. En cuanto a la degradación ambiental, indagamos sobre el vínculo entre el fracking y los sismos en los territorios donde se practica esta técnica.

— Boletín EJES Nº 12  – Agosto 2017 —

Foto: Alexis Vichich

¡Aparición con vida de Santiago Maldonado!

Desde 2015 la Agencia Federal de Inteligencia investiga de manera ilegal al pueblo mapuche y sus aliados en Chubut. La noticia se dio a conocer a fines de 2016. En esa oportunidad también se filtró documentación que puntualizó que las organizaciones mapuche de Neuquén estaban en la mira. La razón no era otra que los inconvenientes que presentaban ante el avance hidrocarburífero en la provincia. Tras una represión de Gendarmería en el lof Resistencia Cushamen ubicado en las afueras de Esquel el 1 de agosto, el joven Santiago Maldonado permanece desaparecido. Día a día se profundiza la idea de que la fuerza de seguridad que llevó adelante el operativo es la responsable de este hecho.

Con este tipo de prácticas pretenden disminuir el espacio de intervención comunitaria para expandir lógicas extractivas y financieras sobre los bienes comunes en territorios cada vez más extensos y con más actores implicados. Desde la consolidación de actores industriales (como Dow) al ingreso de la banca privada (como Citibank), crece el entramado privado. Sumado a esto, en el plano extractivo el foco inicial sobre YPF-Chevron ha quedado chico. Su función de caso testigo se cumplió. Al entrar en etapa de explotación masiva se constituyó como el ejemplo otros proyectos. Y con miras a dar seguimiento es que la sección cambia de nombre, y pasa a ser el simple y claro ‘Corporativas’.

Lo cierto es que Vaca Muerta cobra mayor interés en el plano global a medida que el frente Cambiemos profundiza reformas laborales y fiscales. En el plano internacional, las reuniones del ministerial de la Organización Mundial del Comercio y del G20 dan aire también. Palabras más o menos similares fueron mencionadas en la reciente visita del vicepresidente norteamericano Michael Pence. Luego de su visita a Colombia hace unos días Ecopetrol anunció que aumentará su intervención en formaciones shale.

Estas tendencias contrastan con la poca o nula mención a este tipo de temas estratégicos en las recientes primarias, abiertas y obligatorias celebradas a nivel nacional. La agenda de debate y construcción de escenarios de bien común está naciendo desde abajo. Ese mismo espacio que hoy en día es hostigado por los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad.

Bienvenidos sus comentarios y sugerencias.

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Boletín EJES
Vaca Muerta


Mendoza se acerca a Vaca Muerta y las fracturas quedan a la vista

A fines de julio el gobierno de Mendoza, encabezado por Alfredo Cornejo (Cambiemos), autorizó a la petrolera El Trébol SA a fracturar cuatro pozos del área Puestos Rojas, en el marco del proyecto de exploración del potencial de hidrocarburos de la formación Vaca Muerta en territorio de la provincia. La firma de la resolución 813/17 de la Dirección Protección del Ambiente, que despejó el camino al fracking en el departamento Malargüe, dio lugar a denuncias por irregularidades, acciones judiciales, iniciativas legislativas y tensionó aún más el conflicto con La Pampa por el manejo de la cuenca del río Atuel. En virtual bloque, cámaras empresarias, gobierno provincial y sindicato petrolero, no sólo auguraron el despegue de la economía mendocina a partir de la explotación de Vaca Muerta; también apuntaron contra “los ambientalistas”, en discursos que fueron de la descalificación al apriete. En esta nota hacemos un recorrido por las diferentes posiciones en disputa.

Por OPSur

La fracturación hidráulica de los cuatro pozos de Puestos Rojas fue autorizada de manera expeditiva. Este proceder generó una presentación de la Fundación Cullunche en la Fiscalía de Estado para que investigue presuntas irregularidades en el proceso administrativo. La ONG apuntó hacia la directora de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente, Miriam Skalany, quien habría omitido pedir el Estudio de Impacto Ambiental y actuado en favor de la empresa.

La resolución que dio vía libre al proyecto de Petrolera El Trébol también fue objetada por la asociación de Regantes del Atuel, y además motivó la presentación de tres recursos de amparo, impulsados por un grupo de abogados locales, la Federación Argentina de Espeleología y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. En estos se planteaba que la autorización vulneraba tanto preceptos de la Constitución Nacional (artículos 41 y 43), como también leyes nacionales (Ley General del Ambiente) y de la provincia (Ley 5961, referida a la explotación de hidrocarburos). Además en estos se advierte que la actividad de la compañía pone en riesgo el equilibrio ecológico de la cuenca del río Atuel y del Área Natural Protegida Laguna Llancanelo. Sin embargo, las fracturas se realizaron y después de ello la jueza María Eugenia Ibaceta rechazó los recursos por considerar que, como se trataba de un hecho consumado, no había “interés jurídico”.

Los lados del mostrador

Los ecos de la estimulación del pozo se sintieron en la Legislatura mendocina. El diputado Gustavo Majstruk (PJ) presentó un proyecto de ley que prohíbe utilizar en la provincia “técnicas no convencionales (fracking) durante los procesos de exploración y extracción de hidrocarburos”, basándose en el Principio Precautorio. Según el legislador justicialista, la fractura hidráulica “implica impactos ambientales muy elevados. Estos impactos resultan especialmente inasumibles en zonas donde la población y las actividades productivas, especialmente agrícolas y ganaderas, dependen de sus recursos hídricos como es el caso del sur provincial”.

En 2013, cuando el fracking ingresó a la agenda pública provincial de la mano de diferentes asambleas socioambientales que impulsaron ordenanzas de prohibición, el entonces diputado Tadeo García Zalazar, por el radicalismo, presentó un proyecto para prohibir la aplicación de la técnica por un lapso de dos años. El legislador destacaba que no existían normas específicas de procedimiento para el cuidado del ambiente, y defendía la declaración de una moratoria “hasta tener la información necesaria para definir la garantía de los procesos”. Paradojas de la política, en 2015 García Zalazar fue el elegido por Alfredo Cornejo para que lo suceda en la intendencia de Godoy Cruz, cuando recorría el camino hacia el Ejecutivo provincial.

La legislación demandada por García Zalazar es todavía una asignatura pendiente. Recientemente el gobierno mendocino anunció que llenará ese vacío. Aunque según el secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, “este tipo de intervención”, en relación al fracking, “no es muy distinto a lo que se viene haciendo. Lo único que cambia es la profundidad a la que se hace”.

La sombra del manzano

Si bien como responsable del proyecto de fracking aparece Petrolera El Trébol, subsidiaria de la compañía suiza Mercuria -especializada en la transacción de commodities a nivel global-, para llevar adelante la incursión sobre Vaca Muerta ésta se fusionó con Andes Energía, que tiene a los empresarios mendocinos Daniel Vila y José Luis Manzano entre sus principales accionistas. Pocos días antes de que la provincia autorizara la fracturación de los pozos, ambas empresas anunciaron el acuerdo de conformar la compañía Phoenix Global Resources, en la que suman los activos en producción y exploración que tienen en el país.

Mercuria detentará el 75% de las acciones de Phoenix, mientras que los accionistas de Andes el 25% restante. Entre los activos más destacados se encuentran el área Chachahuén, en la que se registró el descubrimiento de petróleo convencional más importante de los últimos años, allí participa junto a YPF (operadora); Puestos Rojas, para el desarrollo no convencionales; y Santa Cruz Sur, con producción y reservas significativas de gas y petróleo.

Fuera de la ley

“Una vez más el gobierno miente”. Con esa afirmación arranca el comunicado de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, en el que recuerdan que Alfredo Cornejo cuando estaba en campaña por la Gobernación, decía “todo dentro de la ley”. “Sin embargo, parece que olvidó su compromiso”, sostuvieron en alusión a las normas ambientales que violaría la resolución de la DPA. la AMPAP también fustigó las declaraciones del subsecretario de Minería de la provincia, Emilio Guiñazú, quien aseguró “que no hay datos certeros sobre la contaminación del fracking”.

La Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe, por su parte, calificó de “vergonzosa” la actitud del gobierno mendocino y de los funcionarios de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, “al argumentar que por ‘tratarse de pozos que ya existían y fueron explotados de manera convencional, sólo bastaba una resolución interna (789/17) para dar inicio al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental’, cuando en realidad se trata de un proyecto completamente diferente al cual esos pozos fueron perforados”. Desde este espacio también advirtieron que tanto el Departamento General de Irrigación como la Fundación Centro Regional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CRICyT), avalaron el proyecto de Petrolera El Trébol con dictámenes técnicos a pesar de que concluyen que “los trabajos a desarrollar podrían afectar las fuentes y la calidad del recurso hídrico subterráneo y superficial”.

Además de los impactos ambientales y sanitarios asociados a la fracturación hidráulica, la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe señaló que el desarrollo de yacimientos no convencionales afectará negativamente al turismo y la ganadería. Al tiempo que repudió “la reiterada intención del gobierno provincial y nacional de imponer (…) actividades extractivas contaminantes, que no apuntan al desarrollo local ni al bienestar, como el fracking y la megaminería, cuando ni siquiera es capaz de controlar la explotación petrolera convencional” que se desarrolla en el departamento.

La Asamblea del Pueblo de Alvear también se sumó al repudio y además demandó la suspensión urgente del proyecto, “hasta tanto no exista una base científica o datos concluyentes que determinen con exactitud que esta técnica [el fracking] no genera una repercusión directa sobre el medio ambiente y la salud”.

Visiones en desarrollo

Entre las voces en defensa del fracking se encuentra la Federación Económica de Mendoza, que advirtió la necesidad de diversificar la matriz productiva de la provincia, “porque con lo que produce no alcanza”. Y subrayó que “cuando no alcanza, gobiernos anteriores han apelado a la vieja receta de aumentar la presión tributaria sobre pymes, comercios, sectores productivos y población en general”. “Ahora que tenemos la oportunidad de generar ingresos, observamos con alarma esta reciente catarata de planteos judiciales que intentan frenar una actividad que se ejecuta a toda máquina en la vecina Neuquén con todo lo que ello implica en lo que respecta a empleo y riqueza, por lo tanto no creemos que con amparos contribuyamos al desarrollo de Mendoza, al contrario, la paralizamos”, aseguró la entidad empresaria, construyendo su propio relato de la actualidad de Neuquén y Vaca Muerta.

En la misma dirección, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros rechazó “los absurdos y acostumbrados planteos de personas y entidades que, amparándose en el pretendido cuidado del ambiente, motorizan posturas dogmáticas e interesadas promoviendo medidas judiciales para impedir su desarrollo”. “[El fracking] se ha convertido en blanco de fuertes críticas por parte de quienes, también, se oponen a los cultivos transgénicos, a la energía atómica, a los agroquímicos, a los diques y represas y a la minería, actividades todas ellas que conforman una parte importante de los factores que conducirán, inexorablemente, al desarrollo de la provincia y el país.” La CaMEM expresó además “su profunda preocupación por las fuertes consecuencias negativas que puedan generar estas acciones sobre la industria petrolera en particular y el necesario desarrollo productivo de la provincia en general”.

En tanto el Consejo Empresario Mendocino pidió que se “libere a las políticas de desarrollo de pujas ideológicas comprensibles en cuanto a sus dimensiones filosóficas, pero que se vuelven negativas cuando afectan lo fundamental de la convivencia aquí y ahora, en esta época y en este país”.

Te espero en la plaza

La defensa más aguerrida de la exploración de no convencionales en el área Puestos Rojas no corrió por cuenta del empresariado sino de Julián Matamala, secretario general del Sindicato de Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado y Químicos de Cuyo y La Rioja. A través de un comunicado no sólo descalificó a los críticos del fracking y puso en duda que el interés de éstos sea defender el ambiente, sino que además los desafió a debatir en la Plaza de Malargüe, en el marco de un acto de apoyo al proyecto de Petrolera El Trébol realizado el 17 de agosto.

Según el dirigente sindical, los desarrollos tecnológicos y las capacidades de los trabajadores y profesionales han permitido mejorar el proceso al punto de que se puede aplicar la fracturación hidráulica, tanto en yacimientos convencionales como no convencionales, sin “ningún tipo de impacto dañino para el ambiente ni la población”. Una aseveración temeraria que es puesta en duda por una diversidad de estudios científicos realizados en Estados Unidos, país donde más se ha desarrollado esta técnica.1 En el comunicado se denuncia “la alarma que pequeños grupos ‘ambientalistas’ quieren generar con fines inciertos”, y asegura que en los pozos fracturados en Malargüe se implementaron “técnicas de control aún más estrictas que las que se aplican en Neuquén y en otros lugares del mundo”.

“También queremos informar que en este caso, se está usando agua de formación”, afirma el sindicato. “Esta agua que viene de gran profundidad junto con el petróleo no es apta para el consumo humano ni para la agroindustria y normalmente es devuelta a la formación de dónde provino. En este caso, en vez de inyectarla directamente se usa para hacer la estimulación de la formación y finalmente al terminar los trabajos se vuelve a inyectar al pozo de donde provino, a miles de metros de profundidad”, detalla. Sin embargo en la Resolución 813/17 de la DPA, se afirma que 1000 m3 de agua, de los 2500 m3 a emplearse en las operaciones, serían extraidos del río Salado. Justamente esa intervención sobre el principal afluente del Atuel incrementó la tensión en el conflicto existente entre las provincias de Mendoza y La Pampa por el manejo de esa cuenca.2

El secretario general de los petroleros privados de Cuyo también relativizó el volumen de agua utilizado. Sostuvo que “un pozo usa la misma agua que una hectárea de ajo o el equivalente de una pileta de natación para su estimulación, solo que su producción después puede llegar a más de 20 años”. En este punto cabe aclarar que la pileta a la que alude Matamala sería de tipo olímpica, es decir, de 50 metros de largo, 25 m de ancho y 2 m de profundidad. El dirigente petrolero también afirmó que luego de la fractura el pozo podría producir durante 20 años, sin embargo está comprobado que los pozos no convencionales sufren un pronunciado declive en los volúmenes de extracción al poco tiempo de su puesta en producción, índice que varía según las características de cada formación3. Pero además, tampoco se trata de una fractura por pozo, como la realizada en la prueba piloto, y mucho menos de cuatro pozos por área; la intensidad con que se interviene en los territorios es una característica de este tipo de explotación.

Otro de los puntos destacados por el dirigente petrolero respecto de la prueba piloto de Puestos Rojas, es que allí trabajaron más de 200 mendocinos, técnicos y profesionales, que “cuentan con salarios dignos y todos los beneficios sociales”. Al tiempo que se hizo eco de las declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo, quien aseguró que de arrojar resultados positivos la exploración de El Trébol, llegarían inversiones por mil millones de dólares. “Es por eso que no podemos permitir que intereses ambientalistas afecten nuevamente nuestra actividad perjudicando a todos los mendocinos, significando que de poner obstáculos al desarrollo de la actividad, se va a ver seriamente perjudicada las Arcas de Mendoza en recibir menos regalías”.

Matamala manifestó además que mantuvo reuniones con directivos de las empresas que operan en Mendoza, quienes se encuentran preocupados “ante éstos hechos de ambientalistas que nada tienen de ambientalistas”.

De este modo se configura en Mendoza un panorama similar al de la Norpatagonia cuando comenzó la explotación masiva de Vaca Muerta, hace cuatro años. Por una parte el Gobierno y los empresarios alientan cantos de sirena de las supuestas bondades económicas del fracking, mientras los sindicatos hacen las veces de brazo armado discursivo. La independencia de la Justicia y de los medios de comunicación quedan bajo sospecha, y los sectores que resisten al avance del fracking son violentados e ignorados. Los derechos de las poblaciones locales pasan a segundo plano, desplazados por la quimera no convencional, un modelo económico y social que hasta ahora no cumplió su promesa en Neuquén ni en ningún lugar.

Notas.

2 El embalse del río Atuel, con la construcción del dique mendocino El Nihuil, en 1947, impide que siga su curso hacia La Pampa, generando fuertes impactos ambientales, sociales y económicos. El caso sigue abierto en la Corte Suprema de Justicia. Más info.

3 Según un estudio del Instituto Post Carbon, en la formación de Bakken, una de las principales de Estados Unidos, los pozos tienen una declinación de un 69% el primer año y una vida productiva de seis años (Hughes, 2013:81). En el caso argentino los resultados son similares. Si tomamos todos los pozos de gas no convencionales desarrollados entre 2006 y 2015, la producción promedio baja de 5.442 Mm3 en el primer año a 2.588 Mm3 en el segundo, es decir una declinación de un 52,45%. El descenso se sostiene hasta el séptimo año donde la extracción es de 70 Mm3. Existe eso sí una diferencia en la vida útil entre los pozos: mientras la producción del shale es marginal al tercer año, el tight gas puede llegar a tener rentabilidad hasta el quinto o sexto. Más información en Boletín EJES Nº 4, octubre 2016.

Fuentes consultadas.

90.5 FM Piuquen, 18/08/2017. Sin fracking Mendoza dejaría de recibir mil millones en inversión

Alvear diario, 17/08/2017. Majstruk quiere que se prohíba el fracking en Mendoza.

Asamblea del Pueblo de General Alvear, 04/08/2017. Repudiamos la aprobacion del proyecto de extracción de petróleo no convencional “EL Trébol – Área Puestos Rojas” (Malargüe).

Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe (07/08/2017). Comunicado de la Asamblea por los Bienes Comunes de Malargüe.

Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, 09/08/2017. El Fracking Mata. El Gobierno Miente.

El Sol, 23/07/2017. El método de fractura hidráulica no tiene una legislación específica.

– 09/08/2017. Este es el amparo que quiere frenar el fracking en Malargüe.

– 17/08/2017. Fracking: el Gobierno trabaja en una norma para regular la actividad en Mendoza.

Futuro Sustentable, 12/08/2017. Polémica por amparos contra el fracking en Mendoza.

Hughes, J. David, 2013. Perfora, chico, perfora. Post Carbon Institute, California.

Infobae, 24/07/2017. Andes se fusionó con PETSA para desarrollar Vaca Muerta.

Infobowen, 16/08/2017. Diputado del PJ quiere prohibir el fracking en Mendoza.

La Arena, 10/08/2017. Mendoza usará agua del Atuel para extraer petróleo.

Los Andes, 23/08/2017. Cornejo acusó a los K de mentir sobre el fracking.

MDZ, 10/08/2017. El CEM defendió la actividad del fracking en Mendoza.

– 10/08/2017. Un sindicato petrolero salió a defender el fracking en Cuyo.

– 13/08/2017. Empresarios mineros salen en defensa del fracking en Mendoza.

Vía Mendoza, 15/08/2017. La FEM, a favor del “fracking” en Mendoza.

 

Vaca Muerta


25 y 26/08 | Bahía Blanca: “Polo/Puerto, una perspectiva de derechos humanos”

Se realizarán las primeras actividades de “Polo/Puerto y conflicto social: desarrollo y derechos humanos en Bahía Blanca”. El viernes habrá una charla y el sábado radio abierta, música y un mural en homenaje a Juan Cruz Manfredini y Nicolás Biernat, víctimas de la precarización laboral.

Se trata del “primer encuentro de un proyecto que es un poco más amplio y se propone discutir las diferentes problemáticas y conflictos que en Bahía Blanca se producen al calor del desarrollo del polo y del puerto desde una perspectiva de derechos humanos y a través de un diálogo de saberes que es la propuesta de esta minga”, dijo la economista Mariana Fernández Massi.

Este viernes a las 18:30 en el octavo piso de San Juan y 12 de octubre, hará su aporte académico en un panel que completarán el abogado laboralista del CELS, Diego Morales -quien participó de la Comisión de Apoyo al Juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra- y el dirigente de la CTA y el Suteba bahienses, Enrique Gandolfo. “Tercerización, precarización y derechos laborales” será la consigna.

La investigadora explicó a El Mejor Equipo de FM De la Calle que en el polo petroquímico se registraron dos grandes oleadas de tercerización. “Cuando comienza su instalación y funcionamiento en la década del ’80 ya nace en un esquema en el que había cobrado bastante relevancia entre las estrategias empresariales”.

“En particular en un montón de actividades que quizás hoy nos parece naturales que lo sean, sin embargo, previo a la década del setenta, no eran tercerizadas. Eran trabajadores que estaban encuadrados en los convenios colectivos de la actividad, como es el caso de vigilancia, gastronomía, limpieza general”.

Con la privatización, las multinacionales empeoraron las condiciones laborales. “En Solvay hubo un proceso bastante más fuerte de precarización que el que se dio en Dow PBB”. Sobre todo en las áreas de mantenimiento industrial donde los trabajadores se exponen al mayor riesgo.

“Quizás es la parte más relevante para pensar sobre todo la violación extrema de los derechos humanos al punto de violar el derecho a la vida”, propuso Fernández Massi.

Las diferentes modalidades de organización del polo petroquímico tuvieron su contra relato en las diversas formas de fragmentación de los colectivos de trabajo.

La economista destacó como un hito el paro petroquímico del 8 de julio de 2009 “porque es un reclamo que unió a un sector específico, que eran los trabajadores de limpieza, que tenían un salario muy, muy, por debajo del promedio del de cualquier otro trabajador del complejo”.

“Eso fue en el marco de la primera paritaria que negocia la nueva conducción del sindicato que venía de un proceso desde 2008 -bastante escandaloso- de remoción de la conducción, elecciones y asunción de las autoridades que aún lo dirigen”, explicó.

La Nueva Provincia registró el discurso empresarial de la época, el cual argumentaba que no eran trabajadores propios de las grandes transnacionales.

“Por más que desarrollen sus tareas y aporten al proceso de producción de estas empresas principales, consideran que no son responsables de ningún modo de las condiciones de trabajo, ni por los salarios, ni por la estabilidad de esos puestos”. Si bien aquella paritaria no equiparó a los trabajadores, significó una clara mejoría para el sector tercerizado.

La mayoría del personal tercerizado suele estar encuadrado en los convenios de Uocra o Empleados de Comercio y, “en general, tienen menos derechos, menor escala salarial, que casi cualquiera de los convenios de sectores de ramas industriales”.

“Es interesante entender cuál es la lógica, por qué se disputan unos trabajadores y por qué otros no”, se preguntó Fernández Massi quien sostiene junto sus compañerxs de investigación que “los acuerdos intersindicales tienen un peso importante para entenderlo”.

Siempre me matan, me matan

Juan Cruz Manfredini murió tras cuatro días de agonía con el 95% de su cuerpo quemado. El 17 de octubre de 2010 la oficina de Camín Cargo Control donde trabajaba explotó. Allí se guardaban ilegalmente muestras de hidrocarburos, gases, naftas, fertilizantes y distintas sustancias inflamables.

Nicolás Biernat trabajaba en la planta de membranas asfálticas de EG3 Petrobras contratado por Narelco SA. El mediodía del 2 de septiembre de 2004 fue rodeado por las llamas en un espacio cerrado y cuya puerta no tenía picaporte. Dos semanas después falleció en el hospital Alemán de Buenos Aires.

Sus rostros serán pintados este sábado en un mural que coordinará el artista plástico Francisco Felkar en homenaje a las víctimas de la precarización laboral en Bahía Blanca. Desde las 15, en Alfonsina Storni y Manuel Alberti (Paseo de la Mujer – Parque de Mayo), FM De la Calle realizará una radio abierta con el testimonio de sus familiares y trabajadores y luego se presentarán Julián Esquivel y Nativos.

Convocan: Universidad Nacional del Sur, Departamento de Humanidades UNS, Subsecretaría de Derechos Humanos UNS, ADUNS y FM De la Calle.

FM De la Calle


04 y 05/08 | BsAs: Matriz energética y bienes comunes

MATRIZ ENERGÉTICA Y BIENES COMUNES | CONTEXTO: CAMBIO CLIMÁTICO, TRANSICIÓN JUSTA, DEMOCRACIA ENERGÉTICA

La crisis actual que involucra los niveles económico, político, social, cultural y ambiental ponen en tela de juicio, no sólo las estructuras económicas, sociales, políticas y ambientales adoptadas con el surgimiento de la economía de mercado, sino la idea misma del progreso que pretende imponer el sistema capitalista.

Como trabajadores estamos convencidos que pensar en desarrollo es pensar en el desarrollo de las personas, no en el de las cosas y esto nos lleva a dar el debate respecto del modelo de producción y consumo que tenemos, para plantearnos cuál es el que necesitamos y queremos.

La historia nos muestra que nuestras sociedades necesitan incrementar el flujo y la intensidad energética continuamente, para lo cual requieren de un sistema energético complejo, que no puede excluir considerar políticas públicas, conflictos sectoriales, alianzas geopolíticas, estrategias empresariales, oligopolios, desarrollos tecnológicos, relaciones entre energía y distribución de la riqueza, entre otros. En este contexto, la matriz energética es un subsistema importante, cuya discusión no puede ser reservada a unos pocos.

Las políticas energéticas son una política sectorial de las políticas de desarrollo, por eso, proponemos al conjunto de los trabajadores y el pueblo la gestación de instancias de debate, de formación y generación de propuestas, que permitan abordar la planificación energética nacional desde una mirada que incluya el interés soberano del pueblo, las necesidades de las/los trabajadoras/res en esta nueva coyuntura y que a su vez sea respetuosa de nuestros bienes comunes y el ambiente.

Por ello, resulta urgente pensar y actuar para construir un sistema energético más equitativo, menos concentrado, más democrático y menos contaminante. Partimos del postulado que la energía debe ser un bien social y su libre disponibilidad, un derecho humano. Esta es una discusión que debe darse a nivel nacional pero también regional, y qué incluye cuáles son las fuentes de energía, a quién le pertenecen y cuál es modelo que alimentan. Es una discusión que también debe abordar el lugar que las y los trabajadores tendrán en el camino de la transformación hacia un modelo de desarrollo que sea sustentable, donde se garantice una transición justa para todos y todas.

En este contexto, el concepto de democracia energética nos permite plantear una transición energética que tienda a desmercantilizar la energía y a terminar con la captura corporativa de este sector, para pensar en un esquema de producción, distribución y consumo democrático, donde las comunidades y un sector público comprometido con la gente sean protagonistas. Se trata de alcanzar sistemas energéticos que sean socialmente justos, que permitan la universalidad del acceso, que generen puestos de trabajo de calidad y con derechos laborales y sindicales para las y los trabajadores.

Desde ATE y la CTA-Autónoma venimos participando de instancias regionales e internacionales para construir alternativas en este sentido. Ejemplo de ello son la PLADA y el TUED.  La Plataforma de Desarrollo de las Américas (PLADA) elaborada junto a la Confederación Sindical de las Américas (CSA) es una formulación política estratégica que tiene la relevancia de una herramienta elaborada en cuatro dimensiones: política, económica, social y ambiental que se encuentran articuladas para llegar a un desarrollo sustentable;  que plantea la reducción gradual del uso de los combustibles fósiles, la universalización del acceso a la energía, así como reconvertir aquellos sectores de la economía que más contaminan. A su vez desde la iniciativa Sindicatos por la Democracia Energética (TUED por sus siglas en inglés) que agrupa  centrales sindicales y sindicatos de rama, se viene proponiendo la necesidad de democratizar la producción, distribución y consumo de energía, planteando debates claves que debemos abordar.

LA SITUACIÓN NACIONAL

La lógica que adoptó el gobierno de Macri en materia energética es consistente con la llevada adelante en otros sectores. Bajo un barniz de capitalismo verde, sigue promoviendo el saqueo de recursos naturales para satisfacer la necesidad de ganancias de monopolios y oligopolios, sin importar la degradación del ambiente ni los costos sociales, sumergindo a amplios sectores de nuestro pueblo en la pobreza energética y el hambre. Para seguir funcionando, este modelo neoextractivista criminaliza la protesta, impone convenios colectivos a la baja en todos los sectores, mientras elimina las retenciones hacia los pulpos mineros y petroleros y compra tecnología llave en mano a las distintas potencias, dándole la espalda a los saberes acumulados por nuestros trabajadores/as en los últimos 70 años.

En lo que respecta a la energía eléctrica en nuestro país, los números muestran que, por ejemplo, en abril de 2017, la generación provino centralmente de la quema de fósiles (carbón, gas, fuel oil, gas oil) con un aporte del 66,9%; el 26,7%; fue generada por centrales hidroeléctica; las centrales nucleares aportaron un 4,4% y las fuentes renovables, principalmente eólica y solar un 2,0%. Estos porcentajes ponen en evidencia una matriz de generación de electricidad basada en la quema de hidrocarburos que se ha mantenido por décadas y es necesario modificar.

Si bien en septiembre de 2015 se reforzó el marco legal para reverdecer la matriz energética, sancionando leyes que tienen como objetivo lograr que la contribución de las energías renovables permita abastecer, al 31 de diciembre de 2025, el 20% del consumo de energía eléctrica nacional, está claro que la discusión no puede reducirse al origen de las fuentes, también es necesario evaluar para qué y para quién será la energía que se producirá.

A modo de ejemplo, revisando datos del Ministerio de Energía y Minería encontramos que en el departamento de Andalgalá de la provincia de Catamarca, con apenas 20 mil habitantes, consumió un total de 850.647,60 MWh. La realidad es que esos habitantes no utilizaron esa energia. Fue devorada, casi íntegramente, por Minera La Alumbrera, una empresa de capitales suizos y canadienses que desde hace 20 años extrae toneladas de oro que exportan del país, dejando a cambio, terrenos degradados, así como ríos y tierra contaminados.

Para entender la magnitud del consumo de ese megaproyecto extractivo, vasta compararlo con los 1.780.897 MWh consumidos a nivel residencial, industrial y alumbrado público de provincia de Río Negro en todo 2015.

Los números son elocuentes. La Alumbrera utilizó casi la mitad de lo que consume toda la provincia de Río Negro que tiene alrededor de 700 mil habitantes.


Petroleros de Neuquén: “No es fácil remover a la burocracia sindical”

El dirigente gremial del Sindicato Unido de Petroleros e Hidrocarburíferos de Plaza Huincul (SUPeH), Roberto Yañez, habló en Radionauta desde Neuquén, a propósito de los 9 meses que se cumplieron de la presentación de un recurso de amparo en el que reclaman ante la justicia “el derecho que nos negó la anterior conducción, que es la de elegir a nuestros representantes”. El miembro del movimiento que denominaron “28 de octubre”, llevan 2 años de lucha luego de los cuales comprueban que “no es fácil remover a la burocracia sindical”, y que “nunca hubieron elecciones de la manera en que la ley dispone que deben ser”.

Escuchá la entrevista en Radionauta  


Democracia sindical para el SUPeH Plaza Huincul

Trabajadores petroleros reclaman elecciones libres y democráticas en el histórico SUPeH de Plaza Huincul. Recuperar las tradiciones de democracia obrera y el vínculo con la comunidad, defender los derechos de los trabajadores y volver a ser un actor de contención, es lo que busca esta nueva camada de dirigentes. Quieren desatornillar a viejos líderes de la conducción, a quienes acusan de no representar los intereses de los trabajadores. Una parte de sus demandas han sido judicializadas y ahora la Justicia debe resolver la suerte que correrá el sindicato.

Por Martín Álvarez Mullally

El Sindicato Unido de Petroleros e Hidrocarburíferos de Plaza Huincul (SUPeH) nuclea a trabajadores de YPF las provincias de Río Negro y Neuquén que realizan en actividades en yacimientos convencionales y no convencionales; la refinería del complejo industrial Plaza Huincul y también de las estaciones de servicio de la Operadora de Estaciones S.A (Opessa). En todo el país existen 23 filiales, que están adheridas a la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos. Las que concentran a la mayoría de los afiliados son las de Ensenada, en provincia de Buenos Aires; Luján de Cuyo, en Mendoza; y Plaza Huincul.

Ariel Ortíz hace 29 años que trabaja en YPF, ha pasado por diferentes sectores, desde los yacimientos a la refinería; ingresó siendo la empresa estatal, pasó por la privatización y vio el proceso de empresa mixta actual. Es el candidato a secretario general de la filial que presentó la lista Blanca Dignidad, impulsada por el Movimiento 28 de Octubre. Para poder presentar una lista tuvo que ser parte de la conducción del sindicato, con la gestión de José Luis Porro. “Les fui claro desde un principio, estaría allí hasta que se llame a nuevas elecciones e iba a armar un lista con la gente que venía trabajando”, cuenta. “Esta gente puso como condición en el estatuto que tenes que tener en la lista a alguién que haya sido parte de la comisión directiva para poder presentarte”, aclara.

La lista Blanca Dignidad consiguió los avales que requiere la presentación, pero nunca pudieron oficializarla, la conducción de la filial del SUPeH no se los permitió y llamó a un acto electoral por fuera de toda norma. A raíz de esta situación se radicó una denuncia en el Juzgado Civil N° 2 de la ciudad de Cutral Co. Desde hace nueve meses los integrantes del Movimiento 28 de Octubre ocupan la sede del sindicato y reclaman en la Justicia un nuevo llamado a elecciones.

Un sindicalismo democrático

Robert Yáñez trabaja en el Complejo Industrial Plaza Huincul (CIPH) desde hace 15 años y también es parte del Movimiento 28 de Octubre. “El SUPeH en Cutral Co tiene más de sesenta años, comenzó a funcionar en un antiguo galpón de la empresa Standard Oil, allá por 1946. En ese pequeño lugar se juntaban anarquistas, comunistas, de la Unión Cívica Radical, socialistas, peronistas, gente de distinta ideología que encontraba en ese lugar un espacio para desarrollar tareas solidarias”, asegura, y reconstruye la tradición que ellos pretenden recuperar para el presente.(1) Ambos trabajadores en toda la entrevista ponen el eje en la democracia sindical, mayores derechos laborales y el vínculo social del sindicato con la comunidad.

El primer escollo a sortear está en manos de Justicia. Ortíz nos narra la situación en ciernes: “Hay un causa judicial iniciada por nosotros a fines del 2016, ahora estamos esperando el veredicto de la Justicia, que si se ajusta a derecho, el fallo tendría que ser favorable y no seguir avalando el fraude de Porro, Quesada y Troncoso”. Asegura en relación a los ex secretarios general y adjunto y al tesorero de la filial, respectivamente. “Ellos quieren ser homologados como conducción y eso es cuestionado por nosotros, los trabajadores. Han puesto palos en la rueda para que no se convoque a elecciones democráticas y que los trabajadores elijan a la conducción que quieran, como impulsa la Justicia. Ahora han recusado a una jueza, Nancy Viedma, que venía trabajando de manera imparcial y seria. Lo que está sucediendo en la filial de Plaza Huincul está haciendo mucho ruido a nivel nacional, federativo. Hay otras filiales que están pendientes de lo que ocurre acá, y por eso la conducción teme que haya réplicas”, asegura. Con está explicación el trabajador deja en claro las razones por las cuales un irritado Antonio “Coco” Cassia, secretario general de SUPeH, llama a “pintarse la cara”.

En el congreso nacional de la organización realizado en Buenos Aires en marzo de este año, Cassia afirmó que “un partido de izquierda” estaba detrás de la la situación de la filial Plaza Huincul y alertó sobre la necesidad de hacer un frente único junto a la empresa y el gobierno, que atienda este emerger desde las bases de trabajadores. “Le dije al presidente de YPF: ‘O se pone con nosotros a resolver estos problemas que tenemos, para sacarle la bandera a esta gente de izquierda, o nos pintamos la cara y vamos a ser más zurdos que ellos’. Previamente, en afán estigmatizante, el dirigente que también preside la Federación Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos y la Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines, había denunciado que el Movimiento 28 de Octubre tenía vínculos con la Confederación Mapuche de Neuquén y que pretendían frenar Vaca Muerta.

 

Saqueados

Robert Yáñez comenta que además existen otras causas judiciales por la venta de patrimonio del sindicato. Las conducciones nacionales y sus filiales se fueron desprendiendo de hoteles, camping, locales, “crearon un circuito donde el territorio de Argentina lo dividían en cuatro y le dan el poder de administración a cuatro personas, esas aún lo tienen todavía, de comprar, vender y administrar las propiedades”. “No han dado explicaciones a nadie de dónde fue a parar todo el dinero de esas ventas, de los alquileres que cobran. El hotel de Bariloche está tercerizado, pero cuando la empresa los despide le hacen los juicios al sindicato, algo bastante peculiar”.

El mecanismo de expoliación se cerraba con la aprobación del balance anual por parte de los congresales sindicales. “Desde la privatización en adelante no se produjo ninguna elección de delegados en forma legal, siempre fueron elegidos a dedo para darle impunidad a la dirigencia”, agrega Yáñez. En el 2016 denunciaron a la conducción por falsificación de firmas, “José Luis Porro y Roberto Quesada fueron a un congreso haciéndose pasar por dos obreros -uno que estaba jubilado y otro que en ese momento estaba trabajando-, y levantaron la mano aprobando el balance anual. Esto lo pudimos demostrar en la Justicia con la presentación de esos obreros, que dijeron que no asistieron a ese congreso”.

Las consecuencias de la privatización

Los trabajadores cuentan que con la privatización de YPF en los noventa sus condiciones laborales empeoraron mucho, flexibilización, precarización y pérdidas de derechos han sido una constante, que se tradujo en la profundización de las diferencias que venían existiendo con los trabajadores bajo convenio del Sindicato de Petroleros Privados. “Nuestro sindicato fue uno de los primeros en aceptar la polivalencia en los puestos de trabajos. Eso hacía que una persona debiera cumplir la función de cuatro, y trabajar más de las 48 horas [semanales] correspondientes por ley, sin derecho a horas extras o descansos compensatorios”, relata Yañez. “Si no hacías lo que la empresa exigía entrabas a una lista negra. Un trabajador contratado gozaba de mayores derechos que uno de YPF, se le permitía el desarrollo familiar, tenía un diagrama mucho más flexible. Hoy, después de la firma de la adenda al convenio colectivo de trabajo que hicieron por Vaca Muerta, se está casi en la misma situación. Los salarios de los contratados han caído entre un 30 y 50 por ciento, un 80, en el caso de los suspendidos. A esto hay que sumarle los despedidos que están con la promesa de un subsidio por desempleo”, subraya.

Según Ortíz una de las cosas significativas es “que a partir de los años noventa no hubo una postura que defienda o reivindique el derecho de los trabajadores”. “Eso hizo que no haya una jornada laboral concreta y se trabaje casi a destajo. En los yacimientos es muy común trabajar hasta tarde, estos abusos lo permite la flexibilización, y eso hace que se trabajen dos turnos de 12 horas, en lugar de tres de 8 horas. A eso se le suma que hay que hacer distintas tareas o funciones poniendo en riesgo la integridad física de los trabajadores”.

Tiempo de definiciones

Para esta camada de militantes también es muy importante que el sindicato esté presente en la vida de la comunidad. “Desde hace nueves meses que estamos acá en la filial hemos logrado  restituir y reconstruir la imagen de un gremio que estaba desaparecido. Hoy gracias a la colaboración de los afiliados, que hacemos una vaquita y ponemos cada uno de nuestro bolsillo, pudimos levantar la imprenta y también hacer ayuda a las personas con capacidades diferentes que sufrieron la quita de subsidios por el gobierno nacional”, cuenta emocionado Ariel Ortíz.

Si bien los trabajadores cuentan con sobrados argumentos y pruebas, temen que las presiones que está realizando el sindicato dilate la resolución de la Justicia. “Lo que vemos nosotros es que el Ministerio de Trabajo nunca se preocupó, han pasado gobiernos radicales, peronistas, ahora neoliberales, y nunca se ocuparon de hacer cumplir la ley de asociación sindical”, destaca Yáñez. “El Ministerio es como una simple escribanía de la empresas, no cumple con la normativas de la OIT [Organización Internacional del Trabajo], las amparadas en las Constitución Nacional. Por eso estos dirigentes se han podido mantener en el poder durante tantos años. Hoy estos que están en triunvirato de la CGT son parte del gobierno, o sea están en los dos lados del escritorio.”

Yañez manifiesta que existe presión sobre ellos, “hemos tenido tres amenazas de despido, en estos cortos nueve meses, eso es preocupante. Cuando nosotros comenzamos esta pelea no pensamos que iba a tener tantas complicaciones políticas. El temor que existe es que si se da garantías de impunidad, convalidando las elecciones fraudulentas y no llamando a nuevas, seguramente nosotros vamos a ser despedidos de la empresa en represalia”.

Notas

(1) El poderoso sindicato petrolero nació en 1946 por impulso de trabajadores que salieron de las filas de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la Unión Obrera y Empleados del Estado, inicialmente su nombre era Sindicato Unidos Petroleros del Estado, que en 1999 cambió por su denominación actual SUPeH. Desde la dirección de YPF entre 1922 y 1930 el general Enrique Mosconi marcó una impronta en la empresa respecto a la organización obrera que perduró en el tiempo. Según el economista Nicolás Gandano, autor del libro Historia del petróleo en Argentina, “en la visión de empresa heredera de Mosconi, las organizaciones de los trabajadores debían parecerse más a una asociación mutual que a un gremio tradicional” (Gadano, 2006: 521). La persecución política a obreros anarquistas, comunistas y socialistas era moneda corriente, la confección de listas negras llamada entonces “registro de indeseables”-, se transformó en una práctica que se acentuó en la “Década Infame” (1930-1943).

Fuentes consultadas

Nicolás Gadano (2006). “Historia del petróleo en la Argentina. 1907-1955: Desde los inicios hasta la caída de Perón”. Buenos Aires, Edhasa.

Perren, Joaquín; Galucci, Lisandro (2007). Conflictos del “oro negro” en Neuquén. La gran huelga petrolera de 1958. Revista “Todo es Historia”. Buenos Aires.

Marcelo, García; Alejandro, Bassi (2012). YPF, la liquidación. Una aproximación a la historia petrolera argentina. Comodoro Rivadavia. Editorial Espacio Hudson.

Antonio Cassia, Audio Congreso SUPEH. Marzo 2017. Publicado por Lista Blanca en soundcloud

Prensa

La Nación (Nicolás, Balinotti), 14/12/2014. “Juan Carlos Crespi, el sindicalista que construyó una trama de política, negocios y fútbol”.

La Política On Line, 29/11/2011. El ex menemista Cassia presidirá la Confederación del combustible.

8300 Web (Jorge Sabatini), 27/02/2011 Sindicalistas.